Durante las últimas semanas la empresa cuprífera ha sido tema de interés debido a la agenda de medidas anunciadas por el Ejecutivo. En este escenario, académicos de las facultades de Economía y Negocios, de Gobierno y de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, explican algunas de las aristas y los posibles escenarios para resolver los estados financieros de la empresa, además de relevar los aportes de la cuprífera al país.

Este lunes 10 de agosto el gobierno autorizó a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) a capitalizar el 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025. Esto es, el uso total de sus ganancias sin transferir al Estado, con el fin de reinvertir dentro de la empresa.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas. La medida, según el comunicado de la empresa, materializa una iniciativa impulsada por el presidente del directorio, Bernardo Fontaine.

De esta manera, se da una primera respuesta oficial a las especulaciones sobre los posibles escenarios para resolver las dificultades internas de la cuprífera. Según el comunicado emitido por Codelco, las utilidades ascendentes a 2 mil 423 millones de dólares se capitalizarán y quedarán en la empresa, una cifra que incluye la valorización contable de Novandino Litio.

Para Francisco Sánchez, senador universitario y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, esta es “una decisión razonable” desde una perspectiva financiera. “Es decir, dicho efectivo que debía transferirse al Estado por concepto de dividendos se mantendrá en la empresa”, explicó.

Respecto a las implicancias de la medida para el Estado, destacó que “deja de recibir recursos que podría destinar a financiar gasto público”. En ese sentido, planteó que deberían analizarse las ventajas en el largo plazo de la medida, dado que los montos transferidos al fisco significaban deuda.

“El beneficio fiscal inmediato tiene como contrapartida un mayor endeudamiento de una empresa que pertenece al propio Estado”, continuó. Por ello, Sánchez cree que “debe analizarse si mantener esos recursos en Codelco permite fortalecer financieramente la empresa y aumentar su capacidad de generar recursos para el Estado en el futuro”.

En cuanto a la incorporación de la valorización contable de Novandino Litio dentro de la capitalización de la empresa, explicó que esto “significa que una parte muy importante de la utilidad informada por Codelco (US$2.423 millones en 2025) no proviene de sus operaciones, sino de un efecto contable asociado a la valorización de su participación en Novandino Litio, que aportó US$3.467 millones al resultado de 2025”, dijo.

Debates

En estas últimas semanas, Codelco volvió a ser un tema de interés. Esta vez, varios planteamientos surgieron con el fin de resolver los problemas financieros y estructurales que enfrenta la empresa bajo el alero estatal, cuyo vínculo histórico se origina con la creación de la empresa mediante el Decreto Ley 1.350, en 1976.

El aumento de la deuda, los problemas de productividad y su estructura fueron motivos para instalar la idea de privatizarla o de evaluar la participación de privados en una parte de su propiedad, una conversación levantada a partir de las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, sugirió mejorar los flujos operativos, priorizar inversiones, ampliar las alianzas público-privadas y evaluar la venta de activos prescindibles. Esta última intención coincide con la del gobierno.

De acuerdo con Francisco Sánchez, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, los “activos prescindibles” son aquellos que “no forman parte del negocio principal de producir cobre o que no aportan ventajas estratégicas. También podrían evaluarse infraestructura subutilizada u otras inversiones que no generen un retorno acorde con su costo de capital”, explicó.

Pero la idea de privatizar la empresa pública pareciera haber quedado descartada. Bernardo Fontaine negó este tipo de medida y precisó que esa es una decisión que recae en el Parlamento y el Gobierno. “Es una discusión sobre nuestras capacidades”, mencionó en una entrevista en Radio Bío Bío el martes 11 de agosto de 2026. “No consideramos privatizar acciones de Codelco. Codelco va a seguir siendo del Estado”, dijo.

Asimismo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mencionó que las recientes medidas anunciadas por el Ejecutivo no conllevarán recortes en programas sociales. En ese sentido, destacó que el dinero que la cuprífera traspasaba al Estado provenía de recursos por los que Codelco se endeudaba.

Para Erwin Hansen, profesor del Departamento de Administración de FEN de la U. de Chile, la señal de sumar a otros agentes empresariales “parece una idea razonable”. Resalta, además, el desafío de cómo hacerlo. “No necesariamente estas soluciones van a generar que la compañía mejore su productividad de un día para el otro. Lo que más me hace sentido ahora serían algunos joint ventures”, planteó. Pero el académico destacó la importancia de mantener la propiedad mayoritaria en poder del Estado.

Alianzas público-privadas y venta de activos

Una posible participación de privados se considera incluso en las divisiones de Codelco. En ese sentido, podría haber distintos mecanismos legales destinados a permitir estas alianzas.

“Las divisiones que puedan incorporar capital privado podrían desarrollar proyectos con mayor rapidez, acceder a nuevas tecnologías y compartir riesgos financieros”, mencionó Francisco Sánchez en cuanto a las diferencias que se establecerían entre las divisiones mineras, con o sin inversión de privados.

Los resultados de estas alianzas podrían depender de “la calidad de los proyectos y de los términos de las asociaciones, más que de la participación privada por sí sola”, puntualizó. Por otro lado, para Erwin Hansen, las diferencias estarían en una mayor eficiencia y en menores costos.

