• Académicos e investigadores del IE-CIAE de la U. de Chile, Cristian Cabalin y Patricio Rodríguez -quienes integraron la Mesa Técnica del SAE- analizan el proyecto del Ejecutivo y advierten que esta medida se aparta de la evidencia acumulada. La propuesta, según dicen, fragmenta el sistema unificado mediante mecanismos de selección particulares, lo que representa un grave riesgo de retroceso en materia de inclusión y segregación socioeconómica en el país.

La iniciativa permitiría el retorno de entrevistas y pruebas de admisión en determinados establecimientos, lo que podría aumentar la incertidumbre y complejidad del proceso para las familias.

Enlaces relacionados

• Académicos de la U. de Chile integran nueva mesa técnica para fortalecer el Sistema de Admisión Escolar (SAE)

La presentación del proyecto de ley del Gobierno para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) abrió un debate técnico respecto al acceso a la educación. Bajo la premisa de “reponer el mérito académico”, la propuesta busca modificar los criterios de postulación y asignación de vacantes en los colegios. Sin embargo, especialistas de la Universidad de Chile que trabajaron en la Mesa Técnica para evaluar el sistema advierten que los cambios propuestos podrían desmantelar el sistema, haciéndolo más burocrático y discriminatorio para las familias.

¿Qué propone el proyecto del Ejecutivo?

La reforma busca transitar desde el actual sistema centralizado hacia uno de carácter “mixto” o de “elección mutua”. En términos prácticos, esto implica:

• Creación del mecanismo de “Elección Mutua”: Se faculta a los establecimientos que hayan tenido sobredemanda en el proceso anterior (más postulantes que vacantes), a aquellos de especialización temprana o de alta exigencia académica a implementar un mecanismo descentralizado de “elección mutua” para asignar sus cupos, de forma previa al proceso aleatorio, dentro de la misma plataforma.
• Retorno de exámenes y entrevistas: Se autoriza a los colegios que participen de la “elección mutua” a aplicar pruebas de admisión particulares y a realizar entrevistas a los apoderados como parte del proceso de selección.
• Para los colegios que no tengan sobredemanda, o para las vacantes que queden disponibles luego de la elección mutua, se mantendrá un mecanismo de postulación centralizada y asignación aleatoria. Este sistema aleatorio continuará considerando criterios de prioridad básicos, como tener hermanos en el recinto, un 15% de alumnos prioritarios, hijos de funcionarios y exalumno.

Para Cristian Cabalin, subdirector del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la U. de Chile, esta estructura plantea dificultades severas: “El proyecto de ley del Mineduc se aleja completamente de las propuestas realizadas por la Mesa Técnica del SAE. Nosotros propusimos modificaciones para mejorar el sistema, pero de ningún modo para crear este sistema mixto, que solo generará mayor confusión y hará que vuelvan las discriminaciones arbitrarias en el proceso de selección de escuelas”.

Asimismo, el investigador señala que un modelo de estas características no se traduce necesariamente en una mayor libertad de elección para las familias, debido a que los recintos escolares recuperan la facultad de admitir o descartar postulantes.

El impacto proyectado en la equidad y los tiempos de postulación

El diseño original del Sistema de Admisión Escolar buscaba neutralizar un modelo donde la aceptación de un estudiante dependía frecuentemente de las condiciones socioeconómicas o el origen de sus familias. De acuerdo con un informe técnico realizado por el CIAE de la U. de Chile, la aplicación del SAE actual permitió que la segregación escolar en Chile descendiera de manera sostenida, registrando en 2024 sus índices más bajos y facilitando el acceso a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Al segmentar la postulación a través de múltiples canales, los expertos prevén complicaciones en la gestión del proceso. Patricio Rodríguez, investigador del CIAE de la U. de Chile y especialista en el modelamiento de estos sistemas, explica el riesgo de alterar el algoritmo centralizado de aceptación diferida: “Establecer una vía paralela fragmenta el sistema unificado actual. Al dividir el sistema, según la evidencia, los beneficios de la asignación eficiente se perderán”.

