Esta semana se han vivido concurridas movilizaciones, tanto de organizaciones feministas como estudiantiles, este jueves fue el turno de las organizaciones de Derechos Humanos agrupadas en la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales llegó durante la mañana hasta el Palacio de La Moneda y el Ministerio de Justicia para entregar una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast y al ministro Fernando Rabat, exigiendo la salida del titular de Justicia por los decretos que rebajaron las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La jornada contó con la participación de las presidentas de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Marta Vega. Ambas lograron ingresar a La Moneda para entregar la misiva y posteriormente concurrieron hasta el Ministerio de Justicia para hacer llegar la exigencia directamente a la cartera. La reciente incorporación de la AFDD a la Coordinadora Nacional viene a fortalecer la articulación del movimiento social y de derechos humanos frente a las medidas adoptadas por el gobierno de ultraderecha.

En la declaración pública dirigida al mandatario, las organizaciones manifestaron su rechazo a los 56 decretos que rebajaron las penas de condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes: 27 por abuso sexual y 29 por violación, además de otros tres decretos relativos a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La Coordinadora sostuvo que estas decisiones representan un retroceso en materia de justicia y reparación, y acusó al Gobierno de abrir espacios de impunidad para condenados por crímenes de lesa humanidad. Asimismo, responsabilizó directamente al ministro Fernando Rabat por incumplir el deber de protección del Estado hacia la niñez y sus obligaciones en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición.

La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, expresó la indignación de los familiares de víctimas de la dictadura y cuestionó que se otorguen beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores. “Como familiares de víctimas de la dictadura civil-militar, nos duele y nos indigna terriblemente que el ministro deje en libertad a 56 victimarios, responsables de los crímenes más abominables que se pueden cometer contra niños, niñas y adolescentes. No podemos, como víctimas del terrorismo de Estado, guardar silencio ante este hecho”, señaló.

Lira agregó que la liberación de los condenados implica una nueva vulneración para las víctimas y sus familias. “Los atentados contra nuestros niños, niñas y adolescentes, que están permanentemente en riesgo, y su revictimización al dejar hoy en libertad a sus victimarios, nos llevan a remover la conciencia de la ciudadanía, que felizmente ha respondido mayoritariamente a este acto repudiable, sumándose a la exigencia de la renuncia inmediata del ministro de Justicia”, sostuvo. 

Por su parte, la presidenta de la AFDD, Marta Vega, reafirmó que las organizaciones continuarán movilizándose hasta conseguir la salida de Rabat. “Nosotros no vamos a desistir. Le vamos a seguir pidiendo la renuncia. Tiene que renunciar, tiene que irse. Rabat no puede quedarse; es imposible que siga en el cargo después de todo lo que ha pasado”, manifestó.

La dirigenta también cuestionó los antecedentes del ministro y su actuación frente a las rebajas de condenas: “¿Cómo se les ocurre mantener a un tipo que, primero, defendió al dictador y que ahora deja libres a violadores, a pederastas y a toda esa gente horrenda?”, expresó.

Nuevos antecedentes: 115 condenados por delitos de drogas beneficiados

A los cuestionamientos contra el ministro se sumó este jueves una nueva revelación periodística. Una investigación del medio Interferencia, revisó 150 decretos de rebaja de condenas a personas extranjeras, identificando 115 condenados por delitos relacionados con drogas que fueron beneficiados. Según los antecedentes publicados, entre los casos figuran personas detenidas con importantes cargamentos de sustancias ilícitas en la frontera norte, algunas de ellas con solicitudes de libertad condicional previamente rechazadas. Los decretos fueron firmados por Rabat y por el entonces subsecretario Luis Silva, en calidad de ministro subrogante.

La nueva información amplía los cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el Ministerio de Justicia para conceder estos beneficios y se conoce en medio de las exigencias de renuncia que distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y sectores políticos mantienen contra Fernando Rabat.

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales cerró su declaración pública reiterando su exigencia al Ejecutivo: “¡No a la libertad para violadores, abusadores sexuales y violadores de derechos humanos! ¡¡No más impunidad!! ¡¡Derechos Humanos, ni un paso atrás!!”

Lee la declaración pública acá: 

Junto a Marisol Durán, rectora de la UTEM, y Marcela Momberg, rectora de la UCT, manifestaron estar en situación de alerta frente a las medidas del ejecutivo para el presupuesto 2027.

Como “un momento expectante” calificó Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), la actual discusión del presupuesto 2027, enfatizando que “hay recortes en materia presupuestaria que afectan tanto a la educación superior como a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que en opinión del CRUCH van a erosionar las capacidades que al país le ha gustado tanto construir”.

