País que disminuye lo invertido en educación y en ciencia hipoteca su futuro: señala rectora Mizala
“Si se suman los recortes que se hacen en educación superior a los que se hacen en ciencias, muchos de esos recursos están destinados a las universidades. Está en riesgo lo que las universidades podemos hacer en adelante, porque las universidades no solo formamos profesionales y científicos, sino que también investigamos, y esa investigación aporta enormemente al país y a su desarrollo. Efectivamente, está en riesgo que las universidades podamos seguir aportando al país”.
Así comenzó la entrevista de la Rectora de la U. de Chile, Alejandra Mizala, este jueves en la Radio Cooperativa, donde abordó las diferentes intervenciones que ha realizado en el Congreso Nacional en el contexto de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027. En concreto, la Rectora Mizala ha expuesto ante las subcomisiones que revisaron las partidas de los ministerios de Educación, Salud, las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
En conversación con Paula Molina, Verónica Franco y Rodrigo Vergara, la Rectora Mizala expuso que las universidades realizan más del 70% de la investigación en Chile, especialmente las que integran el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). Así, explicó que las universidades entienden que hay un contexto de estrechez fiscal, por lo que no solicitan un aumento de recursos, sino la mantención del Presupuesto 2026, ajustado por el inflactor del gasto (2,88%, una cifra menor que la inflación proyectada).
“Estamos con restricciones financieras en el país; nadie duda de eso. La pregunta es si debemos disminuir lo que estamos invirtiendo en educación y en ciencia. Un país que disminuye lo que invierte en educación y en ciencia está hipotecando su futuro, porque esa es una inversión, no un gasto”, destacó la Rectora.
“No estamos pidiendo más recursos, estamos pidiendo los mismos recursos que teníamos en el año 2026, y eso es lo mínimo”, señaló la Rectora Mizala. Entre los datos expuestos por la máxima autoridad universitaria, se destacó la evolución del porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que el país invierte en ciencia, tecnología e innovación. “En Chile, ha bajado del 0,4% del PIB en 2020 al 0,35% en 2026. Con estos recortes, bajará a 0,31%. Un país que quiere desarrollarse, que realmente quiere avanzar y brindar una mejor educación y un mayor bienestar a su población, no puede destinar el 0,31% del PIB a la investigación. Invertir en ciencia es invertir en el desarrollo y en la calidad de vida de la población”, afirmó.
La gestión de camas críticas durante la pandemia, así como las estrategias de vacunación contra el COVID-19 y, posteriormente, de inmunización contra el virus respiratorio sincicial fueron dos ejemplos concretos que la Rectora Mizala citó de cómo la investigación que se realiza en la U. de Chile ha tenido un impacto a nivel nacional. “Eso tiene que ver con el trabajo realizado entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que colaboraron directamente con el Ministerio de Salud para abordar temas de inmunización”, relató.
Adicionalmente, la Rectora Mizala resaltó los impactos concretos que tendrá el recorte en las diferentes áreas de la partida del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que se rechazó ayer en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, como, por ejemplo, la disminución de la inserción de investigadores e investigadoras en la academia, donde la caída bordea el 50%.
“Eso significa que todo lo que el país ha invertido en enviar a nuestros estudiantes, muy valiosos, a doctorarse en las mejores universidades del mundo se pierde, porque cuando regresan no tienen cómo acceder a un trabajo en la academia, en las universidades. Entonces, hay una inversión que se hace, y luego no insertamos a esas personas para que sigan produciendo. Y las universidades, además de formar profesionales, producimos investigación que efectivamente tiene impacto en el bienestar de los chilenos y en el desarrollo del país”, dijo.
De esta forma, la Rectora Mizala enfatizó que lo propuesto por el Ejecutivo es “una restricción de recursos que no mira bien el futuro”.
Juventudes Políticas de Oposición piden renuncia de Ministro Rabat: “Parece que este gobierno no tiene criterio político”
Las juventudes de la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista emitieron una declaración pública conjunta en la que rechazan “tajantemente” las rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a personas condenadas por abuso sexual y violación de niños, niñas y adolescentes. El documento, fechado el 22 de octubre, exige la renuncia del ministro Fernando Rabat.
