En una época agitada a nivel mundial, marcada por crisis geopolíticas y ambientales, la investigación científica se vuelve fundamental para enfrentar estas dificultades y avanzar en soluciones bien fundamentadas. A nivel nacional, surgen desafíos asociados a los efectos del cambio climático, la necesidad de independencia energética, la inflación y el costo de la vida, así como el análisis de los pros y contras de la inteligencia artificial y su impacto en nuestro futuro.

Este contexto genera una creciente urgencia de capital humano con formación especializada que, desde una mirada local, contribuya a enfrentar estos desafíos. Es aquí donde emerge una necesidad imperiosa, la incorporación de mujeres en el quehacer científico. Es evidente y ampliamente documentado que el trabajo multidisciplinario, con investigadores e investigadoras de distintas formaciones científicas y visiones, enriquece los resultados y permite avanzar en la resolución de problemas complejos. En este sentido, promover una mayor participación de mujeres en la ciencia, con voz, poder de decisión y mayores responsabilidades, es una tarea que como sociedad debemos asumir.

A la fecha, las cifras de ingreso a carreras relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por su sigla en inglés), siguen siendo discretas. Si bien se observa un leve aumento, alcanzando cerca de un 30 por ciento de mujeres que ingresan a estas carreras, nuestro país aún se ubica en los últimos lugares del ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en mujeres egresadas en estas áreas. En el ámbito científico, las cifras son algo más auspiciosas, con cerca de un 40 por ciento de participación femenina. Sin embargo, la brecha persiste en los cargos de liderazgo. Basta señalar que actualmente la gran mayoría de los rectores universitarios son del género masculino.

Los avances existen y el impulso por promover la participación de mujeres en la ciencia no debe decaer. Las políticas públicas han contribuido en sentar las bases, mediante iniciativas como el puntaje adicional en proyectos competitivos liderados por mujeres o la exigencia de la incorporación femenina en equipos de trabajo de investigación. No obstante, el verdadero cambio de fondo se consolidará con el paso del tiempo, a través de transformaciones culturales orientadas a promover la igualdad de género desde la primera infancia, el apoyo del entorno familiar y escolar a adolescentes interesadas en carreras STEM y una distribución más equitativa de las tareas de cuidado y el hogar.

En el ámbito laboral persiste otro desafío clave, la necesidad de conciliación entre trabajo, familia y tiempo personal. Vivimos en una sociedad marcada por el exitismo, donde la vida laboral suele ocupar un rol central en desmedro del desarrollo integral de las personas. En este escenario, avances en el balance de la vida personal-laboral; como la reducción de la jornada de trabajo y la construcción de un ecosistema más equilibrado, dinámico y abierto, permiten proyectar un futuro auspicioso para que nuevas generaciones de mujeres que quieren ser un aporte a la sociedad, sigan su vocación científica y contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Dra. Laura Azócar Ulloa

Directora Alterna del Centro de Energía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)

• La Corporación reporta un 90 % de avance en la remoción del material contaminado, monitoreo permanente de la fauna afectada y acciones legales contra los responsables del accidente ocurrido en el altiplano de Arica y Parinacota.

A más de un mes del derrame de aceite de soya ocurrido en las cercanías del Lago Chungará, uno de los ecosistemas altoandinos más relevantes del país, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) informó importantes avances en las labores de limpieza, monitoreo ambiental y protección de la biodiversidad, junto con el fortalecimiento de las acciones judiciales y de coordinación interinstitucional.

Si bien la naturaleza comienza a dar señales de recuperación, con el retorno gradual de aves al sector, la institución recalcó que aún no es posible confirmar la eliminación total del contaminante, considerando que una sola gota de aceite puede afectar hasta mil litros de agua.

Al respecto, el director regional de CONAF Arica y Parinacota, Lino Antezana, indicó que, “desde el primer momento hemos desplegado todos nuestros equipos técnicos en terreno para apoyar las labores de limpieza y resguardar este ecosistema. Existe un avance importante, pero debemos ser responsables y esperar los resultados del monitoreo para confirmar la remoción total del contaminante”.

Avances en la limpieza y operaciones en terreno

De acuerdo con el reporte operativo actualizado al 27 de enero de 2026, los equipos especializados continúan con la extracción de material contaminado desde el sector oriente hacia el centro del lago, con apoyo de la empresa Spilltech, utilizando zonas de acopio temporal y traslado diario a lugares autorizados para su disposición final.

