Consejo para la Transparencia presenta propuestas para modernizar la regulación del Lobby en el Congreso
El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, presentó, en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y Diputadas, un conjunto de propuestas para perfeccionar la actual regulación sobre lobby en Chile.
La sesión, celebrada en el Congreso Nacional en Valparaíso, tuvo como eje central la discusión del Proyecto de Ley que “Moderniza la Regulación del Lobby y las Gestiones de Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios”.
La presentación destacó las oportunidades que esta modernización de la legislación representa para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones públicas. Según el titular del CPLT, “este proyecto se alinea con las recomendaciones de la OCDE y podría marcar un precedente para la actualización de otras normativas esenciales, como la Ley de Transparencia y la Ley de Probidad en la Función Pública”.
Dentro de las principales recomendaciones del CPLT, destaca la necesidad de incorporar a la definición de lobby todo tipo de comunicación o contacto efectuado por un lobista con una autoridad, por cualquier medio (correo electrónico, vía telefónica, whatsapp, u otro), de manera que queden comprendidas en la norma todas las posibilidades de contacto entre el mundo privado y el público, y ellas sean registradas.
Asimismo, son especialmente relevantes los ajustes normativos propuestos a la categoría de “representantes de intereses calificados”, que son aquellas personas cuya principal actividad económica es el lobby, a los cuales el proyecto de ley da una mayor carga regulatoria, y cuya calificación queda en manos del CPLT. Para realizar de manera correcta la verificación de los requisitos que debe cumplir una persona para considerarse dentro de esta categoría, el CPLT propuso conferir atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para informarle sobre sus ingresos. Además, propuso abordar la actividad de lobby que realicen grupos empresariales.
Por otra parte, se establece la necesidad de fortalecer la fiscalización y sanción, y robustecer los mecanismos de control sobre los particulares que ejercen actividades de lobby. Para ello, el CPLT hizo una serie de consideraciones sobre el procedimiento para sancionar las infracciones a la ley. Destacando la necesidad de flexibilizar el sistema de sanciones, permitiendo al sancionador aplicar las sanciones según la magnitud de la infracción, considerar si hay reincidencias, y tener en cuenta circunstancias agravantes o atenuantes.
Por último, recomendó incorporar a los registros de lobby, no solo las audiencias aceptadas, sino también las solicitudes de audiencias, las audiencias rechazadas y la identidad de los solicitantes.
En cuanto a las oportunidades, el ente regulador de la transparencia en el país subrayó que esta modificación puede ser un hito que otorgue una modernización de otras normativas relacionadas con la transparencia y la probidad. Asimismo, destacó que, a pesar del reconocimiento internacional que recibe Chile en materia de lobby, es una legislación superada por la práctica. Ello refuerza la necesidad de perfeccionar el sistema para evitar influencias indebidas en la toma de decisiones públicas.
Finalmente, el CPLT identificó riesgos en el proyecto de ley. En palabras de su presidente, se señaló: “Vemos ciertos riesgos, como la falta de una autoridad de control con competencias transversales o los desafíos en la gestión interna por la creciente cantidad de información que deberá manejar el CPLT. Ellos deben ser encauzados debidamente en la tramitación del proyecto”.
“El CPLT espera que estas propuestas sean consideradas por el gobierno y el Congreso Nacional durante la discusión del proyecto de ley, con el objetivo de perfeccionar la regulación vigente y continuar avanzando hacia una mayor transparencia y equidad en la toma de decisiones públicas en Chile” finalizó el mandamás del Consejo para la Transparencia.
En la instancia, Navarrete estuvo acompañado por el consejero, Roberto Munita, el director general, David Ibaceta, y la directora jurídica, Ana María Muñoz, todos del CPLT.