Las corporaciones judiciales son entidades clave en facilitar el acceso a la justicia en Chile y hoy deben pasar a conformar el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Sin embargo, la implementación del proceso despierta inquietud entre sus funcionarios respecto a la disponibilidad de recursos y a sus condiciones laborales.

Victoria Escalante, presidenta de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia Fenadaj, apunta que si bien el traspaso es visto de buena manera por los funcionarios, advierte que el presupuesto destinado para su implementación no es suficiente para superar las falencias que históricamente les han afectado.

Las corporaciones judiciales son entidades clave en facilitar el acceso a la justicia en Chile y hoy deben pasar a conformar el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Sin embargo, la implementación del proceso despierta inquietud entre sus funcionarios respecto a la disponibilidad de recursos y a sus condiciones laborales.

Victoria Escalante, presidenta de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia Fenadaj, apunta que si bien el traspaso es visto de buena manera por los funcionarios, advierte que el presupuesto destinado para su implementación no es suficiente para superar las falencias que históricamente les han afectado:

“Las corporaciones y las personas que ha tenido que recurrir a ellas se han dado cuenta que es un servicio precarizado -desde su creación en el año 81- y desde ahí buscamos resolver estos déficit que son endémicos de nuestra política pública y hemos confiado en este traspaso”:

Indica además que a esta precariedad de base se puede sumar la inseguridad ya vista en otros servicios públicos producto de los recortes presupuestarios que ha ordenado el gobierno de Kast: “Estamos frente a un riesgo que se instale con más precariedad y que se pase a la precariedad histórica con un cambio de nombre y eso no nos favorece para nada”, remarcó.

Otro aspecto incierto refiere al traspaso de los funcionarios al nuevo servicio, situación que debe ocurrir de forma automática. “Sin embargo, hay preocupaciones por las plazos y que no hay propuesta para esos efectos”, aclara frente al retraso visto en la primera etapa concentrada en la macro zona norte:

“Por lo tanto creemos que esta nebulosa ya debería haberse resuelto”, añade Escalante apuntando al proceso de homologación de jornadas, remuneraciones y otros: “Nosotros hemos estado trabajando como en el reglamento único, pero nada hemos logrado todavía en este nuevo gobierno y por lo tanto, estamos preocupados y nuestra gente está angustiada porque los trabajadores tienen que tener certezas”.

Justicia y Ministerio de Justicia

Fenadaj es también una de las agrupaciones sindicales que adhirió a la denuncia recientemente expuesta en la Comisión Interamericana de DDHH sobre los efectos que están surtiendo los recortes presupuestarios y que impactan a 142 programas sociales.

“Uno de los derechos humanos es el acceso a la justicia y quisimos visibilizar el riesgo en el que nos encontramos hoy día con el cambio de gobierno”, en tanto hay posibilidad que lo mandatado por ley quede trunco y que se incumpla la garantía constitucional de por medio. 

No obstante, tal situación a “esta autoridad no le hace mella”, agregó la dirigenta recordando los dichos emanados por el subsecretario en reunión con la federación, sobre que “no están los tiempos para cumplir la ley y hacer un buen trabajo”:

Por otra parte, fue distinta la percepción que se ha tenido con el ministro de Justicia Fernando Rabat quien señaló a los dirigentes tomar nota de las inquietudes, aunque advirtiendo que habían otras personas encargadas del presupuesto y estando él sin conocer completamente aún el de su cartera.

“Vemos que hay un espacio para cambiar lo que dijeron”, pondera Victoria Escalante indicando que agosto y septiembre son meses cruciales, previo a la ordenación del Presupuesto 2027: “Por cierto, lo vamos a complementar con la ida al Congreso para sensibilizar que la instalación del nuevo servicio no se puede hacer con los recursos de siempre”.

Sergio Fuentes, secretario general de la Confederación de trabajadoras y trabajadores del comercio, comentó que la Conatracops defenderá la ley de 40 horas, ya que, ha sido una política muy valorada por las y los trabajadores. 

“Hoy día con las 42 horas ya son 3 días los que los trabajadores se retiran 1 hora antes. En el comercio el 60% de la fuerza de laboral son mujeres, en su mayoría dueñas de casa, también tenemos muchas compañeras que son madres solteras, entonces esta hora para estar junto a sus hijos una hora más, llegar a sus casas una hora antes de verdad que ha sido muy positivo y muy valorado” declaró el secretario general. 

Respecto a las acciones que han llevado a cabo como Confederación para frenar la agenda “anti trabajadores” del gobierno de José Antonio Kast, señaló, “el viernes recién pasado nos reunimos en el Costanera Center, por ser el epicentro del retail en Chile, dónde el llamado fue específicamente a manifestarnos en contra de todas las reformas laborales que está presentando el gobierno”. 

Consultado por cuáles son las modificaciones laborales que más afectan a las y los trabajadores del comercio Fuentes comentó, “el cambio en la modalidad de indemnizaciones por años de servicio nos afecta mucho, porque una de las leyes que nos da estabilidad laboral hoy día es el pago de indemnización por años de servicio”. 

Además, del argumento de la estabilidad laboral, el dirigente hizo énfasis en que, las indemnizaciones a las y los trabajadores se verían altamente disminuidas y que pondría en riesgo la sindicalización. 

“Hoy día en general el trabajador está con una sensación de incertidumbre, la sensación que predomina es el temor, el miedo a todo lo que viene”, aseguró Sergio Fuentes en tono de preocupación. 

El dirigente sindical repasó parte de las medidas planteadas por el ejecutivo como lo son, la modificación de la ley de 40 horas, “donde se pierde el derecho al pago de horas extras, lo que es un desmedro absoluto a los ingresos de los trabajadores”. 

El rumbo que se ha fijado la Conatracops, son asambleas a nivel regional para fortalecer la movilización en las bases de los sindicatos, en tanto, han sostenido reuniones con la Confech y esperan ampliar la articulación con sindicatos y gremios de la salud, que el dirigente advirtió, “han sido fuertemente reprimidos”. 

Sin embargo, Fuentes hizo un llamado concreto a los parlamentarios de oposición en ser más incidentes y tajantes en la defensa de los derechos laborales, “hemos visto como unos parlamentarios han negociado con el gobierno” deslizó, refiriéndose a la tramitación de la megarreforma de los súper ricos. 

El secretario general de la confederación de trabajadoras y trabajadores del comercio, concluyó su intervención, interpelando directamente a los parlamentarios y parlamentarias de oposición para mostrar con mayor fuerza su descontento contra las agendas del gobierno de José Antonio Kast.

Dr. Emilio Oñate Vera – Profesor de Derecho Administrativo Universidad Central

Aunque no existe un pronunciamiento oficial, el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, señaló que el Gobierno evalúa postergar la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, prevista para el 1 de diciembre de 2026. La decisión respondería al rechazo, en el Senado, de la terna propuesta por el Ejecutivo y al vencimiento del plazo legal para designar al consejo directivo de la futura Agencia de Protección de Datos Personales, que hoy permanece sin una instancia de dirección.

Si bien este retraso replica experiencias de otros países de la región, como Brasil, donde la institucionalidad también enfrentó demoras, lo realmente preocupante es que se pretenda flexibilizar, aunque sea temporalmente, la exigencia de dedicación exclusiva de los consejeros.

Esa medida debilita un pilar esencial del modelo institucional: la independencia del regulador. La dedicación exclusiva no es un formalismo, sino la garantía de que quienes fiscalicen el tratamiento de datos personales no mantengan vínculos profesionales con las entidades reguladas, evitando conflictos de interés y resguardando la confianza pública.

La experiencia comparada demuestra que la autonomía de las autoridades de control depende, en buena medida, de esa independencia. Debilitarla desde el origen de la Agencia sentaría un precedente que relativiza la autonomía regulatoria frente a contingencias políticas.

Si el Ejecutivo requiere más tiempo, resulta preferible postergar, por una única vez, la entrada en vigencia de la ley antes que rebajar los estándares de independencia que el propio legislador estableció. Chile no puede permitirse un regulador de datos debilitado antes de nacer.

• Esta alza tendría repercusiones directas en capacidad de la infraestructura y presupuesto asociado. Además, señalan, que la evidencia revisada muestra que sanciones más severas o períodos más prolongados de privación de libertad no necesariamente disminuyen la reincidencia.
• Académicos(as) y especialistas proponen concentrar las intervenciones más intensivas en el grupo de adolescentes que acumula los delitos de mayor gravedad y reiteración, no en la población en general, junto con fortalecer la prevención, reinserción y persecución del reclutamiento por organizaciones delictivas.