Las faenas se desarrollan bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad, y se encuentran condicionadas a las condiciones climáticas, especialmente ante la presencia de relámpagos en el sector

Hasta la fecha, se han retirado más de 40 toneladas de suelo contaminado y agua con presencia de aceite, alcanzando cerca de un 90 % de remoción del material afectado.

Impacto en la fauna silvestre

En cuanto a la fauna, CONAF informó que preliminarmente se han identificado:

• • Cerca de 60 aves afectadas directamente por el derrame.
  • Aproximadamente 80 aves atendidas por el SAG y equipos especializados.
  • Posible impacto en anfibios y peces endémicos, como el bagrecito (Orestias).
  • Denuncias sobre abortos en ganado, sin evidencia técnica concluyente.

Sobre este punto, Antezana puntualizó  que, “la protección de la fauna es una prioridad. Estamos trabajando con el SAG, Senapred, universidades y otros servicios públicos para evaluar cada caso con rigurosidad científica y adoptar las medidas que correspondan”.

Todos estos antecedentes se encuentran en proceso de validación técnica.

En paralelo a las labores ambientales, se activaron acciones judiciales contra el conductor del camión y el representante legal de la empresa responsable de la carga, además de coordinaciones con el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía Regional

Asimismo, se realizó una instancia convocada por la Dirección de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), con participación de Cancillería y otros organismos públicos, para abordar la situación del transporte internacional en la Ruta 11-CH

Prevención y medidas futuras

CONAF solicitó, además, gestionar una reunión con representantes de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), con el objetivo de reforzar la seguridad vial, la educación ambiental y la prevención de riesgos en el tránsito de camiones de carga por zonas de alto valor ecológico

Paralelamente, la institución prepara un proyecto de financiamiento regional para implementar un programa de monitoreo ambiental de corto y mediano plazo, junto a instituciones académicas nacionales e internacionales.

En este contexto, el director regional destacó que, “nuestro objetivo es avanzar hacia una recuperación responsable y basada en evidencia. No se trata solo de limpiar, sino de asegurar que este ecosistema pueda restablecerse en el tiempo”.

CONAF reafirmó su compromiso con la protección del medio ambiente, la transparencia informativa y el trabajo coordinado con los organismos competentes, señalando que continuará informando oportunamente sobre los avances del proceso de recuperación del Lago Chungará.

El mes de enero estuvo marcado por una serie de resoluciones judiciales relevantes en materia de derechos humanos, reparación a víctimas, causas vinculadas a la dictadura, el estallido social y delitos comunes, además de hitos institucionales ligados a la memoria y la búsqueda de personas desaparecidas.

Uno de los hechos más significativos ocurrió el 2 de enero, cuando la Corte Suprema dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Vega González vs Chile”, eliminando la aplicación de la llamada media prescripción a condenados por crímenes de lesa humanidad. Con ello, el máximo tribunal dejó sin efecto las rebajas de penas a violadores de derechos humanos y estableció que la edad de los condenados no puede ser un obstáculo para el cumplimiento efectivo de las sanciones, afectando a 14 causas vinculadas a delitos cometidos durante la dictadura.

Ese mismo día, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó a 40 millones de pesos la indemnización que el Fisco deberá pagar a Marcelo Forné González, detenido y torturado por Carabineros en 1983 durante una jornada de protesta nacional.

El 5 de enero, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó las condenas por secuestros y homicidios calificados perpetrados en Ñuble entre septiembre y diciembre de 1973. En fallo unánime, se ratificaron dos penas de 15 años y un día de presidio efectivo contra el exteniente de Carabineros Patricio Jeldres Rodríguez, además de condenas accesorias y una indemnización civil total de 1.970 millones de pesos para familiares de las víctimas.

En la misma fecha, el Decimotercer Juzgado Civil de Santiago ordenó al Fisco pagar 20 millones de pesos a las hermanas de María Bustillos Cereceda, detenida desaparecida en 1974 tras su paso por Villa Grimaldi.

Durante el mes, distintos tribunales también resolvieron múltiples causas de reparación. El 6 de enero, se condenó al Estado a indemnizar con 60 millones de pesos a Elías Montesinos Yáñez, detenido y torturado por la PDI y la CNI en 1988. Posteriormente, el 7 de enero, la Corte de Santiago fijó otra indemnización de 60 millones de pesos para José Soto Chávez, estudiante torturado en una unidad militar y en el Estadio Nacional en 1973.

