Durante estos días, en que se decidirá la admisibilidad del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional -también llamada Miscelánea-, el diputado, Marcos Barraza sub jefe de la bancada comunista, reafirmó sus críticas a la iniciativa.

El diputado por el Distrito 8 explicó que en tres medidas hay una enorme disminución de recursos para el Estado y las políticas sociales. En el caso del impuesto corporativo son US 1.800 menos, mientras que en la propuesta de reintegración tributaria -es decir, que el uso personal de bienes de la empresa no sea tributable- se restarían US 865 millones.

“Otra medida altamente regresiva -agregó- es aquella que premia con 25 años de congelamiento de impuestos a quienes inviertan sobre US 50 millones. Es lo más antidemocrático en debate legislativo”.

Indicó que será paso ineludible en el Parlamento revisar la constitucionalidad de la iniciativa -dado que la jurisprudencia no recomienda los proyectos misceláneos- porque incluye 18 materias distintas: “Lleva a un debate falso, se busca fundamentar en la necesaria reconstrucción que requieren territorios devastados por los incendios, pero a partir de un desmantelamiento de la institucionalidad tributaria del país”.

También indicó que esta propuesta no beneficia a las pymes sino que permite particularmente concentrar riquezas a los grandes conglomerados. Es parte de una política económica que impacta el costo de vida y a los índices macroeconómicos, puntualizó:

Acerca de la decisión del gobierno de Kast de no utilizar el mecanismo para estabilizar el valor del combustible Mepco, el diputado Barraza señaló que presentaron un proyecto la semana pasada para su reposición vía decreto. La iniciativa fue aprobada por mayoría dentro de la Cámara:

Otra iniciativa de la bancada y presentada por el diputado Cuello, consiste en reutilizar el Mepco por la vía de reforma constitucional: “Estamos utilizando todas las herramientas legislativas que habiliten la reutilización del Mepco”, precisó el diputado Barraza.

Réditos

En relación a los hechos que opacaron la visita del la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, a la Universidad Austral en Valdivia el 27 de marzo,  y quien fue agredida por estudiantes, el parlamentario comentó: “Hay que rechazar el episodio, no hay que validarlo. Sin embargo, no hay caer en el juego del gobierno de instrumentalizar la situación”, dijo sobre las penas solicitadas por el ejecutivo que contrastan con las aplicadas por el tribunal:

Los desventurados hechos han encendido la polémica porque una de las estudiantes que agredió a la ministra es militante de las Juventudes Comunistas. En esa línea, el diputado, planteó que es razonable que “ esta materia se hubiese visto en términos disciplinarios que tiene la universidad, ajustado a la convivencia interna. Creo que están generando una comunicación falsa por parte del gobierno que busca sacar réditos políticos e instrumentalizar los hechos, lo que no corresponde”.

• El trabajo está centrado en contextos de lectura en Internet y su objetivo no sólo es aportar al desarrollo teórico, sino también a generar evidencia que pueda contribuir a fortalecer el desarrollo de la lectura crítica en espacios digitales.

El creciente volumen de información que circula en entornos digitales ha intensificado las dudas sobre su confiabilidad, pues en muchos casos los contenidos disponibles se contradicen entre sí o presentan información falsa. Ejemplo de ello son temas como la alimentación, la salud o el medio ambiente.

En ese marco, formarse opiniones fundamentadas y desarrollar pensamiento crítico se ha convertido en todo un desafío, particularmente para los estudiantes universitarios, quienes en su proceso de formación profesional recurren de manera constante a Internet para apoyar su aprendizaje.

Con la finalidad de comprender este fenómeno, el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje (ILCL) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desarrolla una investigación liderada por el académico Fernando Moncada, en el marco de un proyecto Fondecyt Regular titulado “Revisión del conocimiento en internet: efectos offline y online de variables individuales, textuales y contextuales en estudiantes universitarios”.

El objetivo central de este trabajo es estudiar la “revisión del conocimiento”, es decir el proceso mediante el cual una persona revisa y corrige una creencia equivocada al enfrentarse a información correcta que la contradice. “Queremos entender qué factores hacen que ese proceso sea más o menos exitoso, o sea, por qué algunas personas logran corregir una idea errónea al leer en Internet y otras no”, explicó el investigador.

Según el profesor Moncada esta capacidad no siempre se desarrolla de manera sistemática, pues las personas suelen buscar o aceptar información que confirme sus creencias previas y les resulta difícil cuestionar sus propias ideas. “Corregir una concepción errónea no es algo que ocurra de forma automática. Incluso frente a evidencia que la contradice, esa idea puede mantenerse activa en nuestra memoria y seguir influyendo en la toma de decisiones. Por eso es importante estudiar este proceso, porque sabemos que hay condiciones que lo favorecen y que pueden fortalecerse”, señaló.

El académico agregó que este fenómeno se acentúa en el entorno digital, pues la información confiable convive con contenidos engañosos que muchas veces presentan una apariencia de credibilidad similar. Además, los alumnos no solo deben comprender lo que leen, sino también navegar entre distintos contenidos y evaluar su credibilidad. En ese sentido, manifestó que para el ámbito universitario se debe agregar un factor clave: los estudiantes están construyendo los marcos conceptuales que utilizarán en su vida profesional, por lo que mantener ideas erróneas puede tener consecuencias a largo plazo.

Lo que espera el estudio es identificar qué combinaciones de factores, relacionados con los textos, el contexto de lectura y las características del lector, favorecen o dificultan la revisión del conocimiento, factores que hasta ahora han sido estudiados en gran medida por separado. “Al combinar lo que ocurre durante la lectura con lo que cambia después en las creencias, esperamos poder distinguir no solo si ocurrió la revisión de esa creencia errónea, sino también cómo se desarrolla mientras la persona va leyendo y si se mantiene en el tiempo”, indicó.

