El 17 de agosto autoridades locales de la Región del Maule, convocados en la Comisión de Evaluación Ambiental COEVA, rechazaron en amplia mayoría el proyecto de Interconexión eléctrica Internacional Los Cóndores–Río Diamante, cuyo emplazamiento en la sector cordillerano de esa región compromete una zona de alto valor ecológico y patrimonial.

Señalando que el objetivo central es exportar electricidad a Argentina, el científico criminalístico Francisco Pulgar e integrante de Defensores Región del Maule, advierte:“Este proyecto no le baja la cuenta de luz, no asegura que la luz no la corten y no va a dar empleabilidad porque requiere personal técnico altamente calificado para la instalación de las torres de alta tensión”.

El 17 de agosto autoridades locales de la Región del Maule, convocados en la Comisión de Evaluación Ambiental COEVA, rechazaron en amplia mayoría el proyecto de Interconexión eléctrica Internacional Los Cóndores–Río Diamante, cuyo emplazamiento en la sector cordillerano de esa región compromete una zona de alto valor ecológico y patrimonial.

El proyecto que ha puesto en la mira el paso Pehuenche para la instalación de una línea de transmisión con más de 330 kilómetros en territorio chileno y argentino, cuenta varios años de litigios y de reclamaciones interpuestas por la ciudadanía y diferentes entidades.

Su único objetivo es, resume el científico criminalístico Francisco Pulgar e integrante de Defensores Región del Maule, “exportar electricidad a Argentina a costa de los recursos naturales de la región del Maule”:

“El paso internacional Pehuenche es un río de sacrificios con 11 centrales por la cuenca del río Maule: tenemos el proyecto hidroeléctrico Los Cóndores, La mina, Central Isla, Ojos de Agua, Cipreses, Curillinque, Las Lomas, Bocatoma Maule”.

Delitos graves y gravísimos

Al rechazo de la COEVA del Maule se suman casi 16 mil observaciones contra el proyecto -un número récord en Chile- y que denotan impacto en especies en crítico estado de peligro de extinción como la ranita pehuenche u otras vulnerables como el cóndor o los humedales altoandinos.

Sin embargo, tal alineamiento contrasta con las acciones del gobierno, como quedó representado en los dichos del Presidente Kast -y recientemente por la ministra de Energía, Ximena Rincón- denostando la cita de “ranitas” para detener proyectos.“Eso genera una alerta”, acota Pulgar:

Junto a las miles de observaciones, existen antecedentes de más de una década sobre graves y gravísimos delitos medioambientales cometidos por Enel Generación en la zona. Uno de ellos trata de un túnel o pique válvula que colapsó durante la construcción de Los Cóndores en 2016, “contaminación más grave que tiene históricamente el río Maule con toneladas de sedimentos que fueron vertidos”, precisa Pulgar quien denunció a la Superintendencia de Medio Ambiente:

Copamiento de terrenos no autorizados por la RCA, contaminación del estero lo Aguirre, rebalse de piscinas de decantación, intoxicación y muerte de cóndores, contaminación acústica, trabajadores que perdieron la vida: son también parte de otros delitos y crímenes que consigna el denunciante por la firma hidroeléctrica que es principal en la zona.

“Cuando llegaron las hidroeléctricas con este discurso de modernización que iban a tener empleos, que iba a mejorar la calidad, eso es falso. Tú hablas con las comunidades y están sin agua, sectores sin conexión eléctrica, mala señal de telefonía, etc. No hay ningún tipo de avance con respecto a las comunidades”, explica sobre la promesa de desarrollo que se despojó tras los ilícitos.

“Este proyecto no le baja la cuenta de luz, no asegura que la luz no la corten y no va a dar empleabilidad porque requiere personal técnico altamente calificado para la instalación de las torres de alta tensión”, advirtió. 

“Si bien la generación hidroeléctrica es una que está dando funcionamientos, hoy día tenemos otras importantes amenazas que son los paneles fotovoltaicos que están llenando nuestros campos de suelos”, agrega: “Es una situación compleja que nos aqueja a nuestra región donde nuestra potencia agroalimentaria se está transformando en generación eléctrica que no trae ningún beneficio para la Región del Maule”.

Siguientes pasos

El Consejo de Ministros es la instancia que sigue para Enel, situación que inquieta por la posible emisión de un voto político y no en base a los elementos de juicio técnico, agrega Francisco Pulgar, expresando preocupación por los votos contrarios que emitió el seremi de Energía director, el SEA de la Región del Maule y las posiciones que ha fijado la ministra Rincón:

Por su parte, las reclamaciones en contra de El Cóndor-Río Diamante podrían llegar hasta tribunales con los respectivos recursos de protección, mientras que la iniciativa de declarar como Geoparque Mundial Unesco la zona, ha tenido avances, recalca.

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales y la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna anunciaron la realización de una romería al Cementerio General el próximo 6 de septiembre, en conmemoración de los 53 años del golpe de Estado y en homenaje a quienes lucharon por defender la democracia y posteriormente resistieron la dictadura, entre ellos el Presidente Salvador Allende.

Las organizaciones señalaron que la actividad busca mantener viva la memoria de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y reafirmar las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición.

