Amnistía Internacional ha publicado hoy un nuevo informe en el que documenta trato cruel, inhumano y degradante en dos centros de detención de inmigrantes en Florida: el Centro de Detención de los Everglades (“Alcatraz de los Caimanes”) y el Centro de Internamiento de Krome North (Krome).
El informe, titulado Tortura y desapariciones forzadas en el estado del sol: violaciones de derechos humanos en el “Alcatraz de los Caimanes” y Krome de Florida, revela las violaciones de derechos humanos, en algunos casos constitutivas de tortura, que se cometen en Krome y en el “Alcatraz de los Caimanes” en un ambiente cada vez más hostil contra la inmigración en Florida bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, cuya administración ha intensificado la criminalización y las detenciones en masa de migrantes y personas que buscan seguridad. Las conclusiones del informe se extrajeron durante una visita de investigación realizada en septiembre de 2025.
“Estas conclusiones confirman la existencia de un sistema deliberado construido para castigar, deshumanizar y ocultar el sufrimiento de las personas detenidas”, ha manifestado Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas. “El control de la inmigración no puede funcionar fuera del Estado de derecho ni estar exento de cumplir las normas de derechos humanos. Lo que estamos viendo en Florida debería alarmar a toda la región.”
El “Alcatraz de los Caimanes”: Una catástrofe de derechos humanos gestionada por el estado de Florida
La investigación concluyó que las personas detenidas arbitrariamente en el “Alcatraz de los Caimanes” viven en condiciones inhumanas e insalubres, con retretes atascados que provocan la presencia de materia fecal en los lugares donde duerme la gente, acceso limitado a las duchas, exposición a insectos sin medidas de protección, luces encendidas las 24 horas del día, comida y agua de mala calidad y falta de intimidad, que incluye la instalación de cámaras sobre los retretes.
Las personas entrevistadas contaron que el acceso a atención médica es inadecuado, se concede de forma desigual o se niega por completo, lo que pone a la población allí recluida en grave riesgo de sufrir daños físicos y mentales. Algunas denunciaron que cuando estaban fuera de su celda permanecían en todo momento encadenadas. Otros tratos que soportan las personas detenidas constituyen tortura, como por ejemplo ser recluidas en la “caja”, una estructura como una jaula de 60X60 cm en la que se encierra a personas como castigo —en ocasiones durante horas, expuestas a los elementos y sin apenas agua—, con las manos y los pies atados a unas sujeciones en el suelo.
El “Alcatraz de los Caimanes” funciona sin ninguna supervisión federal, y por tanto sin los sistemas básicos de seguimiento utilizados en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La ausencia de mecanismos de inscripción en registro o seguimiento para las personas allí recluidas facilita la detención en régimen de incomunicación y constituye desaparición forzada cuando a la familia de una persona recluida en el centro se le niega la información sobre el paradero de ésta, y cuando no se permite el contacto con un abogado.
“Estas condiciones, despreciables y nauseabundas, en el Alcatraz de los Caimanes reflejan un patrón de desatención deliberada concebido para deshumanizar y castigar a las personas allí recluidas”, ha declarado Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Esto es inverosímil. ¿Dónde está la supervisión?”
Krome: Hacinamiento, caos y peligro
En el centro de detención de Krome, perteneciente al ICE pero gestionado por una empresa privada con ánimo de lucro, la investigación confirmó que, a pesar de la existencia de instalaciones médicas, las personas allí recluidas denunciaban una grave desatención en lo relativo a la salud, que incluía la negativa a proporcionar tratamientos y exámenes médicos. Las personas detenidas en Krome confirmaron los informes anteriores de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, había informes de hacinamiento, de reclusión prolongada y arbitraria en régimen de aislamiento, de falta de atención médica adecuada, de retretes atascados, de falta de acceso a las duchas, de iluminación constante y de averías del aire acondicionado.
La gente relataba violencia y malos tratos por parte de los guardias. El equipo de Amnistía Internacional presenció cómo un guardia golpeaba violentamente la mano herida de un hombre con un trozo de metal de una puerta de una celda de aislamiento. Otras personas denunciaron haber recibido golpes y puñetazos de guardias. También hubo quienes informaron de que habían tenido dificultades para acceder a asistencia letrada, y no sabían durante cuánto tiempo permanecerían detenidas ni qué les sucedería a continuación.