Resultados

Este proyecto es uno de los primeros en abordar el fenómeno de la “revisión del conocimiento” en la lectura digital de los universitarios chilenos, una población que presenta características que no siempre están representadas en la investigación internacional.

En ese sentido, el investigador explicó que sus resultados buscan aportar tanto al desarrollo teórico como a la creación de aplicaciones educativas ajustadas al contexto nacional, que sirvan como insumo en el diseño de estrategias educativas más efectivas. Asimismo, añadió que la “revisión del conocimiento” no es una capacidad fija, sino que puede desarrollarse a través de la educación. Por ejemplo, trabajando con textos que expliciten por qué ciertas ideas son incorrectas, fomentando la evaluación crítica de las fuentes o promoviendo objetivos de lectura más exigentes, donde los estudiantes tengan que argumentar o justificar su postura, especialmente en contextos de lectura en Internet.

El equipo de investigación que encabeza Fernando Moncada está integrado además por otros tres académicos del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la PUCV: Romualdo Ibáñez, Andrea Santana y Cristóbal Julio. Además, se suman tesistas de los programas de Magíster en Lingüística Aplicada y del Doctorado en Lingüística de la Universidad.

Avisos en distintos puntos del país han obligado a suspender actividades y activar protocolos, generando  preocupación en comunidades educativas y poniendo el foco en el impacto de redes sociales y conductas replicadas.

Una serie de amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales a lo largo del país ha encendido las alertas en las comunidades escolares, obligando a suspender clases, evacuar recintos y activar protocolos de seguridad. Aunque en la mayoría de los casos no se han concretado hechos de violencia, el impacto en estudiantes, docentes y familias ha sido significativo, generando un clima de temor e incertidumbre.

Desde el ámbito académico, el Dr. Sergio Gatica, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), jefe del Magíster en Psicopedagogía y Educación Especial e investigador del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo (CIEDE), plantea que este tipo de situaciones podría explicarse por dinámicas propias del entorno digital.

“Esta situación responde a modas que se imponen en redes sociales en forma de ‘desafío’, donde se incita a realizar este tipo de acciones. Tengo la impresión de que, en muchos casos, se trata de estudiantes con algún tipo de dificultad psicológica, porque no es razonable que una persona en equilibrio promueva el miedo y genere estados de alerta extrema en los establecimientos. Es una tendencia muy dañina para las comunidades”, señala.

El especialista advierte que estos comportamientos no necesariamente responden a una intención real de concretar un acto violento, sino a la búsqueda de validación o notoriedad. En ese contexto, el Dr. Gatica descarta una relación directa con la discusión sobre la restricción del uso de celulares en las aulas. “No creo que exista relación entre ambas cosas. Limitar el uso de teléfonos en clases es positivo, porque mejora la atención y reduce la exposición a contenidos inadecuados. Sin embargo, el origen de estas conductas (violentas) ocurren fuera del ámbito escolar, en espacios donde los estudiantes sí tienen acceso a redes sociales, y muchas veces se expresan a través de rayados en baños, pasillos o salas”, explica.

En cuanto al fenómeno de fondo, el Dr. Gatica lo vincula a procesos sociales ampliamente estudiados. “Las personas tendemos a imitar a nuestros semejantes en distintas dimensiones, como la forma de hablar, de vestir o de comportarnos. En el caso de los jóvenes, esta imitación puede estar influida por figuras con presencia en redes sociales, especialmente cuando buscan validación o reconocimiento. Sin embargo, lo preocupante es que se estén replicando conductas que afectan la tranquilidad de las comunidades educativas”, sostiene.

El académico de la UCSC advierte que las consecuencias de estos episodios van más allá de la alarma momentánea: “Se pierden horas de clase, se afecta la concentración y se movilizan recursos humanos, económicos y de tiempo que podrían destinarse a procesos educativos. Son efectos negativos que no debieran normalizarse”.

En este contexto, el Dr. Sergio Gatica enfatiza en la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral, que considere la educación socioemocional, el acompañamiento a estudiantes y el fortalecimiento de estrategias preventivas, con el fin de resguardar la seguridad y el bienestar de las comunidades educativas.

En el marco del Día de la Cocina Chilena, especialistas destacan que las preparaciones tradicionales pueden adaptarse a los tiempos actuales sin perder su valor cultural ni su esencia.

En un escenario donde la alimentación saludable se instala con fuerza en la agenda pública, la cocina chilena enfrenta una pregunta clave: ¿es posible mantener sus sabores e identidad en un contexto marcado por nuevas exigencias nutricionales y cambios culturales? Para especialistas, la respuesta no solo es afirmativa, sino también necesaria.
Lejos de quedar obsoletas, las preparaciones tradicionales se posicionan hoy como una base sólida desde la cual es posible proyectar una alimentación más consciente. “La cocina chilena conecta con la memoria y la identidad porque es una práctica cotidiana donde se transmiten saberes y experiencias históricas. Las recetas no solo hablan de lo que se come, sino de quiénes somos”, explica la historiadora y directora de Extensión Cultural de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Dra. Natalia Baeza. En este sentido, la cocina funciona como un “archivo vivo”, donde se conservan y actualizan memorias individuales y colectivas a través del tiempo.

Esta dimensión cultural también se nutre de los procesos de movilidad humana. “Las migraciones han generado procesos de mestizaje y prácticas alimentarias híbridas. Ingredientes, técnicas y tradiciones se han adaptado a nuevos contextos, reflejando la diversidad cultural de los erritorios”, agrega Baeza. Así, la cocina chilena contemporánea no responde a una única raíz, sino a múltiples influencias que dialogan y conviven.

