Según los datos de la encuesta Termómetro Pymes 

El alza de costos operacionales golpea al 77% de las Pymes, la mayoría de las cuales no ha logrado traspasar ese ajuste a sus precios de venta, según el Termómetro Pyme correspondiente a septiembre de 2026. La medición contó con la participación de 2.718 empresas de la comunidad empresarial PROPYME entre el 1 y el 7 de septiembre, y los datos fueron analizados por DefensaDeudores.cl. Además, se evidencia una mayor dependencia del financiamiento propio y ventas que, si bien moderan su caída respecto de agosto, se mantienen en niveles deprimidos.

Por primera vez, el Termómetro Pyme consultó específicamente por el comportamiento de los costos operacionales de las Pymes. Un 77% de las empresas señala que sus costos operacionales —que incluyen ítems como insumos, mercadería, transporte, remuneraciones, cotizaciones, servicios básicos y arriendo, entre otros— aumentaron durante los últimos tres meses en comparación con el trimestre anterior. De ese grupo, un 50% declara alzas superiores al 10% (20% de 20% o más y 30% entre 10% y 20%) y un 43% reporta incrementos de entre 5% y 10%.

Frente a este escenario, solo un 17% de las empresas ha logrado trasladar el alza de costos a sus precios de venta. La mayoría (un 38%) optó por mantener sus precios y absorber el ajuste con un menor margen de ganancia, un 11% reconoce estar operando a pérdida y un 7% debió desvincular trabajadores para enfrentar el alza de costos.

“Que solo un 17% de las pymes haya podido traspasar el alza de sus costos a precios confirma que el ajuste se está absorbiendo puertas adentro, con menores márgenes o derechamente pérdidas. Es una fórmula que no resiste muchos meses más: cuando la rentabilidad se agota, lo que sigue es el incumplimiento de obligaciones tributarias, previsionales o financieras, y eso es exactamente lo que reflejan los demás indicadores de este Termómetro, que ha documentado la evolución de la situación económica de las empresas de menor tamaño durante todo el 2026”, señala Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.

En el plano comercial, el indicador de caída en ventas retrocede a 60% (-7 puntos respecto de agosto), mientras un 32% de las empresas señala que sus ventas se mantuvieron (+5 puntos) y un 8% declara haber aumentado sus ventas (+2 puntos). Esta moderación, sin embargo, no debe leerse como una mejora del escenario Pyme: como muestran los datos de costos, la mayoría de las empresas continúa absorbiendo el ajuste con menores márgenes de ganancia.

“Si el Termómetro Pyme de este mes muestra algunas mejoras en los datos que nos aportaron los micro y pequeños empresarios, las cifras que hemos podido observar son solo comparativas a la situación y al escenario que enfrentaron la micro, pequeña y mediana empresa en tiempos de pandemia. Realmente, los niveles de pago de cotizaciones, de inyección de recursos personales, de postergación del IVA, de la deuda vigente con la Tesorería y el poco nivel de venta que muestran las empresas es realmente preocupante”, advierte Rodrigo Bon, Director Ejecutivo de PROPYME.

En materia laboral, los despidos en empresas Mipyme durante los últimos 30 días llegan a 36% (+2 puntos respecto de agosto). El principal motivo declarado es la disminución de las ventas o la demanda (14% del total de empresas encuestadas), seguido de la falta de liquidez o dificultades para acceder a financiamiento (3%) y el aumento de los costos operativos (3%).

En cuanto al financiamiento de la operación, la inyección de recursos personales para sostener el negocio sube a 73% (-1 punto respecto de agosto). En paralelo, la postergación del pago de IVA se mantiene en 33% y la solicitud de crédito bancario se mantiene en 28%, mientras el uso de factoring baja a 14% (-2 puntos). Las deudas vigentes con la Tesorería General de la República (TGR) retroceden a 40% (-1 punto) y el no pago de cotizaciones previsionales se mantiene sin variación en 29%.

“Otro punto que nos tiene muy preocupados es el alza de los costos: un 77% de las empresas encuestadas este mes nos dijo que había sufrido alzas en sus costos, principalmente absorbidas con un menor margen de ganancia; es decir, hoy las pymes están ganando menos, tienen menos utilidad y, por lo tanto, pueden pagar menos también. En esa línea, es lo que le hicimos ver este viernes al Ministro de Economía: que necesitamos medidas no de mitigación, sino de emergencia, porque la crisis la estamos viviendo día a día, para evitar que más negocios cierren”, plantea Bon.

