Por Estefany López fundadora de mamas en licencia

Yosmari tiene un contrato de trabajo. Está cumpliendo con sus días laborales. Ha cotizado durante meses. Es miembro de FONASA. Su licencia prenatal y postnatal fue autorizada por ley. Pero mientras sostiene a su recién nacido, su subsidio que debería asegurar seguridad económica simplemente no llega. La razón es tan breve como desconcertante: tiene un RUN provisorio. 

Este no es un caso aislado. En las últimas semanas he conocido varios casos de trabajadoras migrantes que cumplen con los requisitos laborales y de seguridad social para acceder al subsidio por incapacidad relacionado con la maternidad, pero cuyo pago sigue suspendido debido a una condición que hasta ahora no ha encontrado respaldo en una norma legal conocida. La respuesta de la administración tiende a referirse a una supuesta “orden” o restricción administrativa. Pero cuando se solicita conocer el acto administrativo, la circular o la disposición legal que lo respalda, las respuestas son inadecuadas o simplemente inexistentes. Y ese silencio no es pequeño. Bajo un Estado de Derecho, la Administración puede actuar dentro del marco que la ley permite. El principio de legalidad exige que cualquier restricción a un derecho tenga una base legal expresa. Si una trabajadora cumple con los requisitos de la ley para obtener el subsidio de maternidad, una condición adicional de tal solicitud debe estar prevista en la ley. De lo contrario, no estaríamos haciendo lo que la ley dice hacer, sino lo que es una práctica administrativa que merece ser examinada. 

Hasta ahora, las regulaciones públicas no implican que tener un RUN definitivo sea un requisito para obtener el subsidio prenatal y postnatal. El Decreto con Fuerza de Ley N° 44 de 1978 que regula los subsidios por incapacidad indica que se requiere de afiliación y cotizaciones de seguridad social, pero no incluye la necesidad de adquirir una cédula de identidad definitiva. Asimismo, el Código del Trabajo protege la maternidad y otorga descanso prenatal y postnatal a las trabajadoras sin hacer distinciones basadas en el estatus migratorio y tipo de RUN de la trabajadora. Tampoco está claro, hasta ahora, que las regulaciones e instrucciones públicas de la Superintendencia de Seguridad Social tengan alguna circular o guía general que indique que las trabajadoras con RUN provisorio no tienen derecho al pago del subsidio de maternidad. Si tal instrucción existe, entonces debería ser conocida y la autoridad debería explicar cuál es la base legal que la autoriza. Porque esa respuesta importa. No solo para las madres que han sufrido también para la confianza pública. La transparencia requiere que las decisiones administrativas que restringen derechos puedan ser conocidas, entendidas y reguladas por los ciudadanos y ciudadanas. Los beneficios de seguridad social no deben depender de criterios o instrucciones predeterminadas que no puedan ser verificadas. La contradicción es obvia. El Estado conoce la situación laboral de estas trabajadoras, paga sus cotizaciones de seguridad social, las incluye en el sistema de salud pública, les otorga licencias médicas y reconoce su derecho a la licencia de maternidad. Pero cuando se trata del beneficio económico destinado a proteger este período, el proceso parece detenerse debido a una condición que la ley no aborda. Las consecuencias tienen un impacto mayor que una conversación administrativa. En cada expediente hay una madre que está a punto de tener un hijo o hija pero sin dinero; familias sin dinero para lo básico de la vida; recién nacidos que necesitan pedir prestado para sobrevivir; la seguridad económica que un niño o niña debiese tener durante los primeros meses de vida. Y la discusión se convierte también en una discusión constitucional y de derechos humanos. La igualdad ante la ley, en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, es que aquellos en la misma posición legal deben recibir el mismo trato a menos que haya una base objetiva y legal para el trato diferente. A eso se suman los compromisos internacionales asumidos por Chile (CEDAW) y el Convenio N° 183 de la OIT, para garantizar la protección de la maternidad y la seguridad social para las trabajadoras, y garantizar la igualdad de acceso a la seguridad social sin discriminación. No es tan simple como la migración. Se trata de cómo el Estado entiende la protección de los derechos sociales. Y si una persona puede trabajar legalmente, cotizar, financiar y acceder a la atención médica, entonces es legítimo preguntar por qué dejan de ser considerados sujetos de protección precisamente al ejercer uno de los derechos más protegidos por nuestro sistema legal: la maternidad. 

