El diputado del Partido Comunista cuestionó la decisión del Ejecutivo de dejar de utilizar el MEPCO frente al alza de los combustibles y sostuvo que la falta de respuestas suficientes ha extendido el malestar social. Además, confirmó que próximamente se presentará la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas a agresores sexuales, narcotraficantes y condenados por crímenes de lesa humanidad.

El subjefe de la bancada PC e Independientes, Marcos Barraza Gómez, responsabilizó al Gobierno del presidente José Antonio Kast por la crisis generada tras el alza de los combustibles y sus efectos en la economía familiar, en medio de la movilización nacional de camioneros y el rechazo de distintos gremios al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para regular el incremento de los precios.

El parlamentario sostuvo que el origen del conflicto está en la decisión del Gobierno de dejar de utilizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), instrumento que, según señaló, durante décadas ha permitido amortiguar las variaciones internacionales. A su juicio, el denominado bencinazo desencadenó una cadena de incrementos que ha terminado afectando directamente el costo de la vida.

“Este es un problema generado única y exclusivamente por el Gobierno”, afirmó Barraza, quien ejemplificó el impacto de las alzas señalando que el kilo de papa pasó de 400 a 1.200 pesos. Una situación que, advirtió, presiona los presupuestos de las familias, pequeños comerciantes y propietarios de uno o dos camiones.

Respecto de la respuesta del Ejecutivo, el diputado cuestionó que el proyecto de ley haya llegado tardíamente y que sus medidas no sean suficientes para contener el incremento de los precios. “El Gobierno no ha actuado correctamente: ha generado esta crisis y la ha administrado mal. Y la administra mal porque no tiene una respuesta de fondo”, enfatizó.

Malestar social y cuestionamientos a la política económica

Barraza sostuvo que la insatisfacción ciudadana está comenzando a trascender los sectores directamente afectados por el precio de los combustibles, extendiéndose a distintos grupos sociales que enfrentan un deterioro de sus condiciones materiales de vida.

En esa línea, vinculó el escenario actual con otras decisiones económicas del Gobierno, entre ellas la reducción del gasto público mediante decretos durante 2025, la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo y el proyecto de Ley de Presupuestos, que calificó como mezquino en materia de programas y derechos sociales.

Para el parlamentario, no existe hasta ahora una señal de rectificación de estas políticas, pese a sus consecuencias sobre la calidad de vida de la población.

Acusación constitucional contra Fernando Rabat

En otro ámbito, el diputado confirmó que próximamente será presentada la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su responsabilidad en las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos graves.

Barraza aseguró que el libelo cuenta con fundamentos jurídicos y políticos y que estará estructurado en capítulos relacionados con el incumplimiento de la Constitución, la infracción de las leyes y el incumplimiento de las obligaciones legales del secretario de Estado.

Entre los antecedentes mencionó las rebajas de condenas inicialmente conocidas respecto de 56 agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. A ello sumó nuevos casos que, según indicó, han sido revelados por investigaciones periodísticas: 115 narcotraficantes, cinco condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco y personas condenadas por delitos como asesinato.

El legislador puso especial énfasis en la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, señalando que las rebajas de condenas a agresores sexuales contravienen obligaciones legales e internacionales del Estado, entre ellas las disposiciones de la Ley de Garantías de la Niñez y la Ley 21.421, que excluye expresamente a condenados por delitos sexuales contra menores de las rebajas de condena.

Asimismo, adelantó que el libelo incorporará un capítulo referido a las rebajas otorgadas a condenados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos responsables de torturas, desapariciones forzadas y violaciones cometidas durante la dictadura.

Nuevos decretos y cuestionamientos por falta de transparencia

Otro de los aspectos que formará parte de la acusación constitucional será la eventual infracción al principio de probidad y la falta de transparencia del ministro, a quien Barraza acusó de haber entregado información falsa al Congreso en reiteradas oportunidades.

El diputado también cuestionó que, pese a los anuncios del Gobierno de que dejaría de firmar decretos de rebaja de condenas, posteriormente se conociera la existencia de un nuevo decreto firmado durante noviembre.

“Es claramente insultante desde el punto de vista de las víctimas. Es una ofensa, un agravio muy potente, muy fuerte”, sostuvo.