Corrales aseguró que “el rechazo que se produjo hace un par de semanas de ambas partidas presupuestarias representa una oportunidad para el diálogo. Como CRUCH queremos avanzar en una agenda de modernización en educación superior, pero necesitamos que el gobierno dé un paso atrás en estos recortes. Hemos escuchado en varias ocasiones que se busca privilegiar la primera infancia y los primeros ciclos educativos”.

“No compartimos esa mirada, porque entendemos el ciclo educativo como un ciclo completo, no creemos que para fortalecer la educación inicial haya que debilitar a la educación superior; al revés, estimamos que el logro de algunos propósitos que el gobierno se ha propuesto, que nosotros compartimos, como por ejemplo, densificar nuestra matriz productiva, lograr que la innovación y la transferencia tecnológica ayuden a solventar los desafíos que Chile tiene, pasan entre otras cosas por no recortar los presupuestos, ni en educación superior, ni en ciencia y tecnología. No estamos pidiendo un aumento, estamos pidiendo simplemente que la base presupuestaria que se aprobó en 2026 se mantenga para 2027”.

“Entendemos que la discusión presupuestaria está arraigada en el parlamento y tiene como principal protagonista al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, por eso hemos pedido una audiencia al ministro Jorge Quiroz, para exponer nuestro planteamiento, buscando el desarrollo presente y futuro del país. Estamos en contacto con parlamentarios y parlamentarias, así como también con algunas autoridades de gobierno, para intentar revertir unos recortes que en modo alguno impactan de modo sustantivo sobre el presupuesto general de la nación. El presupuesto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación es bastante modesto y empequeñecerlo más no aporta el equilibrio fiscal, solo contribuye a debilitar las capacidades que como país hemos tardado décadas en construir”, añadió.

Situación de alerta

Marisol Durán, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana y presidenta del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), señaló estar en “situación de alerta frente a las medidas que ha cursado el ejecutivo de esta propuesta de presupuesto 2027. Hemos manifestado nuestra profunda preocupación porque los ajustes y los recortes del presupuesto 2027 están focalizados en las universidades del Estado, con una disminución importante en los aportes basales, lo cual impone un escenario complejo para mantener una educación de calidad en nuestro proyecto educativo”.

“La propuesta del 2027 suma los ajustes de recorte que ya se habían realizado al presupuesto de las universidades del año 2026, como la eliminación del Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN) y de los recursos relacionados a la educación superior regional. Por tanto, creemos que es una situación compleja, porque se trata de ajustes estructurales que restringen el desarrollo de la educación superior, así como también la ciencia, tecnología, conocimiento, e innovación, lo cual genera preocupación en términos transversales en todos los actores que formamos parte de este sistema, así como también de nuestras comunidades educativas”, añadió.

En la misma línea, Marcela Momberg, rectora de la Universidad Católica de Temuco, enfatizó que “las universidades del CRUCH hemos ido transitando cada vez más a ser instituciones complejas; no solo entregamos una formación de pregrado, sino que también de postgrado, generando vinculación con el entorno y procesos de investigación aplicada a nuestros territorios. Entonces hacemos un llamado al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, conformado por el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación Superior y la Comisión Nacional de Acreditación, en torno a cómo las universidades vamos a seguir creciendo”.

“Existe una estrechez fiscal que se puede entender, sabemos que los recursos no son infinitos, pero el tema es qué vamos a priorizar, y eso es lo que estamos trabajando hoy en día en las instituciones de educación superior porque tenemos que entregar formación de calidad, nuestros estudiantes cada año confían en los procesos de aprendizaje y nosotros tenemos que entregar una formación de excelencia, viendo dónde vamos a colocar el financiamiento estructural básico”, agregó.

Una propuesta conjunta en torno a la pintura se inaugurará este sábado 7 de noviembre a las 12:00 horas en el Centro Cultural Espacio Londres, ubicado en calle Londres 55, Santiago Centro.

La exposición “Fantasías de Abolengo Moro” es presentada por el colectivo BPM compuesto por Lina Buso, Raúl Pizarro y Víctor Mahana. Los artistas visuales invitan a conocer una nueva propuesta en torno a la pintura figurativa para hablar del presente e imaginar el futuro, señala en entrevista Víctor Mahana, autor de obras como “Scl en una burbuja” o “Samarra”, ambas presentes en la muestra.

La exposición a ruido sigue siendo un desafío relevante en la salud ocupacional en Chile, de modo que la vigilancia de la salud auditiva hoy día está tomando peso.