Desde la formación técnico profesional, esta mirada se traduce en una comprensión dinámica de la gastronomía. Carlos Beltrán, docente de Técnico Universitario en Gastronomía Intercultural del Instituto Tecnológico UCSC, plantea que la cocina chilena actual puede entenderse como un sistema en constante construcción. “Es el resultado de la interacción entre pueblos originarios, herencias coloniales y migraciones recientes, lo que da lugar a una identidad gastronómica plural, profundamente vinculada al territorio”, afirma.

En este contexto, la relación entre tradición e innovación adquiere un rol central. “Existe un diálogo continuo que tensiona y, al mismo tiempo, enriquece las prácticas culinarias. La tradición aporta u  marco de referencia cultural, mientras que la innovación introduce nuevas  interpretaciones, tecnologías y enfoques creativos”, explica el chef. Este proceso se expresa, por ejemplo, en la reinterpretación de platos tradicionales, donde preparaciones como el pastel de choclo, el curanto o la cazuela se adaptan a nuevas formas de consumo sin perder su esencia.

Además, la innovación no solo responde a tendencias, sino también a procesos de investigación y rescate patrimonial. “Hoy existe un trabajo colaborativo entre chefs, académicos y comunidades para documentar y proyectar saberes culinarios, lo que ha impulsado una cocina de autor con identidad local, basada en el respeto por los ingredientes y las prácticas culturales”, añade Beltrán.

Desde el ámbito de la salud, el diagnóstico es claro: la base de la cocina chilena es, en esencia, saludable. Así lo explica el jefe de carrera de Nutrición y Dietética de la UCSC, Mauricio Sotomayor. “Se caracteriza por el uso de alimentos frescos, locales y mínimamente procesados; como verduras, legumbres, pescados, mariscos y cereales, lo que aporta fibra, proteínas de calidad, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos”, detalla.

Este tipo de alimentación, según explica el experto, se asocia con la prevención de enfermedades crónicas, siempre que se mantenga su base tradicional. Sin embargo, advierte que los principales problemas actuales no radican en la cocina chilena en sí, sino en las transformaciones que ha experimentado en las últimas décadas. “El aumento de alimentos ultraprocesados, junto con el exceso de sodio, azúcares, grasas y frituras, ha generado desequilibrios nutricionales, mayor densidad energética y porciones desproporcionadas”, señala.

Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que el desafío no es reemplazar la tradición, sino adaptarla. “Es posible mantener la esencia de los platos tradicionales realizando ajustes en las técnicas de preparación y en la calidad de los ingredientes”, explica Sotomayor. Entre las recomendaciones, destaca privilegiar métodos de cocción como el hervido, vapor, horno o salteado; aumentar la proporción de verduras en preparaciones como cazuelas o charquicán; y reducir el uso de sal, reemplazándola por hierbas y especias.

Asimismo, el uso de aceites vegetales en lugar de grasas animales permite mejorar el perfil lipídico de las preparaciones, contribuyendo a una alimentación más equilibrada. “La evidencia científica indica que estas adaptaciones no alteran la identidad cultural de los platos, ya que se mantiene su base de ingredientes, sabores y formas de consumo, pero se ajustan a las necesidades de salud actuales”, enfatiza.

De este modo, la cocina chilena se proyecta como un espacio donde tradición, interculturalidad y salud no solo conviven, sino que se potencian mutuamente. En un contexto de cambios sociales y alimentarios, revalorizar las preparaciones tradicionales, se vuelve clave para resguardar el patrimonio cultural y, al mismo tiempo, promover una mejor calidad de vida.

Más que una herencia del pasado, la cocina chilena aparece hoy como una práctica viva, en constante evolución, capaz de adaptarse sin perder su esencia. Un equilibrio que, según los especialistas, no solo es posible, sino fundamental para el futuro de la alimentación en Chile.

• El año 2025 estuvo marcado por ataques depredadores contra el multilateralismo, el derecho internacional y la sociedad civil
• Como alternativa se ofrece un orden mundial racista, patriarcal, no equitativo y antiderechos
• Manifestantes, activistas y organismos mundiales están trabajando para resistir, combatir y transformar

El mundo está al borde de una peligrosa nueva era impulsada por los ataques de poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos contra el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos, ha advertido hoy Amnistía Internacional con ocasión del lanzamiento de su Informe Anual, La situación de los derechos humanos en el mundo. Estados, organismos internacionales y la sociedad civil deben rechazar la política del apaciguamiento y resistirse de manera colectiva a estos ataques para impedir que este nuevo orden se imponga, afirma la organización en su evaluación de la situación de los derechos humanos en 144 países.

“Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales antiderechos y de gobiernos depredadores decididos a imponer su dominio mediante guerras ilícitas y descarados chantajes económicos”, ha afirmado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

“Amnistía Internacional lleva años denunciando la desintegración gradual de los derechos humanos en todas las partes del mundo, advirtiendo de las consecuencias de la flagrante vulneración de las normas por parte de gobiernos y actores empresariales. También hemos demostrado una y otra vez cómo los dobles raseros y el cumplimiento selectivo del derecho internacional han debilitado el sistema y la rendición de cuentas multilaterales.”

“La diferencia fundamental de este momento es que ya no estamos hablando de una erosión en los márgenes del sistema. Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios.”