Santiago, 12 de agosto de 2026.- Un aumento de 206% en los casos sancionados con régimen cerrado es solo uno de los impactos que proyecta el documento Hacia una justicia juvenil eficaz: impacto de la agenda legislativa reciente y alternativas de acción, elaborado por la Defensoría de la Niñez en un análisis que contó con la participación académicas, académicos y especialistas sobre las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que actualmente se discuten en el Congreso Nacional.

El análisis, de carácter exploratorio, concluye que una de las propuestas, donde se modifican las reglas de determinación de la pena, es la que tendría el mayor impacto, ya que implica que más de mil casos sancionados en un año bajo modalidades diferentes a régimen cerrado, puedan ser ingresados a privación de libertad total. Esto significa que, tratándose de los delitos señalados en el proyecto de ley, los casos podrían pasar, en régimen cerrado, de los 143 actuales, a 1.189, impactando en los ingresos generales que ya recibe este tipo de sanción.

Otra de las modificaciones estudiadas y que dice relación con la restricción del uso de la medida de Libertad Asistida Especial para sanciones de tres años o más, podría significar por si sola un aumento de 61% en las sanciones privativas de libertad. El análisis advierte que este mayor uso de la privación de libertad debe ser evaluado no solo por su impacto presupuestario y sobre la capacidad de los centros, sino principalmente por su efectividad para disminuir la comisión de nuevos delitos.

Junto a ello, el análisis advierte de otras medidas que tendrían como impacto principal el aumento de la duración de las sanciones y un mayor uso de la internación provisoria, que, junto con lo anterior, aumentaría el gasto que finalmente ejecutaría el Estado en privación de libertad, sin evidencia suficiente de su efectividad frente a otras alternativas.

Penas más severas no garantizan menor reincidencia

La revisión realizada por la Defensoría de la Niñez en conjunto con las y los especialistas concluye que una mayor severidad de las sanciones o períodos más prolongados de privación de libertad no muestran, por sí solos, mejores resultados en reducción de la reincidencia. La evidencia recopilada destaca que la calidad y pertinencia de la intervención son factores fundamentales para favorecer procesos de desistimiento delictivo.

Los antecedentes nacionales incluidos en el documento muestran diferencias relevantes según el tipo de sanción. Para el periodo 2020, la reincidencia a 12 meses alcanzó un 53% entre quienes estuvieron en régimen cerrado y un 48% en semicerrado, frente a un 27% en Libertad Asistida Especial. Además, esta última modalidad registra una mayor proporción de egresos satisfactorios respecto de las sanciones privativas de libertad. 

Delitos se concentran en un grupo reducido

El documento advierte también que los delitos cometidos por adolescentes no son un fenómeno homogéneo. De acuerdo con el Informe sobre Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público para el período 2015-2025, más del 70% de los sujetos analizados no presenta reincidencia, mientras que la delincuencia reiterada no constituye la trayectoria predominante.

Para los 24 expertos y expertas, esta concentración exige diferenciar las respuestas del Estado y desarrollar intervenciones intensivas para los casos de mayor gravedad, reiteración y complejidad.

El análisis reconoce, asimismo, cambios en la composición de la delincuencia adolescente que requieren especial atención. Mientras durante los últimos años han disminuido proporcionalmente robos y hurtos, se observa un aumento relativo de lesiones (principalmente leves), delitos sexuales (influenciados por aquellos del entorno digital) y delitos asociados a drogas, además de una creciente preocupación por hechos relacionados con armas y crimen organizado.

 Una respuesta más focalizada para los casos más graves

Frente a este escenario, el documento no propone disminuir la respuesta del Estado frente a los delitos graves, sino que focalizarla con mayor intensidad donde existe mayor riesgo de reiteración. Entre las recomendaciones se encuentra fortalecer la investigación y persecución penal de los casos de mayor severidad, incluyendo estrategias de disuasión focalizada, patrullaje estratégico y seguimiento personalizado. También plantea desarrollar en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil una respuesta especializada para adolescentes de alta complejidad, con equipos de seguimiento y gestión de casos a nivel nacional y regional.

En materia de crimen organizado, se propone fortalecer la investigación de delitos asociados a microtráfico y armas y tipificar específicamente el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos, fenómeno generalmente vinculado a bandas integradas por personas adultas.

