“Tres ataques aéreos perpetrados por Israel en el sur de Líbano en marzo de 2026 que mataron a 24 personas civiles —12 de ellas menores— aniquilando a familias enteras deben investigarse como crímenes de guerra”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La organización ha investigado tres ataques israelíes que destruyeron viviendas civiles en el barrio de Al Thakana del distrito de Tiro, el pueblo de Irkay del distrito de Saida y el barrio de Al Rahbat del distrito de Nabatieh, perpetrados los días 6, 12 y 13 de marzo respectivamente, y que causaron la muerte de 12 menores de entre cinco y 16 años, seis mujeres —una de ellas embarazada— y seis hombres. Al menos otras 18 personas resultaron heridas.
Basándose en los datos recabados, Amnistía Internacional tiene motivos razonables para concluir que, en cada uno de estos ataques aéreos, las fuerzas israelíes violaron el derecho internacional humanitario al no distinguir entre objetivos civiles y militares, realizar ataques dirigidos contra civiles o bienes de carácter civil o no tomar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo el daño a la población civil.
“En tan solo una semana, el ejército israelí aniquiló familias enteras —incluidos doce niños y niñas— en Líbano, demostrando un cruel desprecio hacia las vidas civiles. ¿Cuántas familias más tendrán que sacar de los escombros restos de los cuerpos de sus hijos e hijas antes de que termine este devastador ciclo de crímenes de guerra? La comunidad internacional debe actuar ya: los Estados deben imponer un embargo de armas integral e inmediato a Israel y usar la jurisdicción universal y extraterritorial para investigar y enjuiciar a los responsables”, dijo Kristine Beckerle, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Crece el temor de que el reciente acuerdo entre Israel y Líbano, promovido por Estados Unidos, se convierta en un nuevo impedimento para la justicia, cerrando a las víctimas el acceso a la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. Los desgarradores testimonios de sobrevivientes y testigos de estos ataques ofrecen una escalofriante visión de lo que significa en la práctica la impunidad total de los ataques ilegítimos de Israel”.
“Las autoridades libanesas deben actuar con decisión y dar a la Corte Penal Internacional jurisdicción sobre los crímenes que se cometen en su territorio y respaldar las iniciativas de justicia internacional iniciando unas investigaciones nacionales creíbles e independientes sobre crímenes de derecho internacional. Sin una acción coordinada —nacional e internacionalmente— el ciclo de crímenes de guerra e impunidad continuará sin un final a la vista”.
Según el gobierno libanés, entre el 2 de marzo, cuando el conflicto se intensificó, y el 29 de junio, han perdido la vida en Líbano 4.257 personas, de las que más de 250 son niños y niñas. Según informes de medios israelíes, al menos dos civiles murieron en Israel y, en el sur de Líbano, no menos de 39 soldados.
Para esta investigación, Amnistía Internacional entrevistó a 15 personas entre sobrevivientes, familiares, paramédicos, periodistas que visitaron los lugares de los ataques y autoridades locales. El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional analizó imágenes de satélite y verificó 20 fotografías y 11 vídeos compartidos directamente por las fuentes o publicados en las redes sociales. El equipo de investigación también examinó las redes sociales israelíes y libanesas para comprender el contexto en el que se produjo cada ataque y buscar indicios de posibles conexiones con Hezbolá entre las víctimas.
Amnistía Internacional escribió a las autoridades israelíes el 12 de junio solicitando información sobre nueve ataques perpetrados en Líbano, incluidos estos tres, y pidiendo aclaraciones sobre los objetivos militares seleccionados y las medidas adoptadas para evitar, reducir al mínimo, investigar o reparar los daños a la población civil. En su respuesta del 22 de junio, las autoridades israelíes afirmaron que habían “revisado las denuncias presentadas”, que algunos ataques “se efectuaron contra objetivos militares de Hezbolá”, mientras que otros habían sido “remitidos para ser examinados”. Asimismo, declararon que están “comprometidos con mitigar los daños a la población civil durante las actividades operativas” y que Hezbolá “aprovecha sistemáticamente infraestructura civil para fines militares”. Pese a esta respuesta, el ejército israelí no facilitó información concreta sobre los tres ataques que se documentan a continuación, como cuáles podrían haber sido los objetivos.
El derecho internacional humanitario exige que las partes distingan en todo momento entre objetivos militares y población civil o bienes de carácter civil, y que dirijan sus ataques únicamente contra objetivos militares. Además de prohibir los ataques directos contra la población civil o bienes de carácter civil, el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques indiscriminados que no distinguen entre objetivos militares y población civil o bienes de carácter civil. Las partes en un conflicto deben asimismo asegurarse de evitar causar daños a la población civil y a los bienes de carácter civil, lo que incluye tomar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo los daños incidentales a la población civil y los daños a bienes de carácter civil. Esto incluye hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se prevé atacar son objetivos militares y detener los ataques si se hace patente que están dirigidos contra objetivos equivocados o que son desproporcionados.