En ese marco, anunciaron que la romería se desarrollará bajo la consigna “No a los indultos”, expresando su rechazo a iniciativas que, a su juicio, puedan otorgar beneficios o impunidad a responsables de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, manifestaron su preocupación por el retraso en la implementación del Plan Nacional de Búsqueda y por las restricciones presupuestarias que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

“Derechos Humanos, ni un paso atrás”, señalaron las organizaciones, reafirmando su compromiso con la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos.

• En vísperas de las elecciones presidenciales de Brasil, Amnistía Internacional envía anuncios a Facebook para poner a prueba la solidez del sistema de moderación de Meta

• Más de la mitad de los anuncios que difunden desinformación relacionada con las elecciones son aceptados

• Los demás se identifican, aunque no son rechazados expresamente por contener desinformación electoral

Amnistía Internacional ha advertido hoy que Meta podría no estar abordando de manera eficaz la difusión de desinformación electoral a través de la plataforma publicitaria de Facebook en vísperas de las elecciones presidenciales brasileñas del 4 de octubre.

Las redes sociales llevan años usándose para difundir desinformación en Brasil. Con objeto de investigar cómo gestiona Facebook en su publicidad la desinformación relacionada con elecciones, Amnistía Internacional llevó a cabo un experimento consistente en presentar en esa red social anuncios “falsos” que contenían ese tipo de desinformación. El contenido de los anuncios iba desde denunciar fraudes electorales a utilizar la desinformación para promover un golpe de Estado militar. El resultado del experimento fue que ocho de los anuncios presentados fueron aceptados, mientras que los siete restantes se marcaron para verificar la identidad del anunciante, por considerarse relacionados con temas sociales, elecciones o política, pero no fueron rechazados específicamente por contener desinformación electoral. Pese a que Facebook no rechazó los anuncios de prueba, Amnistía se aseguró de que no llegaran a publicarse.

“Resulta sumamente alarmante que el sistema de moderación de Meta no haya detectado más de la mitad de los anuncios relacionados con las elecciones que contenían desinformación. Demuestra que Meta no está haciendo lo suficiente para evitar que su plataforma sea un vector de desinformación, mientras sigue obteniendo beneficios de los contenidos y los sistemas de publicidad que hacen posible su expansión”, ha declarado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

El experimento

Amnistía Internacional presentó a Facebook 15 anuncios en portugués de Brasil, dirigidos exclusivamente a la población brasileña en edad de votar, para evaluar cómo los sistemas de moderación publicitaria de la plataforma trataban los contenidos relacionados con las elecciones en vísperas de la cita electoral del 4 de octubre de 2026.

Para que los anuncios se basaran en narrativas electorales reales que circulaban en Brasil, la organización analizó conversaciones online y la opinión pública en redes sociales, así como contenidos en portugués publicados en las plataformas Facebook y X entre los meses de enero y mayo de 2026.

De los 15 anuncios, todos contenían desinformación menos uno, que era neutro. Este análisis utiliza el término “desinformación” para mantener la coherencia con la terminología de Amnistía Internacional, pero en el experimento se aplica la definición de Meta de “información errónea” en la construcción y el análisis de los anuncios. Como indican sus políticas y sus Normas Comunitarias, esta definición abarca información falsa o inexacta, incluidos contenidos que es probable que contribuyan a interferir con el funcionamiento de procesos políticos.

Los 14 anuncios con desinformación fueron concebidos para que reflejaran tres tácticas utilizadas a menudo por políticos/as y candidatos/as para apoyar prácticas autoritarias: “la deslegitimación electoral” (contenidos cuya intención es socavar la confianza en las elecciones, los sistemas de votación o los resultados electorales); “la construcción de un enemigo” (presentar a los oponentes políticos y los tribunales como amenazas a la nación o actores ilegítimos); y “el autoritarismo centrado en la seguridad” (presentar la fuerza, la intervención del ejército o el autoritarismo de mano dura como respuestas necesarias a la delincuencia o el desorden político).

Algunos anuncios se crearon en torno a una única categoría, pero otros incorporaban narrativas de varias. Todos los anuncios, excepto el neutro, violaban la política de Meta sobre información errónea, en concreto su apartado “Interferencia electoral o censal”. El anuncio neutro se incluyó para poner a prueba el requisito de Meta de verificar la identidad para todos los contenidos relacionados con procesos electorales.

Siete de los anuncios creados por Amnistía Internacional se centraron en afirmaciones deliberadamente engañosas sobre los candidatos y las instituciones electorales, por ejemplo las acusaciones de que ciertos candidatos estaban amañando las elecciones, y cuestionando la integridad del sistema electoral. Los otros siete incluían información falsa que podía afectar a la capacidad de las personas para votar, por ejemplo detalles incorrectos sobre cuándo o cómo hacerlo, o sobre quiénes se presentaban a las elecciones.

En la cuenta de Facebook que se utilizó para presentar los anuncios no se llevó a cabo el proceso de Meta de verificación de la identidad (“Confirmar tu identidad”). La verificación de la identidad no se llevó a cabo como parte de la investigación: así se mantenía una cuenta de prueba neutra, y se evitaba que el historial o la actividad previa de la cuenta influyeran en los resultados de la moderación de anuncios. Se utilizaron cuentas exclusivas para la investigación, no cuentas personales, para reducir el riesgo de que el historial de uso de la cuenta influyera en los resultados.

Quienes realizaron la investigación no se encontraban físicamente en Brasil, y no utilizaron una VPN para que pareciera que los anuncios se presentaban desde Brasil (se presentaron desde Londres).

