Exagente de la DINA Adriana Rivas a la espera de fallo clave en Australia por su extradición a Chile
La justicia australiana dejó en acuerdo el caso de extradición de Adriana Rivas, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), requerida por Chile por su participación en el secuestro agravado de siete militantes del Partido Comunista durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Rivas, de 72 años, ingresó a la DINA en 1974, cuando tenía 20 años, iniciando una doble vida como secretaria y agente del aparato represivo. Se le vincula a graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.
El proceso de extradición se remonta a 2018, cuando Rivas fue detenida en Australia por una orden pendiente de Interpol. A partir de ese momento se inició un largo procedimiento judicial que culminó a fines de 2023, cuando la justicia australiana determinó que la exagente es extraditable.
Tras esa resolución, se abrió una nueva etapa: una decisión de carácter administrativo por parte del Estado australiano respecto de si correspondía o no su entrega a Chile. En agosto de 2024, la autoridad competente resolvió autorizar dicha entrega.
Según explicó Luis Villazón, exjefe de fiscalización de la Dirección del Trabajo, este proceso conocido como surrendering “no corresponde a una simple decisión política, sino a una determinación jurídico-administrativa basada en el análisis de los requisitos establecidos en la legislación australiana, particularmente la ley de extradición de Nueva Gales del Sur”.
Pese a que su condición de extraditable ya fue establecida, Rivas apeló la decisión administrativa, dando inicio a una nueva fase del proceso. Entre sus principales argumentos, invocó el principio de doble criminalidad, señalando que los delitos por los cuales es requerida en Chile que podrían ser considerados de lesa humanidad no existían en la legislación australiana al momento de los hechos.
En contraste, el Estado australiano ha sostenido que los cargos son equivalentes a secuestro con agravantes, figura penal contemplada en ambos países.
El proceso ha estado marcado por múltiples apelaciones que han retrasado su resolución. Entre ellas, recursos relacionados con la entrega de documentos utilizados para adoptar la decisión administrativa, lo que, según las familias de las víctimas, ha contribuido a una sensación de impunidad tras décadas de espera.
En este contexto, la Corte Federal de Australia revisó la causa los días 30 y 31 de marzo de 2026. Durante la primera jornada se escucharon principalmente los alegatos de la defensa de Rivas, compuesta por un estudio jurídico privado y un barrister que actúa de manera pro bono. En la segunda jornada, en tanto, se presentaron los argumentos del Estado australiano.
El juez a cargo reconoció la extensión del proceso que supera el año y medio en esta etapa y señaló la necesidad de dar celeridad a la decisión, indicando que el fallo podría conocerse en un plazo de dos a tres semanas.
Villazón enfatizó que la condición de extraditable de Rivas “ya no está en discusión”, y que lo único que actualmente se encuentra en juego es la revisión de la decisión administrativa que autorizó su entrega al Estado chileno.
Entre los casos asociados a la ex agente de la DINA se encuentra el secuestro de Víctor Díaz, exsubsecretario del Partido Comunista, así como la desaparición de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, esta última embarazada al momento de su detención.