Conozca los planteamientos presentados por “Apruebo Dignidad” para la Convención que redactará la nueva Constitución

Esta semana, representantes de la lista “Apruebo Dignidad” dieron a conocer los ejes programáticos que defenderán sus constituyentes en la Convención Constitucional.

En la instancia, Flavia Torrealba, candidata a constituyente por Atacama y dirigenta de la Federación Regionalista Verde Social, indicó que el 95% del país está pidiendo autonomía para las regiones y democracia directa en los territorios.

En representación del Partido Comunista por el pacto “Chile Digno, Verde y Soberano”, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, hizo un llamado a no bajar la guardia en este proceso de disputa de ideas a nivel estructural.

La actual candidata a constituyente Beatriz Sánchez, destacó que el inicio de la vacunación en Chile, da cuenta de la necesidad de avanzar en políticas públicas de carácter universal, que garanticen derechos básicos en todos los planos.

Las candidatas y candidatos de la lista “Apruebo Dignidad” se mostraron expectantes de poder avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que ponga al centro la garantía de derechos fundamentales para todos los ciudadanos.

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El documento base:

NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE

Chile Digno y el Frente Amplio valoran el proceso constituyente como el resultado de la movilización popular que ha logrado algo inédito en la historia de la república, ser el protagonista de un nuevo pacto político social. Representa la posibilidad para trabajadores, pobladores, feministas, pueblos indígenas, jóvenes y en general de la ciudadanía, de decidir cómo queremos vivir. La nueva constitución, sentará las bases para un nuevo ciclo político, económico, social y democrático superando la injusticia, la desigualdad y los abusos que se forjaron bajo la constitución neoliberal de Pinochet y se proyectaron durante los gobiernos democráticos que le siguieron.

El 25 de octubre del año 2020 y el resultado del Plebiscito, marcan el inicio del fin del modelo neoliberal y de la crisis de legitimidad en la que están sumidas las instituciones políticas. A esta crisis solo se puede responder con la ampliación y profundización de la democracia, con un cambio de paradigma que ponga en el centro los derechos humanos y la dignidad de los pueblos y las personas, para que nunca más en Chile se vuelvan a repetir las masivas violaciones a los derechos humanos que vivieron cientos y miles de chilenos y chilenas por exigir un Chile más justo y más solidario.

Entendemos que hacer las transformaciones que el pueblo demanda, requiere de otra política, que devuelva su sentido y protagonismo a los y las ciudadanas, habilitando la construcción de mayorías efectivas a partir de las cuales realizarlas. Más pluralismo político en su representación y una participación ciudadana vinculante en los niveles locales, regionales y nacionales, garantizando la inclusión de los colectivos históricamente discriminados, un nuevo modelo de desarrollo que otorgue un rol activo y estratégico al Estado en la economía y, el desarrollo y un régimen de derechos sociales, individuales y colectivos que amplíen los espacios ciudadanos de integración e igualdad son condiciones ineludibles para concretar un proyecto democrático.

El acuerdo entre el Frente Amplio, Chile Digno y las organizaciones y movimientos sociales, propone al pueblo de Chile una visión constitucional común para lograr las profundas transformaciones anheladas..

Una democracia con el pueblo soberano como protagonista de las transformaciones

La Nueva Constitución debe crear un orden democrático participativo y deliberativo que dé realidad a la idea central de toda democracia, que la soberanía radica en el pueblo, con toda su diversidad y que son las mayorías democráticas las que definen el rumbo del país. Para ello proponemos:

La nueva Constitución pondrá fin a las trabas autoritarias que impiden una democracia fundada en las mayorías y que han neutralizado la voluntad popular. Terminaremos con los quorums supra mayoritarios, con el Tribunal Constitucional en su forma actual y con las leyes orgánicas constitucionales.
Cada pueblo tiene, como colectivo, el derecho a autodeterminarse políticamente. Ese derecho incluye el de reemplazar la constitución por una nueva, por medio de una Asamblea Constituyente a través del procedimiento que se establezca en el texto constitucional.
Se deben establecer diferentes tipos de mecanismos de participación directa como, por ejemplo, el plebiscito, la iniciativa popular de ley, la revocación de los mandatos representativos y presupuestos participativos locales.
Chile será reconocido como un Estado plurinacional. La nueva Constitución deberá establecer escaños reservados en el Congreso y garantizar derechos territoriales y a los recursos naturales y formas de autonomía que hagan efectivo su derecho a la autodeterminación.
Avanzaremos en diversas formas de descentralización del poder, otorgando mayores atribuciones a los órganos de gobierno local y regional y reforzando la democracia en dichos niveles y asegurando la equidad territorial
El nuevo régimen de gobierno superará el histórico presidencialismo de las constituciones chilenas y el hiper presidencialismo de la Constitución de 1980. En ese marco, abogamos por un mayor equilibrio entre el Gobierno y el Congreso
Creemos necesario avanzar hacia un sistema de tramitación de leyes más eficiente y representativo, que consideramos podría darse con un Congreso Unicameral o en dos cámaras con roles distintos. En su integración se deben aplicar criterios de proporcionalidad y paridad, resguardando la representación de las regiones, las zonas menos pobladas, y los pueblos indígenas.
Respecto a las Fuerzas Armadas, estableceremos de manera clara mecanismos de sujeción al poder civil ampliando los controles de diversos órganos del Estado sobre ellas. Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y no deliberativas. Los derechos humanos y el derecho humanitario son sus pilares de actuación. Su regulación orgánica será normada por ley.
La nueva Constitución descansará en una política exterior fundada en la solidaridad entre los pueblos, la paz, la cooperación, la democracia y los derechos humanos como forma de relevar su compromiso con la humanidad y los pueblos.