Explicó que el desafío tendría relación con algo operacional, como la extracción misma del mineral. En esta área, considera que se podría invertir más en tecnología y hacer los procesos más efectivos. “El costo de extraer el mineral es más alto para Codelco que para otras compañías”, argumentó. Pero reconoce que no habría información para conocer el detalle.

Otra característica que tuvo en cuenta y que podría encarecer el costo de la operación fue la antigüedad de ciertos yacimientos. Además, mencionó otros que podrían estar en “desuso”. En otras instancias, algunos se han aventurado a mencionar que estos lugares estarían “agotados”.

En esa línea, el académico Emilio Castillo, subdirector del Departamento de Ingeniería en Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, negó que este fuera el caso de la compañía, al menos “en el sentido físico de la palabra”. “Claramente no es el caso de las operaciones de CODELCO, con millones de toneladas de cobre aún existentes en sus yacimientos”, expresó.

Respecto de los yacimientos que quedaron bajo propiedad estatal tras la nacionalización del cobre y la creación de la Corporación Nacional del Cobre, precisó que en estos lugares “lo que ocurre es una baja en la calidad y en la profundización en los yacimientos donde se encuentran los recursos”.

Por lo tanto, se requieren mayores inversiones para la extracción. En ese sentido, destacó que los yacimientos de Chuquicamata, Salvador, El Teniente y Andina se encontraban entre los más grandes del mundo en términos de recursos de cobre contenido en un listado de los principales depósitos del metal.

Historia de Codelco

El investigador y docente René Saa Vidal, del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la U. de Chile, compartió sus reflexiones sobre la relación histórica de Codelco con el país y señaló que, durante mucho tiempo, incluidos los periodos de la dictadura civil militar y de los gobiernos de la Concertación, la privatización “nunca llegó a plantearse seriamente ni a ocupar un lugar relevante en el debate público”.

Para Francisco Vidal, exministro de Defensa, historiador y conductor del programa “Ciudadano de a pie” de UCHILETV, “una privatización requeriría una reforma constitucional” y cree que la idea es “inviable” debido a la cantidad de dinero que aporta al Estado. Según Vidal, la necesidad de una reforma constitucional se relacionaría con el marco jurídico de la nacionalización del cobre (Ley N.° 17.450) y con la posterior creación de Codelco mediante el Decreto Ley N.° 1.350.

Desde su punto de vista, el efecto de la medida sería interno, considerando el largo periodo de discusión que antecedió a la nacionalización. “Pero yo creo que va a haber una enorme resistencia”, expresó. Por estos días, ya se ha registrado una manifestación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Chuquicamata.

Sin embargo, en el contexto actual, René Saa Vidal opina que la asociación público-privada “podría constituir una alternativa factible y necesaria, siempre que se resguarden adecuadamente el interés nacional, la propiedad estatal de los recursos y la participación del Estado en las decisiones fundamentales”.

Meteorólogo del proyecto GEOOS de la PUCV advirtió que el problema no radica únicamente en cuánto llueve, sino también en cuándo y cómo se distribuyen las precipitaciones. La disminución de los volúmenes acumulados y una mayor concentración de las lluvias plantean nuevos desafíos para la seguridad hídrica del territorio.

Los recientes sistemas frontales han dejado importantes volúmenes de agua en distintos puntos del país. Sin embargo, este escenario no necesariamente representa un cambio en la tendencia que durante las últimas décadas ha experimentado la zona central de Chile, caracterizada por una disminución de las precipitaciones respecto de los registros históricos y una mayor concentración de los eventos de lluvia.

De acuerdo con Miguel Fernández, investigador del proyecto GEOOS de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para comprender esta transformación es necesario diferenciar entre una sequía puntual y una tendencia climática de largo plazo.

Los registros históricos de la estación Faro Punta Ángeles de Valparaíso muestran que durante el siglo pasado las precipitaciones en la zona central eran sustancialmente más abundantes y que, durante el invierno, era habitual el paso constante de sistemas frontales, con una frecuencia que podía alcanzar al menos uno por semana. Ese patrón “ha cambiado drásticamente en las últimas décadas”, puntualizó Fernández.

Para el investigador, uno de los principales factores asociados a esta transformación es el comportamiento del Anticiclón Semipermanente del Pacífico Sur. El cambio climático ha fortalecido y expandido este centro de alta presión, generando un bloqueo atmosférico que dificulta el desplazamiento de los sistemas frontales hacia la zona central y contribuye a una reducción progresiva de las precipitaciones.

A este escenario se suma otro elemento, las precipitaciones de otoño y primavera han disminuido sensiblemente y cuando se producen tienden a concentrarse en períodos más reducidos. El investigador advirtió que el problema “no reside únicamente en la cantidad total de agua caída al año, sino en la intensidad y concentración de los eventos de precipitación”.

Esta modificación tiene consecuencias directas sobre la disponibilidad y gestión del recurso hídrico. Una lluvia intensa y concentrada puede generar grandes escorrentías superficiales cuando la capacidad de infiltración del suelo es superada o cuando los terrenos se encuentran previamente saturados. De esta manera, una parte importante del agua puede desplazarse rápidamente hacia quebradas, esteros y ríos, incrementando el riesgo de desbordes, aluviones e inundaciones, sin necesariamente traducirse en una recuperación equivalente de las reservas hídricas de largo plazo.