Los firmantes enfatizan en que la responsabilidad no recae en el Poder Judicial, ya que la propia presidenta de la Corte Suprema Gloria Chevesich afirmó que las medidas se adoptaron mediante decretos dictados por el ministro.
“El ministro mintió”, afirman, exigiendo al gobierno de José Antonio Kast revertir de inmediato el criterio, asumir su responsabilidad y defender a las víctimas en los tribunales. También plantean dudas sobre una eventual intervención de terceros, presiones o negociaciones de las defensas de los condenados ante el ministro.
En un punto de prensa frente al ministerio, la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufin, cuestionó al gobierno, “llegaron al poder diciendo que iban a poner a los niños primero en la fila. Acá, los que están primero en la fila son los abusadores de menores”.
Además, ironizó con la falta de criterio político que mantiene el gobierno, sosteniendo que en el fondo se trataba de una decisión política, “acá ha habido una consistencia en mentirle al país, diciendo que esto se trataba de una jurisprudencia y asignándole la responsabilidad a la Corte Suprema. Pero la verdad es que acá hay una definición política de otorgar un indulto y rebajar la pena a violadores y abusadores de menores. Nosotros, las juventudes políticas del progresismo, vamos a denunciar aquello”.
De domingo a domingo 25 de Octubre 2026
Karen Araya advierte que recortes al Presupuesto 2027 amenazan empleos y condiciones de la educación pública
La dirigenta del Sindicato N.º 1 de Trabajadores de la Educación de La Florida y candidata a la dirección del regional metropolitano del Colegio de Profesores y Profesoras, cuestionó la reducción de recursos para el sector y advirtió que sus efectos alcanzarán a docentes, asistentes de la educación, estudiantes y familias. Por lo anterior, llamó a fortalecer la organización gremial y la articulación social para enfrentar el escenario presupuestario.
La discusión del Presupuesto 2027 mantiene en alerta a las comunidades educativas ante las posibles consecuencias de la reducción de recursos en distintas áreas del sector. En este contexto, la candidata a la dirección del regional metropolitano del magisterio, Karen Araya, advirtió que los ajustes presupuestarios podrían traducirse en despidos, disminución de horas docentes y un deterioro de las condiciones en que se desarrolla la educación pública.
La dirigenta sostuvo que las consecuencias de estas medidas no se limitarían al ámbito laboral, sino que afectarían el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. “Cuando ellos hablan de disminución de horas docentes, en el fondo son despidos de trabajadores y trabajadoras con nombre y apellido”, señaló, enfatizando que las eventuales desvinculaciones también podrían alcanzar a los asistentes de la educación.
Infraestructura y continuidad de las clases
Araya también manifestó su preocupación por la disminución de recursos destinados a infraestructura y mantenimiento escolar, especialmente considerando las deficiencias que ya enfrentan numerosos establecimientos públicos.
“Hoy día tenemos colegios que se llueven, que tienen ventanas rotas o que no tienen luminaria”, ejemplificó, advirtiendo que una menor disponibilidad presupuestaria dificultaría mejorar estos espacios y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje y la convivencia escolar.
A ello sumó las dificultades que podría generar la falta de reemplazos ante licencias médicas de docentes y asistentes de la educación. Según planteó, esta situación repercutiría directamente en los estudiantes, quienes podrían quedar sin clases o enfrentar interrupciones en sus procesos educativos.
“Esto afecta no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a nuestros estudiantes, porque no van a poder recibir clases ni van a estar en una escuela que tenga las condiciones adecuadas para poder educarse”, sostuvo.
De esta manera, la dirigenta recalcó que la discusión presupuestaria debe considerar tanto la estabilidad laboral de quienes trabajan en las escuelas como el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir una educación en condiciones apropiadas.
