El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile destaca que el Gobierno haya decretado Estado de Catástrofe en Coquimbo y Huasco, así como la extensión de la suspensión de clases en Atacama, pero insiste en que dicha medida se debe ampliar a otras regiones afectadas por las fuertes lluvias, como la Metropolitana, O’Higgins, Ñuble y La Araucanía, entre otras.

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, evidenció que este lunes “llueve fuertemente en gran parte de esas regiones, en las que las clases no fueron suspendidas, salvo en lugares muy puntuales. Creemos que eso ha sido un error, porque los reportes que hemos recibido demuestran que en muchos lugares no están las condiciones”.

El líder gremial detalló que “hay patios completamente anegados, colegios sin suministro eléctrico, con techos dañados, con salas de clases inundadas o con goteras, y con accesos a las escuelas y caminos adyacentes intransitables. Por lo tanto, en esas condiciones no se puede hablar de clases normales”.

Mario Aguilar Arévalo enfatizó “hago un llamado a que esa obsesión por cumplir el Calendario Escolar para hacer el checklist de que se cumplió, en circunstancias en que es absolutamente evidente que no hay normalidad, sea revisada por las autoridades”.

Agregó el dirigente “esa obsesión genera situaciones tan absurdas como que hoy haya colegios sin suministro eléctrico y, sin embargo, para el checklist estén funcionando, entre comillas, ‘con normalidad’. Eso simplemente no sirve. En estos días no se han podido hacer clases; hay una catástrofe en el país, así lo ha tenido que decretar finalmente la autoridad, entonces es evidente que no puede haber normalidad”.

Para el presidente del Colegio de Profesores, la situación actual “no es conducente, no está sirviendo ni a los niños, ni a las niñas, ni a los profesores, y los expone a riesgos innecesarios. En un colegio sin suministro eléctrico, con el patio inundado, con accesos inaccesibles, donde puede haber caídas de árboles y con problemas de techumbres serios que incluso pueden derrumbarse, no estamos hablando de ninguna manera de normalidad. Ese es el llamado que hacemos a las autoridades: a que entiendan lo que está pasando, que escuchen a las comunidades, que se den cuenta de que, más allá del checklist, lo que importa y lo que se debe garantizar es la seguridad de las comunidades educativas”.

Al cumplirse seis meses del posible ataque de Estados Unidos contra la embarcación ecuatoriana Fiorella, Amnistía Internacional recuerda que la política estadounidense de ataque y derribo a embarcaciones en alta mar, bajo el pretexto de que transportan drogas hacia Estados Unidos, configura una práctica de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos que debe cesar inmediatamente.

El 20 de enero 2026 el barco pesquero Fiorella desapareció en aguas internacionales, tras haber zarpado del puerto de Jaramijó, Ecuador, siete días antes. Desde entonces se desconoce el paradero de ocho de sus diez tripulantes. Los indicios apuntan a que Estados Unidos pudo haber asaltado la embarcación como parte de su más reciente política antidrogas “Southern Spear” (Lanza del Sur), por la que más de 60 naves han sido atacadas en la región, y más de 200 personas han sido asesinadas desde septiembre de 2025.

El Laboratorio de Evidencias de Amnistía Internacional reconstruyó el recorrido del barco, con base en datos de VMS (Vessel Monitoring System), disponibles en la plataforma Global Fishing Watch, que confirma que el Fiorella salió del puerto de Jaramijó, en la provincia de Manabí, y navegó por aguas ecuatorianas en dirección a las Islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador.

Amnistía Internacional viajó a las localidades de Manta y Jaramijó, donde se entrevistó con las familias de los ocho desaparecidos – Gabriel Aladino Mero Delgado, Jefferson Ariel Mero Cueva, Bryan Alfredo Arcentales Mero, Juan Alfredo Arcentales Anchundia, Joel Steven Valencia Mero, José Norberto Mero Quijije, Juan Carlos Valencia Mero, y Carlos Adrián Mendoza Macías – las cuales buscan a sus seres queridos y exigen respuestas a las autoridades ecuatorianas desde enero. Además, la organización se reunió con diversas autoridades y analizó declaraciones extraídas del expediente administrativo elaborado por la Capitanía de Puerto de Manta (perteneciente a la Armada del Ecuador).

A partir del análisis y contraste de estas fuentes, Amnistía Internacional reconstruyó la ruta del Fiorella y los posibles hechos ocurridos durante su travesía, que se detallan a continuación.

La ruta del Fiorella

El Fiorella era un barco pesquero palangrero dedicado principalmente a la captura de especies como marlín, atún, dorado y tiburones mediante un espinel o palangre, que consiste en una línea principal de varios kilómetros de longitud equipada con cientos de anzuelos. La embarcación zarpó la noche del 13 de enero desde Jaramijó con diez tripulantes a bordo.

