El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización sobre cómo el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia entrega y publica información relacionada con los recursos que transfiere a instituciones encargadas de atender a niños, niñas y adolescentes vulnerados (entidades privadas sin fin de lucro que son organismos colaboradores acreditados). La fiscalización también incluyó el acceso a información sobre las acciones de supervisión del Servicio hacia estos organismos.
La metodología usada consistió en dirigir dos solicitudes de acceso a información al Servicio, así como revisar la información publicada en su página web, a fin de detectar eventuales infracciones a sus obligaciones en materia de derecho de acceso a la información o transparencia activa.
En términos generales, los resultados evidenciaron que, a través de la Ley de Transparencia, es posible acceder a información relevante sobre las transferencias y supervisiones efectuadas por Servicio a los organismos colaboradores acreditados, relevando el valor de las herramientas que esta ley pone a disposición de las personas para efectuar control sobre estas materias.
Sin perjuicio de lo anterior, la inspección realizada por el CPLT develó ciertos incumplimientos a la Ley de Transparencia. Específicamente, respecto de las solicitudes de acceso a información dirigidas al Servicio, ambas fueron respondidas fuera del plazo legal. En relación con transparencia activa, se detectó la ausencia de un convenio de transferencia de recursos a un organismo colaborador y de una resolución que establecía sanciones a uno de estos organismos.
Respecto de la caracterización de los aportes financieros transferidos por el Servicio en 2024, los datos muestran traspasos por más de $277 mil millones a 138 organismos colaboradores acreditados. El análisis evidencia una distribución altamente concentrada: diez instituciones recibieron casi la mitad del total, y solo tres de ellas —Corporación Opción, Fundación Ciudad del Niño y Fundación Mi Casa— superaron los $18 mil millones cada una, acumulando más del 20% del presupuesto anual total destinado a programas de protección.
La mayor parte del dinero se destinó a dos líneas de acción: intervenciones ambulatorias de reparación de daño (58%) y cuidado alternativo (32%), esta última que supone la acogida de niños, niñas y adolescentes, separados temporalmente de sus familias por orden de un tribunal, en residencias institucionales o familias de acogida.
En cuanto a la distribución territorial, el análisis muestra que Antofagasta, Arica, Iquique y Viña del Mar destacan como los principales focos de inversión, superando los 7 mil millones de pesos en transferencias recibidas cada una. Dentro de las diez comunas que más fondos recibieron, las siguen otras comunas fuera de la Región Metropolitana, aunque en su mayoría capitales regionales.
Por otra parte, la fiscalización del CPLT abordó los datos sobre las fiscalizaciones realizadas por el Servicio a los organismos colaboradores acreditados entre 2021 y 2024. Dichos antecedentes revelan un panorama preocupante: de las 1.589 fiscalizaciones históricas, un 39% terminó con resultados negativos. Esto significa que 2 de cada 5 fiscalizaciones detectaron fallas en programas financiados con recursos públicos, incluyendo problemas de seguridad, infraestructura deficiente, documentación incompleta, falta de personal adecuado o deficiencias en el trato hacia los niños y adolescentes atendidos.
El Servicio informó también un total de 92 sanciones aplicadas a organismos colaboradores entre 2021 y 2024. De ellas, un 35% correspondió a infracciones graves que derivaron en multas del 15% al 30% del financiamiento entregado, término anticipado de convenios o incluso pérdida total de la acreditación, lo que impide seguir recibiendo recursos públicos. Dentro de las irregularidades detectadas se registraron gastos no justificados por más de $85 millones, incumplimientos graves en residencias, falta de equipamiento básico, retrasos en denuncias obligatorias ante Fiscalía o Tribunales de Familia y documentación laboral incompleta.
Finalmente, el CPLT realizó una revisión de los informes de supervisión del Servicio respecto de una muestra de proyectos de los 5 organismos colaboradores que recibieron mayor cantidad de recursos en 2024. De los proyectos analizados, tres de cuatro fueron evaluados como insuficientes, y fueron ejecutados por Corporación Opción, Fundación Ciudad del Niño y Fundación Mi Casa. Las deficiencias detectadas incluyen ausencia de documentos esenciales de los niños, equipos profesionales incompletos, infraestructura insegura y percepción negativa de los propios niños y adolescentes respecto del trato recibido. Solo uno de los proyectos revisados, ejecutado por SERPAJ, obtuvo una evaluación destacada.
Para la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, “estos hallazgos evidencian la utilidad de la Ley de Transparencia para informarse y efectuar control social en un área de inminente interés público como es el cuidado de nuestros niños, en que además el Estado invierte cuantiosos recursos”.
González agregó que “Sin embargo, hay ciertos aspectos en los que es necesario seguir aumentando el estándar de transparencia. Por una parte, detectamos ciertas infracciones a la Ley de Transparencia, tanto en su arista de transparencia activa como en cuanto al derecho de acceso a la información pública de las personas, por lo que oficiaremos al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia para que ajuste sus procedimientos. Por otra parte, la investigación sugiere que casi un 40% de las fiscalizaciones realizadas por este servicio a los organismos colaboradores terminó con resultados negativos, por lo que remitiremos dicha información a la Contraloría General de la República, al gobierno y a las comisiones respectivas del parlamento, para los fines que estimen pertinentes. La coordinación entre los órganos del Estado es fundamental para aumentar los estándares de transparencia y control”.