Rodríguez añade que descentralizar las postulaciones complejiza la planificación de las familias. “Además de abrir la puerta a la discriminación, los procesos se harán más largos y burocráticos dada la existencia de entrevistas y eventuales pruebas”, advierte, enfatizando que esto introduce mayores niveles de incertidumbre en las familias.

La alternativa técnica para regular el rendimiento escolar

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es la necesidad de una reforma legal para reincorporar la selección por rendimiento en los liceos emblemáticos. No obstante, los especialistas aclaran que la Mesa Técnica ya había elaborado un mecanismo regulado para abordar este aspecto sin alterar la estructura general del sistema. Dicha propuesta técnica recomendaba que los Liceos de Alta Exigencia pudieran seleccionar hasta el 80% de sus vacantes basándose en el rendimiento académico (vía ranking de notas) a partir de séptimo básico, manteniendo un resguardo del 40% de los cupos para estudiantes prioritarios con el fin de evitar la concentración socioeconómica. “Por lo tanto, no se requiere un proyecto de ley como este para restaurar la selección por mérito académico”, puntualiza Cabalin.

Propuestas de perfeccionamiento que no fueron consideradas

Los análisis técnicos coinciden en que el SAE requiere optimizaciones urgentes, pero centradas en la gestión institucional y el apoyo a los usuarios, más que en la modificación de sus bases de equidad. Entre las recomendaciones formuladas por la Mesa Técnica que no se incorporaron en el texto del Ejecutivo destacan:

• Ampliación de los criterios de prioridad familiar: extender los beneficios de consanguinidad a otros familiares convivientes y garantizar la matrícula conjunta de hermanos para evitar la dispersión familiar.
• Optimización de los sistemas de espera: fortalecer las etapas complementarias del proceso (como la herramienta “Anótate en la lista”) mediante canales de asistencia directa al usuario y priorizar la cercanía de los recintos respecto al hogar.
• Garantías para la inclusión real: asegurar cupos de manera prioritaria y obligatoria para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales permanentes y para jóvenes en procesos de revinculación escolar.

En base a estos antecedentes, los expertos concluyen que la reforma presentada no apunta a corregir las deficiencias operativas del sistema actual, sino a reconfigurar la admisión escolar bajo dinámicas de selección que restan autonomía a las decisiones de las familias. 

Carlos Cid, CIAE U. de Chile

Publicado el martes 30 de junio de 2026

• Mientras el intenso temporal mantiene alertas, evacuaciones preventivas y crecidas de ríos en distintas regiones del país, académico UCSC explica por qué no todas las cuencas reaccionan igual y cómo el conocimiento del territorio puede anticipar futuras emergencias.

Las intensas precipitaciones que afectan a gran parte de la zona centro-sur del país mantienen a varias regiones bajo alerta. En el Biobío, Senapred decretó Alerta Roja para Arauco por la crecida del río Pichilo -posteriormente rebajada a Alerta Verde-, solicitó evacuaciones preventivas en distintos sectores y continúa monitoreando el comportamiento de ríos, esteros y quebradas. Pero ¿por qué algunos cursos de agua aumentan su caudal en cuestión de minutos, mientras otros tardan horas o incluso días en responder?

Para el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Dr. Diego Caamaño, comprender este fenómeno requiere mirar mucho más allá de la cantidad de lluvia que cae.

“Para entender las inundaciones, lo importante no es solo conocer cuánta lluvia cae, sino cuánta agua llega al río y qué tan rápido llega. La misma cantidad de lluvia puede pasar sin consecuencias o provocar una emergencia, dependiendo de algunas condiciones”, explica.

Una de ellas es el estado previo del suelo. El investigador utiliza una comparación sencilla: funciona como una esponja. “Cuando comienza a llover, el suelo absorbe el agua igual que una esponja seca. Sin embargo, llega un momento en que se satura y deja de absorber. Desde ese instante, prácticamente toda el agua escurre hacia ríos y esteros”, señala.