La publicación de todos los anuncios se fijó para una fecha futura. De esta manera, Amnistía Internacional podía poner a prueba los procesos de revisión de las plataformas y al mismo tiempo se garantizaba que los anuncios aceptados pudieran cancelarse con antelación a esa fecha, impidiendo así su publicación y evitando posibles daños para los derechos humanos u otros riesgos de tipo ético.

Amnistía Internacional se dirigió por escrito a Meta el 21 de julio de 2026, solicitándole que respondiera a las acusaciones de que los sistemas de moderación de anuncios de Facebook no habían detectado desinformación relacionada con las elecciones y expresándole su preocupación respecto a la idoneidad de los sistemas de la empresa para identificar, evaluar y mitigar riesgos relacionados con los derechos humanos. En el momento de redactar estas líneas no se ha recibido respuesta de Meta.

Conclusiones

Facebook aprobó ocho anuncios que contenían desinformación, y ninguno de los otros siete fue rechazado explícitamente por contener desinformación.

De los ocho anuncios que contenían desinformación y fueron aceptados para su publicación, cuatro se centraban únicamente en la “deslegitimación electoral”, dos pertenecían únicamente a la categoría de “autoritarismo centrado en la seguridad”, e incluían desinformación que abogaba por la intervención militar o la abstención electoral, y el contenido de los otros dos se solapaba entre las tres categorías.

Los siete anuncios rechazados, incluido uno que era neutro, lo fueron por tratarse de “anuncios sobre temas sociales, elecciones o política”. En estos casos, el Administrador de Anuncios de Facebook señaló que, dado que los anuncios parecían hacer referencia a temas sociales, elecciones o política, era preciso completar la verificación de identidad de la cuenta para que pudieran publicarse. Es importante señalar que estos avisos de rechazo no indicaban que los anuncios hubieran sido rechazados por su contenido, y, por consiguiente, no proporcionaban indicación alguna sobre cómo habrían sido valorados si la cuenta hubiera sido verificada.

Amnistía Internacional también detectó deficiencias en las salvaguardias aplicadas en la presentación de anuncios relacionados con las elecciones. Se permitió su presentación sin declarar que estaban incluidos en las Categorías de asuntos especiales de Facebook, como exige la ley electoral de Brasil, así como las propias políticas de Meta relativas a los anuncios relacionados con las elecciones. Como la identidad de la cuenta no estaba verificada, también se permitió que los anuncios se presentaran sin el descargo de responsabilidad con la etiqueta “Pagado por”, como exigía Meta para contenidos relacionados con las elecciones. Se trata de anuncios que, para empezar, Facebook no debería haber permitido que se presentaran sin verificación de identidad.

El hecho de que los anuncios pudieran ser presentados desde fuera de Brasil plantea la preocupación de que unos controles inadecuados de verificación e información puedan crear vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por actores nacionales o extranjeros para tratar de influir en los procesos electorales. Este incumplimiento de la obligación legal de publicar la información electoral requerida, y la presentación de los anuncios desde fuera de Brasil, plantean serias preocupaciones sobre el riesgo de que haya campañas de desinformación, tanto por parte de agentes nacionales como internacionales, que interfieran en los procesos electorales, además de suscitar interrogantes más amplios sobre los sistemas de moderación de Meta para identificar estos peligros.

El sistema de aplicación de las políticas de Meta utiliza tecnología de inteligencia artificial para identificar proactivamente el contenido de anuncios que podrían violar sus políticas. A continuación, dicho contenido es evaluado, bien sea automáticamente, o bien por personas que lo revisan y, cuando se confirma una violación, se llevan a cabo acciones de aplicación, como la retirada, la restricción o el rechazo de los anuncios con arreglo a las Normas comunitarias de Meta.

“La investigación indica que los sistemas de moderación de Facebook podrían no estar detectando de forma fiable contenido con desinformación relacionado con las elecciones. Si bien Facebook rechazó siete de los 15 anuncios, los marcó con arreglo a su política sobre temas sociales, elecciones o política, no específicamente por desinformación electoral. Esto suscita honda preocupación respecto a si se están aplicando de forma coherente las salvaguardias sobre temas electorales”, ha declarado Ummar Bashir, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos.

Amnistía Internacional halló que los sistemas de moderación de Facebook parecían más eficaces en el reconocimiento de anuncios que presentaban a oponentes políticos como “delincuentes”, “traidores” o “agentes ilegítimos”. Por ejemplo, uno de los anuncios de prueba afirmaba que “Lula [el presidente de Brasil] robará las elecciones”. Cinco de cada siete anuncios con este tipo de contenidos fueron rechazados. Por el contrario, tres de cada cuatro anuncios que contenían retórica militar dirigida contra el Estado de derecho y pedían que el ejército tomara el poder, superaron los sistemas de moderación de Facebook. En uno de ellos se afirmaba: “¡Necesitamos una revolución militar, no voten en las elecciones, el ejército recuperará el poder si la abstención supera el 50%!”

“En vez de salvaguardar la participación electoral, el acceso a información veraz y los derechos humanos, con estos sistemas hay peligro de que se apruebe contenido dañino”, ha afirmado Ummar Bashir, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos.

Normas sobre empresas y derechos humanos

Según las normas internacionales, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y evitar causar, contribuir o estar directamente vinculadas a impactos adversos sobre los derechos humanos. Esto incluye tomar medidas proactivas para identificar, prevenir y mitigar los impactos sobre los derechos humanos.

