• El documento, correspondiente al 8 de julio de 2026, advierte sobre el aumento de víctimas civiles, la expansión de asentamientos en Cisjordania y el deterioro del sistema de salud palestino.

La Embajada del Estado de Palestina en Chile dio a conocer su Reporte N°128 sobre los efectos de las agresiones israelíes en Palestina, en el que denuncia graves vulneraciones a los derechos humanos y un agravamiento de la crisis humanitaria tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania ocupada. El informe reúne antecedentes de organismos internacionales y autoridades palestinas sobre la situación al 8 de julio de 2026.

Entre los principales antecedentes, el reporte destaca un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que concluye que Israel ha llevado a cabo un ataque deliberado contra niños palestinos desde octubre de 2023. Asimismo, recoge documentación de la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, que acusa a las fuerzas israelíes de utilizar de manera sistemática fuerza letal contra niños y adolescentes en Cisjordania, además de obstaculizar el acceso de equipos médicos para atender a menores heridos.

El documento también informa que expertos de Naciones Unidas solicitaron la liberación inmediata del doctor Hussam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan, detenido desde diciembre de 2024 sin cargos ni juicio. Los relatores especiales manifestaron preocupación por las denuncias de tortura y por el deterioro de su estado de salud, señalando que su caso refleja los ataques contra el personal sanitario palestino.

Respecto de la situación en Gaza, el reporte sostiene que, desde la entrada en vigor del acuerdo de cese al fuego, han sido asesinados 1.084 palestinos y otros 3.491 han resultado heridos. Además, señala que el número total de víctimas desde octubre de 2023 asciende a 73.110 personas fallecidas y 173.599 heridas, mientras continúan las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria y el deterioro de las condiciones de vida de la población desplazada.
El informe dedica un apartado a la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania, tras las declaraciones del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien aseguró que su gobierno ha aprobado más de 100 nuevos asentamientos. Según el documento, esta política profundiza la anexión de facto del territorio palestino y aumenta la violencia ejercida por colonos contra la población civil.

Asimismo, se reporta la continuidad de redadas militares y ataques de colonos en distintas localidades de Cisjordania, con allanamientos, detenciones, restricciones de movimiento y agresiones contra civiles y sus propiedades. Entre los hechos consignados figura la muerte del adolescente palestino Amir Jaber, de 15 años, durante una redada militar en Ramallah.

Finalmente, la Embajada advierte que la retención por parte de Israel de los ingresos fiscales palestinos ha profundizado la crisis financiera del sistema de salud en Cisjordania, provocando el cierre de centros de atención primaria, escasez de medicamentos esenciales y la postergación de cirugías y otros procedimientos médicos.

“Esto no fue algo de buena voluntad sino que es una ley que respalda a lo que es la UBAFI”, explica Marisol Rodríguez, presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, precisando que su creación es el resultado de un mandato legal bajo la ley de Reajuste del Sector Público 2026.

entre las demandas que hoy exigen está la restitución de la UBAFI, la urgencia de implementar un banco de huella genética sin una condición previa de abrir un proceso judicial y la garantía de acompañamiento tanto jurídico como en materia de bienestar psicológico.

La Subsecretaría de Derechos Humanos canceló la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares que comenzó a funcionar en febrero de este año.

El objetivo de la Unidad estaba pensado para realizar las investigaciones administrativas solicitadas por el poder judicial, brindar acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas y crear un banco de huella genética.

“Esto no fue algo de buena voluntad sino que es una ley que respalda a lo que es la UBAFI”, explica Marisol Rodríguez, presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, precisando que su creación es el resultado de un mandato legal bajo la ley de Reajuste del Sector Público 2026:

“Lamentablemente quedamos en 0”, dice la dirigenta frente a otra fallida respuesta por parte del gobierno de turno que contrasta con las más de 4 décadas de adopciones irregulares en Chile y cuya indagación no cuenta con el necesario respaldo para la recopilación de información y de reparación:

El ministro a cargo, Alejandro Aguilar, investiga desde los años 60 al 2005, acota la presidenta, y “se refiere en un momento que después del 83’ hay más de 23 mil niños que se sacaron desde Chile (…) Deben haber más de 40 mil o más afuera, además de los que están en Chile”:

Más aún, el mismo 22 de junio cuando dicha unidad se disolvió por la resolución exenta N° 207 del Ministerio de Justicia, el gobierno de Noruega emitió un informe “Responsabilidad, riesgo y confianza”, precisa que 314 niños y niñas chilenos, fueron víctimas de adopciones forzadas o irregulares.