“El hacinamiento extremo en Krome, la desatención médica y las denuncias de trato humillante y degradante trazan una imagen de estremecedoras violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Amy Fischer.
“Todas las personas que están en un centro de detención están sufriendo”: Control de la inmigración y detención en Florida
En febrero de 2025, Florida aprobó unas leyes de inmigración extremas y discriminatorias que ponen en grave peligro a las comunidades inmigrantes. La ampliación de los acuerdos 287.g que permiten a los agentes locales encargados de hacer cumplir la ley actuar como funcionarios de inmigración y detener a personas por cuestiones migratorias ha dado lugar a detenciones indebidas, establecimiento de perfiles raciales y un temor generalizado que impide a las familias acceder a escuelas, hospitales y otros servicios esenciales.
Florida se ha convertido en un campo de pruebas para políticas abusivas de aplicación de las leyes de inmigración, estrechamente alineadas con la agenda racista y contraria a la inmigración del gobierno de Trump. Bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, el estado ha intensificado la criminalización de la migración y ha utilizado amplios poderes de emergencia para incrementar rápidamente las detenciones en masa. Desde enero de 2025, Florida ha aumentado en más de un 50% el número de personas detenidas por motivos de inmigración. Únicamente entre junio y agosto de 2025, el estado firmó 34 contratos sin licitación por valor de más de 360 millones de dólares para el “Alcatraz de los Caimanes” —cuyos costos operativos anuales previstos son de 450 millones—, mientras recortó miles de millones de programas esenciales de salud, seguridad alimentaria, respuesta a emergencias y vivienda.
“La decisión de priorizar el castigo, la deshumanización y la crueldad sobre el bienestar público es desoladora”, ha declarado Amy Fischer.
La detención por motivos de inmigración en Estados Unidos cuenta con un largo historial de abusos. El presidente Trump ha incrementado su uso en casi un 70% desde antes del comienzo de su segundo mandato, al tiempo que las condiciones de reclusión han sufrido un acusado deterioro. De las al menos 24 personas muertas bajo custodia del ICE desde octubre de 2024, seis fallecieron en centros de Florida, cuatro de ellas en Krome.
Recomendaciones
Amnistía Internacional pide a los gobiernos tanto de Florida como de Estados Unidos que aborden las violaciones sistémicas de derechos humanos cometidas en los centros de detención de inmigrantes. La organización insta a las autoridades de Florida a cerrar el Alcatraz de los Caimanes y a prohibir el uso de todos los centros de detención para inmigrantes gestionados por el estado. Florida debe poner fin al uso indebido de los poderes de emergencia, abandonar toda práctica de concesión de contratos sin licitación y redirigir la financiación dedicada a la detención hacia programas esenciales de atención médica, vivienda y ayuda en caso de desastres. Las recomendaciones incluyen también: prohibir el encadenamiento, la reclusión en régimen de aislamiento y la reclusión punitiva al aire libre; garantizar el acceso confidencial a asistencia letrada y a servicios de interpretación; llevar a cabo investigaciones transparentes e independientes sobre tortura y desatención médica; y establecer una supervisión significativa e independiente para todos los centros de detención.
En el ámbito federal, el gobierno estadounidense debe poner fin a su cruel maquinaria de detención por motivos de inmigración, abandonar la criminalización de la migración y prohibir el uso de centros de propiedad estatal para la custodia federal por motivos de inmigración. El gobierno estadounidense debe garantizar investigaciones exhaustivas sobre todas las muertes, las denuncias de tortura bajo custodia y otros abusos, y cumplir las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, el gobierno federal debe llevar a cabo una revisión exhaustiva de los contratos del ICE con actores estatales y privados para garantizar el respeto de los derechos humanos y la restauración de las salvaguardias para “lugares delicados” como escuelas, hospitales e iglesias, e incrementar la financiación federal para apoyar la asistencia letrada universal y servicios de interpretación en los procedimientos de inmigración.
“Las condiciones que hemos documentado en el Alcatraz de los Caimanes y Krome no son hechos aislados: representan un sistema deliberado de crueldad concebido para castigar a quienes tratan de construirse una nueva vida en Estados Unidos”, ha manifestado Amy Fischer. “Debemos dejar de detener a quienes componen nuestra comunidad de inmigrantes y a las personas que buscan seguridad, y en su lugar trabajar para lograr unas políticas de migración humanas y que respeten los derechos.”