En el actual evento meteorológico ese fenómeno adquiere especial relevancia. Más que un único frente, el país enfrenta una sucesión de sistemas frontales que se extenderán durante varios días. Los primeros saturan el suelo; los siguientes encuentran un terreno incapaz de absorber más agua, por lo que una mayor proporción de las precipitaciones termina rápidamente en los cauces.

No todos los ríos reaccionan igual

El comportamiento también depende del tipo de cuenca. Caamaño explica que los grandes ríos que nacen en la cordillera de los Andes, como el Biobío o el Itata, poseen tiempos de respuesta más largos. Parte importante de las precipitaciones queda retenida en forma de nieve y sus extensos valles ayudan a amortiguar las crecidas, por lo que sus aumentos de caudal pueden tardar horas o incluso días.

Muy distinta es la realidad de los ríos y esteros que nacen en la cordillera de la Costa, como el Andalién, Nonguén, Bellavista, Pichilo o Carampangue. “Son cuencas pequeñas y empinadas. No tienen nieve que retenga el agua ni grandes valles que amortigüen las crecidas. El agua baja muy rápido y estos ríos pueden aumentar su caudal en pocas horas”, advierte el académico.

Esta diferencia también determina la capacidad de anticipar una emergencia. En grandes ríos como el Biobío existen estaciones de monitoreo aguas arriba que permiten advertir con varias horas o incluso días de anticipación el aumento del caudal.

En cambio, en los ríos costeros el margen de reacción es mucho menor. “Si vive junto a un río costero, el tiempo de respuesta puede ser de horas e incluso de minutos. En estas cuencas ya no basta con esperar a que el río suba; es necesario anticiparse utilizando el pronóstico de precipitaciones”, sostiene el Dr. Diego Caamaño.

Para ello, explica que actualmente existen sistemas capaces de integrar modelos meteorológicos, hidrológicos e hidráulicos. Mientras el primero estima cuánta lluvia caerá y dónde, el segundo calcula cuánto aumentará el caudal y el tercero proyecta la altura y velocidad que alcanzará el agua. “La diferencia es clave. No se trata de medir el nivel del río cuando ya subió, sino de calcularlo antes de que ocurra”, explica.

No obstante, advierte que estas herramientas requieren información histórica sobre el comportamiento de los ríos. Mientras cuencas como la del Biobío cuentan con registros suficientes, muchos ríos y esteros costeros aún carecen del monitoreo necesario para realizar predicciones con la misma precisión.

Cuando el río vuelve a su espacio

Más allá de la tecnología, el especialista sostiene que una de las medidas más efectivas sigue siendo la planificación territorial. “No construir en quebradas ni en planicies de inundación, porque justamente para eso existen esas planicies”, afirma el académico.

Y agrega una reflexión que ayuda a comprender muchas de las emergencias que se repiten cada invierno. “La mayor parte de las veces que decimos que el río se salió, contamos mal la historia. En realidad, el río volvió a donde siempre estuvo y nosotros llegamos después.”

Asimismo, plantea la necesidad de actualizar las obras de infraestructura considerando el clima actual. Muchos sistemas de evacuación de aguas lluvias y defensas fluviales fueron diseñados con registros de precipitaciones de hace cuatro décadas.

“Hoy llueve menos que antes, pero llueve distinto: en menos días, con precipitaciones más intensas y con menos nieve. Tenemos menos agua en total, pero mucho peor distribuida”, explica.

El Dr. Diego Caamaño destaca que la repetición de estos eventos ofrece una oportunidad para mejorar la prevención: “estos temporales se repiten y, muchas veces, afectan los mismos lugares. Aunque parezca desalentador, justamente porque se repiten son fenómenos que podemos conocer mejor y anticipar con mayor precisión”.

La diputada Nathalie Castillo ofició al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) para que informe sobre las acciones adoptadas para proteger a las miles de personas afectadas por la interrupción del suministro eléctrico registrada durante las últimas horas debido al sistema frontal.

