La diputada por el Distrito 6, Sofía Gonzalez, se manifestó sobre las muchas comunas de la Región de Valparaíso que han resultado afectadas con los recientes temporales de lluvias torrenciales.

La parlamentaria señaló que si bien su región es colindante con la de Coquimbo, los daños acaecidos en la provincia de Petorca no han sido percibidos acorde al impacto que las lluvias ocasionaron en esa zona del norte de Valparaíso.

“Esto habla y da cuenta de una discusión que es mayor, como es la poca preparación de parte del gobierno”, dijo sobre las medidas que deben ser desplegadas a nivel central, y donde no solo cuentan las de índole administrativa sino por sobre todo, las que se requieren para el resguardo de la vida humana.

Sobre el punto de las varias comunas en la región que quedaron sin suministro eléctrico -durante 5 días algunas e incluso durante una semana otras-, la parlamentaria cuestionó la capacidad de respuesta de las empresas privadas y que, bajo el actual gobierno, se les intenta beneficiar a partir de políticas como la mega reforma o la insistencia de algunos de privatizar Codelco:

Hay pérdida de capital de trabajo, de insumos  médicos, de alimentos -señaló la diputada González sobre el impacto en la región-, así como hay pérdida de conectividad en varios sectores tras la caída de antenas. “eso es evidente con la incapacidad del privado para responder ante una catástrofe que se contradice con este discurso que ha estado instalando el gobierno”, remarcó.

Mega reforma

Asimismo, La parlamentaria independiente de la Bancada PC recordó alguno de los últimos pasos de la mega reforma, ya aprobada por el Congreso, indicando que en esta jornada de lunes el Parlamento deberá votar los vetos del ejecutivo a tres indicaciones de la oposición. Estas son: la eliminación del anatocismo -el pago de intereses sobre intereses-,  el olvido financiero y el pago a pymes a 30 días.

“Quedó en evidencia en su tramitación que el gobierno tiene una agenda paralela que no es la agenda del gente, de la necesidad, de la ciudadanía sino que es la agenda de los poderosos”, puntualizó:

No obstante, destacó que pese a esta decisión del gobierno de rechazar aquellas indicaciones, sí se logró por parte de la oposición legislativa generar un mínimo equilibrio a partir de la incorporación a la mega reforma del no pago de las cuentas “que fue aprobado y fue el único artículo que el gobierno no vetó”:

“Lo mínimo que podemos considerar cuando una familia sufre incendios, lo ínfimo es que no le vayan a cortar el agua o la luz porque no pagó”.

Permiso para Cuidar

La parlamentaria también se refirió a la campaña que impulsa para la protección de los derechos laborales de quienes cuidan, dado que por ley esas personas están sujetas a devolver horas de trabajo o percibir descuentos. La propuesta, en cambio, consiste en respaldar el proyecto adicional a la ley Sanna y que promueve la entrega de un permiso laboral de hasta 3 meses al año sin devoluciones de por medio y con fuero laboral de modo que signifique un complemento real al sistema Chile Cuida.

“Creemos que es muy injusto tener que elegir entre trabajar y cuidar”, enfatizó González, junto con invitar a apoyar la iniciativa en las redes sociales, al igual que los recursos necesarios para una realidad que viven muchos chilenos y chilenas, precisó.

• El análisis fue presentado en un conversatorio en el que participó el exministro Carlos Montes, quien dijo que “en lo habitacional, esto del chorreo no funciona, y la preocupación del Gobierno es la gran empresa inmobiliaria y no la vivienda social”.

La Fundación Nodo XXI presentó este jueves el informe “¿Política habitacional o agenda inmobiliaria?: Análisis de los 150 días del Gobierno de Kast en materia de vivienda”, que revisa siete de las medidas que ha impulsado el Ejecutivo para —según el propio gobierno— responder al déficit que existe en este sector.

El documento advierte que las políticas que está impulsando el actual titular de esa cartera, Iván Poduje, están generando “un país de inmobiliarias y arrendadores”, ya que “reduce exigencias regulatorias y entrega beneficios tributarios, mientras traslada la responsabilidad hacia las familias y municipios”.