En ese marco, el Centro Médico del Trabajador, Red privada especializada en salud laboral presente en Chile y Perú, recientemente instaló tres Laboratorios de Audiología Laboral, indica María Paz López. Uno de ellos La Serena, otro en Santiago y en Concepción, todos reconocidos e incorporados al Instituto de Salud Pública ISP como Nodos de su Red Nacional de Laboratorios de Audiología Laboral.

Por Carolina Millalen

La exposición a ruido sigue siendo un desafío relevante en la salud ocupacional en Chile, de modo que la vigilancia de la salud auditiva hoy día está tomando peso.

Así lo indica María Paz López, Tecnóloga médica otorrino del Centro Médico del Trabajador, CMT apuntando a la Superintendencia de Seguridad Social SUSESO cuyos datos vertidos en 2024 indican que las enfermedades audiológicas representan el 10% de las enfermedades profesionales calificadas en Chile. Más aún, en su desglose se notifica que en regiones mineras como Atacama, este tipo de patologías son mucho más recurrentes:

De acuerdo a estudios realizados por el Minsal y el ISP, en las mediciones de ruidos efectuadas in situ, el 100% de los estudios reporta registros superiores a los niveles de ruido margen. “Ahí es donde se prende el foco de qué estamos haciendo por la prevención de la exposición a ruido y cómo lo estamos vigilando”, precisa la especialista.

La vigilancia de la salud auditiva se rige por un protocolo de exposición ocupacional al ruido llamado PREXOR y es obligatorio para los organismos administradores que entran a hacer las mutualidades, explica María Paz López. 

El protocolo abarca a quienes están expuestos desde los 82 decibeles en más de 8 horas dentro de una jornada normal de trabajo para quienes se desempeñan en faenas como la minería o la conducción de vehículos de carga pesada, etc. También se considera el ruido impulsivo que son de 135 decibeles, pero de manera estable y considerable.

En ese contexto, se realizan las audiometrías de base en los primeros 60 días cuando el trabajador comienza su contrato, para luego definir la periodicidad de este monitoreo:

La medición “no es algo que el trabajador pueda elegir o la empresa ver si se adhiere o no al protocolo”, advierte: “Es obligatorio para los organismos administradores que son las mutualidades.

En ese marco, el Centro Médico del Trabajador, Red privada especializada en salud laboral presente en Chile y Perú, recientemente instaló tres Laboratorios de Audiología Laboral, indica María Paz López. Uno de ellos La Serena, otro en Santiago y en Concepción, todos reconocidos e incorporados al Instituto de Salud Pública ISP como Nodos de su Red Nacional de Laboratorios de Audiología Laboral. 

Tal titularidad les permite funcionar como una casa matriz que certifica la calidad de su muestra de exámenes y profesionales, facultad que fue revisada y documentada por el ISP:

“Podemos certificar que la empresa que quiera hacer exámenes con nosotros, de modo ocupacional o preocupacional”,  sostuvo la especialista del CMT: “va a poder recibir el mejor estándar de calidad, recibir un examen confiable y medidas que requiera el trabajador en ese momento, con la mayor seguridad posible”.

Crisis política de proporciones en Paraguay. El presidente Santiago Peña presentó este jueves su renuncia al cargo, mientras el Congreso trataba el juicio político en su contra.

¿Quién lo reemplaza? El vicepresidente, Pedro Alliana. Según el artículo 234 de la Constitución paraguaya, debe asumir el Ejecutivo para completar el período. Falta que el Congreso acepte formalmente la dimisión y tome juramento al nuevo mandatario. Después deberá elegir a un nuevo vicepresidente, y el senador colorado Antonio Barrios aparece con ventaja. El libelo acusatorio presentado en Diputados apuntaba tanto a Peña como a Alliana.

El origen de todo esto es el cierre de Ueno Bank. El Banco Central ordenó su intervención y disolución, luego de que su índice de solvencia cayera por debajo de la mitad del mínimo exigido. El golpe es enorme: casi tres millones de clientes quedaron sin acceso a sueldos y jubilaciones. Ocho directivos fueron detenidos, y la Fiscalía pidió prisión preventiva para el fundador, Miguel Vásquez.

Los vínculos del mandatario con Ueno Bank

Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, por otro lado, el recién renunciado presidente nombró a la cabeza del Banco Central a Carlos Carvallo, quien era el máximo responsable de Ueno Bank, es decir, el regulador venía de la entidad regulada. Carvallo renunció el martes, a pedido del propio Peña.

