“La campaña intensificada de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) afecta a mucho más allá de los miembros de la judicatura y de la fiscalía, y de los grupos de derechos humanos a los que ha sancionado: desalienta la colaboración de la sociedad civil con la Corte y menoscaba el acceso de las víctimas a la justicia”, han declarado hoy Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y otras 36 organizaciones de la sociedad civil.

El 23 de septiembre de 2026, 38 grupos de la sociedad civil presentaron un informe de amicus curiae (amigo de la corte) conjunto ante la Corte Federal de primera instancia para el distrito sur de Nueva York en apoyo de una demanda formulada por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, el Centro de Derechos Constitucionales, Human Rights Watch y el Instituto para una Sociedad Abierta que cuestiona la legalidad de las sanciones impuestas en virtud de la orden ejecutiva 14203. Estas sanciones afectan a miembros del ministerio público y de la judicatura de la CPI, a una experta en derechos humanos de la ONU y a tres grupos palestinos de derechos humanos.

“Detrás de cada organización de la sociedad civil a la que se silencia o expulsa de la CPI están las víctimas y sobrevivientes que esperan que se haga justicia. Estas sanciones afectan a las redes de personas y organizaciones que apoyan a las víctimas que llevan sus historias y pruebas ante la Corte, y siembran el temor mucho más allá de quienes son su blanco directo”, dijo Alexis Deswaef, presidente de la FIDH.

“Para las víctimas a quienes la justicia ya ha dado la espalda en su país, cerrar estas vías puede significar perder una de sus últimas oportunidades de que se rindan cuentas”.

“Cuando la administración Trump intensifica sus ataques contra la CPI y las organizaciones de la sociedad civil esenciales para su labor, es crucial demostrar a la Corte Federal estadounidense que las sanciones perjudican a la sociedad civil global, a víctimas y sobrevivientes de crímenes de derecho internacional, y al propio concepto de justicia internacional”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que el presidente Trump destruya el Estatuto de Roma. El gran número de organizaciones de la sociedad civil que presentan este informe demuestra la resiliencia y la determinación de la sociedad civil para oponerse a las sanciones de Estados Unidos y proteger la CPI”.

El informe de las organizaciones de la sociedad civil expone dos argumentos fundamentales. En primer lugar, las sanciones están fracturando las redes de la sociedad civil que son esenciales para el funcionamiento de la CPI. Las organizaciones de la sociedad civil y quienes defienden los derechos humanos —profesionales del derecho, representantes de víctimas, y defensores y defensoras de sobrevivientes— llevan a cabo un gran abanico de actividades de las que depende la Corte: conectan a víctimas y testigos con la Corte; documentan crímenes atroces; apoyan la participación de víctimas y que se las indemnice; aportan conocimientos especializados fundamentales en materia jurídica, contextual y cultural, y promueven la cooperación de los Estados y las investigaciones y enjuiciamientos en el ámbito nacional, sobre todo en países afectados a los que la Corte tiene acceso limitado.

En segundo lugar, imponiendo y amenazando con penas draconianas de índole económica y legal a organizaciones de la sociedad civil y a actores individuales, la orden ejecutiva 14203 viola sus derechos a la libertad de expresión y de asociación, y ha dañado gravemente la colaboración y la infraestructura de las que depende el sistema internacional de justicia. La orden ejecutiva 14203 ya ha hecho que las entidades designadas pierdan financiación, personal, acceso al sistema bancario y a alianzas; ha disuadido a organizaciones de la sociedad civil de relacionarse con la Corte, y la fracturado las relaciones entre muchas de ellas. El resultado es un daño mensurable e irreparable no solo a la sociedad civil, sino a la CPI, a la administración de la justicia penal internacional y, en última instancia, a las víctimas y sobrevivientes a las que el sistema ha de servir.

