Radio Nuevo Mundo

Por Javier Albornoz Rebolledo. Miembro Comisión Política PC de Chile

Las primeras palabras son de solidaridad profunda e incondicional con las víctimas inocentes: con las niñas, niños y adolescentes cuyas vidas fueron interrumpida por el estruendo de las bombas; con sus madres y padres; con los profesores y profesoras que cumplían con su tarea de educar cuando el cielo se convirtió en amenaza; con la población civil que, sin haber decidido ninguna guerra, vuelve a pagar el precio más alto. Ellos y ellas son el rostro verdadero de esta tragedia, vidas humanas destruidas, proyectos truncados y familias rotas en cientos de comunidades.

También nuestra palabra es de condena clara y firme hacia quienes han optado por la agresión. Ninguna razón geopolítica, ningún cálculo estratégico, ninguna retórica de “seguridad” o de “prevención de amenazas” puede justificar bombardear y sembrar terror sobre población civil indefensa. Cuando el poder se ejerce desde la lógica de la fuerza y no del derecho, se cruza una línea que la humanidad ha pagado demasiado caro a lo largo de su historia.

La reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán se inscribe en una larga historia de intervenciones, sanciones y presiones políticas en Medio Oriente. Desde la invasión a Irak en 2003 hasta la prolongada guerra en Afganistán, el desmembramiento de Libia y las tensiones recientes en la región (Siria), se ha tejido una trama de confrontaciones que, lejos de traer estabilidad, han multiplicado el dolor, las fracturas y la inestabilidad política.
Irán ha enfrentado durante años sanciones económicas que restringen su comercio, su sistema financiero y su acceso a bienes esenciales. Pero esas medidas no impactan en abstracto ni distinguen responsabilidades políticas o estratégicas: recaen sobre el conjunto de la sociedad. Afectan a quienes nada decidieron, a trabajadores, jubilados, niñas y niños, a hospitales y escuelas. Las sanciones no son “quirúrgicas”; atraviesan la vida cotidiana y castigan sin distinción a pueblos enteros, profundizando carencias y ampliando desigualdades.

La retórica de la disuasión y la seguridad ha servido para expandir presupuestos militares y consolidar complejos industriales que lucran con la guerra. La tensión permanente se transforma en negocio. La carrera armamentista se presenta como inevitabilidad, mientras se relegan inversiones sociales urgentes. Así, la guerra deja de ser un fracaso de la política para convertirse en elemento funcional de un modelo global que necesita conflicto para sostener su acumulación.

En este escenario, es imprescindible afirmar algo esencial: la paz no pertenece a los gobiernos. No es propiedad exclusiva de cancillerías ni de alianzas militares. La paz es patrimonio de la humanidad. Es un derecho colectivo que antecede cualquier frontera y cualquier doctrina estratégica. Cuando un gobierno decide bombardear, no solo compromete su soberanía; compromete el destino común de pueblos que jamás fueron consultados.

La escalada actual ocurre en un mundo saturado de armas de destrucción masiva y de tecnologías que pueden multiplicar la devastación. Un error de cálculo o una reacción desproporcionada podrían desencadenar consecuencias irreversibles. En un planeta interdependiente, ninguna guerra es verdaderamente local. Sus efectos se expanden en crisis energéticas, inestabilidad económica, desplazamientos forzados y fracturas políticas globales.

Detrás de esta dinámica se encuentra una racionalidad que prioriza el control de recursos estratégicos, rutas energéticas y zonas de influencia. La ambición desmedida del capitalismo en su fase más concentrada de acumuluación de riqueza, convierte territorios en piezas de ajedrez y a los pueblos en variables de ajuste. Cuando la ganancia se coloca por encima de la vida, el riesgo ya no es solo regional: es civilizatorio.

Sin embargo, la historia demuestra que los pueblos no son actores pasivos. Millones se movilizaron contra la guerra de Irak. Movimientos internacionales exigen desarme nuclear y respeto al derecho internacional. Voces del Sur Global reclaman un orden basado en la cooperación y la autodeterminación. Esa energía ética y política sigue vigente.

La Carta de las Naciones Unidas consagra la solución pacífica de las controversias y el respeto a la soberanía. No son fórmulas vacías; son compromisos nacidos tras guerras devastadoras. Defender esos principios hoy es defender memoria histórica y futuro.

La humanidad enfrenta desafíos comunes —crisis climática, desigualdad extrema, inseguridad alimentaria— que exigen cooperación global. Persistir en la escalada militar significa desviar recursos y voluntades que deberían estar orientadas a garantizar derechos y bienestar.

Por eso, levantar la voz por la paz no es ingenuidad. Es responsabilidad histórica, ética y política. Es afirmar que ninguna ambición estratégica puede justificar la muerte de una niña en su escuela ni el terror de una familia que busca refugio.

La paz es pertenencia de la humanidad entera. Defenderla implica exigir el cese de las agresiones, el retorno a la diplomacia y el respeto irrestricto al derecho internacional. Porque en ello no solo se juega la estabilidad de una región, sino la posibilidad misma de que la humanidad sobreviva a su propia capacidad de destrucción.