Poco después de emprender su ruta, la embarcación perdió la conexión a internet, por lo que durante los días siguientes la única comunicación posible fue a través del dispositivo satelital que portaba su capitán, Juan Carlos Valencia, quien mantuvo contacto diario con su familia y con los dueños de la embarcación.

Aproximadamente a las 13:00 horas del 15 de enero, se internó en la franja de aguas internacionales que separa la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ecuador continental de la de las Islas Galápagos. Al día siguiente, en torno a las 18:00 horas, la embarcación salió de aguas internacionales e ingresó a la ZEE de Galápagos, donde permaneció hasta el 19 de enero, cuando alrededor de las 05:00 horas, volvió a adentrarse en aguas internacionales.

Durante los primeros días de la travesía no se habrían reportado mayores contratiempos. Sin embargo, a partir del cuarto día de navegación, la embarcación Fiorella habría comenzado a ser objeto de un seguimiento sostenido por parte de aviones, patrullas y drones con simbología de Estados Unidos. El capitán de la nave, Juan Carlos Valencia, comunicó diariamente a su familia, a través de mensajes satelitales, su creciente preocupación por esta vigilancia.

Recorrido realizado por el Fiorella desde el 13 hasta el 20 de enero de 2026. Global Fishing Watch.

El 17 de enero el capitán informó a su familia y a los dueños de la embarcación sobre la presencia de un dron así como de un avión sobrevolando el Fiorella. Al día siguiente, 18 de enero, varios aviones y un dron sobrevolaron repetidamente la embarcación, y entrada la noche la tripulación identificó las balizas de lo que parecía ser una patrulla marítima. Según relató el capitán a un familiar, ese día, una patrulla marítima estadounidense se habría aproximado a menos de un kilómetro.

El 19 de enero, un día antes de la pérdida de comunicación, la tripulación volvió a divisar drones, aeronaves y una patrulla marítima. Uno de los supervivientes relató haber visto varios drones y “una embarcación grande con bandera americana”. El segundo superviviente, describió “una patrulla, dos aviones que pasaban bajito y que cargaban un símbolo azul parecido al de la NASA”. Según el testimonio de un familiar del capitán, este se encontraba preocupado por el seguimiento constante de lo que estaba convencido eran patrullas estadounidenses. El familiar intentó tranquilizarlo, asegurándole que, de ser abordados, no había motivo de preocupación, ya que podrían confirmar que no transportaban ningún cargamento de droga.

Captura de pantalla de un mensaje satelital enviado por el capitán Juan Carlos Valencia a su familia, el 19 de enero de 2026, donde advierte sobre el seguimiento que estaban sufriendo por parte de un avión, un dron y una patrulla. Nota: las imágenes se encuentran editadas para preservar la identidad de las personas.

La mañana del 20 de enero

Al amanecer de ese día, dos lanchas pesqueras, cada una con dos tripulantes, se desprendieron del barco nodriza Fiorella para tender varios kilómetros de espinel con anzuelos cebados, una tarea habitual en la pesca artesanal de altura. Una de esas lanchas, la Primer Mandamiento, se mantuvo a una distancia considerablemente mayor del Fiorella que la otra: unas 15 millas náuticas.

Alrededor de las 6:00 horas, la tripulación de la Primer Mandamiento terminó de colocar el espinel y se dispuso a desayunar. Todo transcurría con normalidad hasta las 13:00 horas, cuando por la radio que portaban a bordo escucharon gritos desde la otra lancha: “¡Capitán, capitán, capitán!”. Inmediatamente después, se perdió toda comunicación con ambas embarcaciones.

Los tripulantes de la Primer Mandamiento relataron a la Capitanía de Puerto, que, a la distancia, divisaron una gran columna de humo en dirección al Fiorella, sin poder determinar con certeza si correspondía a un incendio a bordo del barco nodriza. Estos tripulantes fueron los únicos que lograron regresar con vida de esa jornada de pesca. Del Fiorella y de la segunda lancha desprendida no se ha vuelto a tener noticia.

Por su parte, el sistema de rastreo de la embarcación registró su última señal a las 13:06 horas, cuando navegaba en aguas internacionales, justo al cruzar el corredor marítimo que separa la ZEE de Galápagos de la ZEE continental de Ecuador.

Imagen del sistema de rastreo satelital del Fiorella, que marca el día, la hora y las coordenadas donde el barco emitió la última señal. Nota: la imagen se encuentra editada para preservar la identidad de las personas.

Después de quedar a la deriva, el 22 de enero, alrededor de las 6:00 de la mañana, los dos integrantes de la lancha Primer Mandamiento fueron rescatados por otro barco pesquero y llevados de regreso a tierra.

