Diez años de lucha: el fútbol vuelve, lentamente, a su pueblo

En un país donde demasiadas veces lo popular ha sido reducido a mercancía, la historia reciente del fútbol chileno es también la historia de una resistencia. No una resistencia abstracta, sino concreta, persistente y profundamente política. Una lucha de más de diez años por devolverle el fútbol a quienes nunca debieron perderlo: sus hinchas, sus socios, su gente.

El año 2016, desde el Club Social y Deportivo Colo Colo —institución que tuve el honor de presidir— impulsamos, junto a parlamentarios de diversas sensibilidades, un proyecto de ley que buscaba algo tan básico como necesario: poner fin al modelo oscuro de las sociedades anónimas deportivas como se conocen hasta ahora. Un modelo construido no desde el interés colectivo, sino desde el lobby empresarial, que terminó por expropiar simbólica y materialmente a los verdaderos dueños del fútbol.

En ese esfuerzo, es justo reconocer la gestión constante y comprometida del hoy senador Matías Walker, quien jugó un rol relevante en sostener y empujar esta iniciativa en momentos donde muchos optaron por el silencio o la inacción.

Porque seamos claros: las sociedades anónimas no llegaron para fortalecer el deporte, sino para convertirlo en negocio. Y en ese tránsito, los clubes dejaron de ser espacios de identidad, comunidad y pertenencia, para transformarse en activos financieros opacos, muchas veces alejados de cualquier control democrático.

El camino no fue fácil. Durante años, el proyecto fue relegado, invisibilizado, dormido en los pasillos del Congreso. No por falta de mérito, sino por la acción decidida —y muchas veces silenciosa— de quienes se benefician del estado actual de las cosas: empresarios, operadores del fútbol y estructuras como la ANFP, que han sostenido un modelo funcional a sus intereses, pero ajeno a la esencia popular del deporte.

Pero también hay responsabilidades internas que no pueden omitirse. Desde 2018 en adelante, quienes asumieron la conducción del club tras nuestra gestión optaron, en muchos casos, por la pasividad, cuando no por una opacidad preocupante frente a este debate. No solo se dejó de empujar con fuerza este proyecto, sino que se diluyó una posición que debía ser clara: la defensa del rol de los socios y socias como actores centrales del fútbol. Esa falta de convicción —o derechamente de transparencia— terminó favoreciendo, en la práctica, la mantención del modelo que se decía cuestionar.

Sin embargo, las luchas que nacen desde lo colectivo no desaparecen. Persisten. Se rearticulan. Y hoy, tras una década de presión, organización y convicción, este proyecto está a punto de convertirse en ley.

¿Es suficiente? No. Pero es un avance.

La futura normativa introduce elementos fundamentales: mayor transparencia sobre la propiedad real de los clubes —terminando con estructuras oscuras—, prohibición de conflictos de interés entre representantes y propietarios, fin de la multipropiedad que distorsiona la competencia, y mayores facultades de fiscalización sobre un sistema que, hasta ahora, operaba con niveles inaceptables de opacidad. Además, establece una separación institucional clave entre la federación y la asociación de clubes, rompiendo lógicas de concentración de poder.

Pero también es necesario decirlo con honestidad política: lo logrado es parcial. No se consiguió garantizar una participación estructural de los socios, ni asegurar que al menos el 50% de la propiedad de los clubes esté en manos de sus comunidades. Tampoco se avanzó lo suficiente en construir una institucionalidad donde los hinchas tengan poder real y vinculante.

Ahí está la tarea pendiente. Y no es menor.

Porque lo que está en disputa no es solo un modelo de gestión deportiva. Es una concepción de sociedad. Es la tensión entre lo común y lo privado, entre lo colectivo y el mercado, entre el pueblo y quienes buscan administrar su identidad como si fuera un activo más.

Lo más relevante de este proceso, quizás, es que vuelve a reconocer —aunque sea parcialmente— a las corporaciones sin fines de lucro, a los socios organizados, como actores legítimos para administrar sus propios clubes. Es decir, se vuelve a abrir una puerta que nunca debió cerrarse: la del control popular sobre sus espacios.

El fútbol chileno no necesita dueños. Necesita comunidad.

Y si algo demuestra esta década de lucha, es que cuando el pueblo se organiza, incluso las estructuras más cerradas comienzan a ceder. Lentamente, sí. Pero inevitablemente.

La historia no termina aquí. Apenas comienza otra etapa.

Fernando Monsalve A.

Abogado, Presidente Colo Colo 2014-2018