Llamado a fortalecer la organización gremial
Frente a este escenario, Araya destacó la necesidad de que las organizaciones sindicales y gremiales articulen una respuesta conjunta. En ese sentido, señaló que se han realizado gestiones para dialogar con parlamentarios de distintos sectores políticos, argumentando que las consecuencias de las decisiones presupuestarias trascienden las diferencias partidarias.
“Esto no es un problema de un sector político, esto es un problema de país”, afirmó, emplazando también a los representantes parlamentarios a responder ante la ciudadanía por sus posiciones y decisiones durante la discusión legislativa.
La dirigenta sostuvo que la defensa de la educación pública requiere construir una articulación entre docentes, asistentes de la educación, apoderados, estudiantes y otros actores sociales. A su juicio, la organización colectiva será fundamental para enfrentar las consecuencias que podrían derivarse de la propuesta presupuestaria.
En esa línea, advirtió que el año 2027 podría marcar un escenario especialmente complejo para las comunidades educativas si el proyecto se aprueba en las condiciones presentadas por el Ejecutivo.
Asimismo, planteó que el fortalecimiento del gremio debe ir acompañado de una mayor participación de las bases, con dirigentes que mantengan un vínculo permanente con sus colegas, escuchen sus necesidades y rindan cuentas de su trabajo.
“Podemos tener distintas miradas políticas, pero compartimos preocupaciones muy concretas: la estabilidad laboral, las violencias en la escuela, la sobrecarga de trabajo y las condiciones en que enseñamos”, expresó.
Para Araya, estas demandas comunes deben constituir la base de una fuerza colectiva capaz de defender los derechos laborales y las condiciones necesarias para el funcionamiento de los establecimientos públicos.
Cuestionamientos a los retrocesos en derechos
Durante sus declaraciones, la dirigenta también vinculó el escenario actual con los debates desarrollados durante el segundo proceso constitucional, en el que participó como consejera constitucional en 2023.
Araya recordó que, durante esa instancia, consejeros del Partido Republicano impulsaron propuestas relacionadas con beneficios para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos y otros delitos. Según afirmó, esas iniciativas le permiten reconocer elementos de continuidad con las discusiones que actualmente se desarrollan en el ámbito legislativo.
“Por eso no me extraña, porque lo viví en el Consejo Constitucional y hoy día se repite, además, teniendo mayoría en el Parlamento”, sostuvo.
La dirigenta manifestó su preocupación por lo que considera una agenda de retrocesos en derechos y llamó a fortalecer la articulación sindical y social para enfrentar las distintas medidas que, a su juicio, ponen en riesgo conquistas alcanzadas durante años de organización.
En ese marco, insistió en que la defensa de la educación pública debe abordarse como una responsabilidad colectiva, que involucre tanto a las organizaciones de trabajadores como a las comunidades escolares y sus familias.
Un país que aprendió a vivir con tristeza? Las huellas del estallido social en la salud mental de Chile
¿Puede una sociedad acostumbrarse a vivir con malestar? Para Jorge Gallardo, académico del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O’Higgins (UOH), sí es posible. Y ese es uno de los riesgos de no abordar las condiciones sociales, económicas y culturales que afectan la vida cotidiana de las personas.
A siete años del estallido social de octubre de 2019, su análisis vuelve sobre una pregunta de fondo, qué ocurre con el malestar cuando las demandas que lo hicieron visible siguen presentes en la discusión pública y muchas personas perciben que sus condiciones de vida no han mejorado lo suficiente.
La percepción ciudadana ofrece un antecedente para esta reflexión. Según la encuesta Plaza Pública Cadem de la tercera semana de octubre de 2026, un 87% considera que la economía chilena está estancada o retrocediendo, mientras que solo un 11% cree que está progresando. Aunque estos resultados no miden directamente la salud mental, dan cuenta de una evaluación mayoritariamente negativa del rumbo económico del país.
Para Gallardo, comprender el malestar exige mirar más allá de las experiencias individuales y considerar los determinantes sociales de la salud mental: las condiciones en que las personas nacen, crecen, estudian, trabajan y envejecen, así como las oportunidades reales que encuentran para desarrollarse.
“Desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud mental, sabemos desde hace mucho tiempo, a partir de investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas, que la desigualdad estructural de un país influye en la salud mental de su población”, explica.
En Chile, agrega, esa desigualdad se expresa en ámbitos como la educación, la salud y las pensiones. Desde esta mirada, el estallido social puede entenderse como una manifestación colectiva de agotamiento frente a las condiciones de vida.
“En términos de salud mental, esa manifestación popular masiva de desgaste mostraba que las personas estaban cansadas de sus condiciones de vida”, afirma el académico.
Futuro sin oportunidades
El problema, advierte Gallardo, no se limita al momento en que el malestar se manifiesta públicamente. También importa lo que ocurre después, cuando las expectativas de cambio se enfrentan a la percepción de que los problemas persisten. Esa distancia puede alimentar el desánimo y la sensación de que los esfuerzos individuales no bastan para modificar la propia realidad.
El académico relaciona este escenario con la anomia, una experiencia en la que el entorno deja de ofrecer sentido de pertenencia, oportunidades de desarrollo o posibilidades de integración. Cuando las personas sienten que su opinión no cuenta o que aquello que les sucede no le importa a nadie, pueden comenzar a distanciarse de los espacios colectivos.
“Esa separación entre lo que las personas viven y las respuestas o acciones que se desarrollan frente a sus experiencias va configurando su realidad cotidiana”, plantea.
El efecto puede ir más allá del bienestar individual. Gallardo advierte que la apatía, la menor participación y el debilitamiento de los vínculos sociales pueden reforzarse mutuamente, instalando la idea de que las condiciones de vida son inmodificables.
“De alguna manera, se promueve socialmente una aceptación forzosa y triste de las condiciones de vida. Esto contribuye, a su vez, a aumentar la apatía social”, sostiene.
El malestar no se resuelve solo en la consulta
Para el académico, uno de los principales riesgos es tratar la salud mental exclusivamente como un problema individual, sin atender las circunstancias que contribuyen al sufrimiento. La atención clínica y los tratamientos son relevantes, pero resultan insuficientes si no se consideran también las condiciones sociales que afectan el bienestar.
“Si en Chile seguimos entendiendo la salud mental como un problema exclusivamente individual, localizado únicamente en la persona, sin reconocer la influencia directa y determinante de su entorno, el tejido social chileno continuará deteriorándose”, advierte.
En ese contexto, Gallardo plantea que las autoridades y el mundo político deben asumir el desafío de fortalecer la respuesta sanitaria, pero también examinar qué país se está construyendo y cómo las políticas públicas inciden en la vida cotidiana. La preocupación es especialmente relevante, sostiene, cuando el sistema de salud mental enfrenta una alta demanda y las personas experimentan un bienestar psicológico bajo.
“En Chile enfrentamos un problema estructural que no vamos a resolver atendiendo a las personas una por una”, enfatiza.
La advertencia final apunta a que el malestar acumulado no desaparece por dejar de ocupar el centro de la conversación pública. Si no se reconoce ni se abordan sus causas, puede expresarse de distintas maneras y afectar la cohesión social.
“Existe una reproducción constante de la experiencia de que vivir en Chile es muy difícil: que no se vive, sino que se sobrevive”, concluye Gallardo.
A siete años del estallido social, la pregunta no es solo cuánto han cambiado las condiciones que originaron el descontento, sino también cuánto está costando emocionalmente vivir en ellas. Para el académico, hablar de salud mental implica, necesariamente, hablar de desigualdad, oportunidades y de las condiciones colectivas que hacen posible una vida con bienestar.
Nueva moneda de 50 pesos: Lo que tienes que saber
El Banco Central de Chile inició el martes 6 de octubre la puesta en circulación de una nueva moneda de $50, que mantiene los principales elementos de diseño de la pieza actualmente utilizada, pero incorpora cambios en su proceso de fabricación para reducir los costos de producción.
En conversación con Radio Nuevo Mundo, la gerenta tesorera del Banco Central, Cecilia Feliú, comentó que las características de la nueva moneda, así como recomendaciones para detectar billetes falsificados.