“El conflicto que se intensifica en Oriente Medio es resultado de esta deriva hacia la ilegalidad. Tras los primeros ataques ilegales de Israel y Estados Unidos, que violaban la Carta de la ONU y desencadenaron las represalias indiscriminadas de Irán, el conflicto se ha convertido rápidamente en una guerra abierta contra la población civil y las infraestructuras civiles, agudizando el sufrimiento, ya de por sí terrible, de la población de toda la región. Ahora se está extendiendo a países del mundo entero, impactando contra poblaciones de muchos lugares y amenazando los medios de vida de millones de personas. Es lo que pasa cuando las normas, el marco jurídico y las instituciones que con tanto esfuerzo se construyeron para salvaguardar la humanidad se eliminan con el objetivo de dominar.”

“El Informe Anual 2025 de Amnistía Internacional va más allá de la simple advertencia de un colapso inminente: documenta uno que ya está en marcha, y expone sus devastadoras consecuencias para los derechos humanos, la estabilidad global y las vidas de millones de personas en 2026 y en años venideros. Pide a los Estados de todo el mundo que rechacen urgentemente la política de apaciguamiento adoptada en 2025 y se resistan con palabras y actos a la construcción de un orden mundial depredador.”

Los ataques depredadores están acelerando la destrucción del derecho internacional

El informe La situación de los derechos humanos en el mundo, al igual que la documentación que Amnistía Internacional ha publicado en lo que va de año, describe crímenes de derecho internacional generalizados y ataques crecientes al sistema de justicia internacional que están dañando gravemente los cimientos que sustentan los derechos humanos en todo el mundo.

Israel ha continuado con el genocidio que está perpetrando contra la población palestina en Gaza, a pesar del alto el fuego acordado en octubre de 2025, y mantiene un sistema de apartheid contra ella, al tiempo que acelera la expansión de asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y avanza hacia la anexión. Las autoridades israelíes han permitido o fomentado cada vez más que los colonos ataquen y aterroricen impunemente a la población palestina, y autoridades destacadas han alabado y glorificado la violencia contra la población palestina, incluidos las detenciones arbitrarias y la tortura de personas detenidas.

Estados Unidos ha perpetrado más de 150 ejecuciones extrajudiciales bombardeando embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y llevó a cabo un acto de agresión contra Venezuela en enero de 2026. Rusia ha intensificado sus ataques aéreos contra infraestructuras civiles fundamentales de Ucrania, mientras que, el año pasado, el ejército de Myanmar utilizó parapentes motorizados para lanzar munición explosiva sobre pueblos en ataques que provocaron decenas de víctimas mortales civiles, entre las que había niños y niñas.

Emiratos Árabes Unidos ha agravado el conflicto en Sudán al suministrar armamento avanzado chino a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que, tras 18 meses de asedio, el pasado mes de octubre tomaron el control de la ciudad de El Fasher y cometieron homicidios masivos de civiles y actos de violencia sexual. En la República Democrática del Congo, el grupo armado M23, tomó las ciudades de Goma y Bukavu con el apoyo activo de Ruanda, matando ilegítimamente a civiles y torturando a personas detenidas.

A principios de 2026, el uso ilegítimo de la fuerza contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, en violación de la Carta de la ONU, ha provocado ataques de represalia iraníes contra Israel y países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, mientras que Israel, por su parte, ha incrementado sus ataques contra Líbano. Desde la muerte de más de 100 niños y niñas en un ataque ilícito de Estados Unidos contra una escuela en Irán, a los devastadores ataques de todas las partes contra infraestructuras energéticas, el conflicto ha puesto en peligro la vida y la salud de millones de civiles, y amenaza con causar daños de gran magnitud, previsibles y a largo plazo al medioambiente y a la población civil, que tendrán impacto sobre el acceso a la energía, la atención sanitaria, la alimentación y el agua en una región ya turbulenta, y fuera de ella.

En Afganistán, los talibanes intensificaron sus políticas depredadoras contra la población femenina con más prohibiciones que las excluían de la educación, el trabajo y la libertad de circulación, mientras que en Irán, las autoridades masacraron a manifestantes en enero de 2026 en la que probablemente haya sido la represión más letal de este tipo en décadas.

Estados Unidos, Israel y Rusia erosionaron aún más los mecanismos internacionales de rendición de cuentas el año pasado, en particular la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno de Trump impuso sanciones a personal de la CPI, a organizaciones que colaboran con ella y a la relatora especial de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, mientras que los tribunales rusos emitieron órdenes de detención contra altos cargos de este organismo. Varios Estados más se retiraron o anunciaron su intención de retirarse del Estatuto de Roma y de tratados que prohíben las bombas de racimo y las minas terrestres antipersonal.

La inmensa mayoría de los Estados no han querido o no han podido denunciar sistemáticamente los actos depredadores de Estados Unidos, Rusia, Israel o China, ni buscar soluciones diplomáticas. La Unión Europea y la mayoría de los Estados de Europa han mantenido una actitud apaciguadora respecto a los ataques de Estados Unidos contra el derecho internacional y los mecanismos multilaterales. No han actuado con decisión para detener el genocidio de Israel ni para poner fin a las transferencias irresponsables de armas y tecnología que fomentan los crímenes de derecho internacional en todo el mundo. Tampoco han estado dispuestos a promulgar leyes de bloqueo para proteger a quienes el gobierno estadounidense había impuesto sanciones, incluidos jueces y fiscales de la CPI. Italia y Hungría declinaron detener a personas contra las que la CPI había dictado órdenes de detención y que se hallaban en su territorio, mientras que Alemania, Francia y Polonia dieron a entender que harían lo mismo.