En el caso de plataformas como Meta, supone garantizar que las prácticas de moderación no permitan que circulen contenidos falsos o inexactos que puedan afectar al derecho de las personas a la información y a participar en asuntos públicos. La responsabilidad de respetar los derechos humanos existe con independencia de la normativa del Estado y exige una constante evaluación de riesgos, así como transparencia y medidas de mitigación eficaces.

El modelo de negocio basado en la vigilancia de Meta se basa en la recopilación y el análisis a gran escala de datos de usuario para mantener a la gente activa en sus plataformas y hacer posible una publicidad muy segmentada. Estos anuncios se muestran mediante una compleja combinación de las características del perfil de usuario, que incluye ubicación, datos demográficos, intereses y comportamiento online. La capacidad de Meta de ofrecer a los anunciantes herramientas predictivas y de microsegmentación de gran precisión es fundamental para este modelo. En el primer trimestre de 2026, el 98% de los ingresos de Meta procedía de la publicidad.

En vísperas de las elecciones presidenciales de Brasil, Amnistía Internacional pide a Meta que garantice que se dispone de recursos lingüísticos adecuados en portugués brasileño para la moderación de contenidos, incluida la aprobación de anuncios, y que refuerce con carácter inmediato su capacidad de identificar y responder a peligros relacionados con las elecciones.

Meta también debe llevar a cabo y publicar un análisis de diligencia debida en materia de derechos humanos, actualizado y específico para cada país, que evalúe cómo sus sistemas, incluida la moderación de contenidos y la publicidad, pueden contribuir a generar riesgos para la participación y el acceso a la información, y adoptar medidas eficaces y transparentes para mitigar estos riesgos.

“A poco más de cinco semanas de las elecciones, Meta aún está a tiempo de abordar con urgencia los riesgos que presentan sus sistemas de moderación de anuncios y evitar el uso de su plataforma para difundir desinformación peligrosa. Permitir que semejante contenido circule sin control podría confundir a los votantes, minar la confianza en los procesos electorales y poner en riesgo la capacidad de la gente para ejercer de manera libre y significativa su derecho al voto”, ha afirmado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

Información complementaria

En los últimos años, Brasil ha implementado varias medidas para abordar la desinformación relacionada con las elecciones. Durante las elecciones presidenciales de 2022, la autoridad electoral de Brasil, el Tribunal Superior Electoral, introdujo medidas más estrictas, que exigían que las plataformas online eliminaran rápidamente la información falsa o deliberadamente descontextualizada sobre los procesos electorales, so pena de ser multadas y de su posible suspensión.

El uso de inteligencia artificial (IA) también se restringió antes de las elecciones municipales de 2024 para evitar la desinformación y la manipulación del proceso electoral. En 2024, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó también la suspensión de X (antes Twitter) por incumplimiento de órdenes judiciales, entre ellas algunas relacionadas con cuentas acusadas de difundir desinformación.

En marzo de 2026, una nueva resolución señaló los contenidos específicos que las plataformas deben eliminar, incluido contenido falso o descontextualizado sobre el sistema de votación electrónica, el Tribunal Electoral y otros procesos electorales, y también prohibió el uso de IA generativa para clasificar, recomendar, sugerir o priorizar candidaturas, campañas y partidos políticos.

La controversia por inconsistencias en los reportes ambientales de ENAP vuelve a poner el foco en la calidad del aire de Concón, Quintero y Puchuncaví. El doctor en Química Diego Sierra explica qué ocurre cuando compuestos como el ácido sulfhídrico llegan al ambiente, cómo pueden afectar al organismo y por qué contar con monitoreo independiente es clave para conocer la exposición real de la población.

La controversia generada por las inconsistencias detectadas en los reportes de emisiones y recuperación de azufre de ENAP abre una pregunta que va más allá de las responsabilidades administrativas o corporativas: ¿Qué significa para la salud de las personas respirar aire que contiene compuestos azufrados?

El cuestionamiento conocido esta semana apunta a fallas y omisiones en información relacionada con las emisiones de la empresa en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, situación que ha motivado solicitudes de investigación y determinación de responsabilidades.

Para el doctor en Química y director del Instituto de Química de la Universidad de Valparaíso, Diego Sierra, comprender qué ocurre con estos compuestos permite dimensionar la importancia de controlar las emisiones desde su origen.

“El petróleo, el crudo, viene de manera natural con azufre incorporado. En el proceso de refinamiento, ese azufre se libera en forma de gas, de ácido sulfhídrico principalmente. También algunos óxidos de azufre, pero principalmente ácido sulfhídrico”, explica.

El doctor Sierra detalla que la industria cuenta con un proceso destinado precisamente a recuperar ese azufre y evitar su liberación al ambiente.

“ENAP tiene por ley que capturar ácido sulfhídrico mediante un método, que es el proceso Claus. Ese proceso lo que hace es transformar el ácido sulfhídrico en azufre elemental, que es inocuo”, señala.

Según el académico, se trata de una tecnología ampliamente utilizada en la industria de refinación. “Es un proceso catalítico que está muy bien documentado y se usa industrialmente desde hace mucho tiempo”, explica.

El químico agrega que “ese proceso captura alrededor del 98 por ciento del azufre que contiene el crudo”.

