Con un 37% de menciones, la inquietud por el mercado laboral se sitúa 8 puntos porcentuales por encima del registro global (29%) y supera la media de Latinoamérica (35%).

La empresa líder de investigación de mercados Ipsos lanzó su informe mensual “What Worries the World?” (Preocupaciones del Mundo), que recogió la percepción de alrededor de 25 mil personas en 30 países, incluido Chile, sobre los temas que generan mayor inquietud en la ciudadanía.
A nivel global el estudio identifica que el crimen y la violencia lideran las inquietudes mundiales con un 33%, seguidos por el desempleo y la inflación que registran un 29% cada uno.

En Chile, el crimen y la violencia se mantiene como la principal preocupación con un 59% de las menciones, lo que representa una brecha de 8 puntos porcentuales por sobre el promedio de Latinoamérica (51%).

El desempleo aparece como el segundo factor crítico a nivel local con un 37% que lo menciona, 5 puntos porcentuales más que el mes pasado y ahora supera en 2 puntos porcentuales la media regional del 35%.

En tercer lugar, la corrupción financiera y política inquieta al 31% de los chilenos encuestados, una cifra que se ubica 5 puntos porcentuales por debajo del registro de Latinoamérica, que promedia un 36% para este indicador.

Enfoque en Chile

La edición de este mes del estudio destaca que Chile experimenta un cambio de tendencia significativo tras la elección de José Antonio Kast como presidente. La proporción de ciudadanos que afirman que el país va por el camino correcto aumentó desde un 32% en noviembre de 2025 a un 44% en la medición actual. Este indicador sobre dirección del país alcanzó el pasado mes un 48%, lo que representa su nivel más alto desde octubre de 2018.

“El crecimiento económico y el empleo siguen siendo temas cruciales, con un énfasis en fomentar la expansión y la creación de empleo en medio de las persistentes preocupaciones por la desocupación laboral. Esta combinación de factores apunta hacia un importante reajuste de las políticas en Chile, lo que aporta una sensación de optimismo renovado que no se había visto en los últimos años. Veremos si se mantiene con los acontecimientos más recientes de Marzo”, analiza Nicolas Fritis, CEO de Ipsos en Chile.

Curiosamente, la mayoría de los encuestados afines políticamente tanto al gobierno anterior como al recién asumido expresan una visión positiva sobre el rumbo del país, con un 55% de adherentes de derecha y un 52% de izquierda que afirman que el Chile va en la dirección correcta. Aunque, por otro lado, sí se ve una división política respecto a dos temas que concentraron la atención durante la campaña electoral: inmigración y delincuencia.

Chile ocupa el quinto puesto entre los 30 países medidos, con uno de cada tres (30%) que dice estar preocupado por el control de la inmigración. Esto es inusual entre los países de Latinoamérica, considerando que el país que le sigue en la región es Perú, con un 9% que lo menciona. En nuestro país, un 39% de los encuestados de derecha menciona el control de la inmigración como una preocupación, frente al 17% de los de izquierda, marcando una diferencia de 22 puntos porcentuales.

En cuanto al nivel de inquietud respecto al crimen y la violencia, que preocupa a tres de cada cinco encuestados nacionales (58%) la brecha es aún mayor, con un 74% de adherentes de derecha que lo mencionan, frente al 50% de los de izquierda; es decir una distancia de 24 puntos porcentuales. En este tema Chile se muestra alineado con la región y ocupa el tercer lugar en la lista de países, detrás de México (61%) y Perú (64%).

“El aumento de los índices de delincuencia se ha convertido en un tema determinante, que influye de manera significativa en el comportamiento de la ciudadanía y marcó el debate electoral. También, el énfasis del presidente electo Kast en la inmigración ilegal como tema central de su campaña, incluyendo planes para un control fronterizo más estricto, ha tenido gran resonancia entre los ciudadanos preocupados por las repercusiones sociales”, indica Fritis.

Gobierno de Santiago lanza “Nos Compostamos Bien II”: la iniciativa trabajará con 600 organizaciones territoriales y 200 establecimientos educacionales de la RM.