Una vida digna para todos y todas durante todo el ciclo vital con base en la realización de los derechos

Bajo la noción de un Estado Social y Democrático de derecho, la constitución buscará la realización de los derechos sociales garantizando condiciones dignas para la sostenibilidad de la vida de las personas y las comunidades. La nueva Constitución será el inicio del fin del modelo neoliberal y principio de subsidiariedad. Es necesario distribuir la riqueza que entre todas y todos generamos y que ella sirva para mejorar nuestras vidas y lograr una buena vida. Para ello, su distribución no puede ser determinada por el mercado exclusivamente. Es necesario también, distribuir el poder democrático en la asignación de recursos para que el Estado jugar haga efectivo el goce de los derechos. Para ello proponemos, entre otras:

Un Estado garante de derechos sociales. Será el inicio del fin del modelo neoliberal y del Estado subsidiario. Los derechos sociales deben dejar de ser meros bienes de consumo abiertos a la acumulación privada. Chile necesita un Estado social de Derecho en que el Estado tenga un rol activo en garantizar el ejercicio de derechos sociales, entre otros, los siguientes:
La nueva Constitución garantizará la educación como un espacio de desarrollo pleno de la vida y promotor de una sociedad inclusiva y solidaria. Para ello, se garantizará la educación en todos sus niveles, ampliando su cobertura, sin límite de edad, y asegurando las trayectorias educativas a partir de una educación, pública, gratuita, no sexista, multicultural y de calidad para todas y todos.
La futura Constitución reconocerá el derecho a una vivienda digna y adecuada y terminará con el abuso de la especulación, avanzando hacia la modernización e inclusividad de nuestras ciudades, con equidad territorial.
Debe considerar el derecho y acceso al agua como un derecho humano, en particular el agua potable, para todas las personas y comunidades, que no dé lugar a la especulaciòón. Un bien público, no apropiable de forma privada, de interés nacional y a disposición de las necesidades del pueblo.
Chile debe contar con un sistema de salud universal, con un modelo de financiamiento público y con un componente solidario
La Nueva Constitución consagrará el derecho a una renta básica universal digna para todes los chilenos
Chile necesita que la nueva Constitución establezca un nuevo sistema de seguridad social basado en el principio de solidaridad y suficiencia de las pensiones, que incluye un sistema de pensiones de carácter tripartito, que considere la debida protección al empleo y al trabajador/a y asegure las condiciones para una vejez digna e incorpore el trabajo de cuidado y no remunerado. Pondrá fin al sistema de pensiones de las AFP.
Se deberá considerar el principio de protección y derecho al trabajo, como una garantía a contar con un sustento que sea fruto de su participación en labores productivas, además de asegurar condiciones equitativas de igual pago por igual trabajo o valor del trabajo y participar en instancias de control y gestión de las empresas.
Se deben establecer derechos laborales individuales y colectivos de manera coherente con lo establecido en los instrumentos internacionales. Derechos a huelga, titularidad sindical y negociación ramal son factores claves a incluir en la nueva Constitución para contribuir a distribuir la riqueza. Se deberán proteger los derechos de los/as trabajadores/as independientes e informales, de cuidado, domésticas y reproductivas, así como las de trabajadores/ras de plataformas digitales de servicios. Especial preocupación pondrá en la generación de condiciones de igualdad efectiva y protección de las para las mujeres

Una constitución feminista

La igualdad de género y los derechos de las mujeres, disidencias sexuales y diversas identidades de género serán reconocidos, garantizados y protegidos ante cualquier amenaza y/o vulneración. No hay democracia sin la participación social, política y económica de las mujeres y ello requiere de la consagración de la paridad en todas las dimensiones de la vida en sociedad. Para ello proponemos, entre otros:

La igualdad de género sustantiva como un principio reorganizador de la vida social, política y económica y la prohibición de discriminación por razones de sexo/género, nacionalidad, condición migratoria, pertenencia a pueblos indígenas y por edad, entre otras.
El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las diversidades sexuales y de las personas gestantes, y su protección en el ejercicio de ellos. También el derecho a un aborto seguro y gratuito, el acceso a las tecnologías de reproducción asistida y la educación sexual integral temprana y continua.
El reconocimiento del derecho a los cuidados como una función social fundamental reconocida, reducida y redistribuida entre los hogares, la comunidad, el mercado y el Estado.
Un lenguaje constitucional no sexista y que reconozca a las mujeres diversas y disidencias sexuales como sujetos políticos y titulares de derechos.
El Estado reconocerá la diversidad de familia con iguales derechos el matrimonio igualitario.
La protección del derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes a su identidad de género, a la autodeterminación de género y a la autonomía progresiva para efectos de su ejercicio.
El derecho a vivir una vida libre de la violencia de género, y de todas sus manifestaciones, incluyendo la económica, la obstétrica y la perpetrada por agentes del Estado.

