¿Una imagen sigue valiendo más que mil palabras en tiempos de inteligencia artificial?

En el Día Mundial de la Fotografía, especialistas UCSC abordan cómo las tecnologías generativas  están cambiando nuestra relación con los registros visuales y por qué la mirada de quien captura un instante adquiere una nueva relevancia frente a contenidos capaces de representar hechos que nunca ocurrieron.

Si tuvieras que elegir una sola foto de tu galería para conservarla, probablemente no sería la más nítida ni la mejor encuadrada. Podría ser una foto familiar, de alguien que ya no está, de un viaje, una celebración o un hito. La decisión recae en el valor de la fotografía, que no está en los megapíxeles ni en la composición, sino en todo aquello que representa.

Esa capacidad de convertir un instante en memoria es parte de lo que se conmemora cada 19 de agosto, en el Día Mundial de la Fotografía. La fecha recuerda el anuncio oficial del daguerrotipo, primer procedimiento desarrollado por Louis Daguerre, que el gobierno francés presentó al mundo el 19 de agosto de 1839. Desde entonces, la fotografía pasó de ser un procedimiento experimental a convertirse en una de las principales formas de registrar, comunicar y recordar la experiencia humana.

Más de 180 años después, para el fotógrafo de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Andrés Meza, la masificación de la fotografía ha ampliado enormemente sus posibilidades, pero también ha hecho más evidente la diferencia entre una imagen que simplemente se registra y otra que tiene algo que decir.

“La cantidad de fotografías que podemos tomar no necesariamente determina su valor. Una imagen adquiere importancia cuando hay una mirada detrás, cuando existe algo que queremos comunicar, recordar o expresar. La fotografía es algo muy personal, y en medio de esta enorme cantidad de imágenes, tener una visión propia o de autor se vuelve quizás más importante que nunca”, menciona.

Fotoperiodismo

¿Y qué ocurre cuando una imagen puede ser creada sin que aquello que muestra haya sucedido? La inteligencia artificial generativa (IAG) permite crear personas, lugares y situaciones inexistentes con un nivel de realismo nunca antes visto. Para el Dr. Manuel Rivera, académico de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la UCSC, esta discusión obliga a volver al origen: entender que una imagen siempre implica una mirada y un contexto.

“La imagen no es la realidad, es una interpretación, un valor autoral y la suma de diversas consideraciones técnicas, temporales y emocionales, desde el encuadre hasta el punto de vista. La comprensión en la captura de un hecho estará situada en quién la tomó, el dónde y el cuándo”, explica.

Justamente aquello es algo que la IA no contempla: la mirada de quien estuvo frente al acontecimiento y consiguió convertir ese instante en un relato visual. La frase típica de “una imagen dice más que mil palabras” adquiere un sentido distinto con la aparición de la IA, pues esa confianza en el hecho podría terminar depositada en una imagen de algo que no ocurrió. Frente a ello, el fotoperiodismo adquiere especial relevancia, pues entre sus
deberes está resguardar la ética y el valor de las fotografías.

“Es altamente verificable si una imagen es real a través de la fecha, el lugar, y los metadatos del archivo original. Y es vital que el fotoperiodismo sostenga su integridad profesional, ética y la confianza, comprobando el uso de imágenes que se generen con tecnologías generativas”, explica Rivera.

En ese sentido, el avance de la inteligencia artificial hace más evidente el valor de una imagen real, es decir, su vínculo con un momento, un lugar y una persona que decidió mirar. Así, el Día Mundial de la Fotografía invita a reflexionar sobre qué se quiere comunicar al hacer una fotografía. En un mundo donde incluso aquello que nunca ocurrió puede verse como si hubiera ocurrido, la mirada detrás de cada foto puede ser precisamente lo que la haga tan importante.

En el marco del Día Mundial de la Fotografía, la Dirección de Extensión Cultural de la UCSC desarrolla una programación que incluye el taller “Por qué capturamos la luz”, realizado junto a la Asociación de Fotógrafos de Concepción (AFOCONCE); un Rally Fotográfico; la exposición “Focos del alma penquista”; y el concurso “Fragmentos naturales de la frontera”. Todas las actividades son abiertas a la comunidad y sus detalles están disponibles en culturaucsc.cl.

