Organizaciones de DD.HH llegan a La Moneda en rechazo a despidos e intento de indultar a violadores de DD.HH
La senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Fabiola Campillai, y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, encabezaron la comitiva que entregó una carta al Presidente Kast manifestando el rechazo por el despido arbitrario de tres profesionales del Programa de Derechos Humanos que ejecuta el Plan Nacional. Asimismo, impugnaron un eventual indulto por el ejecutivo a criminales de lesa humanidad o de violadores de derechos humanos condenados en el marco del estallido social de 2019.
Señor
José Antonio Kast Rist
Presidente de la República
Presente.
De nuestra consideración:
Como representantes de La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales y la Mesa de Derechos Humanos por la Vida Digna nos dirigimos a usted para manifestar nuestro más enérgico rechazo al despido del Programa de Derechos Humanos, órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, de las abogadas Paulina Zamorano Valenzuela, jefa del Programa de Derechos Humanos; y de Magdalena Garcés Fuentes, jefa del Área de Búsqueda y Trayectorias, así como de la socióloga Tamara Lagos Castro, jefa del Área de Archivos e Investigación Documental.
El despido, de estas profesionales con quienes las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos han venido trabajando, representan un claro retroceso y pone en peligro la continuidad de los esfuerzos por alcanzar toda la verdad y justicia para los miles de casos de graves violaciones a los derechos humanos sucedidos en el periodo de la dictadura.
Asimismo, rechazamos categóricamente cualquier intento de otorgar indultos a violadores de Derechos Humanos, ya sea a quienes cometieron crímenes en el contexto del Estallido Social “2019” o a ex agentes de la dictadura civil-militar. Ambas situaciones constituyen graves formas de impunidad que vulneran directamente las obligaciones Internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos. Avanzar en esta dirección no solo debilita el Estado de Derecho, sino que instala un precedente profundamente peligroso: que la sanción de los crímenes más graves puede quedar sujeta a decisiones políticas coyunturales, relativizando así el principio de justicia y el deber de no repetición.
Hacemos un llamado directo a su investidura para que se abstenga de indultar a responsables de crímenes atroces y que, además, no respalde los proyectos de ley que buscan la conmutación de penas bajo el pretexto de “razones humanitarias”. Como bien establece el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los beneficios carcelarios desproporcionados para criminales de lesa humanidad son inadmisibles, pues vacían de contenido las sentencias y constituyen una forma de denegación de justicia.
Nos llama la atención que sectores que promueven discursos de “mano dura” contra la delincuencia pretendan hoy otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a quienes cometieron los crímenes más abominables de nuestra historia. No hay “dignidad humana” en permitir que torturadores y genocidas cumplan sus penas en la comodidad de sus hogares sin haber mostrado jamás arrepentimiento ni han entregado información valiosa para la búsqueda de las y los desaparecidos.
Nuestras organizaciones han recorrido un largo y doloroso camino de más de cinco décadas luchando contra la impunidad. Durante este tiempo, hemos insistido en que la Justicia es uno de los pilares fundamentales de la democracia. En el caso de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, los tribunales ya han actuado. Si bien lo han hecho de forma tardía, lenta y en una dimensión que aún no alcanza la total verdad sobre el paradero de nuestros familiares, las sentencias dictadas son el resultado del ejercicio de un poder del Estado independiente que el Ejecutivo no puede ni debe desestimar ni Omitir mediante facultades discrecionales.
Le informamos que nos mantenemos en estado de alerta permanente. No dudaremos en denunciar cualquier intento de denegación de Justicia ante los organismos internacionales pertinentes y, de ser necesario, ejerceremos nuestro derecho a la movilización en las calles. Este debate no es solo un asunto de las familias afectadas; involucra a la sociedad en su conjunto, pues lo que está en juego es el estándar ético y jurídico que impide la repetición del horror.
Para nosotros, el “Nunca Más” no es una consigna, sino un compromiso con la Verdad, la Justicia y la Reparación que la democracia no puede relativizar.
Atentamente.
Fabiola Campillai Rojas Alicia Lira Matus
Senadora de la Republica Presidenta AFEP
Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales
y Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna.