La investigación pondrá el foco en uno de los principales desafíos: la convivencia entre la producción humana y la generación automatizada de contenidos.

Comprender cómo la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) generativa está transformando el ejercicio del periodismo en Chile y la forma en que las audiencias perciben y confían en las noticias, es el objetivo del proyecto Fondecyt Regular, adjudicado recientemente por la profesora titular de la Escuela de Periodismo de la PUCV, Claudia Mellado.

La iniciativa, denominada “El rol del periodismo en tiempos de la Inteligencia Artificial generativa y su impacto en las audiencias”, propone analizar de manera sistemática cómo esta tecnología está reconfigurando las rutinas de producción informativa, los roles profesionales de los periodistas y la relación entre los medios y el público.

El proyecto considera que el desarrollo de estas herramientas —como los grandes modelos de lenguaje capaces de producir textos, imágenes o videos— ha comenzado a integrarse en las salas de redacción de diversos medios de comunicación en el mundo.  Y que, si bien estas tecnologías prometen mayor rapidez y eficiencia en la producción informativa, también plantean interrogantes relevantes sobre la autoridad profesional del periodismo, la transparencia en el uso de estas herramientas y el impacto que su adopción puede tener en la credibilidad de las noticias.

Ello, especialmente porque, tal y como plantea Mellado, en Chile, la incorporación de Inteligencia Artificial en el periodismo es en muchos casos, poco visible para el público.

Frente a este escenario, el proyecto Fondecyt Regular propone estudiar el fenómeno desde dos perspectivas complementarias: la de los periodistas que producen las noticias y la de las audiencias que las consumen.

“El proyecto busca comprender cómo la Inteligencia Artificial generativa está transformando el periodismo en Chile, tanto en las salas de redacción como en la forma en que las audiencias evalúan las noticias. En particular, analiza cómo los periodistas adoptan, negocian o resisten el uso de estas tecnologías en su trabajo cotidiano, y cómo las audiencias perciben y evalúan la credibilidad de las noticias cuando saben —o creen— que han sido producidas con Inteligencia Artificial”, sostuvo Mellado.

La investigadora de la PUCV agregó que “uno de los principales desafíos es entender cómo se reconfiguran los roles profesionales del periodismo en un contexto donde tecnologías capaces de generar contenidos comienzan a participar en procesos que antes se consideraban exclusivamente humanos. Al mismo tiempo -precisó- el proyecto busca aportar evidencia sobre cómo el uso de la IA puede afectar la confianza en las noticias, en un contexto como el chileno, donde la credibilidad en los medios es baja”.

Mellado sostuvo que el proyecto utilizará una metodología mixta que combina técnicas cualitativas y cuantitativas. En primer lugar, se realizarán entrevistas en profundidad con periodistas y con audiencias para comprender cómo interpretan y evalúan el uso de Inteligencia Artificial en el periodismo. En segundo lugar, se aplicará una encuesta a periodistas de distintos medios del país para identificar qué usos están dando a estas tecnologías y cómo se relacionan con los roles profesionales que orientan su trabajo. Finalmente,  el estudio incluirá experimentos con audiencias en los que las personas evaluarán noticias elaboradas por periodistas, por IA o por una combinación de ambos. “Esto permitirá analizar cómo influyen factores como la autoría, la transparencia sobre el uso de Inteligencia Artificial y el tipo de rol periodístico en la credibilidad que las audiencias otorgan a la información”, añadió la académica.

Mellado sostuvo que este proyecto también posiciona a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso como una de las instituciones académicas que lideran la investigación sobre periodismo e Inteligencia Artificial en América Latina. “La iniciativa se inserta en una línea de investigación consolidada en la universidad sobre culturas periodísticas, roles profesionales del periodismo y confianza en las noticias, desarrollada durante años a través de diversos proyectos Fondecyt y colaboraciones internacionales”, agregó.

Cabe consignar que la investigadora ha dedicado más de veinte años al estudio de los roles profesionales del periodismo y las culturas periodísticas. Mellado ha dirigido previamente cinco proyectos Fondecyt y lidera el proyecto internacional Journalistic Role Performance, una de las iniciativas comparativas más importantes del mundo en el estudio del periodismo, que actualmente involucra a decenas de universidades y equipos de investigación en más de 50 países.

• Retirar estas normas -señala Giovanna Amaya- retrasa la protección ambiental y prolonga problemas medioambientales en diversas zonas del país.

El gobierno de José Antonio Kast instruyó hace unos días retirar 43 decretos supremos que se encontraban en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República, justo antes de que estos fueran aprobados o rechazados.

La gran mayoría de estos decretos pertenecían al área del Ministerio del Medio Ambiente, siendo impulsados por la administración anterior, e incluían medidas relevantes como la creación de parques nacionales y áreas protegidas, la protección de especies (como el pingüino de Humboldt) y normas ambientales (calidad del aire, emisiones, entre otras).

La explicación oficial de esta acción apunta a una revisión técnica y jurídica, que evalúe su calidad, la coherencia normativa y permita corregir posibles errores previo a su aprobación, como también la posibilidad de un reenfoque político y de prioridades.

Retroceso en la protección ambiental

Para Giovanna Amaya, directora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ECA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH), lo primero que se debe entender es que no solo se habla de papeles, se trata de reglas que protegen la salud de las personas y el medio ambiente. “Cuando se retiran o se frenan decretos, en la práctica seguimos funcionando con normas antiguas, algunas de más de 20 años. Eso significa que el país se queda atrás en la gestión ambiental, especialmente en temas tan sensibles como el agua y el aire”, señala la especialista en política pública ambiental.

Agrega que este hecho, más que una revisión técnica, tiene efectos colaterales. “Se retrasa la protección ambiental y se prolongan los problemas conocidos, como la contaminación en zonas saturadas. También es importante aclarar que estas normas no son decisiones rápidas de un gobierno de turno, son procesos que tardan años, con participación de la ciudadanía, la academia, el sector público y privado. Por eso, detenerlas en etapas avanzadas interrumpe acuerdos ya construidos”, detalla Amaya.

Respecto a las intenciones del Gobierno, que se desprenden del momento y la oportunidad en el retiro de estos decretos, la experta UOH señala que “es importante aclarar que los gobiernos tienen el derecho y el deber de evaluar las normas que reciben. Pero el problema no es revisar, el problema es detener sin dar certezas ni plazos claros”.

Agrega que cuando esto ocurre en temas ambientales, el mensaje que se interpreta es una señal de menor urgencia frente a la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación que vive el país y el planeta.

“Más que hablar de negacionismo, yo diría que aquí hay un riesgo, hoy el desafío no es elegir entre desarrollo y medio ambiente, sino avanzar en ambos. En temas ambientales, el tiempo importa. Cada año que se retrasa una norma, es un año en que las personas siguen expuestas a contaminantes cuyo costo lo paga la salud pública”, finaliza.

Cabe destacar que un decreto es una norma jurídica dictada por el Poder Ejecutivo que sirve para regular materias específicas y aplicar las leyes en la práctica; y que, tras el retiro de estos 43 decretos, estos pueden ser modificados y reingresados; reemplazados por nuevas versiones o eventualmente no retomarse su tramitación por parte del gobierno.

Beatriz Revuelta
Directora carrera de sociología, Universidad Central

En materia de cuidados, los avances del país en los últimos años son muy relevantes. La entrada en vigor de la Ley Chile Cuida constituye un hito sin precedentes. La legislación reconoce el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y sienta las bases del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. En estos años, se ha ampliado la presencia territorial de la Red Local de Apoyos y  cuidados; se ha identificado de manera formal a las cuidadoras y cuidadores a través de una credencial que les permite contar con atención preferencial en varios servicios y se han desarrollado centros de atención comunitaria en varias regiones del país. Estos avances sugieren que Chile podría estar transitando desde una concepción familista del cuidado, hacia una perspectiva de corresponsabilidad y de equidad. Pareciera ser una afirmación muy ambiciosa pensando en que el cuidado sigue estando en manos de las mujeres, en los hogares, pero ciertamente ha habido un cambio significativo en las formas en que se ha comenzado a reconocer el cuidado como un trabajo y a las prácticas de cuidado como sostenedoras del bienestar.