Finalmente, Barraza cuestionó las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia, particularmente la rebaja de nueve meses de condena a una persona responsable del asesinato de un adulto mayor. A su juicio, estos antecedentes evidencian la continuidad de una política de flexibilización de las condiciones de prisión para personas condenadas por delitos de extrema gravedad.

El Comité Ejecutivo (CE) del Consejo Mundial de la Paz (WPC) se reunió con éxito en Montreal, Quebec (Canadá), el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026. Esta reunión, la primera del CE en Canadá y América del Norte, fue organizada conjuntamente por el Congreso Canadiense por la Paz, el Movimiento Quebequense por la Paz (MQP) y el Consejo de Paz de EEUU. La reunión del CE fue precedida por la reunión regional/continental de las Américas.

Los 33 participantes, de 21 organizaciones, discutieron y evaluaron la situación en materia de paz y seguridad, y concluyeron con la siguiente declaración:

Vivimos un momento extremadamente complicado y peligroso en el ámbito de las relaciones internacionales. El mundo es testigo de una creciente agresividad imperialista, guerras prolongadas, intervenciones militares, la expansión de alianzas militares, una escalada sin precedentes de la carrera armamentista y violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Desde Europa hasta el Medio Oriente, desde Asia y el Pacífico, hasta África y América Latina, la soberanía de las naciones, la vida de millones de personas y las perspectivas de paz mundial se encuentran gravemente amenazadas.

El gasto militar mundial anual ya ha superado los 2 billones de dólares (EEUU). Una pequeña parte de esta suma bastaría para erradicar el hambre, la pobreza extrema, y las enfermedades curables en todo el planeta. Los países de la OTAN encabezan esta peligrosa e irresponsable ola de gasto (el 60 % del total), y solo el presupuesto militar de EEUU representa casi el 40 % del gasto mundial. La WPC también denuncia los objetivos de la OTAN que exigen a sus miembros destinar al menos el 5 % de su PIB al gasto militar.

El WPC expresa su profunda preocupación por las guerras imperialistas y los actos de agresión que se están llevando a cabo y que están causando muerte y destrucción con graves consecuencias, sobre todo para los países y pueblos involucrados, pero también para la humanidad en su conjunto.

La guerra entre la OTAN y Rusia en territorio ucraniano continúa, con cientos de miles de víctimas en ambos bandos. Si bien el WPC nunca ha aceptado, por principio, la modificación unilateral de las fronteras internacionales, condenamos el avivamiento de la guerra por parte de la OTAN y la UE, el cerco militar a la Federación Rusa y las sanciones impuestas contra ella. Reafirmamos la posición de nuestra Asamblea al respecto y exigimos una solución política del conflicto mediante negociaciones. El WPC nunca ha apoyado la guerra con el fin de controlar materias primas, esferas de influencia y mercados. En este sentido, observamos que los monopolios petroleros y de gas de EEUU están aprovechando las sanciones y la inestabilidad causadas por este conflicto para obtener ganancias astronómicas con sus exportaciones de GNL (Gas Natural Licuado) a Europa y al mundo.

Al mismo tiempo, la militarización de la UE avanza en todos los frentes. Los 800 mil millones de euros destinados al gasto militar en los próximos años y la conversión de la economía en una «economía de guerra» ponen de manifiesto el carácter imperialista de la UE, ya sea actuando de manera autónoma o como un «pilar europeo» de la OTAN. Esta evaluación también se aplica, respectivamente, al aumento del gasto militar de EEUU, el Reino Unido y Canadá.

El WPC rinde homenaje a los millones de jóvenes y estudiantes de diversos países europeos que han estado exigiendo vivienda y condiciones de vida dignas mediante protestas masivas en las calles.

La agresión de EEUU e Israel contra Irán comenzó en junio del año pasado con intensos bombardeos contra el país, en respuesta al supuesto programa nuclear de Irán. En febrero pasado, la agresión entró en su segunda fase, con una grave destrucción de la infraestructura civil y miles de personas asesinadas. Los imperialistas estadounidenses y sus aliados ni siquiera dudaron en bombardear una escuela, matando a 160 niñas. El WPC condenó esta agresión, cuyo único objetivo ha sido controlar los ricos recursos energéticos del país, además del control geoestratégico del Golfo Pérsico. Los ataques arrogantes y asesinos incluyeron el asesinato de los líderes iraníes, pero el pueblo de Irán ha resistido esta agresión y no ha permitido el desmembramiento de su país. Exigimos el fin de los ataques militares y la retirada de las tropas estadounidenses, así como el cierre de las instalaciones militares de EEUU en la región.