Información complementaria

Las 38 organizaciones de la sociedad civil que presentan el informe son (en orden alfabético):

1.    Action for the Reform of Justice and Promotion of Human Rights (ARJPDH)

2.    Amnesty International

3.    Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP)

4.    Arab Coalition for the International Criminal Court (ACICC)

5.    Baltasar Garzón International Foundation (FIBGAR)

6.    Center for Development of International Law (CDIL)

7.    Center for Justice and Accountability (CJA)

8.    Centre marocain pour la loi et la paix

9.    Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

10.   Chinese Initiative on International Law (CIIL)

11.   Clinique de droit international pénal et humanitaire, Faculté de droit, Université Laval (CDIPH)

12.   COMPPART Foundation for Justice and Peacebuilding-Nigeria

13.   Croatian Helsinki Committee for Human Rights

14.   Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)

15.   European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)

16.   Global Justice Center

17.   Human Rights Now

18.   HuMENA for Human Rights and Civic Engagement

19.   Indonesian Legal Aid Association for Women (APIK)

20.   International Federation for Human Rights (FIDH)

21.   International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net)

22.   Just Access

23.   Kurdish Organizations Network Coalition for the International Criminal Court (KONCICC)

24.   Lawyers’ Rights Watch Canada

25.   Libya Crimes Watch (LCW)

26.   No Peace Without Justice

27.   The Nuhanovic Foundation

28.   Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)

29.   Platform for Peace and Humanity

30.   Refugees in Libya

31.   Rights for Peace

32.   Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center

33.   StoptheDrugWar.org

34.   Students for Global Democracy Uganda

35.   Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)

36.   Women’s Initiatives for Gender Justice

37.   World Organisation Against Torture (OMCT)

38.   World Without Genocide

El informe de amicus curiae contó con la inestimable ayuda de la secretaría de la Coalición por la Corte Penal Internacional, cuyo informe sobre las sanciones estadounidenses Criminalising Accountability: The US lawfare against the international justice system sirvió de referencia clave.

Las organizaciones (amici) fueron representadas por Mascarenhas Law PLLC.

● El programa “Cero Cáncer Cervicouterino” contempla una Clínica Ginecológica Móvil, más exámenes preventivos y una vacunación gratuita contra el VPH que inicia con 115 vecinas en su primera fase.
● Como estrategia de largo plazo, alineada con las metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el municipio avanzará gradualmente en los próximos años buscando cubrir a la cohorte total de más de 2.300 mujeres de 25 y 26 años excluidas del Programa Nacional de Inmunización (PNI).

Esta mañana, la Municipalidad de La Pintana lanzó el programa “Cero Cáncer Cervicouterino”, una iniciativa que la posiciona como referente nacional y la convierte en la primera comuna del país en trazar una estrategia integral para avanzar hacia la eliminación de esta enfermedad.

El plan tiene como público objetivo a mujeres entre 25 y 64 años y está alineado con las metas mundiales 90-70-90 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública para el año 2030.

La estrategia aborda de forma directa la causa principal de esta enfermedad, que es la infección persistente por el Virus del Papiloma Humano (VPH), atacando el problema desde tres frentes: prevención, diagnóstico y trazabilidad.

Dentro de sus principales acciones, el municipio desplegará una Clínica Ginecológica Móvil, ampliará la detección aplicando 700 test de VPH adicionales, reforzará la toma del PAP en los CESFAM y garantizará un seguimiento activo con trazabilidad GES para pacientes con diagnósticos alterados o lesiones precursoras.

Además, busca reducir las brechas en aquellas mujeres que no fueron cubiertas por el Programa Nacional de Inmunización (PNI). Para ello, el municipio financiará de forma inédita la vacunación gratuita contra el VPH, comenzando con una primera etapa de 115 vecinas priorizadas. Como una estrategia de largo plazo alineada con las metas de la OMS, el programa avanzará gradualmente en los próximos años hasta alcanzar a la cohorte total de más de 2.300 pintaninas de 25 y 26 años, evitando que más mujeres sigan muriendo de un cáncer que se puede prevenir y tratar a tiempo.

“En La Pintana decidimos no esperar. Estamos poniendo recursos municipales para vacunar gratuitamente contra el VPH a mujeres que quedaron fuera del programa nacional, reforzar los exámenes preventivos con 700 test de VPH adicionales y llevar una Clínica Ginecológica Móvil a nuestros barrios para atenciones en el territorio. Somos la primera comuna de Chile en impulsar una estrategia integral de este tipo, porque cuando hablamos de un cáncer que se puede prevenir, detectar y tratar a tiempo, no podemos aceptar que una mujer muera por falta de oportunidades”, señala la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.