En este cambio han jugado un rol fundamental las propias cuidadoras y el movimiento de cuidadoras a nivel nacional y regional, de conjunto con una gestión de gobierno que colocó los cuidados como parte fundamental del futuro de Chile.

Estos avances entran en una fase particularmente significativa con el cambio de gobierno. El nuevo escenario abre un debate relevante sobre la capacidad del Estado para garantizar la continuidad. Al igual que con otras reformas estructurales, el éxito de esta política dependerá  menos de su formulación general que de su capacidad para traducirse en beneficios, apoyo, coordinación territorial y financiación sostenible. En este marco, el cambio de administración no debe conducir a una lógica de discontinuidad, sino más bien a una evaluación rigurosa sobre la eficacia, cobertura y sostenibilidad de los dispositivos ya creados. El nuevo gobierno debería consolidar el Sistema y profundizar sus beneficios.

Reconocer la centralidad de los cuidados, como eje fundamental del bienestar y del futuro de Chile tiene que ocupar una posición prioritaria, con el mismo grado de importancia que la seguridad ciudadana o la economía. La urgencia de apoyos a los cuidados, a las personas que se dedican 24/7 a sostener la vida de otros, no puede esperar más.

Un retroceso civilizatorio o un riesgo para los avances en materia de justicia, son algunas de las alarmas que se encienden con la tramitación del proyecto de cumplimiento alternativo aplicable a 12 mil reos, entre ellos, a los criminales de lesa humanidad.

En el proyecto impulsado por senadores de derecha fue aprobada su idea de legislar, previo a la instalación del gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, donde la mayoría de su gabinete reivindica Golpe de Estado de 1973 y defiende la herencia política y económica de la dictadura de Pinochet.

“Como hemos dichos siempre, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, siempre va a estar en la vereda del frente”, señaló Gaby Rivera, presidenta de la histórica organización sobre el proyecto:

Por Carolina Millalen

Un retroceso civilizatorio o un riesgo para los avances en materia de justicia, son algunas de las alarmas que se encienden con la tramitación del proyecto de cumplimiento alternativo aplicable a 12 mil reos, entre ellos, a los criminales de lesa humanidad.

En el proyecto impulsado por senadores de derecha fue aprobada su idea de legislar, previo a la instalación del gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, donde la mayoría de su gabinete reivindica Golpe de Estado de 1973 y defiende la herencia política y económica de la dictadura de Pinochet.

“Como hemos dichos siempre, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, siempre va a estar en la vereda del frente”, señaló Gaby Rivera, presidenta de la histórica organización sobre el proyecto:

“Estamos alerta, preocupadas y muy ocupadas en esto. No permitiremos nunca que los violadores de los DD.HH salgan a la calle”, dijo sobre la deuda de justicia frente a las desapariciones forzadas que suman más de 50 años.

En pie

La iniciativa ha sido observada por la Corte Suprema señalando que hay riesgo de propiciar la impunidad y la denegación interesada de justicia. Por su parte, la oficina de la ONU en América del Sur ACNUDH, indicó que el proyecto transgrede el principio de proporcionalidad de la pena, en tanto no distingue para los delitos más graves penas mayores.

El proyecto de Cumplimiento Alternativo de penas privativas de libertad, “lo pintaron de colores” dice Rivera sobre el eufemismo de su nombre y que más bien se asemeja a una conmutación de penas. Junto con ello, el beneficio se extiende a otros delincuentes por graves delitos, como por ejemplo, violadores sexuales y femicidas.

Si bien la tramitación en el Congreso va a ser compleja, reiteró que seguirán luchando por la verdad y la justicia. “No vamos a descansar en eso. Las viejas también están paradas”:

Por los familiares y el país

Gaby Rivera comentó lo que fue el acto de restauración del Memorial del Detenido ocurrido en los últimos días de gobierno del ex Presidente Boric:

“Fue emotivo, bien fuerte cada vez que uno va a ese lugar y ve la cantidad enorme de nombres de compañeros y compañeras. Si vas al lado, donde están los nichos, hay tan poquitos. Han pasado 52 años y aún no podemos recuperarlos por el silencio, porque no quisieron nunca hablar o porque no entregaron nunca la información”.