En el marco de las visitas internacionales que está  realizando el Presidente José Antonio Kast y quien anunció una próxima gira a Asia, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, observó la línea ideológica que han caracterizado estos viajes.

“No quedamos bien con estas agendas ideológicas”, planteó la representante de la colectividad apuntando a la labor esperable por parte de un jefe de Estado o de su canciller en materia diplomática.

Al tiempo remarcó cómo varios de los liderazgos apoyados por el mandatario hoy se encuentran en una crítica situación política, como es el caso de Paraguay con el ex Presidente Santiago Peña del Partido Colorado o el derrotado ex primer Ministro de Hungría, Víktor Organ del partido ultraconservador Fidesz. También se refirió al apoyo minoritario que contabilizó en las recientes elecciones de mitad de mandato el presidente estadounidense y republicano, Donald Trump.

En particular recordó el apoyo brindado por el Presidente Kast al destituido Presidente paraguayo Santiago Peña, hoy imputado por la justicia de ese país, luego de la catástrofe financiera generada por el Banco Ueno, entidad privada con la cual el ex mandatario nunca cesó vínculos y que hoy tiene a cerca de la mitad de la población sin acceder a sus ahorros y fondos de pensiones.

“Nos decía a todos los chilenos y chilenas: Paraguay es un ejemplo para el mundo y hoy resulta que el presidente está preso por corrupción”, subrayó:

“Tenemos una agenda internacional no solo con signo ideológico sino manchada con el compromiso de esta suerte casi de acción de fe con mandatarios que a nivel mundial están tremendamente cuestionados”, expresó la dirigenta del PC.

14 medidas más necesarias que nunca

La secretaria también se refirió a las medidas sociales emanadas desde la Conferencia del su colectividad realizada a mediados de octubre donde se plantearon una serie de propuestas para abordar las urgencias materiales que hoy se han profundizado bajo el gobierno del Presidente Kast.

Dentro de ellas se contempla un presupuesto nacional que absorba los efectos de recientes ajustes, un IFE de emergencia, un plan de empleo centrado en obras públicas, un impuesto por una vez a los superricos, la postergación de la rebaja del impuesto de primera categoría, entre otras.

Necesitamos mirar modelos alternativos, dijo respecto a la construcción de los objetivos analizados en las diferentes instancias de la Conferencia, “lo que implica ir, reconectar y trabajar de manera mancomunada con la gente”, precisó resaltando la política de masas de su partido:

“La ciudadanía espera no estar sola en la batalla y no tener que batirse con sus solas herramientas para salir adelante. Eso requiere que entonces los partidos volvamos al diálogo directo”, aseveró la secretaria del PC.

Un proyecto de ley propone establecer esa separación mínima, pero investigador UCSC advierte que el impacto de un parque eólico depende también de factores como el ruido, el relieve, el  viento, la potencia de los equipos y la cercanía a zonas pobladas.

Ruido, sombras intermitentes sobre las viviendas y cambios en el paisaje son algunos de los efectos que puede percibir una comunidad ubicada cerca de un parque eólico. La magnitud de esos impactos, sin embargo, no depende únicamente de cuántos metros separan un aerogenerador de una casa.

La discusión tomó fuerza a partir de un proyecto de ley que propone establecer una distancia mínima de cinco kilómetros entre parques eólicos o aerogeneradores y viviendas, escuelas, centros de salud y residencias de personas mayores, además de incorporar determinados proyectos a evaluación ambiental.

El Dr. Guillermo Ramírez, investigador del Centro de Energía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), explicó que entre los principales efectos sobre las comunidades se encuentran el ruido, las sombras intermitentes generadas por el giro de las aspas y los cambios en el paisaje.

Durante la construcción también pueden presentarse polvo y un aumento del tránsito de camiones. “Influyen la cantidad de aerogeneradores y su potencia, el relieve y el viento del lugar. También la cercanía a sectores poblados y el ruido de fondo que genera su operación. Desde el punto de vista ambiental, además, debe considerarse la interferencia con rutas de aves”, detalló.

¿Una misma distancia para todos los proyectos?