“Una política de seguridad no se mide solo por cuánto aumenta una pena, sino por su capacidad para evitar nuevos delitos. La evidencia muestra que un grupo reducido concentra una parte importante de los hechos, por lo que la respuesta debe ser firme, focalizada y especializada. Resulta muy peligroso aumentar la privación de libertad y no tener una respuesta programática adecuada para la reinserción, resulta de hecho irresponsable como política pública, y solo traslada el problema al futuro, cuando vuelva a la sociedad como adulto”, señaló el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille 

Prevenir antes de que las trayectorias delictivas se consoliden

Junto con las medidas dirigidas a los casos de mayor gravedad, los especialistas proponen reforzar la prevención temprana. Entre las recomendaciones se encuentran fortalecer los sistemas de seguimiento y alerta frente a comportamiento delictivo temprano, exclusión educativa, problemas de salud mental y consumo de drogas; mejorar la coordinación entre los sistemas de protección y justicia juvenil; ampliar la cobertura del Sistema Lazos; desarrollar alternativas de reingreso educativo y fortalecer la intervención en medio libre y los mecanismos de justicia restaurativa.

El documento sostiene que la modernización de la justicia juvenil debe orientarse a interrumpir las trayectorias delictivas, promover la reinserción social y utilizar la privación de libertad como una medida excepcional, manteniendo el carácter especializado que diferencia el sistema adolescente del sistema penal adulto.

Este informe fue elaborado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez y contó con la colaboración y revisión de académicas(os) y especialistas en justicia juvenil.

El académico de la Universidad de La Serena, Dr. Cristian Araya-Jaime explica que las condiciones asociadas a El Niño podrían alterar la ubicación, alimentación y supervivencia temprana de la especie.

Encontrar jurel en las góndolas de supermercados y almacenes se ha vuelto más difícil durante los últimos meses. La menor disponibilidad de uno de los pescados más tradicionales de la mesa chilena tiene su origen en una fuerte caída de las capturas, luego de que las embarcaciones comenzaran a detectar una inusual ausencia del recurso en las zonas donde habitualmente se concentra.

Aunque todavía no existe una explicación definitiva, una de las hipótesis apunta a las condiciones oceanográficas asociadas al fenómeno de El Niño, que podrían estar modificando la distribución y comportamiento de los cardúmenes.

El escenario ha abierto interrogantes sobre dónde se encuentra actualmente el jurel, si se trata de un desplazamiento temporal y qué herramientas científicas, entre ellas los estudios genéticos, pueden ayudar a comprender la respuesta de esta especie frente a los cambios que experimenta el océano.

En relación a esto, el académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, Cristian Araya-Jaime, explicó que “El Niño calienta y reorganiza el océano, y eso puede cambiar dónde se concentra el jurel, ya sea más lejos de la costa, más al sur o a otra profundidad, también puede modificar la disponibilidad de alimento y las condiciones en que sobreviven las larvas y juveniles”.

De acuerdo al Magíster en Ciencias Biológicas, mención Ecología de Zonas Áridas, “por eso, durante un evento cálido, podría haber menos jurel disponible en un sector, aunque la especie siga presente en otras áreas”.

“El antecedente de 1997-1998 muestra que el jurel puede modificar su distribución, pero cada evento es distinto”, agregó.

Ahondando en esto, el PhD. en Genética advirtió que “no basta con observar una baja de capturas en una semana o en una caleta, se deben comparar cruceros científicos, registros de pesca, tamaños de los peces, presencia de huevos y larvas, y datos del océano como temperatura, corrientes y productividad”.

“Por ahora, el desplazamiento es una hipótesis plausible que debe confirmarse con esa evidencia antes de presentarlo como un hecho”, recalcó.

Sin riesgo de desaparecer

Respecto a si la baja disponibilidad actual pone en riesgo la diversidad genética del jurel, el Dr. Cristian Araya afirmó que “una menor disponibilidad local no permite afirmar que exista un riesgo para la diversidad genética. Ese riesgo se esperaría si hubiera una reducción grande y sostenida de los reproductores durante varias generaciones”.

“La información genética disponible muestra una población ampliamente conectada a gran escala, y la evaluación oficial más reciente clasificó la pesquería en plena explotación”, destacó.

