Nuestro continente y el mundo pasan por transformaciones y tiempos convulsos, donde la institucionalidad internacional de los derechos humanos parece ser incapaz de incidir en conflictos desatados por potencias que actúan sin reparo alguno al momento de alcanzar sus objetivos.

Por su parte, Chile comenzará un nuevo ciclo político con la asunción presidencial del ultraderechista José Antonio Kast, situación que representa un desafío democrático, indica Magdalena Paredes, directora de la Corporación Unidas para la Promoción y Defensa de los DD.HH.

La dirigenta, recordó la carta que firmaron más de 150 organizaciones sociales previo a las elecciones de segunda vuelta, advirtiendo que el futuro mandatario relativiza las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado y en el presente, como las que ocurrieron durante el estallido social:

Unidas ha realizado un importante trabajo de apoyo a las víctimas del estallido social de 2019 y a quienes el Estado adeuda un justo y digno proceso de reparación. Actualmente, crece la preocupación de lo que ocurrirá al respecto bajo el gobierno de Kast:

En ese escenario, Magdalena Paredes expresó la preocupación por la salud mental e integridad de las víctimas por graves casos de trauma ocular o prisión indebida:

“Llevamos nueve personas que se han quitado la vida a propósito de graves depresiones y deterioro de su salud mental”, indicó sobre las causas inconclusas, pese a que hay más de 400 efectivos policiales y militares identificados, agrega.

En su trabajo, reivindican el monitoreo democrático por parte de las organizaciones sociales, las persona naturales y la sociedad civil organizada:

“El llamado es tener esa empatía, solidaridad, a juntarnos, empezar a reconectarnos entre los distintos espacios y organizaciones, pues hay una deuda muy grande”, expresa respecto a la impunidad de las víctimas del estallido y a la importancia de no retroceder en derechos sociales en el futuro gobierno.

En esa tarea tutelar, la dirigenta también se refirió a la denuncia que llevaron a cabo, meses atrás cuando el ex cabo Zamora -hoy diputado electo- llamó a limpiar las calles, aludiendo a quienes plantean manifestarse en el próximo gobierno.

El ex policía fue absuelto en el juicio que lo imputó por arrojar a un joven al río Mapocho en Santiago durante la revuelta, al igual que hoy se espera el veredicto de la causa por el cual el ex coronel Claudio Crespo es imputado de dejar ciego al diputado electo, Gustavo Gatica.

Los tribunales deben comenzar a ponderar toda la evidencia disponible”, dijo expresando su preocupación por los magistrados que lideran los juicios, dado que algunos han estado involucrados en casos de corrupción al interior del poder judicial.

“Hay un rol importante de los medios de las organizaciones, de los espacios académicos y del Colegio de Abogados para evitar cualquier corrupción”.

Una línea roja

Asimismo, la dirigente se refirió a la situación que hoy atraviesa el continente, luego de que el gobierno de Trump arrestara al presidente Maduro trasladándolo hasta territorio estadounidense.

“Es una situación muy compleja y nos pone en alerta a todos los latinoamericanos”. “Hay una línea roja sobre la soberanía, la autonomía y la decisión de cada uno de los pueblos respecto a su propio devenir”, planteó.

“Es importante hacer un llamado a las acciones de solidaridad con diversas organizaciones desde Canadá a Tierra del Fuego”, dijo asegurando que se reunirán prontamente para establecer pisos mínimos y estar más presentes con el pueblo venezolano.

• Primer ejercicio de mapeo de este tipo, que, junto con una investigación cualitativa en varios países, revela la profundidad y la magnitud del daño potencial causado por el sector
• 520 millones de niños y niñas viven a menos de 5 km de infraestructuras de combustibles fósiles, incluso en posibles “zonas de sacrificio”
• Contaminación y saqueo cultural mediante la coacción, la intimidación y la deslegitimación de los defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con la tierra y el medioambiente

Las infraestructuras de combustibles fósiles suponen un riesgo para la salud y los medios de vida de al menos 2.000 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, según afirman Amnistía Internacional y Better Planet Laboratory (BPL) en un nuevo informe sobre los daños que el sector de los combustibles fósiles causa al clima, a las personas y a los ecosistemas de todo el mundo.