Para el investigador, establecer cinco kilómetros como criterio general representa una separación amplia frente a dos de los impactos que suelen generar mayor preocupación: el ruido y las sombras intermitentes.

“Cinco kilómetros, en términos generales, es una separación amplia y conservadora frente al ruido y las sombras intermitentes. Pueden existir proyectos compatibles con viviendas a distancias menores, siempre que los estudios y las mediciones lo demuestren”, sostuvo el Dr. Ramírez. Como referencia, mencionó el caso de Dinamarca, donde la separación mínima corresponde a cuatro veces la altura total del aerogenerador. Así, para una estructura de 250 metros, la distancia sería de 1.000 metros.

A ello se suma la exigencia de cumplir límites de ruido considerando el funcionamiento conjunto de todos los aerogeneradores y compensación económica para propietarios de viviendas ubicadas a una distancia inferior a 6 veces la altura del aerogenerador, por la pérdida de valor de la propiedad. Para el académico de la UCSC, este tipo de criterios y compensaciones demuestra que una distancia menor a cinco kilómetros puede ser compatible con zonas habitadas, siempre que existan estándares claros, mediciones y seguimiento durante toda la vida útil del proyecto.

La relación con las comunidades comienza antes de construir 

La distancia, sin embargo, es solo una parte del problema. La convivencia entre proyectos eólicos y comunidades también depende de cómo se elige el lugar y de cuánto espacio existe para modificar un proyecto antes de que comience su construcción.

“La compatibilidad debe construirse desde la selección del lugar, mediante participación temprana que permita ajustar o modificar el diseño de ser necesario. La información debe ser comprensible para todos los afectados y la evaluación de los impactos debe ser rigurosa", explicó el Dr. Guillermo Ramírez.

Durante la operación, añadió, también se requiere monitoreo transparente, fiscalización y mecanismos que permitan recibir reclamos y corregir eventuales problemas. El investigador agregó que los beneficios para las comunidades deben ser justos y adicionales a las medidas de protección ambiental. “La aceptación se construye con participación efectiva de las comunidades y respetando compromisos que se cumplan durante todos los años de operación del proyecto”, concluyó.

Así, más que una cifra aislada, la discusión sobre la distancia entre aerogeneradores y viviendas pone sobre la mesa un desafío más amplio: definir criterios técnicos que permitan desarrollar energía eólica sin perder de vista las características de cada territorio y las condiciones de quienes viven en él.

Por Fernando Monsalve. Abogado, ex presidente CSyD Colo Colo

Frente a una clase política que en general ningunea la cultura de masas y reduce la dignidad a cálculos de salón, el triunfo popular del Cacique sigue siendo un refugio contrahegemónico y el abrazo que recompone el tejido social desgastado por la rutina.

Hay un Chile que despierta a las cinco de la mañana, cuando la escarcha todavía muerde los huesos y la noche se niega a soltar las calles de la periferia. Es el Chile de los paraderos oscuros, de micros atiborradas y pasajes que suben sin tregua hacia los cerros; el país de mujeres y hombres que apuran el paso con el tiempo justo para dejar a sus hijos en el colegio antes de regalarle el cuerpo entero a jornadas extenuantes. Vuelven doce horas más tarde, si el tránsito lo permite, a preparar una once-comida austera, a arañar unos minutos con la familia y a constatar, libreta en mano, que la vida no se mide en meses, sino en el milagro cotidiano de llegar al final de la semana. Para este país trabajador, el cansancio es una sombra pegada a los talones y las certezas materiales escasean tanto como las alegrías.

En las alturas del poder, sin embargo, esa realidad no existe sino como estadística o consigna de campaña. Las dirigencias políticas —tanto de derecha como de esa izquierda tecnocrática encerrada en seminarios— hace mucho que le dieron la espalda a la clase trabajadora. Desde sus púlpitos legislativos y sus balances macroeconómicos, son incapaces de descifrar la fibra emocional del pueblo. Incapaces, sobre todo, de entender que la dignidad no solo se disputa en el Congreso: se defiende y se respira en los espacios donde la gente común se reconoce, se abraza y se sostiene.