Testimonios de las familias y sospechas de detención

Entre las familias existe la sospecha de que sus familiares pudieran haber sido detenidos arbitrariamente y trasladados a otro país, tal como habría ocurrido en marzo con las tripulaciones de la Negra Francisca Duarte II y el Don Maca, dos embarcaciones de una localidad cercana a Jaramijó. Según la organización local Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, dos meses después de la desaparición del Fiorella, estos dos barcos pesqueros con 16 y 20 personas a bordo, habrían sido atacados por drones y su tripulación detenida presuntamente por personal estadounidense los días 17 y 26 de marzo respectivamente. Posteriormente habrían sido entregados a autoridades de El Salvador y trasladados a ese país, para ser finalmente devueltos a Ecuador.

“Las familias de las ocho personas cuyo paradero se desconoce temen que se trate de una desaparición forzada a manos de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deben confirmar o desmentir si existió participación de agentes estatales de cualquiera de los dos países, llevar a cabo todas las acciones necesarias para dar con la suerte y paradero de las víctimas, y presentar evidencia fehaciente que demuestre qué fue lo que les pasó”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La respuesta de las autoridades ecuatorianas, únicas autoridades ante las que las familias del Fiorella han presentado sus denuncias, ha sido considerablemente limitada. Esto a pesar de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió acciones urgentes en favor de los ocho pescadores solicitando a Ecuador su búsqueda inmediata y la investigación de los hechos.

A pesar de que la Capitanía de Puerto afirmó haber llevado a cabo la búsqueda de la embarcación y su tripulación, existen serias dudas de la exhaustividad y eficacia de estas acciones. De acuerdo con información del Ministerio de Defensa entregada al CED, no fue hasta el 22 de enero “que el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo (CCSM) recibió la alerta de emergencia sobre la desaparición de la embarcación”.

Además, tardaron un día más en activar el plan de búsqueda y rescate “SAR” (por sus siglas en inglés), y no comenzaron las actividades de cálculo para la búsqueda hasta el día 24. No existe detalle de las acciones emprendidas para dar con el barco o su tripulación, y fueron los dueños del Fiorella los que, por sus propios medios, enviaron una nave el 26 de enero para intentar dar con los restos de la embarcación, encontrando el espinel.

Las familias de los tripulantes desaparecidos del Fiorella denunciaron que, al acudir a la Capitanía del Puerto en busca de información, el comandante les dijo que dejaran de buscarlos porque estaban muertos y debían “atenerse a las consecuencias”, en lo que interpretaron como una insinuación de que sus familiares estaban vinculados al narcotráfico.

“El comandante nos dijo: si ustedes saben a qué se fueron pues para qué los van a buscar. A mí me dio mucho enojo, y le dije: yo vengo a buscar a mi papá, ellos solo se fueron a pescar. Usted debería tener corazón y decirnos la verdad. Al siguiente día fuimos nuevamente (a la Capitanía de Puerto) y directamente nos cerraron la puerta”. Testimonio de la hija de un pescador en paradero desconocido.

Si bien existe una investigación penal abierta por desaparición involuntaria en la Fiscalía de Manta, Amnistía Internacional pudo constatar, durante su visita en junio, que las diligencias realizadas eran mínimas y no parecían orientadas a esclarecer los hechos.

Entre las falencias más graves sobresale que, a más de cinco meses de ocurridos los hechos, la Fiscalía no había solicitado formalmente información a Estados Unidos para avanzar en la investigación, o que el expediente administrativo iniciado por la Capitanía de Puerto para la búsqueda de los pescadores ni siquiera estaba incorporado al expediente fiscal.

“Es como si el barco se hubiera esfumado y a nadie le preocupara cómo lo hizo ni qué pasó con las personas a bordo. ¿Acaso se fue volando? A más de seis meses de lo sucedido las autoridades ecuatorianas deben responder con claridad qué acciones han realizado para establecer los hechos, qué saben, qué no y cómo piensan atender los válidos reclamos de las familias de los desaparecidos. La investigación penal sobre estos hechos debe avanzar hasta identificar a los posibles responsables y llevarlos ante la justicia», dijo Ana Piquer.

Las investigaciones han ocurrido en un clima de creciente violencia en contra de operadores de justicia por parte del crimen organizado en el país. En dicho contexto, ocurrió el asesinato de la Fiscal a cargo del caso, Gloria Alexandra Bravo Cedeño, el 14 de junio en la ciudad de Manta.

Sumado a esto, las familias dijeron sentirse desamparadas y angustiadas no sólo debido a la incertidumbre sobre el destino de sus familiares sino a que, en prácticamente todos los casos, la persona desaparecida era el sustento familiar.