La nueva moneda conserva su diámetro y apariencia general, aunque disminuye su peso de 7 a 6,5 gramos. “En una moneda no se nota porque es medio gramo, pero en un montón quizás si se va notar”, apunta la gerente tesorera, enfatizando en que lo que cambia, más que el diseño es la fabricación, que lo hace más barata, “con estándares internacionales”, también dada su composición, la pieza puede ser atraída por un imán.
Desde el Banco Central explicaron que la incorporación se realizará de manera gradual, mediante los bancos comerciales y el comercio establecido, por lo que las personas comenzarán a recibirla en sus transacciones habituales. La nueva moneda no reemplazará a la anterior: ambas mantendrán su valor y podrán utilizarse indistintamente para realizar pagos en efectivo.
Respecto a la detección de billetes falsos la gerenta tesorera del Banco Central, Cecilia Feliú, comentó que desde el Banco Central mantiene la campaña MIT: Mire, incline y toque, una forma sencilla de comprobar los elementos de seguridad de los billetes chilenos sin necesidad de equipos especiales.
Al mirar, se deben observar características como las marcas de agua, ventanas transparentes, hilos de seguridad y microtextos, según el tipo de billete. Al inclinarlo, es posible identificar efectos ópticos y elementos que cambian de color o movimiento. Finalmente, al tocarlo, se pueden reconocer las texturas y relieves de la impresión. La institución señala que los lápices detectores no son el mecanismo recomendado para verificar su autenticidad y que, ante un billete sospechoso, se puede acudir a una sucursal bancaria o al Banco Central para su revisión.
Pásale la boleta a tu AFP: Lanzan campaña digital para exigir la devolución de los ahorros perdidos
En el marco del proyecto de ley “Devuelvan la plata”, presentado por el senador Daniel Núñez (PC) y el diputado Luis Cuello (PC), que busca obligar a las AFP a restituir los ahorros previsionales perdidos por los trabajadores, se lanzó una campaña ciudadana para reunir firmas en apoyo a la propuesta. A través del sitio web www.devuelvanlaplata.cl, las personas podrán adherir a esta demanda e impulsar su pronta tramitación en el Congreso.
El proyecto de ley, presentado por ambos parlamentarios, busca obligar a las AFP a compensar a los trabajadores por las pérdidas registradas en los fondos D y E entre enero y septiembre de 2026. La iniciativa establece que las administradoras deberán restituir los recursos perdidos, reajustados según el IPC, en un plazo máximo de un año desde la publicación de la ley, con especial énfasis en proteger a quienes están próximos a jubilarse.
Durante ese período, el Fondo E, que reúne a cerca de 770 mil afiliados, acumuló una caída real de 10,39%, mientras que el Fondo D registró una pérdida de 6,38%, afectando los ahorros previsionales de miles de trabajadores.
Al respecto, el diputado Luis Cuello (PC) señaló: “Lo que a la gente realmente le importa es que las AFP respondan y les devuelvan la plata, le entreguen los recursos que fueron ahorrados por años de esfuerzo de los trabajadores. Por eso hemos lanzado esta campaña ciudadana, devuelvanlaplata.cl, para que el Congreso tramite con urgencia y despache cuanto antes este proyecto de ley que permitirá que, en el plazo de un año, las AFP restituyan los recursos de los trabajadores perdidos de forma temeraria”.
Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC) afirmó: “La gente no tiene por qué aguantar las millonarias pérdidas de los ahorros por la ambición de las AFP. Trabaja toda la vida, ahorra para jubilarse y termina perdiendo su plata, mientras las AFP siguen cobrando como si nada. ¿Por qué los cotizantes tienen que pagar los platos rotos? Que las AFP se hagan responsables y devuelvan hasta el último peso perdido”.
Asimismo, el senador llamó a respaldar la campaña: “Vamos a pasarles la boleta a las AFP. Llamamos a todos quienes perdieron sus ahorros y a quienes apoyan esta demanda a firmar en el sitio web devuelvanlaplata.cl. Hagamos sentir ahora la fuerza ciudadana para que el Congreso apruebe esta ley y así las AFP devuelvan lo perdido”.
