El parlamentario sostuvo que la rebaja presupuestaria en salud forma parte del componente administrativo de la llamada “ley de súper ricos” y advirtió que quienes voten a favor de la reforma también estarán respaldando menos recursos para hospitales, medicamentos y atención de pacientes.

En ese sentido, el diputado Luis Cuello (PC), emplazó a los parlamentarios que respaldan la iniciativa a asumir las consecuencias de la reforma: “Hoy día se ha concretado un recorte enorme al presupuesto de salud que es parte, que es el componente administrativo de la ley de súper ricos. Y en consecuencia, aquellos parlamentarios que voten a favor o que han votado a favor de esta ley están también votando a favor de que se le quite a la gente el acceso a la salud, de que se resten recursos para los medicamentos, de que se resten recursos para los hospitales. Es decir, se le está dando la espalda a las personas en función de un regalo tributario para el 1% más rico de la población.

Este recorte es criminal y es parte de la ley de súper ricos y en consecuencia acá yo emplazo a los parlamentarios que están apoyando esta ley a que se hagan cargo, que se hagan responsable de las consecuencias que va a tener esta ley en la vida y salud de las personas”, señaló.

El debate generado por la ampliación de infraestructura carcelaria en Santiago ha expuesto una tensión que atraviesa hoy a todo Chile: exigimos mayor seguridad, pero evitamos discutir las decisiones estructurales que ella implica.

La crisis de seguridad pública dejó hace tiempo de ser una percepción para transformarse en una preocupación transversal. El aumento de delitos violentos, la presencia del crimen organizado y la presión sobre el sistema penitenciario obligan al Estado a actuar con urgencia. Entre esas acciones aparece una medida inevitable: ampliar la capacidad carcelaria.

Sin embargo, cada anuncio de construcción o ampliación de una cárcel provoca rechazo inmediato. Vecinos temen impactos en su entorno, autoridades locales cuestionan la localización de los proyectos y se instala la sensación de que ciertos territorios deben asumir los costos que corresponden a un problema país.

Esa reacción es comprensible, pero también revela una dificultad mayor: Chile no ha logrado sostener una conversación madura sobre su política penitenciaria.

Durante décadas, la planificación carcelaria fue postergada. Las decisiones se adoptaron como respuesta a crisis coyunturales más que como parte de una estrategia de largo plazo vinculada al desarrollo urbano, la reinserción social y la seguridad integral. El resultado es un sistema altamente tensionado, hacinamiento carcelario y sobrepoblación penal, que dificultan el control efectivo y reducen las posibilidades reales de rehabilitación.

La discusión actual no debiera centrarse únicamente en dónde instalar una cárcel, sino en qué modelo de seguridad pública queremos construir como sociedad. Más infraestructura sin políticas públicas de prevención, educación, reinserción y cohesión social solo posterga el problema.

Desde las regiones, este debate adquiere especial relevancia. Muchas decisiones estratégicas continúan concentrándose en el nivel central, mientras las consecuencias sociales y territoriales se viven localmente. La región del Biobío no está ajena a esta realidad: también enfrenta desafíos crecientes en materia de seguridad pública y convivencia social.

Por ello, avanzar hacia soluciones sostenibles exige tres condiciones básicas. Primero, planificación estatal de largo plazo que integre seguridad, desarrollo urbano y bienestar comunitario. Segundo, participación temprana de municipios y ciudadanía, evitando que los conflictos emerjan cuando las decisiones ya fueron tomadas. Y tercero, comprender que la seguridad no se resuelve solo con control, sino también con oportunidades reales de reinserción que reduzcan la reincidencia penal en chile.

Las cárceles cumplen una función necesaria en cualquier Estado democrático. Pero la seguridad verdadera no se construye únicamente tras los muros, sino en la capacidad colectiva de abordar las causas sociales del delito y fortalecer la confianza pública.

Tal vez el desafío más complejo no sea decidir dónde construir nuevas cárceles, sino asumir que la seguridad implica responsabilidades compartidas y decisiones incómodas que ningún territorio puede enfrentar en solitario.