“La cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador debe estar basada en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. Ambos países deben revisar los acuerdos bilaterales de seguridad existentes para garantizar que no contribuyen a la impunidad ni obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”, señaló Daniel Noroña, director de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos.

Acciones de Estados Unidos

Amnistía Internacional ha denunciado los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas internacionales desde que el país presumiera su primer ataque el 2 de septiembre de 2025, por considerarlos ejecuciones extrajudiciales, es decir, homicidios deliberados e ilegales bajo el derecho internacional.

A pesar de la solicitud de información realizada por la organización al Comando Sur de Estados Unidos, así como de una reunión mantenida con su embajada en Ecuador, el país no ha confirmado ni desmentido que estos ataques sean de su autoría. Del mismo modo, congresistas estadounidenses de distintos Comités, han solicitado información a los Departamentos de Estado, de Defensa y Seguridad Nacional, incluyendo al comando de la Guardia Costera. En dicha petición demandan el esclarecimiento de estos hechos y la confirmación de la participación de fuerzas de seguridad de ese país o de entidades privadas bajo su mando, sin que exista respuesta hasta el momento.

Existen indicios de que las ocho personas cuyo paradero aún se desconoce podrían sumarse a la extensa lista de víctimas de violaciones de derechos humanos de los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones y tripulaciones en aguas internacionales.

Sin embargo, a diferencia de los más de 60 ataques reconocidos hasta el momento, el posible ataque al Fiorella no fue anunciado ni por el presidente estadounidense, Donald Trump, ni por el Comando Sur, como suele ser habitual. Tampoco los ataques contra las embarcaciones Negra Francisca Duarte II y Don Maca fueron reconocidos oficialmente, pese a que, según las denuncias que constan de los sobrevivientes, ambos barcos habrían sido hundidos por aeronaves no tripuladas con distintivos atribuidos a Estados Unidos.

Si se confirmara que Estados Unidos fue responsable del ataque al Fiorella, así como de los ocurridos contra la Negra Francisca Duarte II y el Don Maca, el saldo de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos asociadas a este tipo de operaciones podría ser mucho mayor de lo estimado hasta ahora.

“El Departamento de Justicia y las autoridades investigativas de las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar y establecer posibles responsabilidades penales, no sólo con relación al Fiorella, sino de todos los ataques a embarcaciones en alta mar. Asimismo, el Congreso de Estados Unidos debe impulsar una investigación legislativa sobre este grave incidente, con audiencias e informes que permitan esclarecer los hechos y determinar la posible participación de agencias públicas o entidades privadas bajo su mando. Además, todos los Estados deben suspender la cooperación internacional en materia de inteligencia y equipamiento militar que pueda estar destinado a este tipo de operativos ilegales”, concluyó Ana Piquer.

El estudio de MapBiomas Agua fue elaborado, a partir de imágenes satelitales captadas entre 1998 y 2025, por especialistas de la Universidad de Chile -a través de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza-, la Universidad de Concepción y la Universidad de La Frontera. Sus resultados muestran que el país perdió una superficie glaciar equivalente a 21 veces la de Rapa Nui. Ñuble, con una disminución del 91%, es la región más afectada. Además, Chile ha perdido casi 40 mil hectáreas de agua superficial desde el inicio de la megasequía.

El gremio advirtió que las intensas lluvias, inundaciones y cortes de suministro eléctrico ya están afectando la operación de miles de pequeños negocios entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía. La organización pidió al Gobierno implementar un plan especial para evitar cierres de empresas y proteger el empleo.

La Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Industria (CONUPIA) manifestó su preocupación por los efectos económicos que está provocando el sistema frontal en las pymes del país, advirtiendo que la emergencia climática ya está generando serias dificultades para el funcionamiento de miles de emprendimientos.

Según señaló la organización, las intensas precipitaciones, los anegamientos, los prolongados cortes de energía eléctrica y los problemas de conectividad han afectado directamente a pequeños comercios, restaurantes, talleres, empresas de servicios y productores locales, particularmente en las regiones comprendidas entre Coquimbo y La Araucanía.

El presidente de CONUPIA, Humberto Solar, afirmó que las mipymes enfrentan una situación especialmente compleja debido a que gran parte de ellas depende de los ingresos diarios para mantener su operación y cumplir con sus compromisos financieros.

“Cuando una pyme deja de funcionar por varios días, no solo pierde ventas. También se pone en riesgo el pago de remuneraciones, proveedores, arriendos y otras obligaciones que no se detienen durante una emergencia”, señaló el dirigente.

Desde la organización explicaron que las consecuencias del sistema frontal van mucho más allá de los daños materiales ocasionados por las lluvias. A ello se suman las dificultades para atender público debido a los cortes de electricidad, la imposibilidad de trasladar productos, la interrupción de las cadenas de abastecimiento y las complicaciones para que trabajadores y clientes puedan acceder a los establecimientos.

