[Especial Cenda] Activistas apuntan al actual proceso regulatorio como barrera central de los derechos de personas migrantes

Junto a Fernando Muñoz, encargado de proyectos del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo CENDA, y Armando Arjona, sociólogo y activista de la Coordinadora Migrante, se abordan y analizan principales barreras para el acceso a derechos sociales por personas migrantes en el país.

En observación de ambos entrevistados, la mayor dificultad estaría dada por la misma ley de extranjería que fue decretada en el año 2021 donde el proceso de regulación para los migrantes se ha complejizado, demorando largos períodos de tiempo para su tramitación, lo que además ha creado una larga lista de solicitudes pendientes que alcanzan el medio millón de peticiones:

“Es impresentable que las personas tengan que esperar años para que le den una solicitud de visa. No puede abrir una cuenta bancaria, no se puede realizar porque su carnet no está vigente, y no porque no lo quiera renovar , sino porque las autoridades no son capaces de hacer la pega y dar una respuesta a la solicitud que las personas presentan”, señala Fernando.

“Hay un cambio en las categorías migratorias y en eso cabe la responsabilidad del estado en explicar en qué consisten estas categorías que involucra la nueva ley y el nuevo reglamento”, afirma Armando Arjona, quien también alerta frente a las solicitudes de refugio que en la administración anterior sólo se otorgaron 6 de miles recibidas y que hoy en el escenario continental pueden aumentar.

“Está la realidad de Haití que ha ido cambiando y que ahora se está solicitando una intervención internacional, y eso va a generar otras olas migratorias donde califican perfectamente para ser personas refugiadas. ¿Qué se va hacer en ese caso? la administración no está haciendo lo suficiente para regular a todas estas cientos de personas que desde la administración anterior quedaron en el limbo”, sostuvo.

El activista de la Coordinadora Migrante también apuntó a la xenofobia como una barrera importante para acceder a derechos esenciales como la salud, que van creando en el tiempo una marginación: “Para acceso a preservativos hay que tener cita con una matrona, y sin rut el número provisorio NIP se dificulta mucho” (…) “En el contexto de la pandemia donde para tener acceso si no estábamos regularizados, funcionarios negaban la vacuna, con ese antecedente existe una resistencia aprendida de poder acercarse a los centros de salud por parte de la población migrante”, explicó.

Al respecto, Fernando Muñoz agregó que en términos de salud sexual señaló las barreras también afectan a las personas migrantes, también afectan a la población juvenil, quienes tampoco cuentan con un acceso adecuado: “Parte del fracaso que tenemos en políticas de sexualidad, de implementación de sexo seguro, prevención del VIH y otras enfermedades de tranmisión sexual es producto de la mala política del estado que no garantiza el acceso”, señaló.