“Muchos dirigentes mundiales se han mostrado excesivamente sumisos ante los ataques contra el derecho internacional y el sistema multilateral. No hay excusa para su silencio y su inacción. Es una actitud moralmente reprobable que no traerá más que el repliegue, la derrota y la eliminación de décadas de avances en materia de derechos humanos que tanto costaron conseguir. Apaciguar a los agresores es echar leña a un fuego que acabará quemándonos a todos e incendiando el futuro de las generaciones venideras”, ha declarado Agnès Callamard.

“Puede que haya quien tenga la tentación de descartar el sistema construido en los últimos 80 años por considerar que no fue más que una ilusión. Eso es ignorar los logros, conseguidos con gran esfuerzo, para que se reconozcan los derechos universales, la adopción de múltiples pactos y convenciones internacionales y de leyes nacionales que protegen frente a la discriminación racial y la violencia contra las mujeres, consagrando los derechos de trabajadores y trabajadoras y sindicatos, y reconociendo los derechos de las personas indígenas. Es olvidar que la decisión de los Estados de respaldar la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha hecho que se aborde la pobreza, se refuercen los derechos reproductivos y se haga justicia.”

“Los depredadores políticos y económicos, y quienes les facilitan las cosas, están sentenciando el fin del sistema multilateral no porque sea ineficaz, sino porque no está al servicio de su hegemonía y su control. La respuesta no es proclamar que el sistema es una quimera o que no hay forma de arreglarlo, sino afrontar sus fracasos, acabar con su aplicación selectiva y seguir transformándolo para que sea plenamente capaz de defender a todas las personas con la misma determinación.

El recrudecimiento de los ataques contra la sociedad civil se propaga por el mundo

En 2025 se intensificó la proliferación de ataques contra la sociedad civil y los movimientos sociales, y los esfuerzos para silenciar y despojar de poder a organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y disidentes fueron constantes y se extendieron por casi todo el mundo.

Las autoridades de Nepal y de Tanzania no tuvieron reparos en utilizar medios letales de forma ilícita para reprimir protestas en las que se expresaban reivindicaciones políticas y socioeconómicas. Los gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Kenia y Venezuela, entre otros, también reprimieron violentamente protestas, criminalizaron la disidencia mediante leyes antiterroristas y de seguridad, o utilizaron tácticas policiales abusivas y perpetraron desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

En Reino Unido, las autoridades prohibieron Palestine Action —red de protesta de acción directa dirigida fundamentalmente contra las empresas fabricantes de armas israelíes y sus subsidiarias— en aplicación de leyes antiterroristas excesivamente amplias, y detuvieron a más de 2.700 personas por oponerse pacíficamente a esa prohibición. El Tribunal Superior de Reino Unido declaró ilegal la prohibición en febrero de 2026, una decisión que el gobierno ha recurrido.

Las autoridades turcas detuvieron a cientos de personas que protestaban pacíficamente tras el arresto de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y candidato presidencial, , una de las más de 400 personas que se enfrentan a acciones judiciales por motivos políticos bajo presuntos cargos de corrupción.

Las autoridades estadounidenses lanzaron una campaña de represión ilegítima de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza, los perfiles raciales, la detención arbitraria y prácticas que constituían tortura y desaparición forzada. En América Latina, países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela adoptaron o reformaron marcos jurídicos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil y afectan directamente a su capacidad de funcionar, acceder a recursos, apoyar a comunidades y defender los derechos humanos.

Muchos gobiernos, con la ayuda de actores empresariales, utilizaron software espía y censura digital para restringir la libertad de expresión y el derecho a la información. Las autoridades de Estados Unidos utilizaron herramientas de vigilancia impulsadas por inteligencia artificial contra estudiantes no estadounidenses que expresaban su solidaridad con la población palestina, arrestándolos y deportándolos. El gobierno de Serbia utilizó software espía y herramientas de análisis forense digital contra estudiantes que se manifestaban, periodistas y la sociedad civil. Las autoridades de Kenia emplearon sistemáticamente tácticas de represión facilitadas por la tecnología, como intimidación online, amenazas, incitación al odio y vigilancia ilegal, para sofocar las protestas encabezadas por jóvenes.

Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido, entre otros países, anunciaron o aprobaron recortes drásticos en los presupuestos de ayuda internacional, aun sabiendo que probablemente esta medida tendría como consecuencia millones de muertes evitables, y en varios casos lo hicieron al mismo tiempo que se comprometían a aumentar masivamente el gasto militar. Esto ha tenido un impacto catastrófico en los esfuerzos de las ONG para lograr avances en la libertad de prensa, la resiliencia climática y la justicia de género, proteger a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, y proporcionar atención sanitaria y acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

Muchos Estados continuaron resistiéndose a poner freno a las agresivas prácticas de evasión y fraude fiscales de milmillonarios y gigantes empresariales mientras reducían aún más los límites al poder de las empresas. En Estados Unidos, las demandas estratégicas contra la participación pública tuvieron un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil. En una de ellas, el tribunal condenó a Greenpeace a pagar a una empresa de combustibles fósiles 660 millones de dólares, cantidad que luego se redujo a 345 millones.

En un contexto dominado por las afirmaciones del presidente de Estados Unidos según las cuales el cambio climático es “un fraude”, los gobiernos distaron mucho de hacer lo suficiente para abordar asuntos tales como los desplazamientos provocados por el cambio climático, la transición equitativa para el abandono de los combustibles fósiles, o el aumento suficiente de los fondos para la acción climática, ni siquiera cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió de que el mundo se encamina a alcanzar los 3 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100.