El programa contempla la entrega de kits de compostaje, herramientas, capacitación y seguimiento técnico para asegurar el correcto uso de los equipos y fomentar una gestión comunitaria de los residuos orgánicos.

“Lo que buscamos es claro, que miles de personas transformen sus residuos en un recurso útil para la naturaleza y sus comunidades”, señaló el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

En muchos hogares, los restos de frutas y verduras terminan en la basura sin saber que en realidad pueden transformarse en nutrientes para la tierra. De ahí surge la idea que impulsa “Nos Compostamos Bien II”, la nueva etapa del programa del Gobierno de Santiago ejecutado junto a Geociclos, que busca cambiar la forma en que las personas manejan sus residuos orgánicos, promoviendo el compostaje comunitario en la Región Metropolitana.

“Ya vivimos una experiencia exitosa con siete mil composteras individuales, logrando evitar que cerca de ciento cuatro mil toneladas de residuos llegaran a rellenos sanitarios. Hoy damos un nuevo paso con este proyecto comunitario, de más de mil millones de inversión. Queremos invitar a juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, iglesias y establecimientos educacionales a postular por una de las ochocientas composteras comunitarias disponibles”, comentó el gobernador Claudio Orrego.

La iniciativa también incluirá campañas de sensibilización, material educativo y actividades de capacitación para fortalecer la participación ciudadana y promover una cultura más consciente respecto de los residuos. El objetivo es claro: demostrar que una parte importante de lo que hoy consideramos basura puede transformarse en un recurso valioso para la naturaleza.

Por su parte, Andrea Arriagada, jefa de proyecto y socia fundadora de Geociclos, señaló que: “Con este proyecto descomprimimos los rellenos sanitarios, bajamos los gases de efecto invernadero que se generan en los residuos, en los rellenos sanitarios y generamos compost, que es un abono. No solamente estamos contribuyendo a la sustentabilidad ambiental de la región, sino que también al fortalecimiento del tejido social de todas las comunas”.

Nos Compostamos Bien 1 La primera etapa de esta iniciativa fue un éxito: se entregaron 7.000 kits de compostaje a familias en las 52 comunas de la región, permitiendo que miles de familias comenzaran a gestionar de manera distinta los residuos orgánicos que generan a diario. El proceso incluyó acompañamiento técnico, capacitación y seguimiento por parte de monitores especializados, lo que permitió apoyar a las familias en la adopción de este nuevo hábito.

Gracias a esta práctica, se estima que 4.400 toneladas de residuos orgánicos al año no terminaron en rellenos sanitarios, transformándose en 728 toneladas de compost o humus, un fertilizante natural que puede mejorar suelos y áreas verdes. El impacto también se refleja en el clima. Vimos que la ejecución de la etapa 1 evitó la emisión de más de 2.700 toneladas de CO₂ equivalente al año, contribuyendo a reducir los gases de efecto invernadero asociados al manejo de residuos.

Además del beneficio ambiental, la experiencia demostró un cambio real en los hábitos de las personas. De acuerdo con el seguimiento del programa, los hogares participantes estimaron una reducción cercana al 38% en la generación de residuos domésticos. El compostaje aparece como una respuesta concreta frente al creciente problema de los residuos. En Chile, los residuos orgánicos representan una parte importante de la basura domiciliaria. Sin embargo, actualmente solo cerca del 1% de estos residuos se valoriza, a pesar de que pueden transformarse en compost y volver al ciclo natural. Cuando estos residuos terminan en rellenos sanitarios generan metano, un gas de efecto invernadero altamente contaminante. Por eso, promover su reciclaje se ha vuelto una acción clave frente al cambio climático.

Las autoridades israelíes deben derogar con carácter urgente las modificaciones legislativas que amplían el uso de la pena de muerte en Israel, aprobadas hoy por una mayoría de 62 miembros del Parlamento israelí; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

“Hoy, el Parlamento israelí (Knesset) ha aprobado la primera de una previsible serie de leyes para facilitar el uso de la pena de muerte, en una exhibición pública de crueldad, discriminación y desprecio absoluto de los derechos humanos. Esta reforma del Código Penal de Israel, con la introducción de la “pena de muerte para los terroristas”, amplía el ámbito de aplicación de la pena capital y facilita su uso, en un momento en que la tendencia mundial es hacia su abolición. Asimismo elimina garantías fundamentales para prevenir la privación arbitraria de la vida y proteger el derecho a un juicio justo, y refuerza aún más el sistema israelí de apartheid, mantenido mediante decenas de leyes discriminatorias contra la población palestina”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

“El hecho de que esta ley se haya aprobado el mismo mes en que la fiscalía general militar de Israel ha retirado todos los cargos contra los soldados israelíes acusados de agresión sexual a una persona palestina detenida (una decisión celebrada por el primer ministro y varios ministros) dice mucho del alcance de la deshumanización de la población palestina por parte de Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, estuvo entre quienes votaron a favor de la ley. Durante años hemos visto un alarmante patrón de aparentes ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos de personas palestinas, cuyos perpetradores también disfrutan de una impunidad casi total. Esta nueva ley que permite las ejecuciones sancionadas por el Estado es la culminación de esas políticas.”

La nueva ley crea explícitamente dos marcos jurídicos para el uso de la pena de muerte en la Cisjordania ocupada —con exclusión de Jerusalén Oriental, anexado ilegalmente— y en Israel. Los tribunales militares de la Cisjordania ocupada serán competentes para imponer la pena capital a personas palestinas declaradas culpables de homicidios deliberados en acciones definidas como actos terroristas conforme a la discriminatoria ley antiterrorista de Israel. Sólo en circunstancias especiales que el proyecto de ley no especifica, los tribunales podrán imponer cadena perpetua —y sólo cadena perpetua— en su lugar. El ministro de Defensa está autorizado a determinar si las personas acusadas de Cisjordania serán juzgadas ante tribunales militares o civiles. Las personas condenadas a muerte no tienen derecho a solicitar el indulto, lo que convierte a esta ley de pena capital en una de las más radicales del mundo.

“Al autorizar a los tribunales militares —tristemente célebres por no respetar el debido proceso y las garantías de un juicio justo, y cuya tasa de sentencias condenatorias supera el 99% cuando las personas acusadas son palestinas— a imponer la pena de muerte preceptiva y ordenar la ejecución en un plazo de sólo 90 días a partir de la sentencia definitiva, Israel se está otorgando descaradamente carta blanca para ejecutar a personas palestinas al tiempo que elimina las garantías elementales de un juicio justo”, ha dicho Erika Guevara-Rosas.

En virtud del segundo marco jurídico aplicable en Israel y en Jerusalén Oriental (anexado ilegalmente), la autoridad de los tribunales civiles para dictar condenas a muerte se ampliaría para incluir a toda persona declarada culpable de matar deliberadamente a otra con la “intención de negar la existencia del Estado de Israel”. Este requisito ideológico de la intencionalidad viene a significar que la ley ha sido concebida para actuar contra personas palestinas.

“A pesar de unas cuantas modificaciones de los borradores anteriores, toda condena de muerte impuesta en aplicación de esta ley constituiría una violación del derecho a la vida y, si se impone a personas palestinas del Territorio Palestino Ocupado, también puede constituir un crimen de guerra. La comunidad internacional debe presionar al máximo a las autoridades israelíes para que deroguen de inmediato esta ley, tomen medidas enfocadas a la abolición completa de la pena de muerte e invaliden todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid impuesto a la población palestina”, ha dicho Erika Guevara Rosas.

Información complementaria

Además de la reforma de la pena de muerte, el 24 de marzo, la comisión parlamentaria de Constitución, Ley y Justicia remitió a segunda y tercera lectura el proyecto de Ley de Tribunales (“Procesamiento de participantes en las masacres del 7 de octubre”), que dispone el establecimiento de un tribunal especial —que en la práctica funcionaría como un tribunal militar— para juzgar a las personas acusadas de participar en los ataques del 7 de octubre. Según el proyecto de ley, el tribunal será competente para imponer la pena de muerte a las personas declaradas culpables y podrá desviarse considerablemente de las normas procesales y leyes probatorias establecidas si se “considera necesario para esclarecer la verdad y hacer justicia”.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todas las circunstancias. El artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Israel es Estado Parte, protege frente a la privación arbitraria de la vida, que, junto con la tortura y otros malos tratos y castigos, está absolutamente prohibida en virtud del derecho internacional consuetudinario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

En el contexto israelí, donde el sistema de justicia —y, en particular, el sistema de justicia militar— es tristemente conocido por su carácter intrínsecamente discriminatorio contra la población palestina, y donde las declaraciones de culpabilidad se basan habitualmente en pruebas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos, el uso de la pena de muerte en virtud de tales leyes constituiría una violación del derecho a la vida y de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 Declaración Oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina

El diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, comentó la decisión del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de revertir y no solo suspender la expropiación del ex enclave alemán Colonia Dignidad que fue utilizado como recinto de tortura y exterminio durante la dictadura.

El espacio dirigido por Paul Schafer quien sometió a sus habitantes a cruentos crímenes por décadas, fue declarado monumento histórico en 2016 y el ex presidente Gabriel Boric firmó un decreto el año 2025 para expropiar 117 hectáreas de un total de 16 000, con el fin de levantar un sitio de memoria.

El terreno comprende las edificaciones donde se perpetraron los crímenes: la casa de Paul Schafer, el restaurante, el edificio de la administración y hotel, el hospital, la llamada bodega de las papas y la portería.

“Es una medida justa, necesaria, de resignificación de un centro macabro de tortura y desaparición; de abusos a niños y niñas que no se justifica de ninguna manera ese desprecio por los derechos humanos”, punutalizó el parlamentario.

“Con palabras soeces se fundamenta una decisión que claramente está en las antípodas del reconocimiento de que los derechos humanos tiene un valor supremo”, remarcó.

El problema de fondo

En otra arista, Barraza criticó la implementación de medidas vía decreto del gobierno de Kast dejando fuera la representación ciudadana en el Congreso. No obstante, luego de la decisión del ejecutivo de no aplicar el 3% del reajuste público a la cartera de Seguridad, cuestionó el argumento de la falta de medios esgrimido por el ejecutivo, dado que “pone de manifiesto que el problema nunca fue de recursos”, señaló:

“En esa perspectiva, a mi entender, es absolutamente razonable demandar y exigir que se revierta  la decisión de traspasar el costo de los combustibles a las familias”, acotó sobre el alza en ese ítem que genera depreciación en los ingresos y presión inflacionaria.

Duelo nacional

Acerca del ataque de un estudiante del centro educativo Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama que terminó con la muerte de una inspectora y cuatro personas heridas, el parlamentario señaló: “Es una tragedia inconmensurable que un estudiante ataque a otros compañeros de cursos que los deje heridos, en riesgo vital una profesora y que por ataque termina privando de la vida a una inspectora general”.

“Lo que no debe ocurrir es que se instrumentalice un hecho de estas características para una agenda propia y particular”, advirtió: “No se pueden buscar respuestas simplistas Hay que profundizar esta situaciones y tener una abordaje multidimensional y solidarizar con la familia de la profesora que perdió la vida, la que está gravemente lesionada y con las familias de los estudiantes. Esto enluta el sistema de educación en Chile y no puede ser instrumentalizado para agendas políticas de ningún sector”.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una nueva fiscalización de transparencia activa a las municipalidades. El análisis evaluó el nivel de cumplimiento de las municipalidades, en el año 2025, con la obligación que les impone la Ley de Transparencia de publicar y actualizar mensualmente una serie de información de naturaleza pública. La escala de evaluación va del 100% a 0%, siendo el 100% asignado a aquellas municipalidades que cumplieron a cabalidad con sus obligaciones de transparencia activa.

El nivel de cumplimiento de los 345 municipios alcanzó un promedio de 81,76%, lo que representa el nivel de desempeño más alto desde que se mide. Respecto del proceso de fiscalización del año 2024, cuyo resultado fue de 78,1%, se registró un aumento de 3,66 puntos porcentuales.

Sin embargo, el informe también detectó brechas relevantes en materias críticas, pese a tratarse de información que por ley debe estar disponible de forma permanente, actualizada y completa. Entre las principales falencias detectadas en áreas específicas, se advierte que la publicación de los actos y resoluciones con efectos sobre terceros —decisiones municipales que impactan directamente a personas y empresas— alcanza solo un 64,2% de cumplimiento, con numerosos casos de información incompleta, desactualizada o derechamente inaccesible.