Urgencia local y compromiso personal

El programa "Cero Cáncer Cervicouterino" responde a una compleja realidad epidemiológica: en La Pintana, la pobreza multidimensional alcanza el 27% y la cobertura del PAP llega solo al 57%. Muestra de ello es que entre 2019 y 2023 se registraron 631 casos de cáncer o lesiones asociadas y 53 fallecimientos, mientras que solo en 2025 se confirmaron 132 casos con lesiones precursoras (NIE).

La urgencia de la iniciativa cobra un significado especial para la alcaldesa Claudia Pizarro, quien en agosto de 2025 fue diagnosticada con cáncer cervicouterino y, tras someterse a diversos tratamientos, confirmó en febrero de este año que pudo superar la enfermedad.

“En agosto de 2025 recibí el diagnóstico de cáncer cervicouterino. Reconozco que sentí miedo y dudas, como cualquier persona, pero también el deseo de seguir viviendo por mí y por mi familia. Pensé, ¿por qué no fui al médico apenas aparecieron los síntomas, por qué dejé pasar el tiempo? En ese proceso aprendí que esta enfermedad se puede prevenir y curar. Hoy puedo contar mi historia porque superé la enfermedad. No quiero que lo que yo viví lo tengan que pasar otras personas. A las mujeres de la comuna les digo: no tengan miedo de examinarse ni de vacunarse. Acudan a los CESFAM, este programa fue creado para ustedes, para cuidarnos en comunidad.”

En el marco del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, especialista UCSC aborda los mitos que aún persisten y la importancia de conversar sobre la donación en familia.

Un trasplante puede significar continuar con vida, recuperar autonomía o volver a realizar actividades cotidianas. Sin embargo, en Chile la disponibilidad de órganos continúa lejos de responder a la necesidad existente: durante 2025 se realizaron 563 trasplantes, cifra que permitió cubrir apenas al 25% de las personas que se encontraban en lista de espera, según datos publicados en el sitio Yo Dono Vida del Ministerio de Salud.

La brecha adquiere especial relevancia cada 27 de septiembre, cuando se conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, fecha que busca sensibilizar sobre una decisión capaz de transformar la vida de quienes esperan un trasplante y de sus familias.

En la Región del Biobío, durante el mismo año, el Hospital Clínico Regional Dr. Grant Benavente de Concepción alcanzó cifras récord, con 82 trasplantes de diversos órganos, mientras que el Hospital Las Higueras de Talcahuano complementó la red regional con más de una veintena de trasplantes renales.

Respecto de estas cifras, el académico del Departamento de Ciencias de la Enfermería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Erik Álvarez, señaló que “existe un desafío en Chile, que es fortalecer la detección de posibles donantes, la coordinación hospitalaria y el acceso a información confiable. También debemos dar mayor visibilidad a la donación de tejidos, como córneas y piel, que puede cambiar profundamente la vida de quienes los necesitan”.

Para algunas personas, el trasplante constituye la única alternativa terapéutica viable. Entre sus beneficios se encuentran recuperar la autonomía, retomar actividades cotidianas y compartir más tiempo con la familia.

Mitos que todavía frenan la donación

Parte de la población mantiene temores respecto de la donación de órganos. Uno de ellos es la creencia de que el equipo de salud podría dejar morir a una persona para extraer sus órganos. Frente a esto, es importante aclarar que la prioridad del personal sanitario es siempre atender al paciente y proteger su vida. Además, los profesionales que certifican el fallecimiento no pueden formar parte del equipo encargado de realizar el trasplante.
Otro de los mitos frecuentes es creer que una persona puede despertar después de una muerte encefálica. Esta condición es irreversible y significa el fallecimiento de la persona, luego de ser confirmada por especialistas. A partir de esta certificación y siguiendo los protocolos establecidos, se puede evaluar la posibilidad de donar sus órganos.

También existen inquietudes relacionadas con la asignación de órganos y la posibilidad de que esta no sea justa. Sin embargo, la distribución se realiza de acuerdo con criterios clínicos y de compatibilidad, según el órgano requerido, y no en función de la capacidad económica de las personas.