La secretaria general del Partido Comunista, denunció que la reforma constitucional propuesta por el gobierno deviene en una deriva autoritaria que, “transforma al presidente en una autoridad más cercana a un dictador”.

Por otra parte, Figueroa aseguró que la ciudadanía, además de abandonada se sentirá perseguida, además advirtió que no se trata de una reforma que combata efectivamente a la delincuencia y el crimen organizado.

La secretaria general PC criticó además la puesta en escena que ha construido el gobierno respecto a este tema. “Yo me pregunto ¿qué fue lo que el presidente firmó y anunció la semana pasada?, porque él firmó un documento, entonces si el documento no estaba, nueva preocupación para todos los chilenos y chilenas porque el presidente nos anuncia cosas que ni siquiera él tiene en detalle”.

En cuanto a las leyes de seguridad, Bárbara Figueroa, señaló que durante el gobierno anterior se aprobaron, “iniciativas de ley muy sustantivas”, reconociendo en todo caso que como colectividad, “hemos señalado nuestros reparos respecto de finos límites de protección y garantía de derecho para la ciudadanía”, en algunos de estos proyectos, como la Ley Nain Retamal que fue votada en contra por las y los parlamentarios comunistas.

Adicionalmente, Figueroa apunta que ninguna de las leyes que el gobierno busca llevar adelante en el congreso apuntan al aumento en la dotación policial y sus condiciones materiales o el seguimiento de la ruta del dinero, medidas que son cruciales para enfrentar al crimen organizado.

38 años de la CUT y los debates laborales en Chile

El nuevo aniversario de la Central Unitaria de Trabajadores se vive en un momento álgido de debates en materia laboral, en dónde muchos actores sociales han advertido retrocesos en derechos de las y los trabajadores, lo que supone un desafío para cualquier organización sindical, más aún para la más representativa de las centrales del país.

Bárbara Figueroa declaró que como Partido Comunista, “somos parte de quienes confiamos y creemos en la necesidad de tener actores sociales y sindicales, no solamente legitimado sino también con un alto reconocimiento en el rol que juegan hoy día en una democracia sana”.

Bárbara Figueroa aseguró que, cuando se relativizan las condiciones laborales, “el valor del trabajo, lo importante que es contar con trabajo decente, donde se relativiza la jornada laboral”, es aún más importante que, “los partidos de oposición no bajemos las banderas, mantengamos la voz alerta y la mirada vigilante, sobre lo que son las iniciativas de ley que el ejecutivo ha planteado en materia laboral, porque son regresivas, porque dañan”.

Bárbara Figueroa, también envió un fraternal saludo a la nueva dirección nacional del Frente Amplio, que fue elegida este fin de semana. Gael Yeomans, será quien conducirá la tienda durante los próximos 2 años.

Jorge Lamich  y Héctor García, obrero y médico cirujano, respectivamente, eran conocidos y queridos de Buin. Sus nombres y rostros figuran en los muros de esa localidad solicitando justicia por sus crímenes.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó sentencia de segunda instancia y confirmó las condenas a tres ex miembros del Ejército por el secuestro calificado de Jorge Rubén Lamich Vidal, obrero de la construcción y militante comunista; y de Héctor Victoriano García García, médico cirujano y militante socialista, hecho ocurrido en agosto de 1974, en la comuna de Buin.

Los ministros Edwin Danilo Quezada, Carlos Hidalgo Herrera (redactor); la abogada integrante Yasna Otárola confirmaron la condena al Suboficial (r) del Ejército Juan Enrique Ruiz Salazar y al entonces conscripto Luis Antonio Arévalo Céspedes, a las penas efectivas de 15 años de presidio mayor en su grado medio, en calidad de autores de los secuestros calificados de Lamich Vidal y García García.

Mientras que Pablo Gabriel Opitz Arancibia, Coronel (r) del Ejército,  fue condenado a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, como coautor del secuestro calificado de Lamich Vidal.

De esta manera, el tribunal de alzada, confirmó íntegramente en lo penal, la sentencia de primera instancia dictada por la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes, en octubre de 2024.

En dicho proceso y a lo largo de su investigación han sido sobreseídos por fallecimiento los oficiales del Ejército Germán Jorge Barriga Muñoz, Iván de la Fuente Séez, Pedro Montalva Calvo y Pedro Cubillos Torres; y el soldado  Jorge Connell Alarcón.