La parlamentaria sostuvo que el centro de la preocupación debe estar en las familias y consumidores que, además de permanecer por largas horas sin electricidad, sufrieron pérdidas de alimentos, medicamentos, daños en equipos eléctricos, entre otras consecuencias.

“Las personas no pueden ser quienes terminen pagando las consecuencias de una emergencia para la que la empresa tuvo tiempo suficiente para prepararse. Existieron días de anticipación con información meteorológica que advertía la intensidad del sistema frontal, por lo que era esperable que la empresa reforzara sus planes de contingencia, aumentara sus cuadrillas y adoptara todas las medidas necesarias para responder oportunamente”, señaló la diputada Castillo.

En el oficio, la parlamentaria solicita al Servicio informar si inició procedimientos de fiscalización o acciones de protección colectiva, cuántos reclamos ha recibido, qué medidas ha impulsado para resguardar los derechos de los consumidores y si evalúa acciones colectivas o procedimientos con CGE para obtener compensaciones adicionales para las personas afectadas. Asimismo, conocer si existió coordinación con la SEC y otros organismos.

Castillo enfatizó que las compensaciones automáticas contempladas en la normativa no siempre cubren la totalidad de los perjuicios sufridos por las familias.

“Quienes perdieron alimentos, medicamentos o vieron dañados sus electrodomésticos tienen derecho a ser reparados. Es fundamental que el SERNAC utilice todas las herramientas que le entrega la ley para defender a los consumidores y exigir que las empresas respondan cuando incumplen con los estándares de calidad del servicio”, concluyó.

• El aumento de la esperanza de vida y las nuevas exigencias para los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM) refuerzan la importancia de contar con equipos capacitados para brindar una atención integral. 

Al igual que el resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional. Según el Censo 2024, las personas de 65 años o más representan el 14% de la población, mientras disminuye la proporción de niños y adolescentes. Este cambio demográfico plantea nuevos desafíos para los sistemas de salud y cuidados, haciendo cada vez más necesaria la formación continua de profesionales y cuidadores que trabajan con personas mayores, especialmente en los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM). 

La directora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y jefa del Diplomado en Gerontología Social de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Mari Alarcón, explicó que el envejecimiento de la población demanda equipos cada vez más preparados para responder a una mayor complejidad clínica y funcional. 

“El cuidado de las personas mayores requiere mucho más que conocimientos clínicos. Hoy necesitamos equipos preparados para trabajar desde un enfoque integral, promoviendo la autonomía, la calidad de vida y la dignidad de las personas, mediante una formación continua que responda a las nuevas necesidades de una población cada vez más longeva”, destacó. 

El último reporte del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo reveló el impacto de las enfermedades crónicas en las personas mayores en Chile: una de cada dos personas de 60 años o más reporta hipertensión; un 27% vive con diabetes; un 21,5% con dolor crónico y un 14,6% con depresión. Además, un 16% de este grupo señala consumir seis o más medicamentos de manera regular. Este escenario exige que quienes trabajan con personas mayores cuenten con una formación especializada para responder a necesidades clínicas, funcionales, sociales y emocionales cada vez más complejas. 

En ese contexto, los desafíos del sistema de cuidados, especialmente en espacios de atención de larga estadía, han impulsado el fortalecimiento de los estándares de calidad y formación de los equipos. “El Decreto Nº 20 fortalece los estándares de atención en los ELEAM y pone énfasis en la capacitación permanente de los equipos, incorporando competencias en gerontología, valoración geriátrica integral, promoción de la funcionalidad, prevención de riesgos, administración segura de medicamentos y trabajo interdisciplinario. Además, exige la elaboración de planes de atención individualizados y el trabajo coordinado con la red de salud, resguardando siempre los derechos, la autonomía y la dignidad de las personas mayores”, señaló. 