Por ello, ante eventuales emanaciones, la pregunta pasa a ser qué está ocurriendo con el proceso de recuperación y qué cantidad de estos compuestos termina en el ambiente.

“Si hay emanaciones, es posible que el proceso no esté funcionando de la manera apropiada y eso podría generar problemas ambientales por la liberación del ácido sulfhídrico”, sostiene. Y añade: “Desde el punto de vista de la salud pública, el ácido sulfhídrico puede ser percibido por las personas a concentraciones muy bajas. Se caracteriza por su clásico olor a huevo podrido y, ante una exposición, puede generar malestares como dolor de cabeza, irritación de las mucosas, dolor de garganta, jaquecas y mareos”, sostiene.

¿Qué ocurre cuando ese gas llega al organismo?

El ácido sulfhídrico (H₂S) es un gas que puede afectar principalmente las vías respiratorias y el sistema nervioso. Los efectos dependen de la concentración y del tiempo de exposición.

El doctor Sierra explica que los efectos pueden aparecer desde el momento en que una persona entra en contacto con concentraciones capaces de producir irritación.

“Desde el primer momento puede causar este tipo de malestares. A medida que aumentan las concentraciones, pueden producirse mayores irritaciones de las vías respiratorias, desmayos y, en concentraciones elevadas, incluso podría llegar a ser mortal. Sin embargo, alcanzar concentraciones tan altas es difícil. Lo que sí puede ocurrir son episodios en los que las personas experimenten mareos, jaquecas, irritación de las mucosas nasales y compromiso del sistema respiratorio en general”, indica.

Tal como lo señala el académico, la magnitud del efecto, sin embargo, depende de cuánto contaminante llega efectivamente al organismo. No es lo mismo una exposición breve a una concentración baja que permanecer durante un período prolongado en un ambiente donde existe una concentración elevada.

Diego Sierra lo explica al referirse a una eventual exposición respiratoria: “Si las concentraciones suben mucho más y pasamos los 50 PPM, por ejemplo, ya podemos sentir irritaciones pulmonares. Se pueden generar problemas respiratorios por la exposición a altas concentraciones, no necesariamente prolongadas. Puede ser al cabo de una hora o dos horas, que ya podamos sufrir un cierto compromiso del sistema respiratorio en concentraciones elevadas”.

Asimismo, explica que el ácido sulfhídrico es un gas que tiende a ser más denso que el aire y, por lo tanto, puede mantenerse a niveles bajos, a ras de piso o cerca de la superficie.

“Distinto es lo que ocurre con los gases oxidados del azufre, como el dióxido de azufre (SO₂), que al interactuar con la humedad atmosférica puede formar ácido sulfúrico y contribuir a la generación de lluvia ácida. Aunque no se trata de un ácido fuerte que produzca una quemadura química, sí puede generar irritaciones importantes”. En esa línea, aclara: “Esto ocurre principalmente en procesos de refinación de minerales sulfurados, como en las fundiciones de cobre. En el caso de ENAP, la principal emanación relacionada con el azufre corresponde al ácido sulfhídrico”.

El olor: una señal de alerta

Como lo mencionó el doctor Sierra, uno de los elementos más reconocibles del ácido sulfhídrico es su olor característico, habitualmente asociado al de un huevo descompuesto. El contaminante puede ser detectado por el olfato humano a concentraciones muy bajas. Por eso, frente a un episodio en que una persona perciba este olor, el especialista recomienda tomarlo como una señal para alejarse de la fuente y buscar un lugar ventilado, pero el conocimiento de la concentración requiere instrumentos de medición.

“Para ayudar a la prevención, si estamos realmente expuestos a una concentración peligrosa, lo primero es confiar en el instinto de uno. Si uno siente ese olor, sabe inmediatamente que algo está pasando y que es mejor alejarse de ese lugar lo más posible”, plantea.

La preocupación de las comunidades que viven próximas a fuentes industriales no se limita necesariamente a un episodio puntual. También existe interés por conocer qué podría ocurrir si las personas estuvieran expuestas reiteradamente a determinados contaminantes.

Diego Sierra distingue entre los efectos asociados a episodios puntuales y una eventual exposición constante.

“El ácido sulfhídrico podría generar efectos acumulativos si existe una exposición permanente, principalmente por la irritación que produce. En el caso de una exposición constante, también podrían presentarse algunos problemas crónicos. En cambio, si se trata de episodios aislados y espaciados en el tiempo, no debieran generar efectos crónicos”, explica.

El académico agrega que también pueden producirse fenómenos de hipersensibilidad: “Esos problemas de salud están relacionados con el episodio y se mantienen durante su duración. Cuando logramos ventilar el lugar y el contaminante se dispersa, las personas debieran volver a un estado normal. Sin embargo, esto depende mucho de la concentración que estén respirando”.

Niños y adultos mayores

Por otro lado, la población no necesariamente responde de la misma manera ante una exposición. El doctor Diego Sierra identifica a niños y adultos mayores como grupos que pueden presentar una mayor vulnerabilidad.

“En el caso de los niños, como las mucosas son más sensibles, tienden a sufrir más que en el caso de un adulto. Los adultos mayores también, porque obviamente el sistema respiratorio de un adulto mayor está mucho más comprometido por el paso del tiempo. Pero los síntomas, más o menos, son los mismos”, concluye.