“Cuánto les cuesta un hijo”

“Esto ha sido tierra sobre tierra”, expresa Rodríguez, señalando que desde el inicio de la organización han logrado llevar cerca de 400 encuentros, pese a no tener aún, después de más de 10 años, ni siquiera un lugar físico propio para llevar a cabo su misión. “Si llevamos esa cantidad que más vamos a pedir que el Estado se haga cargo y que podría encontrarlos a todos”, plantea: 

Las madres vulneradas, víctimas de la adopción forzada, hoy son mujeres de avanzada edad y varias han fallecido. En tal estado de impunidad, algunas se han enterado que sus hijos están vivos al solicitar, por ejemplo, el beneficio de Bono por Hijo, relata Marisol Rodríguez:

“Muchos de ellos están en extranjero y tienen doble identidad, dos nombres porque no fueron adoptados legales en Chile, precisa la dirigenta sobre quienes fueron arrebatados de sus madres y sobre la alta tasa de suicidio asociada: “(que) ellos busquen a sus familias y se encuentren que no fueron adoptados legalmente, que fueron robados que hay una madre sufriendo, que lo que le contaron toda su vida es una mentira es realmente fuerte y es doloroso”.

Desde la subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Pablo Mira se indica que esta cancelación responde a una reestructuración, apuntando a su vez, a la no existencia de requerimientos legales para dar razón al funcionamiento de las investigaciones administrativas. “Hay una  justificación que no hay un trabajo que se esperaba apuntando al costo. A las personas que tomaron esta decisión les pregunto, cuánto les cuesta un hijo”, interpela la dirigenta:

Si bien son más de 20 países los que han emitido sobre las adopciones forzadas de niñas y niños chilenos, la presidenta de Hijos y Madres del Silencio precisa que pudieran activarse requerimientos tras el reciente informe del gobierno noruego y que están en conversación con parlamentarios para abordar el cierre de la unidad.

Asimismo remarcó que entre las demandas que hoy exigen está la restitución de la UBAFI, la urgencia de implementar un banco de huella genética sin una condición previa de abrir un proceso judicial: “Hay muchas personas que son apropiadas o que están fuera de Chile y que no quieren hacer una denuncia porque creen que va a afectar a sus padres de corazón como le llaman ellos y que no son adoptivos porque no hay un proceso legal”

“Eso es de suma importancia dado que están falleciendo nuestras madres”, enfatiza Marisol Rodríguez, junto con remarcar la necesidad de garantizar acompañamiento tanto jurídico como en materia de bienestar psicológico: “Hay un gran problema de salud mental dentro de las búsquedas. Es muy fuerte, necesitamos acompañamiento psicológico y se necesita un lugar para poder realizar los encuentros”.

Por Sebastián Rojas, Presidente de la FEUCSC

El gobierno de José Antonio Kast, presentó un proyecto de ley para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y reponer “el mérito académico”. El proyecto pretende instalar dos nuevas modalidades de elección, la primera; a través de una elección mutua voluntaria, donde el estudiante y el establecimiento se eligen “mutuamente”, evaluando criterios “objetivos” y alineados con su proyecto educativo, y la segunda, de manera aleatoria, para aquellos establecimientos educacionales que no adscriban al primero y para las vacantes que queden luego de la elección. 

Sin duda alguna, este proyecto de ley viene a demostrar una vez más la intención de este gobierno con la educación pública: desfinanciarla, desmantelarla y hacerla retroceder años de avances.

El debate sobre el Sistema de Admisión Escolar -totalmente legítimo- ha dejado de ser una discusión técnica bajo este gobierno, para trasladarse hacia una declaración de principios. La propuesta de reformar el SAE. no busca perfeccionar el diseño del sistema, sino que, busca consolidar un portazo definitivo a la educación pública chilena, sepultando el deber del Estado como garante de un derecho social.

Bajo la falsa retórica del mérito y la libertad de elección, se pretende volver al discriminatorio sistema de selección, donde los establecimiento educacionales elijan a dedo quienes son los estudiantes que cumplen con sus requisitos, criterios y estándares. Edificando así, una educación pública desigual, que mira antes de educar, el bolsillo, la vestimenta, el apellido o el origen socioeconómico de los padres. No se está devolviendo la oportunidad de elegir, se está brindando la facultad de segregar.