De este modo, el desafío no se limita a fortalecer estándares normativos y de gestión, sino también a avanzar hacia un cambio en la forma de comprender el envejecimiento y la atención de las personas mayores. “El principal valor de la gerontología social es comprender el envejecimiento como un proceso multidimensional, donde intervienen factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, superando una mirada centrada solo en la enfermedad o la dependencia. A diferencia de los enfoques más tradicionales, promueve una atención centrada en la persona, que fortalece la autonomía, la participación, los derechos y la calidad de vida de las personas mayores”, complementó. 

Desde esta perspectiva, la formación en gerontología social permite comprender las trayectorias diversas del envejecimiento y abordar el cuidado desde una perspectiva integral, que considera la historia de vida, el contexto y las necesidades particulares de cada persona mayor. “Se trata de una mirada que complementa el enfoque sanitario, integrando el cuidado clínico con dimensiones sociales y relacionales, y que resulta clave para responder a los desafíos actuales de los sistemas de cuidados”, indicó. 

En un país que envejece a ritmo acelerado, el desafío ya no es solo cuánto viven las personas, sino cómo se les cuida en esa etapa de la vida. La calidad de la atención, la formación de los equipos y la capacidad del sistema de adaptarse a nuevas complejidades serán claves para garantizar un envejecimiento digno, activo y con derechos. 

El analista político y miembro de la comisión política del Partido Comunista de Chile, sostuvo que la cumbre organizada por Estados Unidos, para destruir a los movimientos antifascistas y de izquierda en el mundo, “es de una extraordinaria gravedad” y que constituye “una escalada contra la soberanía de los pueblos”. 

A dicha cumbre, acudieron más de 60 representantes de gobiernos de diferentes países del mundo, incluyendo Chile, Perú, Argentina y Paraguay. Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos presidió la ceremonia inaugural, con un discurso en donde instó a perseguir con fuerza a movimientos de izquierda argumentando un resurgimiento del terrorismo político. 

El dirigente comunista asegura que, “hay que pasar a la ofensiva, en la denuncia y en la acción”, y en ese sentido valoró a organizaciones que desarrollan acciones concretas para enfrentar el imperialismo, el autoritarismo y el genocidio llevado a cabo por Israel en la palestina ocupada. 

Frank Tressler, secretario de política exterior de la cancillería chilena, fue el funcionario designado por Chile para acudir a la cumbre organizada por Estados Unidos, Juan A. Lagos hace un llamado de alerta para todo el país, no solo para quienes se autoidentifican como de izquierda. 

“Cuidado, porque tienen fuerza, porque tienen recursos, porque tienen aliadas y aliados en Chile, muy violentas y violentos, con fuerza y son gobierno”, sentenció el dirigente PC. 

Frente de mal tiempo 

Un temporal azota Chile, desde las regiones de Los Ríos hasta Coquimbo, 3 personas fallecidas, cientos de damnificados y más de 480 mil clientes sin suministro eléctrico. 

Juan A. Lagos hizo hincapié en este último dato, teniendo en cuenta que las empresas transmisoras de energía, ya han sido sancionadas porque cada vez que se produce un fenómeno de estas características se interrumpe el suministro eléctrico en grandes sectores del país. 

Aprobación de la megarreforma en el Senado 

En la madrugada del día jueves, se aprobó en el Senado la Megarreforma que beneficia al 1% más rico del país, con artículos como la invariabilidad tributaria, la indemnización a proyectos que no mantengan RCA, la repatriación de capitales sin pago de impuestos y la rebaja del impuesto a las grandes empresas. 

Juan A. Lagos, comenta que está política fue implementada en dictadura, sin embargo, ya en el pasado no funcionó. 

En medio de una asonada internacional para asfixiar a los movimientos de izquierda, Juan A. Lagos llamó a pasar a la ofensiva en la denuncia y la acción. 

Lo que comenzó como una medida temporal para supuestamente combatir la violencia ejercida por las pandillas se ha convertido en un sistema permanente que promueve y justifica detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves violaciones de derechos humanos que podría constituir crímenes de lesa humanidad. Así lo concluye Amnistía Internacional en su nuevo informe “Seguridad” sin derechos: El impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador.

Cuatro años después de la instauración del régimen de excepción, más de 90.000 personas han sido detenidas, al menos 470 han muerto bajo custodia estatal y miles de familias continúan buscando respuestas sobre el paradero, la salud o la situación jurídica de sus seres queridos. El informe documenta cómo la excepcionalidad se transformó progresivamente en una política permanente de seguridad basada en la suspensión prolongada de derechos y el debilitamiento sistemático del Estado de derecho.

“La seguridad no puede construirse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “El Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a la violencia criminal y de investigar y sancionar los delitos cometidos por las pandillas, pero esa obligación no autoriza la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.

La investigación se basa en seis visitas de documentación realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025, 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados, defensores públicos, abogados defensores particulares, y agentes activos y retirados de la Policía Nacional Civil (PNC), así como el análisis de requerimientos fiscales, resoluciones judiciales, decretos legislativos y el examen directo de más de 80 casos individuales.

El informe revela cómo agentes activos y retirados de la PNC describieron un sistema de cuotas de detención, instrucciones verbales sin respaldo documental y presión institucional para fabricar actas que dieran apariencia de legalidad a arrestos arbitrarios. También registra el uso de bases de datos desactualizadas y criterios de perfilamiento territorial y socioeconómico por parte de las autoridades salvadoreñas para justificar capturas arbitrarias masivas.

“En numerosos casos, nadie revisa si las capturas son legales o no. Nosotros solo llevamos a la gente, la Fiscalía recibe el paquete y ya. No hay juez que vea nada en ese momento […]. Cuando los llevan a los juzgados, ya pasaron los quince días, y los jueces solo leen la lista y confirman todo. Nadie pregunta si hubo golpes o si había orden de captura”, relató un agente de la PNC entrevistado por Amnistía Internacional.

Esta situación se agrava por otro de los hallazgos centrales del informe: la adopción de reformas procesales incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos que han transformado progresivamente al sistema penal y judicial salvadoreño. En numerosos casos documentados, los tribunales han dejado de ejercer una función efectiva de control sobre las actuaciones de policías, fiscales y otras autoridades estatales, y han pasado a operar como instancias que validan detenciones arbitrarias y sostienen privaciones graves de libertad aun en ausencia de evidencias verificables o de una evaluación individualizada suficiente.

“En muchos casos, ya no importa si existe evidencia o no. Basta con que la policía diga que alguien ‘parece pandillero’ para que el sistema lo procese”, relató un abogado defensor entrevistado por Amnistía Internacional. “Estamos viendo procesos donde no se individualizan conductas, no se describen hechos concretos y la detención se vuelve prácticamente automática”.

Amnistía Internacional concluye que los patrones documentados; detenciones arbitrarias masivas, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal; podrían configurar crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma, al existir fundamentos razonables para considerar que estos actos habrían sido cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, en un contexto institucional que ha facilitado su comisión.

La organización identificó nuevamente un fuerte componente discriminatorio en la implementación del régimen de excepción. La mayoría de las víctimas documentadas provienen de comunidades históricamente empobrecidas y estigmatizadas, muchas de las cuales ya habían sido previamente afectadas por la violencia de las pandillas. La investigación muestra que factores como el lugar de residencia, la apariencia física, la condición socioeconómica o denuncias anónimas no verificadas han sido utilizados recurrentemente para justificar capturas y sostener acusaciones penales.

El informe documenta además cómo, durante las audiencias judiciales, los argumentos de arraigo presentados por las defensas; como empleo formal, vínculos familiares, estudios, residencia fija o participación comunitaria; frecuentemente son descartados sin una valoración individualizada suficiente. Según Amnistía Internacional, esto ha contribuido a convertir la detención provisional en una medida prácticamente automática y no excepcional.

Aunque el gobierno salvadoreño presenta el régimen de excepción como una política exitosa de seguridad, Amnistía Internacional advirtió que el costo humano ha recaído principalmente sobre personas sin condena firme, detenidas sin orden judicial, sin investigación individualizada y, en muchos casos, sin pruebas verificables en su contra.