Frente a este escenario, CONUPIA llamó al Ejecutivo a implementar medidas extraordinarias que permitan apoyar la recuperación de las empresas afectadas, entre ellas la flexibilización y postergación de obligaciones tributarias y previsionales, líneas especiales de financiamiento para capital de trabajo, apoyo para la reposición de infraestructura y equipamiento dañado, además de una rápida coordinación de los instrumentos públicos destinados a enfrentar la emergencia.

La entidad gremial sostuvo que la recuperación económica de las zonas afectadas dependerá, en gran medida, de la capacidad que tengan las mipymes para retomar sus actividades en el menor tiempo posible.

“La reconstrucción también debe considerar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando un pequeño negocio cierra, se pierde empleo, disminuye la actividad económica local y se dificulta la recuperación de las comunidades. Apoyar a las mipymes en esta emergencia significa proteger miles de puestos de trabajo y contribuir a una reactivación más rápida y sostenible”, concluyó Humberto Solar.

• Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la PUCV,  María Teresa Blanco, afirma que la recuperación requiere políticas focalizadas para las empresas de menor tamaño y mecanismos que permitan restablecer con rapidez la actividad productiva.

La activación de subsidios directos para las pequeñas y medianas empresas, alivios tributarios, líneas de crédito con garantía estatal, programas de retención del empleo, la agilización de inversiones en infraestructura resiliente y medidas para facilitar el comercio exterior, son parte de las iniciativas que podrían aplicarse para enfrentar el impacto económico del sistema frontal que ha afectado al país, de acuerdo a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, María Teresa Blanco.

La académica advirtió que, en un escenario de bajo crecimiento y alta incertidumbre, la respuesta debe diferenciar las necesidades de las MiPyMEs y las grandes empresas para evitar una mayor paralización de la actividad productiva y acelerar la recuperación económica.

Indicó que, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que operan con márgenes estrechos y flujos de caja limitados, el foco gubernamental debe orientarse a garantizar su supervivencia mediante una rápida inyección de liquidez. “Para ello, resulta crucial la activación urgente de subsidios directos no reembolsables a través de agencias estatales como Sercotec o Corfo, destinados al financiamiento de capital de trabajo y reparación de infraestructura”, manifestó Blanco.

A juicio de la decana, también resulta indispensable establecer un alivio tributario mediante la postergación temporal del pago del IVA, reforzar las líneas de crédito con garantía estatal mejorada —al estilo FOGAPE— e implementar programas de retención del empleo que cofinancien remuneraciones para evitar despidos masivos en las zonas afectadas.

Respecto de las grandes empresas e industrias estratégicas, como la minería, la agroindustria, los puertos y el retail, la académica explicó que estas no requerirían asistencia social directa, sino condiciones que permitan recuperar rápidamente la operación. En ese contexto, propone implementar un fast-track o ventanilla única que agilice los planes de inversión privada en infraestructura resiliente y simplifique la tramitación de permisos.

A ello se suma el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para acelerar la reparación de infraestructura crítica mediante concesiones y licitaciones expeditas, aprovechando la capacidad de ejecución inmediata del sector privado.

Asimismo, planteó avanzar en la modernización de los protocolos de contingencia e incentivar la resiliencia energética mediante beneficios tributarios, como la depreciación acelerada para inversiones en electromovilidad y sistemas energéticos descentralizados, reduciendo la vulnerabilidad de la gran industria frente a futuros apagones. Estas medidas, agregó, deben complementarse con una facilitación urgente del comercio exterior, coordinando la logística en aduanas y pasos fronterizos para restablecer el flujo de exportaciones e importaciones afectadas por los temporales.

Un escenario económico complejo

Las propuestas de la decana se enmarcan en un contexto particularmente delicado para la economía nacional. La emergencia climática, marcada por intensas precipitaciones y fuertes vientos, coincide con un momento en que las proyecciones de crecimiento para Chile en 2026 fueron ajustadas a un 1,8%, en medio de un persistente estancamiento de la actividad económica y preocupantes cifras de desempleo.

En ese escenario, Blanco sostuvo que, más allá de las inundaciones, los cortes de caminos y los daños en viviendas, los sistemas frontales de gran intensidad dejan una huella menos visible, pero igualmente profunda, sobre el desempeño de la economía.

A nivel macroeconómico, explicó que los daños a viviendas, bordes costeros e infraestructura pública, como puentes y caminos, obligarán al Estado a destinar recursos extraordinarios para la reconstrucción, desviando fondos en un año en que el Gobierno busca contener el déficit fiscal estructural.