A ello le sigue la información presupuestaria, que llega apenas a un 67,6%, concentrando los menores niveles de cumplimiento en la publicación de pasivos municipales y de corporaciones municipales. Luego, como el tercer ítem con menor puntaje, encontramos compras y adquisiciones, con un 67,8% de cumplimiento. Al respecto, los sub-ítems más críticos fueron contratación de bienes muebles y servicios, en que el cumplimiento cae drásticamente a solo un 42,5%, y contrataciones formalizadas por orden de compra, con un 61,1%.

Desde un análisis particularizado por municipalidad, se destacan 3 municipios en los que no se detectaron infracciones, logrando un 100% de cumplimiento: Curacaví, San Fabián y Punta Arenas. Por el contrario, el reporte también revela que un 12% del total de municipalidades se mantiene bajo el 65% de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, y, entre ellas, 7 municipalidades no superan el 50% de cumplimiento: San Ignacio, Malloa, Peñaflor, Antuco, Hualañé, Vichuquén y Victoria.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, advirtió que: “Es valorable el aumento en los índices de cumplimiento de las municipalidades. Me parece que es fruto de un doble esfuerzo: de los alcaldes y sus equipos de transparencia, por una parte, y, por la otra, de la incansable labor de este Consejo, tanto en la arista de la promoción, ofreciendo capacitaciones y orientación a lo largo de todo el país, como en su rol de fiscalización y sanción, que ha dado resultados concretos”.

La autoridad agregó que “No obstante lo anterior, la obligación y el objetivo de cada municipalidad debe ser el 100% de cumplimiento. Vemos que todavía persisten bajos niveles de publicidad en materias que son fundamentales para la ciudadanía. Cuando hay falencias en la publicación de información sobre presupuestos, compras o decisiones que afectan a terceros, se vulnera el derecho a saber y se debilita el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y la toma de decisiones, lo que es fundamental en una democracia”, señaló.

Desde el CPLT indicaron que la publicación de los resultados de esta fiscalización vendrá acompañada de acciones de seguimiento, exigencias de corrección y la instrucción de procedimientos sancionatorios contra aquellos municipios que presentan los niveles más bajos de cumplimiento. Asimismo, se informó que el reporte de fiscalización sería enviado a la Contraloría General de la República, para que sea usado para los fines que estime pertinentes. De esta forma, el Consejo reitera que la transparencia es una obligación legal y un derecho de las personas.

• La acción judicial, presentada tras un informe de Contraloría, acusa al edil republicano Eduardo Espinoza de viajar a Perú y participar en actividades deportivas mientras se encontraba bajo licencia médica.

Una nueva arista judicial se abrió para el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, luego de que la concejala Margarita Figueroa (PC) interpusiera una querella criminal en su contra ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago. La acción, ya admitida a tramitación, sitúa al jefe comunal en calidad de imputado por eventuales delitos de falsificación y obtención fraudulenta de prestaciones.

La acción judicial, presentada el 5 de junio de 2025, apunta a hechos ocurridos en 2024, en el contexto de un viaje a Tacna, Perú. Según el libelo, el alcalde habría hecho uso indebido de una licencia médica mientras se desempeñaba como trabajador a contrata en la misma Municipalidad de Macul.

De acuerdo con la querella, entre el 22 de febrero y el 7 de marzo de 2024, Espinoza habría presentado una licencia médica por enfermedad común que indicaba reposo total en su domicilio. Sin embargo, existirían registros audiovisuales que lo muestran participando en un partido de fútbol en Tacna, Perú, donde dirigía al equipo “Colo Colo de Todos los Tiempos”.

Además, se incorporan antecedentes que lo sitúan dirigiendo un encuentro deportivo en Arica el 2 de marzo de 2024, en el marco de una gira del equipo, lo que reforzaría la hipótesis de incumplimiento del reposo médico.

Los hechos se enmarcan en antecedentes revelados por la Contraloría General de la República, particularmente en el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), que detectó que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con reposo médico.