Por eso ningunean el deporte; por eso desprecian el fútbol. Lo reducen con arrogancia a un simple espectáculo alienante, a un negocio de sociedades anónimas o a una válvula de escape para “adormecer conciencias”. Su miopía es histórica: nombran ministros de cartón que duran un suspiro sin haber pisado jamás una cancha de barrio, o promueven autoridades serviles a intereses corporativos y fundaciones privadas, mientras ignoran deliberadamente que las instituciones deportivas y barriales son, en esencia, trincheras de afecto colectivo.

Y en esa cartografía del alma chilena, Colo-Colo no es simplemente un club: es la institución civil y el movimiento social de masas más grande, transversal y potente de nuestra historia. Si en el país formal representa a la mitad más uno, en las poblaciones, campamentos, ferias y talleres esa cifra roza la totalidad. Colo-Colo es el idioma común de los desposeídos.

Cuando Colo-Colo sale campeón, lo que estalla en los pasajes no es una victoria estadística ni el éxito pasajero de once jugadores en una cancha. Es un desahogo primordial. Es ver cómo el vecino que apenas saluda se funde en un abrazo de lágrimas con el joven de la esquina; es la abuela colgando la bandera blanca y negra en la ventana rota; es el orgullo de quien, perdiendo todos los días contra un sistema despiadado, siente que al menos hoy ganó. Ese festejo desborda cualquier cálculo elitista: es la recomposición espontánea de un tejido social que el modelo neoliberal se esmera en fragmentar e individualizar cada mañana.

Esa complicidad popular es profundamente contrahegemónica. En un modelo que exige aislarse, competir y desconfiar del prójimo, encontrarse en la vereda para cantar por el Cacique es un acto de resistencia afectiva. Es demostrar que la comunidad sigue viva, latiendo debajo del asfalto y de la precariedad. Ningún proyecto de transformación social que aspire a ser genuinamente nuevo, humano y emancipador podrá construirse sin convocar a ese pueblo real, con sus pasiones, sus dolores y sus propios símbolos de identidad.

Las dirigencias podrán seguir administrando sus discursos vacíos y sus leyes distantes, pero el pueblo ya tiene su propio refugio. Un triunfo de Colo-Colo no borra la miseria del salario ni la intemperie del sistema, pero le devuelve a millones de almas el combustible imprescindible para seguir de pie: la certeza de que no están solos y el derecho irrenunciable a ser felices, aunque sea por una noche, apretados en un mismo grito de gol.

• Los ataques informáticos a sistemas de refrigeración, almacenamiento y logística pueden tener consecuencias directas en el suministro de alimentos. Académico de la PUCV analiza las vulnerabilidades del país y la importancia de fortalecer la protección de infraestructuras esenciales. 

Tras el ataque cibernético que hace unas semanas sufrieron cerca de 85 locales de suministro de alimentos en Europa, dañando la cadena logística y de abastecimiento, en nuestro país se encendieron las alarmas sobre qué tan seguro se encuentra Chile frente a este tipio de atentados.

Para Sebastián Berríos, académico de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y experto en ciberseguridad, nuestro país no es ajeno a estos riesgos. “Hoy, prácticamente todos los supermercados y centros de distribución utilizan tecnología para controlar sus sistemas de refrigeración, almacenamiento y logística. El problema es que muchos de estos sistemas se administran de manera remota y, si no cuentan con las medidas adecuadas, pueden convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes”, puntualizó.

Berríos señaló que en Chile existen dispositivos de refrigeración conectados a Internet, pero no hay suficiente información pública para asegurar qué tan vulnerables son las empresas o si están realmente preparadas para enfrentar un ataque de estas características. “Por eso, creo que sería importante comenzar por evaluar estos sistemas y conocer sus niveles de seguridad. Es fundamental que las empresas revisen cómo están protegiendo sus equipos, especialmente aquellos que pueden ser controlados desde la red”, añadió.

En esta misma línea, el académico PUCV destacó la necesidad de mejorar el monitoreo, mantener los sistemas actualizados y contar con mecanismos alternativos que permitan seguir operando en caso de un incidente. “Aquí también es clave el trabajo conjunto entre las empresas, el Estado y la Agencia Nacional de Ciberseguridad”, enfatizó.

Ciberseguridad: más que el robo de datos

En el caso de Chile, que cuenta con un amplio desarrollo tecnológico, lo que más preocupa de estos episodios es la falsa percepción de que la ciberseguridad se limita al robo de datos o a las estafas informáticas. Sin embargo, lo sucedido en Europa demuestra que las consecuencias pueden ser mucho más tangibles.