En el ámbito productivo y logístico, las consecuencias también comienzan a hacerse evidentes. La Confederación de Ferias Libres (ASOF) alertó que el deterioro de caminos rurales, la imposibilidad de cosechar y la saturación de los suelos retrasan las labores agrícolas de invierno y amenazan la cadena de suministro de frutas y verduras, anticipando alzas de precios para los consumidores.

“A estos daños estructurales en la agricultura —sector que tuvo un arranque histórico a principios de año— se suma la alteración del comercio exterior, luego de que diversos recintos portuarios debieran suspender temporalmente la recepción y despacho de carga a causa de las fuertes marejadas”, precisó Blanco.

La contingencia también repercute en el mercado laboral y en la rutina diaria. El anegamiento de calles, las alertas de evacuación y la suspensión masiva de clases obligan a numerosos trabajadores a permanecer en sus hogares para cuidar a sus familias o resguardar sus bienes.

“En suma, la contingencia actúa como un freno temporal que, más allá del impulso artificial en la venta de insumos de emergencia, advierte que el costo de la paralización, la reconstrucción y el impacto inflacionario en los alimentos básicos dejarán un saldo económico negativo para este tercer trimestre”, destacó la académica.

• El director del Instituto de Geografía de la PUCV y experto en geomorfología, advierte que la saturación de los suelos y la intervención humana en laderas configuran un escenario crítico. Además, prevé un balance negativo para las playas producto de las marejadas.

Los frentes meteorológicos que están afectando a una parte del territorio nacional han encendido las alarmas no solo por las inundaciones, caída de árboles y cortes de energía eléctrica, sino también por un peligro latente que ocurre durante y, que incluso, persiste después de las lluvias: las remociones en masa o deslizamientos de tierra. La conjunción de precipitaciones extraordinariamente intensas en períodos reducidos de tiempo y la fragilidad estructural de los terrenos pone el foco en las laderas y quebradas de la costa central del país.

Según explicó Hermann Manríquez, director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y especialista en geomorfología, la amenaza en la costa de Chile central responde a una compleja simultaneidad de factores atmosféricos, geológicos y antrópicos.

“En la cordillera de la Costa predominan rocas plutónicas muy antiguas con un alto grado de meteorización o alteración las cuales, especialmente en las laderas que enfrentan al mar y reciben directamente la humedad asociada a los sistemas frontales, son más susceptibles de perder estabilidad cuando se saturan de agua”, explicó el académico.

A este condicionante natural se suma la modificación urbana del territorio. La alteración de los perfiles naturales de equilibrio en las laderas para la construcción de viviendas e infraestructura ha disminuido su estabilidad natural. “Cuando coinciden precipitaciones intensas, intervenciones antrópicas en las laderas, rocas altamente alteradas y pendientes pronunciadas, aumenta significativamente la probabilidad de que se produzcan remociones en masa”, subrayó Manríquez.

Un riesgo que sobrevive a la tormenta

El director del Instituto de Geografía de la PUCV advirtió que la posibilidad de que ocurran estos eventos no culmina con el término de las lluvias. Factores desencadenantes como nuevos chubascos o la actividad sísmica —propia de nuestra geografía— actúan como gatilladores inmediatos en terrenos que ya arrastran un nivel de inestabilidad crítico. Cortes de ladera mal diseñados, taludes sin la mantención adecuada e infraestructura deficiente –como ductos o muros mal calculados– aumentan el peligro.

De hecho, el geógrafo explicó que un deslizamiento puede ocurrir incluso sin la presencia de un sismo o lluvias en el momento exacto, debido a la fatiga o la deficiente mantención de infraestructura. Por ello, llama a la población y a las autoridades a no relajar las medidas de cuidado y a mantener una vigilancia activa sobre indicadores sutiles de colapso, tales como el desprendimiento de pequeñas rocas, la aparición de grietas en el terreno o estructuras, cambios de ángulos o inclinaciones de paredes y ruidos subterráneos originados por la fractura interna de materiales.

El impacto en las playas

Al analizar los efectos del sistema frontal sobre la zona costera, Manríquez enfatizó que las playas chilenas atraviesan una situación delicada que va mucho más allá de su valor turístico. Afectadas por más de una década de sequía prolongada, las cuencas costeras redujeron el transporte de sedimentos hacia el mar, privando a las playas de la arena que naturalmente las alimenta. Este déficit sedimentario ha coincidido con un incremento observado en la frecuencia e intensidad de las marejadas, provocando un progresivo e histórico adelgazamiento de las playas.

Si bien las intensas lluvias de estos días reactivarán las cuencas y arrastrarán nuevos sedimentos y arenas hacia el mar —lo que constituye un proceso inicialmente positivo—, el frente meteorológico trae consigo otra cara de la moneda: marejadas de gran energía capaces de erosionar la costa de forma acelerada.

