En un país donde demasiadas veces lo popular ha sido reducido a mercancía, la historia reciente del fútbol chileno es también la historia de una resistencia. No una resistencia abstracta, sino concreta, persistente y profundamente política. Una lucha de más de diez años por devolverle el fútbol a quienes nunca debieron perderlo: sus hinchas, sus socios, su gente.

El año 2016, desde el Club Social y Deportivo Colo Colo —institución que tuve el honor de presidir— impulsamos, junto a parlamentarios de diversas sensibilidades, un proyecto de ley que buscaba algo tan básico como necesario: poner fin al modelo oscuro de las sociedades anónimas deportivas como se conocen hasta ahora. Un modelo construido no desde el interés colectivo, sino desde el lobby empresarial, que terminó por expropiar simbólica y materialmente a los verdaderos dueños del fútbol.

En ese esfuerzo, es justo reconocer la gestión constante y comprometida del hoy senador Matías Walker, quien jugó un rol relevante en sostener y empujar esta iniciativa en momentos donde muchos optaron por el silencio o la inacción.

Porque seamos claros: las sociedades anónimas no llegaron para fortalecer el deporte, sino para convertirlo en negocio. Y en ese tránsito, los clubes dejaron de ser espacios de identidad, comunidad y pertenencia, para transformarse en activos financieros opacos, muchas veces alejados de cualquier control democrático.

El camino no fue fácil. Durante años, el proyecto fue relegado, invisibilizado, dormido en los pasillos del Congreso. No por falta de mérito, sino por la acción decidida —y muchas veces silenciosa— de quienes se benefician del estado actual de las cosas: empresarios, operadores del fútbol y estructuras como la ANFP, que han sostenido un modelo funcional a sus intereses, pero ajeno a la esencia popular del deporte.

Pero también hay responsabilidades internas que no pueden omitirse. Desde 2018 en adelante, quienes asumieron la conducción del club tras nuestra gestión optaron, en muchos casos, por la pasividad, cuando no por una opacidad preocupante frente a este debate. No solo se dejó de empujar con fuerza este proyecto, sino que se diluyó una posición que debía ser clara: la defensa del rol de los socios y socias como actores centrales del fútbol. Esa falta de convicción —o derechamente de transparencia— terminó favoreciendo, en la práctica, la mantención del modelo que se decía cuestionar.

Sin embargo, las luchas que nacen desde lo colectivo no desaparecen. Persisten. Se rearticulan. Y hoy, tras una década de presión, organización y convicción, este proyecto está a punto de convertirse en ley.

¿Es suficiente? No. Pero es un avance.

La futura normativa introduce elementos fundamentales: mayor transparencia sobre la propiedad real de los clubes —terminando con estructuras oscuras—, prohibición de conflictos de interés entre representantes y propietarios, fin de la multipropiedad que distorsiona la competencia, y mayores facultades de fiscalización sobre un sistema que, hasta ahora, operaba con niveles inaceptables de opacidad. Además, establece una separación institucional clave entre la federación y la asociación de clubes, rompiendo lógicas de concentración de poder.

Pero también es necesario decirlo con honestidad política: lo logrado es parcial. No se consiguió garantizar una participación estructural de los socios, ni asegurar que al menos el 50% de la propiedad de los clubes esté en manos de sus comunidades. Tampoco se avanzó lo suficiente en construir una institucionalidad donde los hinchas tengan poder real y vinculante.

Ahí está la tarea pendiente. Y no es menor.

Porque lo que está en disputa no es solo un modelo de gestión deportiva. Es una concepción de sociedad. Es la tensión entre lo común y lo privado, entre lo colectivo y el mercado, entre el pueblo y quienes buscan administrar su identidad como si fuera un activo más.

Lo más relevante de este proceso, quizás, es que vuelve a reconocer —aunque sea parcialmente— a las corporaciones sin fines de lucro, a los socios organizados, como actores legítimos para administrar sus propios clubes. Es decir, se vuelve a abrir una puerta que nunca debió cerrarse: la del control popular sobre sus espacios.

El fútbol chileno no necesita dueños. Necesita comunidad.

Y si algo demuestra esta década de lucha, es que cuando el pueblo se organiza, incluso las estructuras más cerradas comienzan a ceder. Lentamente, sí. Pero inevitablemente.

La historia no termina aquí. Apenas comienza otra etapa.

Fernando Monsalve A.

Abogado, Presidente Colo Colo 2014-2018

Investigación del Centro de Estudio del Trabajo y Factores Humanos de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso revela cómo la informalidad en el empleo afecta la salud y el bienestar psicológico de las personas ocupadas en Chile.

Las personas que trabajan sin haber suscrito un contrato laboral tienen cerca de un sesenta por ciento más de probabilidad de presentar síntomas de ansiedad y depresión que aquellas que sí cuentan con un contrato escrito firmado, al tiempo que exhiben indicadores de salud y bienestar que muestran que su calidad de vida tiende a ser comparativamente inferior.

Así lo revela una investigación realizada por especialistas del Centro de Estudio del Trabajo y Factores Humanos (CETyFH) de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso sobre los efectos de la informalidad en el empleo y cómo esta se relaciona con la salud y el bienestar psicológico de las y los adultos que en la actualidad reciben un salario en Chile.

Aunque este estudio consideró a hombres y mujeres, no se analizaron diferencias específicas en el impacto en salud según sexo, lo que constituye una línea relevante para futuras investigaciones.

Este análisis, con sus respectivas conclusiones, acaba de ser publicado por la revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health, en la forma de un artículo cuyos autores son los académicos Ignacio Castellucci, Carlos Viviani, Gonzalo Bravo y Maythe Páez.

El estudio evaluó las condiciones laborales y de vida de cinco mil 193 personas chilenas y extranjeras, mayores de 18 años, que viven en distintas ciudades de nuestro país, las cuales fueron seleccionadas de la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Sexualidad (Ensex) 2022-2023, procurando conformar una muestra territorial representativa y restringida a la población ocupada urbana. De ese total, el sesenta por ciento correspondió a hombres y el cuarenta por ciento a mujeres.

“La selección de los participantes la restringimos a los asalariados, ya que la variable de exposición requería la presencia o ausencia de un contrato laboral escrito firmado para el trabajo principal que estuvieran ejerciendo al momento de ser encuestados. Por lo tanto, los trabajadores por cuenta propia no fueron incluidos en nuestro análisis”, explicó el doctor Ignacio Castellucci, director del CETyFH y coautor de la investigación.

Fundamentos

El estudio busca aportar a la tarea de generar políticas públicas que fortalezcan la formalización laboral, como determinante social clave del bienestar de la población, y ampliar las estrategias destinadas a promover una adecuada salud ocupacional y, con ello, contribuir a reducir las desigualdades en salud. En particular, estos hallazgos subrayan la necesidad de que las políticas laborales incorporen explícitamente la salud mental como un componente central en la protección de las y los trabajadores.

Estos propósitos surgen del hecho de que el empleo informal sigue estando muy extendido en América Latina y también en Chile, donde su nivel ha aumentado en los últimos años.

Según explicó a su vez el investigador del CETyFH Gonzalo Bravo, diversas revisiones sistemáticas recientes advierten que los niveles altos de empleo precario están asociados al deterioro generalizado de la salud y el bienestar, incluida una peor salud general, mayores limitaciones funcionales, mayor estrés relacionado con el trabajo y menor bienestar emocional.

En lo esencial, estas revisiones revelan que las personas expuestas a un empleo precario durante doce meses o más tienen una probabilidad 53 por ciento mayor de informar mala salud general y ven aumentados en un 44 por ciento los síntomas de mala salud mental.