“Se pueden perder toneladas de alimentos, interrumpir la distribución o incluso generar problemas sanitarios. Esto nos lleva a una reflexión importante: un supermercado puede no parecer una infraestructura estratégica a simple vista, pero cuando pensamos en toda la cadena de abastecimiento, claramente hablamos de un servicio fundamental para la población”, advirtió Berríos.

“Chile tiene que comenzar a mirar la ciberseguridad de una manera mucho más amplia. No se trata solamente de proteger computadores o información, sino también de resguardar los sistemas tecnológicos que garantizan el acceso de las personas a alimentos, agua, energía y otros servicios esenciales”, concluyó el especialista.

El académico Federico Navarro advierte que cuando los estudiantes entregan a la IA tareas como organizar ideas, argumentar o redactar, pierden oportunidades fundamentales para desarrollar habilidades.

• Expertos de Chile e internacionales se reunirán el próximo jueves en la UOH para abordar el desafío de la enseñanza frente a las nuevas tecnologías.

¿Qué ocurre cuando un estudiante deja de organizar sus ideas, construir argumentos y redactar un texto porque una inteligencia artificial puede hacerlo por él? Para Federico Navarro, académico del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O’Higgins (UOH), el riesgo va más allá de la dependencia tecnológica, ya que puede producirse un “déficit cognitivo”, es decir, la pérdida de oportunidades para ejercitar habilidades y desarrollar aprendizajes.

El académico explica que las investigaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación muestran “resultados diversos”. Mientras algunos estudios advierten que su uso puede debilitar el razonamiento analítico, el pensamiento crítico y creativo y las habilidades de escritura, otros identifican beneficios en la productividad, la confianza y la autonomía. Por eso, sostiene que no existe una “única respuesta” sobre su relación con el aprendizaje.

La principal dificultad aparece cuando los estudiantes delegan procesos que son esenciales para su formación. “Delegar puede producir un déficit cognitivo, la pérdida de oportunidades de esforzarse, equivocarse, volver a intentarlo y aprender”, advierte Navarro. En ese sentido, plantea que las tareas complejas, como planificar un escrito o resolver un problema, deben seguir siendo parte del trabajo intelectual del estudiante.

¿Cómo enfrentar este desafío en las aulas? El académico propone avanzar hacia una enseñanza que establezca criterios claros para utilizar estas tecnologías. Entre sus recomendaciones está diseñar actividades que incorporen la voz, las experiencias y la perspectiva de los estudiantes, de manera que tengan sentido y requieran una elaboración personal.

También plantea que docentes y estudiantes acuerden desde el inicio del curso qué usos de la inteligencia artificial están permitidos, en qué circunstancias y cuáles no pueden utilizarse. A esto se suma incorporar declaraciones de uso, donde se especifique para qué se recurrió a estas herramientas y qué partes del trabajo fueron desarrolladas sin su intervención. Esta transparencia, sostiene, debe involucrar también a los profesores.

Finalmente, propone recuperar actividades y evaluaciones presenciales, utilizando lápiz y papel, además de enseñar directamente en clases cómo emplear la IA para resolver tareas superficiales o automatizables, sin delegar aquellas que requieren pensamiento, creatividad y elaboración propia.

El objetivo -concluye- no es excluir la inteligencia artificial de la educación, sino aprender a utilizarla sin renunciar a los procesos que permiten desarrollar conocimientos y habilidades.

Simposio internacional

El jueves 12 de noviembre, la Universidad de O’Higgins realizará el Simposio Internacional Cátedra UNESCO Lectura y Escritura “Escritores en transición en tiempos de IA: de la escuela al mundo laboral”, un encuentro que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar cómo la inteligencia artificial está transformando la escritura, la enseñanza y el aprendizaje, desde la formación escolar hasta el ámbito profesional.

La actividad comenzará con la perspectiva de Francisca Díaz, coordinadora de la Estrategia Regional Docente de UNESCO para América Latina y el Caribe. Posteriormente, el destacado investigador de la escritura David R. Russell (Iowa State University), quien visita Chile por primera vez, realizará una conferencia magistral al inicio del evento. Luego, se desarrollará una mesa redonda con los especialistas del área de escritura, educación e IA: Natalia Ávila Reyes, Martín Cáceres, René Venegas y Teresa Correa.