“A mi juicio, es probable que la erosión provocada por las marejadas sea superior en dimensión territorial que el aporte de sedimentos proveniente de las cuencas”, proyectó el académico de la PUCV. Y añadió que “como consecuencia, el balance final seguirá siendo negativo, agudizando la pérdida de superficie de playa”.

Este escenario resulta preocupante debido a las características tectónicas de Chile central, donde la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana configura un litoral predominantemente alto y rocoso, convirtiendo a las playas en un recurso natural escaso y vulnerable. “Perder superficie de playa no solo implica un impacto sobre el paisaje o el turismo, sino también sobre ecosistemas costeros y sobre un patrimonio natural cuya recuperación, una vez degradado, puede ser irrecuperable”, concluyó el especialista.

Marcos Barraza, subjefe de la bancada del Partido Comunista e Independientes, fustigó al gobierno sosteniendo que, “no actuó de manera preventiva y no fue oportuno en su capacidad de respuesta” pero además, sigue manteniendo la prioridad en aprobar rápidamente la megarreforma de los súper ricos. 

“Estamos frente a riesgos que podrían haber sido mitigados”, señala Barraza, quien además cuestiona que no se haya decretado aún zona de catástrofe en algunos sectores aislados de la región de Valparaíso, y que aún no se apruebe ocupar el 2% del presupuesto nacional para enfrentar la emergencia y la reconstrucción. 

El gobierno ha mantenido la suma urgencia para la discusión de la megarreforma tributaria, aun cuando hay diputados que se encuentran aislados en la región de Coquimbo. Ante ese escenario, Marcos Barraza asegura que, “hubiese sido mucho más consistente con la gravedad de las inundaciones que se han vivido en Chile, que el Congreso hubiese destinado esfuerzos a estar presente los parlamentarios en sus distritos”. 

“La señal es pésima”, sentencia Barraza, agregando que, “no es menor que haya 5 personas fallecidas, no es menor que haya personas desaparecidas”.

Comisión investigadora para dilucidar responsabilidades 

Ante el mal funcionamiento del gobierno en la emergencia, la bancada del Partido Comunista e Independientes, anunció la creación de una comisión investigadora que debe ser ratificada por votación en cámara, quien determinará las responsabilidades que deberán asumir quienes han estado en el manejo de la catástrofe. 

2% del presupuesto nacional para reconstrucción 

El diputado comunista, explica que el 2% del presupuesto nacional que podría ser destinado para la reconstrucción ayudaría a reconstruir o reparar, escuelas, caminos y viviendas afectadas, dinamizando además la economía del país, en contraste con los recortes en educación en dónde justamente se le quitaron recursos al presupuesto de reparación de infraestructura. 

Trabajos voluntarios FECH 

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile ha movilizado más de 100 voluntarios para trabajar en comunas populares de la región metropolitana, el diputado Barraza valoró enormemente esta acción y sostuvo que, “eso habla muy bien del espíritu solidario, del amor por Chile, de la voluntad colectiva que tiene el movimiento estudiantil en nuestro país”. 

Finalmente, el parlamentario comunista reafirmó, “hay que celebrarlo, hay que poner toda la disposición para que ese movimiento estudiantil juegue un protagonismo mayor en el devenir de Chile”.

Por Sergio Campusano, dirigente de la comunidad de Huascoaltinos.

No estamos tan bien como quisiéramos y les comparto a manera de reflexión lo concluido con palabras no enteramente mías, pero sí de un gran número de líderes del sector rural.

Cuando ocurre una catástrofe, el Estado se convierte en un arrendatario de emergencia. Termina pagando fortunas por maquinaria y servicios que, con mínima planificación, podrían formar parte de una institución pública permanente.

El resultado del libre mercado en la emergencia es el peor de los mundos: más gasto fiscal y menos velocidad de reacción.

En un temporal, aluvión, incendio o un terremoto, las primeras horas lo son todo. Si los municipios y los gobiernos regionales no tienen equipos, maquinaria y personal propio para actuar de inmediato, perdemos un tiempo irrecuperable mientras la burocracia busca, licita y contrata a una empresa privada que esté disponible.

Hoy, cuando llega un temporal, aluvión, un incendio forestal o un terremoto, el Estado se ve obligado a subcontratar todo:

-Diversos transportes de emergencia.
-Diversos equipos de remoción.
-Diversos servicios de utilidad pública.

Pareciera un negocio redondo.

Causas y consecuencias de un Estado débil y poco organizado en las emergencias:

1.- Falta de Consulta Indígena asertiva y apropiada del MOP, principalmente de la Dirección de Vialidad. Aquí conocemos bien nuestro territorio y sabemos donde construir y modernizar y donde no, pero los expertos externos son ellos.