El informe, Extinción por extracción: Por qué el ciclo de vida de los combustibles fósiles amenaza la vida, la naturaleza y los derechos humanos, demuestra que el ciclo de vida completo de los combustibles fósiles destruye ecosistemas naturales irremplazables y socava los derechos humanos, en particular los de quienes viven cerca de las infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles. Se ha demostrado que la proximidad a infraestructuras de carbón, petróleo y gas aumenta el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares, problemas reproductivos y otros efectos negativos para la salud. Amnistía Internacional se ha asociado con Better Planet Laboratory, de la Universidad de Colorado Boulder, para llevar a cabo el primer ejercicio de mapeo de este tipo con el fin de estimar la magnitud potencial del daño global causado por las instalaciones de producción de combustibles fósiles existentes y futuras.

“El sector de los combustibles fósiles, en constante expansión, pone en peligro miles de millones de vidas y altera de forma irreversible el sistema climático. Hasta ahora, no existía una estimación global del número de personas que viven en las proximidades de infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles. Nuestro trabajo en colaboración con BPL revela la magnitud de los enormes riesgos que plantean los combustibles fósiles a lo largo de su ciclo de vida. Los proyectos de carbón, petróleo y gas provocan el caos climático y perjudican a las personas y a la naturaleza”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Este informe aporta aún más pruebas de la necesidad imperiosa de que los Estados y las empresas “desfosilicen” la economía mundial para mitigar los peores efectos de la crisis climática sobre los derechos humanos. La era de los combustibles fósiles debe terminar ya”.

BPL, líder en investigación y cálculos globales, ha mapeado la escala de exposición a las infraestructuras de combustibles fósiles mediante la superposición de datos sobre la ubicación conocida de dichas infraestructuras con datos poblacionales en cuadrículas, conjuntos de datos que son indicadores de ecosistemas críticos, datos sobre emisiones diarias globales en cuadrículas y datos sobre la tenencia de la tierra por parte de los pueblos indígenas. Es probable que las conclusiones de BPL subestimen las verdaderas dimensiones globales debido a las discrepancias en la documentación de los proyectos de combustibles fósiles y a la limitada información censal disponible en los distintos países.

El informe también se basa en una investigación cualitativa en profundidad realizada en colaboración con la Clínica de Derechos Humanos de la Familia Smith de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, que consiste en entrevistas realizadas a más de 90 personas, entre ellas personas directamente afectadas de comunidades pesqueras artesanales de Brasil (bahía de Guanabara), defensores indígenas de la tierra en Canadá (territorio de la nación Wet’suwet’en) y comunidades costeras de Senegal (delta del Saloum), personalidades académicas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales. También utiliza datos de fuentes abiertas y la teledetección para corroborar y visualizar los resultados. Estos datos se complementaron con los resultados y conclusiones de investigaciones anteriores de Amnistía Internacional y con las campañas en curso contra las colosales empresas petroleras y gasísticas de Ecuador, Colombia y Nigeria.

Las enormes magnitudes de la población en riesgo

Al menos 2.000 millones de personas viven a menos de 5 km de más de 18.000 emplazamientos de infraestructuras de combustibles fósiles en funcionamiento repartidos por 170 países de todo el mundo. De ellas, se estima que más de 520 millones son niños y niñas, y que al menos 463 millones viven a menos de 1 km de las instalaciones, por lo que están expuestas a riesgos ambientales y de salud mucho mayores.

Los pueblos indígenas están expuestos de manera desproporcionada, ya que más del 16% de las infraestructuras de combustibles fósiles del mundo se encuentran en territorios indígenas. Como mínimo, el 32% de las instalaciones de combustibles fósiles existentes que se han mapeado se solapan con uno o más “ecosistemas críticos”.*

El sector de los combustibles fósiles sigue en expansión: hay más de 3.500 infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles propuestas, en desarrollo o en construcción en todo el mundo. Las cifras de BPL sugieren que dicha expansión podría poner en riesgo al menos a 135 millones de personas más. Hay que destacar que se prevé un aumento del número de proyectos de petróleo y gas en todos los continentes, mientras que el número de centrales y minas de carbón está aumentando principalmente en China y en India.

“Los gobiernos se han comprometido a eliminar gradualmente los combustibles fósiles, pero ahora tenemos pruebas claras de que los nuevos proyectos relacionados con los combustibles fósiles siguen expandiéndose de forma preferente en nuestros ecosistemas más críticos a nivel mundial, lo que contradice directamente los objetivos climáticos declarados”, señaló Ginni Braich, científica sénior de datos de BPL que dirigió el documento en el que se basan las conclusiones globales del informe.