“Las iniciativas anunciadas por el ministro Poduje toma urgencias reales y las convierte en una oportunidad para fortalecer a quienes ya tienen poder económico (…). En un país con más de 500 mil viviendas de déficit y cerca de 100 mil viviendas nuevas sin vender, el gobierno decide actuar principalmente para hacer más atractivo el negocio inmobiliario, no para asegurar que esas viviendas sean accesibles para quienes las necesitan”, señala el informe, que agrega además que no se están abordando el aumento de campamentos o los problemas para acceder a créditos.

Un ejemplo de ello plantea Nodo XXI, es la eliminación de las contribuciones para las personas mayores, que se presenta como un alivio para la clase media, pero omite que ya existen mecanismos de exención y que “la iniciativa viene a beneficiar exclusivamente a las personas de las comunas más ricas del país. Todo eso, a costa de la recaudación para el Fondo Común Municipal que financia los servicios básicos en comunas de bajos ingresos económicos”.

Otra política del Minvu que la Fundación Nodo XXI cuestiona es la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ya que “es una desregulación urbana de gran magnitud, decretada por vía administrativa, que aumentará la rentabilidad potencial del suelo sin mecanismos de captura de plusvalía ni regulación de precios”.

“El supuesto de que mayores permisos y densidad producirán automáticamente viviendas más baratas muestra desconocimiento sobre que el problema central no es solo la cantidad de unidades, sino la brecha entre precios, ingresos y capacidad real de acceso”, alerta el informe.

Otras medidas del Minvu que siguen esa lógica, según este análisis, son la Operación Sitio 2.0 y Eriazo Cero, que generarán “más labores a los municipios sin recursos equivalentes y trasladará hacia las familias la responsabilidad de completar la solución habitacional”, y el aumento del tramo DS1, que amplía el subsidio a viviendas hasta 4.000 UF “sin poner mecanismos de control de precio”.

“En lo habitacional, el chorreo no funciona”

El informe de Nodo XXI fue presentado en la Municipalidad de Estación Central, en un conversatorio al que asistió el exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien coincidió en que la política habitacional del actual gobierno está preocupada solo de las grandes empresas inmobiliarias.

“Comparto completamente el fondo de ese informe, que dice que el Gobierno de Kast en estos 150 días se ha centrado en elevar la rentabilidad para que las grandes empresas ganen más, y de desregular, para que no estén tan controladas por el Estado”, dijo.

“Ellos tienen la idea de que, si las grandes empresas ganan más, moverán la economía y el empleo, y producirán más viviendas. Pero la vida dice que eso no es así. Hay períodos donde ellos han ganado mucho y el déficit crece. En lo habitacional, esto del chorreo no funciona, y la preocupación de ellos es la gran empresa inmobiliaria y no la vivienda social”, afirmó.

Al evento también asistió el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien criticó la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, porque “salta por encima de los planes reguladores, porque independiente de lo que diga el plano regulador, establece que se pueden aumentar densidades y alturas, a partir de un decreto, sin pasar por el Congreso”.

Y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, cuestionó por su parte el diseño con que quedó la compensación que se aplicará a las comunas por la exención de las contribuciones, ya que es una medida “sin focalización, que se convierte en una política profundamente injusta y regresiva. Incluso lo dijeron Ignacio Briones y Evelyn Matthei, es bastante consensuado en que es una política injusta, porque de los US$70 millones de la compensación la mitad va a seis comunas. A Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea van $30 mil millones, mientras que a Quinta Normal nos compensarán con $50 millones y a San Ramón con $3 millones”.

La Diputada del distrito 8, Tatiana Urrutia, que incluye las comunas de Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel y Quilicura, entre otras, afirmó que hay poca prolijidad e interés en tratar bien el tema, ya que “tenemos un ministerio que llega e ingresa, entre gallos y medianoche, la actual ordenanza que abre la puerta para la depredación de nuestra ciudad, y esto tiene un antecedente con lo realizado hace tres meses atrás, donde sacaron un decreto que permitía incorporar la variable de riesgo para la construcción de viviendas”.