Sobre los plazos de pago, el 57% de las empresas señala que sus clientes le pagan a 30 días (+1 punto respecto de agosto), un 19% a 45 días y un 13% a 60 días.

“El alza de costos operacionales no es solo un problema de rentabilidad de la pyme: cuando las empresas no logran trasladar ese costo a precios ni cubrirlo con utilidades, terminan financiando la operación con recursos propios o acumulando deuda con proveedores, bancos o el Estado. Ese es el circuito que estamos viendo mes a mes, y que explica por qué la inyección de ahorros personales y las deudas con la Tesorería se mantienen en niveles altos”, cierra Ibáñez.

Del total de respuestas, un 86% corresponde a microempresas (1 a 9 trabajadores), un 12% a pequeñas empresas (10 a 49), un 2% a medianas (50 a 199) y un 0,2% a grandes empresas (más de 200). Por ventas anuales, un 60% de las empresas se clasifica como microempresa, un 31% como pequeña empresa y un 6% corresponde a emprendimientos en proceso de formalización. El 70% de las respuestas proviene de regiones fuera de la Región Metropolitana.

Por Juan Andrés Lagos, Periodista y académico

Hoy la prensa hegemónica publica en su portada un titular revelador. Anuncian con júbilo que la reforma al sistema de partidos cuenta con los votos para convertirse en ley. El acuerdo avanzó gracias a la incorporación de un artículo que condena la violencia como método de acción política. Esta exigencia funciona como un mecanismo de chantaje ideológico. El bloque en el poder criminaliza preventivamente la protesta social. Llaman paz al silenciamiento de la disidencia.

La restauración del sistema binominal constituye la bandera principal de la derecha en esta etapa histórica. Intentaron imponer este mismo cerrojo excluyente durante el segundo proceso constitucional. Redactaron un borrador diseñado para reducir la representación parlamentaria y asegurar el control conservador del Congreso. El pueblo frustró esa maniobra oligárquica liderada por Republicanos con un contundente triunfo del En Contra en las urnas.

Durante un cuarto de siglo, el pueblo chileno sufrió la exclusión bajo el antiguo sistema binominal. La dictadura civil-militar diseñó este mecanismo antidemocrático para impedir la representación de las mayorías. Forzaron un empate ficticio para administrar el modelo neoliberal sin contrapesos. Chile experimentó una democracia estrictamente tutelada. El duopolio administró la desigualdad mediante consensos elitistas y marginó cualquier proyecto político transformador.

Romper ese candado dictatorial exigió el enorme sacrificio de los movimientos sociales, décadas de movilizaciones en las calles y enfrentar duras represiones. Desmantelar esa exclusión requirió unificar fuerzas de diversos sectores políticos y sociales. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con Arturo Martínez, la Asociación Chilena de Municipios liderada por Claudio Arriagada y el Partido Comunista articularon una presión ineludible para echar abajo el binominal. Aquella transición operaba completamente sometida a las infames “leyes de amarre” legadas por Pinochet. La Constitución de 1980 garantizó el poder de veto derechista mediante quórums supramayoritarios casi insalvables. 

El régimen dejó amarrada la privatización absoluta de los derechos sociales con el Decreto Ley 3500 de las AFP, el Código de Aguas y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Superar esa arquitectura de opresión requirió una resistencia popular incansable hasta conquistar un sistema proporcional, el cual permitió al Parlamento reflejar por fin la verdadera diversidad de nuestra sociedad.

Hoy presenciamos la contraofensiva desembozada del Partido del Orden. 

La derecha tradicional y los administradores históricos del modelo celebran este nuevo pacto en la comisión mixta. Imponen un umbral del 0,15% de militantes por región con un plazo asfixiante de 18 meses. Bautizan la exclusión política como el fin de la “extrema fragmentación”. Esta guillotina administrativa busca exterminar a los movimientos populares y regionalistas carentes del financiamiento del gran capital.

Acelerar esta ley con urgencia suma demuestra la desesperación de la élite. Añoran el duopolio excluyente del pasado para gobernar sin oposición real. Las fuerzas transformadoras tienen el deber histórico de denunciar este fraude democrático. Exigimos una democracia verdadera. Detendremos esta clausura autoritaria mediante la organización popular en cada territorio.