El enfermero indicó que “para aclarar estos temores necesitamos permanentemente mantener campañas de difusión sobre este tema y ayudar a que sea una conversación presente dentro de las familias, incluyendo a los niños para que se sensibilicen precozmente”.

Una conversación que también debe comenzar en familia

Los profesionales de la salud cumplen un rol fundamental en las distintas etapas del proceso de donación y trasplante. Su labor considera la preparación y gestión necesaria para articular los esfuerzos técnicos, políticos y económicos que permiten la conformación de los equipos involucrados en el procuramiento de órganos, el trasplante y el seguimiento de los pacientes.

Todo este proceso se desarrolla bajo estrictas normativas clínicas, éticas y administrativas, que buscan garantizar ante la población un procedimiento seguro y de calidad. A ello se suma la responsabilidad de humanizar el proceso y acompañar tanto a las familias de los donantes como a quienes esperan un trasplante.

Asimismo, los profesionales de la salud tienen un papel relevante en la difusión de esta temática, sus beneficios y la sensibilización de la población. En esta línea, la UCSC ha trabajado durante varios años en acercar la donación de órganos y tejidos a distintos públicos, incluyendo a niños y niñas, a través del cuento “Dono y Vita”.

“Es imprescindible ponerse empáticamente en el papel tanto de donante como de receptor, dado que cualquier persona puede eventualmente requerir de un órgano o encontrarse en la circunstancia de aceptar que se extraigan los órganos de un ser querido. En un momento en que la tecnología y la inteligencia artificial son un gran atractivo, la sola reflexión acerca de la donación de órganos nos vuelve a esa dimensión espiritual y humana connatural a nuestra vida en sociedad”, concluyó el especialista.

A las 13 de la tarde frente a la Biblioteca Central de Santiago, la organización juvenil del Partido Comunista realizó un Pañuelazo en preparación de la jornada de movilizaciones en el marco del día de acción por el aborto seguro y gratuito, el próximo 28 de septiembre. 

“Ni hipérbole ni metáfora. Aborto libre o nada!” decía el lienzo desplegado por las y los jóvenes comunistas, con el que intervinieron el espacio público. Al respecto, consultamos a Daniela Torres, encargada nacional del área de género de las Juventudes Comunistas, que agrupa a la comisión nacional de mujeres y la comisión nacional de disidencias.

“Entendemos que la defensa de los derechos sexuales y reproductivos no puede limitarse a una discusión institucional, sino que requiere organización, debate público y presencia en las calles. Es con este fin que convocamos a nuestra militancia, a las organizaciones sociales y al conjunto de quienes defienden los derechos de las mujeres, niñas y personas gestantes a participar del pañuelazo nacional que se realizará este lunes 28 de septiembre” declaró Torres.

La encargada del área de género complementó que la instrucción a su militancia fue desplegarse también en las regiones del país, con jornadas de agitación, propaganda y difusión para preparar el camino de la movilización, que se espera sea masiva.

La jota extendió el llamado a o a estudiantes, trabajadoras, pobladoras y dirigentes sociales, organizaciones feministas, sindicatos, federaciones estudiantiles y “a todas las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la autonomía de las mujeres y personas gestantes, pues entendemos que esta no es una causa exclusiva del movimiento feminista, sino una lucha democrática que involucra al conjunto de la sociedad”. 

“Hoy, garantizar un acceso al aborto legal y seguro sigue siendo una demanda vigente. Es por eso que reafirmamos nuestro compromiso con la autonomía de las mujeres y personas gestantes sobre sus cuerpos, con el derecho a decidir, con el acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos, con la educación sexual integral y con políticas públicas que permitan ejercer estos derechos en condiciones de igualdad y dignidad” aseguró la dirigente comunista. 

Visita de la primera dama a organización que busca impedir el aborto en mujeres “vulnerables” 

Consultada por la visita de la primera dama a la organización antiaborto “Encuentro”, la encargada nacional de género de las juventudes comunistas comento, “estas acciones de la primera dama no pueden entenderse únicamente como un gesto simbólico, sino que son una señal política que refleja las prioridades del gobierno en esta materia”. 