“¿Qué alternativa ofrecen los matones y depredadores al imperfecto experimento global que tan empeñados están en destruir? El orden mundial que proponen da la espalda a la justicia racial, de género y climática, y se mofa de ellas; trata a la sociedad civil como un enemigo común y rechaza la solidaridad internacional. Se basa en silenciar la disidencia, instrumentalizar el Derecho y deshumanizar a quienes consideran “los otros”. Su visión del mundo no se basa en el respeto por nuestra humanidad común, sino en la fuerza militar, el dominio comercial y la hegemonía tecnológica. Es, en definitiva, una visión sin brújula moral”, ha afirmado Agnès Callamard.

Las personas que protestan, la sociedad civil y los organismos internacionales lideran los esfuerzos por resistir, combatir y transformar

Sin arredrarse ante la adversidad, millones de personas en todo el mundo se resisten a la injusticia y las prácticas autoritarias.

En 2025, las protestas del movimiento Gen Z se extendieron por una docena de países, como Indonesia, Kenia, Madagascar, Marruecos, Nepal y Perú; además, unas 300.000 personas desafiaron en Hungría la prohibición del Orgullo de Budapest para defender los derechos LGBTI. A principios de 2026, desde Los Ángeles hasta Minneapolis ha habido manifestantes organizándose calle por calle y manzana por manzana contra la aplicación en Estados Unidos del control de inmigración en operaciones violentas y de marcado carácter militar.

El año pasado se propagaron por todo el mundo manifestaciones multitudinarias contra el genocidio perpetrado por Israel, y organizaciones humanitarias de más de 40 países organizaron flotillas para demostrar solidaridad con la población palestina. Se expandió el activismo global contra el flujo de armas a Israel y, en España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos y Suecia, el personal portuario trató de interrumpir las rutas de transporte de armas. El activismo y la presión legal también hicieron que varios estados restringieran o prohibieran las exportaciones de armas a Israel.

Si bien muchos gobiernos adoptaron una actitud de apaciguamiento ante los ataques a la justicia internacional, hubo varios Estados y organismos que fueron contracorriente, mostrando su compromiso con el multilateralismo y el Estado de derecho. Un número creciente reconoció que Israel estaba cometiendo genocidio, y varios ingresaron en el Grupo de La Haya, un colectivo decidido a hacer que Israel rinda cuentas por sus violaciones del derecho internacional, y coadyuvaron a la causa de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Filipinas entregó al expresidente Rodrigo Duterte a la CPI para que se enfrentara a los cargos del crimen de lesa humanidad de asesinato, y la CPI dictó órdenes de detención contra dos dirigentes talibanes por persecución por motivos de género. El Consejo de Europa y Ucrania acordaron establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, y, en República Centroafricana, un tribunal híbrido dictó sentencia condenatoria contra seis exmiembros de un grupo armado por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo independiente de investigación para Afganistán, así como una misión de determinación de los hechos y una Comisión de Investigación sobre el este de la República Democrática del Congo, y amplió el mandato de la misión de determinación de los hechos sobre Irán. Se lograron avances considerables en la elaboración de una convención vinculante de la ONU sobre fiscalidad, y la CIJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitieron opiniones consultivas en las que confirmaron la obligación de los Estados de responder a los daños climáticos atendiendo a los derechos humanos.

En 2026 ha aumentado el número de Estados que han comenzado a denunciar las prácticas autoritarias y los ataques contra el orden basado en normas, destacando especialmente el posicionamiento del gobierno de España, pero tales llamamientos deben ir respaldados por una actuación decidida y sostenida.

“Desde las calles de las ciudades a los foros multilaterales, en 2025 hubo impresionantes muestras de resistencia y solidaridad por parte de manifestantes, figuras diplomáticas, líderes y lideresas políticos y muchas otras personas en todo el mundo. Debemos basarnos en su ejemplo y su valor y forjar alianzas sólidas para volver a imaginar, a construir y a centrar el orden global en torno a los derechos humanos, el Estado de derecho y los valores universales”, ha manifestado Agnès Callamard.

“Que 2026 sea el año en que afirmemos nuestra capacidad de acción y demostremos que no somos meros espectadores de la historia; también la escribimos. Así que, por el bien de la humanidad, es hora de hacer historia en derechos humanos.”

En una semana marcada por el ingreso al Parlamento del proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, comentó el carácter de la propuesta que se enmarca en un claro patrón del chorreo económico, planteó.

Resaltando las medidas muy diversas que contiene el proyecto, el timonel apuntó a existir en la iniciativa una estructura regresiva que no favorece a las mayorías del país, como tampoco esclarece de qué manera el fisco obtendrá recursos para otras medidas, en particular para eliminar las listas de espera en salud por cáncer:

En relación a la liberación el pago de IVA, la repatriación de empresas con liberación de impuestos, la rebaja de impuesto a las herencias, criticó el proyecto, mientras que respecto a la del pago de contribuciones que incluye a las viviendas más ricas, desestimó el argumento del ministro del interior quien aludió a la no discriminación para defender la medida, en desmedro del fondo municipal, dijo, que recibe esos recursos para direccionarlos a las comunas más pobres.

No obstante para su tramitación legislativa, señaló: “Es un proyecto que va a tener mucha discusión y estamos disponibles para aportar en todas las partes misceláneas vinculadas al beneficio de los damnificados, para paliar el aumento del precio del petróleo”.

Junto con expresar esa posición, advirtió que el Presidente Kast no dijo una palabra del salario mínimo en su discurso del miércoles pasado, remarcando un punto crucial para las medidas que promueve el ejecutivo y donde los salarios reales se verán perjudicados.

“Allí hay un gran debate como lo han planteado los trabajadores, la CUT, sobre el salario vital que supere el mínimo y que está brevemente por sobre la línea de la pobreza”, indicó.

Acerca de una nueva conmemoración del 1 de mayo Día Internacional de los Trabajadores, Carmona resaltó que bajo la actual contingencia este año tendrá la impronta de un cabildo democrático.