El parlamentario comunista reaccionó al recetario publicado por el gobierno que anima a la gente a cocinar con sobras, que para muchos recordó a Lucia Hiriart, llamando al pueblo de Chile a cocinar sopa con cáscaras de papa. 

“El gobierno tiene un frenesí desesperado por parecerse lo más posible a la dictadura, en términos de la impronta económica y también de las soluciones miserables que le proporciona a la ciudadanía”, aseguró Barraza. 

El diputado lamentó la marcha de la economía en el país, mencionando las altas cifras de desempleo y la falta de inversión de capitales, “la marcha de la economía va mal y eso lo vivencian las familias, con el mismo presupuesto familiar se consume mucho menos” sostuvo.  

Para el diputado, el crecimiento del desempleo “se ha profundizado en este gobierno de extrema derecha, producto del relato e impronta económica que negativiza los esfuerzos productivos”. 

En reunión con los presidentes de partidos oficialistas el presidente les adelantó parte del plan de empleo que el gobierno intentará instalar para sortear la crisis laboral. Barraza cuestionó los alcances de esta política sin inversión pública. 

“Por un lado se recorta el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, que es uno de los presupuestos más incidentes en reactivación económico y por otro lado, se le reutiliza presuntamente como reactivador económico, entonces es un discurso errático y contradictorio” sentenció, agregando que el gobierno solo se ha concentrado en reducir impuestos a los súper ricos.  

Barraza fue más allá y declaró que el gobierno, “no tiene oficio, en la administración de las finanzas públicas, no tiene oficio en la administración de las finanzas públicas, no tiene oficio en las señales económicas que tiene que proporcionar”. 

Embajador Judd 

La bancada de parlamentarios del PC e independientes, le pidió al Canciller Peréz Mackenna que llame a retiro al embajador norteamericano Brandon Judd, lo anterior porque a juicio de las y los diputados, “violento la ley de inteligencia, el convenio de Viena, el decreto 666 del año 67 del ministerio de relaciones exteriores que le prohíbe a los diplomáticos avecindados en Chile intervenir en los asuntos jurisdiccionales de Chile”. 

Marcos Barraza concluyó señalando que, “el gobierno de extrema derecha del presidente Kast y particularmente el canciller, es víctima de su propia ineficacia al abandonar una política de Estado. Aquí hay un problema de soberanía, no nos puede venir a dar lecciones un Estado foráneo”. 

Litré Quiroga y Víctor Jara 

En la víspera de que se cumplan 53 años desde que se encontraran los cuerpos de Litré Quiroga y Víctor Jara, el parlamentario recordó a ambas figuras, como ejemplo de consecuencia y una altura ética y moral muy fuertes. 

“Comprometidos con la justicia social, con la dignidad y esa dignidad es la que perseguía la dictadura desde sus albores y durante todo su desarrollo, fue su ejemplo el que desató la ferocidad, la violencia, injustificada y muy dañina de la dictadura” sostuvo el diputado.  

El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile realizó la actividad de cierre del Programa Fortalecimiento de la Denuncia, iniciativa impulsada por el Gobierno de Santiago, aprobada por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutada por el CESC.

La actividad, celebrada en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, contó con la participación de autoridades y representantes de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ministerio Público, de municipios y de organizaciones de la sociedad civil, quienes conocieron los principales hallazgos del Programa y dialogaron sobre los desafíos pendientes en materia de acceso, confianza y respuesta institucional.

Uno de los principales hallazgos del diagnóstico desarrollado en el marco del Programa muestra la magnitud de la denominada cifra oculta. Según el análisis de datos de la ENUSC 2023 realizado en el marco de la iniciativa, solo uno de cada tres hechos delictivos considerados por la encuesta llega a denunciarse en la Región Metropolitana (32,5%). Los resultados también evidencian importantes diferencias según el tipo de delito y muestran que la decisión de denunciar está relacionada no solo con las características del hecho, sino también con las expectativas respecto de la capacidad de respuesta institucional.

En la apertura de la actividad, el decano subrogante de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Ariel Ramírez, destacó la importancia de la participación ciudadana y el trabajo interinstitucional para fortalecer la denuncia. “Este proyecto nos indica que no solo necesitamos instituciones y leyes que hagan justicia, sino que la comunidad debe formar parte activa denunciando”, señaló.