El documento judicial plantea que estos antecedentes podrían configurar no solo faltas administrativas, sino también eventuales delitos, considerando además el posible uso de recursos públicos asociados al pago de remuneraciones durante el período de licencia.

Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público se incluye investigar las licencias médicas del alcalde en los últimos cinco años, determinar el profesional que emitió el documento, establecer si hubo percepción de pagos durante actividades deportivas y esclarecer la existencia de un eventual perjuicio fiscal.

En la causa también figuran como testigos los exfutbolistas albos Leonel Herrera, Rodrigo “Calule” Meléndez y Esteban Paredes, cuyas citaciones ya fueron admitidas a trámite.

Asimismo, una resolución del 13° Juzgado de Garantía de Santiago confirma que el alcalde Espinoza se encuentra en calidad de imputado en el marco de esta investigación.

La concejala y querellante, Margarita Figueroa (PC), señaló que la acción judicial surge a partir de los hallazgos de Contraloría sobre funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica.

“Lo que buscamos es demostrar la verdad de los hechos, la probidad y la justicia. Muchos funcionarios que incurrieron en situaciones similares hoy no están en el servicio público, particularmente en Macul, y creemos que debe existir el mismo estándar. Nadie está por sobre la ley”, afirmó en el medio digital contrapoderchile.cl. Además, indicó que será la investigación la que permitirá confirmar o descartar la versión del alcalde, quien ha sostenido que contaba con autorización para salir del país.

En esa línea, la concejala fue enfática en señalar que la causa ha avanzado lentamente, aunque mantiene su confianza en la labor del organismo, especialmente en los próximos días, cuando el alcalde republicano Eduardo Espinoza deba prestar declaración en calidad de imputado

Finalmente, agregó que “buscamos también que nuestros vecinos y vecinas, o la gente en general, vuelva a confiar en sus autoridades, y esto se logra solo con verdad, probidad y transparencia”.

• Docente UOH advierte impacto en precios, posibles medidas del Gobierno y efectos en la economía regional.

El reciente incremento en los precios de los combustibles tendrá efectos directos y significativos en la economía chilena, especialmente en el aumento del costo de la vida. Así lo explicó el economista y docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, Pablo Peña, quien advirtió que este escenario impactará tanto a nivel macroeconómico como en los hogares.

Según el experto, los combustibles son uno de los mercados más estratégicos, debido a su incidencia transversal en la economía. “Un alza cercana al 50% en el diésel y de un 35% en las bencinas encarece toda la cadena logística, lo que inevitablemente se traduce en un aumento generalizado de precios”, señaló. En ese contexto, proyectó que la inflación podría incrementarse entre un 1,5% y un 2% mensual durante abril y mayo, presionando directamente el presupuesto familiar.

En cuanto a la respuesta de las autoridades, Peña sostuvo que el Gobierno enfrenta un complejo escenario, tanto económico como político. Por un lado, podría optar por aumentar el endeudamiento fiscal para implementar subsidios que amortigüen el impacto en los precios; por otro, trasladar el costo a los consumidores, con las consecuencias inflacionarias y sociales que ello implica. “Es una disyuntiva relevante, porque cualquier decisión tendrá diferentes costos económicos y también políticos”, indicó.

Respecto al rol del Banco Central, el académico explicó que la principal herramienta disponible es la tasa de política monetaria. En ese sentido, anticipó que, ante mayores presiones inflacionarias, el organismo podría verse obligado a incrementarla, lo que contribuiría a contener los precios, pero también a desacelerar la actividad económica.

Sobre la duración de estos efectos, Peña aclaró que, si bien pueden ser reversibles, difícilmente esto ocurriría en el corto plazo. Esto, debido a que el conflicto internacional ha afectado la producción de petróleo y gas, presionando al alza los precios globales. “Aunque Chile no compra directamente a los países en conflicto, los precios están determinados por el mercado internacional, por lo que el impacto es inevitable”, explicó.