El coste humano de la producción de combustibles fósiles

“Estamos sufriendo el desgaste de una batalla intergeneracional… No sobreviviremos físicamente [a esto]. Nunca fuimos quienes provocaron el conflicto, pero hemos sido los que han soportado todo el peso de la violencia”, manifestó Tsakë ze’ Sleydo’ (Molly Wickham), defensora de las tierras de la nación Wet’suwet’en, al describir la inminente construcción de nuevos compresores destinados a aumentar la rentabilidad del gasoducto Coastal GasLink (CGL) en Canadá.

La extracción, el procesamiento y el transporte de combustibles fósiles socavan los derechos humanos de las comunidades vecinas y provocan una grave degradación ambiental, riesgos para la salud, y la pérdida de la cultura y los medios de subsistencia.

Algunos de los grupos entrevistados describieron la extracción como una forma de saqueo económico o cultural, perpetrado por actores corporativos mediante intimidación y coacción. “No buscamos dinero; solo queremos lo que es nuestro. Solo queremos pescar en la bahía de Guanabara, es nuestro derecho. Y nos están quitando nuestros derechos”, aseguró Bruno Alves de Vega, pescador artesanal urbano de Río de Janeiro, Brasil.

Todos los defensores y defensoras de los derechos ambientales y de las tierras indígenas entrevistados por Amnistía Internacional se enfrentaban a graves riesgos para su seguridad, a menudo derivados de conflictos con empresas cuyas actividades amenazan los modos de vida tradicionales y la integridad de los ecosistemas.

Además de las amenazas físicas y por Internet, los Estados y las empresas han recurrido a la guerra jurídica, abusando de las acciones legales, incluidos los procesos penales, para silenciar, deslegitimar e intimidar a los defensores y defensoras. “Cuando nos alzamos para defender el yin’tah, (territorio de la nación Wet’suwet’en), nos criminalizan. Los mandamientos judiciales son un arma jurídica colonial que se ha convertido en un mecanismo para la militarización de nuestra comunidad y la criminalización de nuestro pueblo, y para que las empresas puedan llevar a cabo actividades de extracción destructivas sin el consentimiento indígena, afirmaron otros defensores y defensoras de la tierra de la nación Wet’suwet’en.

Los miembros de las comunidades que viven en las proximidades de las infraestructuras de combustibles fósiles condenaron la falta de consultas directas y significativas y la falta de transparencia por parte de las empresas. Muchas de estas personas afirmaron que no conocían plenamente el alcance de las actividades en curso o los planes de expansión de los operadores y declararon que no habían dado su consentimiento a los proyectos que afectaban a su territorio.

Las personas entrevistadas por Amnistía Internacional en el delta del Saloum, en Senegal, expresaron su preocupación por la escasa difusión de información accesible sobre los posibles impactos ambientales y socioeconómicos del proyecto Sangomar por parte de las autoridades y del operador del proyecto, Woodside, una importante empresa australiana de combustibles fósiles.

“Estos casos prácticos son solo algunos ejemplos de un problema globalizado. La mayoría de los grupos afectados condenaron el desequilibrio de poder entre sus comunidades y las empresas operadoras, así como la falta de soluciones eficaces. La era de los combustibles fósiles está llegando inevitablemente a su fin y los Estados deben dejar de criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos ambientales que luchan por proteger sus comunidades”, manifestó Candy Ofime, investigadora y asesora jurídica sobre justicia climática de Amnistía Internacional.

“Los Estados deben investigar las amenazas físicas y por Internet a las que se enfrentan los defensores y defensoras, y poner en marcha programas de protección sólidos para garantizar que las voces críticas que abogan por una transición energética urgente y equitativa puedan configurar la acción climática de forma segura y significativa”.

La destrucción de ecosistemas naturales irreemplazables

La mayoría de los proyectos documentados crearon puntos críticos de contaminación, que convierten a las comunidades colindantes y a los ecosistemas críticos en “zonas de sacrificio”.** La exploración, el procesamiento, el desarrollo de emplazamientos, el transporte y el desmantelamiento de las explotaciones de combustibles fósiles causaron o pusieron en riesgo de sufrir daños a las personas y la vida silvestre, provocaron una grave contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero y dañaron áreas clave para la biodiversidad o sumideros de carbono.