Por su parte, el director del CESC y académico de la Facultad de Gobierno, Claudio González, relevó la necesidad de abordar las barreras que enfrentan las personas al momento de denunciar. “En la Región Metropolitana, solo uno de cada tres delitos llega a denunciarse. Este estudio muestra que detrás de esa decisión no está solo la gravedad del hecho, sino también la expectativa de que el sistema pueda responder. Fortalecer la denuncia exige facilitar el acceso, mejorar la atención y entregar respuestas más oportunas y efectivas”, sostuvo.

El jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Santiago, Mauro Mercado, destacó que el Programa permitió avanzar tanto en la comprensión de las razones de la no denuncia como en el trabajo directo con las comunidades, y valoró la articulación entre el Gobierno de Santiago, la Universidad de Chile, los municipios y las policías para fortalecer las herramientas disponibles en los territorios.

Principales hallazgos y desafíos institucionales

Durante la jornada, la coordinadora de investigación del CESC, María José del Solar, presentó los principales resultados del diagnóstico desarrollado en el marco del Programa. Entre los hallazgos, destacó que una alta tasa de denuncia no necesariamente refleja una mayor confianza en el sistema, ya que en algunos delitos intervienen factores administrativos que incentivan el reporte. Asimismo, una parte importante de las razones declaradas para no denunciar se relaciona con las expectativas respecto de la capacidad de respuesta institucional y con las dificultades asociadas al proceso.

El diagnóstico también mostró que la experiencia de denuncia presenta mayores niveles de insatisfacción entre quienes reportan delitos que afectan directamente a las personas o que ocurren en el espacio doméstico, y que entre el 95% y el 99% de las denuncias se realizan ante Carabineros, principalmente de manera presencial, lo que concentra el acceso al sistema en una sola institución.

Tras la presentación, se desarrolló el panel “Desafíos para fortalecer la denuncia y la confianza institucional”, con representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Rodrigo Espinoza Olea, destacó la importancia de la denuncia para la prevención y la investigación policial, y relevó el uso de nuevas herramientas tecnológicas para avanzar hacia una atención más eficiente. Mencionó el sistema automatizado de despacho (CAD móvil) y el chatbot de la Comisaría Virtual, y planteó que fortalecer la denuncia requiere combinar formación profesional con nuevas herramientas tecnológicas que permitan un servicio más eficiente, con menos errores y mayor legitimidad.

Por parte de la Policía de Investigaciones, el jefe nacional de Delitos Contra las Personas, prefecto inspector Jorge Abatte, planteó la relevancia de facilitar el vínculo entre las personas y la institución como parte del proceso investigativo. Al respecto, expresó que “para la PDI, facilitar el acceso de las personas a los canales de denuncia constituye un elemento fundamental para orientar las investigaciones y entregar respuestas policiales más oportunas y focalizadas”.

Desde el Ministerio Público, Rodrigo Honores, abogado coordinador de Estudios y Proyectos de la División de Estudios, Evaluación y Análisis Avanzado de Datos, planteó el desafío de mejorar la calidad de los antecedentes sin aumentar las barreras para quienes denuncian y de avanzar hacia procesos más simples y accesibles para la ciudadanía.

“Ante este desafío, hemos visto una paradoja que enfrentamos como institución: propiciamos la mejora de la calidad de los antecedentes, pero eso ha burocratizado la denuncia misma”, señaló.

Un programa con alcance regional

El Programa Fortalecimiento de la Denuncia desarrolló acciones en las 52 comunas de la Región Metropolitana, combinando trabajo territorial, capacitación, articulación institucional y herramientas de información para la ciudadanía.

Durante su ejecución, convocó a más de 500 vecinos y vecinas, capacitó a más de 370 dirigentes sociales y a 130 funcionarios municipales de seguridad, y articuló el trabajo con 39 comisarías de la región.

Entre sus productos, el Programa también puso a disposición de la ciudadanía la plataforma tudenunciacuenta.cl, orientada a entregar información clara sobre los canales y procesos de denuncia.

La actividad de cierre permitió presentar estos resultados y, al mismo tiempo, proyectar los desafíos que persisten para fortalecer la denuncia en la Región Metropolitana, especialmente en materia de acceso, calidad de la atención, articulación institucional y confianza ciudadana.