A pesar de la solidez de la evidencia global, Bravo acotó que las investigaciones cuantitativas sobre la precariedad laboral y el empleo informal en Chile siguen siendo limitadas. “De ahí la importancia de realizar estudios como este”, dijo.

Condiciones laborales y de salud

De las cinco mil 193 personas que participaron en el estudio del CETyFH de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso, el 87,2 por ciento refirió tener un contrato de trabajo escrito firmado, mientras que el 12,8 por ciento admitió no disponer de uno al momento de ser consultado. Asimismo, una mayor proporción dijo contar con educación secundaria (37,9 por ciento), seguida por la de aquellos que completaron una licenciatura o postgrado (33,9 por ciento) y una carrera de nivel técnico o educación vocacional (21,1 por ciento).

En cuanto a la autopercepción de su estado de salud, en general los encuestados la valoraron de manera positiva. En concreto, el 74,6 por ciento calificó su condición física como buena o muy buena, si bien en lo relativo al padecimiento de enfermedades crónicas el 12 por ciento reportó padecer de hipertensión y el 7,1 por ciento de diabetes. Además, el 25,3 por ciento confesó haber sido diagnosticado con sobrepeso u obesidad y un 13,8 por ciento con algún trastorno musculoesquelético (dolor persistente en la espalda, el cuello o las extremidades). Y respecto de su salud mental, el 15,9 por ciento indicó haber recibido un diagnóstico profesional de depresión en algún momento de su vida. Aun así, el 80,3 por ciento definió como positiva su calidad de vida actual.

Hallazgos tras asociar variables

Según explicó Ignacio Castellucci, este estudio proporciona evidencia actualizada y representativa a nivel nacional de la relación entre la ausencia de un contrato laboral escrito y la salud y el bienestar de las y los empleados adultos en el Chile urbano.

Sus hallazgos muestran que la informalidad contractual se asocia consistentemente con una peor calidad de vida y con niveles más elevados de ansiedad reciente y síntomas depresivos, incluso después de tener en cuenta las características sociodemográficas clave, si bien no observa asociaciones independientes con la depresión diagnosticada por un médico o con la mayoría de los indicadores de salud física.

“En conjunto, estos resultados sugieren que la ausencia de un contrato laboral está más fuertemente relacionada con el bienestar subjetivo y la angustia psicológica reciente que con trastornos mentales o condiciones de salud física diagnosticadas con anterioridad. Este patrón apoya la interpretación de la informalidad contractual como un marcador parcial de una vulnerabilidad estructural amplia, más que como un determinante directo de la enfermedad. Desde una perspectiva de salud pública, los hallazgos resaltan la importancia de incorporar indicadores de calidad del empleo, bienestar psicológico y calidad de vida en la vigilancia de las investigaciones y en los debates políticos sobre las condiciones laborales”, detalló.

Por su parte, el académico y coinvestigador Carlos Viviani sostuvo que los resultados de este estudio dan cuenta de una segunda derivada: la necesidad de abordar las implicaciones para la salud del empleo informal, lo que a su juicio implica aplicar enfoques que vayan más allá de los resultados biomédicos y consideren los contextos sociales e institucionales más amplios que configuran el bienestar de las y los trabajadores.

“Aunque este estudio se centra en el Chile urbano, estos hallazgos probablemente sean relevantes para otros contextos donde el empleo informal o atípico persiste a pesar de las instituciones laborales relativamente fuertes. Por ello, las investigaciones futuras deberían emplear diseños longitudinales para aclarar la dirección temporal de estas asociaciones y explorar dimensiones adicionales de la precariedad laboral más allá del estatus contractual, incluida la inestabilidad de los ingresos, la inseguridad laboral y las condiciones laborales”, argumentó Viviani.

 Efectos de la informalidad

De acuerdo con cifras de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en la actualidad el 26 por ciento de la población ocupada en Chile trabaja en condiciones informales, cifra que equivale a más de 2,4 millones de personas.

La informalidad afecta de manera desigual a los grupos poblacionales: alcanza el 28 por ciento entre las mujeres y el 25 por ciento entre hombres, y presenta sus niveles más altos entre los trabajadores de 65 y más años (57 por ciento) y los jóvenes entre 15 y 24 años (37 por ciento). Asimismo, las tasas más altas se concentran entre los trabajadores por cuenta propia (64,6 por ciento) y en ocupaciones tradicionalmente asociadas a sectores como la agricultura, la pesca, la artesanía, y a oficios y trabajos domésticos vulnerables. En este contexto, destaca que la informalidad laboral afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres, lo que refleja desigualdades estructurales del mercado laboral.

En opinión de los investigadores del CETyFH de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso, estos antecedentes indican que la informalidad no solo es extensa sino también profundamente segmentada por sexo, edad, sector económico y categoría ocupacional, dando forma un panorama laboral marcado por una protección social limitada y una vulnerabilidad desproporcionada, con posibles implicaciones para la salud y el bienestar. En este contexto, los resultados del estudio refuerzan que las condiciones de empleo no solo determinan ingresos, sino también constituyen un factor clave en la salud y el bienestar de las personas.

Sergio Melinao Curiqueo, Lonko del Lof Truf Truf de la comuna de Padre Las Casas y miembro de la Asociación Mapuche Adkimvn, es uno de los candidatos a consejero de Conadi para el período 2026-2030. En su propuesta, valora la importancia de estar en terreno y destaca la urgencia de defender la ley indígena:

“Este nuevo gobierno va a ser muy difícil y hay que estar en terreno en conjunto con las  comunidades, las familias”, plantea respecto a las amenazas reales que han recaído en el último tiempo sobre diferentes instrumentos y avances institucionales.

Desinformación en la televisión pública: Pueblos originarios rechazan difamaciones de “Informe Especial” contra la Ley Lafkenche

Miércoles 25 de marzo, 2026

Frente al reportaje emitido por “Informe Especial” de TVN el domingo 22 de marzo de 2026, en horario central, las organizaciones y comunidades indígenas que suscriben este comunicado declaran ante la opinión pública:

Lo ocurrido no es un hecho aislado, es un capítulo más de un guión evidente, impulsado por intereses económicos que utilizan a los medios de comunicación para instalar un discurso racialmente discriminatorio y funcional a sus objetivos: presentar la Ley N°20.249 y a las comunidades indígenas como un obstáculo y un “boicot” para la industria salmonera, sindicándolas instrumentalmente como “facultadas para detener proyectos salmoneros en Chile”.

El falso relato omite que esta ley, construida en democracia y aprobada, prácticamente por unanimidad por parlamentarios de todo el espectro político, es en realidad una herramienta de resguardo de los usos consuetudinarios de los pueblos originarios que protege explícitamente los derechos de todos los actores de la costa, incluidos los de la industria salmonera. Los hechos demuestran que las comunidades mapuche han llegado a múltiples acuerdos tanto con actores de la pesca como con otros actores del borde costero con miras a promover la sana convivencia.

Hoy, nuevamente se intenta instalar una narrativa que busca deslegitimar las herramientas legales que resguardan los derechos de los pueblos originarios. El reportaje no solo carece de rigor y neutralidad periodística, sino que resulta derechamente desvergonzado. Se construye sobre acusaciones descontextualizadas y sin evidencias o pruebas reales que demuestren la hipótesis planteada. Así, el reportaje transforma sospechas en supuestas verdades, siendo un peligroso ejercicio de manipulación informativa.