• Una alimentación equilibrada, la exposición responsable al sol y el seguimiento médico son fundamentales para mantener niveles adecuados de vitamina D, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

Con la llegada del invierno, los días más cortos y la menor exposición al sol favorecen la disminución de los niveles de vitamina D, un nutriente esencial para la salud ósea y el correcto funcionamiento de distintos procesos del organismo. Frente a este escenario, la docente adjunta de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de O’Higgins, Roxana Soto, entregó recomendaciones para prevenir su déficit e hizo un llamado a evitar la automedicación con suplementos.

La especialista explicó que, aunque suele asociarse principalmente con la salud de los huesos, la vitamina D cumple múltiples funciones en el organismo. “Actúa como una hormona y participa en diversos procesos del organismo. Su función más conocida es favorecer la absorción de calcio y fósforo para mantener una buena salud ósea, pero también existe evidencia sobre su participación en el funcionamiento del sistema inmune y otros procesos metabólicos”, asegura la docente.

Durante los meses de invierno, los niveles de esta vitamina tienden a disminuir debido a la menor exposición a la radiación ultravioleta B (UVB), principal responsable de su síntesis en la piel. Además, las bajas temperaturas hacen que las personas permanezcan más tiempo en espacios cerrados.

“En invierno disminuye la exposición al sol y eso reduce la producción natural de vitamina D. A esto se suma que pasamos más tiempo en interiores, por lo que es importante prestar atención a nuestros hábitos de vida y alimentación”, apunta.

La docente indicó que los adultos mayores, quienes trabajan en recintos cerrados y las personas con enfermedades hepáticas o renales conforman los principales grupos de riesgo. En ellos, la deficiencia puede traducirse en una menor absorción de calcio y fósforo, mayor fragilidad ósea, debilidad muscular y un aumento del riesgo de caídas.

En Chile, quienes viven en las zonas más australes también presentan una mayor probabilidad de desarrollar esta deficiencia debido a la menor radiación solar durante gran parte del año. Por ello, Soto enfatizó la importancia de adoptar medidas preventivas. “La alimentación ayuda, pero por sí sola generalmente no cubre los requerimientos de vitamina D. Por eso es importante incluir alimentos fuente de este nutriente, como pescados grasos, huevos y alimentos fortificados, además de aprovechar la exposición al sol cuando las condiciones lo permitan”, indica la docente.

Agrega que una caminata diaria al aire libre también puede transformarse en un hábito beneficioso. “Aprovechar entre 10 y 15 minutos de exposición solar durante los días despejados, especialmente después del almuerzo, no solo favorece la síntesis de vitamina D, sino que también aporta beneficios para la salud física y mental”, puntualiza.

Respecto al consumo de suplementos, la especialista fue enfática en señalar que estos deben utilizarse únicamente cuando exista una indicación profesional. “La suplementación nunca debiera iniciarse por iniciativa propia. Lo recomendable es realizar una evaluación clínica y, si corresponde, exámenes que permitan confirmar una deficiencia antes de definir la dosis y el tiempo de tratamiento”.

En esa línea, recordó que el uso indiscriminado de suplementos puede no ser necesario e incluso representar riesgos para la salud. “No todas las personas necesitan suplementarse. Lo importante es consultar a un profesional de la salud que evalúe cada caso y determine si realmente existe una deficiencia de vitamina D”.

Finalmente, Roxana Soto hizo un llamado a mantener hábitos saludables durante todo el año y a realizar controles médicos cuando existan factores de riesgo. “Dormir bien, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y asistir a controles de salud son medidas que, junto con una adecuada exposición al sol, contribuyen a mantener niveles adecuados de vitamina D y a prevenir problemas de salud asociados a su déficit”, finaliza la experta.

Según las cifras del INE, casi 2,5 millones de personas en el país mantienen un trabajo informal, más de un cuarto de la fuerza trabajadora del país, a los que se les suman 900 mil desempleados. La economista Bárbara Navarrete, investigadora del Observatorio de Políticas Económicas OPES Chile, repasó los problemas que traen estas cifras para la economía del país, tanto a nivel de familias cómo de industria y comercio. 