“Esta investigación evidencia que las autoridades salvadoreñas han permitido que su política de seguridad derive en violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, afectando también a miles de personas bajo las cuales no se tiene indicios robustos de que habrían cometido delitos”. señaló Ana Piquer. “Los hallazgos de este informe no buscan impedir que las autoridades investiguen a personas sospechosas de cometer delitos o a estructuras criminales, sino a asegurar que ello se haga en el marco de un debido proceso”.

“Amnistía Internacional exige que quienes no cometieron delitos —y la evidencia muestra que podrían ser miles— no sigan pagando con su libertad, su salud o incluso su vida las cuotas de una política diseñada para producir cifras, no justicia. Esto no es equivalente a pedir la liberación indiscriminada de personas, sino asegurar que quienes se mantengan privados de libertad estén bajo investigaciones creíbles y juicios justos por su posible participación en delitos.”.

El informe registra muertes bajo custodia estatal, patrones de tortura y otros malos tratos, incluyendo golpizas, incomunicación prolongada, negación sistemática de atención médica y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana.

Asimismo, Amnistía Internacional documentó patrones de desaparición forzada tanto en la fase inicial de la detención como durante la privación de libertad. En numerosos casos las autoridades ocultaron durante días o semanas el paradero de personas detenidas, negándose a proporcionar a sus familiares información sobre su ubicación o condición física. En otros las personas permanecieron privadas de libertad pese a la existencia de resoluciones judiciales firmes que ordenaban su liberación y que no fueron ejecutadas por las autoridades penitenciarias. Familiares entrevistados describieron sus búsquedas desesperadas en centros penales, morgues y tribunales sin obtener información oficial sobre el paradero de sus seres queridos, manteniéndolos temporalmente fuera de la protección de la ley.

El informe concluye que estos abusos no constituyen hechos aislados, sino que han sido facilitados por una profunda transformación institucional iniciada desde 2021, incluyendo la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General, reformas legales que debilitaron el debido proceso y una creciente militarización de la seguridad pública.

“El Salvador tenía y tiene el deber de proteger a la población frente a la violencia criminal. Pero ningún Estado puede combatir efectivamente la violencia reproduciendo los mismos patrones de miedo, discriminación, abuso e impunidad que dice combatir”, concluyó Ana Piquer. “La experiencia salvadoreña demuestra el enorme riesgo de normalizar modelos de seguridad que prometen resultados inmediatos bajo un enfoque meramente represivo, sin considerar las salvaguardas del debido proceso ni respeto a los derechos humanos”.

Amnistía Internacional insta al Estado salvadoreño a adoptar un plan verificable que ponga fin al régimen de excepción, restablecer plenamente las garantías del debido proceso, investigar de manera independiente las violaciones documentadas y, cuando existan pruebas suficientes, procesar a las personas presuntamente responsables de crímenes conforme al derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad. Asimismo, exhorta al Estado a garantizar el acceso irrestricto de mecanismos internacionales de derechos humanos a centros de detención y procesos judiciales relacionados con el régimen de excepción. Finalmente, llama a la comunidad internacional a reforzar el monitoreo independiente y los mecanismos internacionales de rendición de cuentas frente a la situación de derechos humanos en El Salvador.

Un viaje por antiguos senderos y escenarios de cuatro espacios culturales ancestrales del norte de Chile, aborda el documental “Amt’añ thaki” en su nombre aymara y que significa “Senderos de la Memoria”. Esta es una propuesta audiovisual que en cuatro capítulos propone un recorrido por las antiguas huellas o senderos de los habitantes originarios de ese territorio, marcado por la impronta del desierto de Atacama.

“Es una expresión super interesante del mundo aymara”, comenta Gonzalo Pímentel, presidente de la Fundación Desierto de Atacama, acerca del concepto “thaki” que significa sendero: “Está en casi todos los aspectos de la vida”, agrega.

