Diego Vidal de OPES plantea sobre ley de 40 horas: “Reducir recursos del Estado afecta en cómo se implementa”

Por Carolina Millalen

Días atrás se cumplió el plazo para reducir la jornada laboral a 42 horas, concretando un nuevo paso hasta llegar al horario de 40 horas. Sin embargo, el Presidente Kast ha declarado que el país pasa por una emergencia laboral, lo que despierta inquietud acerca de cuál podría ser el rumbo de una de las leyes más sentidas por la ciudadanía en los últimos años.

Diego Vidal, economista e investigador del Observatorio de Políticas Económicas OPES, plantea que la ley de 40 horas no es una exclusividad. En los países de la OCDE, según un informe de 2024, las personas ocupadas trabajan 37 horas promedio, mientras que en Chile se trabajan 42,2. Por tanto, esta reforma es “un proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de tiempo, de trabajo trabajo decente”, plantea el especialista.

También señala como necesario despejar las caricaturas generales que existen en torno a los efectos que la política de empleo podría ejercer sobre el mercado laboral: No es correcto que las 40 horas puedan destruir el empleo como una afirmación general. Sin embargo, indica, reducir la jornada manteniendo la remuneración puede aumentar el costo laboral:

“Efectivamente, la misma ley incluye mecanismos para aminorar el efecto en el empleo “y creo que eso hay que seguir manteniéndolo”, dice apuntando al artículo N° 2 de la ley que señala programas de acompañamiento asistido por parte de la Dirección del Trabajo y el artículo N° 3 que establece normas para capacitación y empleo.

“Pueden haber efectos, costos para la empresa; puede verse afectado el empleo. Pero los estudios señalan que eso es acotado y más aún, si se acompaña de una buena política pública de capacitación, de reorganización del trabajo, etc.”.

Entonces, plantear que el desempleo se explica de cierta manera por el aumento del salario mínimo y la ley de 40 horas es sostener una correlación que no logró aislar su efecto puro, como ocurrió en el Ipom de septiembre de 2025 del Banco Central: “Incluso hay otros estudios más recientes del BID que estiman que el efecto del salario mínimo y las 40 horas fue más bien acotado en el mercado laboral”, indica el experto.

De esa manera, con el desempleo que se acerca al 9% y la informalidad al 26,5 % se demuestra que “el mercado laboral está debilitado, pero no se debe atribuir este deterioro linealmente a una sola ley porque Chile ya venía con bajo crecimiento, baja inversión, informalidad persistente. Hay problemas de productividad que se arrastran desde hace décadas”, explica.

Política de transición

En esa línea, advirtió que una reducción de los recursos fiscales, más el alza en el costo de la vida, sí pueden repercutir directamente en la implementación de las 40 horas o en el mercado laboral en general.

“La implementación requiere un acompañamiento institucional y por tanto, si se están reduciendo los recursos del Estado va haber una afectación en cómo se implementa la ley”.

Concretamente, añade el investigador de OPES, preocupa la interpretación administrativa de la ley que se hace a través de los dictámenes de la Dirección del Trabajo “porque muchas veces el alcance real de un derecho no se juega solo en lo que está escrito sino cómo se fiscaliza, implementa e interpreta”.

Otro punto es el anuncio del gobierno sobre evaluar la eliminación de las franquicia Sence “que financia las capacitaciones de las empresas en el país y creo, efectivamente, que con este conjunto de medidas en vez de fortalecer su implementación, la ley, podría verse afectada”.

“No basta con reducir, hay que mantener los ingresos y por eso es importante la discusión en torno al salario mínimo”, añade el economista sobre dos debates que se relacionan:

“Necesitamos avanzar a una política de transición de apoyo a las pymes: capacitación, productividad, formalización, fiscalización. Hay que buscar un equilibrio entre estos dos elementos: cómo avanzamos hacia un mejor salario, pero sin afectar lo que es el empleo”.

En su análisis, precisa que el aumento del salario real alcanzado en el gobierno de Boric, estuvo acompañado de subsidios específicos para las Pymes, y aunque no se mantienen para los próximos aumentos salariales, se logró aprobar un subsidio unificado al empleo, el cual dista del anunciado Crédito Tributario por Remuneración incluido en el proyecto de Reconstrucción Nacional:

“Creo que si realmente al gobierno le preocupa el empleo, debe focalizar dónde está el problema: los grupos rezagados del mercado laboral y el apoyo a las empresas pequeñas que se ven más afectadas con el alza de los costos laborales. No así las grandes empresas que tienen otros mecanismos para aminorar estas cargas”, advirtió el investigador de OPES sobre una discusión aún no saldada.