Si aspiramos a un país más seguro, debemos atrevernos a sostener esa conversación con realismo, evidencia y sentido de bien común.

Nadia Castro Arias

Decana de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción

El Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) presentó los resultados de su sistema de monitoreo de agresiones a la prensa correspondientes al periodo 2022 – 2025, identificando un aumento en el número de incidentes y una diversificación en las formas de violencia contra periodistas y medios de comunicación en Chile.

El informe documentó 424 vulneraciones contra el ejercicio del periodismo y 485 víctimas o entidades afectadas, equivalente a una afectación cada tres días. Desde el año 2022, los incidentes registrados aumentaron un 69,4%, pasando de 85 casos en 2022  a 144 en 2025.

Si bien las agresiones físicas continúan siendo la categoría más numerosa del periodo con 119 registros en estos 4 años, el monitoreo detectó un desplazamiento progresivo hacia formas de hostigamiento en el entorno digital. Esta tendencia se acentuó durante 2025: mientras las agresiones físicas descendieron de 40 casos en 2024 a 17 en 2025, los discursos estigmatizantes que buscan desacreditar a periodistas alcanzaron 46 registros y las agresiones verbales llegaron a 45 casos, escalando a máximos históricos.

El informe también advierte un aumento de formas de acoso que requieren mayor preparación, coordinación y capacidad técnica para ser ejecutadas. Entre ellas, el hostigamiento judicial acumuló 45 casos durante el periodo, mientras que los incidentes de violencia facilitada por el uso de tecnología digital aumentó de 5 registros en 2022 a 17 en 2025.

Dentro de este escenario, ODC identificó un crecimiento alarmante de ataques en plataformas digitales. Los usuarios de redes sociales y entornos digitales, que en su mayoría actúan desde el anonimato, concentraron 113 agresiones, convirtiéndose en el principal tipo de agresor no estatal detectado durante 2025.

Periodistas y profesionales de televisión y la prensa digital fueron los sectores más expuestos. El monitoreo también detectó que las agresiones contra mujeres periodistas presentan mayores niveles de reiteración y hostilidad digital.

El informe sostiene que estas tendencias evidencian cambios en las formas de amedrentamiento contra la prensa, donde la violencia se expresa tanto en ataques físicos en espacios públicos como en campañas de descrédito, hostigamiento sistemático y agresiones digitales orientadas a erosionar la credibilidad de periodistas y medios.

En este contexto, el Presidente del ODC, Javier García, señaló que “durante los últimos años hemos observado que las agresiones contra la prensa se han sofisticado. Ya no se trata únicamente de impedir físicamente una cobertura, también se desarrollan dinámicas de hostigamiento y descrédito sostenidas en el tiempo que buscan desgastar e intimidar a periodistas para promover la autocensura, siendo los medios locales e independientes los más vulnerables a estas prácticas”

Además, enfatizó que “estas cifras no solo nos alarman sino que también nos alientan a continuar perfeccionando nuestro trabajo, porque el monitoreo es clave para visibilizar las vulneraciones y llenan un vacío estructural que tenemos en el país,  ya que sin datos, no es posible trabajar en políticas públicas eficaces ni en protección real a la prensa”. 

El sistema de monitoreo ODC busca documentar y visibilizar estas vulneraciones con el objetivo de contribuir a la discusión pública sobre la seguridad de periodistas y las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en Chile.

Este trabajo ha sido realizado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión y la protección a la prensa. Desde 2019 ODC monitorea y documenta agresiones a la prensa y desde 2023 forma parte de Voces del Sur, red integrada por organizaciones de 17 países de América Latina.

Más de 18 mil estudiantes votaron en el proceso, que registró un 49,1% de participación según el Tricel, la mayor convocatoria estudiantil desde 2011, cuando la elección que llevó a Gabriel Boric a la presidencia de la FECh bordeó el 60%. La nueva Mesa Directiva será encabezada por Laura Mlynarz, estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica.