“Es una sentencia categórica que reafirma las conclusiones de la investigación y la sentencia dictada en primera instancia. El crimen de Jorge Rubén Lamich y Héctor García estuvo por décadas en la impunidad, por lo que el proceso y esta sentencia nos pone más cerca de que los responsables enfrenten su castigo”, señaló el abogado querellante Francisco Busto del Estudio Caucoto Abogados.

Lamich y García eran dos lugareños muy conocidos y queridos en Buin,  con un gran arraigo social. Sus nombres y rostros siempre figuraron en los muros de esa localidad solicitando justicia por sus crímenes.

LOS HECHOS 

En la resolución, la ministra Cifuentes dio por establecidos los siguientes hechos:

“-En relación a Jorge Rubén Lamich Vidal

1° Que el día 13 de agosto de 1974, alrededor de las 04:00 horas, en el inmueble de calle Errázuriz N° 126 de la comuna de Buin, un grupo de soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, bajo el mando del subteniente Pablo Gabriel Opitz Arancibia, acompañados de funcionarios de Carabineros de Chile, detuvo, sin derecho, a Jorge Rubén Lamich Vidal, obrero de la construcción y militante del Partido Comunista.

2° Que, acto seguido, Jorge Lamich Vidal fue trasladado al Cuartel N° 2 de la Escuela de Infantería de San Bernardo, ubicado al interior del cerro Chena, lugar en que se le mantuvo encerrado sin derecho.

3° Que, en ese sitio, Lamich Vidal fue interrogado y sometido a malos tratos físicos.

4° Que, en lugar de ser puesto a disposición del tribunal competente, estando bajo la custodia de soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Jorge Lamich Vidal fue ejecutado mediante un disparo en la cabeza por el soldado conscripto Luis Antonio Arévalo Céspedes.

“5° Que, en esa época, la Compañía de Morteros se encontraba a cargo del capitán Germán Barriga Muñoz y formaba parte del Batallón de Infantería de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandado por el teniente coronel Pedro Óscar Cubillos Torres, quien se encontraba, a su vez, bajo el mando del director de dicha institución, coronel Pedro Montalba Calvo y del subdirector, teniente coronel Iván de la Fuente Sáez.

-En relación a Héctor Victoriano García García

1° Que el día 13 de agosto de 1974, alrededor de las 05:00 horas, una patrulla de soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, a cargo del subteniente Pablo Gabriel Opitz Arancibia, acompañada de funcionarios de Carabineros, se presentó en el domicilio de Héctor Victoriano García García, médico cirujano y militante del Partido Socialista, ubicado en calle Villaseca N° 407 de la comuna de Buin, con el fin de interrogarlo, retirándose luego del lugar.

2° Que, ese mismo día, alrededor de las 09:00 horas, en el Hospital San Luis de Buin, una patrulla de soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, bajo el mando del Subteniente Pablo Gabriel Opitz Arancibia, detuvo, sin derecho, a Héctor Victoriano García García.

3° Que, acto seguido, Héctor García García fue trasladado a la oficina del capitán Germán Barriga Muñoz, comandante de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, al interior del cerro Chena, lugar en que fue interrogado y sometido a apremios ilegítimos por el citado oficial, el subteniente Pablo Gabriel Opitz Arancibia, el sargento 1° Francisco Nibaldo Cáceres López y el cabo 1° Juan Enrique Ruiz Salazar.

4° Que, al mediodía, en lugar de ser puesto a disposición del tribunal competente, estando bajo la custodia de soldados de la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Héctor Victoriano García García fue ejecutado, mediante disparos con arma de fuego en la cabeza y tórax, efectuados por el soldado conscripto Jorge Ernesto Connell Alarcón.

5° Que, en esa época, la Compañía de Morteros se encontraba a cargo del capitán Germán Barriga Muñoz y formaba parte del Batallón de Infantería de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandado por el teniente coronel Pedro Óscar Cubillos Torres, quien se encontraba, a su vez, bajo el mando del director de dicha institución, coronel Pedro Montalba Calvo y del subdirector, teniente coronel Iván de la Fuente Sáez”.

La iniciativa “Mi Primer Concierto” surgió de una alianza entre el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y la Municipalidad de Renca, que busca democratizar el acceso a la cultura y ampliar los horizontes culturales de estudiantes de 4.º básico de la comuna.