Debido a esto, el investigador aseguró que “la interpretación prudente es que podría tratarse de un cambio temporal en la distribución o en la accesibilidad del recurso, lo que debe seguirse con monitoreo científico”.

“No podemos concluir que el jurel haya desaparecido o que el stock esté en riesgo solo porque haya menos disponibilidad en una zona; primero debemos verificar si cambió su ubicación y comportamiento en respuesta a las condiciones del océano”, indicó.

Sobre la afectación que esto podría significar para la pesca artesanal en la Región de Coquimbo y en otros sectores del país, el académico alertó que “el principal riesgo no es necesariamente que el jurel haya disminuido, sino que se vuelva menos predecible y más difícil de encontrar cerca de la costa. Si los cardúmenes se desplazan hacia zonas más alejadas o profundas, los pescadores podrían requerir salidas más largas, mayores gastos de combustible y enfrentar un menor éxito de captura. Esto puede afectar especialmente a las caletas de la Región de Coquimbo y de otros sectores del país que dependen de la disponibilidad local del recurso”.

El crecimiento de la participación de mujeres marca un cambio histórico en la formación técnica, aunque la elección de especialidades vinculadas a tecnología e industria continúa siendo el principal desafío para avanzar en equidad.

Por primera vez, las mujeres representan más de la mitad de la matrícula de la educación superior técnico-profesional en Chile. Sin embargo, este avance convive con una importante paradoja: en las especialidades vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), su participación continúa por debajo del 30%. En el marco del Mes de la Formación Técnico- Profesional (TP), esta realidad vuelve a poner en evidencia uno de los principales desafíos para el desarrollo del talento y la competitividad del país.

Las cifras del Ministerio de Educación (Mineduc) y del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) muestran que la participación femenina alcanza el 45,9% en la Enseñanza Media Técnico-Profesional y el 50,4% en la Educación Superior TP. No obstante, esta distribución deja de ser equilibrada cuando se observan las especialidades STEM, donde la presencia de mujeres sigue siendo significativamente menor.

La brecha persiste en las áreas STEM

Pese al equilibrio alcanzado en la matrícula general, especialistas advierten que la principal brecha continúa concentrándose en las áreas STEM. De acuerdo con un análisis del Centro de Desarrollo Humano de Fundación Chile, en los liceos técnico-profesionales menos del 30% de la matrícula en especialidades ligadas a tecnología e industria corresponde a mujeres.

Aunque la educación superior muestra señales de avance —como el incremento al 32% de participación femenina en carreras STEM universitarias y un aumento de 7,5% en las postulaciones seleccionadas de egresadas de liceos TP—, la segregación en la enseñanza secundaria sigue condicionando las trayectorias formativas y limitando el desarrollo del potencial técnico del país.

Formación técnica con impacto territorial

La creciente participación femenina no solo refleja una apertura gradual hacia espacios históricamente masculinizados, sino también el reconocimiento de la formación técnico- profesional como una alternativa de alta empleabilidad, rápida inserción laboral y fuerte aporte al desarrollo de las regiones.

Desde la Región del Biobío, la Directora del Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Claudia Mora Méndez, destacó que avanzar hacia una mayor equidad requiere un esfuerzo conjunto entre distintos actores.

"Ninguna institución puede, por sí sola, revertir tasas de desocupación de dos dígitos ni cerrar la brecha de género en el empleo. Se requiere el compromiso articulado del sector público, la empresa privada y la academia. Treinta años de historia demuestran que cuando la formación TP se construye con y desde el territorio, se convierte en lo que siempre debió ser: el motor silencioso del desarrollo regional", afirmó.

El desafío que viene

Actualmente, la formación técnico-profesional concentra más del 40% de la matrícula de primer año de la educación superior en Chile, consolidándose como un pilar para la reconversión laboral, el desarrollo sostenible y la generación de oportunidades.

En este Mes de la Formación Técnico-Profesional, el desafío ya no es solo mantener la paridad alcanzada, sino avanzar hacia una participación más equilibrada en todas las especialidades. Derribar los sesgos que aún influyen en las decisiones vocacionales será clave para que más mujeres se incorporen a áreas estratégicas para la innovación, la productividad y el desarrollo del país.