2.- Falta el uso de brigadas locales del Pueblo (Vecinos Voluntarios) que en coordinación con los Servicios públicos solucionen con mayor asertividad las emergencias catastróficas.

3. Tiempo perdido: Las primeras 48 horas son clave. Cuando no tienes maquinaria propia estacionada en el territorio, pierdes la capacidad de reacción inmediata.

4. Oportunismo: La emergencia se convierte en un negocio. La respuesta no debería depender de un contrato de licitación que se firma cuando el agua ya se llevó las casas.

5. Falta de prevención: Si el Estado no tiene recursos propios para operar, mucho menos tiene capacidad para hacer prevención de quebradas, mantención de cauces o cortafuegos.

La seguridad de nuestras comunidades no puede estar supeditada al margen de ganancia de una empresa. Es, y debe ser, una capacidad estratégica irrenunciable del Estado.

6. Es hora de establecer geográficamente zonas de mayor seguridad y zonas de mayor peligro y no estar a ultima hora abriendo sedes comunitarias como albergues temporales como si fuéramos principiantes en estos temas catastróficos.

Hoy se habla de recursos extraordinarios para reconstruir, pero la pregunta clave sigue siendo otra: ¿Por qué seguimos llegando siempre tarde? ¿Cuánto invertimos realmente en prevención, en mantención de quebradas y en infraestructura pública resistente al clima extremo?

Reconstruir es urgente y necesario. Pero prevenir es inaplazable. Un Estado fuerte y preparado no es un gasto superfluo: es la inversión más rentable que podemos hacer para proteger vidas, salvar territorios y asegurar el futuro de Chile.

La resiliencia territorial no se construye con subcontrataciones. Se construye con los Pueblos Originarios, con las Comunidades Agrícolas, con las Juntas de Vecinos, los municipios y gobiernos regionales con capacidades operativas propias, presupuestos robustos y equipos humanos y técnicos estables.

Chile es un país altamente expuesto a desastres climáticos y geológicos. Pretender que la seguridad de nuestras comunidades dependa de la disponibilidad de maquinaria privada o de la agilidad burocrática para licitar en medio del caos es una apuesta que siempre perdemos.
La emergencia es una necesidad pública, no una oportunidad de negocio. Exigir un Estado fuerte, con maquinaria, equipos y personal propio, debería ser una prioridad transversal si queremos estar preparados para la próxima catástrofe.

¿Creen que el Estado debería recuperar su capacidad operativa o crees que la subcontratación privada es la solución?

Bajo el lema, “La Chile ayuda a Chile”, alrededor de 100 voluntarios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile se han desplegado en las calles de Lo Espejo, La Cisterna, Cerro Navia y Puente Alto, para ayudar con trabajos voluntarios en el despeje de calles inundadas con agua y barro, armar y entregar sacos de arenas y ponerse a disposición de los municipios. 

En lo Espejo, comenzaron los trabajos el jueves en Avenida La Feria, Callejón Lo Ovalle y Marcela Paz, los jóvenes universitarios, retiraron ramas y palearon barro, habilitando así las veredas y calles para el tránsito de los vecinos. Una medida que nace desde la Federación de estudiantes, “para solidarizar y hacerse parte del territorio” y que logró una alta adhesión de los futuros profesionales, lo mismo se ha replicado en las comunas de Puente Alto y Cerro Navia.  

La presidenta de la FECH, Laura Mlynarz declaró, “los estudiantes debemos cumplir con el rol de ponernos a disposición de las necesidades del pueblo de Chile, la juventud tiene no solo la rebeldía, sino también la energía, para poner manos, ganas y también todo el conocimiento que tengamos sobre todo en los momentos de emergencias”. 

Asimismo, Mlynarz constata que, “un sistema frontal como este no se refleja igual en todas las comunas del país, sino que existe una desigualdad estructural y eso se ve reflejado también en las consecuencias, en algunas comunas periféricas de la RM, las calles parecen ríos, las casas se inundan”. 

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, agradeció a los voluntarios de la FECH y sostuvo que, “nos permitieron realizar gran parte de las labores de remoción, con esto estamos haciendo comunidad, una labor que es profundamente apreciada por los vecinos”. 

Además, Reyes comentó que había exhortado al ministro Poduje a concretar una solución real para la Avenida Lo Espejo, sector que históricamente se anega en la popular comuna y que fue limpiada, una vez más por trabajadores municipales y estudiantes voluntarios, a la espera de que el Estado cumpla con una demanda de décadas. 

Por último desde la Fech, comentan que los trabajos voluntarios seguirán operando hasta después de culminado el frente de mal tiempo y realizaron un llamado a los jóvenes universitarios a unirse a este llamado junto con la Confech.