‘Pasé tres días recogiendo restos de cuerpos’
El 6 de marzo, hacia las 3.50 de la tarde, hora local, un ataque aéreo israelí alcanzó la vivienda de Hassan Saleh en el barrio de Al Thakana del distrito de Tiro, en la costa meridional de Líbano. El ataque destruyó la casa y mató a ocho miembros de la familia, todos civiles, tres de ellos menores de edad, que estaban presentes. Además, causó heridas a otras seis personas, también civiles, tres de ellas de gravedad, miembros de la familia extensa y una trabajadora doméstica migrante, en una casa próxima.
El ataque, realizado sin previo aviso, causó la muerte de Hassan Saleh —un hombre retirado de unos sesenta años que recibía tratamiento para el cáncer—, su esposa Fatimah Saleh, su hijo Zein al Abidin, de 14 años, y su hija Roqaya, de 11. El ataque también mató a Haniya, hermana de Fatimah, que estaba embarazada de tres meses, y a su hija Sara, de cinco años, así como a Kadija y Samira, dos tías de Fatimah y Haniya.
Hussein Saleh, el único miembro de la familia que sobrevivió, no estaba en la casa en el momento del ataque y contó a Amnistía Internacional que él, su esposa Haniya y su hija Sara se habían refugiado en la vivienda familiar porque pensaron que era segura. Las personas que vivían en la vivienda familiar no recibieron ninguna llamada de advertencia para evacuar, pese a que muchas otras viviendas de la zona de Tiro donde residían sus habitantes sí habían sido alertadas previamente.
La víspera, 5 de marzo, el ejército israelí había emitido órdenes de “evacuación” masiva generales en las que conminaban a todas las personas que vivían en el sur de Líbano, incluidas las residentes de la ciudad de Tiro, a que se marcharan para “garantizar [su] seguridad”. Según la orden, cualquiera que se dirigiera hacia el sur “ponía[su] vida en peligro”. Hussein dijo que su familia no pudo marcharse inmediatamente de la ciudad de Tiro porque seis de sus parientes tenían problemas de salud o padecían una enfermedad.
Estas órdenes de evacuación masiva, excesivamente generales y carentes de información clara sobre rutas seguras, destinos, plazos de los ataques y cómo alejarse de los objetivos militares que van a ser atacados, no constituyen avisos efectivos por adelantado. Emitir estas órdenes no da a las fuerzas armadas israelíes el derecho a tratar estas zonas como áreas de fuego libre ni las eximen de sus obligaciones de respetar el derecho internacional humanitario, distinguir entre objetivos militares y civiles, y adoptar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo el daño a la población civil.
Hussein había ido al mercado a comprar comida antes del iftar cuando se produjo el ataque. Regresó apresuradamente a la vivienda familiar cuando oyó el ataque y vio de dónde procedía la columna de humo. Así describió lo que vio al llegar:
“No quedaba rastro de la casa, no había paredes ni bloques y los restos de los cuerpos estaban esparcidos en el suelo… Pasé tres días recogiendo restos de cuerpos […] No había ningún objetivo militar en absoluto. Todos eran mujeres y niños y niñas… Destruyeron mi vida entera. ¿Por qué no nos avisaron? […] Sara, mi hija, lo era todo para mí”.
El laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional verificó dos vídeos que compartieron testigos. Uno de ellos mostraba a personal de primera intervención con una bolsa para cadáveres y otro, el solar vacío donde estaba la vivienda de la familia. Una fotografía publicada por los medios de comunicación muestra un cráter en el lugar. El análisis de imágenes de satélite confirma que el edificio fue destruido entre las mañanas del 6 y el 8 de marzo de 2026. Tanto el cráter como los daños visibles eran compatibles con un ataque aéreo.
La investigación de Amnistía Internacional no encontró indicios de que hubiera objetivos militares presentes en el momento del ataque. El paramédico Moussa Chaalan, que fue una de las primeras personas que llegó al lugar después del ataque, dijo:
“Este es un barrio residencial […] no quedó nada de la casa. Los restos de cuerpos estaban esparcidos incluso a 200 metros del lugar del impacto”.
Una autoridad local también dijo que la familia Saleh eran civiles, que la zona atacada era un barrio residencial y que no había actividad militar ni objetivos militares presentes en ella.
El ataque destruyó una vivienda civil y mató a ocho personas civiles, cuatro mujeres y tres menores entre ellas, sin previo aviso. Basándose en las pruebas, Amnistía Internacional tiene motivos razonables para concluir que este ataque fue un ataque directo contra la población civil o bienes de carácter civil, o un ataque indiscriminado, y debe ser investigado como crimen de guerra.