Asimismo, dirigió sus críticas contra la conducción del ministerio de la mujer de Judith Marin, “vemos un ministerio que, en lugar de impulsar una discusión seria y con perspectiva de género, ha optado por una actitud pasiva que termina cediendo espacio a discursos conservadores en un ámbito donde el Estado debería garantizar derechos y protección” 

Finalmente Daniela Torres hizo énfasis en que, “la maternidad requiere un apoyo permanente en ámbitos como la salud, la vivienda, la educación, los cuidados y la autonomía económica. Por ello, sin una red integral de protección, cualquier discurso que incentive la continuidad de un embarazo en situaciones de vulnerabilidad corre el riesgo de transformarse en una forma de abandono institucional”. 

El Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR) surgió apenas 13 días después del golpe civil militar de 1973, como una iniciativa ecuménica destinada a proteger la vida y dignidad de personas refugiadas y extranjeras perseguidas por la dictadura. En sus primeros meses, atendió a miles de personas y gestionó la salida del país de cientos de ellas.

Tras el golpe civil militar del 11 de septiembre de 1973 y frente a la represión desatada en el país, organismos internacionales presentes en Chile realizaron gestiones ante las nuevas autoridades para exigir el respeto de los derechos de las personas refugiadas y extranjeras, de acuerdo con los tratados y convenios internacionales vigentes.

Las gestiones fueron coordinadas por el entonces secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Enrique Iglesias, junto a Margaret Anstee, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Oldrich Haselman, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Paralelamente, se tomó contacto con el obispo de la Iglesia Luterana, Helmut Frenz, para impulsar la creación de un organismo que contribuyera a proteger la vida de las personas extranjeras y refugiadas que se encontraban en situación de riesgo.

Así nació el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR), también conocido como Comité Uno, una iniciativa de carácter ecuménico que comenzó a funcionar el 24 de septiembre de 1973, apenas 13 días después del golpe. Si bien la autorización oficial de la Junta Militar quedó registrada mediante un decreto fechado el 3 de octubre, el organismo ya había comenzado sus labores humanitarias.

El comité contó con la participación de las iglesias Metodista, Luterana, Ortodoxa de Antioquía, Católica, Bautista, Pentecostal y de UNELAM, además del respaldo de organismos internacionales como ACNUR, el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Refugios para proteger la vida

A través de las iglesias y sus organizaciones, el CONAR extendió su trabajo a distintas zonas del país. Se habilitaron casas refugio destinadas a acoger a personas extranjeras en riesgo y sus familias.

El primero de estos espacios comenzó a funcionar el 26 de septiembre de 1973 en Padre Hurtado. Posteriormente, el 22 de octubre, se abrió un nuevo refugio en la Casa San Francisco Javier, que funcionó bajo la protección de la bandera suiza y permitió recibir a personas refugiadas que habían sido detenidas y permanecían en el Estadio Nacional.

En total, fueron diez los refugios que funcionaron en el país. A fines de marzo de 1974, estos espacios habían acogido a 2.985 personas.

El trabajo humanitario también se extendió a las representaciones diplomáticas. El CONAR proporcionó alimentación a 12 embajadas que habían recibido en sus sedes a personas en calidad de asiladas.

Las cifras dan cuenta de la magnitud de la labor desarrollada durante los primeros meses de la dictadura. A febrero de 1974, el comité había atendido a 4.442 personas, de las cuales 3.870 salieron del país en un total de 266 vuelos.

Una respuesta ecuménica frente a la represión

El carácter ecuménico del CONAR no se limitó a la participación conjunta de distintas iglesias. También implicó una respuesta política, moral y pastoral frente al contexto de represión que atravesaba el país.

Las distintas comunidades religiosas se constituyeron en garantes de una respuesta humanitaria cuyo objetivo central fue proteger la vida y la dignidad de personas extranjeras refugiadas en Chile, en un escenario marcado por la persecución, las detenciones y las expulsiones.

La capacidad técnica del comité y el trabajo de su directorio permitieron transformar los acuerdos alcanzados con las autoridades de la época en mecanismos concretos de protección y salida del país para personas que se encontraban en situación de riesgo.