Mario Amorós presenta reedición de “Neruda, el príncipe de los poetas” a 55 años del Premio Nobel de Literatura
- La nueva edición de la biografía publicada originalmente en 2015 incorpora una introducción actualizada y un epílogo con los últimos antecedentes de la investigación judicial sobre la muerte del poeta chileno. La presentación contó con la participación de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile, y Rodolfo Reyes, abogado y sobrino de Pablo Neruda.
En el Centro Cultural de España en Santiago se realizó la presentación de la reedición de Neruda, el príncipe de los poetas, del periodista e historiador español Mario Amorós, publicada por Penguin Random House. La actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración de los 55 años desde que Pablo Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura, reconocimiento que marcó un hito para la cultura chilena.
La nueva edición de la obra, publicada originalmente en 2015, incorpora un capítulo introductorio actualizado y un epílogo que aborda los últimos antecedentes del proceso de investigación judicial sobre la muerte del poeta, ocurrida en septiembre de 1973, días después del golpe de Estado.
Durante la presentación, Amorós destacó la importancia de mantener vigente la vida y obra de Neruda, invitando a conocer su trayectoria considerando tanto las luces como las sombras de su biografía. Asimismo, destacó su compromiso con el pueblo de Chile, su aporte a la cultura y su solidaridad con distintas causas, entre ellas, la acogida de más de 2.000 refugiados republicanos españoles que llegaron al país a bordo del Winnipeg en 1939.
“Hoy tenemos que recuperar a Neruda, volver a leer a Neruda, conocer su vida con sus sombras, algunas, y con sus luces, muchas”, sostuvo el autor, quien también enfatizó la importancia de reconocer la generosidad del poeta y su vínculo con el pueblo chileno.
La reedición propone un recorrido por las distintas etapas de su vida: desde sus primeros años en el sur de Chile y la publicación de sus primeras obras, hasta su trayectoria diplomática, su labor parlamentaria, su compromiso político y su reconocimiento internacional. El libro se apoya en una investigación documental que aborda los principales acontecimientos de su vida y obra.
Lautaro Carmona destaca el legado político y cultural de Neruda
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, valoró el trabajo investigativo de Mario Amorós y su contribución al conocimiento de figuras fundamentales de la historia nacional, destacando el rigor y la seriedad con que ha abordado sus biografías sobre Pablo Neruda, Salvador Allende, Gladys Marín y Víctor Jara, entre otras.
Carmona recordó la estrecha relación de Neruda con el Partido Comunista, al que ingresó en 1945, año en que también fue elegido senador por las provincias de Tarapacá y Antofagasta y recibió el Premio Nacional de Literatura.
En su intervención, destacó el papel del poeta en momentos decisivos de la historia política chilena, como su oposición al gobierno de Gabriel González Videla, la persecución que sufrió tras la promulgación de la denominada Ley de Defensa Permanente de la Democracia y su contribución al proceso que llevó a Salvador Allende a la Presidencia de la República.
“Pablo Neruda ha estado presente” en la memoria y formación política de distintas generaciones de comunistas, señaló Carmona, quien también destacó su aporte a la cultura, su compromiso con las juventudes comunistas y su papel en la construcción de una tradición política vinculada a las transformaciones sociales.
El dirigente sostuvo que la obra de Amorós constituye una contribución al conocimiento de la historia del país, al ofrecer nuevas perspectivas sobre figuras y procesos que han marcado la trayectoria política, social y cultural de Chile.
La investigación sobre la muerte del poeta
Por su parte, Rodolfo Reyes, abogado y sobrino de Pablo Neruda, valoró la reedición y destacó la incorporación de documentos y antecedentes relacionados con la investigación judicial sobre la muerte del poeta.
Reyes mencionó la importancia del trabajo documental desarrollado por Amorós y se refirió a los antecedentes científicos y judiciales que respaldan, a su juicio, la hipótesis de que Neruda fue asesinado. La causa continúa siendo materia de investigación judicial.