Aparte de emitir una orden de evacuación masiva la víspera del ataque, las autoridades israelíes no han confirmado ni negado que llevaran a cabo este ataque ni han publicado ninguna declaración en la que ofrecieran una explicación. En sus respuestas a Amnistía Internacional, las autoridades israelíes dijeron que las “denuncias han sido remitidas para ser examinadas”.
‘Murieron las cuatro hijas’
El 12 de marzo, hacia las 2.20 de la tarde, un ataque aéreo israelí contra el pueblo de Irkay, en el distrito de Saida, que marca la entrada al sur de Líbano, destruyó la vivienda de Rida Taqi, mató a siete miembros civiles de la familia, cuatro niñas entre ellos, e hirió a otros cinco, uno de ellos menor. El ataque, efectuado sin previo aviso, también dañó la casa adyacente, de la hija de Rida Taqi y mató a su esposo y a su hijo de 12 años, causándole heridas a ella y a su cuñado, todos civiles.
Mohamad Taqi, de 54 años, que sobrevivió al ataque, perdió a sus cuatro hijas: Zeinab, de 14 años; Zahraa, de 12; Malika, de nueve, y Yasmina, de seis. El ataque también mató a su madre, Zeinab Nasser, de 78 años; a su padre, Rida Taqi, de 83; y a su hermano, Ahmad Taqi, de 52.
Mohamad Taqi trabaja en el puerto de Beirut y dirige la explotación ganadera de su familia junto con su hermano Ahmad en el pueblo de Irkay. Tras la escalada de la guerra, se trasladó con su familia a la casa de su padre, pensando que sería más segura porque estaba en el centro del pueblo.
En el momento del ataque, Mohamad estaba en el porche con unos familiares, mientras sus cuatro hijas, el primo de estas de 11 años y su abuela (la madre de Mohamad) estaban dentro de la casa.
Después del ataque, en cuanto pudo moverse, dijo, empezó a buscar a sus familiares bajo los escombros:
“Cuando pude ponerme de pie, empecé a buscar a las niñas y a mis padres […] Encontré a Yasmina. Aún tenía un hálito de vida. Su respiración era lenta. Los paramédicos la sacaron y la llevaron al hospital. A Malika ya no le quedaba vida. Los paramédicos también la sacaron”.
“En el dormitorio donde cayó el misil no pude encontrar ni rastro de Zeinab ni de Zahraa. Los paramédicos encontraron después restos de sus cuerpos y los recogieron. Cuando perdí la esperanza de encontrarlas vivas, fui al hospital. Estaba herido en la cabeza, un ojo y la cara”.
El paramédico local Mohamad Chakaroun dijo que en cuanto su equipo se dio cuenta de que el ataque aéreo había alcanzado el centro del pueblo, supieron que habría un gran número de víctimas civiles. Llegaron al lugar unos cinco minutos después del ataque:
“Encontramos el cuerpo de la abuela [Zeinab Nasser] encima del de su nieta. Murió, pero su nieta [de 11 años] sobrevivió, aunque con heridas graves. Sacamos a la niña y la llevamos al hospital […] Dimos otro paso, encontramos al hijo [de Zeinab] muerto [Ahmad Taqi]. Tenía una herida en la cabeza […]. Murieron las cuatro hijas de Mohamad Taqi. Encontramos restos de los cuerpos de las niñas”.
El Laboratorio de Pruebas de Amnistía verificó siete vídeos compartidos por fuentes que mostraban el edificio destruido y estructuras dañadas en las proximidades. Las imágenes de satélite confirman que fue destruido entre las mañanas del 10 y el 17 de marzo de 2026. La destrucción visible es compatible con un ataque aéreo.
Tras el ataque, el ejército israelí dijo al periódico The Observer que el 12 de marzo había bombardeado “operativos terroristas de Hezbolá” en Irkay y acusó a esta organización de usar escudos humanos, aunque no facilitó ninguna prueba que respaldase sus afirmaciones. Amnistía Internacional escribió a las fuerzas armadas israelíes preguntando por este ataque concreto, incluidos los presuntos objetivos. En su respuesta, las autoridades israelíes dijeron que se había remitido la denuncia para ser examinada.
Aun en el caso de que Israel hubiera tenido la intención de atacar a alguien a quien considerase objetivo militar, los medios y el método de este ataque contra una vivienda civil llena de civiles lo habría convertido en un ataque indiscriminado.
La investigación de Amnistía Internacional no encontró pruebas de la presencia de ningún objetivo militar en el momento del ataque. El ataque destruyó una vivienda civil, dañó otra y mató a nueve personas civiles, cinco menores entre ellas, sin previo aviso.