“La memoria, el mismo título, significa que también tiene su propio sendero. Para  conectar con tu memoria antigua, tenías que recorrer los senderos de tus antepasados para conectar con tu territorio, con tu memoria, con tus divinidades, con tus dioses, etc. porque aglutina, engloba muchísimos aspectos de la vida social de estas sociedades”. 

La serie documental se compone de 4 capítulos, cada uno dedicado a un espacio cultural en especial: “Puna”, “Oasis”, “Pampa” y “Costa”. Durante este mes fueron liberados los dos primeros, mientras que “Pampa” y “Costa” estarán disponibles para el público el 5 y el 12 de agosto, respectivamente.

“Hemos propuesto un recorrido más bien altitudinal, más bien este-oeste, que conecta desde el mar hasta la cordillera. Especialmente, en un país como el nuestro orientado en el otro sentido”, precisa Gonzalo Pimentel sobre la lógica andina que resalta la composición documental.

La inauguración de la primera pieza ocurrió a inicios de julio en el Liceo Likan Antai de San Pedro de Atacama, con la presencia de estudiantes que visionaron “Puna”. “Estuvo muy emocionante escuchar sus intervenciones, cómo se emocionaban y cómo reconocían en las personas mayores esa antigua sabiduría que se está perdiendo y cada vez más aceleradamente”:

Esta semana, el miércoles 15 de julio fue el turno de “Oasis”: “Está referido especialmetne a Calama. Es el que más me gusta a mí, personalmente. Creo que refleja muy bien esta situacion de Calama como oasis, pero también como ciudad minera”:

“Queremos relevar esta voz local. Cuando tú los escuchas, lo que ves es que están todos cuidando su entorno, su territorio, su familia, en todos los aspectos. No lo ven como algo separable que, por un lado, puedas expoliar o saquear, o por otro lado, no hacerte cargo”.

“El desierto siempre se ha visto como un lugar a quitarle, a expoliar de alguna manera, pero pocas veces se ha visto como un lugar de cuidado, de diversidad cultural, de diversidad histórica y social. Entonces, más bien, nuestro énfasis está en eso”.

El director de la obra es el cineasta y fotógrafo colombiano, Jorge Panchaga, y a quien fue confiada la realización de la serie. “Realmente estamos muy contentos con su labor. Su trabajo, creemos, no pudo haber salido mejor. La idea es poder elaborar más adelante una película más amplia y que esto sea una introducción a  un trabajo mayor”, adelanta Pimentel.

Ficha artística
Título: Amt’ añ Thaki: Senderos de la Memoria

Formato: Serie web documental de 4 episodios

Episodios: Puna, Oasis, Pampa, Costa.

Duración estimada: 15 minutos por episodio

Año de producción: 2026

País: Chile – Colombia

Territorio / Locaciones: San Pedro de Atacama, Calama, Parque Geoglifos de Chug Chug, Taltal.

Idioma: Español con subtítulos

Idea Original: Fundación Desierto de Atacama.

Dirección:Jorge Panchoaga

Producción ejecutiva: Maxi Liras

Productor asociado: Transeúntes Films

Realización: Rope Films

Financia: Gobierno Regional de Antofagasta, Fondo Nacional de Desarrollo Regional,F.N.D.R 2025 8% Línea Cultura.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=VyGvSZXolmY&feature=youtu.be 

Plataforma de difusión: www.fundaciondesiertoatacama.cl
Género: Documental

Un viaje por antiguos senderos y escenarios de cuatro espacios culturales ancestrales del norte de Chile, aborda el documental “Amt’añ thaki” en su nombre aymara y que significa “Senderos de la Memoria”. Esta es una propuesta audiovisual que en cuatro capítulos propone un recorrido por las antiguas huellas o senderos de los habitantes originarios de ese territorio, marcado por la impronta del desierto de Atacama.

“Es una expresión super interesante del mundo aymara”, comenta Gonzalo Pímentel, presidente de la Fundación Desierto de Atacama, acerca del concepto “thaki” que significa sendero: “Está en casi todos los aspectos de la vida”, agrega