La actividad es organizada por Cátedra UNESCO Lectura y Escritura, Subsede Universidad de O’Higgins; la SEREMI de Educación de la Región de O’Higgins; el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile; y el proyecto FONDECYT 1251238 “De la universidad al trabajo”.

El simposio se realizará, entre las 17:00 y las 19:00 horas, en el auditorio del Campus Rancagua de la UOH. Es gratuito, previa inscripción, y está dirigido a docentes escolares y universitarios.

Los/as interesados/as pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/F83wiSyRVDesue678.

El ex ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reforzó sus apreciaciones sobre la forma equívoca e imprecisa con la cual el Ministro actual de la cartera, Fernando Rabat, ha respondido respecto a la rebaja de condenas concedidas a criminales sexuales vía decreto:

“Ha quedado claro para la opinión pública y personas que forman parte del sistema de justicia que las respuestas que ha dado el gobierno no son correctas e inverosímiles”.

“Además ha omitido información al Congreso”, indicó respecto al desconocimiento en que se encuentra el parlamento sobre el cuerpo de los 56 decretos firmados por el ministro, lo que ha derivado en que el jefe de cartera no sea invitado a las sesiones de la Comisión de Constitución del Senado donde actualmente se discuten temas de esa secretaría.

El ex secretario de Estado recordó la baja aprobación que percibe el sistema de justicia por la ciudadanía, de modo que la respuesta contradictoria del ejecutivo frente a la gravedad del caso, “alienta la sensación de impunidad que hay en nuestra sociedad”:

“Genera un desconcierto en las víctimas de estos delitos y lo que hace es tributar para que el sistema de justicia no pueda restablecer la confianza que necesita”, expresó.

Dos actos inauditos

Acerca de los argumentos presentado por el ministro Rabat sobre el otorgamiento de rebaja de condenas, Gajardo precisó que la decisión fue directa a la solicitud de la demanda de los condenados, lo que es contrario al criterio que venía implementando el poder ejecutivo desde el segundo período de Sebastián Piñera en adelante.

Tal criterio se venía aplicando fiel a lo “determinado por el Congreso que la ley de rebaja de condenas que excluía a los abusadores y violadores de niños se aplicara desde el momento en que se publicó en febrero de 2022”. Así el Ministerio de Justicia se daba la tarea de rechazar las peticiones para años anteriores, explicó:

Por otro lado, acotó, que “es bien complejo y delicado el hecho de que el gobierno diga que el estado le falló a las víctimas: quien falló a las personas siendo niños es el gobierno, no el Estado”, puntualizó sobre la conformidad a la ley del rechazo que dictaminó el ministerio de Justicia en anteriores administraciones:

El criterio protegía a las víctimas y hacía cumplir la ley de 2022, agregó Gajardo. El cambio de criterio “hace entre otras cosas que se considere una infracción a la ley”, concluyó además el ex ministro.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, anunció la implementación de un plan de movilizaciones escalonadas, aprobado por la Asamblea Nacional de la organización, en rechazo a los recortes contemplados en el Presupuesto 2027 y en defensa de los derechos sociales. El dirigente sostuvo que la estrategia contempla despliegue territorial, presencia en los lugares de trabajo, articulación con organizaciones sociales y acciones de movilización que irán aumentando progresivamente.

Pérez Debelli cuestionó el Presupuesto 2027, señalando que, pese a considerar un incremento general de 1,5%, la revisión de sus partidas específicas evidencia importantes disminuciones en programas públicos.

Entre las áreas afectadas mencionó la educación inicial y los jardines infantiles, además de iniciativas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que permiten a mujeres jefas de hogares monoparentales acceder al cuidado estatal de sus hijos e hijas.

A esto se suman reducciones en programas de JUNAEB, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). Sobre este último punto, el dirigente advirtió que incluso programas vinculados a la atención de personas con discapacidad están siendo afectados.

“Cuando uno revisa los programas particulares, todos están golpeados por una disminución”, sostuvo.

El presidente de la ANEF enfatizó que la discusión presupuestaria constituye el primer hito de movilización sindical durante noviembre, considerando que, por mandato constitucional y legal, el Presupuesto de la Nación debe ser aprobado durante este mes. Asimismo, recalcó que la disputa no se limita a las remuneraciones de los funcionarios públicos, sino que comprende la defensa de los derechos sociales de la población.