En paralelo, la justicia también abordó causas contemporáneas. El 5 de enero, el Cuarto TOP de Santiago condenó a 5 años y un día de presidio a Tomás González Quezada por porte y lanzamiento de bombas molotov en el contexto del estallido social. Sin embargo, el 13 de enero, el mismo tribunal absolvió al ex carabinero Claudio Crespo en la causa por el disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica, aplicando la Ley Naín Retamal, pese a que se acreditó su autoría.

El director del INDH, Yerko Ljubetic, advirtió que esta decisión deja sin sanción un hecho de alta gravedad y genera preocupación respecto del futuro de cientos de causas por vulneraciones de derechos cometidas por agentes del Estado durante la crisis social, que dejó 464 personas con traumas oculares.

En el ámbito institucional, el 15 de enero se conmemoraron los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad en un acto realizado en el Palacio de La Moneda, destacando su rol fundamental en la defensa y registro histórico de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1973.

Asimismo, el 22 de enero, ministros del Poder Judicial sostuvieron una reunión con la representante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas, entregando información sobre causas vigentes y el rol del Estado en el marco del Plan Nacional de Búsqueda.

El 23 de enero, el ministro en visita Álvaro Mesa condenó a oficiales en retiro de Carabineros por detenciones ilegales y apremios ilegítimos contra postulantes en Temuco en 1974, junto con una indemnización civil de 120 millones de pesos. Ese mismo día, el ministro de la Corte Suprema Mario Carroza cerró su ciclo de trabajo con la mesa intersectorial de búsqueda de personas desaparecidas, destacando la continuidad del esfuerzo estatal e institucional.

A nivel internacional, el 27 de enero se informó la detención en Estados Unidos del ex agente de la DINA Armando Fernández Larios, implicado en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier y vinculado además a causas por violaciones a los derechos humanos en Chile.

Finalmente, el 31 de enero se dio inicio al ciclo de conversatorios “Defendiendo los Derechos Humanos” del Sitio de Memoria FASIC, con la participación de figuras como Osvaldo Torres, Lorena Fries y Nelson Caucoto, reforzando el debate público y la memoria histórica.

Influencers son destacados en la gestión de apoyo a los damnificados, superando a otras instituciones que participaron en las tareas de comunicación y coordinación de ayuda.

Santiago, febrero de 2026. Ipsos presentó su informe N°47 “Claves Ipsos”, que encuesta cada mes a 1.000 personas sobre sus opiniones y comportamientos respecto a temas de interés para el país. En esta edición, el estudio abordó los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble, así como la respuesta y preparación del país ante emergencias.

Siete de cada diez personas (72%) consultadas creen que los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble fueron provocados de manera intencional. De ese total, un 39% atribuye el origen del fuego a empresas con intereses en la zona, mientras que un 33% responsabiliza a personas independientes.

Respecto de los factores que influyeron en la magnitud de los incendios, el cambio climático es considerado relevante para un 25% de las personas. Sin embargo, un 33% estima que se trata de un factor secundario frente a la falta de preparación del país para enfrentar este tipo de emergencias. Esta percepción cambia entre los más jóvenes. En el grupo de 18 a 29 años, el cambio climático adquiere un mayor peso como causa de la propagación y severidad de los incendios.

“El cambio climático ha generado condiciones para que se generen incendios de gran magnitud, no solo por las olas de calor, sino que debido a la larga seguía que ha provocado zonas donde la vegetación se encuentra extremadamente seca, favoreciendo su rápida propagación. Sin embargo, en este caso particular, la percepción de las personas es que la participación de terceros es el factor principal” analiza el subgerente de Estudios Públicos, Miguel Pinto.

Respuesta al incendio

La evaluación ciudadana de la respuesta institucional ante la emergencia es mayoritariamente negativa. Un 64% califica desfavorablemente la actuación del Gobierno, mientras que el 49% hace lo mismo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). A nivel local, el 45% considera insuficiente la respuesta de las municipalidades de las zonas afectadas.