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La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos AFEP, Alicia Lira, se refirió a la grave situación en que se encuentra la institucionalidad de los derechos humanos en Chile bajo la administración del presidente José Antonio Kast. Entre ellas, el retiro de Contraloría del Plan de Derechos Humanos 2026-2029, la propuesta de descontinuar el Programa de Derechos Humanos en el marco del presupuesto 2027, la ejecución de importantes desvinculaciones o la reciente denuncia sobre las instrucciones que habría dado el ministro de Justicia, Fernando Rabat, de no intervenir en causas de derechos humanos, entre otras.

“Es muy importante, más que nunca hoy día, la unidad y la organización”, plantea la histórica dirigenta nominada al Premio Nacional de DDHH 2026, comentando acciones que han llevado a cabo en organismos del Estado e internacionales, denunciando la política del gobierno de Kast en la materia.

La institucionalidad de los derechos humanos en Chile se encuentra en una grave situación bajo la administración del presidente José Antonio Kast. El retiro de Contraloría del Plan de Derechos Humanos 2026-2029, la propuesta de descontinuar el Programa de Derechos Humanos en el marco del presupuesto 2027 del cual ya se produjeron importantes desvinculaciones -al igual que en el Plan de Nacional de Búsqueda- y la reciente denuncia sobre las instrucciones que habría dado el  ministro de Justicia Fernando Rabat de no intervenir en causas de derechos humanos, han alentado a las organizaciones a llevar acciones que esclarezcan estos preocupantes hechos.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP, señaló que desde abril la Coordinadora Nacional de DDHH, la Agrupación de Sitios de Memoria y la Mesa de DDHH por una Vida Digna que encabeza la senadora Fabiola Campillay, han interpelado al gobierno por estas decisiones. A eso se suma la solicitud que levantaron para oficiar por Contraloría al ministro Rabat respecto a la orden denunciada “de no apelar en los beneficios carcelarios a los violadores de derechos humanos”:

La dirigenta también describió cómo las citas breves y la ausencia del ministro han caracterizado el inicio del trabajo conjunto entre la cartera y las organizaciones de derechos humanos. “El 20 de marzo tuvimos un Encuentro Nacional en nuestra Agrupación donde las dirigentas nacionales dejamos una carta pidiéndole al ministro una reunión. Sin embargo, a la fecha no ha respondido esa carta.

En la primeras reuniones periódicas, las autoridades no han tenido una asistencia a cabalidad ni se ha cumplido con el tiempo estimado para las reuniones del Comité de Seguimiento:

Alicia Lira indicó que se han reunido con el Cardenal Fernando Chomalí, demandando el pronunciamiento de la iglesia en la materia, dada la participación también de la Iglesia en la instancia de seguimiento en la cartera de Justicia.

“No lo quieren tener claro”

Respecto a la relevancia de la descontinuación del Programa de Derechos Humanos creado en la década del 90 con el informe Rettig, remarcó su “exclusivo apoyo a los familiares” y que desde el segundo período presidencial de Bachelet el organismo presenta querellas a través de sus abogados que “defienden y alegan las causas que ellos tenían o que las agrupaciones presentaron”, acota.

“Otra alarma es que no podemos tener absoluta confianza porque lo más valioso que está en el programa son los archivos de las querellas, de testimonios, lo que tiene que ver con las demandas de las querellas que son más de 1200”.

Acerca de  la instrucción que habría dado el ministro Rabat, la histórica dirigenta de la AFEP, indicó que han presentado una carta en Naciones Unidas: “No podemos sino denunciar los hechos. Se está enviando una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo se pasan a llevar las normativas”, en particular, dijo, el Pacto de San José de Costa Rica donde se regula el otorgamiento de beneficios a criminales de lesa humanidad:

“No hay ninguno de ellos que haya tenido arrepentimiento”, precisó sobre los victimarios. “Es más, ellos reivindican lo que hicieron. El Ejército -porque los peores criminales en crueldad y masividad fueron el Ejército de Chile y Carabineros de Chile-. Las instituciones jamás han pedido disculpas por los hechos”.