Este es el caso con la respuesta institucional. Si hay una instrucción administrativa que limita el pago del subsidio de maternidad a trabajadoras con RUN provisorio, entonces el gobierno tiene el deber de hacerla transparente, explicar su base legal y ponerla en el radar público. Y si esa instrucción no existe, entonces es importante revisar las prácticas administrativas que están dejando a madres y recién nacidos sin los beneficios que la ley debiese proporcionar. 

Chile tiene una de las tasas de natalidad bajísima. En este contexto, es contradictorio promover políticas que fomenten la maternidad mientras las mujeres tienen que llevar a cabo sus partos sin la protección económica que el sistema de seguridad social ha prometido proporcionar. La fortaleza de un Estado de Derecho es más que solo por las leyes que aplica, sino también por cómo las aplica. Ningún recién nacido debería comenzar su vida condicionado por una barrera administrativa cuya base legal es desconocida. Porque la maternidad no puede basarse en el tipo de RUN que aparece en una base de datos. Solo necesita una ley y el fuerte compromiso del estado con la protección de todas las madres y todos los niños y niñas que viven en Chile.

La Segunda Sala de la Corte Suprema, por unanimidad, rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo planteados por la defensa del ex mayor de Carabineros Carlos Gastón Manterola Miranda, confirmado así la condena en su contra por su responsabilidad en los homicidios calificados José Andrés García Lazo y Jorge Rodrigo Muñoz Mella, jóvenes ejecutados el 18 de septiembre de 1973 en el Zanjón de la Aguada, en Santiago.

Los ministros Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo; y, los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo dejaron a firme el fallo de segunda instancia y condenaron a Manterola en calidad de autor de los homicidios calificados cometidos en contra de las víctimas, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Del mismo modo, el máximo tribunal, mantuvo la condena de José Alejandro Cabrera Tapia, sargento de Carabineros, en calidad de cómplice de los homicidios calificados cometidos de ambas víctimas, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. De acuerdo a la investigación, las víctimas fueron detenidas, asesinadas y luego lanzadas al caudal del río, desde donde se les pierde su rastro, permaneciendo por años en calidad de detenidos desaparecidos.  En 1991 sus cuerpos fueron encontrados en el Patio 29 del Cementerio General.

La abogada querellante Andrea Gattini del Estudio Caucoto Abogados destacó la resolución señalando que “En estos tiempos difíciles para los derechos humanos en Chile, que se haga justicia en estos casos cobra aún mayor importancia, no importa cuánto tiempo haya transcurrido desde la ocurrencia de estos crímenes terribles. Por esto siempre es importante visibilizar la labor que aún siguen haciendo nuestros tribunales, que se debe mantener hasta que la Justicia sea para todos”.

Los hechos

De acuerdo a la investigación realizada por la ministra en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González,  se pudo establecer los siguiente hechos:

“El día 18 de septiembre de 1973, cerca de las 21 horas, Jorge Rodrigo Muñoz Mella, chileno, 18 años, soltero, estudiante y José Andrés García Lazo, chileno, casado, 29 años, técnico en televisión, regresaban a casa del último de los nombrados, en horas del toque de queda, luego de haber estado celebrando fiestas patrias, pero antes de llegar al inmueble incitan desórdenes en la vía pública, lo que origina la molestia de una vecina que los denuncia a Carabineros que vigilaban en el sector el cumplimiento de restricción horario.

