Si veinte años no son nada, veinte días sí importan
Por Javier Albornoz Rebolledo integrante de la comisión política del Partido Comunista.
Gardel cantaba en Volver que “veinte años no es nada”. Era la nostalgia de un tiempo que, al volver sobre la memoria, parecía comprimirse en un suspiro. Pero en la política chilena de hoy, veinte días pueden sentirse como una eternidad.
Han pasado apenas algo más de veinte días desde la instalación del nuevo gobierno, y sin embargo la sensación que se respira en la calle, en los hogares y en el debate público es la de varios meses de mandato. No es una exageración retórica. Es la expresión de un país que vive bajo una intensidad política poco habitual, donde cada jornada parece traer una nueva polémica, una nueva medida y una nueva señal sobre el rumbo que se intenta imprimir a Chile.
Las primeras encuestas comienzan a reflejar ese clima. La aprobación presidencial, que partió en torno al 47,5%, cayó en pocas jornadas a 34,7%, mientras la desaprobación escaló a 48,7%. La caída no responde únicamente al desgaste natural de un inicio de mandato, sino al impacto concreto que varias decisiones han tenido sobre la vida cotidiana.
El caso más visible ha sido el alza de los combustibles tras la decisión del Ejecutivo de no activar plenamente el mecanismo de estabilización de precios. La consecuencia fue inmediata: aumento en bencinas, presión sobre el transporte y temor a una nueva escalada en el costo de la vida. Para miles de familias, la economía no se mide en discursos ni en cifras macroeconómicas, sino en el precio de la locomoción, la feria, la parafina y el supermercado.
Pero sería un error reducir la discusión a una sola medida.
Lo que estos veinte días han dejado en evidencia es una forma de gobernar basada en la saturación de la agenda pública. Seguridad, control migratorio, ajuste fiscal, señales en materia de derechos humanos, revisión de regulaciones ambientales: todo aparece al mismo tiempo, generando la sensación de una crisis permanente que exige decisiones rápidas y, muchas veces, sin suficiente deliberación pública.
La rapidez puede ser una virtud cuando está al servicio de resolver urgencias sociales. El problema surge cuando la velocidad se convierte en método político y la excepción comienza a reemplazar a la deliberación democrática.
En este escenario, la inquietud ciudadana no proviene solo del contenido de las medidas, sino también de la forma en que estas se están instalando. La sensación de vértigo no es casual. Forma parte de una estrategia que busca definir el ritmo del debate nacional y obligar al resto de los actores a reaccionar sobre un terreno previamente fijado.
Por eso, la pregunta que se abre no es únicamente cómo evaluar estos primeros veinte días del gobierno, sino qué debe hacer la oposición frente a este nuevo ciclo.
Aquí aparece una tarea ineludible: la convergencia de las fuerzas de izquierda y progresistas.
No como una suma defensiva de siglas, ni como un mero acuerdo electoral, sino como una convergencia política, social y ciudadana capaz de ofrecer una alternativa creíble a las mayorías. La seguridad en los barrios, el costo de la vida, la salud pública, el empleo y la defensa de los derechos conquistados no pueden seguir siendo temas abordados de manera fragmentada.
La ciudadanía necesita una voz clara, una propuesta común y una alternativa que combine orden democrático con justicia social.
La historia reciente enseña que la dispersión de las fuerzas democráticas abre espacio para proyectos que, bajo la promesa de eficacia, terminan debilitando consensos básicos de convivencia. Por eso, la convergencia no es una consigna: es una necesidad del momento.
Si algo nos dicen estos veinte días es que el país está entrando en una nueva fase. Una fase en la que no bastará con la denuncia episódica ni con la crítica aislada. Se requiere reconstruir un horizonte compartido, capaz de hablarle a la experiencia concreta de la ciudadanía y de ofrecer una esperanza tangible.
Porque si veinte años no son nada, veinte días sí importan.
Y pueden definir mucho más que el inicio de un gobierno: pueden marcar la dirección política y democrática de Chile en los próximos años.