“El 1 de mayo es muy importante, es una fecha histórica, de carácter internacional que tiene una ética y una motivación particular, dado que quienes la reivindican es el mundo el trabajo que va a tener la posibilidad de entregar su palabra e interpretar a otros sectores sociales”:

Ahora va a tener la posibilidad de entregar su trabajo e interpretar a otros sectores sociales -como estudiantes, académicos, artistas pequeños y medianos empresarios- y que no están contemplados en los beneficios directos de esta miscelánea de proyecto”, precisó el líder del PC.

El destacado economista abogó por la separación de las diversas medidas que hoy acuña el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno y que esta semana el Congreso votará su admisibilidad.

A su vez, criticó el diagnóstico del ejecutivo sobre la difícil situación económica que habría legado el gobierno anterior, señalando que esa estimación no es coincidente con las cifras: 

“El país tiene un Fondo de Estabilización económica y social de US3.800 millones, US 10 mil millones del fondo de previsión social, una reserva internacional de US 40 mil millones y entregó caja por 3.600 millones de dólares”, detalló a propósito de la retórica de la quiebra emitida por el gobierno de Kast.

Asimismo, planteó que no existe ninguna conexión necesaria entre la rebaja del impuesto a las grandes empresas y un aumento en el crecimiento, hoy cifrado en 2,5%:

En contraste a esa política tributaria en beneficio de los grandes conglomerados, Solimano advirtió el deterioro de la economía que implica el recorte al presupuesto fiscal y el traspaso del alza de los combustibles a las mayorías de los consumidores y a los asalariados:

“Es un shock para el bolsillo de la gente. Es una compresión al valor de la compra de los salarios y eso va a afectar al consumo”, dijo sobre los efectos de segundo orden que traerán, por ejemplo, alzas al IPC y la UF:

“El Banco Central está asustado y no bajará la tasa de interés. Será un año de crédito caro, compresión del consumo privado y compresión del gasto público”.

Contradicciones en lo internacional

Además, según lo indicado por la reciente reunión del FMI y del Banco Mundial, se estima para la economía a nivel mundial altas tasas de interés y escasez en créditos e inversiones: “Dijeron que este año iba a haber más inflación y menos crecimiento en el mundo. Entonces hablar de un boom económico de inversiones en Chile lo encuentro bien irrealista”, conjugó.

Asimismo, Solimano planteó que la clara referencia neoliberal de esta administración es una versión tardía de un modelo instaurado a la fuerza en dictadura en Chile, cuyas falencias reflejan un serio problema estructural.

“Es un proyecto extemporáneo y aislado en el sentido que no recoge las tendencias internacionales”, sumó el experto, a propósito de una tendencia actual en el post neoliberalismo por países como Estados Unidos:

“Chile es un país muy desigual. No se pueden tomar medidas que la incrementen. Necesita acelerar el ritmo del empleo, la gente necesita seguridad económica”. 

“Hay que tener cuidado: el cuerpo social es sensible a las medidas que se toman y los empresarios no miran solo la tasa tributaria sino también la estabilidad social y ya empezó a crisparse”, observó el economista.

En la sede del Partido Socialista, los secretarios y secretarias generales de los partidos de oposición sostuvieron una reunión con centros de estudio y economistas, con el objetivo de analizar las propuestas del Ejecutivo en materia económica, las que han sido calificadas como una “reforma tributaria encubierta”, presentada bajo la denominada “ley miscelánea” o “ley de reconstrucción”.

La instancia se enmarca en una serie de encuentros de coordinación política y técnica impulsados por la oposición, en medio de cuestionamientos al gobierno por la falta de presentación formal del proyecto anunciado.

Tras la reunión, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, centró sus críticas en la ausencia de un texto concreto y en lo que calificó como una instalación anticipada de un debate sin contenido. “Lo primero es que el gobierno cumpla con lo básico. Le dijo a Chile que va a presentar una reforma, que hasta el día de hoy no presenta”, sostuvo, marcando el tono de la oposición frente al escenario actual.

En esa línea, enfatizó que cualquier pronunciamiento debe basarse en información concreta: “Nosotros lo que esperamos es conocer el texto, sobre ese texto nos vamos a pronunciar”, agregando que resulta improcedente exigir definiciones sin que exista un proyecto formal.

Figueroa también cuestionó el enfoque comunicacional del Ejecutivo y el emplazamiento hacia la oposición, señalando que el foco del debate está mal planteado: “Es absurdo que discutamos hoy día cuál va a ser la posición de la oposición cuando aquí el emplazado es el gobierno”.

Asimismo, desmintió que exista un consenso en torno a rebajas tributarias sin compensación, apuntando directamente al relato oficial: “Le están mintiendo a los chilenos y chilenas cuando les dicen que todos queríamos rebajar impuestos porque eso no es verdad”.

La dirigenta insistió en la necesidad de transparencia y diálogo político amplio, acusando falta de disposición por parte del Ejecutivo: “No se puede decir en una cadena nacional que quien rechace este proyecto es obstruccionista cuando ni siquiera han tenido la voluntad de conversar con todas las bancadas”.

En ese contexto, reiteró que la prioridad es que el gobierno cumpla con el envío del proyecto y abra espacios de conversación: “Nuestra primera invitación es a que el gobierno cumpla con el envío del proyecto y ojalá además se abra a dialogar con todas las bancadas”.

Junto con ello, Figueroa destacó el trabajo de articulación que está desarrollando la oposición tanto a nivel político como técnico, señalando que estas coordinaciones continuarán en los próximos días con el objetivo de fortalecer una postura común.