Lya Montecinos Gutiérrez
Jefa de Carrera Tecnología Médica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción UCSC

Todos los septiembres pasa lo mismo. Nos preparamos para la fonda, la parrilla y el viaje, pero se  nos olvida preparar lo más básico: la sangre que va a salvar vidas durante el 18. En Chile tenemos una paradoja dolorosa, somos solidarios cuando pasa la tragedia, pero no cuando podemos prevenirla. Y en Fiestas Patrias, prevenir es donar.

Los números son categóricos, durante Fiestas Patrias, la donación de sangre cae hasta en un 70% porque la gente sale de la ciudad, se interrumpen las colectas habituales y losdonantes altruistas no están. Considerando que el Centro de Sangre Concepción abastece a toda la Macro Red Sur, que comprende 35 establecimientos desde Curicó hasta Victoria, para mantener un stock seguro de 4 días festivos, se necesitan 310 donaciones diarias, en total 1.249 donaciones.

Y hay un detalle que pocos saben, los componentes sanguíneos tienen una vida útil limitada, siendo indispensables para pacientes con hemorragias, cirugías complejas, trasplantes y tratamientos contra el cáncer. Un solo accidentado de tránsito grave puede necesitar más de 30 donantes.

Este escenario revela un problema de fondo: nuestro modelo de donación sigue siendo mayoritariamente por reposición y no por altruismo. Donamos cuando un familiar lo necesita, no para que el sistema esté preparado. Se requiere un cambio de paradigma, y transitar desde una lógica reactiva a una lógica preventiva comprendiendo que donar es un acto dieciochero en el sentido más profundo de la palabra. Es poner la bandera no solo en la casa, sino en el otro y entender que la cueca se baila de a dos, y la solidaridad también.

Es necesario que la comunidad en general pueda anticiparse, comprometerse y promover la donación, especialmente durante la primera quincena de septiembre. También se debe persistir en la educación y en derribar los mitos que todavía alejan a potenciales donantes.

Donar sangre es un acto sencillo, pero su impacto puede ser enorme. En estas Fiestas Patrias, celebrar también puede significar cuidar la vida de otros, por eso, antes de levantar la copa y comenzar el festejo, vale la pena realizar un gesto diferente: acercarse a donar sangre.

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el gremio de las pequeñas y medianas empresas llama a la ciudadanía a privilegiar productos y servicios nacionales, destacando el aporte de artesanos, emprendedores, comercios locales y Pymes al empleo, la economía y la identidad del país.

En el marco de las próximas celebraciones de Fiestas Patrias, la Confederación Nacional de la Pequeña, Mediana Industria, Artesanado y Cooperativas de Chile, CONUPIA, lanzó una campaña en redes sociales destinada a promover la preferencia por productos, servicios y emprendimientos nacionales.

Bajo el concepto “Este 18, elige Chile. Prefiere Pyme”, la iniciativa busca poner en valor el trabajo de las artesanas y artesanos, pequeños comercios, productores locales, emprendedores y pequeñas y medianas empresas chilenas, invitando a la ciudadanía a que sus decisiones de compra durante septiembre también se transformen en una forma concreta de apoyar el desarrollo económico y el empleo local.

La campaña destacará, a través de distintas publicaciones en redes sociales, la importancia de preferir productos chilenos y comprar en los comercios de barrio, ferias, emprendimientos y Pymes que día a día contribuyen al crecimiento de sus comunidades y del país.

Desde CONUPIA señalaron que las celebraciones de Fiestas Patrias representan una importante oportunidad para fortalecer el consumo interno y apoyar a miles de pequeños productores y emprendedores que ofrecen productos y servicios vinculados a la gastronomía, la artesanía, la manufactura, el comercio y las tradiciones nacionales.

“Cada compra es una decisión y, durante estas Fiestas Patrias, queremos invitar a las chilenas y chilenos a preferir lo nuestro. Detrás de cada producto nacional hay una familia, un trabajador, una artesana, un emprendedor o una Pyme que con su esfuerzo contribuye al desarrollo de nuestro país”, señalaron desde la organización.

Con mensajes como “Compra chileno, apoya lo nuestro”, “El comercio local también celebra” y “Que tu 18 tenga sello chileno”, CONUPIA busca generar conciencia sobre la importancia de apoyar a quienes producen, crean y trabajan desde las pequeñas y medianas empresas.