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La ampliación del uso de tecnologías de vigilancia en Argentina durante los dos primeros años de gobierno de Javier Milei ha servido para ampliar la capacidad de vigilancia, establecimiento de perfiles y represalias del Estado en el país, y ha creado un efecto disuasorio sobre el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.

El informe, titulado Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina, documenta la manera en que el gobierno, mediante resoluciones y decretos ejecutivos, ha introducido grandes reformas institucionales para ampliar su capacidad de recopilar información y, por tanto, sus mecanismos de vigilancia. Entre 2024 y 2025, el gobierno adquirió también tecnologías por valor de al menos 1,2 millones de dólares estadounidenses, entre las que se encontraban herramientas de seguimiento de las redes sociales, tecnologías de reconocimiento facial y herramientas de vigilancia aérea. Unidas, estas políticas y tecnologías constituyen un sistema de vigilancia masiva.

“Se está utilizando la vigilancia generalizada contra la población argentina en los espacios tanto físicos como digitales, con efectos devastadores. Estas tecnologías se han convertido en parte integrante de la infraestructura de control estatal: se ha atacado la disidencia, se ha disuadido a los movimientos de protesta y se ha acosado a grupos marginados, entre otras prácticas autoritarias”, ha manifestado Matt Mahmoudi, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.

“Cuando el poder no quiere rendir cuentas, ataca a quienes hacen preguntas y utiliza cualquier medio a su disposición para vigilar, controlar y reprimir.”

El informe se basa en entrevistas con 21 personas (entre ellas periodistas, activistas, pensionistas, jóvenes y defensores y defensoras de los derechos humanos), en análisis de decenas de documentos de contratación y datos relativos a las tecnologías de vigilancia adquiridas, y en información obtenida mediante peticiones basadas en la legislación sobre libertad de acceso a la información.

Una infraestructura de vigilancia cada vez más amplia

El gobierno argentino ha adquirido diversas tecnologías de vigilancia, incluidas plataformas de información de fuentes abiertas diseñadas para recopilar, verificar y visualizar grandes volúmenes de datos procedentes de redes sociales, sitios web, la web oscura (dark web), datos personales, infraestructura técnica y otras bases de datos públicas.

Las compras incluyen también licencias para software de reconocimiento facial de empresas con un historial de explotación masiva de datos biométricos sin suficiente base legal, así como la adquisición de drones y estaciones de control terrestre con capacidades de rastreo automatizado, cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real.

“Hace ya mucho que han identificado absolutamente a todo el mundo [….] A veces, cuando caminas, llegas a [donde estés yendo] y de repente ves el dron en el aire justo sobre tu cabeza. A veces a un par de metros. ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué es tan invasivo?”, dice Ana Tapia, integrante del colectivo Jubilados Insurgentes.

En Buenos Aires, cada miércoles tiene lugar una marcha de pensionistas hasta el Congreso Nacional para protestar contra los recortes de las pensiones realizados por el gobierno de la nación.

El informe documenta el impacto directo que esas capacidades de vigilancia está teniendo en diversos grupos, incluidos periodistas, activistas y migrantes. En él se concluye que algunos se estaban autocensurando en las redes sociales y los espacios públicos, reduciendo su participación en protestas por miedo a ser identificados y tomados como objetivo, y tomando más precauciones en la planificación de actividades públicas.

Oleada global de tecnoautoritarismo

Amnistía Internacional ha documentado el abuso y el uso indebido de este tipo de tecnologías en todo el mundo. La adquisición y ampliación por parte de las autoridades argentinas de vigilancia basada en la inteligencia artificial refleja una tendencia global en la que el uso de estos productos por parte de los Estados incentiva a las empresas a emprender negocios que comercializan la vigilancia en gran escala. Si se unen estos elementos, se agrava el riesgo para derechos como el derecho a la privacidad, la igualdad y la no discriminación, la libertad de expresión y la de reunión pacífica, al tiempo que se reprimen la transparencia y la libertad de información.

“Lo que está sucediendo en Argentina no es un hecho aislado. En todo el mundo, los Estados que implantan prácticas autoritarias están aumentando su uso de las tecnologías de vigilancia contra personas que defienden los derechos humanos, jóvenes, migrantes, grupos marginados y desplazados, y disidentes. Demasiado a menudo esto va acompañado de una falta de supervisión, transparencia y rendición de cuentas”, ha declarado Matt Mahmoudi.