No es primera vez que se recurre a esta estrategia: es la vieja fórmula de desprestigio hacia los pueblos originarios, presentándolos como un enemigo interno. La misma lógica se utilizó durante la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, cuando se justificó el despojo y la guerra señalando que nuestras tierras estaban abandonadas, lo que la historia ha demostrado como falso, y que ha conllevado el actual contexto de crisis y violencia en el Wallmapu. Las difamaciones actuales están sembrando el mismo clima de hostilidad que se instaló por la lucha por la tierra durante la década de los noventa.

Es fundamental señalar que los pueblos originarios no contamos con los recursos económicos ni la influencia mediática que la industria utiliza para imponer su relato. Por ello, resulta legítimo preguntarse: ¿Quiénes financian esta campaña sistemática en contra de la Ley N°20.249 y sus defensores? Una verdadera investigación periodística debería fiscalizar el poder de quienes históricamente han usado su capital para corromper la política y no enjuiciar, sin fundamentos, a quienes cooperan para equilibrar la gigantesca asimetría de recursos que enfrentamos. Mientras nuestra historia y dignidad permanecen intactas, otros tienen mucho que explicar sobre cómo compran su influencia en el mercado y la política.

Emplazamos a la industria salmonera y a los periodistas comprometidos con un ejercicio ético de la profesión a informar con datos concretos: ¿Dónde están y cuántas son las concesiones de la salmonicultura efectivamente detenidas por los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios? ¿Acaso no operan empresas y capitales noruegos en la industria del salmón en Chile? ¿En qué parte de la Ley N°20.249 se prohíbe la pesca o la actividad acuícola? La ley es clara y de acceso público.

La Ley Lafkenche no busca frenar el desarrollo, sino ordenar el territorio costero bajo principios de respeto, diálogo y cuidado de la biodiversidad. Promueve la convivencia entre todos los actores del lafken, integrantes de un pueblo originario o no. Entonces, ¿lo que incomoda es la ley en sí misma o que las comunidades costeras sean protagonistas del desarrollo de sus territorios? No creemos que sea justo ser simples observadores o mano de obra barata de un modelo extractivista. Los pueblos originarios tenemos derecho a promover nuestra autonomía, y decidir cómo proyectar nuestro accionar. No existen “otros actores” que vengan a instalar su agenda en nuestras organizaciones.

La oportunidad de diálogo siempre ha estado abierta, sin embargo se toma el camino de la difamación. La misma Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado que está discutiendo la modificación de la Ley N°20.249 no ha sido capaz de llamarnos a conversar. En cambio, se sienta semana tras semana con los abogados y equipos de la gran industria de la salmonicultura, muchos de los cuales formaban parte de la institucionalidad pública pesquera.

La defensa del lafken es una responsabilidad ancestral y un derecho reconocido por la legislación vigente. No es un negocio, como malintencionadamente ha intentado instalar TVN en el reportaje dirigido por Amaro Gómez-Pablos y Cristián Díaz, a través de una hipótesis sesgada que se suma al largo historial de intentos de difamación por parte de ciertos sectores políticos y del empresariado, que usan a diestra y siniestra a los medios de comunicación para desacreditar las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche.

Por ello, rechazamos categóricamente las acusaciones difundidas y, como pueblos originarios, exigimos una rectificación pública por parte de TVN proporcional al daño causado.

FIRMAN:

Comunidad Kawésqar Atap – Región de Magallanes

Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar – Región de Magallanes

Comunidad Yagán de Bahía

Consejo Nacional del Pueblo Chango

Comunidad Chango Calchilla, familia Castro González (ECMPO Barranquilla)

Comunidad Changos de Ramadilla, Familia Castillo Cortés. (ECMPO Ramadillas)

Changos Huajachis de Valparaíso (ECMPO LAFKEN MAWIDA)

Changos Hijuela Las Heras de El Yeco (ECMPO LAFKEN MAWIDA)

Changos Quebrada La Capilla de Algarrobo (ECMPO LAFKEN MAWIDA)

Mejillones – Yagán Usi – Cabo de Hornos – Región de Magallanes

Delegados de la Identidad Territorial Lafkenche – Región de La Araucanía

Delegados de la Identidad Territorial Lafkenche – Región de Los Lagos

Delegados de la Identidad Territorial Lafkenche – Región de Los Ríos

Delegados de la Identidad Territorial Lafkenche – Región del Biobío

ECMPO Ancapan – Mapulafquen – Región de Los Lagos

ECMPO Ayllarewe Budi – Saavedra – Región de La Araucanía

ECMPO Bahía Mansa Paleria – Región de Los Lagos

ECMPO Budi -Toltén – Teodoro Schmidt – Región de La Araucanía

ECMPO Caleta Milagro – San Juan de la Costa – Región de Los Lagos

ECMPO Carelmapu – Maullin – Region de Los Lagos

ECMPO Lafquen Mapu – Los Álamos / Cañete – Región del Biobío

ECMPO Leufu – Lebu – Región del Biobío

ECMPO Locobe – Arauco – Región del Biobío

ECMPO Malalhue – Teodoro Schmidt – Región de La Araucanía

ECMPO Manqueche – Tirúa – Región del Biobío

ECMPO Mawidam Lafquen – Región de Los Lagos

ECMPO Mehuín – Mariquina – Región de Los Ríos

ECMPO Meli Mawidam Lafquen – San Juan de la Costa – Región de Los Lagos

ECMPO Mississippi – Mariquina – Región de Los Ríos

ECMPO Newen Pu Lafkenche – Carahue – Región de La Araucanía

ECMPO Nueva Lleu / Lleu Quidico – Tirúa – Región del Biobío

ECMPO Paleria Punta Pichi-Mallay – Región de Los Lagos

ECMPO Pilcomañi – Toltén – Región de La Araucanía

ECMPO Punta Chucaucura – Arauco – Región del Biobío

ECMPO Tirúa Dankil – Tirúa – Región del Biobío

ECMPO Última Esperanza – Región de Magallanes

ECMPO Wadalafken – Valdivia / Corral / La Unión – Región de Los Ríos

ECMPO Islas Huichas – Comunidad Antunen Rain – Comunidad Fotum Mapu – Región de Aysén

ECMPO Waywen Wapi, Comunidad Indígena Pu Wapi – Región de Aysén

ECMPO Weky Buill – Chaitén – Región de Los Lagos

ECMPO Tawokser – Región de Magallanes

Identidad Territorial Lafkenche

Mesa Territorial Comunidades Lafquenche San Juan de la Costa – Región de Los Lagos

* Hasta este momento la declaración sigue en proceso de revisión por parte de territorios y ECMPO para su adhesión.

El domingo 19 de abril de 2026 se realizará el proceso de elección de las consejeras y consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para el período 2026–2030.

Sergio Melinao Curiqueo, Lonko del Lof Truf Truf de la comuna de Padre Las Casas y miembro de la Asociación Mapuche Adkimvn, es uno de los candidatos. En su propuesta, valora la importancia de estar en terreno y destaca la urgencia de defender la ley indígena:

“Este nuevo gobierno va a ser muy difícil y hay que estar en terreno en conjunto con las  comunidades, las familias”, plantea respecto a las amenazas reales que han recaído en el último tiempo sobre diferentes instrumentos y avances institucionales.