La percepción crítica se extiende también al sector privado y a los medios de comunicación. Un 53% de las personas estima que las grandes empresas hicieron menos de lo esperado frente a la catástrofe, y un 29% evalúa como deficiente la cobertura y apoyo durante la emergencia de los canales de televisión. 

En contraste, Bomberos aparece como la institución mejor evaluada, con un respaldo del 90% de los encuestados, seguida por Carabineros, que alcanza un 56% de apoyo. Al consultar de manera espontánea por personas u organizaciones que se destacaron en la ayuda a los damnificados, además de Bomberos (18%), emergen los influencers (16%) y, en menor medida, cantantes urbanos (4%).

Respecto de los influencers, un 67% considera que son más efectivos para comunicar cómo enfrentar la catástrofe, aunque existen dudas respecto de sus motivaciones (56% piensa que su ayuda es desinteresada y 44% que no lo es). La confianza en estos grupos es mayor entre jóvenes y mujeres. El 62% de las mujeres cree que su ayuda es desinteresada, frente al 52% de los hombres.

“La baja confianza en las instituciones genera el espacio para que otros actores se conviertan en actores válidos para las personas. El uso intensivo de redes sociales y la baja en el uso de medios de comunicación más tradicionales, ayuda también para que estas personas asuman un rol protagónico tanto en la comunicación acerca del desastre como de la coordinación de la ayuda” afirma Miguel Pinto.

La solidaridad ciudadana también se manifiesta de forma concreta. Siete de cada diez personas declaran haber colaborado con los damnificados, principalmente mediante la donación de artículos de primera necesidad, como ropa y alimentos, y aportes en dinero.

Uno de los hallazgos positivos del estudio es la buena evaluación de la información disponible durante la emergencia. Un 81% valora positivamente la información sobre el tipo de donaciones necesarias, un 79% la relativa a cómo ayudar y un 71% la referida a los centros de acopio. El aspecto peor evaluado es la información sobre quiénes podían o no ingresar a las zonas afectadas (62%).

Percepción del nivel de preparación ante incendios

Los incendios forestales son el tipo de emergencia ante la cual la gente se siente más indefensa. Solo un 24% declara estar preparada o muy preparada. En contraste, los terremotos concentran la mayor sensación de confianza, con un 49%.

Al evaluar la preparación de la región donde viven, la percepción mejora levemente en el caso de los incendios, influida principalmente por la Región Metropolitana, donde las personas se sienten más protegidas. No obstante, la sequía surge como la emergencia frente a la cual se percibe menor nivel de preparación regional.

Esta tendencia se repite al consultar por la preparación del país en su conjunto. Las sequías y los incendios son identificados como las emergencias para las que Chile está menos preparado, con un 20% y un 26% respectivamente.

Un 55% de los encuestados cree que la economía mejorará. En paralelo, cae 2,1 puntos porcentuales la percepción sobre la estabilidad laboral.

La compañía líder de investigación de mercados Ipsos lanza su último informe “Índice de Confianza del Consumidor” (CCI, por sus siglas en inglés), donde se recoge la percepción de más de 20 mil personas en 30 países para medir el nivel de optimismo de los consumidores en relación con la situación de las economías locales, las finanzas personales, los ahorros y las condiciones para invertir.

En esta primera edición del año, el índice de confianza del consumidor registra 49,4 puntos, con un alza de 0,2 puntos porcentuales (pp.) en comparación al mes anterior y de 6,1 pp. por sobre enero pasado. En la comparación interanual, solo el Índice de Corea del Sur muestra un mayor crecimiento entre los 30 países (+8,7 pp).

De esta forma, Chile se ubica en la mitad superior de la clasificación global, en el puesto 14 de 30 naciones y muy cerca del umbral de 50 puntos que marca el optimismo con respecto al estado de la economía. 

“Chile parece haber recuperado después de la elección de Kast el optimismo macroeconómica y político, lo que nos tiene rozando el optimismo en términos de confianza del consumidor tras años de incertidumbre. Sin embargo, la fiesta no es completa. El miedo a perder el trabajo sigue latente. Es un repunte robusto en los papeles, pero mientras el mercado laboral no afirme el paso, esta recuperación se siente con freno de mano”, analiza el Country Manager de Ipsos Chile, Nicolás Fritis.

Durante el período de levantamiento de datos, entre el 24 de diciembre y el 9 de enero, se registraron también hechos económicos y políticos relevantes en el país, como el positivo cierre del año bursátil, aumento en el índice Mensual de Actividad Económica de noviembre y la inflación acercándose al rango meta del Banco Central.

La estabilidad laboral en duda

En el desglose del índice revela señales mixtas. Mientras que los subíndices de Inversiones y Situación Actual, que son los dos con menor puntaje a nivel nacional, registran aumentos de 1,4 y 1,1 pp. respectivamente, los indicadores de Expectativas Económicas (-0,5 pp) y Trabajo (-2,1 pp) mostraron retrocesos. Este último resultó ser el componente con mayor caída del mes, lo que refleja un creciente temor sobre la estabilidad laboral.

“Aunque el ánimo general repunta, es difícil pisar el acelerador a fondo cuando el fantasma del desempleo anda rondando. Esa incertidumbre laboral funciona como un ancla. Las expectativas mejoran, sí, pero mientras la seguridad en el empleo sigue al debe, la recuperación no podrá tomar la velocidad que el país realmente necesita.” indica Fritis.

La baja en el subíndice de Trabajo se explica por un deterioro en las tres preguntas que lo componen, reflejando menor percepción de seguridad en el empleo actual, disminución de la expectativa de retención del trabajo a futuro y un aumento en la proporción de personas que declaran que alguien cercano ha perdido su fuente laboral recientemente.

A nivel global, el Índice de Confianza del Consumidor de Ipsos alcanzó los 49,9 puntos en enero, con un incremento mensual de 0,5 pp. Este resultado marca el tercer aumento consecutivo tras varios meses de estancamiento en 2025, y representa una mejora de 1,3 puntos respecto a enero del año anterior. El umbral de los 50 puntos, que separa el pesimismo del optimismo, está cada vez más cerca.

• Casi el 30 por ciento de las inspecciones terminó con la aplicación de multas.
• Comercio, servicios administrativos y transporte fueron los sectores más fiscalizados entre 2022 y 2025.

Un total de 380.380 fiscalizaciones realizó en todo el país y en todos los sectores productivos la Dirección del Trabajo (DT) en los últimos cuatro años, dando así cumplimiento a su misión fundamental que es hacer cumplir las leyes laborales, previsionales y de seguridad y salud.

De ese total, 112.648 fiscalizaciones terminaron con la aplicación de multas, lo que equivale al 29,6% del total realizado, entregando al erario público un total de $521.718.425.878.

Tal como lo sostuvo desde un comienzo la nueva administración de la DT, el énfasis primordial fue recuperar los niveles fiscalizadores anteriores a la pandemia por Covid-19. Ello, debido a que la disminución de la actividad productiva en el país durante la emergencia sanitaria  redujo también el número de actos inspectivos.

El actual director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, evaluó que “nos sentimos muy satisfechos de lo logrado en estos últimos cuatro años porque hicimos un gran esfuerzo por retomar la intensidad fiscalizadora que siempre ha caracterizado a la Dirección del Trabajo, abarcando a sectores económicos que tenían una baja tasa de inspección y también a emergentes formas de trabajo, como los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, los operadores de tienda del retail y supermercados que deben cumplir tareas múltiples y las jugadoras profesionales del fútbol femenino”.

Por ello, si en 2020 se hicieron 73.943 fiscalizaciones, creciendo a 78.079 en 2021, período afectado por la pandemia, ya en el primer año de la nueva gestión se observó un aumento con 82.508 fiscalizaciones, elevándose a 91.045 en 2023, a 102.749 en 2024 y a 104.078 en 2025.

Del total del periodo, 70.593 correspondieron a fiscalizaciones ejecutadas en programas aplicados en actividades económicas específicas, como el comercio, servicios, construcción, transporte, trabajo agrícola de temporada, minería, industria, salmonicultura, entre los tradicionales, y en fútbol femenino, plataformas de delivery y nuevos puestos creados en el retail, como el operador de tienda, entre los emergentes.

También fue relevante la fiscalización del trabajo infantil y de los riesgos psicosociales que afectan a trabajadores y trabajadoras.

El volumen inspectivo planificado y no meramente en respuesta a denuncias significó finalmente el 18,5 por ciento del total ejecutado.

Sectores más fiscalizados

La actividad económica que lideró la inspección aplicada por la DT fue el comercio, con 68.389 fiscalizaciones, equivalentes al 17,9 por ciento del total.