La Embajada del Estado de Palestina en Chile dio a conocer un nuevo reporte sobre los efectos de las agresiones israelíes en Palestina, en el que cifra en 73.387 los palestinos muertos y en 174.250 los heridos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 11 de agosto de 2026.

De acuerdo con el documento, entre las víctimas fatales se contabilizan 21.638 niños, mientras que más de 11.200 personas continúan desaparecidas. Asimismo, el reporte registra la muerte de 1.700 trabajadores de la salud y 262 periodistas. Solo 20 de los 37 hospitales de la Franja se encontraban funcionando, aunque de manera parcial, según el último balance citado.

El informe también recoge antecedentes entregados por UNICEF, organismo que denunció que al menos 300 niños han muerto en Gaza durante los 300 días transcurridos desde el anuncio del cese al fuego en octubre de 2025, lo que representa un promedio de un niño fallecido cada día durante ese período.

UNICEF advirtió además que cientos de niños han resultado heridos, muchos de ellos de gravedad, mientras las familias permanecen desplazadas y hacinadas en aproximadamente un tercio del territorio de Gaza. La organización señaló que la población infantil continúa enfrentando desnutrición aguda, enfermedades, falta de agua potable y el colapso de los sistemas de saneamiento.

Según el reporte palestino, a 305 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, 1.259 palestinos han muerto y otros 4.146 han resultado heridos en Gaza. El documento sostiene que julio fue el mes más letal registrado desde comienzos de 2026, con más de 150 personas fallecidas. Además, señala que cerca de 2,1 millones de palestinos permanecen concentrados en zonas que abarcan aproximadamente un tercio de la Franja.

La situación humanitaria también se refleja en las cifras de seguridad alimentaria. El informe estima que 1,4 millones de palestinos, equivalentes al 67% de la población de Gaza, enfrentan inseguridad alimentaria aguda, mientras más de 212 mil personas se encuentran en niveles de emergencia.

Entre quienes requieren atención urgente se encuentran 74.200 niños con desnutrición aguda y 24.600 mujeres embarazadas y lactantes que necesitan intervenciones nutricionales inmediatas. El documento advierte, además, sobre una importante escasez de medicamentos e insumos médicos.

Situación en Cisjordania

El reporte también aborda la situación en Cisjordania, donde registra 1.193 palestinos muertos y más de 13.177 heridos desde octubre de 2023. A esto se suman más de 9.400 palestinos detenidos en cárceles israelíes, según las cifras consignadas en el documento.

Durante julio de 2026, la Comisión de Resistencia a la Colonización y el Muro registró 2.256 ataques de fuerzas israelíes y colonos en Cisjordania: 1.458 atribuidos a las fuerzas israelíes y 798 a colonos. El reporte señala que siete palestinos fueron asesinados, mientras 5.027 árboles fueron arrancados o dañados y se intentó establecer 29 nuevos puestos coloniales.

La Embajada también informó sobre nuevos episodios de desplazamiento, demoliciones y ataques contra viviendas, tierras y propiedades palestinas, además de denuncias sobre restricciones al movimiento de ambulancias y otros servicios de emergencia.

El documento concluye con un llamado a la comunidad internacional y a los mediadores para intensificar las gestiones destinadas a garantizar el cumplimiento del cese al fuego y permitir el ingreso de ayuda humanitaria y suministros esenciales a Gaza.

El movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile invita a celebrar el natalicio 100 del comandante Fidel Castro Ruz este miércoles 12 y jueves 13 de agosto en Santiago.

Durante esta jornada se realizará un banderazo en el Puente Loreto a las 17:00 horas, mientras que mañana jueves y a la misma hora, será la Caminata por el Natalicio 100 de Fidel que comenzará en la esquina de Compañía con Huérfanos de la Plaza de Armas hasta la Alameda.

Pedro Bronzic, integrante del Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile, destacó la trascendental figura de Fidel Castro en la historia del mundo y el legado que ha dejado para la humanidad en los acontecidos tiempos que corren:

“En el estado de crisis en que vivimos hoy, impuesto por el imperialismo que lleva a cabo con un formato agresivo contra la revolución cubana y contra los pueblos del mundo, decimos que realmente con estos bloqueos y desestabilizaciones de la economía y por los recursos naturales, el mayor legado que nos deja el Comandante, es seguir la batalla de ideas bajo lo que ha sido la solidaridad internacional”.