“Esta campaña es también un reconocimiento a quienes durante décadas han resguardado y honrado nuestras tradiciones, manteniendo oficios que no pueden desparecer como los fabricantes de volantines, juegos típicos o los cultores de la gastronomía típica, entre otros”, detalló el presidente de Conupia, Humberto Solar.

La organización gremial hizo un llamado a que las celebraciones de septiembre sean también una oportunidad para fortalecer la economía local y nacional, privilegiando productos elaborados en Chile y apoyando a las Pymes.

Tras el terrible incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos en la localidad de Comuy, comuna de Pitrufquén, el Dr. José Bravo Burgos Seremi de Salud de La Araucanía, fue consultado por la fiscalización y posibles cierres de otros Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores con sumarios activos, momento en el cual la autoridad sanitaria emitió una insólita comparación. 

“Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes donde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”, declaró el Secretario Regional Ministerial de la Salud, generando sorpresa en los periodistas. 

Acto seguido, los asesores de la autoridad intentaron dar por terminada la entrevista, siendo confrontado por esta situación, José Burgos señaló, “la finalidad de los funcionarios que trabajan con el Seremi es cuidar al Seremi (…) cuidarlo de que no sea acosado”. 

Días antes, el presidente Kast afirmó en su cuenta de X que instruyó “medidas urgentes destinadas a revisar las condiciones de los hogares de nuestro país, fortalecer la prevención y fiscalización, y acelerar las propuestas necesarias para mejorar su funcionamiento y seguridad”.

Sin embargo, ante la pregunta de posibles cierres de otros centros que mantienen sumarios activos o denuncias por no estar en condiciones de funcionar el Seremi se desentendió: “Le preguntas a un soldado las decisiones que debe tomar un general”, aseguró impertérrito.

Las desafortunadas declaraciones de la autoridad llegan en medio de una crisis develada por este incendio, desde la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, aseguraron que el centro no contaba con resolución sanitaria, por lo que en el papel, dicho centro no debería haber funcionado, cuestión que la Seremi de Salud correspondiente y la delegación presidencial regional son encargados de fiscalizar. 

¿Quién es José Bravo Burgos? 

Médico Cirujano titulado de la Universidad de La Frontera, con pasado RN y cercanía con el Partido Cristiano de Chile, Burgos ejerció como alcalde de la comuna de Freire en dos periodos consecutivos desde el 2012 hasta el 2021 y luego se postuló como diputado para las elecciones parlamentarias de ese mismo año no resultando electo, fue designado Seremi de Salud en 2026.

• Un reporte de Gallup ubicó a Chile como el segundo país de la región con peor calidad del aire y consignó que un 37% de las personas declara que el tema no le preocupa.

Un 37% de las personas en Chile declara no estar preocupada por la calidad del aire, según un reporte de la consultora Gallup elaborado con datos de IQAir. La cifra es menor al promedio global, donde a menos de la mitad de las personas encuestadas le preocupa la situación, pero convive con un dato incómodo: el mismo reporte ubica al país como el segundo de la región con peor calidad del aire.

Para la directora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Giovanna Amaya Peña, esa comparación no alcanza para leer el resultado como una buena noticia. “Me cuesta considerar positivo que, teniendo los problemas de contaminación que tenemos, más de un tercio de las personas diga que no le preocupa”, señala.

La explicación -advierte- no pasa por la falta de conciencia. La repetición de alertas, preemergencias y restricciones cada invierno instala el riesgo como parte del paisaje cotidiano, mientras que el material particulado fino resulta difícil de identificar a simple vista, pese a su capacidad de penetrar profundamente en el sistema respiratorio.

“Llega un momento en que empezamos a normalizarlo y la contaminación no deja de hacernos daño porque nos acostumbramos. Por eso tenemos que dejar de comunicar la contaminación solamente como ‘hoy hay episodio crítico’. Esto es un problema de exposición acumulada y de salud pública”, explica Amaya Peña.

A esa normalización se suma una dimensión práctica. Las recomendaciones ambientales muchas veces se dirigen a hogares que no cuentan con opciones de calefacción distintas a la leña, lo que hace que la percepción del riesgo dependa también de las alternativas disponibles.

“Podemos decirle a una familia que no use leña, y es necesario hacerlo donde constituye una fuente importante de contaminación, pero si no tiene acceso a una alternativa de calefacción que sea económicamente viable, la recomendación ambiental choca con su realidad cotidiana. Por eso, las restricciones tienen que ir acompañadas de alternativas reales y accesibles. La percepción de riesgo también depende de las alternativas que tanto el Estado como la sociedad ofrecen”, puntualiza la directora ECA3.