A pesar de los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos internacionales sobre el clima y de los repetidos llamamientos de las Naciones Unidas para que se eliminen urgentemente los combustibles fósiles, las medidas adoptadas por los gobiernos han sido totalmente insuficientes. Los combustibles fósiles siguen representando el 80% del suministro mundial de energía primaria, a la vez que el sector está intensificando sus esfuerzos para ejercer una influencia indebida en los foros sobre política climática con el fin de impedir su rápida eliminación.

“Los Estados deben emprender una eliminación completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles, así como una transición justa hacia energías renovables producidas de manera compatible con los derechos humanos. Amnistía Internacional insta urgentemente a la adopción y aplicación de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles”, añadió Agnès Callamard.

“La crisis climática es una manifestación y un catalizador de injusticias profundamente arraigadas. Este informe responde a la visión del país anfitrión, Brasil, de que la COP30 de este año sea un foro para la participación significativa de los pueblos forestales, incluidos los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y la sociedad civil. Nuestro informe expone la magnitud de los daños climáticos y de derechos humanos asociados con la producción de combustibles fósiles en todo el mundo, e ilustra el impacto desigual que tiene el sector sobre los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, a la vez que destaca la resistencia que están oponiendo.

“El sector de los combustibles fósiles y los Estados que lo patrocinan llevan décadas defendiendo que el desarrollo humano requiere combustibles fósiles. Pero sabemos que, bajo el pretexto del crecimiento económico, han servido más bien a la codicia y a los beneficios sin límites, han violado los derechos con casi total impunidad y han destruido la atmósfera, la biosfera y los océanos. Contra estos patrones continuos, contra la economía política global de represión basada en los combustibles fósiles, debemos resistir colectivamente y exigir que las autoridades mundiales cumplan con sus obligaciones y compromisos. La humanidad debe triunfar”.

FIN

*Ecosistemas críticos: entornos naturales ricos en biodiversidad, que son esenciales para la captura de carbono o en los que la degradación ambiental continua o los desastres podrían provocar un colapso en cadena de los ecosistemas.

** Zona de sacrificio: área fuertemente contaminada cuyas comunidades —de bajos ingresos y marginadas— sufren de forma desproporcionada las consecuencias de la exposición a la contaminación y a las sustancias tóxicas.

La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, planteó sus inquietudes frente al cierre del año político y a los proyectos legislativos del ejecutivo que aún están pendientes.

Señalando que el gobierno calibra sus propias prioridades, “es complejo apostar en un mes al que le quedan 3 semanas”, indicó.

La parlamentaria comentó que en sala el día martes apenas se vio el proyecto de ley de eutanasia, el que fue antecedido por un lato debate sobre partidos políticos. El miércoles hubo varios puntos de educación en tabla “y solo pudimos ver el proyecto de convivencia escolar donde, si bien se aprueba, hay artículos que la derecha no aprobó”.

“En rigor, a algunos ya les interesa que los proyectos los agarre el próximo año o queden durmiendo”, expresó Pascual:

Sin embargo, en ese escenario sigue siendo muy relevante, dijo, dejar resuelto el fin del CAE, el fortalecimiento del ministerio público, de gendarmería y alargar la carrera de carabineros. “Siento que ojalá pudiéramos terminar lo que fue prioridad en materia de mensajes presidenciales y de estrategia que se puso en temas que son de mayoría, pero tengo serias dudas que eso se logre”.

Frente al nuevo ciclo político con José Antonio Kast como presidente electo, la senadora destacó la decisión de su colectividad de bregar por una amplia unidad política y social.

“Es absolutamente necesario y es un imperativo”, indicó, apuntando a los otros partidos del espectro del progresismo en la creación de una oposición constructiva y que defienda los derechos alcanzados:

“Una oposición que sea inteligente en el sentido de proteger lo que se tiene, dialogar en políticas que permitan seguir beneficiando a las mayorías, pero con mucha convicción respecto a estos postulados”, describió la senadora.

Venezuela

En relación al acontecer mundial, comentó la crisis y tensión que se ha instalado en la región continental luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses y decidida por el presidente Donald Trump.