A 55 años de la obtención del Nobel, la reedición de Neruda, el príncipe de los poetas vuelve a poner en circulación una investigación sobre su trayectoria y legado, invitando a nuevas generaciones a acercarse a su vida, su obra y las múltiples dimensiones de una figura central de la historia cultural de Chile.
Paulina Cartagena al directorio metropolitano del Colegio de Profesores con foco en defensa de la educación pública y derechos docentes
La actual dirigenta nacional y candidata al directorio regional metropolitano destacó la necesidad de fortalecer la organización gremial, articular al magisterio con los movimientos sociales y defender los derechos de las comunidades educativas. Además, rechazó las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y cuestionó la lógica mercantil del sistema de pensiones.
En el marco de las próximas elecciones del Colegio de Profesoras y Profesores, Paulina Cartagena Vidal, actual dirigenta nacional del gremio, abordó los principales desafíos de la organización y los planteamientos que marcan su participación en la elección de la dirección regional metropolitana.
Cartagena defendió el papel del magisterio como actor relevante en el debate público y destacó la importancia de fortalecer el trabajo colectivo con organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles. A su juicio, el escenario político y presupuestario exige una organización capaz de sostener el diálogo con las autoridades, pero también de movilizarse y articular respuestas frente a las decisiones que afectan a la educación pública.
La dirigenta valoró las acciones impulsadas durante el último período, entre ellas las movilizaciones en torno al Presupuesto 2027 y la participación del profesorado en la jornada convocada por la CONFECH el pasado 1 de octubre. En esa línea, sostuvo que la coordinación entre los distintos sectores sociales es fundamental para enfrentar los desafíos actuales.
Defensa de los derechos docentes y articulación social
Paulina Cartagena destacó que el Colegio de Profesoras y Profesores mantiene una relación permanente con las autoridades, independientemente de las diferencias políticas. Asimismo, reconoció que el gremio tiene una mirada política propia, que no impide sostener espacios de diálogo y negociación.
La dirigenta planteó que uno de los desafíos centrales es profundizar la articulación con otras organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles, fortaleciendo la capacidad de acción colectiva del magisterio frente a las políticas del Ejecutivo.
En relación con el debate presupuestario, valoró la movilización hacia el Congreso Nacional en Valparaíso para expresar las preocupaciones del sector sobre los recursos destinados a la educación. También destacó el acompañamiento del bloque sindical a las demandas estudiantiles y condenó la represión registrada durante la movilización del 1 de octubre.
Rechazo a las rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores
Durante la conversación, Cartagena manifestó su profundo rechazo a las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Desde su experiencia como docente, subrayó las consecuencias que estos delitos tienen sobre las víctimas, sus familias y las comunidades educativas.
“Estamos hablando de delitos gravísimos que destruyen vidas”, afirmó, haciendo hincapié en que las víctimas necesitan justicia, protección y reparación por parte del Estado.
La dirigenta también exigió transparencia respecto de los criterios utilizados para conceder estos beneficios y sostuvo que la protección de la infancia debe estar por encima de cualquier consideración política o administrativa.
Pensiones docentes: contra la lógica mercantil
Otro de los ejes abordados por la dirigenta fue la situación previsional de las y los trabajadores del país y de la educación a próposito de la pérdida millonaria del FOndo E. Cartagena cuestionó el funcionamiento del sistema de AFP y planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo que garantice pensiones dignas para quienes han dedicado décadas a la enseñanza.
En ese contexto, destacó la realidad de profesores y profesoras que han ejercido durante más de 43 años, señalando que sus trayectorias representan prácticamente una vida completa dedicada a la docencia.
“El fin de esto es que nuestras pensiones no sean negocio”, sostuvo, vinculando esta demanda con la defensa de otros derechos sociales, como la educación, la salud y la vivienda.
De cara a la elección de la dirección regional metropolitana, Cartagena situó estos desafíos en la necesidad de fortalecer la organización gremial y defender los derechos de las y los trabajadores de la educación, manteniendo una articulación activa con las comunidades educativas y el movimiento social.