Desde el equipo económico que asesora a la oposición, el economista Luis Eduardo Escobar planteó que, a partir de los anuncios conocidos, existen preocupaciones significativas en distintos ámbitos. En términos generales, advirtió que la propuesta tendría efectos negativos en las finanzas públicas, al tiempo que implicaría una redistribución de ingresos favorable a los sectores de mayores ingresos.

Además, sostuvo que las medidas anunciadas no tendrían un impacto real en la generación de empleo, operando más bien como subsidios a empresas sin exigencias concretas, y alertó sobre el debilitamiento de herramientas clave para la capacitación y reinserción laboral. También expresó reparos frente a la eventual venta de activos estratégicos, en un contexto de estrechez fiscal.

Por su parte, el economista Osvaldo Rosales cuestionó los fundamentos teóricos de la propuesta del Ejecutivo, particularmente en relación con la rebaja de impuestos a los sectores de mayores ingresos. “No hay ninguna experiencia donde la rebaja de impuestos corporativos haya generado incrementos sustantivos en el crecimiento y en el empleo”, afirmó, señalando que este tipo de medidas ha sido ampliamente desmentido por la evidencia empírica.

Asimismo, advirtió sobre los efectos macroeconómicos que podría generar la implementación de estas políticas sin mecanismos de compensación: “Esto va a significar mayor déficit fiscal, mayor deuda pública (…) es una bomba de tiempo que podría amenazar la economía chilena”.

Finalmente, desde la oposición recalcaron que el debate debe darse con información clara y sobre la base de un proyecto concreto, insistiendo en que hasta ahora el Ejecutivo no ha generado las condiciones mínimas para una discusión democrática y transparente.

En medio de tensiones internacionales, el Papa León XIV refuerza su llamado a la paz desde una perspectiva evangélica, mientras crecen las críticas políticas y el respaldo de la Iglesia a nivel global.

La controversia entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Papa León XIV continúa escalando y sumando reacciones a nivel global. El conflicto, marcado por críticas del líder estadounidense hacia la postura del pontífice frente a la guerra y el escenario internacional, ha abierto un debate más amplio sobre el rol de la Iglesia en la política mundial.

En los últimos días, el Papa ha reforzado su mensaje con declaraciones contundentes, insistiendo en que su voz no responde a intereses políticos. En su viaje a Argelia, expresó que “no soy un político… Mi mensaje es el Evangelio”. En esa línea, ha reiterado su condena a los conflictos armados y su llamado urgente a la paz, pues “sigo alzando la voz contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo… porque demasiada gente está sufriendo”. Para el pontífice, la guerra no es solo un problema geopolítico, sino una herida profunda en la humanidad, por lo que ha insistido en que “el mensaje es siempre el mismo: la paz”.

Este llamado fue profundizado recientemente durante su visita a Camerún, donde advirtió que las guerras actuales son reflejo de una crisis espiritual más profunda, señalando que “la violencia nace cuando el ser humano se aleja de Dios y convierte el poder en un ídolo”. En ese contexto, hizo un llamado a los pueblos y a sus líderes a “rechazar la lógica de la confrontación” y a reconstruir caminos de encuentro desde la justicia, el perdón y la fraternidad.

Las declaraciones se producen luego de cuestionamientos públicos de Trump, quien ha criticado la postura del Papa y protagonizado polémicas por la difusión de imágenes consideradas ofensivas hacia la figura papal. Todo esto, en el contexto del conflicto armado que está ocurriendo en Medio Oriente.

Apoyo desde Chile y llamado a la paz

En este contexto, la Conferencia Episcopal de Chile manifestó su respaldo al Papa León, adhiriendo a sus llamados a la paz y rechazando las descalificaciones en su contra. Desde Concepción, el Obispo Auxiliar Monseñor y Vice Gran Canciller de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Monseñor Bernardo Álvarez, recalcó que “los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile adhieren a los diversos llamados a la paz que ha realizado el Sumo Pontífice como una exigencia moral ineludible, cimentada en la justicia, la verdad y la caridad y rechazan las descalificaciones realizadas en su contra (…) la guerra nunca es una solución, sino una ‘derrota de la humanidad’”.

El Vice Gran Canciller también subrayó el rol histórico del Papa como mediador en conflictos internacionales, destacando que su misión es “disponer los corazones de los líderes para buscar la paz”, desde una perspectiva que “no responde a intereses ideológicos ni a estrategias de poder, sino que brota directamente del Evangelio”.

Asimismo, advirtió sobre el impacto de los dichos del mandatario estadounidense, y añadió que ello “expresa un intento de reducir la voz de la Iglesia al silencio o relegarla exclusivamente a lo privado (…) buscan desacreditar la palabra y el liderazgo del Santo Padre”.

Desde el ámbito académico, la teóloga de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la UCSC, Dra. María Claudia Arboleda, enfatiza que el mensaje del Papa tiene una dimensión ética y universal, centrada en el sufrimiento humano y la necesidad de diálogo. En ese sentido, recuerda que el llamado del pontífice no solo interpela a los líderes mundiales, sino también a la sociedad en su conjunto, por lo que “intentemos acabar con las guerras y promover la paz y la reconciliación”.

La académica subraya que, para León XIV, la construcción de la paz comienza en lo cotidiano: en las relaciones humanas, en la capacidad de diálogo y en una transformación profunda del corazón. Una visión que, en medio de la tensión internacional, vuelve a situar el Evangelio como eje de su pontificado.

En un escenario internacional marcado por la confrontación, la voz del Papa León XIV insiste en abrir caminos de diálogo y reconciliación, recordando que la paz no es solo una aspiración política, sino una urgencia ética que interpela tanto a líderes como a la humanidad entera.