Es así como efectivos de Carabineros de la dotación de la 8a Comisaría de Santiago concurren al lugar y a pesar que los aludidos Jorge Muñoz y José García ya se encontraban al interior del inmueble ubicado en calle Bascuñán Guerrero N°620, igualmente irrumpieron en él y por la fuerza les sacaron a la vía pública, donde son obligados a tenderse en el suelo y, aprovechando que se encontraban indefensos, dispararon en contra de ambos, acción que les provoca heridas graves que les causa la muerte al instante. Ya inerte, los cuerpos de Muñoz y García son subidos al furgón policial, en que los trasladan hasta el puente “Zanjón de la Aguada”, donde los lanzan al caudal de río resultando imposible su ubicación por parte de sus familiares, pese a haberlos buscado intensamente.

En el año 1991 son encontrados sus restos en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, a raíz de lo cual ambos fueron debidamente identificados Gomo Jorge Rodrigo Muñoz Mella y José Andrés García Lazo,

estableciéndose como causa de sus muertes, ‘‘heridas por arma de fuego y siendo la causa inmediata del fallecimiento un shock hemorrágico en el contexto de una muerte de etiología médico legal, violenta homicida”.

Piero Soto Rivas, analista y académico, U. Central

Hay ideas tan malas que uno supone que morirán en el primer trámite. Y después descubre que la Cámara las aprobó por 79 votos, que el Senado las ratificó, y que hizo falta que el Banco Central rompiera su prudencia habitual para advertir que el país estaba a punto de legislar contra la realidad.

Hablo de la indicación del diputado Héctor Ulloa (Independiente-PPD) que, colada en la megarreforma, busca prohibir el anatocismo: el cobro de intereses sobre intereses. Sin eufemismos, un proyecto para prohibir el interés compuesto. Es decir, para prohibir una operación matemática.

Allí anida el negacionismo. El interés compuesto no es una trampa de la banca para exprimir al deudor: es la expresión aritmética de algo elemental, que el dinero vale distinto en el tiempo. Es el mismo mecanismo que hace crecer su depósito a plazo o su ahorro previsional. No hay un interés compuesto “malo” para las deudas y uno “bueno” para el ahorro: es el mismo. Prohibir uno es mutilar el otro.

Por eso la advertencia del Banco Central fue tan categórica. Prohibir el interés compuesto no abarata el crédito: los oferentes subirán las tasas simples hasta reconstruir su margen y el deudor pagará lo mismo o más. A cambio, el ahorrante pierde la capitalización de productos tan masivos como los depósitos renovables. Y la medida no tiene un solo precedente internacional. Ninguno.

Eso es negacionismo económico: creer que basta un artículo en el Diario Oficial para derogar principios que operan como la gravedad. La misma familia que fija precios y produce desabastecimiento, que congela arriendos y destruye la vivienda, que confunde la buena intención con el buen resultado.

Y aquí la buena intención es agravante. Se legisla contra el deudor en nombre del deudor; se castiga al ahorrante en nombre de la justicia; se celebra una “solución” que los propios reguladores técnicos sugieren no aprobar. Que 79 diputados aprueben algo que ningún país del mundo ha hecho, y que el instituto emisor deba advertirlo, debería bastar para detenerse a pensar. Se prefirió el titular. El Ejecutivo prepara un veto, y hará bien. Pero el veto corrige la ley, no la mentalidad que la produjo.

En el hall principal del Centro Cultural La Moneda se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2026 a la destacada dirigenta y presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos AFEP, Alicia Lira Matus.

En una emotiva y concurrida ceremonia, cientos de personas acompañaron el evento que promueve el Instituto Nacional de Derechos Humanos, encabezado por su director, Yerko Ljubetic; junto la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, el subsecretario de derechos humanos, Pablo Mira, la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Misala, el antecesor Premio Nacional de Derechos Humanos, Claudio González Urbina; entre otros personeros como diputados, alcaldes, concejales, dirigentes sociales y sindicales, estudiantes y quienes quisieron acompañar esta distinción.