Amnistía Internacional pide a las autoridades argentinas que prohíban el desarrollo, la producción, la venta y el uso de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto para una vigilancia discriminatoria tanto masiva como específica, y que prohíban el uso ilegal de estas tecnologías por parte de todos los actores públicos y privados.

Además, las autoridades deben adoptar medidas reguladoras adecuadas para la adquisición, el desarrollo, la producción, la venta, la importación y la exportación de tecnologías de vigilancia, y deben especificar marcos de política pública para su uso.

“Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control y que los responsables de abusos contra los derechos humanos perpetuados por estos sistemas rinden cuentas de sus actos”, ha manifestado Matt Mahmoudi.

Queda solo un mes para participar en la tercera edición del Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”, una iniciativa que busca impulsar el periodismo narrativo en Chile y promover la escritura y lectura de nuevos talentos locales. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre de 2026 e invita a personas de cualquier nacionalidad que residan en Chile y a chilenos que residan en el extranjero y tengan hasta 35 años a enviar una crónica inédita de tema libre.

Organizado por la Universidad Portátil, proyecto tecnológico fundado en 2009 dedicado a la investigación académica y a la creación y difusión de conocimiento para contar mejor Latinoamérica, el premio se desarrolla en Chile desde 2024 junto a la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello del Campus Creativo.

El concurso está dirigido a personas de hasta 35 años interesadas en narrar historias reales desde la crónica. Los textos deben ser inéditos, no haber sido publicados total ni parcialmente en medios impresos o digitales, y estar escritos originalmente en español, tal como lo afirma Juan Pablo Meneses, director de Nuevas Plumas Chile:

Las obras podrán abordar cualquier temática y deberán tener una extensión máxima de 17 mil caracteres con espacio, en letra Arial tamaño 12. Además, cada participante deberá adjuntar una autobiografía de hasta 3 mil caracteres con espacio, bajo el mismo formato.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 5 de septiembre de 2026 en  premionuevasplumas.org. Posteriormente, durante la primera semana de octubre, se dará a conocer el jurado de esta edición; en noviembre se anunciarán las 15 crónicas finalistas; y la obra ganadora será revelada en un evento que se realizará en el marco de La Furia del Libro en diciembre de 2026.

La persona ganadora del Premio Nuevas Plumas Chile recibirá un premio en efectivo de $1.000.000 de pesos chilenos, además de la publicación de su crónica y la inclusión de su texto en un libro que reunirá las 15 crónicas finalistas, publicado por Berrinche Editores.

En sus ediciones anteriores, el Premio Nuevas Plumas Chile ha reconocido nuevas voces de la crónica nacional. En 2025, su segunda versión fue otorgada a Jonathan Mardones, mientras que la primera edición, realizada en 2024, distinguió a Belén del Castillo Pairoa.

El jurado de las ediciones anteriores estuvo conformado por María José Cumplido, Andrew Chernin y Pablo Mancini en la versión 2025; y por Rocío Montes, Julio Villanueva Chang y Juan Pablo Meneses en la primera edición de 2024.

En palabras de Meneses “en sus tres versiones el Premio Nuevas Plumas destaca a una nueva generación de cronistas chilenos. El premio impulsa el periodísmo narrativo y el contar buenas historias que dan cuanta de la diversidad de miradas y voces de jóvenes escritores”.

Con la convocatoria entrando en su última etapa, el Premio Nuevas Plumas Chile 2026 invita a jóvenes escritores y escritoras a compartir sus historias y ser parte de una plataforma que busca fortalecer la crónica como una herramienta para narrar la realidad desde nuevas miradas.

Bases y link de postulación: https://premionuevasplumas.org/chile/

Ig: @premionuevasplumas

• Un 15% de las personas encuestadas considera que niños, niñas y adolescentes deberían poder dar su opinión solo si se portan bien”
• “Los derechos humanos no son premios a la buena conducta ni privilegios revocables: corresponden a todas las personas y deben respetarse siempre” señaló el Defensor de la Niñez.

Santiago, 14 de agosto de 2026.- Aunque el 89% de las personas adultas declara conocer o haber escuchado hablar de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la mitad considera que estos deben cumplir con sus deberes para poder exigirlos. Así lo revela el Estudio de Opinión de Adultos Referente a los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 2025, presentado hoy por la Defensoría de la Niñez.