“Los niveles de desempleo que tenemos hoy y que se han ido reportando de inicio de este año de forma más cruda son siempre noticias preocupantes, que generan altas dificultades no sólo para las familias que no tiene un ingreso formal o seguro mensualmente sino también para la economía”, explicó Navarrete detallando que, “en una familia no existen recursos permanentes para comprar bienes básicos, alimentación, transporte, soportar gastos básicos como luz y agua (…) no hay quienes esten consumiendo, no hay quienes generen demanda a partir de ingresos formales”.  

Respecto a la informalidad Bárbara Navarrete comenta, “es no tener seguridad previsional, no tener seguridad social, no tener posibilidad de atenderte con Fonasa. Por lo tanto, es una persona trabajadora sin ninguna garantía ni protección”. 

Además, la economista asegura que esto es un problema a largo plazo, puesto que el Estado es quien finalmente deberá compensar las lagunas previsionales de estos trabajadores. 

Rechazo absoluto a la venta de las empresas públicas 

Navarrete detalló que existen 33 empresas públicas por parte del Estado, el patrimonio neto de estas empresas o participación estatal es de 23 mil millones de dólares y que generan 46.800 empleos directos, por tanto la economista asegura que intentar vender estas empresas es, “pan para hoy y hambre para mañana”, “se pierde la posibilidad de establecer una mirada más bien estratégica y soberana del desarrollo nacional” plantea la economista.

Respecto al argumento de que Codelco sería una empresa que produce poco y que está pasando por un difícil momento, la economista asegura, “en ningún caso Codelco está en quiebra, es el segundo productor mundial de cobre, una de las mayores empresas del país y además un actor muy significativo para nuestra propia economía”. 

La investigadora de la OPES señala, “en más de 5 décadas, Codelco ha aportado más de 164 mil millones de dólares al fisco, un promedio de más de 3.000 millones de dólares anuales, de hecho la misma Dipres solamente para proyección del 2026, da cuenta de que nuevamente Codelco aportará este mismo monto para este año”. 

 Vetos presidenciales en megarreforma

Los artículos ingresados por la oposición a la megarreforma serán vetados por el presidente, concretamente el anatocismo, el olvido financiero de las deudas y el pago a 30 días a las Pymes. 

Bárbara Navarrete asegura que no entiende la razón del gobierno de vetar el artículo sobre el pago a 30 días de las Pymes, “es una política bastante sentida por este segmento empresarial que es la pequeña y mediana empresa”. 

La economista comenta que generalmente la derecha dice defender los intereses de las Pymes, por tanto, no se entiende la decisión adoptada.

La presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín Pacheco manifestó el público rechazo de la organización a la campaña “Presos x Servir”, iniciativa presentada por la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, que busca indultar a 9 ex carabineros, condenados por la justicia chilena por cometer crímenes durante la represión del estallido social. 

Lufín declaró: “Lo que está haciendo la diputada Rodríguez con su campaña, es una iniciativa de desprestigio a Fuerzas Armadas y Carabineros. La diputada quiere premiar con un indulto a quienes mancharon la institución con sangre de chilenos y chilenas”. 

Asimismo la presidenta de las Juventudes Comunistas, remarcó la crudeza de los hechos por los cuales fueron condenados los ex carabineros y reafirmó la convicción de que las y los criminales condenados deben estar tras las rejas. 

“De los nueve condenados, seis son por tortura, dos por violencia innecesaria con resultado de muerte y uno por uso de disparo innecesario.Desde las Juventudes Comunistas tenemos la convicción plena de que los criminales deben permanecer tras las rejas”, concluyó Catalina Lufín. 

El Ministerio de Salud declaró por primera vez una alerta sanitaria por hantavirus en 13 regiones, desde Atacama hasta Magallanes, vigente hasta el 31 de julio de 2027. Según el último balance oficial disponible, durante 2026 se han confirmado 46 casos y 18 fallecimientos por hantavirus. Los especialistas de la Universidad de Chile Mauricio Canals, André Rubio y Vivian Luchsinger explican el alcance de la medida, los grupos más expuestos y los síntomas que requieren atención urgente.

Debido al aumento de casos, el Ministerio de Salud declaró por primera vez una alerta sanitaria por hantavirus en 13 regiones del país, desde Atacama hasta Magallanes. La medida estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.