Panorama para regiones

El panorama para las regiones, como el caso de la Región de O’Higgins, también presenta limitaciones. Al no contar con herramientas propias de estabilización, los efectos del alza de combustibles se trasladan directamente a los costos de producción y a los precios finales. No obstante, el economista indicó que, en el corto plazo, no se esperan alzas significativas en alimentos, debido a que la producción de la última temporada ya se encuentra finalizada.

Sin embargo, advirtió que un conflicto prolongado podría afectar la próxima temporada agrícola, especialmente por el aumento en los costos de fertilizantes, insumo clave en la producción agroindustrial. “Ese es un factor que podría impactar de manera más directa a la región en el mediano plazo”, puntualizó.

Finalmente, el especialista llamó a las familias a mantener atención sobre el comportamiento de los precios, particularmente en el mercado de alimentos, donde podrían concentrarse los principales efectos del escenario inflacionario.

LUIS VILLAZON LEON
ABOGADO, MASTER EN POLITICAS DEL TRABAJO Y RR.LL.

La llegada de Gabriel Boric a La Moneda estuvo cargada de una expectativa histórica: la posibilidad de iniciar, desde el gobierno y el propio Estado con la efectiva participación del sociedad civil, la superación del modelo neoliberal que ha estructurado la vida social, económica y laboral de Chile desde la dictadura. En ese horizonte, el eje de Trabajo y Seguridad Social ocupó un lugar central en su programa de gobierno, no solo por su impacto directo en las condiciones de vida de millones de personas, sino porque allí se juega una de las disputas más profundas del orden social: como se equilibran los actores en el mundo del trabajo y cómo se distribuyen las ganancias producidas, asociados a la vida laboral y social en nuestro país,  en lo concreto, el valor del trabajo.

El programa de gobierno fue explícito. Habló de trabajo decente, fortalecimiento sindical, reducción de la jornada laboral y superación del sistema de AFP. No se trataba, al menos en el plano discursivo, de simples ajustes al modelo, sino de una promesa de transformación estructural. Sin embargo, al término del mandato, una evaluación crítica obliga a constatar una tensión persistente: pese a los avances relevantes en plano de la relación laboral individual, las bases del modelo neoliberal del trabajo y la seguridad social no fueron sustantivamente alteradas.

Para comprender esta afirmación es necesario recordar qué caracteriza dicho modelo. El modelo laboral chileno no se reduce a salarios insuficientes o extensas jornadas de trabajo y altos niveles de informalidad, traducido todo en una profunda desigualdad social. Su núcleo es una arquitectura de poder diseñada por el Plan Laboral de 1979 y mantenida, con ajustes, durante la extensa transición democrática: negociación colectiva restringida al nivel de empresa, sindicatos fragmentados y con bajo poder estructural, alta flexibilidad unilateral del empleador y un Estado que fiscaliza insuficientemente y que no redistribuye poder entre los actores laborales. En materia de seguridad social, el principio es aún más claro: los riesgos sociales —vejez, enfermedad, desempleo— se gestionan de manera individual a través del mercado, transformando derechos sociales en bienes financieros.

El programa de Gabriel Boric diagnosticó correctamente este entramado. Reconoció la precarización del empleo, la debilidad estructural del sindicalismo y la crisis del sistema previsional. Incluso asumió, con un lenguaje poco habitual en programas presidenciales, que el modelo vigente era incompatible con una democracia sustantiva. El problema, entonces, no estuvo en el diagnóstico ni en el horizonte normativo declarado, sino en la dificultad —o falta de decisión política— para convertir ese horizonte en una ruptura efectiva con las reglas estructurales heredadas.

Las reformas emblemáticas del período ilustran bien esta tensión. El aumento sostenido del salario mínimo hasta los 539 mil pesos( a enero de 2026) y la aprobación de la ley de 40 horas representan avances concretos e indiscutibles en las condiciones materiales de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, estas medidas operan dentro del marco neoliberal, no contra él. Mejoran ingresos y reducen tiempos de trabajo, pero no alteran la relación de poder al interior de la empresa ni fortalecen la capacidad colectiva de negociación de los trabajadores y sus organizaciones. Son reformas redistributivas importantes, pero no transformaciones estructurales del sistema de relaciones laborales.