Le siguió el rubro de servicios administrativos, con 57.196 fiscalizaciones, correspondientes al 15,0 por ciento.

Los otros tres sectores más fiscalizados fueron transporte y alojamiento, con 31.639 (8,3 por ciento); industria manufacturera, con 26.837 (7,0 por ciento) y construcción, con 25.604 (6,7%).

Materias sancionadas

En el balance, las 112.648 multas aplicadas incluyeron un total de 192.914 sanciones -debiéndose considerar que una multa puede aglutinar a más de una materia sancionada-.

La materia más castigada fue  “no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización”, con 23.101 sanciones, equivalentes al 9,4%.

A continuación figura “no llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo”, con 11.434 sanciones (4,6%).

Luego aparece “no registrar un correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, donde deberán practicarse las notificaciones, citaciones y comunicaciones”, con 9.934 sanciones (4,0%).

Después está “no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo”, con 6.637 sanciones (2,7%).

Y en quinto lugar entre las materias más sancionadas aparece “no consignar por escrito las modificaciones del contrato de trabajo”, con 6.178 sanciones (2,5%).

A nivel de sanciones, las 192.914 aplicadas representan el 50,7 por ciento de las fiscalizaciones.

Fiscalización de las 40 Horas

A partir del 26 de abril de 2024 la DT empezó a fiscalizar el cumplimiento de la Ley N° 21.561, conocida como “Ley de 40 Horas”.

Desde entonces se recibieron 2.823 denuncias, siendo la principal “exceder la jornada ordinaria semanal de trabajo de 44 horas”, con 1.125 (39,8% del total).

Se realizaron 21.268 fiscalizaciones y se aplicaron 1.251 sanciones.

Comercio, con 452, servicios administrativos, con 144 y alojamiento y servicio de comida, con 96, fueron los rubros más castigados.

La principal materia denunciada fue también la más multada, en 551 ocasiones.

El monto total de las multas alcanzó $3.318.603.020.

El documento es una revisión de las entrevistas y encuentros realizados durante el 2025 a más de 100 mujeres, quienes identificaron las brechas y oportunidades de participación femenina en Startups y Empresas de Base Científico-Tecnológica.

Barreras institucionales y de implementación, trayectorias no lineales y espacios fuertemente masculinizados fueron mencionadas entre las principales conclusiones del Informe de Sistematización de la Mesa +Mujeres: Startups y Empresas de Base Científico Tecnológica.

El análisis recoge la experiencia de usuarias y referentes institucionales vinculadas al Programa Start-Up Ciencia de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, además de aprendizajes transversales sobre otros instrumentos públicos de apoyo al emprendimiento científico-tecnológico. Se recogieron evidencias cualitativas de tres sesiones temáticas de la Mesa +Mujeres y de conversaciones generadas en el Encuentro Nacional, que reunió a más de 100 mujeres vinculadas a ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en noviembre del año pasado.

“Este informe de sistematización nos demuestra cómo las mujeres se han abierto camino en entornos donde aún existen barreras de financiamiento, de redes y de visibilidad que limitan su participación. Desde el MinCiencia debemos trabajar con esta nueva generación de liderazgos que cambia la forma de hacer innovación en Chile”, dice el ministro Aldo Valle.

Los hallazgos muestran que las brechas de género no se explican por factores individuales, sino por la suma de barreras institucionales, de mercado, culturales y de redes que, además, se intensifican en las etapas críticas del ciclo de vida de  una EBCT. También destaca la alta valoración de los instrumentos públicos como soporte de crecimiento  junto a distintas oportunidades de mejora para reflejar trayectorias reales, reducir cargas administrativas y realizar acompañamientos especializados.

“La ciencia, la tecnología y la innovación deben ser motores de desarrollo para el futuro de Chile Hacer de este ecosistema uno más inclusivo y colaborativo es urgente, para dar el salto cualitativo que el país requiere”, añadió el ministro Valle.

Entre las recomendaciones para fortalecer la proyección de mujeres en startups y EBCT están medidas como: avanzar en procesos de simplificación administrativa, dar más visibilidad a casos de mujeres líderes y profundizar alianzas con instituciones financieras públicas y privadas.

El informe de sistematización busca aportar insumos concretos para la disminución de la brecha de género. Esto reafirma el compromiso del Ministerio de Ciencia por una innovación con sentido público y la construcción de un ecosistema CTCI  más diverso y equitativo.