El doctor Mauricio Canals, si bien asegura que “no hay ninguna epidemia”, aclara que “un estado de alerta significa que los organismos encargados de tomar decisiones y gestionar la respuesta tendrán la oportunidad de contar con más recursos para abordar el problema del hantavirus y otras zoonosis”.

El académico del Programa de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile agrega que esto permite “contratar más personal médico, adquirir rápidamente medicamentos y disponer de recursos para la coordinación y la implementación de medidas preventivas y epidemiológicas, en caso de que aumente el número de casos”.

Según el último balance oficial disponible del Ministerio de Salud, al 28 de julio se habían confirmado 46 casos y 18 fallecimientos por hantavirus durante 2026, lo que representa una letalidad cercana al 39%.

“Cuando se piensa en la prevención del hantavirus, hay que tener en consideración, en primer lugar, que no es solo un problema de los excursionistas. Al analizar los antecedentes de las personas que contraen esta enfermedad, en un gran porcentaje el principal factor es residir en zonas rurales o realizar labores agrícolas o forestales. También afecta a excursionistas, pero fundamentalmente es un problema asociado a la residencia rural”, explica Canals.

En esta misma línea, el doctor André Rubio, académico del Departamento de Ciencias Biológicas Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Favet) de la Universidad de Chile, agrega que “este año, en comparación con el anterior, tenemos más casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus y también un porcentaje más alto de letalidad. Sin embargo, esto no significa que estemos frente a una epidemia. Esta alerta sanitaria es principalmente una medida de prevención, que faculta al Estado para disponer de más recursos destinados a fortalecer la vigilancia y las campañas de prevención y control de esta enfermedad”.

Hantavirus en Chile

En paralelo, en el Hospital Regional de Coyhaique se investigan dos casos sospechosos de hantavirus, correspondientes a una adulta mayor y a su nieta menor de edad. De acuerdo con la información disponible este lunes 3 de agosto, la primera permanece en estado crítico, mientras que la menor se encuentra estable y bajo observación. Ambos casos permanecen a la espera de la confirmación diagnóstica correspondiente.

Respecto de los posibles síntomas, la académica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Vivian Luchsinger, explica que “hay casos que pueden ser asintomáticos; es decir, la persona se infecta y no lo sabe porque no presenta síntomas”.

“Las personas que sí presentan síntomas comienzan con un cuadro similar al de una influenza o gripe, con fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares. Algunas pueden presentar también síntomas digestivos y tos, por lo que es difícil distinguir la enfermedad en una primera etapa. Lo más importante es que la persona informe dónde vive, qué lugares ha visitado y qué actividades realizó, por ejemplo, si ingresó a una cabaña o a un granero donde pudiera haber presencia de roedores, o si acampó”, detalla.

La doctora Luchsinger agrega que “la diferencia con una influenza o gripe es que, en pocos días, puede comenzar la insuficiencia respiratoria. El paciente se agrava y, por lo tanto, requiere soporte médico urgente e ingreso a una unidad de cuidados intensivos, donde se realice una monitorización estricta de sus signos vitales y se le entregue apoyo respiratorio. Algunos casos requieren medidas especiales, como la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)”.

“El virus Andes es el hantavirus que circula en Chile y se transmite principalmente por el ratón que conocemos como ratón de cola larga o colilargo. El contagio hacia las personas ocurre principalmente mediante la inhalación de partículas contaminadas con heces, orina o saliva del roedor”, explica el doctor André Rubio.

Tema fue abordado por el abogado y consultor internacional Peter Sharp y la académica e investigadora Elena Salum, durante el seminario “Voces incidentes: infancias, adolescencias y justicia abierta”, que organizó el Observatorio Desigualdades y Políticas Públicas de la Escuela de Trabajo Social de la UV.

Un crítico y revelador análisis de lo que ha sido la participación y el acceso a la justicia de los niños, niñas y jóvenes a lo largo de la historia, así como del rol que en distintos contextos y culturas ha desempeñado el Estado para recoger sus voces y de los efectos que a su vez han generado algunas normas y los métodos que en la actualidad se utilizan para obtener y evaluar datos en este ámbito, realizaron los expositores invitados al seminario “Voces incidentes: infancias, adolescencias y justicia abierta”.

