Declaración pública: Greenpeace alerta que proyecto del Ejecutivo debilita la protección ambiental en Chile
La conducción del Ejecutivo en materia ambiental genera profunda preocupación. Ya en sus primeros días dio señales inquietantes con la retrotracción de 43 decretos ambientales, de los cuales 38 siguen sin registrar avances a un mes de su retiro, pese a que la ministra Toledo ha reiterado que todos serían reingresados a la brevedad. Esa misma línea se profundiza ahora con la presentación de una ley regresiva que impacta directamente en la naturaleza, ecosistemas y la biodiversidad.
Resulta especialmente grave que esta propuesta debilite y/o elimine herramientas clave de protección ambiental, limitando la capacidad de prevenir daños, afectando la protección de los ecosistemas y reduciendo derechos fundamentales como el acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana. En la práctica, esto deja a las comunidades con menos herramientas para defender su entorno y compromete el uso responsable de los recursos públicos.
Primeramente, el proyecto debilita gravemente la evaluación técnica. En la práctica, esto permitiría aprobar proyectos y modificaciones sin una revisión adecuada de sus impactos, lo que podría traducirse no solo en proyectos de menor calidad, sino también en permisos más deficientes y en un mayor riesgo para el medio ambiente y la salud humana. Se instala, de facto, la promesa del “chao guías ambientales” que hiciera el candidato Kast, lo que podría conllevar que criterios que antes eran evaluados por especialistas con trayectoria en salud pública, glaciología, recursos hídricos, bosques u otras áreas, podrían ser omitidos. Esto afecta el núcleo de la legislación ambiental, cuyo propósito es prevenir daños muchas veces irreparables antes de que ocurran, y abre la puerta a más y peores emergencias ambientales.
En segundo lugar, el proyecto sacrifica los fiordos patagónicos y la biodiversidad. Reduce explícitamente el monitoreo ambiental y, además, permite relocalizar operaciones de empresas salmoneras que ya han deteriorado gravemente los fiordos de la Patagonia, entregándoles nuevas ubicaciones. Todo ello podría ocurrir sin evaluación ambiental, mediante decisiones discrecionales de la autoridad de turno y sin participación ciudadana. A esto se suma el retraso, por varios años y sin una justificación razonable, de normativas destinadas a proteger el patrimonio ambiental y la biodiversidad del país.
En tercer orden, el proyecto debilita la capacidad de prevenir daños ambientales, al quitarle herramientas a los Tribunales Ambientales para frenar proyectos cuando existe riesgo para el entorno. Esto rompe el equilibrio entre proteger el medio ambiente y permitir el desarrollo, dejando a las comunidades más expuestas frente a daños que pueden ser graves e irreversibles.
Asimismo, se eliminan herramientas para impugnar una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y se dificulta el acceso a la justicia, al reducir los plazos para presentar acciones en un escenario donde ya existen importantes barreras técnicas y económicas.
Por último, estas deficiencias del proyecto también podrían aumentar los costos para el Estado, es decir, para todos los chilenos: recursos públicos podrían destinarse a reembolsar proyectos evaluados bajo estándares más débiles cuando se detecten problemas en su tramitación, generando un incentivo difícil de justificar, salvo para quienes podrían beneficiarse de malos proyectos.
Greenpeace se declara en estado de alerta ante la tramitación de un proyecto peligroso para el país, que, con la excusa de favorecer la inversión y corregir procesos, genera incluso más incertidumbre, limita derechos adquiridos y -lo que es más grave- sacrifica el medio ambiente y la salud de las personas.
Matías Asun, director Greenpeace Chile