Asimismo, reivindicó que la tarea en la materia no es solo de justicia sino de reparación. “El rol del Plan Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada no es judicializar sino que es la reparación de la trayectoria de esas víctimas: dónde están, qué es lo que pasó con ellos, dónde pueden entregarlo o encontrarlo, de eso estamos hablando y eso creo que no lo tienen claro o no lo quieren tener claro con la política negacionista que vemos todos los días”.

Algo que entibia el alma

Por otro lado, la presidenta de la AFEP se refirió a su nominación al Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, respaldada por importantes instituciones como la Universidad de Chile, Amnistía Internacional, y organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores CUT o la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. 

“Es algo emocionante, el valor del reconocimiento a una lucha que no es solamente mía sino de un gran colectivo de mujeres que luchamos, sufrimos, que tenemos esperanza, que  también somos felices y que tenemos la impotencia de no poder avanzar más”, expresó agradeciendo también el apoyo de la Agrupación de Pisagua, Chillán, La Serena, Valparaíso y La Araucanía, entre otras.

“Estas cosas a uno le entibian el alma y el corazón”, expresó Alicia Lira:

A su vez, señala que el colectivo siempre ha sido un compromiso: “Lo aprendí en la Juventud Comunista, en el Partido Comunista, en el mundo sindical, en derechos humanos: cuando somos colectivo, hay más cariño, se avanza más y hay más unidad. Creo que mi objetivo en el tema de derechos humanos, todo mi tiempo ha estado dedicado a eso porque faltan muchos más dirigentes para esta enorme tarea de un peso moral tan desigual que se ve en los gobiernos a veces y que hoy es peor aún”.

“Estamos de pie, con esperanza con nuestro espíritu siempre positivo, con una complicidad de afecto, de cariño”, plantea: “que somos fuertes, que vamos a estar ahí y vamos a seguir  hasta el último, así como Carmen Vivanco, Violeta Zúñiza, Ana González, como Ofelia Moreno, Otilia Vargas, sin dejar aquellas compañeras que combatieron o que las mataron o las desaparecieron en la tortura”.

Finalmente, Lira recordó sobre la marcha que diversas organizaciones de derechos humanos están convocando para el sábado 30 de mayo a las 10:00 de la mañana y que partirá desde Metro Baquedano hasta el Memorial de Mujeres Ejecutadas y Desaparecidas ubicado en Paseo Bulnes. Así también, lo hizo respecto a la carta que harán llegar a las presidencias del Congreso previo a la marcha, en contra de la tramitación de la ley de cumplimiento alternativo para criminales de lesa humanidad y condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. 

La senadora comunista Claudia Pascual Grau, reaccionó a las declaraciones del presidente José Antonio Kast, emitidas este miércoles en una actividad de la Cámara Chilena de la Construcción, cuando el mandatario señaló públicamente que la promesa de expulsar migrantes  en situación irregular era una “metáfora”. 

Para la senadora se trataría de un “reconocimiento de que en campaña todo vale y después yo reconozco la mentira”, puesto que a su juicio, este tipo de temas como la seguridad, la salud, el trabajo o la migración, tienen que ser abordadas con miradas a largo plazo y con absoluta seriedad, no de manera “liviana o ligera”.

Además, la parlamentaria por Santiago, aseveró que este tipo de declaraciones, “le hacen daño a la institución del presidente de la república”. Relevando que sería un daño a la institucionalidad del país, más que a la figura del actual mandatario. 

Siguiendo con su análisis de la semana, la senadora Claudia Pascual lamentó el anuncio de los recortes presupuestarios en el Ministerio de Salud. En primer término Pascual advierte, “pareciera que la estrategia del gobierno, es todos los días darnos una mala noticia, cosa de tener a todo el país medio golpeado y respondiendo por todo, los recortes y la mega reforma”. 

Este diseño del gobierno en palabras de la senadora, golpea en calidad y cantidad a las políticas públicas, pero el objetivo final es “por sobre todo la reducción del Estado”.  

Y es en consecuencia de la agenda del gobierno de ultraderecha de reducir el Estado que la Senadora Claudia Pascual plantea la sospecha de que en parte, el recorte a los hospitales de todo el país y del ministerio en general, con FONASA incluido, buscaría que el mercado privado capte una gran masa de usuarios insatisfechos con el sistema público. 