Yerko Ljubetic destacó la sobresaliente contribución de Alicia Lira a la promoción y defensa de los derechos humanos, haciendo cita del acta con el que los diferentes miembros del Consejo del INDH decidieron reconocer la persistencia y consistencia en la trayectoria de la dirigenta de la AFEP: 

En ello, destacó el rol jugado por Alicia Lira cuando se estableció un auto acordado con la Corte Suprema el año 2008 y que permitió a la AFEP levantar una querella por más de 1250 personas que sufrieron vulneración a sus derechos humanos tras el Golpe y durante la dictadura y que no contaban con representación legal. Asimismo, se refirió a su contribución a la cultura a partir de importantes publicaciones y de su participación en comisiones de verdad y justicia a nivel internacional.

“Me declaro no sobreviviente sino una persona que vive la vida”

Alicia Lira desde su entrada al salón principal del Centro Cultural fue ovacionada por el público presente quien la recibió con aplausos y emotivos cánticos que recordaron la constante y fiel invocación de las agrupaciones de derechos humanos a sus familiares y a quienes han luchado en el país por los derechos, la verdad y la justicia social.

La dirigenta, luego de recibir el diploma de distinción que fue entregado por el director del INDH, agradeció a sus compañeras de la Agrupación a quienes dedicó esta premiación, refiriéndose a la larga lucha colectiva dada por la justicia plena en los casos de violaciones a los derechos humanos por el terrorismo de Estado:

Tales palabras tuvieron eco entre las integrantes de la AFEP, donde una de sus dirigentas, Yorka Salinas Martin, valoró la dedicación colectiva de Alicia Lira a sus compañeras:

“Uno nunca debe dejar la humanidad, la solidaridad, le tiene que doler a uno lo que hace; lo otro es la alegría”, defendió Lira en su alocución: “Yo me declaro no sobreviviente sino una persona que vive la vida porque queremos una transformación política igualitaria y eso tiene que ver con la alegría, con la esperanza, con la construcción colectiva”.

Un recurso necesario

También manifestó su solidaridad con las personas y familias que hoy sufren daños por las lluvias torrenciales acaecidas en diferentes regiones del país, así como reivindicó justicia para las víctimas de la violencia estatal durante el estallido social.

A su vez, señaló que esta premiación es una herramienta frente a los retrocesos en derechos humanos que se han ejecutado en el gobierno de José Antonio Kast, como ha sido, por ejemplo, la cancelación de la unidad de investigación del Ministerio de Justicia sobre adopciones forzadas UBAFI y sobre la incertidumbre que ronda al Plan de Búsqueda y a su efectiva continuidad.

Al respecto, el subsecretario Pablo Mira señaló que la UBAFI se mantiene en pos de resguardar el derecho de identidad, al igual que el Plan de Búsqueda, aseveró:

No obstante, en la sociedad civil y la institución política no cesa la preocupación por los pasos que ha dado el ejecutivo respecto a lo avanzado en derechos humanos durante los ciclos políticos anteriores. María Eugenia Puelma, integrante del Comité Central del PC y encargada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Colectividad, apuntó a la importancia de defender su institucionalidad:

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, presente en el evento, se refirió a la importancia de la educación en derechos humanos como un asunto esencial. “Educar a las nuevas generaciones de que son la base de la convivencia social y a partir del respeto de esos derechos esenciales, se puede generar una sociedad, democracia, justicia”.

Asimismo, Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile y quien celebró la trayectoria de la dirigenta, expresó sus puntos acerca del proyecto de ley sobre sitios de memoria que se debate en el Parlamento:

El acto también estuvo acompañado de dos intermedios musicales en la voz de la solista Más que música, mientras que en paralelo al acto se montó una exposición relativa a los distintos actores sociales que han sido galardonados con el Premio Nacional de Derechos Humanos, lo que contó con la entrega de coloridos modelos armables de papel con las figuras corpóreas en miniatura de aquellos. La creación de dicho material, estuvo a cargo del diseñador Ángelo García:

Hija Ilustre

Entre los asistentes también estuvieron presentes concejales de la Comuna de Cerro Navia como Saida Inostroza y Mario Ferrada quienes reconocieron en Alicia Lira un referente de lucha que ha trascendido transgeneracionalmente a los habitantes de la comuna:

La concejala se refirió a la importancia de conservar la memoria reciente donde Cerro Navia fue un referente de resistencia social y popular durante la dictadura y de lucha por los derechos humanos:

Por su parte, el concejal Mario Ferrada también compartió que la Premio Nacional fue elegida como Hija Ilustre de la comuna por su Concejo en el mes de mayo: “se hace justicia en el reconocer a las personas en su labor hoy día, en vida, por lo que han hecho no desde ayer sino desde hace muchos años de manera permanente consiste con una convicción que ya se la quisiera cualquier autoridad para su  gente”.

“Por lo tanto, que tengamos el reconocimiento en uno de los nuestros, estrecha el vínculo y deja en relevancia la necesidad de entender que los derechos humanos no es una causa específica sino una lucha constante y una tarea permanente”, puntualizó.

El Reporte N°130 advierte sobre una emergencia sanitaria en campamentos de desplazados, denuncia abusos contra detenidos palestinos y sostiene que más de 1.180 personas han muerto en Gaza desde el acuerdo de cese al fuego.

La Embajada del Estado de Palestina en Chile dio a conocer este miércoles su Reporte N°130 sobre los efectos de las agresiones israelíes en Palestina, en el que advierte sobre un deterioro sostenido de la situación humanitaria en Gaza y Cisjordania ocupada, marcado por una crisis epidemiológica, restricciones a la ayuda humanitaria, expansión de asentamientos y denuncias de violaciones al derecho internacional.

Entre los principales antecedentes, el informe alerta sobre un brote de varicela que afecta a los campamentos de desplazados en la Franja de Gaza. Según datos citados de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), se registraron cerca de 9.300 casos en apenas dos semanas, favorecidos por el hacinamiento, la falta de agua potable, las deficientes condiciones sanitarias y el colapso del sistema de salud. El reporte señala que más de 1,7 millones de personas permanecen desplazadas en alrededor de 1.600 asentamientos temporales.

El documento también denuncia graves abusos contra detenidos palestinos bajo custodia israelí, incluyendo personal médico. Entre los testimonios recopilados se mencionan torturas, abusos sexuales, confinamiento en condiciones degradantes, amputaciones sin anestesia y restricciones al acceso de organismos humanitarios independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, sostiene que decenas de médicos y cientos de trabajadores de la salud permanecen detenidos desde octubre de 2023, afectando aún más la capacidad de atención sanitaria en Gaza.

En materia de víctimas, el reporte afirma que desde la entrada en vigor del acuerdo de cese al fuego han muerto 1.180 palestinos y otras 3.810 personas han resultado heridas en Gaza. Además, cifra en 73.305 los fallecidos y 173.918 los heridos desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, indicando que muchas víctimas continúan bajo los escombros sin poder ser rescatadas.

Respecto de Cisjordania ocupada, la Embajada de Palestina sostiene que continúa la expansión de asentamientos israelíes y denuncia una anexión de facto del territorio. El informe señala que durante julio se impulsaron proyectos para construir más de mil nuevas viviendas en asentamientos y recuerda que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reiteró que estos carecen de validez jurídica y constituyen una violación del derecho internacional.

El reporte también advierte que las restricciones impuestas al ingreso de ayuda humanitaria continúan agravando la crisis alimentaria en Gaza. Según los antecedentes recopilados, organismos internacionales sostienen que las limitaciones para distribuir suministros esenciales y la destrucción de infraestructura han profundizado el hambre y dificultado la asistencia a la población civil.