El punto más crítico del balance se encuentra en el marco colectivo y en el ámbito sindical. Pese a que el programa de gobierno reconocía la necesidad de fortalecer la negociación colectiva y avanzar hacia formas supraempresariales, en la práctica no se impulsó una reforma sustantiva en esta materia. La negociación ramal quedó relegada a un horizonte discursivo, siempre condicionado a una futura y favorable correlación de fuerzas. Mientras tanto, se mantuvo intacta la lógica que en la empresa está el centro del conflicto laboral, aquella que atomiza la acción colectiva y limita el poder sindical, hoy después de 4 años y terminado el gobierno no hay indicios de superación del plan laboral y tenemos un aumento de la fragmentación sindical, solo al término del mandato el gobierno decide enviar el proyecto de ley de negociación colectiva multinivel, un acto a todas luces simbólico sin viabilidad legislativa, proyecto que ya fue retirado desde el parlamento por el actual gobierno, proyecto de ley que nació muerto.

Sin sindicatos fuertes, el trabajo decente se convierte en una consigna ética más que en una realidad material. No hay salarios dignos sostenibles ni condiciones laborales equilibradas sin poder colectivo de la parte más débil de esta relación de poder. La ausencia de una reforma laboral estructural no puede entenderse solo como resultado de las dificultades parlamentarias; expresa también una decisión política de no confrontar el núcleo del modelo, aquel que define quién manda en el proceso productivo.

En materia de seguridad social, la distancia entre el programa y la práctica fue igualmente significativa. El compromiso de superar el sistema de AFP y avanzar hacia un sistema público, solidario y sin fines de lucro marcó uno de los hitos discursivos más relevantes de la campaña. Sin embargo, la reforma previsional finalmente aprobada mantuvo el corazón del sistema intacto: la capitalización individual continúa siendo el eje del financiamiento de las pensiones, ahora complementada con mecanismos solidarios. Se mejora la suficiencia de las pensiones y se introduce mayor redistribución, pero no se desmercantiliza la seguridad social.

El riesgo social sigue recayendo, en lo fundamental, sobre el individuo. El Estado actúa como corrector de desigualdades extremas, no como garante universal de derechos sociales. En este sentido, la reforma previsional representa más bien una modernización social del modelo neoliberal que su superación. Cambia y amplia modestamente sus bordes, pero no altera su lógica estructural.

Este patrón se repite en el rol asumido por el Estado en el mundo del trabajo. El programa prometía un Estado garante de derechos laborales, capaz de equilibrar relaciones estructuralmente asimétricas. En la práctica, el Estado operó principalmente como gestor de equilibrios políticos y amortiguador del conflicto social, privilegiando la gobernabilidad por sobre la redistribución del poder. La Dirección del Trabajo, por ejemplo, no fue reposicionada como un actor estratégico de transformación del sistema de relaciones laborales, sino que continuó desempeñando un rol fundamentalmente fiscalizador y mediador, todo a pesar de los esfuerzos desplegados en esa dirección y su destacado rol de potenciador de la libertad sindical, por quienes la condujeron durante este periodo.

Trabajo y seguridad social no fueron ejes secundarios del programa de gobierno de Gabriel Boric. Por el contrario, ocuparon un lugar central en su relato político y en su promesa de cambio. Sin embargo, bastó poco tiempo de gobierno para que esa centralidad se diluyera en lo estructural, desplazando la transformación del modelo hacia reformas parciales, compatibles con el orden existente.

Las prioridades se reacomodaron rápidamente. El fortalecimiento del sindicalismo, la ampliación efectiva de la negociación colectiva y la superación del sistema previsional basado en la capitalización individual dejaron de ser objetivos inmediatos y pasaron a ocupar un lugar secundario, subordinado a la gobernabilidad política y a los márgenes del acuerdo posible.

En esa distancia entre promesa y práctica se juega una de las claves interpretativas del ciclo político reciente. Trabajo y seguridad social fueron concebidos como ejes de transformación, pero terminaron operando como espacios de administración del conflicto social, esta deuda pendiente, es sin duda uno de los factores que explica la derrota del 14 de diciembre de 2025, entre otros y que dio paso al regreso del pinochetismo al gobierno, con las consecuencias que recién comienzan.