Realizado en modalidad telemática, en el encuentro organizado por el Observatorio Desigualdades y Políticas Públicas (ODPP) de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso intervinieron la académica e investigadora de ese plantel, Elena Salum, y el abogado Peter Sharp, consultor internacional y fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta.

Tras sus respectivas presentaciones, ambos intercambiaron puntos de vista y respondieron preguntas, como parte de un interesante y fluido diálogo que moderó la profesora Sara Salum, coordinadora del ODPP.

Actores invisibilizados

El abogado Peter Sharp fue el primero en hacer uso de la palabra. Durante su exposición se refirió, en primer lugar, a la situación del acceso a la justicia que enfrentan los niños, niñas y adolescentes a nivel global, si bien abordó en particular la realidad que en este ámbito exhiben el continente americano y, por cierto, Chile.

Al respecto, argumentó que este grupo etario es frecuentemente invisibilizado por los sistemas legales, fenómeno que el consultor no dudó en catalogar de injusto. En tal sentido, precisó que si bien ha habido notorios avances en las leyes, la literatura y la tecnología —como la inteligencia artificial—, esa sensación injusta persiste debido a estructuras judiciales debilitadas y procesos que los ciudadanos perciben como “borrosos” u ocultos.

“El ecosistema de justicia —no solo de Chile, sino de América Latina— en el que me ha correspondido participar activamente en la elaboración de varias políticas de justicia abierta y planes de acción, la infancia y la adolescencia son sin duda un actor en muchos casos invisibilizado y ausente. Eso se llama injusticia, no tiene otro nombre”, acotó.

Por lo anterior, Sharp planteó la urgente necesidad de implementar una justicia que se funde en la transparencia, la participación y la colaboración para proteger a quienes —en su opinión— han sido vulnerados en forma permanente a lo largo de la historia.

Asimismo, enfatizó en la importancia de emplear un lenguaje claro, que permita a niños, niñas y adolescentes comprender los procesos judiciales, para superar así las barreras técnicas del derecho. Junto con ello, abogó por la creación de una red institucional coordinada que garantice la protección real frente a amenazas como el crimen organizado.

“De eso se trata cuando hablamos de justicia abierta con perspectiva de protección de la infancia. Y así lo ha señalado el protocolo de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes del Poder Judicial de Chile. Esperamos que el camino que viene sea no un camino de justicia cerrada como el que tenemos, sino más bien un camino de justicia abierta que se construya a partir del diálogo y poniendo en el centro a los jóvenes”, dijo Sharp.

Finalmente, el consultor internacional y fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta hizo un llamado a transformar la cultura judicial, para que el Estado de Derecho sea verdaderamente inclusivo y cercano a los niños, niñas y adolescentes y el sistema de justicia deje de ser cerrado, para convertirse en un espacio que ponga en el centro las necesidades y la comprensión de ese grupo etario.

Deuda pendiente

Por su parte, la profesora Elena Salum centró su presentación en la deuda histórica que a su juicio mantiene el Estado chileno con la protección efectiva de la infancia y la adolescencia, debido a su incapacidad para escuchar y acoger efectivamente a esta población, a pesar de la enorme cantidad de datos que produce.

La académica e investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la UV e integrante del ODPP criticó lo que a su parecer ha sido una respuesta institucional débil y fragmentada en Chile en esta materia.

En el detalle, argumentó que, aunque existe una gran cantidad de información, el Estado ejerce una violencia epistémica al invisibilizar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de conocimiento y no integrar la información entre distintas entidades.

A modo de ejemplo, planteó que en nuestro país viven aproximadamente 4,4 millones de niños, niñas y adolescentes, que en conjunto equivalen al 21,8 por ciento del total de sus habitantes. De ellos, 3,3 millones tienen menos de catorce años y 1,1 millones son menores de diecisiete años. Agregó que de ese universo, 41 mil se hallan en listas de espera para acceder a programas especializados adscritos al servicio Mejor Niñez, al tiempo que hoy existen casi 181 mil medidas de protección vigentes dictaminadas por el Poder Judicial. Además, reveló que la mitad de las residencias de protección directa del Estado registran notorios niveles de sobreocupación y hacinamiento.