“Lo poco que hemos encontrado no ha sido porque hayan dicho sino porque desde la tierra han brotado nuestros familiares”, expresó:

“La desaparición forzada es la tortura permanente, nunca se deja. Inclusive, los compañeros que hemos encontrado siguen siendo detenidos desaparecidos-encontrados. Nunca se les va a quitar ese derecho, esa frase”.

“El acto fue también un homenaje a ellos y también a las fundadoras de la Agrupación, a las viejas que se sacaron la cresta que vivieron que sufrieron durante los primeros años”, dijo la presidenta de la AFDD.

Respecto al Plan de Búsqueda que se inició en el gobierno de Boric, Gaby Rivera se refirió a la activa participación que hubo de las organizaciones en el perfeccionamiento de la política de Estado. “Espero de verdad que no lo toquen, pero ahí vamos a estar convencidas de que esto es lo que se debe hacer en este país y no lo que se puede hacer”.

“Es importante para los familiares, pero también para el país”, indicó acerca de los reiterados intentos de impunidad que han afrontado: “Nos paramos firmemente ante ese intento. Hemos logrado parar muchos momentos de impunidad con la fortaleza de las compañeras y no creo que esta va a ser distinta”.

• Académica de la Escuela de Derecho de la PUCV lidera proyecto interdisciplinario que analiza el impacto jurídico y social de la violencia en entornos digitales, proponiendo criterios para abordar fenómenos como la desinformación y el ciberacoso.

Con el objetivo de comprender en profundidad la violencia en el ciberespacio y sus implicancias jurídicas, la profesora de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Laura Mayer, se encuentra finalizando un proyecto de Investigación Asociativa Interdisciplinaria que reunió a especialistas de diversas disciplinas para analizar uno de los fenómenos más complejos del entorno digital contemporáneo.

El estudio, titulado “Violencia digital: concepto, manifestación e implicaciones jurídicas y sociales de un fenómeno dinámico”, permitió analizar si esta clase de violencia presenta características propias que la diferencian de aquella que ocurre fuera de entornos digitales. “La investigación busca establecer si la violencia digital constituye un fenómeno particular, con rasgos específicos que requieren respuestas diferenciadas desde el derecho y las políticas públicas”, explica la académica.

Uno de los focos del proyecto fue determinar cómo esta violencia se expresa en distintos contextos y etapas de la vida. En ese sentido, Mayer advierte que “la violencia digital no es homogénea, sino que adopta diversas formas dependiendo del ámbito en el que se desarrolla, como el educativo, laboral o social, así como de las características de quienes la experimentan”.

Entre los resultados más relevantes se encuentra la elaboración de un artículo científico publicado en 2025 en el European Journal on Criminal Policy and Research, donde se analiza el fenómeno de la desinformación en el proceso constitucional chileno.

A partir de estos hallazgos, la investigadora sostiene que “un sistema democrático comprometido con la libertad de expresión no excluye la existencia de límites, especialmente cuando la difusión deliberada de información falsa puede provocar daños graves e inmediatos en el proceso democrático”. En esa línea, el estudio plantea que deben existir sanciones en casos específicos donde se cumplan criterios claros de afectación.

El proyecto también profundizó en diversas manifestaciones de la violencia digital, como el ciberacoso, el discurso de odio, la violencia de género online y el uso de tecnologías como los deepfakes. “Estamos frente a un fenómeno dinámico, que evoluciona rápidamente y que desafía las herramientas tradicionales del derecho para su regulación”, señala Mayer.

Como parte de sus resultados, el equipo publicará durante el primer semestre de 2026 un libro colectivo que abordará estas problemáticas desde múltiples perspectivas. Para la académica, este trabajo “permite avanzar hacia una comprensión más integral de la violencia digital y contribuir al diseño de respuestas jurídicas y sociales que resguarden tanto los derechos de las personas como la libertad de expresión en entornos digitales”.

La música de las quintas de recreo hasta la crudeza de la cueca en dictadura, es lo que relatan las voces de destacadas cantoras. La cita es en Casona Dubois de Quinta Normal.