Ruptura interna

Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado y quien impulsó la candidatura de Peña, anunció que su partido acompañaría el juicio político. El oficialismo, con mayoría en ambas cámaras, le soltó la mano a su propio presidente.

• La caída a 38,8 puntos en el Índice de Confianza del Consumidor de Ipsos ubica a Chile en el puesto 28 entre las 30 economías medidas y el resultado es 4,2 puntos inferior al de octubre de 2025. Los cuatro subíndices nacionales retrocedieron el último mes.

Santiago, noviembre de 2026 – El Índice de Confianza del Consumidor de Ipsos en Chile (CCI, por sus siglas en inglés) marcó 38,8 puntos en octubre, una caída de 1,7 puntos respecto del mes anterior. Con este resultado, el indicador se mantuvo en terreno pesimista, por debajo del umbral de 50 que marca el equilibrio entre percepciones positivas y negativas.

Con este resultado, el índice de Chile marca por segunda vez en el año un puntaje inferior a los 40 puntos, lo cual no sucedía desde 2023; año en que el PIB del país registró un crecimiento de 0,2%. 

A nivel global, Chile se ubicó en el puesto 28 entre las 30 economías medidas y registró un resultado 4,2 puntos inferior al de octubre de 2025. En América Latina volvió a presentar el nivel de confianza más bajo, por detrás de Argentina (40,4 puntos), Colombia (49,7), México (52,7), Perú (52,9) y Brasil (54,1). 

“Esta nueva caída confirma que la recuperación de la confianza sigue siendo esquiva. Durante 2026 hemos visto señales de mejora que duran poco y no alcanzan a consolidar un cambio de ánimo entre las personas. Octubre nos vuelve a situar bajo los 40 puntos, un nivel que refleja una preocupación importante respecto del futuro y que contrasta con la mayor confianza que muestran los consumidores en otros países de la región. En simple, seguimos viendo a una ciudadanía que mira el escenario económico con mucha cautela”, analizó Nicolás Fritis, Country Manager de Ipsos Chile.

Mientras Chile retrocedió, el promedio de América Latina aumentó 0,5 puntos hasta 48,1, dejando al país a más de nueve puntos de la media regional. Brasil y México avanzaron 1,9 puntos y Argentina subió 2,5, mientras Perú registró un incremento de 0,3 puntos. Además, cuatro de los seis mercados medidos en la región se ubican entre los 10 índices de confianza más altos del estudio. 

El mercado laboral continúa siendo uno de los factores que presionan la confianza en el país. Solo un 32% de las personas consultadas en Chile afirmó sentirse más segura respecto de su estabilidad laboral que seis meses atrás, mientras un 57% señaló que ella misma, un familiar o alguien cercano perdió su trabajo durante los últimos seis meses.

Durante el período de levantamiento de datos, la tasa de desocupación alcanzó un 9,6%, su mayor nivel desde 2021. A ello se sumó la contracción interanual de 1% del Imacec de agosto y una inflación que llegó a 4,1% en doce meses.

“Mientras las personas no perciban una mayor seguridad sobre su empleo y sus ingresos, será difícil que las decisiones de consumo, ahorro e inversión recuperen dinamismo. La confianza no mejora solo porque algunos indicadores económicos muestran avances; mejora cuando las personas sienten que esos avances llegan a su realidad cotidiana. Y la distancia que hoy mantiene Chile respecto de otros países de la región demuestra que todavía hay temas locales que nos tienen con el freno de mano puesto”, explicó Fritis.

El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y presidente de Fesimetro, Eric Campos Bonta, advirtió que el movimiento sindical responderá con movilizaciones ante eventuales despidos masivos en el sector público, en medio de la incertidumbre por la renovación de las contratas que deberá resolverse el próximo 30 de noviembre.

En sus declaraciones, Campos cuestionó la política laboral del Gobierno de José Antonio Kast y alertó sobre la situación de trabajadores con décadas de servicio que ya están siendo desvinculados. “No estamos hablando de lo que ellos denominan operadores políticos”, señaló, al mencionar el caso de un funcionario de la Dirección del Trabajo con más de 25 años de trayectoria.

“Tenemos una línea roja: no vamos a aceptar los despidos. Si hay despidos masivos, va a haber movilizaciones. Que no les quepa duda de aquello”, enfatizó el dirigente sindical.

El representante de la CUT sostuvo que, aunque existe disposición a negociar con el Ejecutivo, también es necesario fortalecer la organización y la capacidad de movilización desde los propios lugares de trabajo. En esa línea, llamó a enfrentar el temor a perder el empleo y transformarlo en organización y defensa de los derechos laborales.