Un nuevo modelo de desarrollo y un futuro posible para las nuevas generaciones

La nueva Constitución debe sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo que supere el modelo neoliberal y el carácter subsidiario y residual del actual Estado, reconociendo al Estado la capacidad de orientar estratégicamente el desarrollo nacional, mediante políticas industriales, de desarrollo científico y tecnológico. Un modelo de desarrollo inclusivo y orientado al desarrollo humano, tendrá como eje la sostenibilidad y la protección del medioambiente, la recuperación de los recursos naturales asegurando que su explotación esté orientada al interés de las mayorías y de las nuevas generaciones. Proponemos entre otras: –

En materia de distribución de la riqueza, a Constitución, junto con mantener el derecho a la propiedad individual, subordinará dicho derecho a su función social bajo un nuevo modelo de desarrollo, que permita democratizar la vida económica del país, estableciendo nuevas formas de propiedad y control comunitario que den a la sociedad su prometido protagonismo.
El resguardo de un medioambiente sano y el buen vivir en armonía con la naturaleza, es un principio transversal en toda la Constitución. El Estado chileno debe actuar coordinadamente con la comunidad internacional para abordar desafíos cruciales para la humanidad como la crisis climática, promoviendo la adopción y el respeto de acuerdos y tratados que lo protejan.
Reconocer el rol clave del Estado en la economía, es reconocer su capacidad emprendedora, de innovación y de dirección estratégica. El Estado deberá fomentar la producción nacional, la diversificación productiva y formas sociales y ambientalmente sostenible.
La nueva Constitución debe mandatar el diseño e implementación de un plan nacional de desarrollo con participación ciudadana vinculante, además de crear instituciones capaces de formular políticas industriales de largo plazo que agreguen valor al proceso productivo para la mejora del empleo y el fomento del desarrollo.
En el caso del Banco Central, proponemos que esté al servicio de un nuevo modelo de desarrollo. Su regulación debe ser legal.

Los derechos humanos en la base de la institucionalidad y una justicia que los realice

Los derechos humanos y su realización son un mandato para el Estado y su respeto y garantía la base de toda convivencia democrática. En este ámbito proponemos:

Establecer la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos enumerados por la propia constitución y de cualquier otro que sea aprobado con el quórum de reforma constitucional. Del mismo modo deberá reconocerse el valor interpretativo de la doctrina emanada por parte de los órganos de tratados y de los diversos principios desarrollados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La Constitución establecerá un fuerte compromiso con la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Deben existir garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales para hacerlos efectivos.
En caso de violaciones a los DDHH -sean del pasado, presente o futuro- los órganos del Estado tendrán la obligación de investigarlas, sancionarlas, repararlas y establecer garantías de no repetición. De manera especial, proponemos que se declare el deber estatal de mantener políticas orientadas a la preservación histórica de las memorias vinculadas a las violaciones a los derechos humanos.
Reconocimiento de derechos de diversos grupos de especial protección o tradicionalmente discriminados como, los niños, niñas y adolescentes, las disidencias sexuales, las personas con discapacidad y las personas migrantes. Respecto de cada uno de estos derechos se debería establecer la posibilidad de acciones afirmativas para asegurar su realización.
Proponemos una nueva y robusta institucionalidad de derechos humanos. Éste será un organismo autónomo paritario y colegiado, de derecho público, con personalidad jurídica, y con patrimonio propio, que tendrá como objeto la promoción y protección de los derechos humanos y que incorpore la defensa de los derechos de la niñez.
El Estado y las personas deben asumir la protección y respeto de los animales, reconociéndolos como seres dotados de sensibilidad, estableciendo normas que reconozcan las libertades del bienestar animal, tutela de la vida y libertad de la fauna nativa, así también, creando un organismo dedicado a velar por el cumplimiento de estas.
Se establecerá una acción general de garantía de derechos fundamentales, tanto constitucionales como contenidos en convenciones internacionales ratificadas por Chile y con una regulación que le permita ser un recurso rápido, sencillo y efectivo de tutela de los derechos de las personas.

Estos planteamientos son generales y son muchas las especificidades que debemos abordar, proponer y concordar a partir de estas propuestas a ideas fuerzas. Convencidas y convencidos estamos de que la ciudadanía jugará un rol clave, participando activamente y granizándose, para lograr sellar una mejor vida.