“Hemos escuchado que la intervención de EE.UU y sus acciones militares no son en pos de la democracia porque él y solo él entiende que el petróleo venezolano es de EE.UU”, enfatizó Pascual advirtiendo el peligro que eso representa:

En perspectiva, planteó que la respuesta no es regresar al orden de Naciones Unidas tal cual funcionó en un contexto de guerra fría donde coexistió con una serie de tensiones  políticas y siempre bajo una constante amenaza bélica.

“Creo que hay que pensar en un mundo que no tiene por qué haber un país o una región que son potencias económicas y pasa que el resto no tenga acceso a la tecnología, al desarrollo”.

“En ese sentido es ni siquiera retroceder a la Doctrina Monroe o a la guerra fría. Incluso, es más profundo que aquello” describió respecto a la situación global actual.

Unas 1.200.000 personas se verán beneficiadas con la reforma de pensiones desde este viernes 9 de enero.

“Como Instituto de Previsión Social  estamos muy contentos de estar llegando a uno de los hitos más importante de la implementación de la reforma de pensiones”, señaló Lenia Pizarro, subdirectora de Servicios al Cliente del IPS acerca de las dos bonificaciones que comienza a cursar: “Se va a dar respuesta de alguna manera a subir las pensiones de los actuales pensionados”.

La información individualizada de cada persona sobre el derecho a recibir o no estos beneficios se puede encontrar en la página de chileatiende.cl agregando el rut y fecha de nacimiento.

También está el minisitio de la página de Chileatiende.cl/reformadepensiones, el call center ChileAtiende 101 o +56 4 4236 20 00, además de sus más de 200 sucursales distribuidas en todo Chile.

Un trabajador independiente con discapacidad visual denunció públicamente una serie de trabas administrativas, exigencias desproporcionadas y falta de respuesta institucional por parte del municipio de Frutillar, en el proceso de otorgamiento de permisos para el comercio en playa, actividad que ha desarrollado por más de 15 años en la comuna.

Se trata de José Francisco Madariaga, vecino de Frutillar y uno de los primeros comerciantes autorizados para la venta de artículos de aseo y uso de playa durante la temporada estival. Históricamente, ha trabajado principalmente en enero y febrero, complementando sus ingresos en invierno con la venta de guantes, calcetas y flores, cumpliendo regularmente con las postulaciones, pagos de patentes y requisitos municipales
exigidos año a año.

Su situación se ha vuelto especialmente crítica debido a que padece una discapacidad visual grave y progresiva, con riesgo inminente de perder completamente la visión, lo que limita severamente sus posibilidades de acceder a un trabajo formal y hace del comercio ambulante su principal sustento económico.

En ese contexto, Madariaga señaló que su discapacidad visual y su trayectoria laboral en la
comuna no han sido consideradas al momento de evaluar su postulación, enfrentando un trato que —a su juicio— no ha sido igualitario ni justo.

A esta situación se suma que es padre de un hijo con una pérdida visual acreditada del 50%, lo que lo ha obligado a realizar constantes viajes médicos a Santiago, con altos costos económicos. Debido a esta realidad familiar, el año pasado no pudo completar formalmente la postulación al permiso municipal, aunque continuó trabajando para poder sostener a su familia. En ese contexto, Carabineros le incautaron su mercadería, provocándole pérdidas económicas significativas.

Este año, pese a haber postulado nuevamente, Madariaga denuncia que se le exigieron requisitos adicionales y cambiantes, y que finalmente se le negó el permiso bajo distintos argumentos administrativos. El trabajador cuestiona que estas exigencias se apliquen con especial severidad en su caso, mientras otras personas habrían podido subsanar observaciones.

En relación a la falta de respuestas por parte del municipio, el trabajador afirmó que agotó
todas las instancias formales posibles, entregó la documentación solicitada y aun así no obtuvo una respuesta clara ni oficial.

En un último intento, Madariaga expuso su situación al concejal Roberto Cárdenas, quien lo conocía previamente por su trabajo en Fomento y Productividad. Mientras espera una respuesta concreta, advierte que su situación económica es crítica: no cuenta con vehículo, tiene mercadería comprada para al menos dos meses de temporada y enfrenta serias dificultades para cubrir gastos básicos como alimentación, transporte y telefonía.

El caso abre un debate urgente sobre los criterios de asignación de permisos municipales, el trato hacia personas con discapacidad y la necesidad de mayor transparencia, coherencia y enfoque social en las decisiones administrativas a nivel local, especialmente cuando está en juego el sustento y la salud de una persona en situación de vulnerabilidad.