Los resultados muestran una brecha entre el amplio reconocimiento de la existencia de estos derechos y la manera en que son comprendidos y aplicados en situaciones concretas. Además del 50% que condiciona su ejercicio al cumplimiento de deberes, un 15% de las personas encuestadas considera que niños, niñas y adolescentes deberían poder dar su opinión solo si se portan bien. Ambas cifras se mantienen estables respecto de la medición realizada en 2021.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que “estos resultados muestran que todavía tendemos a condicionar los derechos de niños, niñas y adolescentes a su ‘buen comportamiento’. Dejar de escuchar a un niño como forma de castigo, por ejemplo, supone tratar un derecho como si fuera un premio que puede retirarse. Los derechos humanos no son premios a la buena conducta ni privilegios revocables: corresponden a todas las personas y deben respetarse siempre”.

El estudio también muestra que el conocimiento de las normas que protegen estos derechos sigue siendo limitado. Mientras el 89% declara conocer o haber escuchado hablar de los derechos de la niñez y adolescencia, solo el 23% conoce o ha oído hablar de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Al mismo tiempo, un 94% considera que las familias necesitan más información sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Uno de los cambios relevantes entre 2021 y 2025 se observa en materias de participación y autonomía. El porcentaje de adultos que considera que niños, niñas y adolescentes deberían sentirse siempre o casi siempre libres de dar su opinión frente a sus familias disminuyó de 93% a 88%. En el caso de profesores y profesoras, bajó de 91% a 83%.

A la vez, aumentó la disposición a intervenir en su privacidad. El porcentaje de adultos que considera que madres y padres tienen derecho a revisar los celulares, computadores o tablets de sus hijos e hijas pasó de 79% en 2021 a 85% en 2025, mientras que el respaldo a revisar sus diarios de vida aumentó de 21% a 29%. Ambas variaciones son estadísticamente significativas.

Consultados sobre qué derechos de niños, niñas y adolescentes respetan menos los propios adultos, el derecho a ser escuchado ocupa el primer lugar, con un 17%, seguido por el derecho a estar protegido contra toda forma de violencia, con un 16%.

Respecto del Estado, los adultos identifican entre los derechos menos respetados el derecho a estar protegido contra toda forma de violencia (16%), el derecho a la salud (13%) y el derecho a un nivel de vida adecuado (13%).

Niños y adolescentes son más críticos que los adultos

La investigación también evidencia una brecha entre la evaluación que realizan los adultos y la experiencia que reportan los propios niños, niñas y adolescentes. Mientras el 42% de los adultos considera que las personas adultas respetan siempre o casi siempre los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre estos últimos esa percepción alcanza solo un 31%, de acuerdo con el Estudio de Opinión de Niños, Niñas y Adolescentes realizado por la Defensoría de la Niñez en 2023.

La diferencia también aparece entre quienes consideran que sus derechos se respetan solo “a veces”: así lo señala el 65% de niños, niñas y adolescentes, frente al 45% de los adultos.

“Esta brecha confirma la importancia de escuchar directamente a niños, niñas y adolescentes. No podemos evaluar el cumplimiento de sus derechos únicamente desde la perspectiva de los adultos, especialmente cuando son ellos y ellas quienes experimentan directamente las consecuencias de nuestras decisiones”, sostuvo Quesille.

Adultos y niños también difieren sobre cuáles son sus principales problemas

Las diferencias no se limitan a la evaluación del respeto de derechos. Adultos y niños, niñas y adolescentes también identifican de manera distinta los principales problemas que afectan actualmente a la niñez.

Para las personas adultas, los principales problemas son el uso de celulares y tecnología (16%), el entorno en el que viven (15%) y la falta de valores o respeto hacia otros (12%). Los propios niños, niñas y adolescentes, en cambio, identifican en primer lugar la falta de educación sexual (41%), seguida de la violencia e inseguridad en las calles (28%) y el acoso escolar o bullying (14%).

El estudio además muestra una amplia demanda de mayor apoyo a las familias: un 94% considera que necesitan más información sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes y un 93% estima necesario que el Estado les entregue mayor apoyo para resguardar la salud mental de sus hijos e hijas.