Reajuste salarial y estabilidad laboral

Respecto del petitorio entregado por la Mesa del Sector Público, Campos detalló que las organizaciones sindicales están solicitando un reajuste salarial nominal del 6,3%, equivalente a un 2% real, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores frente al aumento del costo de la vida.

Sin embargo, identificó la estabilidad laboral como una de las principales preocupaciones de la negociación. Explicó que una parte importante de los funcionarios públicos trabaja bajo la modalidad de contrata, con renovaciones anuales, por lo que el próximo 30 de noviembre será una fecha determinante para conocer quiénes continuarán desempeñándose en el Estado durante 2027.

El petitorio también incorpora demandas relacionadas con la ampliación de plantas, la regulación de las contratas y el fortalecimiento de la libertad sindical.

En este escenario, Campos cuestionó al ministro Jorge Quiroz, a quien calificó como un representante del pensamiento “anti-Estado”, y planteó que la respuesta sindical debe ir más allá de las movilizaciones tradicionales, llegando directamente a los espacios laborales para fortalecer la organización de los trabajadores.

Campos cuestiona al Gobierno y llama a fortalecer la oposición

En materia política, el secretario general de la CUT también cuestionó el rumbo del Gobierno de Kast, apuntando a las promesas de crecimiento económico y seguridad que marcaron su llegada a La Moneda.

“Estafaron a cientos de chilenos, a miles”, afirmó, señalando que las expectativas de crecimiento y recuperación económica contrastan con el encarecimiento del costo de la vida y el desempleo. Asimismo, criticó las rebajas de condenas que beneficiaron a 56 personas, entre ellas condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y violaciones a los derechos humanos.

A juicio del dirigente, estas situaciones han profundizado las contradicciones al interior de la derecha y generado una crisis de gobernabilidad para el Ejecutivo.

Finalmente, Campos llamó a la oposición a construir una propuesta política que tenga como eje las demandas sociales y las necesidades de las familias trabajadoras, advirtiendo que no basta con esperar un cambio de ciclo electoral.

“Lo importante no es volver a gobernar, aquí lo importante es poner al centro las demandas sociales y que se gobierne satisfaciendo esas demandas sociales”, concluyó.

La Federación Nacional del Acceso a la Justicia cuestionó duramente la conducción del ministro Fernando Rabat, tras la polémica rebaja de condenas a autores de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El gremio acusa falta de diálogo, decisiones inconsultas y un debilitamiento de las políticas de acceso a la justicia.

En medio de la profunda crisis que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de autorizarse la rebaja de condenas a 56 condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) afirmó que lo ocurrido “lamentablemente no resulta sorprendente” para quienes trabajan diariamente en el sistema de acceso a la justicia.

La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, afirmó que la situación que hoy enfrenta el secretario de Estado es consecuencia de una forma de conducción que el gremio viene denunciando hace meses.

“Los hechos que hoy conoce la opinión pública son el resultado de una gestión marcada por la falta de diálogo, decisiones inconsultas e imposición de políticas públicas. Lo que hoy escandaliza al mundo político, lamentablemente quienes trabajamos en acceso a la justicia lo venimos advirtiendo hace tiempo”, señaló.

Escalante cuestionó además el discurso del Gobierno en defensa de las víctimas, asegurando que no se condice con las decisiones adoptadas en materia de acceso a la justicia.

“Desde el año pasado está vigente la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, precisamente para entregar apoyo integral a quienes han sido afectados por delitos. Sin embargo, este Gobierno no ha demostrado una voluntad real de implementarlo ni de entregarle los recursos necesarios”, sostuvo.

La dirigenta recordó que el Ejecutivo desvinculó a la directora implementadora y actualmente impulsa en el Congreso modificaciones para postergar la puesta en marcha del nuevo Servicio.

“Es difícil hablar de defensa de las víctimas mientras se posterga un Servicio creado justamente para protegerlas y acompañarlas. Las víctimas necesitan instituciones funcionando, presupuesto y profesionales, no discursos”, enfatizó, enfatizó Escalante.

La presidenta de FENADAJ manifestó además su solidaridad con las víctimas y sus familias frente a la posibilidad de que condenados por delitos sexuales recuperen su libertad producto de las rebajas de penas.

“Lamentamos profundamente la angustia que deben sentir quienes fueron víctimas de estos delitos atroces al conocer que sus victimarios pueden quedar en libertad. Pero esto no puede analizarse como un hecho aislado. Lo que hoy conmociona a la prensa y al mundo político, a quienes trabajamos todos los días por el acceso a la justicia, tristemente no nos sorprende”, concluyó Victoria Escalante.