En la mañana de hoy, y tras el apoyo del Presidente electo, José Antonio Kast, a la intervención de EEUU en Venezuela, el diputado Luis Cuello (PC), junto a las diputadas Daniela Serrano (PC) y Javiera Morales (FA), presentaron una reforma que busca fijar en la Constitución principios de la política exterior como, por ejemplo, la no intervención y la proscripción del uso de la fuerza.

Respecto del proyecto de reforma constitucional, el diputado Luis Cuello señaló: “Chile debe mantener una línea política clara en materia de relaciones internacionales, de defensa de la no intervención, de la proscripción del uso de la fuerza y de la igualdad jurídica de los Estados.”

“Es por esto que no es admisible que se produzcan gestos de servilismo, de debilidad, de subordinación frente a acciones unilaterales que violan el derecho internacional como lo que ha cometido Estados Unidos frente a Venezuela”, agregó Cuello y complementó: “Es por ello que hemos presentado un proyecto de reforma constitucional que incorpora en la Carta Fundamental, estos principios de derecho internacional que han sido, además, suscritos por Chile en la Carta de Naciones Unidas para fijar una política de Estado que trascienda a todos los gobiernos y que defienda nuestra soberanía y nuestra independencia”.

Por su parte, la diputada del PC, Daniela Serrano, explicó: “Este proyecto busca fortalecer  la política exterior de Chile a través de su Constitución, reconociendo principios del derecho internacional, los cuales no puedan ser relativizados según el gobierno de turno, sino que deben ser parte de su política de Estado permanente”.

“Chile en su tradición democrática debe mantener una política exterior coherente, basada en el respeto a la soberanía, la no injerencia y solución pacífica de las controversias”, finalizó Serrano.

A su vez, la diputada Javiera Morales (FA), enfatizó: “El comportamiento del presidente Trump en los últimos días nos demuestra una debilidad de las democracias occidentales. Y es que no es posible que, al ser electo un presidente, inmediatamente y por solo hecho de esa elección, este pueda cambiar la forma en que se han llevado las relaciones internacionales por parte de esos países a su arbitrio. No puede ser que un país, por muy democráticamente electo que haya sido un presidente, pueda invadir otros territorios, infringir el derecho internacional de manera impune. No queremos que eso pase en nuestro país”.

“Nuestro país es un país que está muy comprometido con el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos, no porque sean de gusto de una tendencia política u otra, sino que porque ha sido un compromiso que ha adoptado nuestro Estado”, subrayó la diputada y justificó: “Y es por eso que he apoyado esta reforma constitucional, que lo que busca justamente, es establecer constitucionalmente que nuestro Presidente de la República debe llevar las relaciones internacionales conforme a la normativa del derecho internacional, que ha sido nuestro propio país quien la ha adscrito en las últimas décadas. No queremos un Trump en Chile, no nos merecemos eso”.

Finalmente, cabe mencionar que en el proyecto de reforma constitucional, por medio de la incorporación en el articulo 32 del numeral 15°, se establecen los siguientes principios permanentes de la política exterior del país: “autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad soberana e independencia de los Estados; el respeto, protección y promoción de los derechos humanos; y el compromiso con la paz y la seguridad internacionales.”

Unas 1.200.000 personas se verán beneficiadas con la reforma de pensiones desde este viernes 9 de enero.

“Como Instituto de Previsión Social  estamos muy contentos de estar llegando a uno de los hitos más importante de la implementación de la reforma de pensiones”, señaló Lenia Pizarro, subdirectora de Servicios al Cliente del IPS: “Se va a dar respuesta de alguna manera a subir las pensiones de los actuales pensionados”.

Una de ellas, la bonificación por años cotizados, está destinada a hombres y mujeres que reciban una pensión de vejez o de invalidez en una AFP o una compañía de seguros y que tengan 65 años o más.

“En el caso de las mujeres se considera mínimo de 10 años de cotizaciones (120 meses) y de los hombres 20 años cotizados (240 meses). El máximo o tope serán 300 meses siendo el monto máximo 2,5 UF, explica Lenia Pizarro.