Finalmente, el documento denuncia ataques sistemáticos contra el sector agrícola palestino, indicando que entre el 10 y el 17 de julio las pérdidas directas superaron los 1,86 millones de dólares, incluyendo la destrucción de más de 1.300 olivos, además de infraestructura de riego, caminos agrícolas, invernaderos y tierras de cultivo, lo que según el Ministerio de Agricultura de Palestina citado en el informe afecta la seguridad alimentaria y los medios de vida de la población palestina.

El presidente del regional del Partido Comunista de Atacama, Mario Rivas, profundizó en la situación que se vive en la región por el paso de lluvias torrenciales y que motiva el planteamiento local de extender los estados de excepción constitucional y de otras medidas administrativas para más comunas de Atacama.

El día lunes el gobierno comunicó extender el Estado de Catástrofe para la provincia del Huasco al igual como fue declarada para la región de Coquimbo. A eso, el dirigente, añadió que desde el gobierno regional en conjunto con alcaldes se ha solicitado declarar también el Estado de Emergencia para esa provincia.

“A partir de las precipitaciones que se han registrado y que han generado importantes afectaciones en distintos puntos de la región, el llamado al gobierno es a dotar de mayores herramientas y recursos para enfrentar la etapa de recuperación que viene”, dijo sobre el frente atmosférico inédito en la zona y que ha generado pérdidas humanas, daños de infraestructura pública y privada y suspensión de suministros básicos.

Semanas atrás el gobierno central permitió flexibilizar el uso del 2% del Fondo de Emergencia. Al respecto, el dirigente plantea que la medida facilitó al gobierno regional poder comprometer $1100 millones para ir en apoyo de las comunas de El Huasco -Vallenar, Freirina, Alto del Carmen, Huasco-, no obstante, esos recursos no son suficientes:

En el caso de la provincia de Copiapó también existe preocupación por Tierra Amarilla -en tanto, recientemente  se declaró el Estado de Catástrofe para esa comuna- que se ubica en la zona cordillerana y donde hubo importantes nevazones que podrían afectar la agricultura familiar y a los crianceros de la zona. Tal situación generó importantes cortes de camino y el aislamiento de sus habitantes, al igual que la lluvia torrencial en varias comunas de Atacama y Coquimbo:

Hay una preocupación muy grande de la gente de Atacama porque “aquí todos se interrelacionan: familias que viven en Vallenar con familiares que están en Copiapó, que están en Diego de Almagro, en fin, hay una interrelación muy directa, muy familiar”, describe.

Sin embargo, esa inquietud ha trascendido el ámbito nuclear por una hacia toda la región a través de una campaña solidaria coordinada desde los municipios y bajo el llamado a cooperar con víveres no perecibles, agua, medicamentos, señala Rivas.

“Ojalá en paralelo, porque se puede, se decrete la Zona de Catástrofe lo que permitiría contar con lo principal: recursos y condiciones para ir en ayuda rápida en esta emergencia mayor”, acotó el dirigente del PC apuntando a otra medida administrativa habilitante.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, la senadora Claudia Pascual Grau cuestionó duramente el déficit fiscal y el desfinanciamiento que significa la megarreforma tributaria, asegurando que traería graves problemas al momento de reconstruir tanto el sur como el norte del país que ha sido afectado por los temporales. 

“Lo más complejo, es que más allá de la situación de emergencia es el problema que se nos viene, usted tiene un gobierno que ha recortado el presupuesto en salud, educación y vivienda (…) Por ende un presupuesto 2026 recortado, la discusión del presupuesto 2027 nada hace presagiar que pueda ser muy diferente, usted tiene esta megarreforma aprobada, casi lista para su promulgación que seguirá recortando. Entonces la pregunta es ¿Con qué recursos vamos a reconstruir?” declaró la senadora. 

Bochorno oficialista

El día de ayer el Senado aplazó la votación del informe de la comisión mixta, en un verdadero papelón del oficialismo que no contaba con los votos para aprobar el artículo que “compensa” económicamente al fondo común municipal por la  exención de contribuciones. 