Tal como lo han expresado parlamentarios de derecha, el oficialismo busca modificar la ley indígena, acota Melinao, recordando que el Presidente Kast en campaña planteó al menos, revisar el instrumento si es que no derogar. Asimismo, se han levantado alertas por el pronunciamiento del ex candidato presidencial de extrema derecha, Johannes Kaiser, respecto a invalidar la Ley Lafkenche:  

Frente al actual ciclo político hegemonizado por la derecha en el gobierno y en el Parlamento, el candidato indicó que una alternativa para los pueblos ancestrales está en la construcción de alianzas políticas, entendiendo que un escenario adverso para ellos, lo es también para las mayorías:

Asimismo, el candidato mapuche se refirió a la grave situación del ex director de Conadi, Álvaro Morales Marileo, forzado a renunciar por no frenar procesos de compra de tierras ya en curso: “Sabemos que los directores de la Conadi son de confianza de cada gobierno y sabemos que cuando llega uno nuevo tiene que producirse los cambios. Pero pedirle a un director que retire el mandato que tiene la ley indígema es algo aberrante y no puede suceder”:

“El gobierno también ha desmantelado Bienes Nacionales sacando las unidades indígenas de ese ministerio donde muchos hermanos mapuche jóvenes que no tienen título de propiedad en su territorio, a través de esa unidad podrían haber accedido a regularizar las propiedades”, precisó Melinao, junto con recalcar la intención del ejecutivo de no volver a rectificar el Convenio 169 de la OIT que regula la consulta indígena.

Respecto a la demanda por proteger y rescatar el conocimiento ancestral planteó que en el país existen muchas falencias, “incluso, ha habido una especie de retroceso”.

Señalando la disconformidad que existe con el anterior gobierno por los riesgos que se instalaron en la comisión de Paz y Entendimiento, el lonco de Truf Truf se refirió también, a la lucha dada por defender este legado partir del reconocimiento constitucional, el cual -dijo- no presenta avances:

“Habíamos propuesto un Ministerio de Pueblos Indígenas y un Consejo de Pueblos y eso en el gobierno de Bachelet sí se había puesto en tabla. Pero, después llega el gobierno de Piñera y con Boric había una esperanza, pero eso no sucedió para nada: quedó estancado hasta el día de hoy y más con este gobierno que es un gobierno racista anti mapuche donde es imposible trabajar en esos términos”, declaró.

No obstante, pese al complejo panorama “nosotros vamos a seguir como pueblo porque aquí se trata de la existencia del pueblo mapuche en plenitud”, afirmó el candidato, llamando a participar masivamente en las elecciones de Conadi en el mes de abril: “Hago un llamado a acudir y asumir esta defensa de la ley indígena”.

Nota en Poder y Liderzgo

Un estudio evidenció que el sistema de transporte del Gran Valparaíso presenta una brecha de 1.600 conductores y más de 80 técnicos, situación que ya afecta la frecuencia, continuidad y mantenimiento del servicio. El diagnóstico instala presión sobre autoridades y operadores para adoptar medidas urgentes.

El sistema de transporte del Gran Valparaíso registra un déficit crítico de capital humano que está impactando su operación diaria. La falta de conductores y técnicos reduce la disponibilidad de recorridos, incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta del sistema frente a la demanda de movilidad en la región.

Con una flota de 1.880 buses operativos, el sistema requiere 4.004 conductores, pero actualmente dispone de cerca de 2.400, lo que configura un déficit de aproximadamente 1.600 trabajadores. En el ámbito técnico, de los 162 especialistas necesarios, solo existirían entre 50 y 80, generando un faltante de hasta 112 técnicos.

Brecha laboral impacta frecuencia y mantenimiento

El diagnóstico fue presentado el 18 de febrero en Viña del Mar, en el marco del cierre del Estudio de Mercado Laboral del Transporte Público y Privado del Gran Valparaíso, impulsado por SENCE, con colaboración de OTIC PROFORMA y ejecutado por GlobalVAS.

Las cifras reflejan un sistema que opera bajo presión. La escasez de conductores obliga a ajustar frecuencias y redistribuir turnos, mientras que la falta de técnicos restringe el mantenimiento de la flota y reduce la disponibilidad de buses en operación.

Entre los factores que explican la brecha destacan jornadas extensas, condiciones operativas exigentes, infraestructura insuficiente en terminales y esquemas de remuneración variables, elementos que dificultan la atracción de nuevos trabajadores y elevan la rotación.

El XXIV Informe Anual de los DDHH de la Diversidad Sexual y de Género alertó que en 2025 se quebró el consenso político que había concebido a la realidad LGBTIQ+ como  un tema de derechos humanos, en vez de ideológico, además de registrarse un alza sostenida de la discriminación y nuevos retrocesos e inconsistencias del Estado para proteger de los abusos.

 Los casos y denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual, la expresión y la identidad de género subieron un alarmante 27,1% en el último año, sumando 3.620 los atropellos a los derechos humanos, la cifra más alta de la cual se tiene registro y “que refleja un deterioro progresivo de los espacios de protección y resguardo de la igualdad para las personas LGBTIQ+”.

 Así lo arrojó el XXIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, dado a conocer hoy por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), precisando que solo el 2025 concentra el 23% del total de casos de discriminación conocidos en los últimos 24 años.

 El estudio calificó además al 2025 como el año “del quiebre del consenso social, político e institucional que había permitido concebir los derechos de las personas LGBTIQ+ como parte indivisible y no ideologizada de los derechos humanos universales”. El período estuvo además caracterizado por “el fortalecimiento de tendencias negativas”, como lo fueron la consolidación de la tendencia al alza de la discriminación y nuevos retrocesos de derechos, “la focalización del odio en la población trans”, la “descentralización regional de la discriminación y el desplazamiento de buena parte de las hostilidades al espacio digital”.

  Todo el año estuvo al mismo tiempo cruzado por la “inconsistencias y carencia de la densidad estatal, en especial de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para proteger y promover los derechos LGBTIQ+, a diferencia del Judicial donde se registraron positivas señales que marcaron hitos a favor de la igualdad”.

“Así, el 2025 no fue únicamente un año de retrocesos, sino el momento en que se consolidó un cambio de clima: de la expansión progresiva de derechos a su disputa abierta; de la desideologización a la polarización; y de la promesa de igualdad a una etapa de vulnerabilidad e incertidumbres para las diversidades sexuales y de género” lo que refuerza la necesidad de implementar estrategias y medidas para la “recuperación de una comprensión básica pero indispensable: que los derechos de las personas LGBTIQ+ son, sin excepciones ni adjetivos, derechos humanos” y que, por tanto, no son un tema de izquierdas, derechas o centro, señaló el estudio.

Los casos de discriminación

Los 3.620 atropellos a los derechos humanos del 2025 se distribuyeron en 45 agresiones físicas o verbales perpetradas por personas desconocidas para las víctimas; 7 casos de detenciones o agresiones policiales arbitrarias; 93 episodios de abuso laboral; 70 hechos de discriminación en el ámbito educacional; 21 campañas o movilizaciones homo/transfóbicas; 320 exclusiones institucionales; 62 marginaciones o ataques en espacios públicos y privados donde las víctimas acudieron en búsqueda de bienes o servicios ; 141 vulneraciones ocurridas al interior de las familias o barrios; 2.860 declaraciones homo/transfóbicas; y 1 caso de discriminación en los ámbitos de los medios de comunicación, la cultura o el espectáculo.

El mayor incremento se registró en las detenciones o agresiones policiales arbitrarias cometidas por Carabineros, con un alza del 250% respecto del año anterior. Le siguieron las campañas o movilizaciones homo/transfóbicas, que aumentaron en un 133%; las hostilidades en espacios públicos y privados que niegan el acceso igualitario a bienes y servicios (+47,6%); los discursos de odio (+41,3%); la discriminación educacional (+7,6%); los abusos al interior de las familias o barrios (+7,6%); los atropellos laborales (+4,4%); y los ataques perpetrados por personas desconocidas por las víctimas. (+2,27%).