La secretaría ejecutiva del CONAR estuvo a cargo de Samuel Nalegach y del pastor Augusto Fernández Arlt.

Del CONAR a FASIC

La experiencia desarrollada por el CONAR constituyó también un antecedente para nuevas iniciativas de defensa y asistencia durante la dictadura. En 1975, desde esta experiencia conocida como Comité Uno, nació la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

A 53 años de la creación del CONAR, su historia forma parte de la memoria sobre las respuestas que surgieron frente a la represión y el terrorismo de Estado. En medio de un escenario marcado por la muerte, la persecución y el temor, el trabajo ecuménico desarrollado por sus integrantes permitió brindar protección, asistencia y una vía de salida a miles de personas.

Recordar esta experiencia implica también relevar el valor de las iniciativas humanitarias que, desde distintos espacios de la sociedad, contribuyeron a resguardar la vida y la dignidad de quienes fueron perseguidos durante la dictadura.

En un nuevo informe que publica hoy, Amnistía Internacional documenta violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de ese país y otras agencias federales durante las operaciones militarizadas de control de la inmigración a gran escala del gobierno de Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C.

El informe “Silbatos, ellos tenían armas”: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE demuestra que el gobierno de Trump está implementando un sistema de detenciones y deportaciones masivas fomentado por discursos racistas, xenófobos y falsos cuyo objetivo es detener y deportar de Estados Unidos al mayor número posible de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y sembrar el miedo entre las comunidades de inmigrantes en general.

“Nuestro informe documenta un escalofriante patrón de violaciones de derechos humanos en todo Estados Unidos con el fin de infundir miedo en las comunidades de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”, ha declarado Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “El historial del ICE de violaciones de los derechos humanos no es nada nuevo, pero nuestro informe muestra que muchos de estos abusos han alcanzado un peligroso nuevo nivel”.

El gobierno de Trump ha cometido numerosos abusos contra los derechos humanos: homicidios ilícitos, algunos de los cuales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; detenciones en régimen de incomunicación arbitrarias y discriminatorias, incluso posibles desapariciones forzadas, en algunos casos en condiciones de confinamiento que podrían violar la prohibición de la tortura; y represión violenta de protestas pacíficas, entre otros. Basándose en estas conclusiones, Amnistía Internacional se une al coro de voces de la comunidad que pide la abolición inmediata del ICE.

Hay que abolir el ICE

Las conclusiones de Amnistía Internacional demuestran que las violaciones documentadas en las cuatro operaciones no fueron incidentes aislados o excepcionales sino parte de un patrón recurrente de abusos con consecuencias devastadoras para los y las inmigrantes, y para comunidades enteras.

“Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro”, dijo Daar. “El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo. Si el gobierno estadounidense no tiene un sistema de control de la inmigración acorde con el derecho y las normas internacionales de los derechos humanos, hay que abolir el ICE”.

El ICE se creó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y en los años siguientes se adoptó un marco de seguridad sumamente problemático. Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado violaciones de derechos humanos cometidas por el ICE y una preocupante ausencia de supervisión y rendición de cuentas desde su creación en 2003. Sin embargo, la magnitud y el horror que venimos presenciando desde enero de 2025, impulsados por miles de millones de dólares nuevos y una impunidad persistente, han alcanzado nuevos niveles.

Violaciones de derechos humanos

Las cuatro operaciones dieron lugar a violaciones de derechos humanos contra personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, así como contra personas consideradas inmigrantes, comunidades negras y de piel oscura, y quienes acudieron en su ayuda y cuestionaron la conducta del gobierno de Trump. También crearon un clima generalizado de temor que se extendió por comunidades enteras.

