Estados Unidos: Los responsables del ataque mortal contra una escuela iraní deben rendir cuentas

• Estados Unidos violó el derecho internacional humanitario al no tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil
• Estados Unidos es responsable del ataque mortal contra una escuela llena de niños y niñas que provocó la muerte de 168 personas.
• Las autoridades estadounidenses deben garantizar que la investigación sea transparente y exhaustiva, y que sus resultados se hagan públicos.

Los responsables de planificar y ejecutar un ataque ilícito de Estados Unidos contra una escuela en Minab, provincia de Hormozgan (Irán), que provocó la muerte de 168 personas —entre ellas más de 100 niños y niñas— deben rendir cuentas, ha declarado hoy Amnistía Internacional. 

Las pruebas recabadas por la organización indican que el edificio escolar fue alcanzado directamente, junto con otras 12 estructuras de un complejo adyacente de la Guardia Revolucionaria Islámica, mediante armas guiadas. Esto apunta a que las fuerzas estadounidenses no tomaron todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil al llevar a cabo el ataque, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. El hecho de que el edificio escolar fuera atacado directamente y de que antes hubiese sido parte del complejo de la Guardia Revolucionaria Islámica suscita la preocupación de que las fuerzas estadounidenses puedan haberse basado en información de inteligencia obsoleta y haber incumplido su obligación de hacer todo lo posible para verificar que el objetivo previsto fuera un objetivo militar.

“Este desgarrador ataque contra una escuela, con aulas llenas de niños y niñas, es un ejemplo repugnante del precio catastrófico y totalmente previsible que paga la población civil durante este conflicto armado. Las escuelas deben ser lugares seguros y de aprendizaje para los niños y las niñas. En cambio, esta escuela en Minab se convirtió en un escenario de muerte masiva. Las autoridades estadounidenses podrían —y deberían— haber sabido que se trataba de un edificio escolar. Atacar un bien civil protegido, como una escuela, está estrictamente prohibido por el derecho internacional humanitario”, ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora sénior de Investigación, Trabajo de Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

Las autoridades estadounidenses deben garantizar que la investigación que han anunciado sea imparcial, independiente y transparente. Las investigaciones sobre el ataque deben considerar la recopilación de inteligencia y sus evaluaciones, las decisiones de selección de objetivos y las precauciones adoptadas, así como la forma en que puede haberse empleado la inteligencia artificial en cada uno de estos pasos, a fin de evaluar cómo se tomaron las decisiones de selección de objetivos. Los resultados de la investigación deberán hacerse públicos.

Cuando existan pruebas suficientes, las autoridades competentes deben procesar a cualquier persona sospechosa de tener responsabilidad penal.” Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad y la justicia, y deben recibir una reparación íntegra que incluya restitución, rehabilitación y compensación por los daños causados a la población civil.

“Si los atacantes no identificaron el edificio como escuela y, sin embargo, procedieron con el ataque, indicaría negligencia grave en su planificación y señalaría un vergonzoso fallo de inteligencia en las fuerzas armadas estadounidenses, así como una grave violación del derecho internacional humanitario. Por otro lado, si Estados Unidos sabía que la escuela era adyacente al complejo de la Guardia Revolucionaria Islámica y procedió a atacar sin tomar todas las precauciones posibles —como atacar por la noche cuando la escuela habría estado vacía o advertir con anticipación efectiva a la población civil que probablemente se viera afectada—, el acto equivaldría a lanzar de manera temeraria un ataque indiscriminado que causó muertes y lesiones entre la población civil, y debe investigarse como crimen de guerra”, ha declarado Erika Guevara-Rosas.

“Por su parte, las autoridades iraníes deben retirar de inmediato, en la medida de lo posible, a la población civil de las proximidades de los objetivos militares y permitir la entrada de observadores independientes en el país. También deben restablecer el acceso a Internet para garantizar que los 92 millones de personas que residen en Irán tengan acceso a información vital y puedan contactar con sus seres queridos”.

El análisis de Amnistía Internacional de las pruebas audiovisuales de los ataques con misiles contra el complejo adyacente de la Guardia Revolucionaria Islámica y de los restos de misiles publicados por medios estatales en Irán indican que para el ataque probablemente se utilizara un misil Tomahawk fabricado en Estados Unidos. En este conflicto, solamente las fuerzas estadounidenses utilizan misiles Tomahawk, que son misiles guiados con precisión.

La escuela fue atacada de forma individualizada, como parte de un ataque contra otras 12 estructuras en el complejo adyacente de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que suscitó una grave preocupación ante la posibilidad de que hubiera sido atacada tomando como base datos de inteligencia obsoletos. The New York Times informó el 11 de marzo de 2026 que una investigación preliminar de las fuerzas armadas estadounidenses había determinado que el ataque contra la escuela fue resultado de la utilización de datos obsoletos.

Cualquier uso actual o futuro de la inteligencia artificial aumenta el riesgo de este tipo de fallos. También el 11 de marzo de 2026, Brad Cooper, comandante del Mando Central estadounidense (CENTCOM), confirmó que Estados Unidos utilizaba herramientas avanzadas de inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de datos relacionados con las operaciones.

La aparente dependencia de datos de inteligencia desactualizados —que no reflejaban la prolongada designación de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh como bien civil— por parte de Estados Unidos constituiría una grave violación del principio de precaución, en particular de la obligación de hacer todo lo posible para verificar que un objetivo previsto es militar. Tras el ataque, los medios de comunicación y otras organizaciones pudieron verificar rápidamente que el edificio que albergaba la escuela llevaba separado del resto del complejo desde al menos 2016. Esto indica que las partes en el conflicto, con capacidades y tecnologías de recopilación de inteligencia mucho más avanzadas, sin duda estaban en condiciones de recopilar y verificar esta misma información, lo que debería haber llevado a la decisión de no atacar la escuela.

Tras el ataque, las autoridades iraníes se han aprovechado del sufrimiento de las familias de las víctimas y de los menores supervivientes con fines propagandísticos.