Solo en tres de las once categorías de discriminación consideradas en Informe de DDHH se registraron descensos: las exclusiones en los ámbitos de los medios de comunicación, la cultura y el espectáculo (-66%), la marginación institucional (-26,6%) y los crímenes de odio, que por primera vez desde 2009 no ocurrieron. “Esta última noticia positiva debe, sin embargo, ser relativizada, pues durante 2025 se tomó conocimiento de un crimen de odio ocurrido en 2024 que no había sido previamente registrado. A ello se suma que los aumentos se concentraron en categorías de discriminación que tienen lugar en espacios llamados a proteger y resguardar a las personas; como las familias, los barrios o las policías; y en ámbitos destinados a garantizar derechos fundamentales, tales como la educación, el trabajo y la salud”, apuntó el estudio.

Las discriminaciones tuvieron como responsables a un total de 39 instituciones y 826 personas, cuyos principales responsables fueron integrados al Ranking Anual de la Homo/transfobia que se describe en el segundo capítulo del Informe.

 Focalización del odio en la población trans

  “Durante 2025, la población trans fue el grupo más afectado por la discriminación, lo que evidencia una clara focalización del odio. Esta situación impactó de manera especialmente grave a niños, niñas y adolescentes trans, así como a sus familias cuando acompañan y apoyan sus procesos de transición. Ello se explica tanto por retrocesos en sus derechos impulsados desde el Estado, como por la intensificación de la acción de sectores opositores a la igualdad que desplegaron campañas transfóbicas persistentes, particularmente a través de redes sociales, en un contexto de descenso en los niveles de aceptación social de dicho sector, según diversas encuestas y sondeos”, señala la investigación

  “En términos cuantitativos, la población trans concentró el 39,64% del total de los casos y denuncias por discriminación registrados en 2025, con un incremento del 26,87% en relación con el año anterior. Los gays, por su parte, acumularon el 9,98% de los abusos, registrando un aumento de 84,18%. Las personas lesbianas fueron afectadas en el 4,7% de los atropellos con un incremento del 43,22% respecto del año previo. Finalmente, los casos que afectaron al conjunto de las personas LGBTIQ+ concentraron el 45,71% del total nacional, reflejando la persistencia de acciones colectivas y discursos que buscan erosionar de manera transversal la dignidad y los derechos de todas las diversidades sexuales y de género”, añadió el estudio.

 Descentralización de la discriminación y desplazamiento del odio al espacio digital

Si bien las regiones de Valparaíso y Metropolitana concentraron nuevamente la mayor cantidad de casos y denuncias por discriminación, fueron las únicas donde los abusos disminuyeron durante 2025. “En las otras 14 regiones del país, en cambio, se registraron incrementos, lo que sugiere descentralización de las denuncias y un desplazamiento de las expresiones de odio hacia territorios donde las temáticas LGBTIQ+ tienen menor visibilidad y debate público. Este fenómeno parece orientado a obstaculizar avances en contextos locales más frágiles y se ve facilitado por el aumento sostenido de la violencia y de los discursos de odio difundidos a través de redes sociales”, enfatizó el estudio.

 En términos de concentración geográfica, la Región de Valparaíso acumuló el 46,13% del total de abusos, seguida por la Región Metropolitana (23,46%), Biobío (7,2%), Los Lagos (3,14%), Coquimbo (2,62%), Antofagasta (2,09%), Maule (2,09%), La Araucanía (1,96%), Tarapacá (1,83%), Atacama (1,83%), Ñuble (1,83%), Libertador General Bernardo O’Higgins (1,57%), Magallanes (1,31%), Los Ríos (1,04%), Arica y Parinacota (1,04%) y Aysén (0,65%). Adicionalmente, el 0,13% de los casos tuvo lugar en la Embajada de Chile en Colombia.

 Respecto de las variaciones interanuales, el mayor incremento de casos y denuncias se registró en la Región de La Araucanía, con un aumento de 150%, seguida por Antofagasta (+45,45%), Aysén (+25%), Maule (+23,07%), Coquimbo (+17,6%), Ñuble (+16,66%), Los Ríos (+14,28%), Arica y Parinacota (+14,28%), Biobío (+12,24%), Magallanes y la Antártica Chilena (+11,1%), Los Lagos (+9,09%), Libertador General Bernardo O’Higgins (+9,09%), Tarapacá (+7,69%) y Atacama (+7,69%). En contraste, en las regiones de Valparaíso y Metropolitana los casos y denuncias por homo/transfobia disminuyeron en un -17,56% y -14,35%, respectivamente.

 “Este escenario da cuenta de una expansión territorial de las odiosidades hacia zonas con menor discusión pública sobre las diversidades sexuales y de género, lo que incrementa las condiciones de vulnerabilidad. Dicho proceso está estrechamente vinculado al aumento desmedido de los discursos de odio, especialmente en el ámbito digital, donde las agresiones van desde insultos y deshumanización hasta amenazas de muerte y de vandalización contra bienes de las víctimas”, sostuvo el estudio.

 Añadió que “durante 2025 se registraron 2.860 discursos de odio, la cifra más alta de la cual se tiene registro, expresada mayoritariamente a través de redes sociales. Ello confirma un desplazamiento ya consolidado de las campañas y arremetidas anti-derechos hacia el espacio virtual, donde las agresiones suelen desplegarse en contextos de alta impunidad y con escasos costos para quienes las perpetran. Esta realidad refuerza la necesidad de contar con una legislación que sancione los discursos de odio, incorporando de manera explícita regulaciones en el ámbito digital”.

Ideologización: el quiebre de un consenso clave

De acuerdo al informe “la característica más grave del año 2025, en lo que respecta a los procesos socioculturales y políticos, fue la ruptura del avance hacia un consenso clave para la promoción universal de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+: su progresiva desideologización y despartidización”.

“En efecto, tras décadas de cambio cultural, al finalizar el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera se encontraba relativamente instalado en el imaginario ciudadano y en el debate público que los derechos de las personas LGBTIQ+ no constituían una causa de izquierdas, derechas o centro, sino una materia propia de la universalidad de los derechos humanos. Este entendimiento transversal había permitido avances relevantes y una disminución de la polarización política en torno a la temática”, estableció el estudio.

Sin embargo, añadió, “dicho consenso, que venía en ascenso, comenzó a desacelerarse en los años recientes y alcanzó su quiebre más perjudicial durante 2025, en un contexto marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias. En este escenario, diversos actores reintrodujeron con especial vehemencia una lógica de confrontación ideológica que tensionó gravemente los consensos que previamente iban avanzando”.

Por una parte, ejemplificó la investigación “la ultraderecha y amplios sectores de la derecha, animados por expresiones evidentes de homo/transfobia, presionaron para ideologizar los derechos LGBTIQ+, presentándolos errónea e interesadamente como una supuesta agenda exclusiva de la izquierda. Esta estrategia buscó deslegitimar tales derechos como universales, transformándolos en un objeto de disputa política, partidaria y electoral. Frente a ello, la derecha liberal y/o favorable a los derechos LGBTIQ+ guardó silencio” .           “A su vez, un sector de la izquierda contribuyó a ese proceso al abandonar progresivamente un enfoque basado en derechos humanos universales y promover, en los últimos años, medidas supuestamente favorables a las personas LGBTIQ+ desde marcos conceptuales ideologizados, centrados en “disidencias” y en la construcción de espacios de trincheras o de guetos partidarios. Estas propuestas, más que representar efectivamente a las diversidades sexuales y de género o responder a sus necesidades concretas, terminaron por fragmentar la discusión pública. Cuando dicha estrategia no logró los resultados esperados, se produjo con el correr del tiempo un silenciamiento o repliegue del tema en el espacio público, fenómeno que en 2025 estuvo fuertemente influido por cálculos partidarios y electorales”, añadió el estudio.