La situación adquiere relevancia cuando las precipitaciones ocurren en períodos más cálidos. Fernández explicó que durante el presente año, puntualmente, se generó un desfase temporal del fenómeno de El Niño y no logró sincronizarse con la estación invernal para potenciar sus efectos que comenzaron a percibirse aproximadamente a mediados de julio dejando la mitad anterior del invierno y el otoño con déficit pluviométrico.

Este retraso, a juicio del investigador puede provocar el aumento de la altura de la isoterma cero, favoreciendo que las precipitaciones en la cordillera sean líquidas en lugar de quedar almacenadas como nieve, reduciendo una de las principales reservas naturales de agua para enfrentar los meses de primavera y verano.

Si bien pueden producirse años particularmente lluviosos, producto de la variabilidad climática, las proyecciones apuntan hacia una mayor variabilidad, con períodos secos alternados con episodios de lluvia intensa concentrados en lapsos breves.

Para el investigador de la PUCV, este escenario obliga a modificar la manera en que se aborda la seguridad hídrica. “Ya no basta con contabilizar el volumen total de agua caída durante un año, resulta necesario observar la frecuencia y trayectoria de los sistemas frontales, el déficit pluviométrico acumulado y la evolución de variables como la isoterma y la cobertura vegetal” expresó Fernández.

De este modo, el desafío para la zona central será avanzar desde una gestión basada principalmente en los promedios históricos hacia una estrategia capaz de responder a un clima caracterizado por menores volúmenes acumulados, mayor irregularidad y precipitaciones cada vez más concentradas.

El Concurso de Acuarela Hardy Wistuba 2026 abrió las postulaciones para artistas chilenos y extranjeros residentes en Chile. La convocatoria permanecerá vigente entre el 28 de julio y el 31 de agosto de 2026 y el proceso se realizará de manera online a través del sitio web oficial del certamen.

En homenaje al destacado acuarelista chileno Hardy Wistuba, fallecido en 2010, el concurso busca relevar su legado artístico e incentivar el desarrollo de la acuarela como técnica pura, con especial énfasis en la participación de artistas aficionados y creadores provenientes de distintas regiones del país.

Consolidado como uno de los certámenes de acuarela más importantes de Chile, el Concurso de Acuarela Hardy Wistuba ha dado visibilidad durante diecisiete años a obras de gran calidad técnica y expresiva. En su edición 2025, las obras seleccionadas fueron exhibidas en la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), la Liga Chileno-Alemana de Cultura y posteriormente en el Museo de la Quinta Vergara de Viña del Mar. Para esta nueva versión se contempla nuevamente una itinerancia de las obras premiadas, reafirmando el compromiso del certamen con la difusión de la acuarela en distintos espacios culturales del país.

“Queremos invitar a todos los acuarelistas de Chile a ser parte de esta nueva edición. Este concurso nació para reconocer el talento, fomentar la acuarela como técnica pura y abrir espacios de difusión para artistas de distintas trayectorias y regiones del país. Ese compromiso sigue siendo el corazón de esta convocatoria”, afirma Alberto Collados Baines, director del Concurso de Acuarela Hardy Wistuba.

En la edición 2025, el jurado estuvo integrado por destacadas figuras del ámbito artístico y arquitectónico: Ian Campbell, Pamela Prado, María Elena Comandari, María Luisa Hernández, Mario Toral, Mónica Álvarez, Juan Sabbagh y Pancy Wistuba. Los integrantes del jurado de la versión 2026 serán dados a conocer durante la ceremonia de premiación.

Podrán participar artistas profesionales o aficionados con una única obra de temática libre, realizada exclusivamente con la técnica de la acuarela como técnica pura, utilizando únicamente pigmentos de acuarela. No se aceptarán técnicas mixtas, tales como acuarela complementada con témpera, wash, tintas u otros materiales, aunque sí podrán utilizarse trazos preliminares con lápiz cuya presencia no sea relevante en la expresión final de la obra.

Las obras deberán ejecutarse sobre una sola lámina de papel, pudiendo tener formato rectangular o cuadrado, siempre que su lado menor no sea inferior a 24 centímetros. El instrumento de aplicación será libre, permitiéndose el uso de pinceles, algodones, espátulas, lápices solubles en agua con pigmentos transparentes u otros elementos compatibles con la técnica.

Cada participante deberá postular una sola obra enviando una fotografía digital mediante el formulario disponible en www.concursowistuba.cl. La Dirección del Concurso realizará una primera selección a partir de estas imágenes, por lo que se recomienda que las fotografías sean tomadas con la mejor calidad posible, idealmente con luz natural y sin utilizar flash.

Los resultados de esta primera etapa serán comunicados el 30 de septiembre de 2026 mediante correo electrónico a los artistas seleccionados. No se enviará comunicación a quienes no resulten seleccionados.