Desde su entrada en vigencia, el Sistema de Admisión Escolar buscó impedir la discriminación arbitraria basada en las características socioeconómicas o culturales de los hogares. Su objetivo fue avanzar hacia un modelo menos segregador, resguardando el derecho preferente de los padres y apoderados a escoger el establecimiento educacional para sus hijos, bajo reglas justas.

Fortalecer la educación pública es un deber del Estado. Renunciar a ella, es pavimentar el camino hacia la privatización del malestar social, instaurando la política del “sálvese quien pueda”, donde las instituciones educativas tendrán la potestad de imponer barreras y dar la espalda a quienes más lo necesitan.

Lamentables son las prioridades de este gobierno, que, en vez de legislar a favor de las grandes mayorías, fortaleciendo la educación, su acceso y diseño, pretende cumplir un capricho ideológico, y darle una vez más un portazo a la educación pública.

Los presidentes de los partidos de oposición, junto a los jefes de bancada de ambas Cámaras, ratificaron este jueves la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional respecto del proyecto de reconstrucción nacional o megareforma tributaria, tras sostener una reunión de trabajo con abogados constitucionalistas.

La declaración conjunta señala que, luego de escuchar la opinión de los expertos, existe la convicción de que diversas disposiciones del proyecto, tanto en materia tributaria como medioambiental, deben ser revisadas por el Tribunal Constitucional. Asimismo, se informó que diputados y senadores presentarán los requerimientos una vez concluida la tramitación de la iniciativa en el Senado.

Tras el encuentro, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, destacó el trabajo desarrollado por las distintas colectividades y valoró el acuerdo alcanzado. “Lo que hay en esto es un esfuerzo de todos los partidos que formamos parte de esta mesa para, desde el ángulo y la identidad que cada uno tiene, contribuir”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que este proceso fortalece la construcción de una convergencia unitaria entre las fuerzas opositoras. “La diversidad es una cualidad y no un defecto. Eso es algo que tenemos que seguir cultivando”, señaló, destacando que el desafío común es resguardar los derechos de las chilenas y los chilenos.

En la declaración, las colectividades reafirmaron además su compromiso de seguir trabajando de manera unitaria y responsable, respetando la diversidad de los partidos y priorizando la defensa de los derechos de la ciudadanía.

La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual Grau dijo estar “profundamente preocupada”, ante las descoordinaciones que ha mostrado la oposición durante la última semana de cara a la tramitación de la megarreforma. 

“Lo primero es eso, preocupación por un espacio bilateral que no da cuenta de una actuación en unidad, pero lo segundo es que siempre planteamos los comunistas y tuvimos coincidencias con todos los partidos de la oposición incluído el PPD, que esta reforma tiene nudos críticos que son muy complejos”, sostuvo la senadora. 

En los  “nudos críticos de la megarreforma” se cuentan, la rebaja de la tasa corporativa, el perdonazo en la repatriación de capitales, la rebaja a las donaciones y herencias, la indemnización de proyectos rechazados por RCA, la exención de las contribuciones y por último la invariabilidad tributaria, que fue modificada tras un acuerdo entre la bancada PPD y el gobierno. 

Todo parece apuntar a que la oposición recurrirá al Tribunal Constitucional por distintos artículos, cuestión que se ha debitado desde el primer día asegura la senadora.  

Claudia Pascual señala, “ya cuando paso por la cámara de diputados, se evaluaron los temas que eran inconstitucionales, los ámbitos de invariabilidad tributaria, las preocupaciones procedimentales en los temas medioambientales (…) el carácter misceláneo, por lo tanto esto lo hemos advertido”.         

La senadora apunta a que, “el proyecto entero es regresivo”, por tanto cualquier acuerdo al que se llegué con el gobierno para “mejorar” la megarreforma es fútil y sostiene que existe una profunda diferencia política con el corazón del proyecto. 

“Va deconstruyendo lo que se ha avanzado en el país en distintas materias y en particular en el ámbito de la recaudación fiscal” comenta Pascual, agregando, “¿cómo se financian las políticas públicas si no es a través de los impuestos?  

Respecto a la unidad de la oposición y las descoordinaciones vividas durante la última semana, la senadora comenta que es necesario mantener una conversación franca para hacer frente a la megarreforma tributaria y el plan laboral, sobre el cuál el ejecutivo a dado señales claras. 