  Fortalecimiento de tendencias negativas

 “El fortalecimiento de las tendencias negativas orientadas a boicotear los derechos de las personas LGBTIQ+ constituye, sin duda, una de las características más claras del año 2025, generando una alerta respecto de la actual vulnerabilidad que enfrenta la protección de los derechos humanos de la diversidad sexual y de género”, señaló el Informe de DDHH.

 “Por una parte se consolidó la tendencia al alza de los casos y denuncias por discriminación, siendo los discursos de odio uno de los principales factores facilitadores de este fenómeno; y, por otra, se registraron por segundo año consecutivo retrocesos en materia de derechos para las personas LGBTIQ+, afectando de manera específica a la población trans”, dijo el estudio.

 Precisó que “el Gobierno y el Congreso Nacional figuran como los principales responsables estatales de estas regresiones, las cuales se vieron potenciadas y retroalimentadas por un escenario internacional cada vez más hostil hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Este contexto se tradujo en arremetidas periódicas de grupos anti-derechos que desinformaron y denigraron la dignidad humana, así como en políticas incivilizadas impulsadas desde Estados Unidos, cuyos efectos están teniendo impacto en diversos países”.

 Añadió que “en este marco, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un informe transfóbico de una comisión investigadora (CEI-57) orientado a limitar y eliminar derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Paralelamente, el Congreso Nacional eliminó de la Ley de Presupuestos 2026 el financiamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), dejando a niños, niñas y adolescentes trans y a sus familias en una situación de orfandad estatal”.

 “A su vez, y contraviniendo derechos ya conquistados, el Ministerio de Salud, mediante la circular N°8, restringió el acceso al PAIG al establecer que los menores de 14 años deben contar con la autorización de al menos uno de sus representantes legales para acceder a este beneficio. Esta exigencia desnaturaliza el sentido original del programa, concebido precisamente para brindar respuesta y apoyo a niños, niñas y adolescentes que enfrentan, en sus propias familias u otros espacios, discriminación o abusos que obstaculizan el desarrollo libre y sin prejuicios de su identidad”, consideró el estudio.

 “Altos representantes del Gobierno fueron denunciados además por sus propios funcionarios de tres casos de discriminación en razón de la identidad de género y uno en razón de la orientación sexual. Estos hechos ocurrieron en la Seremi de Gobierno de la Región del Maule, en la Embajada de Chile en Colombia y en las Seremi de Salud de Coquimbo y Valparaíso, siendo este último el que generó un impacto nacional, dado que la víctima, Sol Millakura Hernández Márquez, murió por suicidio tras denunciar discriminación laboral. A lo expuesto se añadieron nuevos reportes de discriminación al interior de Gendarmería. Nunca antes, en el plazo de solo un año, se había registrado desde órganos gubernamentales un volumen tan alto de denuncias por homo/transfobia, ni hechos de tal gravedad como el ocurrido a Hernández Márquez, lo que constituye un severo retroceso en materia de derechos humanos”, detalló la investigación.

Inconsistencias y carencia de densidad estatal

“Al analizar el quehacer de los tres poderes del Estado en relación con los derechos de las personas LGBTIQ+, el año 2025 evidenció de manera clara inconsistencias y una preocupante carencia de densidad institucional. Esta situación no solo se explica porque mientras el Poder Judicial registró avances, el Poder Ejecutivo y el Legislativo experimentaron retrocesos, sino también porque, al interior tanto del Gobierno como del Congreso Nacional, coexistieron medidas regresivas con algunos progresos puntuales”, enfatizó la investigación.

Añadió que “si bien dichos avances no alcanzan a compensar ni neutralizar los retrocesos sufridos, y se sitúan por debajo de conquistas previamente alcanzadas; en tanto no requirieron mayores esfuerzos políticos o culturales para su concreción; resultan igualmente relevantes en la medida en que contribuyen, aunque de forma acotada, a la construcción de sociedades más justas e inclusivas”.

“Así, mientras el Ministerio de Salud debilitaba derechos de niños, niñas y adolescentes trans, publicó simultáneamente la Resolución Exenta N.º 733, que puso término a la exigencia de atención psicológica o psiquiátrica como requisito para que personas mayores de 18 años accedan a terapias hormonales”, precisó el estudio.

“En paralelo a denuncias de funcionarios públicos por homo/transfobia en el ámbito laboral, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) dictó la Circular N.º 3876, mediante la cual exige a los empleadores la implementación de protocolos, capacitaciones y programas de atención psicológica que consideren explícitamente la orientación sexual y la identidad de género. Esta medida representó un avance normativo relevante en el ámbito de la prevención y abordaje de la discriminación laboral”, añadió la investigación.

“A su vez, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Gobierno inauguró en sus dependencias el denominado “Biblioespacio Mónica Briones”, en memoria de esta escultora cuyo asesinato constituye el primer crimen lesbofóbico documentado en Chile. Ello ocurrió en un año en que, de manera contradictoria y lamentable, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se distanció de toda mención a la orientación sexual y al legado literario de contenido lésbico de Gabriela Mistral, en el marco de la conmemoración de los 80 años de la obtención del Premio Nobel”, estableció el Informe.

Agregó que “el Congreso Nacional, por su parte, aprobó; aunque ya a comienzos de 2026;  la ley que “reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados”, a lo que se sumó la promulgación, a fines de 2024, de la Ley N.º 21.719 que “regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales”. Ambas normas mencionan a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas o factores relevantes. Sin embargo, y de manera simultánea a estos avances, el Parlamento impulsó retrocesos en derechos de las personas trans y fue incapaz de aprobar la Reforma a la Ley Zamudio y de tramitar una ley de Educación Sexual Integral, las demandas legislativas LGBTIQ+ más antiguas y transversales en la actualidad y que fueron promesas gubernamentales”.

“En un plano más específico y, afortunadamente, exento de inconsistencias, se registraron avances relevantes a nivel local e institucional. La Municipalidad de Rapa Nui aprobó la creación de su primera Oficina de Atención a la Diversidad y Neurodivergencia; la Municipalidad de Atacama convocó a la primera Marcha del Orgullo en la comuna; y, en un hecho de especial y gravitante relevancia, la Policía de Investigaciones de Chile lanzó su primera “Guía de Atención a Grupos Vulnerables”, entregando recomendaciones a sus funcionarios para el respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+”, resaltó el estudio.

Posicionamiento del Poder Judicial como el más protector del Estado

Tal como había ocurrido en 2018, el Poder Judicial volvió a posicionarse en 2025 como el órgano del Estado que mostró una mayor protección y respeto por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, en marcado contraste con el Congreso Nacional y el Gobierno. A este escenario se sumaron, además, pronunciamientos favorables del Tribunal Constitucional”

“Aunque esta protección no estuvo exenta de contrastes; pues algunos tribunales continuaron actuando de manera discrecional o de forma incomprensible en materias vinculadas a las infancias trans o a la aplicación de agravantes en delitos motivados por discriminación, lo cierto es que durante el año el Poder Judicial marcó hitos relevantes a favor de la igualdad y la no discriminación” señaló el estudio.

Entre los hitos judiciales destacaron la primera sentencia por femicidio lesbofóbico, dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago; la condena a presidio perpetuo impuesta por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas por un crimen de odio; la sanción aplicada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto contra un empleador por transfobia laboral; y la condena superior a 30 millones de pesos que el 17.º Juzgado Civil de Santiago impuso a un establecimiento educacional católico por la discriminación sufrida por una niña de 12 años en razón de su orientación sexual y expresión de género. Asimismo, el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó acogió una demanda contra un establecimiento educacional por no brindar orientación adecuada a una madre, Marcela Guevara, quien perdió a su hijo, José Matías, luego de que muriera por suicidio tras sufrir bullying transfóbico.