Las obras finalistas deberán entregarse entre el 1 y el 15 de octubre de 2026 en la sede de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), ubicada en Juan de Dios Vial Correa 1359, Providencia, Santiago, protegidas con vidrio y correctamente identificadas en su reverso con el nombre del autor y el título de la obra.

La exposición de las obras seleccionadas se realizará entre el 28 de octubre y el 30 de noviembre de 2026 en la sala de exposiciones de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), instancia que reunirá una vez más algunas de las mejores acuarelas realizadas en el país durante el último año.

La ceremonia de inauguración y premiación se efectuará el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 20:00 horas, en la misma sala de exposiciones, finalizando con un vino de honor.

Premios y reconocimientos

El concurso contempla un premio único de USD $3.000, o su equivalente en pesos chilenos, además de un diploma para la obra ganadora. El jurado otorgará una Primera Mención Honrosa, una Segunda Mención Honrosa y un mínimo de diez Menciones Honrosas adicionales, todas acompañadas de un diploma. Los artistas cuyas obras sean seleccionadas para la exposición también recibirán un diploma de participación.

La obra ganadora será exhibida junto con las demás piezas premiadas en distintas salas de exposición del país antes de ser devuelta a su autor durante el año 2027, continuando con el espíritu de difusión artística que caracteriza a este certamen.

Las bases completas del concurso, así como las obras premiadas y las menciones honrosas de versiones anteriores, se encuentran disponibles en www.concursowistuba.cl

Para consultas sobre la convocatoria y el proceso de postulación, la organización ha dispuesto el correo electrónico concursoacuarelahw@gmail.com

Instagram: @concursohardywistuba

La geóloga y académica del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de La Serena, Nicoletta Consuela Milú, analiza la relación entre los recientes sismos de Colombia y Venezuela y la actividad sísmica nacional y descarta un “efecto dominó” entre estos eventos. 

Los recientes movimientos sísmicos registrados en Colombia y Venezuela han vuelto a poner la atención sobre la intensa actividad tectónica que caracteriza a Sudamérica. El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en territorio colombiano, sumado a otros eventos registrados durante los últimos días en el continente, han generado cierta inquietud en Chile, un país marcado históricamente por grandes terremotos y ubicado en una de las zonas sísmicamente más activas del planeta.

Gran parte de esta actividad se explica por la interacción de distintas placas tectónicas y, particularmente en la costa occidental sudamericana, por la influencia de la placa de Nazca. Chile se encuentra además dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde convergen diferentes placas y se concentra una importante actividad sísmica y volcánica.

Frente a este escenario surge una interrogante inevitable: ¿un terremoto de gran magnitud ocurrido en Colombia puede tener consecuencias para Chile o aumentar la posibilidad de un evento similar en nuestro territorio?.

Con respecto a esto, la geóloga y académica del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de La Serena, Nicoletta Consuela Milú explicó que “Venezuela y Colombia pueden presentar actividad sísmica al mismo tiempo que Chile, porque Sudamérica está rodeada por límites tectónicos activos. La diferencia es que cada zona acumula y libera esfuerzos de acuerdo con su propio contexto tectónico”.

Ahondando en esto, la doctora en Geología detalló que “en Colombia, interactúan principalmente las placas Nazca, Sudamérica y Caribe, mientras que en Venezuela es la interacción entre las placas Caribe y Sudamérica, donde predominan grandes sistemas de fallas y movimiento lateral o transcurrente”.

“En Chile, la principal fuente de terremotos es la subducción muy desarrollada a lo largo del margen andino, de la placa Nazca bajo la placa Sudamericana”, agregó.

Activación sísmica

En relación a la implicancia que podría tener para Chile la sucesión de movimientos sísmicos en distintos puntos de Sudamérica y si existe algún antecedente que permita asociarlo con un eventual aumento del riesgo de un terremoto de gran magnitud en el territorio nacional, Nicoletta Consuela Milú hizo hincapié en que “el punto geológico importante es que Colombia y Chile comparten la influencia de la placa de Nazca, pero eso no significa que el terremoto colombiano puede funcionar como una fila de dominós hacia Chile”.

Sin embargo, la académica sostuvo que “existe un fenómeno llamado activación sísmica dinámica o distancia, donde las ondas sísmicas pueden estimar pequeños sismos en falla que ya estaban próximas a fallar”.

En línea con esto, la investigadora aseguró que “esto no significa que pueda ocurrir un gran terremoto en nuestro país. Lo que podría llamar la atención es que durante esa semana tuvimos tres tipos de manifestaciones de la tectónica sudamericana totalmente diferentes: fallamiento Caribe-Sudamérica en Venezuela, con magnitud 2,9; subducción profunda y fuerte en Colombia, con magnitud 7,4; y sismicidad habitual asociada principalmente a la subducción en Chile, con una magnitud máxima de 3,8”.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile reunió a alcaldes progresistas y expertos en materia municipal para discutir los desafíos que enfrenta el municipalismo ante las políticas impulsadas por el Gobierno, abordando sus efectos sobre el financiamiento de los gobiernos locales, el Fondo Común Municipal y las desigualdades territoriales.

La actividad contó con la participación de Bárbara Navarrete, de OPES; Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal; Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú; y Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, además de la presidenta de la FECH, Laura Mlynarz, quien moderó la jornada. En la actividad participaron más de 200 estudiantes.