Aunque Chile registra una evaluación de infraestructura por sobre el promedio global, la ciudadanía prioriza reparar las redes existentes y prepararlas frente a eventos climáticos, según el Índice Global de Infraestructura 2026 de Ipsos.

Santiago, 27 de agosto de 2026 — Ipsos presentó los resultados de su Índice Global de Infraestructura 2026, que analiza la satisfacción de las personas con las redes públicas y de conectividad en Chile y el mundo. La publicación de estos resultados coincide con una discusión pública marcada por el impacto del sistema frontal en distintas zonas del país, que ha vuelto a poner atención sobre la capacidad de respuesta de la infraestructura.

Uno de los principales resultados para Chile muestra que un 61% de las personas consultadas considera que la infraestructura del país no ha sido lo suficientemente adaptada para resistir los impactos del cambio climático. En la misma línea, un 73% afirma que reparar la infraestructura existente es tan importante como construir nuevas obras.

Pese a esa preocupación, Chile se ubica sobre el promedio global en satisfacción con su infraestructura. Un 49% de las personas consultadas declara estar satisfecha con las redes públicas y de conectividad disponibles en el país, frente al 38% registrado a nivel mundial. En contraste, un 16% manifiesta insatisfacción.

Entre las necesidades prioritarias, un 50% menciona la construcción de viviendas y vías públicas, 13 puntos porcentuales sobre el promedio global, mientras que un 47% apunta a la optimización de la red vial local, 11 puntos por encima del promedio internacional.

El estudio también muestra apertura hacia la participación privada en el desarrollo de infraestructura. Un 73% en Chile aprueba la inversión de este sector para lograr las mejoras necesarias. Sin embargo, solo un 33% apoyaría aumentar el gasto para mejorar la infraestructura si esto se traduce directamente en mayores impuestos o costos para los consumidores.

“En Chile, existe una clara validación ciudadana a los modelos de colaboración público- privada. Los chilenos consideran que la combinación de ambos sectores puede generar mejores resultados en áreas críticas como la lucha contra el cambio climático (45%), el mantenimiento de infraestructura (42%) y la construcción de nueva infraestructura a tiempo (39%). Más que una discusión sobre financiamiento, los resultados reflejan una demanda
por mayor capacidad de ejecución para cerrar las brechas que siguen siendo prioritarias para el país” analizó Rodrigo Pereira, director de cuentas de Estudios Públicos en Ipsos Chile.

Entre los muros de lo que otrora fuera el sitio de memoria 3 y 4 Álamos, campo de prisioneros y vejaciones que vio pasar a más de 6 mil detenidos entre 1974 y 1977. Las Juventudes Comunistas, junto a la corporación que resguarda el sitio, abrieron un espacio íntimo y cargado de emoción: un conversatorio con Alicia Lira Matus, Premio Nacional de Derechos Humanos del INDH.

La instancia se inscribe en el camino hacia el aniversario número 94 de la organización juvenil, una celebración que ha ido tejiendo memoria y cultura por distintos rincones: un cuecazo que hizo bailar a cientos en la Plaza Italia, una jornada de muralismo pintada a mano por la Brigada Ramona Parra, un conversatorio con el embajador de Cuba en Chile, y que seguirá sumando capítulos con un próximo encuentro junto al Premio Nacional de Artes, Alejandro “Mono” González.

A la cita llegaron, junto a Alicia Lira, la concejala de San Joaquín Montserrat Muñoz Gárate, el secretario general de la colectividad Gonzalo García, y el vicepresidente de la corporación 3 y 4 Álamos, Félix Madariaga. Moderaron la conversación Ignacio Barría y Soledad Bravo, quienes guiaron a la audiencia por la historia de vida de Alicia: sus primeros pasos en el mundo sindical durante la Unidad Popular, los años más duros tras el golpe, el asesinato de su marido Felipe Rivera a manos de la dictadura fascista, y la prisión de uno de sus hermanos menores. Fue ese dolor el que la empujó a convertirse en dirigenta, primero en la Agrupación de Familiares de Presos Políticos y, más tarde, en la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Uno de los momentos que más removió a los presentes llegó cuando le preguntaron por el miedo: ¿cómo se sigue militando, buscando verdad y justicia, cuando existe el riesgo de perder a quienes se ama? Alicia respondió con sinceridad, diciendo que muchas veces algunos dicen no sentirlo, cuestión que no fue su caso: “La persona que tiene principios, que ama la vida, tenemos miedo. La diferencia es que el miedo no nos doblega, ese es nuestro coraje, es nuestra fuerza”.

Con la voz cargada de recuerdos, también rescató la solidaridad que se tejió en los años más oscuros: “Hay algo muy hermoso en eso, en la cantidad de gente que arriesgó su vida prestando sus casas para reuniones, gente que buscaba recursos y buscaba la manera de conducirlos, era enorme”.

Para la concejala Montserrat Muñoz, llevar este tipo de encuentros al territorio es un gesto que no puede dejar de hacerse: “Es súper relevante acercar este tipo de conversatorios al territorio, que la comunidad esté presente y que podamos socializar este tipo de encuentros. Tener a Alicia en un lugar como este es algo profundamente simbólico también para lo que significa 3 y 4 Álamos en el presente y lo que significó en la dictadura”.