Mesa del Sector Público entrega petitorio al Gobierno

En el marco de esta discusión, el pasado 4 de noviembre la Mesa del Sector Público ingresó su petitorio, en una acción que reúne a la ANEF con organizaciones docentes, asistentes de la educación, trabajadores de la salud, municipales y universitarios, entre otros sectores.

El documento fue entregado en la Oficina de Partes de La Moneda, dirigido al Presidente de la República, además de las dependencias de los ministerios de Hacienda y del Trabajo.

Pérez Debelli explicó que las demandas tienen un carácter que trasciende las reivindicaciones laborales y salariales, planteando que el movimiento sindical tiene la responsabilidad de defender el rol del Estado y los derechos de la ciudadanía.

“Tenemos la obligación de defender el sindicalismo sociopolítico. Todo lo que hacemos tiene un trasfondo político, porque se trata de defender los derechos sociales de la ciudadanía”, afirmó.

En esa línea, destacó que la introducción del petitorio busca reforzar el compromiso de las organizaciones con la defensa y el fortalecimiento del Estado.

Asamblea de la ANEF aprueba plan de movilizaciones escalonadas

Uno de los principales acuerdos de la Asamblea de la ANEF fue impulsar un plan de movilización escalonada, acompañado de una estrategia comunicacional, territorial y sindical que permita fortalecer la presencia de los trabajadores públicos en los distintos espacios.

El dirigente detalló que esta planificación contempla acciones en los lugares de trabajo, despliegue en los territorios y una ampliación de las alianzas con municipios, juntas de vecinos, estudiantes y organizaciones de pobladores.

“Hay un diseño sindical aprobado desde el punto de vista territorial, para que podamos volver a generar esta fuerza social, rearticularnos y tener presencia en los distintos espacios”, explicó.

Pérez Debelli sostuvo que los trabajadores organizados constituyen un límite frente a los abusos de los empleadores, los despidos y las políticas presupuestarias que buscan disminuir la función pública y el papel del Estado.

Asimismo, aseguró que la ANEF mantiene disposición al diálogo con las autoridades, pero desde una posición firme y sin abandonar sus principios sindicales.

“Somos partidarios de un diálogo con presencia, pero firme, desde la convicción de que no podemos renunciar a nuestros principios”, señaló, agregando que las acciones en el Congreso, los territorios y las mesas de negociación también forman parte de esta estrategia de movilización.

Defensa de los derechos humanos y rechazo a las rebajas de condenas

El presidente de la ANEF también reafirmó el compromiso de la organización con las movilizaciones por los derechos humanos y la articulación con otros sectores sociales. En ese sentido, recordó la participación de la agrupación en las actividades conmemorativas del Día de la Ejecutada y el Ejecutado Político, las manifestaciones estudiantiles y las jornadas en defensa de la educación pública.

Además, destacó que la ANEF forma parte activa de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos, sosteniendo que la defensa de estas garantías constituye una responsabilidad político-sindical que no están dispuestos a abandonar.

En relación con las rebajas de condena a violadores de derechos humanos y violadores de niños niñas y adolescentes, Pérez Debelli cuestionó duramente al Gobierno y llamó al Presidente José Antonio Kast a asumir su responsabilidad política.

“Ojalá el Presidente tuviera una reflexión interna y también asumiera su responsabilidad frente a esta situación. Que la persona que firmó ese decreto que ha generado una situación de injusticia dé un paso al lado y llegue alguien que efectivamente respete la justicia y los derechos humanos de cada ciudadano y ciudadana de nuestro país”, manifestó.

Finalmente, calificó los indultos como medidas violentas que revictimizan a las familias de quienes sufrieron la represión durante la dictadura, a quienes continúan buscando a sus familiares detenidos desaparecidos y a quienes todavía esperan justicia.

“Vamos a estar tantas veces como sea necesario para rechazar esos indultos, que nos parecen violentos y revictimizan a las familias que sufrieron en carne propia la dictadura, a quienes todavía buscan a sus seres queridos desaparecidos y a quienes siguen esperando justicia”, concluyó, reivindicando el legado sindical de Clotario Blest y Tucapel Jiménez.