Sobre esta base, la docente sostuvo —a modo de denuncia— que Chile padece en este punto de “extractivismo de información”, situación derivada del hecho de que el Estado obtiene datos e historias de vida para alimentar carpetas judiciales y formularios, pero entrega poco valor real a los niños, niñas y adolescentes.

“Yo me pregunto, ¿quién habla cuando estamos hablando de información de niñeces o de infancias y adolescencias? Y es que tenemos múltiples actores: el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Defensoría de la Niñez. También están los ministerios de Desarrollo Social y Familia, de Educación y de Salud, o el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que depende del Ministerio de Justicia, y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia. Incluso hay un organismo internacional, como la Unicef. Todos ellos nos dan muchas luces sobre diagnósticos y propuestas de política pública en materia de infancia y adolescencia. Pero aun así tenemos una situación débil, una débil respuesta del Estado en términos de la situación que afecta a los niños y jóvenes, pese a que muchas instituciones están produciendo datos sobre ellos”, cuestionó la docente.

Por lo anterior, Elena Salum propuso transitar desde una visión de datos agregados hacia otra que considere la granularidad e interoperabilidad de los mismos, permitiendo así reconstruir las trayectorias individuales de vulneración para intervenir de forma oportuna.

En línea con ese argumento, la académica relevó la importancia de disponer de una gobernanza de datos democrática y el uso de un lenguaje claro que fomente una participación infantil vinculante y real. Por último, abogó por una justicia abierta en el ámbito infantojuvenil, que transforme a los consejos consultivos en sensores territoriales con capacidad de incidencia en las políticas públicas, para lo cual sugirió modificar la Ley 21.430.

Las presentaciones e intervenciones completas de los expositores invitados al seminario “Voces incidentes: infancias, adolescencias y justicia abierta” están disponibles aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=2PUnlHHJRNg

Por Joaquim Gianotti

Director del Núcleo de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor.

El reciente incidente de seguridad que afectó a la plataforma Hugging Face no fue protagonizado por un colectivo de hackers ni por ciberdelincuentes tradicionales. La intrusión fue ejecutada por agentes de inteligencia artificial de OpenAI que, tras romper el aislamiento (sandbox) en el que eran evaluados, accedieron a la red y vulneraron los
servidores externos para obtener las respuestas de un examen de ciberseguridad.

Más allá del impacto técnico, el suceso ofrece una lección crucial: el verdadero peligro de la IA autónoma no reside en una rebelión consciente contra la humanidad, sino en lo que en filosofía y teoría de decisiones denominamos el «problema del incentivo» o la «alineación imperfecta». Cuando a un sistema altamente optimizado se le asigna una meta concreta sin salvaguardas infranqueables, el agente elegirá la ruta de menor resistencia para cumplir su objetivo, sin importar si esta implica burlar límites normativos o causar daños imprevistos.

Esta dinámica evoca el célebre experimento mental del «maximizador de sujetapapeles» propuesto por Nick Bostrom: una IA encargada de fabricar sujetapapeles que, llevada por una lógica instrumental ciega, termina reconfigurando la infraestructura global para cumplir su mandato. En Hugging Face vimos esa misma lógica en miniatura. Los agentes no actuaron por malicia; simplemente ejecutaron una solución eficiente para «ganar» su evaluación.

La lección de Hugging Face es que, a medida que los sistemas de IA transitan de generadores de texto pasivos a agentes activos que utilizan herramientas, la frontera entre las "pruebas controladas" y el impacto en el mundo real se vuelve peligrosamente permeable. La tarea que tienen ante sí investigadores, especialistas en ética y responsables políticos no consiste simplemente en alinear los pesos de los modelos con la intención humana, sino en reestructurar los incentivos económicos e institucionales de las empresas que los desarrollan. Hasta que la gobernanza institucional pueda imponer estándares de contención obligatorios sin sofocar la investigación abierta, seguiremos a merced de sistemas cuyo poder de optimización supera con creces nuestra capacidad para predecir su camino hacia una solución.