En tanto “el Tribunal Constitucional, otrora una de las instituciones más homo/transfóbicas del país, también contribuyó a este escenario al anular una glosa de la Ley de Presupuestos 2025 que prohibía a todo evento el financiamiento de terapias hormonales en menores de 18 años. Especialmente relevante fue además una sentencia donde estableció que las personas trans menores de 14 años sí pueden rectificar su partida de nacimiento, al acoger un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Segundo Juzgado de Familia de Santiago contra disposiciones de la Ley de Identidad de Género que excluían menciones explícitas a dicho grupo humano”.

 Movimiento LGBTIQ+ en resistencia y marcando hitos

“En un escenario particularmente complejo para los derechos LGBTIQ+, los movimientos y organizaciones del sector lograron impulsar hitos relevantes que contribuyeron a contrarrestar narrativas negativas y paliar efectos culturales de las políticas regresivas, fortaleciendo al mismo tiempo sus niveles de articulación y coordinación”, sostuvo el estudio.

“En este contexto, y en medio de la arremetida contra las infancias trans, se lanzó “Ariel es una Niña”, el primer cuento sobre la materia que contó con patrocinio estatal y académico. Esta iniciativa permitió romper el silenciamiento que afectaba a los derechos LGBTIQ+ durante el período electoral, trasladando la temática desde los márgenes hacia el centro de la discusión pública, incluyendo el ámbito del debate presidencial”, enfatizó la investigación.

“De forma paralela, colectivos lésbicos instalaron en Santiago la primera placa en memoria de Mónica Briones y de las víctimas del lesbo-odio; organizaciones LGBTIQ+ elaboraron el primer manual orientado a prevenir y enfrentar los discursos de odio; y, de manera inédita, en las regiones de Atacama y Puerto Varas se realizaron marchas del Orgullo, ampliando la visibilidad territorial del movimiento”. añadió la investigación.

“Un mayor nivel de coordinación entre las agrupaciones se expresó en la realización del Primer Encuentro Nacional por los Derechos LGBTIQ+, que reunió a representantes de las 16 regiones del país, instancia sin precedentes en la historia del movimiento en Chile”, apuntó el estudio. En el mismo período, se inauguró en Chile el primer Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Naciones Unidas, siendo elegida como una de sus representantes la lideresa trans de Rapa Nui, Isis Teao.

“En el plano sociocultural, en tanto, diversos estudios y encuestas publicados durante 2025 evidenciaron un aumento en el número de personas que se declaran abiertamente LGBTIQ+. Este dato sugiere que, pese al contexto hostil y a la intensificación de los discursos de odio, no se ha debilitado la disposición de las personas a visibilizar su identidad ni a ejercer sus derechos”, apuntó el informe.

 “Finalmente, artistas con alta exposición pública contribuyeron a visibilizar las realidades LGBTIQ+ y a disputar narrativas en espacios con tradición. En ese contexto, la canción Infernodaga, de Dani Ride, con temática LGBTIQ+, representó a Chile en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, un hito para el certamen y los eventos televisados”, concluyó el estudio.

• El organismo alertó que la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados podría generar vulneraciones de derechos fundamentales y profundizar barreras en un contexto donde los trámites migratorios ya presentan demoras de más de dos años.

• El Defensor de la Niñez señaló que “restringir el acceso a salud y educación a niños y niñas por su situación migratoria no solo es discriminatorio, sino incompatible con las obligaciones del Estado de garantizar sus derechos”.

Santiago, 25 de marzo de 2026.- La Defensoría de la Niñez advirtió el riesgo de vulneración de derechos en el proyecto de ley que modifica la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería (Boletín 17.474-06), aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y actualmente en Segundo Trámite Constitucional.

La iniciativa contempla restricciones en el acceso a prestaciones para niños, niñas y adolescentes migrantes, priorizando la atención en salud y educación para nacionales por sobre personas extranjeras en situación migratoria irregular. Según la institución, esto implica discriminación arbitraria incompatible con la Constitución, la Ley de Garantías de la Niñez y los tratados internacionales vigentes.

“Los derechos de niños y niñas no pueden quedar subordinados a su situación migratoria. Restringir su acceso a salud y educación no solo es discriminatorio, sino incompatible con las obligaciones legales del Estado de garantizar sus derechos”, indicó el Defensor de la Niñez, Anuar Quaccesoesille, quien añadió que lo aprobado “tensiona estándares constitucionales, legales e internacionales que obligan a proteger a la niñez sin distinción”.

Asimismo, la Defensoría alertó que este debate se da en un contexto en que los niños, niñas y adolescentes migrantes enfrentan importantes barreras administrativas. De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Migraciones, analizados por la institución, los procesos de reunificación familiar pueden tardar hasta 17 meses y las residencias definitivas más de dos años, afectando derechos como la identidad, el debido proceso y el acceso oportuno a servicios.

Al respecto, Anuar Quesille señaló: “Estamos hablando de niños y niñas que por el solo hecho de encontrarse en contextos de movilidad, ya enfrentan barreras estructurales. Agregar nuevas restricciones solo profundiza su vulnerabilidad. Cuando los trámites migratorios pueden tardar años, restringir derechos básicos agrava una situación ya crítica”.

El organismo recordó que ya había formulado observaciones técnicas al proyecto durante su primer trámite constitucional, advirtiendo la necesidad de resguardar el enfoque de derechos de la niñez en la formulación de políticas públicas, respondiendo así a las aspiraciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Garantías y la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2032.

En esa línea, la Defensoría hizo un llamado al Senado a revisar el proyecto para asegurar su conformidad con los estándares de derechos humanos, advirtiendo que la discusión legislativa no puede traducirse en restricciones al acceso a derechos esenciales.

“Los derechos de la niñez no se restringen, se garantizan. Esperamos que el Senado corrija este enfoque, porque no podemos avanzar en normas que impliquen menos derechos para niños y niñas”, concluyó el Defensor de la Niñez.

Junto a Casacostanera, Feria Al Cateo celebra la llegada del otoño por la calle Juan Bautista Pastene. Esta primera edición de 2026 rinde homenaje a la vida de campo y a los animales de granja; donde las gallinas serán las protagonistas, con una puesta simbólica “con toga y corona”.

Del viernes 27 al domingo 29 de marzo, Fundación Cultores y su feria Al Cateo celebrará junto a Casacostanera la llegada del otoño por la calle Juan Bautista Pastene, con una gran puesta en escena que recrea una casa de campo, donde los animales de granja serán la inspiración y, en particular, la gallina como figura icónica por su vínculo con las tradiciones chilenas, la alimentación, el cuidado del hogar y la huerta.
En esta edición, los visitantes podrán conocer a más de 80 expositores que ofrecerán propuestas únicas, sustentables y hechas a mano.

El recorrido de la feria, estará dividido en varias estaciones. Para los Niños habrá un espacio de arte, libros, juegos y tejidos; con la participación de las editoriales Milupa y El Zorro Azúl, creadora de juguetes artesanales inspirados en pedagogías Waldorf y Montessori.

En el secrtor Gallinero se encontrarán marcas vinculadas a los plumíferos, entre ellas Vaso de Gallo, Vermut del Gallo, Huevitos de Colores, Cabilgres, Bordadoras de Calle Larga, Germán Gübeli Antiques e Indigo de Papel. Por su parte, en el sector Cocina de Campo se podrán ver productos de huerta, delicatessen, vinos de cepas sureñas (Viña Rebellin), panes, conservas, objetos domésticos y semillas.