Este jueves 19 de marzo se vivirá una jornada única para rescatar las historias de las mujeres que han sostenido la tradición oral en nuestro país. Desde las enigmáticas Petorquinas del siglo XIX, pasajes de La Remolienda de Alejandro Sieveking, el relato de las cantoras campesinas y la cueca sola de Gala Torres, hasta la resistencia actual, esta obra musical con dramaturgia de Pati Díaz nos interpela con interrogantes necesarias que toman fuerza en las voces de destacadas cantoras de la escena santiaguina.

Cantoras Detonadas es un proyecto creado por un grupo de mujeres del folclor en Santiago, el cual surge al notar la poca presencia de voces femeninas en las parrillas programáticas del Día del Cuequero y la Cuequera. En el mes de la mujer en el que además se celebra, hace ya cuatro años, el Día Nacional de la Cantora en honor al natalicio de la gran Isabel “Chabelita” Fuentes (14 de marzo), es la oportunidad de alzar la voz para dar vida a este estreno musical y teatral.

Bajo la dramaturgia de Pati Díaz, la obra es un viaje a través de cinco cuadros que mezclan teatro, investigación histórica y música en vivo. El elenco está compuesto por las cantoras Gabi Milla, Claudia Mena, Pati Díaz, Josi Villanueva y Pamela del Canto, junto a la participación de la historiadora Araucaria Rojas, quienes proponen una “detonación” de la historia oficial. El montaje resignifica el canto “chillón y nasal” —históricamente criticado por la academia— para transformarlo en un estandarte de identidad y sororidad.

“La historia de las mujeres populares del siglo XIX debe ser releída y re escrita. Es preciso buscar la voz que persiste en estas vidas precarias de la historia, en los pasados escamoteadores, acaso inasibles. “Todas las cantoras y bailarinas que ni siquiera tuvieron nombre para la historia, si bien nos dejan apenas sus señas, nos llaman a leer las en reversa las fuentes, hasta ensayar una lectura – y una escritura- donde ellas aparezcan, en la que oír sus voces, aunque leves, aunque bajas”, dice la historiadora Araucaria Rojas. “En esta obra, ese eco vuelve a sonar con la fuerza de lo que ya no puede ser callado”, dicen las intérpretes del montaje.

Desde la picardía de las quintas de recreo de los años 60 hasta la crudeza de la cueca en dictadura, el público vivirá una experiencia inmersiva donde las tonadas, valses y cuecas actúan como crónicas de una libertad que se hereda de generación en generación.

COORDENADAS DEL EVENTO

Fecha: jueves 19 de marzo de 2026.
Lugar: Casona Dubois.
Dirección: Ayuntamiento 1650, Quinta Normal.
Horario: 19:00 hrs.
Entradas: Aporte voluntario.
Contacto: cantorasdetonadas@gmail.com | Instagram: @cantoras_detonadas

Junto al director del programa, Nelson Vásquez, se conocen el contenido de las recientes publicaciones de Científicos de la Basura, que señalan al plástico como el ítem más común de basura en ríos y playas, pero con una importante baja en el volumen de residuos en el caso de las zonas marinas estudiadas.

Por Carolina Millalen

Científicos de la Basura entregó nuevos datos sobre residuos en ríos y playas de Chile. En el caso de los primeros, el IV Muestreo de Basura en Ríos en Chile constata que el plástico en distintas cantidades, tipos y tamaños, se mantiene como el ítem de basura más común, comparando con los tres sondeos realizados en años anteriores.

El estudio de 2024 contempló todas las regiones. “Se tomaron muestras de un total de 71 ríos y se contó con la participación de 54 grupos integrados principalmente por escolares, estudiantes y comuneros de ciertas localidades”, relata Nelson Vásquez Fundador y Director del programa.  

“La basura de origen plástico, tarde o temprano, se comienza a fragmentar hasta llegar a lo que se conoce como micro plástico que entra en la trama trófica de comunidades ribereñas y marinas”, explica el experto sobre la ingesta de residuos por las especies que habitan esas zonas, lo que genera daños a su salud, entre otros impactos medioambientales. 

El proyecto Científicos de la Basura nació hace casi 20 años atrás, en la Región de Coquimbo y al alero de la Universidad Católica del Norte. Sus creadores abrieron un nuevo espacio de investigación que provee un constante aporte a la evidencia científica.