La senadora Claudia Pascual, comenta, “se les retiraron 3 senadores, no estaban en la sala y además hubo un senador que anunció un voto en contra, por lo tanto no tenían los votos”. 

Para la parlamentaria, esto demuestra la tozudez del gobierno para llevar adelante el proyecto que beneficia a los más ricos del país, recordando que tanto en la cámara de diputados como en el Senado, se le pidió al gobierno aplazar la votación por la emergencia climática, petición que fue negada. 

Respecto al artículo como tal, la senadora asegura que, “no es una buena compensación, profundiza la desigualdad”, debido a que propone por ejemplo, que la Tesorería General de la República cobre los derechos de aseo de todos los municipios, intentando con eso compensar, lo que traería graves dificultades para las familias más vulnerables o con menos ingresos. 

Tribunal Constitucional 

Las senadoras y senadores de oposición recurrieron al tribunal constitucional para echar por tierra los artículos de invariabilidad tributaria y el que otorga indemnizaciones a empresas que no cuenten con una resolución calificadora ambiental. 

Pascual, declara que, “todo esto beneficia a los sectores más ricos del país, eso no lo pueden negar”. 

Escucha sus latidos 

La senadora Pascual dijo que, el proyecto de ley que busca que las mujeres que se acogen a alguna de las 3 causales para interrumpir su embarazo escuchen los latidos del feto es simplemente, “un grado de crueldad sin límites”. 

Cabe destacar que Claudia Pascual fue la primera ministra de la mujer y equidad de género y justamente, se desplego por todo el territorio nacional para la formulación y promulgación de la ley de aborto en 3 causales, por lo que, escucho diversos testimonios de mujeres a lo largo de todo el país. 

Más de 100 voluntarias y voluntarios de la Universidad de Chile han participado en trabajos de apoyo y reconstrucción en las comunas de Lo Espejo, La Cisterna, Cerro Navia y Puente Alto. Además, los dirigentes habilitaron la Casa FECh como centro de acopio para reunir ayuda destinada a las regiones de Atacama y Coquimbo.

Maritza Escobar, académica Facultad de Educación, U. Central

Cada vez que se conocen los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), miles de jóvenes se enfrentan a una mezcla de expectativas, nerviosismo y esperanza. Para quienes obtienen un puntaje por debajo de lo esperado, la noticia puede doler. En ese momento parece necesario recordar algo que pocas veces se dice con la misma fuerza con que se anuncian los resultados: ese número no define su futuro. 

Un mal puntaje no mide la inteligencia, el talento ni el esfuerzo. La PAES evalúa habilidades específicas en un momento determinado, pero no refleja la trayectoria completa de un estudiante ni todo aquello que es capaz de lograr. Compararse con otros solo aumenta una presión que ya es suficientemente alta, cuando en realidad cada proceso, cada historia y cada proyecto de vida son distintos.0

Frente a un resultado que genera frustración, conversar con la familia, un profesor o un orientador puede ayudar a poner las cosas en perspectiva, en lugar de enfrentar la decepción en soledad. También es importante actuar con calma: revisar las alternativas disponibles, recalcular ponderaciones, explorar carreras afines o conocer otras vías de acceso a la educación superior son pasos concretos antes de tomar decisiones apresuradas.

Si la frustración persiste, buscar apoyo tampoco debería verse como una señal de debilidad. Acudir al equipo de orientación del establecimiento educacional o conversar con un profesional puede marcar la diferencia para enfrentar este proceso con mayor claridad y confianza.

La PAES es una herramienta para acceder a la educación superior, no una sentencia sobre las capacidades de una persona. Un resultado puede abrir o cerrar algunas puertas en un momento determinado, pero nunca determina el valor, el potencial ni las oportunidades que una persona tendrá a lo largo de su vida.

Ojalá ese mensaje llegue con la misma fuerza que los puntajes. Informarse, respirar, pedir ayuda y mirar las alternativas disponibles es, muchas veces, el primer paso para descubrir que existen más caminos de los que parece cuando los resultados no son los esperados.