Basándose en las pruebas, Amnistía Internacional tiene motivos razonables para concluir que este ataque fue un ataque directo contra la población civil o bienes de carácter civil, o un ataque indiscriminado. En cualquiera de los dos casos, debe ser investigado como crimen de guerra.
“Ha desaparecido toda una familia, como si nunca hubiera existido”
El 13 de marzo, entre las 8.00 y las 8.30 horas de la noche (hora local), un ataque aéreo israelí contra una vivienda del barrio de al Rahbat, en el distrito de Nabatieh, mató a siete civiles, entre ellos Qais Basma, su esposa, Blandine Jaber, y sus cuatro hijos e hijas —Hassan, Hussein, Abbas y Helene—, de entre siete y 16 años de edad. El ataque, que se hizo sin previo aviso, también mató a su vecino Hussein Mohamad Bitar e hirió al menos a cinco personas en los edificios próximos.
Una familiar de Qais Basma, Tahiya Basma, dijo a Amnistía Internacional que Qais era pintor de casas, un hombre trabajador que apenas llegaba a fin de mes:
“Era padre de cuatro criaturas que aún iban a la escuela […] Nuestra pérdida es inmensa. Ha desaparecido toda una familia, como si nunca hubiera existido. No queda nadie. La noticia fue impactante. La casa familiar donde vivía también fue destruida. Era una casa tradicional libanesa que pertenecía a sus abuelos donde habían crecido generaciones”.
Abdul Latif Bitar, mukhtar (representante del gobierno local) que además es paramédico con la organización Al Risala Scouts y primo de Hussein Mohamed Bitar —que murió en el ataque—, dijo que se dirigió al lugar tras oír el ataque y ver humo:
“Oímos aviones de guerra y drones, presentes constantemente en nuestros cielos. Luego oímos el ataque; solemos esperar tres minutos antes de dirigirnos al lugar, previendo un posible segundo ataque o una andanada ‘cinturón de fuego’”.
“La casa, que tenía dos plantas estaba reducida a escombros […] El primer cuerpo que sacamos fue el de uno de sus hijos […] Luego recuperamos a otros dos niños, pero estaban destrozados. El cuerpo de Qais y el de su esposa estaban intactos… También sacamos a […] Hussein […] Estaba vivo, pero murió en el hospital una hora después”.
Un familiar de Hussein Mohamad Bitar y amigo cercano de Qais dijo que Hussein era electricista y que también vivía en el barrio de Al Rahbat, apenas a unos bloques de la casa de Qais.
Tres personas entrevistadas dijeron a la organización que habían oído drones y el sonido de un avión antes del ataque.
El Laboratorio de Pruebas de Amnistía verificó 19 fotografías y dos vídeos que mostraban el edificio destruido y estructuras dañadas en las proximidades. Imágenes de satélite de menor resolución muestran que el edificio quedó reducido a escombros entre el 10 y el 17 de marzo de 2026. Las imágenes de los daños son compatibles con un ataque aéreo.
Las autoridades israelíes no han confirmado ni negado que llevaran a cabo este ataque ni han publicado ninguna declaración en la que ofrecieran una explicación. En sus respuestas a Amnistía Internacional, las autoridades israelíes dijeron que la denuncia había sido remitida para ser examinada.
La investigación de Amnistía Internacional no encontró indicios de la presencia de ningún objetivo militar en el momento del ataque. Todas las personas con las que habló Amnistía Internacional, incluidos los dos mukhtars de la ciudad de Nabatieh, dijeron a la organización que todas las personas presentes en la casa en el momento del ataque eran civiles. El mukhtar local Abdul Latif Bitar dijo: “No hay absolutamente ninguna presencia militar en la zona; este es un barrio de viviendas y no había armas en el lugar donde se encontraba la casa objeto del ataque”.
El ataque destruyó una vivienda civil, dañó a otras en las proximidades y mató a siete personas civiles, cuatro de ellas menores, sin previo aviso.
Basándose en las pruebas, el ataque fue un ataque directo contra la población civil o bienes de carácter civil, o un ataque indiscriminado, y debe ser investigado como crimen de guerra.
“Estos tres devastadores ataques son parte de un patrón documentado de ataques ilegítimos israelíes realizados en Líbano en un contexto de ausencia total de rendición de cuentas. La impunidad persistente de los ataques ilegítimos corre el riesgo de normalizar violaciones graves del derecho internacional humanitario y transmite el peligroso mensaje de que las fuerzas israelíes pueden seguir matando e hiriendo ilegítimamente a civiles sin que nadie las detenga y sin ninguna perspectiva de justicia ni de reparación”, concluyó Kristine Beckerle.