En el plano de las políticas públicas, Amaya descarta que la posición del país refleje un fracaso de los instrumentos vigentes. Chile cuenta con planes de descontaminación actualizados y con medidas de peso, como el recambio de calefactores y las restricciones a determinadas fuentes. El punto crítico, plantea, es asumir que la contaminación no se comporta de la misma manera en todos los territorios.

Es uno de los hallazgos de la investigación que se desarrolla en la Región de O’Higgins, donde incluso dentro de un mismo valle las comunas responden de manera distinta según la meteorología, la topografía, la altura de la capa límite, la temperatura, las precipitaciones, el viento y las fuentes de emisión presentes. “Ya no basta con decir ‘reduzcamos emisiones’. Tenemos que preguntarnos dónde, cuándo, qué fuente estamos controlando y en qué condiciones atmosféricas”, afirma Amaya Peña

De cara a la próxima década, plantea que se deben fortalecer y actualizar los instrumentos existentes, con atención especial a la tramitación de la actualización de la norma de calidad del aire para MP10 y MP2.5, que contempla estándares más estrictos, e ingresó a Contraloría y en marzo de este año fue retirada para una nueva revisión. “Me preocupa que una norma tan importante para la protección de la salud lleve una tramitación tan lenta. Entendemos que los instrumentos deben revisarse y contar con todo el respaldo técnico necesario, pero también debemos considerar que, en un tema directamente relacionado con salud pública, estos tiempos importan”, sostiene.

A ello suma la necesidad de incorporar el cambio climático como una variable en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Las modificaciones en temperatura, precipitaciones, ventilación y estabilidad atmosférica pueden cambiar las condiciones que favorecen la acumulación o dispersión de contaminantes y, con ello, modificar también la efectividad de determinadas medidas.

“Las políticas que diseñamos hoy tienen que ser capaces de responder al clima que vamos a tener en las próximas décadas. No podemos seguir pensando los territorios como si todos respondieran igual, ni asumir que las condiciones atmosféricas del futuro serán las mismas que conocemos hoy”, concluye Amaya.

La presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín, se refirió a la respuesta que proyectó parte de la juventud en Chile, luego que el Presidente Kast decidiera no conmemorar el 11 de septiembre, rompiendo con ello, un compromiso que todos los gobiernos después de recuperada la democracia adquirieron como gesto de ruptura con los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Golpe y la dictadura.

“Creo que hay una actitud, una disposición de resistencia, pero también de hacer homenaje y de tomar conciencia sobre los procesos históricos que han atravesado nuestro país”, indicó:

En esa línea también se refirió a la desesperanza que pudiese estar afectando a los jóvenes, dadas las precarias condiciones socioeconómicas que la sociedad está generando  para ellos y que dificultan el poder sustentar un pensamiento abierto al futuro:

Sin embargo, esa incertidumbre no es sinónimo de adormecimiento, precisa la presidenta de la Jota: “Me parece que desde la pandemia había un adormecimiento o frustración. Ahora, poco a poco y al alero de septiembre, revive la rebeldía. Ahora, hacia qué lado se va la rebeldía es  tarea nuestra dónde encauzarla”.

Redes sociales 

Por otro lado, Lufín indicó que si bien pudiese haber un estado de adormecimiento en la juventud, por efecto del uso de las redes sociales, “sin duda, es un espacio nuevo donde también ocurre la política”.

Apuntando al caso Cerimedo, acotó sobre cómo las campañas electorales también se juegan en el espacio digital y “cómo esas falsas mayorías o climas que se construyen, están mediados por el capital de distintos candidatos”.

Vi este 11 de septiembre a una juventud en las calles dispuesta a recordar y comprender la gravedad de lo que ocurrió en nuestro país, para que nunca más vuelva a pasar. Pero, al mismo tiempo, creo que es una lucha permanente con uno mismo el poder salir de ese espacio digital que a veces tiene cuestiones muy atrayentes o que nos inmiscuye en un ritmo muy acelerado, pero que está en disputa con la ultraderecha”.

“Creo que lejos de verlo como una cuestión que adormece, hay que tomarlo como un espacio de disputa difícil, porque el formato induce a la adicción”, planteó Catalina Lufín.