Durante el conversatorio se abordaron los efectos de la denominada “Mega Reforma” sobre los gobiernos locales, poniendo especial énfasis en su impacto sobre la capacidad de los municipios para garantizar servicios públicos, seguridad municipal y otras prestaciones fundamentales para las comunidades.

También se discutieron los efectos de las modificaciones a las contribuciones, el funcionamiento del Fondo Común Municipal y la necesidad de avanzar hacia una nueva Ley de Rentas Municipales que permita reducir las brechas entre comunas.

En ese contexto, Bárbara Navarrete, de OPES, cuestionó el carácter regresivo de las medidas tributarias impulsadas por el Gobierno: “La reforma de contribuciones es altamente regresiva y acentúa la desigualdad. Beneficia de forma desproporcionada a los tramos de mayores ingresos: el 79% del impacto de la rebaja del impuesto de primera categoría tiene por beneficiario al 1% más rico. Lo mismo pasa con la reintegración tributaria y con varias otras de las medidas que podemos analizar”, declaró Bárbara Navarrete, de la OPES.

Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, puso el foco en las profundas diferencias de financiamiento que existen entre los municipios del país y en la importancia del Fondo Común Municipal: “Yo acá tengo una crítica profunda sobre toda la derecha que caricaturiza lo que es el Estado, como si el Estado fuera compuesto por las personas que no hacen nada, y en realidad no es así. El Estado es la presencia del Estado y que precisamente nos hace tener una sociedad mejor.”

En la misma línea, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, apuntó a la forma en que las desigualdades territoriales se han naturalizado en las ciudades: “Hemos naturalizado las desigualdades en la ciudad. Pareciera normal y lógico que Vitacura sea una mucho más bonita que San Ramón, que cuando uno camina por Providencia, todas las veredas son bonitas de adoquines y está todo verde. Y cuando uno camina por otras comunas, tenemos muchas veredas rotas, áreas verdes que no existen, tierra por todos lados, calles que es imposible reparar. ¿Y eso por qué creen que ocurre? ¿Por qué de la nada es más bonita Vitacura que
San Ramón? ¿Por qué llueve con nutrientes en Vitacura y no llueve con nutrientes en San Ramón? No, porque hay una ciudad que se organiza bajo una desigualdad brutal, donde el Estado, a través de su municipio, le asigna diez veces más presupuesto per cápita a una comuna que a otra”.

Finalmente, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, destacó la necesidad de avanzar hacia políticas de redistribución que permitan enfrentar las desigualdades estructurales entre comunas: “No se puede hacer más con menos, no es posible, tampoco se puede hacer lo mismo con menos. Y en ese sentido, lo que a propósito de la pregunta que está planteada, efectivamente lo que nosotros buscamos hoy día es que puedan haber más políticas que redistribuyan recursos de formas distintas y que dejen de darle un valor bajo, digamos, a comunas que históricamente han estado perjudicadas por el sistema, por las fórmulas que tiene el sistema actual y que puedan, obviamente, generarse políticas que equiparen la cancha.”

Desde la FECH destacaron la importancia de llevar estas discusiones al espacio universitario, entendiendo que el financiamiento municipal no es solamente una discusión técnica, sino que tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de las personas y las desigualdades existentes entre territorios. “Hablar de financiamiento municipal es también hablar de desigualdad territorial y de la capacidad que tenemos como sociedad de garantizar servicios públicos de calidad independiente de la comuna en la que vivamos. Como FECH creemos que es fundamental que estas discusiones también estén presentes en la universidad y que podamos generar espacios de formación y debate sobre decisiones que afectan directamente a nuestros territorios”, declaró Laura Mlynarz.

Un primer ciclo formativo con más de 500 estudiantes: El conversatorio se realizó en el marco del primer ciclo formativo impulsado por la FECH, compuesto por tres módulos: “Un Nuevo Modelo de Financiamiento de Educación Superior”, “Los efectos de la Mega Reforma para los Gobiernos Locales” y “Agenda anti trabajadores: Analizando la Reforma Laboral de Kast”.

El ciclo ha contado con la participación de destacados exponentes, entre ellos el exministro Giorgio Boccardo, el presidente de la CUT, el exsubsecretario Víctor Orellana y el experto Alexis Cortés, entre otros. En total, más de 500 estudiantes han participado de esta primera iniciativa formativa de la Federación.

Desde la FECH señalaron que el ciclo busca fortalecer la formación y el pensamiento crítico de los estudiantes, generando espacios de encuentro con autoridades, expertos y actores sociales para discutir las principales transformaciones que enfrenta el país.

La jornada de este jueves correspondió al tercer y último módulo de este primer ciclo formativo, consolidando una instancia que durante el semestre permitió abordar desde distintas perspectivas el financiamiento de la educación superior, las transformaciones que afectan a los gobiernos locales y los cambios en materia laboral.

Desde la Federación reafirmaron su compromiso con continuar impulsando espacios de formación y discusión abiertos a la comunidad universitaria, vinculando el debate nacional con sus efectos concretos sobre las condiciones de vida de las personas y los territorios.