• “Profes del fin del mundo: Unidocentes” consta de cuatro capítulos donde se presenta la historia de docentes que comparten un denominador común: el cariño y dedicación para enseñar simultáneamente a niñas y niños de distintas edades en una misma sala de clases en localidades rurales de Chile como Camiña, Monte Patria, Petorca y Aysén.
• Descubre los capítulos de la serie en el sitio web https://megustamiescuela.mineduc.gob.cl/unidocentes, y en las redes sociales oficiales de Mineduc.

En Chile hay lugares donde las salas de clases comparten con las estrellas del desierto, con los valles cordilleranos o con la bruma del mar austral. Lugares donde un solo maestro abre cada mañana, toca la campana y representa al Estado, en escuelas que muchas veces acogen a dos, tres o cinco estudiantes. Profesionales de gran compromiso, que siguiendo la inspiración de Gabriela Mistral insisten en un principio simple y profundo: “no podemos renunciar a educar”.

Con el fin de rendir homenaje a la vocación de los más de 900 unidocentes que trabajan en todo el territorio nacional, el Ministerio de Educación estrenará entre el 8 y el 22 de febrero, mediante sus plataformas sociales la serie “Profes del fin del Mundo, Unidocentes”, serie documental que recorrerá rincones de Chile donde solo una profesora o profesor sostiene el derecho a aprender.

Cuatro historias y un mismo país que enseña desde sus rincones

En Moquella, en la quebrada de Camiña, la maestra Beatriz Tapia enseña a sus 12 estudiantes rodeada de tradiciones aymaras, representaciones del solsticio y caminatas patrimoniales que conectan a los niños con los petroglifos del valle. Cada viernes viaja cinco horas a Iquique para ver a su familia, y cada lunes vuelve a abrir su escuela como quien abre un libro antiguo que le pertenece.

A cientos de kilómetros al sur, pero bajo el mismo espíritu, Eduardo Pérez hace clases en la escuela Carmen Prat, en Monte Patria. Ahí, entre viñedos y las aguas del Río Grande, trabaja con seis niños de diferentes edades en una sola sala, combinando objetivos comunes con actividades diferenciadas. Es maestro, director y coordinador de un microcentro rural donde docentes de la zona comparten aprendizajes. Eduardo es la continuidad de una tradición familiar de educadores públicos que enseñan donde otros no llegan.

Siguiendo la ruta hacia la cordillera de Petorca está la escuela El Crucero. El profesor Andrés Gallardo enseña a dos hermanos, Catalina y Vicente, y varios días los acompaña desde o hacia su casa para evitar que caminen en solitario los cinco kilómetros por la ruralidad profunda. Para él, la escuela es también un espacio para que los niños conozcan otras realidades, participen en ferias científicas o actividades deportivas, aun viviendo donde el mundo parece estrecho. Su convicción: que la geografía no sea un límite para las oportunidades.

Finalmente, la serie documental recalará en Isla Toto, en la Región de Aysén, donde profesora Soledad Ubilla recibe cada mañana a dos estudiantes que llegan en bote desde otra isla. Entre pasarelas de madera suspendidas sobre el mar, sin calles y con ballenas jorobadas pasando frente a la escuela, Soledad enseña con metodologías activas, caminatas por el bosque y una presencia estatal que se reduce a dos instituciones: la posta y su escuela. Allí, la educación no es solo un derecho: es un compromiso del día a día.

Los establecimientos unidocentes en cifras

Según cifras del Centro de Estudios Mineduc, las escuelas unidocentes de Chile forman un universo educativo, donde se desempeñan 928 docentes, de los cuales 66,5% son mujeres y 33,5% hombres. La gran mayoría de estos profesionales ejerce en zonas rurales, que concentran el 76,6% de estos establecimientos (711 escuelas), mientras que el 23,4% restante se ubica en áreas urbanas.

Por su parte en cuanto a dependencia, predominan las escuelas municipales (44%), seguidas por las particulares subvencionadas (28%), los establecimientos de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) (18,8%) y, en menor medida, las particulares pagadas (9,3%).

Territorialmente estos establecimientos se distribuyen con mayor presencia en las regiones de Coquimbo (17%), Los Lagos (16,9%), La Araucanía (15,2%), Biobío (9,2%) y Los Ríos (8,1%).