“No se puede deteriorar la salud pública en favor de lo privado” señaló la senadora, ejemplificando con el caso del Hospital Sótero del Río de la comuna de Puente Alto, que según decreto 333 del Ministerio de Hacienda sufriría un recorte mayor a los 3.000 millones de pesos. 

Pascual advirtió que el Hospital Sótero del Río, además de tener una alta demanda en cuanto a atenciones generales, también es muy relevante en la cantidad de especialistas que allí atienden, por tanto, el recorte podría generar situaciones aún más complejas, diagnóstico que extendió a toda la red hospitalaria del país. 

En total serían más de 147 mil millones de pesos los que el gobierno de José Antonio Kast restaría de la salud pública, afectando servicios de salud y hospitales de todo el país. Esta medida ya fue criticada por la presidenta del colegio médico Anamaría Arriagada quien señaló, “¿Cómo pretenden mantener la red funcionando?”

Señor Director:
Presente

Cuando no se escucha a una comuna, se debilita la salud pública

Desde Peñalolén, escribo con molestia, pero también con sentido de responsabilidad pública.

Nuestra comuna avanza con esfuerzo en proyectos concretos como Álvaro Casanova, que contempla cerca de 900 viviendas y un terreno destinado a un nuevo CESFAM, pensado para aliviar la sobrecarga del CESFAM Carol Urzúa.

Esto no es solo infraestructura: es dignidad, es acceso, es justicia social en salud.

Sin embargo, lo que hoy preocupa no es solo la necesidad, sino la falta de escucha.

El alcalde Miguel Concha Manzo ha sostenido reuniones con distintos ministros de la actual administración, abriendo caminos de diálogo institucional. Pero en el caso de la ministra de Salud, Mai Chomali, ese diálogo simplemente no ha existido.

Más aún, resulta inaceptable enterarse por redes sociales que la ministra se encuentra en nuestra comuna, en el CRS Cordillera de Peñalolén, sin generar un espacio de conversación con la autoridad comunal ni con quienes representamos a las familias.

Esto no es un hecho menor. Es una señal política equivocada.

Porque cuando no se escucha a una autoridad local legítimamente elegida, no se está ignorando a una persona… se está ignorando a toda una comunidad.

Los desaires institucionales no son neutros. Generan desconfianza, rompen puentes y debilitan la gestión pública, especialmente en un área tan sensible como la salud.

Como dirigente social, pero también como ciudadano, hago un llamado claro: quien no escucha a una autoridad local, no está escuchando a su gente.

Y frente a eso, la respuesta de Peñalolén debe ser una sola: unidad.

Unidad sin colores políticos.
Unidad sin cálculos pequeños.
Unidad en defensa de nuestros vecinos.

Porque los dirigentes no representamos partidos. Representamos personas. Y cuando se nos cierra la puerta, no es a nosotros: es a miles de familias.

Esperamos una rectificación clara, un cambio de actitud y una señal concreta de que la salud pública en Chile se construye escuchando a los territorios, no ignorándolos.

Porque cuando no se escucha a una comuna, se debilita la salud pública.

Atentamente,

Juan Vera Carrasco
Presidente
Movimiento Autónomo de Vivienda (MAV)

Expertos buscan visibilizar la importancia de estas aves marinas y alertar sobre los riesgos que amenazan su supervivencia. Más allá del valor simbólico y la cercanía que generan, cumplen un rol clave como indicadores del estado de salud de los ecosistemas que habitan.

En este escenario, Chile tiene una responsabilidad especialmente relevante, al ser considerado el país con más especies de pingüinos del mundo. A ello se suma la presencia de importantes poblaciones de pingüinos de Humboldt y de Magallanes en el territorio nacional, así como su vínculo con la Antártica, donde habitan especies como el emperador, Adelia, barbijo, papúa y macaroni, entre otras.

Esta condición posiciona al país como un territorio estratégico para observar cómo los cambios ambientales impactan a estas aves y a los ecosistemas.