El volumen “FIDEL. Una Revolución cargada de futuro”, de los escritores chilenos David Hevia y Hugo Pizarro, recorre la vida y obra del Comandante Fidel Castro Ruz, en el marco de una investigación histórica que aborda de manera multidimensional la gesta, los hitos y los grandes logros la Revolución Cubana. 

Se trata de un libro en gran formato, en cuyas 213 páginas y 16 capítulos se ha incluido un total de 38 citas destacadas de diversas personalidades, además de 63 fotografías, 88 subtítulos y 105 notas al pie, puesto que el énfasis de la obra está puesto en proporcionar información documentada y al día, con las referencias, los hechos y las cifras que dan cuenta del proceso en su conjunto. 

El volumen, que incorpora un apartado especial dedicado a la emblemática visita de Fidel a Chile en 1971, se detiene en la infancia y en la vida universitaria del líder de la Revolución, detalla los aspectos fundamentales del Asalto al Cuartel Moncada, los recovecos de “La historia me absolverá”, el desembarco del Granma y las batallas de la Sierra Maestra hasta el triunfo del 1 de enero de 1959. La obra, igualmente, identifica las primeras conquistas del proceso revolucionario, como la redistribución de la tierra, para luego adentrarse en los episodios que dan cuenta de las grandes transformaciones en educación, cultura, ciencia, salud, deporte, diplomacia, cooperación, democracia, participación y derechos humanos.

Grandes momentos y un sinnúmero de encuentros con líderes mundiales y notables artistas e intelectuales son parte esencial de este trabajo que rescata desde documentos antiguos hasta la estadística actualizada de Naciones Unidas sobre Cuba.

Entrevistado sobre el libro, David Hevia, uno de sus autores, reflexiona: “Un aporte político clave de Fidel a la tarea latinoamericanista fue mostrar que los objetivos de transformación revolucionaria de la sociedad solo son realizables si la capacidad de preparación y estudio riguroso, disciplinado, están a la altura de las circunstancias. Fidel fue un brillante estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana, y estaba consciente de que un objetivo tan concreto como el Asalto al Cuartel Moncada solo tenía sentido si primero los jóvenes convocados eran sistemáticamente preparados. Por eso la hazaña del Moncada no fue una derrota, sino la nítida señal de que la toma del poder era perfectamente realizable. El legado político de Fidel es el ejemplo de un genuino sentido de la responsabilidad y de la audacia de la decisión”.

“FIDEL. Una Revolución cargada de futuro” será presentado este martes 18 de agosto, a las 19.00, en la Casa del Escritor (Almirante Simpson 7, Providencia).

Los eventos meteorológicos extremos registrados durante 2026 vuelven a poner a prueba la capacidad de Chile para anticiparse a fenómenos de alto impacto.

Los sistemas frontales de 2026, en el inicio del invierno, volvieron a poner a prueba la capacidad del país para anticipar eventos meteorológicos de alto impacto. Para el académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O’Higgins (UOH) e investigador del CR2, Raúl Valenzuela, uno de los principales desafíos está en fortalecer la observación: “Chile necesita mejores herramientas para detectar fenómenos que pueden desarrollarse en escalas de apenas cientos de metros y que dejan pocos minutos para reaccionar”, detalla. 

Los sistemas frontales -a la fecha- han dejado algo más que registros de precipitaciones, viento o nieve. Ponen sobre la mesa la real capacidad que tiene el país para anticiparse a los fenómenos meteorológicos extremos y transformar la información científica en decisiones oportunas para proteger a la población.

Para el Dr. Valenzuela parte de la respuesta está en fortalecer una infraestructura que Chile todavía tiene de manera muy limitada: los radares meteorológicos Doppler de carácter escaneador.

Actualmente -explica- la experiencia nacional se ha desarrollado principalmente con radares perfiladores, instrumentos que observan de manera fija la atmósfera y permiten estudiar cómo varían las condiciones con la altura. El problema aparece cuando se necesita identificar fenómenos que no solo requieren información vertical, sino también saber exactamente dónde se están desarrollando y cómo se desplazan. 

“Nosotros lo que necesitamos son radares Doppler escaneadores”, plantea el investigador. Estos instrumentos pueden rotar en 360 grados y modificar su elevación, permitiendo observar la atmósfera en distintas direcciones y detectar, entre otros elementos, señales de rotación. 

La diferencia resulta especialmente importante frente a fenómenos como los tornados, cuya escala puede ser extremadamente pequeña. Raúl Valenzuela explica que algunos de los tornados observados recientemente en el sur de Chile podrían tener dimensiones cercanas a los 100 metros por 100 metros. Un radar convencional de vigilancia, en cambio, puede trabajar con píxeles de alrededor de 500 por 500 metros. 

El resultado es que el fenómeno puede quedar literalmente oculto dentro de la imagen. “El píxel de la imagen tiene que ser más pequeño que el objeto que quiere detectar”, explica el académico, quien compara el problema con una imagen médica: si el elemento que se busca identificar es más pequeño que la resolución del instrumento puede quedar escondido dentro de un píxel y pasar inadvertido. 