Por su parte, el secretario general de las Juventudes Comunistas, Gonzalo García, reafirmó el compromiso de la colectividad con la defensa de los derechos humanos y llamó a respaldar a los sitios de memoria que hoy sobreviven sin financiamiento estatal. García no se guardó las críticas al actual gobierno y a las normativas que, a su juicio, siguen golpeando los derechos fundamentales de la ciudadanía: “Tenemos hoy en día cómo se siguen vulnerando los derechos humanos a través de distintas normativas, como la ley Nain-Retamal, y también parte de la reforma de seguridad que está impulsando este gobierno”.

El dirigente juvenil fue enfático en señalar que detrás de estas medidas hay un intento de recortar derechos como la movilización, la comunicación y la protesta social, y llamó a las nuevas generaciones a tomar un rol activo en esa disputa: “Creo que ahí es parte de la lucha actual de los derechos humanos, que sin duda tenemos que involucrarnos más como juventud y no dejarlo solo a las agrupaciones de derechos humanos y a los dirigentes y las dirigentas”.

Por Javier Albornoz Rebolledo, Integrante de la Comisión Política del Partido Comunista.

Fernando Cerimedo permite observar algo que va mucho más allá de la trayectoria de un consultor político argentino. Su recorrido por Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, sus vínculos con Javier Milei y Jair Bolsonaro, su participación en estrategias digitales y la construcción de plataformas como La Derecha Diario muestran la existencia de una derecha que dejó hace tiempo de actuar exclusivamente dentro de las fronteras nacionales. Hoy circulan operadores, métodos, recursos, tecnologías y discursos de un país a otro.

Chile conoce esa historia más de cerca de lo que muchas veces reconocemos. Cerimedo intervino en el debate constitucional y estuvo en nuestro país durante la campaña que culminó con el triunfo del Rechazo en septiembre de 2022. Su participación exacta fue posteriormente discutida por integrantes de esa campaña, pero su presencia y su involucramiento en aquella batalla comunicacional están documentados.

Después vino Brasil. Tras la derrota de Bolsonaro en 2022, Cerimedo difundió denuncias sobre un supuesto fraude electoral. Investigaciones de la Policía Federal brasileña lo ubicaron posteriormente dentro del entramado digital que buscó desacreditar el resultado que dio el triunfo a Lula. No estamos hablando solamente de propaganda electoral: estamos hablando de operaciones capaces de erosionar la confianza en las instituciones cuando los resultados democráticos no favorecen al sector político que las impulsa.

Hoy su recorrido llega hasta Bolivia. Se le ha identificado como asesor del presidente Rodrigo Paz y como estratega digital vinculado a Javier Milei, mientras el gobierno boliviano ha preferido describirlo como un colaborador cercano que siguió participando en materias de comunicación después de la campaña.

Pero Cerimedo importa menos como individuo que por el modelo político que representa, Fundó La Derecha Diario, una plataforma creada explícitamente para influir sobre públicos identificados con la Ultra-derecha. Esa experiencia se internacionalizó y terminó conectándose también con el ecosistema tecnológico estadounidense: en 2025 el propio medio anunció que Cerimedo representaría en América Latina a empresas vinculadas a Brad Parscale, antiguo estratega digital de Donald Trump.

La ultraderecha contemporánea está construyendo y fortaleciendo una verdadera internacional. Milei, Bolsonaro, sectores de la derecha chilena, las nuevas derechas europeas y el trumpismo comparten escenarios, lenguajes, medios, asesores y enemigos. No son una organización única dirigida desde una oficina central. Su fuerza reside precisamente en otra cosa: constituyen un ecosistema capaz de reproducir las mismas narrativas y métodos en sociedades diferentes.

Y el trumpismo funciona hoy como uno de sus grandes polos ideológicos, desde allí se proyecta una visión del mundo basada en la confrontación permanente: nación contra enemigo interno, orden contra caos, ciudadanos productivos contra supuestos privilegiados, tradición contra progresismo, patriotismo contra quienes cuestionan la hegemonía estadounidense. La política deja de organizarse alrededor de diferencias legítimas y comienza a construirse mediante enemigos que deben ser derrotados.

Su batalla principal se libra sobre las subjetividades y el sentido común, no necesitan convencer a una sociedad completa de una gran mentira. Es más eficaz instalar miles de pequeñas percepciones: que nada funciona, que todos los políticos son iguales, que los derechos son privilegios, que la democracia es un obstáculo, que los migrantes explican la inseguridad, que los movimientos sociales son violentos, que las izquierdas quieren destruir el país.

La operación consiste en repetir esas ideas hasta que dejan de percibirse como posiciones políticas y empiezan a sentirse como realidad evidente, ahí actúan los algoritmos, los medios propios, las cuentas automatizadas, los influenciadores y las campañas negativas. Una falsedad comienza en un portal marginal, miles de cuentas la multiplican, dirigentes la comentan, otros medios se preguntan si será cierta y finalmente millones de personas terminan hablando de ella.

No solo manipulan información: construyen realidad política.

Por eso casos como Hondurasgate o el antecedente de Team Jorge son relevantes. Distintas investigaciones han mostrado la existencia de operadores transnacionales que ofrecen campañas de influencia, perfiles falsos, hackeo, desinformación y manipulación electoral. No necesitamos afirmar que todas esas experiencias pertenecen a una misma estructura clandestina. Lo comprobable ya resulta suficientemente preocupante: existe un mercado internacional de intervención política y existen fuerzas de ultraderecha dispuestas a utilizarlo.