El sector de Casa contará con muebles (Thomas Hatton en maderas nobles), arte, antigüedades y flores. Mientras que en el sector Vestuario y Accesorios habrá lanzamientos y colecciones nacionales, incluyendo Telas del Futuro y accesorios de Constanza Bielsa, además de marcas chilenas de prendas y complementos que visten de pies a cabeza.
Finalmente, en el sector de Artesanía, los asistentes podrán encontrar choapinos de pita, madera utilitaria y textilería aymara y mapuche. www.fundacioncultores.cl cultores_purochile

Durante los días de feria se realizarán conversatorios, lanzamientos de libros y talleres familiares. Entre las actividades vinculadas a la gallina habrá talleres de bordado, trabajo en hoja de choclo, pintura de huevitos y cuentacuentos. La feria también visibiliza el bienestar animal: el 4 de mayo se conmemora el Día Internacional del Respeto a las Gallinas, fecha que recuerda el estrés y las malas condiciones que sufren millones de aves en sistemas intensivos, y promueve la crianza libre y sistemas más respetuosos.

La entrada a la feria y talleres será gratuita. Horarios: viernes 27 a domingo 29 de 11:00 a 20:00 horas.

Acerca de Fundación Cultores

Somos contadores de Patria, comprometidos con el desarrollo territorial, la identidad chilena y, muy especialmente, con los oficios locales hechos a mano. Valoramos las manifestaciones de nuestra cultura y las promovemos como una forma de honrar a los cultores de saberes y quehaceres nacionales. Visibilizamos lo propio e identitario de los territorios de Chile: habitantes, costumbres y patrimonio.

Nuestro propósito es ser un modelo de cambio y prosperidad para los cultores de Chile. Bajo ese lema y compromiso, realizamos la Feria Al Cateo Puro Chile. Claudia Hurtado, directora ejecutiva de la fundación, es historiadora y gestora cultural de la Universidad Católica de Chile, con un Máster en Gestión de Proyectos de Impacto Social (BID). En 2021 fue reconocida como una de las 100 Mujeres Líderes por Mujeres Empresarias y El Mercurio.

“Nuestra fundación busca ser una fuente de oportunidades económicas, sociales, culturales y ambientales para el desarrollo de las comunidades del mundo rural, en especial para mujeres, jóvenes y adultos mayores. Visibilizamos los oficios poniendo en valor la identidad local y el patrimonio material e inmaterial, con el objetivo de preservarlos en el tiempo”.

Una investigación liderada por el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina advierte que la combinación de sobrenutrición y consumo de alcohol puede acelerar el daño hepático en personas con enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica, una condición cada vez más frecuente en Chile.

La enfermedad del hígado graso, también llamada esteatosis hepática, avanza silenciosamente en Chile y hoy se considera uno de los principales problemas de salud vinculados a la alimentación. Aunque durante años su estudio se centró en factores como la obesidad, la diabetes o el sedentarismo, un reciente estudio advierte que existe un factor que no puede analizarse por separado: el alcohol.

En esa línea, un equipo de investigadores de la Universidad de Chile lideró el artículo titulado “Interrelationship between alcohol consumption, overnutrition, and pharmacotherapy for liver steatosis: Considerations and proposals”, publicado en la revista Molecular and Cellular Endocrinology. El trabajo fue liderado por el Dr. Rodrigo Valenzuela, director del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina, junto a los investigadores de la facultad: Camila Farías, Luis A. Videla, Yasna Muñoz y Jessica Zúñiga Hernández, de la Universidad de Talca.

El estudio analiza cómo el consumo de alcohol y la sobrenutrición se potencian mutuamente en el desarrollo de la esteatosis hepática, una condición que puede progresar hacia inflamación, fibrosis, cirrosis e incluso cáncer hepático.

Un problema de salud pública

El líder de la investigación señala que el hígado graso ya no puede entenderse como un hallazgo aislado ni como una condición propia de las edades avanzadas. Al contrario, se trata de una enfermedad que se presenta cada vez más temprano y forma parte de un deterioro metabólico más amplio. “Sin duda, es uno de los grandes problemas de salud pública en Chile. Además, la enfermedad aparece a edades cada vez más tempranas: ya no a los 60 años, sino a los 40 o incluso antes”, advierte el Dr. Valenzuela.

Este cuadro suele presentarse acompañado de obesidad, triglicéridos elevados, colesterol alto, resistencia a la insulina, diabetes tipo dos e hipertensión. Es decir, forma parte de un conjunto de alteraciones metabólicas que actualmente presentan una alta prevalencia en la población chilena.

Otro aspecto complejo de esta enfermedad es que suele avanzar sin dar señales claras. “La esteatosis hepática suele ser asintomática. Se detecta por ecografía y por exámenes en los que aparecen transaminasas elevadas, pero muchas veces los síntomas se manifiestan cuando el daño ya es avanzado”, explica el académico. Esa progresión silenciosa es parte del problema: cuando el paciente consulta por signos evidentes, el cuadro puede estar ya cerca de etapas más complejas, como la cirrosis o el cáncer hepático.

Dieta y alcohol: una combinación que intensifica el daño

Uno de los principales aportes del trabajo consiste en proponer una mirada integrada entre la alimentación y el alcohol. Tradicionalmente, ambos factores se evaluaban por separado, distinguiendo entre el hígado graso alcohólico y el no alcohólico. Sin embargo, la evidencia revisada por el equipo muestra que esa frontera resulta cada vez menos útil para comprender lo que ocurre en la práctica clínica. “Hoy vemos que muchas veces esto no responde a una sola razón, sino a una combinación de causas. Mala alimentación y alcohol deben estudiarse juntos”, señala el investigador.

El estudio explica cómo los patrones alimentarios marcados por los excesos favorecen la acumulación de grasa en el hígado. En ese contexto, el especialista menciona un patrón frecuente en el estilo de vida de los chilenos: “Muchas veces hay un descontrol en el fin de semana, con exceso de comida y alcohol. Esa combinación agrava el estrés hepático”.

Cero alcohol y alimentación estructurada

Frente a este escenario, el mensaje de los investigadores sobre el avance de esta enfermedad y a quienes la padecen es claro: no basta con recomendar cambios generales en el estilo de vida. Se requieren intervenciones más específicas, sostenidas y adaptadas a cada paciente. “No se trata solo de decir ‘coma mejor’, lo que se necesita son planes estructurados: alimentos definidos, cantidades, horarios, consumo de agua, cero alcohol y suplementos nutricionales específicos”, plantea el académico.

Sobre este último punto, el líder de la investigación reitera el llamado: “La indicación es clara, cero alcohol. El argumento del vaso de vino saludable ya no aplica cuando existe daño hepático”.

En materia de prevención, el equipo promueve una alimentación basada en productos frescos y preparaciones simples, como frutas, verduras, legumbres, huevos, pescados, mariscos, carnes magras, yogur, pan integral, aceite de oliva y agua. En paralelo, recomiendan limitar el consumo de ultraprocesados, frituras, bebidas azucaradas, harinas refinadas y alcohol. “La idea es volver a una alimentación real, variada y equilibrada, sin caer en restricciones extremas. Cuidar el hígado no implica pasar hambre, sino comer mejor y de forma más ordenada”, concluye.

Aunque todavía no existen protocolos estandarizados para la esteatosis hepática, los investigadores advierten que avanzar en la prevención, la detección oportuna y la educación alimentaria será clave ante una enfermedad cada vez más frecuente en Chile.