Esta diferencia entre predecir condiciones y detectar un fenómeno resulta fundamental. “Los modelos numéricos pueden advertir que existe una zona donde las condiciones atmosféricas son favorables para la formación de tornados, pero eso no significa que puedan determinar con precisión el punto exacto donde se desarrollará un fenómeno que puede tener el tamaño de una cuadra o incluso menos”, detalla el investigador. 

Ahí es donde, según Valenzuela, los radares adquieren un papel fundamental. “Si nosotros tenemos un modelo numérico que nos dice, acá están las condiciones, el radar va a estar mirando hacia allá”, explica y utiliza una analogía con la torre de Sauron de El Señor de los Anillos: “el sistema recibe una señal sobre dónde concentrar su atención y dirige hacia ese lugar su capacidad de observación”, añade.

Dificultad adicional: la geografía

El académico agrega que, mientras en amplias zonas de Estados Unidos los radares pueden observar horizontalmente a grandes distancias gracias a una topografía relativamente plana, en Chile la cordillera y los sistemas montañosos pueden bloquear rápidamente la señal. Por eso, advierte, no basta con replicar modelos utilizados en otros países. “Es un desafío y va a requerir diseño”, señala.

La discusión adquiere especial relevancia cuando se habla de sistemas de alerta temprana. La instalación de radares más avanzados no significa necesariamente que Chile podrá saber con horas de anticipación dónde ocurrirá un tornado. La experiencia internacional muestra que la ventana de respuesta puede ser mucho más breve. “Aunque sea el mejor radar del mundo, no va a ser del orden de horas, sino que más bien del orden de minutos”, enfatiza Valenzuela.

En Estados Unidos, señala el académico, incluso una alerta de cinco minutos puede ser suficiente para que las personas alcancen a refugiarse en lugares preparados para este tipo de eventos.

El desafío para Chile, entonces, no consiste únicamente en pronosticar mejor. También implica desarrollar una cadena completa que permita observar, detectar, comunicar y reaccionar frente a un fenómeno extremo.

Una oportunidad 

El investigador destaca que Chile comienza a avanzar precisamente en esa dirección. Un proyecto Fondequip Mayor, presentado por la Universidad de Valparaíso y en el que participa la Universidad de O’Higgins como institución asociada, permitirá trabajar con un radar de menor alcance, pero con una alta resolución espacial.

La investigación tendrá también un objetivo que va más allá de adquirir tecnología: aprender a utilizarla. “Chile está altamente retrasado en esta tecnología”, sostiene el académico, anticipando que podrían ser necesarios algunos años para comprender plenamente las capacidades, fortalezas y limitaciones del instrumento. 

Ese aprendizaje puede ser determinante para una futura decisión de inversión pública, porque permitirá establecer con mayor precisión qué tipo de radares necesita el país, dónde deberían ubicarse y cómo incorporar los datos que generan a los sistemas de alerta temprana. 

La discusión, por tanto, no es solamente tecnológica. “Es también una discusión sobre prevención”, finaliza el académico.

Los eventos meteorológicos extremos registrados durante 2026 vuelven a poner a prueba la capacidad de Chile para anticiparse a fenómenos de alto impacto. 

Los sistemas frontales de 2026, en el inicio del invierno, volvieron a poner a prueba la capacidad del país para anticipar eventos meteorológicos de alto impacto. Para el académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O’Higgins (UOH) e investigador del CR2, Raúl Valenzuela, uno de los principales desafíos está en fortalecer la observación: “Chile necesita mejores herramientas para detectar fenómenos que pueden desarrollarse en escalas de apenas cientos de metros y que dejan pocos minutos para reaccionar”, detalla. 

Los sistemas frontales -a la fecha- han dejado algo más que registros de precipitaciones, viento o nieve. Ponen sobre la mesa la real capacidad que tiene el país para anticiparse a los fenómenos meteorológicos extremos y transformar la información científica en decisiones oportunas para proteger a la población.

Para el Dr. Valenzuela parte de la respuesta está en fortalecer una infraestructura que Chile todavía tiene de manera muy limitada: los radares meteorológicos Doppler de carácter escaneador.

Actualmente -explica- la experiencia nacional se ha desarrollado principalmente con radares perfiladores, instrumentos que observan de manera fija la atmósfera y permiten estudiar cómo varían las condiciones con la altura. El problema aparece cuando se necesita identificar fenómenos que no solo requieren información vertical, sino también saber exactamente dónde se están desarrollando y cómo se desplazan.

“Nosotros lo que necesitamos son radares Doppler escaneadores”, plantea el investigador. Estos instrumentos pueden rotar en 360 grados y modificar su elevación, permitiendo observar la atmósfera en distintas direcciones y detectar, entre otros elementos, señales de rotación. 

La diferencia resulta especialmente importante frente a fenómenos como los tornados, cuya escala puede ser extremadamente pequeña. Raúl Valenzuela explica que algunos de los tornados observados recientemente en el sur de Chile podrían tener dimensiones cercanas a los 100 metros por 100 metros. Un radar convencional de vigilancia, en cambio, puede trabajar con píxeles de alrededor de 500 por 500 metros.