La reciente reunión convocada por Marco Rubio en Washington agrega un antecedente inquietante. Mientras estas redes privadas avanzan, Estados Unidos comienza a colocar nuevamente a corrientes identificadas con el marxismo, el comunismo, el anarquismo y Antifa dentro de una agenda internacional de seguridad. La frontera entre adversario político y amenaza comienza nuevamente a hacerse peligrosa.

Frente a esto tenemos también una responsabilidad, no podemos alimentar al monstruo que nos quiere devorar.

Estas redes viven de nuestra indignación. Diseñan provocaciones para que también sus adversarios las compartan. Una mentira reproducida para denunciarla continúa siendo una mentira que circula. Una polémica creada artificialmente puede terminar imponiendo durante días la agenda política de todo un país.

La respuesta no puede ser abandonar la disputa. Exactamente al contrario: debemos conocer cómo funcionan estas redes, investigar quién las financia, revelar sus conexiones, fortalecer medios propios y recuperar la capacidad de hablar desde los problemas reales de nuestro pueblo.

Porque disputar el sentido común no significa fabricar nuestras propias mentiras.

Significa impedir que otros conviertan las suyas en realidad.

Y entenderlo a tiempo puede ser decisivo para defender nuestras democracias antes de que quienes buscan vaciarlas consigan hacerlo utilizando sus propias reglas.

Gonzalo García Donoso, secretario general de las Juventudes Comunistas (JJCC), abordó la situación económica de las familias chilenas, cuestionó la agenda de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y presentó propuestas en materia laboral de la organización de cara a su 94° aniversario.

El dirigente juvenil partió describiendo el escenario que, a su juicio, enfrentan hoy los sectores populares del país. “No somos ajenos a la realidad en cómo lo están viviendo las familias chilenas y es verdad que las familias chilenas lo están pasando mal, que la juventud en Chile lo está pasando mal”, señaló, apuntando al alza en el costo de la canasta básica y al surgimiento de ollas comunes en comunas periféricas como muestra del deterioro económico.

Asimismo, advirtió que la discusión presupuestaria en curso contempla ajustes que golpean directamente a la juventud. “Estamos muy atentos también a la discusión de presupuesto, pues se han dado distintas señales de recortes a la educación, recortes a la salud, hoy en día estudiantes secundarios han denunciado a lo largo del país, disminución de ración en la comida de la JUNAEB”, afirmó.

García Donoso también vinculó el malestar social al aumento de la delincuencia y cuestionó los resultados de la política migratoria del oficialismo en el norte del país: “Hemos visto también el aumento de delitos (…) inclusive una de las grandes banderas del gobierno que era respecto a migración los datos desde Arica, pese a que construyó una zanja de 3 metros han aumentado los ingresos irregulares”.

Críticas a la agenda de seguridad de Kast

Uno de los ejes más duros de la conversación fue la agenda de seguridad del Ejecutivo. García Donoso cuestionó la reforma asegurando que,  “se pretende establecer, porque aún no es materia de ley y espero que no lo sea (…) que sea el Congreso nacional y específicamente El Senado, quienes determinen cuáles van a ser los delitos que van a tener o incurrir en pérdida de derecho”. 

Para el dirigente, esto representa una amenaza a la institucionalidad democrática: “El presidente empieza a tomar atribuciones del Congreso nacional desdibujándolo, y que el Congreso tenga atribuciones del poder judicial, desdibujándolo, es una muestra clara de que acá en el fondo lo que se está haciendo es romper los pilares más antiguos de la democracia chilena, la separación de poderes del estado”.

En esa línea, apuntó al fortalecimiento de la ley Naín-Retamal y recordó el caso de Claudio Crespo, como ejemplo de impunidad, “se acreditan los disparos al cuerpo perpetrados por Claudio Crespo, pero no recibe ninguna sanción, al contrario es absuelto y no recibe ninguna condena”.

Propuesta de “primer empleo” para jóvenes

Respecto a las iniciativas legislativas impulsadas por la organización, García Donoso puso el foco en la precariedad laboral juvenil, citando datos de la Fiscalía Nacional Económica: “Un 37% de las carreras tienen retorno negativo y, 2 de cada 5 personas en Chile no trabajan en lo que estudiaron o en lo que se perfeccionaron técnicamente. Estamos generando deuda principalmente a los estudiantes con falsas promesas de que van a tener mejores condiciones de empleo o mejores salarios”.

Frente a ese diagnóstico, detalló el proyecto que las JJCC han presentado a parlamentarios: “Un proyecto que garantice un primer empleo, (…) un artículo único al código del trabajo donde garanticemos que una empresa de más de 50 trabajadores o trabajadoras, que al menos un 4% sean personas sin experiencia previa”.

94° aniversario de las JJCC

Finalmente, el dirigente adelantó cómo la colectividad conmemorará su aniversario número 94, con un mes de actividades de carácter abierto centradas en cultura, baile y derechos humanos. 

Contó además que sostuvieron un conversatorio con el embajador de Cuba en la Constramet para analizar la coyuntura latinoamericana: “Pudimos conversar acerca de lo que está pasando en Latinoamérica, entender un poco el panorama internacional de cómo está afectando algunas de las cosas que repercuten en la juventud en Chile y en distintas latitudes del mundo”.

“Nuestra idea es poder generar instancias de cara al aniversario en que no necesariamente la militancia, sino que la gente pueda participar”, cerró García Donoso.