Durante la mañana de este jueves, presidentes de los partidos políticos de la oposición, junto a sus jefes de bancadas y abogados constitucionalistas. Tras este encuentro, se espera que se pronuncien como oposición respecto a las reservas constitucionales y las descoordinaciones o diferencias que han sostenido durante esta última semana.

El parlamentario informó que solicitó personalmente al ministro del Interior decretar la medida, advirtiendo que la Alerta Roja resulta insuficiente frente al riesgo de inundaciones, remociones en masa, cortes de caminos y daños a viviendas e infraestructura crítica.

El senador por la Región de Los Ríos, Iván Flores, solicitó al Gobierno decretar Zona de Catástrofe para la comuna de Corral y las comunas costeras de la región, luego de los graves daños que ha provocado el intenso sistema frontal y ante el complejo escenario meteorológico previsto para las próximas horas.

Tras conversar con el ministro del Interior, el parlamentario sostuvo que la magnitud de la emergencia exige una respuesta extraordinaria del Estado y afirmó que la sola Alerta Roja no entrega las herramientas suficientes para enfrentar una situación que podría agravarse considerablemente.

“La Alerta Roja permite movilizar algunos recursos y facilitar la gestión administrativa, pero la Zona de Catástrofe es lo que corresponde. Es la herramienta que permite movilizar recursos extraordinarios, acelerar las decisiones y poner toda la prioridad del Estado donde hoy más se necesita”, señaló Flores.

El senador explicó que el escenario es especialmente complejo debido a que las lluvias ya han provocado desbordes de ríos, interrupciones de caminos, personas aisladas y afectación de servicios básicos. A ello se suma el pronóstico de nuevas precipitaciones durante las próximas horas, con acumulados cercanos a 70 milímetros en Corral y Valdivia, además de intensas rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora en el borde costero.

“Estamos frente a una combinación extremadamente peligrosa. El suelo ya está completamente saturado y, con el viento que se espera, aumenta considerablemente el riesgo de caída de árboles, cortes de caminos, pérdida de puentes, interrupción del suministro eléctrico y remociones en masa. Incluso podrían generarse aluviones si árboles y material bloquean los cursos de agua”, advirtió.

Flores manifestó además su preocupación por la elevada isoterma cero pronosticada para la cordillera, fenómeno que provocará que gran parte de las precipitaciones caigan en forma de lluvia incluso en sectores de alta montaña.

“Eso significa que enormes volúmenes de agua bajarán desde la cordillera arrastrando troncos, piedras y sedimentos, aumentando el riesgo para las viviendas, caminos e infraestructura ubicada aguas abajo. Es un escenario que requiere anticipación y no esperar a que ocurran tragedias”, enfatizó.

El parlamentario insistió en que la declaración de Zona de Catástrofe permitiría disponer con mayor rapidez de recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia, fortalecer la coordinación entre los distintos organismos del Estado y acelerar las ayudas a las familias afectadas.

“He insistido al ministro del Interior que decrete la Zona de Catástrofe de inmediato, para que desde mañana exista un sistema de respuesta completamente distinto, con todos los recursos donde tienen que estar. Lo que está ocurriendo en nuestra región es extremadamente grave y debemos actuar antes de que las condiciones empeoren”, concluyó.

Durante las últimas horas, el sistema frontal ha provocado anegamientos, desbordes de cauces, interrupciones de conectividad y afectación de viviendas en distintos puntos de la Región de Los Ríos. Las autoridades mantienen monitoreo permanente debido a que las condiciones meteorológicas podrían intensificarse durante la noche y la jornada siguiente, especialmente en el litoral y sectores precordilleranos.

Una gran alarma generó en Chile semanas atrás, el preinforme de Contraloría sobre el desconocido paradero de 200 niños haitianos quienes finalmente fueron localizados por la Policía de Investigaciones.

Sin embargo, las especulaciones vertidas en torno a un posible caso de trata de personas o tráfico de órganos, han ocasionado graves efectos, señala la presidenta del Colegio de psicólogas y Psicólogos de Chile, Francisca Pesse.

“Hay ciertos discursos en relación a las niñeces y a la adolescencia que generan mucho ruido. Nosotros como profesionales de la salud, nos llama la atención cómo se utiliza a este grupo etario para hacer política”, concluye la dirigenta acerca de este caso y sobre las modificaciones en curso a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.