El resultado es que el fenómeno puede quedar literalmente oculto dentro de la imagen. “El píxel de la imagen tiene que ser más pequeño que el objeto que quiere detectar”, explica el académico, quien compara el problema con una imagen médica: si el elemento que se busca identificar es más pequeño que la resolución del instrumento puede quedar escondido dentro de un píxel y pasar inadvertido. 

Esta diferencia entre predecir condiciones y detectar un fenómeno resulta fundamental. “Los modelos numéricos pueden advertir que existe una zona donde las condiciones atmosféricas son favorables para la formación de tornados, pero eso no significa que puedan determinar con precisión el punto exacto donde se desarrollará un fenómeno que puede tener el tamaño de una cuadra o incluso menos”, detalla el investigador.

Ahí es donde, según Valenzuela, los radares adquieren un papel fundamental. “Si nosotros tenemos un modelo numérico que nos dice, acá están las condiciones, el radar va a estar mirando hacia allá”, explica y utiliza una analogía con la torre de Sauron de El Señor de los Anillos: “el sistema recibe una señal sobre dónde concentrar su atención y dirige hacia ese lugar su capacidad de observación”, añade.

Dificultad adicional: la geografía 

El académico agrega que, mientras en amplias zonas de Estados Unidos los radares pueden observar horizontalmente a grandes distancias gracias a una topografía relativamente plana, en Chile la cordillera y los sistemas montañosos pueden bloquear rápidamente la señal. Por eso, advierte, no basta con replicar modelos utilizados en otros países. “Es un desafío y va a requerir diseño”, señala.

La discusión adquiere especial relevancia cuando se habla de sistemas de alerta temprana. La instalación de radares más avanzados no significa necesariamente que Chile podrá saber con horas de anticipación dónde ocurrirá un tornado. La experiencia internacional muestra que la ventana de respuesta puede ser mucho más breve. “Aunque sea el mejor radar del mundo, no va a ser del orden de horas, sino que más bien del orden de minutos”, enfatiza Valenzuela.

En Estados Unidos, señala el académico, incluso una alerta de cinco minutos puede ser suficiente para que las personas alcancen a refugiarse en lugares preparados para este tipo de eventos.

El desafío para Chile, entonces, no consiste únicamente en pronosticar mejor. También implica desarrollar una cadena completa que permita observar, detectar, comunicar y reaccionar frente a un fenómeno extremo.

Una oportunidad 

El investigador destaca que Chile comienza a avanzar precisamente en esa dirección. Un proyecto Fondequip Mayor, presentado por la Universidad de Valparaíso y en el que participa la Universidad de O’Higgins como institución asociada, permitirá trabajar con un radar de menor alcance, pero con una alta resolución espacial.

La investigación tendrá también un objetivo que va más allá de adquirir tecnología: aprender a utilizarla. “Chile está altamente retrasado en esta tecnología”, sostiene el académico, anticipando que podrían ser necesarios algunos años para comprender plenamente las capacidades, fortalezas y limitaciones del instrumento.

Ese aprendizaje puede ser determinante para una futura decisión de inversión pública, porque permitirá establecer con mayor precisión qué tipo de radares necesita el país, dónde deberían ubicarse y cómo incorporar los datos que generan a los sistemas de alerta temprana.

La discusión, por tanto, no es solamente tecnológica. “Es también una discusión sobre prevención”, finaliza el académico.

• La organización gremial destacó la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales los artículos 11 N° 4, 12 y 13 del proyecto de Reconstrucción Nacional, que establecían un derecho a indemnización para empresas ante la anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Luego de dos extensas jornadas de audiencias y alegatos, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar inconstitucionales los artículos 11 N° 4, 12 y 13del proyecto de Reconstrucción Nacional, que establecían el derecho a indemnización ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Desde la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente (FENATRAMA) , una de las organizaciones que recibió  el TC para entregar sus argumentos, valoraron la resolución, señalando que constituye un respaldo a la institucionalidad ambiental y evita el establecimiento de mecanismos que, a su juicio, podrían debilitarla.

“Valoramos la decisión del Tribunal Constitucional, porque representa un respaldo a la institucionalidad ambiental e impide su debilitamiento. Junto con ello, contribuye a garantizar que todos los actores que participan en el proceso de evaluación ambiental tengan igualdad de condiciones y derechos”, señaló el presidente de FENATRAMA, Francisco Cabrera.

El dirigente agregó que la decisión del TC tiene especial relevancia al impedir que se establezca un derecho a indemnización para las empresas cuando una RCA sea anulada judicialmente.

“Además, dicha resolución impide establecer un derecho a indemnización a las empresas cuando una RCA es anulada judicialmente, constituyendo una señal importante en defensa del interés público, la protección ambiental y el Estado de Derecho”, enfatizó Cabrera.

Otro punto destacado por FENATRAMA en este fallo considera el resguardo de la función pública, pues establecer al Estado como garante de proyectos que han sido rechazados en el proceso de evaluación ambiental habría generado una tensión adicional para las y los funcionarios, afectando su credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las decisiones que adopta la institucionalidad ambiental, enfatizaron.

La organización gremial sostuvo que la protección del medio ambiente y el respeto de las decisiones de los tribunales deben mantenerse como elementos fundamentales del sistema institucional chileno.