Hoy, cuentan con varios muestreos en playas y ríos realizados junto a las comunidades, así como otros nuevos proyectos como es el caso de “Viajeros del océano” que trabaja en la identificación de especies micro orgánicas como los epibiontes.

Ciencia Participativa

“Es muy relevante poder invitar a participar en los estudios”, plantea Nelson acerca de la presencia de voluntarios en el trabajo de muestra. “Generalmente los científicos publicamos información a través de revistas sin que muchas veces las personas entiendan cómo se  genera esa información”:

“Es muy valioso no solo hacer ciencias con las personas sino también que puedan autoeducarse y ver lo que está ocurriendo en terreno con los ríos y playas”, agrega.

Buenas nuevas y desafíos

En el caso de las zonas costeras, el V Muestro Nacional de Macro Basura en Playas de Arena 2024, arrojó que los residuos tanto a nivel de Chile como del continente, disminuyeron entre un 80% y 90%.

Una hipótesis ante la buena noticia, indica que probablemente existe un mayor nivel de conciencia, o bien, algunos municipios están destinando más recursos para enfrentar el problema, señala Nelson.

Por otro lado, precisa que el ítem plástico es el más común en las playas -al igual que en los ríos- y le siguen las colillas de cigarrillos, pese a la ley que prohíbe fumar en playas y a la normativa que regula el uso de bolsas plásticas en zonas costeras.

Respecto al los plásticos de un solo uso (hoy regulados por la ley 21.368) y en colaboración con Oceana Chile, incorporaron al informe un análisis sobre el volumen de esos residuos, constatando que no ha variado en relación a las cantidades registradas anteriormente a la vigencia de la ley:

“Es importante educar a los negocios y educarnos toda la población. No solo invitar a consumir cada vez menos este tipo de productos sino que una vez consumidos no botarlos en el espacio público ni en la naturaleza directamente”, acotó el director del programa, junto con apuntar a la mayor inyección de recursos en la fiscalización de las leyes.

La senadora Claudia Pascual se refirió a la preocupación que genera el retiro del Plan Nacional de DDHH desde Contraloría, pese a que ya existía una iteración del programa entre el Ministerio de Justicia bajo la anterior administración y el órgano autónomo.

La parlamentaria del Partido Comunista advirtió que a diferencia de un decreto, que sí se rige por potestad reglamentaria, “el Plan es una obligación legal de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia cuando se creó la subsecretaría de Derechos Humanos”:

“Ahora no tenemos como política de Estado un Plan porque lo han retirado para su toma de razón”, dijo apuntando a la legítima desconfianza que genera la decisión del ejecutivo y que debe considerar a las organizaciones de derechos humanos:

“Efectivamente pareciera que el Estado cambia cada 3 años, lo que afecta la estabilidad de políticas públicas y necesitamos que aquellas traspasen de un gobierno a otro”, dijo la parlamentaria.

Asimismo, acotó que en sala le consultó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, sobre el propósito del retiro en cuestión y que no fue acogida su inquietud, pero que sí, en cambio, el secretario se refirió al punto en ronda de prensa. “Entonces, hay un poquito de inquietud”.

“Es un gobierno profundamente desconfiado de las políticas permanentes de Estado”, acotó Pascual caracterizando al gobierno de ultraderecha.

Detrás de los retiros

Por otra parte, respecto a la incoherencia que existe por parte del gobierno al plantear la falta de recursos del Estado y los anuncios de disminuir los impuestos a las grandes empresas, señaló que la propuesta económica de Kast se sustenta en restringir y limitar la política pública social, por ejemplo, con las cortapisas a la gratuidad o las 40 horas laborales.

En la línea de inspeccionar decretos -como los relativos al sistema eléctrico nacional o medioambientales-, sumó que son derechos sociales que nos “ha costado mucho tiempo conquistar y que hoy pueden estar siendo revisados”.

“Nadie quiere paralizar la economía ni que no hayan proyectos de inversiones, pero hay una gran mayoría que quiere compatibilizarlo con el resguardo del medio ambiente para las futuras generaciones”, agregó acerca de los 43 decretos medioambientales que hoy se encuentran en toma de razón.