Otro beneficio que cursará en enero es la compensación expectativa de vida el cual rige para las mujeres: 

En el caso de las mujeres pensionadas por vejez o invalidez autofinanciada -no es el caso de quienes tengan seguro de invalidez o sobrevivencia SIS- y que tengan cumplidos los 65 años al 1 de enero de 2026, recibirán el beneficio.

Las mujeres pueden recibir como mínimo, cada año, 0,25 UF mensual, es decir, una mujer que reciba el mínimo podría ver incrementada su pensión en aproximadamente $10 mil, precisa.

“Una mujer hoy día puede percibir ambos beneficios, de hecho hay 412 mil mujeres que en enero estarán recibiendo tanto la compensación por expectativa de vida, como la bonificación por años cotizados”.

La subdirectora de Servicios al Cliente remarcó que las personas no deben postular para acceder a estas bonificaciones sino que aquellas se depositarán en sus cuentas:

La información individualizada de cada persona sobre el derecho a recibir o no estos beneficios se puede encontrar en la página de chileatiende.cl agregando el rut y fecha de nacimiento.

También está el minisitio de la página de Chileatiende.cl/reformadepensiones, el call center ChileAtiende 101 o +56 4 4236 20 00, además de sus más de 200 sucursales distribuidas en todo Chile.

Asimismo, Lenia Pizarro recordó los avances de la reforma que en el año 2025 incorporó a cerca de 200 mil personas al sistema, complementando una cifra de beneficiarios que alcanza en total a 2.800.000 personas en Chile.

También el 2025 se implementó la primera etapa de la universalización de la PGU y su aumento a $250 mil, incorporando a quienes perciben una pensión por leyes de reparación de DD.HH, así como otros beneficios relativos a discapacidad.

La recuperación del aporte del empleador -que la reforma ha dirigido al seguro social- este año 2026 debería ser de un 2% desde agosto, acotó, al igual que a partir de septiembre sube la pensión para personas que tiene 75 años y más y se podrán incorporar vía postulación, personas desde esa edad que reciben una pensión por leyes de reparación.

“Por lo tanto, su implementación es paulatina y tiene un horizonte bastante largo para en el futuro, cuando estemos 100% en régimen, las personas puedan sentirse seguras que al finalizar su vida laboral van a tener una mejor pensiones para su calidad de vida”, señaló la subdirectora:

“Todos sabemos lo que costó que se pudiera aprobar la reforma cuando era proyecto. Fueron años arduos de trabajo y negociación para llegar a un proyecto que fuera permanente en el tiempo y responsable fiscalmente”.

El escritor y editor José Antonio Lizana fue distinguido con el Premio a la Trayectoria 2025 por el Instituto de Historia y Estadística del Fútbol Chileno, reconocimiento que pone en valor una carrera de largo aliento dedicada a vincular el mundo de las letras con el deporte.

La distinción llega tras más de veinte años de trabajo sostenido en ambos ámbitos, un recorrido que, según el propio Lizana, resume una vida profesional marcada por veinticinco años de experiencia como editor literario y dos décadas como periodista deportivo. Durante la ceremonia, señaló que el premio representa una síntesis afectiva de ese trayecto.

El autor recordó que sus inicios se dieron en un periodo poco favorable para la literatura deportiva, especialmente a comienzos del siglo XXI, cuando este tipo de obras apenas tenía cabida en ferias del libro o espacios culturales. En ese contexto, explicó, sus primeras publicaciones debieron sortear prejuicios y miradas escépticas desde ciertos sectores intelectuales.

Con el paso del tiempo, sostuvo, ese esfuerzo permitió abrir camino y consolidar un lugar para el género. Hoy, afirmó, los libros vinculados al fútbol y al deporte forman parte habitual de encuentros literarios y se han convertido en una herramienta significativa para incentivar la lectura, especialmente entre públicos que se acercan a los libros por primera vez a través del deporte.

Lizana enfatizó que este aporte constituye un valor cultural relevante para el país, aunque reconoció que no siempre ha recibido el respaldo o la atención esperada por parte de las instituciones culturales.

Al finalizar su intervención, se definió como “uno de los últimos defensores del libro” en una era marcada por los cambios tecnológicos, reafirmando su compromiso con la palabra escrita. Asimismo, anunció la creación de su nuevo sello, Ediciones Ceacheí, y dedicó el premio a sus lectores, a quienes atribuyó la permanencia del libro como objeto cultural vigente.