Pingüinos bajo presión

La investigadora del Laboratorio de Virología Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, Gabriela Muñoz, explica que la relevancia de estas aves va mucho más allá de la admiración que generan. “Los pingüinos son una señal temprana de lo que está ocurriendo en el medioambiente; cuando sus poblaciones cambian, nos están advirtiendo que algo no está funcionando en el ecosistema”, señala.

Asimismo, la especialista destaca que cumplen una función ecológica amplia en el entorno marino. “Se consideran especies paraguas, porque abarcan una amplia cantidad de terreno o de ecosistemas en general. Lo que ocurre con ellos es un indicador de cómo va a impactar a otras especies”, afirma.

En el contexto nacional, una de las principales alertas recae sobre el pingüino de Humboldt, cuya población ha disminuido significativamente en los últimos años, por lo que la especie está catalogada como “en peligro de extinción”. Entre los factores que explican esta tendencia se encuentran el cambio climático, la aparición de enfermedades y la influenza aviar altamente patógena H5N1.

A esto se suma la presión humana sobre sus hábitats. La sobrepesca, el turismo no regulado, el tránsito marítimo y la presencia de perros sin control en zonas costeras forman parte de un conjunto de amenazas que afectan directamente su supervivencia. “Generalmente, las principales amenazas están asociadas a la actividad humana, especialmente a la sobrepesca, que compite directamente con el alimento de los pingüinos”, afirma Muñoz.

Sobre el rol de protección a pequeña escala, la especialista enfatiza que es clave evitar que las mascotas ingresen sin control a estas zonas, idealmente siempre con correa, ya que antes del brote de gripe aviar una de las principales causas de mortalidad en pingüinos eran las mordidas y ataques de perros. Asimismo, si se encuentran ejemplares varados, recomienda contactar de inmediato a los organismos responsables, como Sernapesca.

También advierte que el escenario actual exige fortalecer las medidas de protección. “Chile alberga una especie que no se va a encontrar en otra zona geográfica, por lo que la implementación de políticas públicas asociadas a su protección debiera verse fortalecida”, destaca.

Conservación y desafíos en la Antártica

La preocupación por los pingüinos no se limita al territorio continental. En la Antártica, estas aves enfrentan transformaciones significativas asociadas al aumento de la temperatura y a la pérdida de hielo marino.

El profesor Luis Valentín Ferrada, académico de la Facultad de Derecho e investigador principal del Instituto Milenio BASE, explica: “Los pingüinos, como todas las especies que están en el continente, enfrentan ciertas complejidades, muchas de ellas producto del cambio climático. Sin embargo, las distintas especies de pingüinos que hay en la Antártica han reaccionado de manera distinta frente a estos desafíos”.

Entre ellas, la situación más crítica corresponde al pingüino emperador, debido a su dependencia del hielo marino durante su ciclo reproductivo. “Si el hielo se descongela antes de que los polluelos estén preparados, no pueden sobrevivir”, advierte.

Además, el investigador señala que especies como el pingüino Adelia y el barbijo también han mostrado dificultades ante el aumento de la temperatura en el continente, mientras que el papúa, al menos hasta ahora, ha evidenciado una mayor capacidad de adaptación.

Desde una perspectiva jurídica, Ferrada explica que si bien el sistema del Tratado Antártico contempla herramientas de protección, muchas de las amenazas que enfrentan estas especies responden a procesos globales, como el cambio climático y la alteración de las cadenas tróficas. En ese contexto, subraya la necesidad de avanzar en acuerdos internacionales más específicos y oportunos.

Esta conmemoración internacional abre una oportunidad para acercar estas discusiones a la ciudadanía y relevar la urgencia de su conservación. Su protección no solo implica resguardar aves emblemáticas, sino también cuidar el equilibrio de los ecosistemas marinos y las señales que estos entregan sobre el estado del planeta. En ese contexto, el centro U-Antártica, en colaboración con la Facultad de Derecho y el Instituto Milenio BASE, realizará el jueves 30 de abril una actividad conmemorativa abierta a la ciudadanía.