Contingente policial militarizado allana vivienda de Machi y defensora ambiental Millaray Huichalaf
12 de agosto de 2025
El Roble-Carimallin
Fütawillimapu
DECLARACIÓN PÚBLICA
Violento allanamiento en la vivienda de la Machi Millaray Huichalaf
Las autoridades ancestrales y comunidades que integran el Aylla Rewe Ngen Mapu Kintuantü denunciamos públicamente el allanamiento realizado en la mañana de hoy, martes 12 de agosto de 2025, en la vivienda de la Machi Millaray Huichalaf, autoridad ancestral del Pueblo Mapuche–Williche y reconocida defensora de los derechos humanos y del río Pilmaiquén.
Este operativo policial se caracterizó por un uso desproporcionado de la fuerza y por graves vulneraciones a derechos fundamentales, ocurrido en una jornada en la que la Machi Millaray debía atender a sus pacientes, lo que detallamos a continuación:
1) Uso excesivo de armamento y contingente policial militarizado: despliegue desmedido de efectivos fuertemente armados, generando un ambiente de hostigamiento y amedrentamiento en la casa de la Machi Millaray Huichalaf, donde se encontraban diversos pacientes, entre ellos adultos mayores, mujeres, niños y niñas, presentes en el Rewe de la Machi.
2) Vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes: durante el allanamiento se encontraba en el lugar una adolescente, a quien se irrumpió en su espacio personal de descanso, donde permanecía como paciente, sin previo aviso ni tiempo para vestirse. Fue intimidada para que declarara su presencia en el lugar, sin su consentimiento, en una situación equiparable a privación de libertad, todo ello en presencia de seis policías armados con fusiles dentro de su habitación. Además, se le amenazó con que, de negarse a declarar, sería retirada por la fuerza por el contingente policial presente.
3) Obstrucción del libre tránsito: el operativo bloqueó el camino de acceso, impidiendo el paso de personas, incluyendo pacientes adultos mayores, mujeres, niños y niñas que se dirigían a recibir atención de salud o a cumplir con sus actividades cotidianas.
4) Mas grave aún, al momento de ingresar a la vivienda de la Machi, la policía no exhibió la orden judicial que supuestamente autorizaba el allanamiento, procediendo de inmediato y sin entregar explicación alguna a las personas presentes.
5) Incautación de pertenencias personales de menores de edad: al retirarse, los funcionarios policiales incautaron un computador, una tablet y otros objetos no identificados, pertenecientes a los menores de edad de la familia de la Machi.
6) Registro oficial inconsistente: el acta de ingreso, atribuida a la Policía de Investigaciones (Brigada de Investigaciones Especiales Antisecuestro de Valdivia), señala como hora de inicio del procedimiento las 08:00 horas, cuando en realidad comenzó a las 07:30 horas, dejando constancia de información inexacta en un documento oficial.
Denunciamos que este allanamiento no es un hecho aislado, sino que se produce en el marco del proceso de consulta indígena actualmente en curso, llevado adelante por el Consejo de Monumentos Nacionales en relación con los hallazgos arqueológicos identificados durante la construcción de la Central Hidroeléctrica Los Lagos. Ocurre, además, en un momento en que se desarrolla ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Noruega un proceso de mediación internacional derivado de la queja presentada por la Machi y el Aylla Rewe Ngen Mapu Kintuantü por la construcción de dicha central hidroeléctrica en el territorio.
Este hecho se inscribe también en un contexto de hostigamiento permanente hacia la vivienda de la Machi, que incluye el sobrevuelo recurrente de drones en distintos momentos del día, incluso mientras atiende a sus pacientes en su rewe, interrumpiendo el ejercicio de sus funciones espirituales y médicas, y afectando gravemente la tranquilidad y el respeto que merece este espacio sagrado. En este sentido, el operativo forma parte de un escenario más amplio de creciente criminalización y persecución contra las y los dirigentes y autoridades ancestrales del Aylla Rewe, evidenciando un patrón sistemático de hostigamiento y violencia institucional orientado a obstaculizar y desmovilizar el legítimo ejercicio de derechos humanos.
Este procedimiento constituye una grave vulneración de derechos humanos, un acto de violencia institucional contra una autoridad espiritual mapuche y su familia, y un atentado directo contra la dignidad e integridad de las personas y pacientes involucrados, incluyendo menores de edad.
Exigimos que estos hechos sean investigados de manera inmediata, exhaustiva e independiente; que se sancione a los responsables; y que se adopten medidas efectivas para garantizar que actos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse. Asimismo, demandamos el respeto irrestricto a los derechos de las autoridades ancestrales y comunidades que integran el Aylla Rewe Ngen Mapu Kintuantü, conforme a la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.
Recordamos que el Acuerdo de Escazú, en su artículo 9, establece la obligación de los Estados Parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones ni inseguridad. Este tipo de actuaciones policiales solo genera mayor inseguridad en el territorio y constituye una forma de amedrentamiento que busca desmovilizar el legítimo ejercicio de los derechos humanos.