La investigación fue realizada a partir de 1.969 encuestas aplicadas en las 16 regiones del país, mediante un diseño probabilístico, con un error muestral de 2% a nivel nacional y un nivel de confianza de 95%. Sus resultados fueron comparados con la primera medición de adultos realizada en 2021 y con el Estudio de Opinión de Niños, Niñas y Adolescentes de 2023. Niños, niñas y adolescentes participaron tanto en la revisión del instrumento como en el análisis de sus principales resultados.

El ministerio de Medio Ambiente anunció semanas atrás la invalidación de la consulta indígena vinculada a la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), por haber pérdidas de documentos que debían ser incluidos al expediente oficial.

El werken de la comunidad de Pargua Pepiukilen y de la Coordinadora Huilli Lafken Wueichan, Francisco Vera Millaquen y la werken Marisol Trureo, werken de Koyagtün Pikünche, se refieren al extravío de las actas firmas, indicando que tal situación no es responsabilidad de las comunidades y que previo a eso señalaron un conjunto de situaciones negligentes e irregulares que los llevó a reclamar la anulación del proceso.

El ministerio de Medio Ambiente anunció semanas atrás la invalidación de la consulta indígena vinculada a la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), por haber pérdidas de documentos que debían ser incluidos al expediente oficial.

El werken de la comunidad de Pargua Pepiukilen y de la Coordinadora Huilli Lafken Wueichan, Francisco Vera Millaquen, se refirió al extravío de las actas firmas, indicando que tal situación no es responsabilidad de las comunidades y que previo a eso señalaron un conjunto de situaciones negligentes e irregulares que los llevó a reclamar la anulación del proceso.

Agregó que la anterior administración informó sin antelación sobre un tercer reglamento para someter a consulta; la empresa productora a cargo del traslado de los participantes hasta Santiago operó de forma negligente, mermando la llegada de algunos representantes, y que también el cierre de la consulta se realizó fuera de horario, impidiendo la presencia plena de la mitad de los participantes . “Es ahí cuando ocurre la pérdida de firmas”, señala el werken: “No había firmas porque la gente no estaba”:

“Se debe anular por las causas que corresponde a derecho”, aclara sobre la ilegitimidad de la consulta indígena en torno a los reglamentos de SBAP.

Vera Millaquen indicó que están decidiendo junto a otras comunidades retomar las causas de sus recursos de reposición y que apelarán a que la consulta se retrotraiga hasta la etapa inicial de la entrega de información.

TC

Por otra parte, la werken Marisol Trureo, werken de Koyagtün Pikünche, se refirió al veredicto del Tribunal Constitucional que impugnó los artículos 12 y 13 de la mega reforma del gobierno. En aquellos se planteaba que el Estado indemnizara a los privados si un tribunal revocase la resolución de calificación ambiental de un proyecto de inversión; liberar de evaluación ambiental a las relocalizaciones acuíferas y limitar las observaciones ciudadanas a los proyectos de inversión.

“Esto ha sido una alegría al piuke porque esto lo que estaba pasando era un ecocidio tremendo para nosotros como pueblos originarios y quienes están en la lucha diaria por la protección de nuestra ñuke mapu y mal llamado recursos naturales que son nuestras fuentes comunes y vitales de vida”, expresó.

Al final de lo que estamos defendiendo es  la vida no solo de nosotros sino de toda nuestras generaciones, de todos nuestros linajes y de quienes vendrán después de nosotros”. 

Semillas 

En otra área el werken de Pepiukelen planteó las acciones que han seguido respecto a las  medidas administrativas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) relativas a la comercialización de semilla corriente, donde la entidad ha solicitado a quienes comercializan semillas inscribirlas en un catastro quedando a propiedad de quienes realicen este procedimiento.

La medida ha generado rechazo porque podría alterar el libre intercambio de semillas, situación por la que Vera Millaquen y en conjunto con otras comunidades han solicitado a la diputada Ñanco oficiar a la entidad agrícola ganadera y a otras carteras:

Sin embargo, advirtió que desde la institucionalidad y sus programas no hay una política de protección real de las prácticas ancestrales agrícolas porque en los mismos espacios originarios dedicados a esas actividades se han instalado lógicas comerciales donde incluso se vinculan actores del gran empresariado

Asimismo, el werken Vera Millaquen indicó que presentaron una carta exigiendo para esta medida del SAG, un debido proceso de consulta y que van a seguir acciones judiciales, si es necesario, incluso llegando a instancias internacionales.