En las cuatro operaciones, Amnistía Internacional documentó:

• Operaciones de control de la inmigración discriminatorias por motivos raciales y detenciones arbitrarias

• Hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de agentes federales

• Uso de fuerza letal y homicidios ilícitos por parte de agentes federales que deberían investigarse como ejecuciones extrajudiciales

• Represión de las protestas y uso de armas de letalidad reducida, como gas lacrimógeno y pulverizadores de gas pimienta por parte de agentes federales

• Vigilancia ilícita y tecnología de reconocimiento facial

• Condiciones de reclusión inhumanas y denegación de garantías procesales que deberían investigarse como tortura

• Detención ilegal en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada

Como documenta el informe, los y las agentes del ICE actuaban en un entorno institucional —apoyado abiertamente y ampliado por el gobierno de Trump— en el que las prácticas violentas y discriminatorias por motivos raciales de control de la inmigración eran fomentadas por altos cargos gubernamentales, incluido el presidente. Además, se actuó a menudo con máscaras y sin identificación, se debilitaron o desmantelaron las salvaguardias previstas para evitar y abordar las conductas indebidas, y las violaciones de derechos humanos casi nunca fueron seguidas de una investigación o rendición de cuentas significativa.

El informe detalla un relato de Liish Kozlowski, representante del estado de Minnesota, de origen ojibwa y latine, que dijo: “Mi prima iba en su coche camino del trabajo con su esposo. El ICE llegó, buscando literalmente a personas negras y de piel oscura. Le rompieron la ventanilla a punta de pistola. La golpearon; estaba embarazada. Su esposo gritó: ‘¡es nativa americana, aquí está su tarjeta de identificación tribal!’. Un agente del ICE respondió: ‘Eso no [palabrota] importa, esta es nuestra tierra ahora’”.

Este no es más que un ejemplo de las decenas que contiene el informe en las que agentes del ICE aplican aparentemente de forma explícita perfiles raciales.

“Aplicar perfiles raciales y secuestrar a gente en la calle, separar familias y detener arbitrariamente a personas no son solo prácticas crueles e ilegales, sino que son enormemente dañinas”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Estas prácticas violan derechos humanos y causan temor y angustia psicológica, así como problemas de salud crónicos a niños y niñas, otros miembros de la familia y comunidades enteras”.

El informe también pone de relieve cómo se han unido las comunidades para resistir y protegerse mutuamente. Estas redes desempeñaron un papel esencial documentando violaciones de derechos humanos y estando allí para sus vecinos y vecinas a través de redes de ayuda mutua, sesiones formativas sobre observación constitucional, redes de respuesta rápida, autobuses escolares a pie, y otras actividades para apoyar y proteger a las personas más directamente afectadas. Las protestas fueron una herramienta importante de resistencia, pero se encontraron a menudo con más actos de ilegalidad por parte de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza.

Por ejemplo, en Chicago, el centro de Broadview se convirtió en un punto de convergencia para las protestas contra las acciones del ICE y de la Patrulla Fronteriza en la ciudad. El reverendo David Black, que acudía a menudo a este centro para ejercer su ministerio, dijo: “La escalada de violencia por parte del ICE y de la CBP en Broadview cuando estábamos simplemente rezando y cantando fue terrorífica”. Durante un servicio que dirigió en el centro, el reverendo Black, que iba vestido de religioso, estaba pidiendo a tres agentes federales que se encontraban en el tejado del centro que se arrepintieran cuando estos dispararon de pronto en la cara, los brazos y el torso con perdigones explosivos de pulverizador de pimienta. El reverendo Black es una de las numerosas personas cuyas experiencias se documentan en el informe.

El informe pone de relieve numerosas violaciones adicionales de derechos humanos cometidas durante estas crueles operaciones de control de la inmigración. El equipo de investigación de Amnistía Internacional entrevistó a 154 personas de los cuatro lugares, lo que permitió a la organización analizar cómo afectan las operaciones de control de la inmigración a diversas comunidades de diferentes contextos políticos, jurídicos e históricos, y concluir que las violaciones de derechos humanos documentadas reflejan patrones nacionales más amplios y no son incidentes locales aislados.

“Es desolador ver el dolor y el sufrimiento causados por este gobierno que criminaliza y demoniza a las personas inmigrantes”, manifestó Daar. “También tengo esperanza: las comunidades se han movilizado en apoyo de quienes han sido objeto de ataques y en algunos casos han obligado a ceder al gobierno. Debemos pedir cuentas a los funcionarios del gobierno responsables de este régimen de terror y seguir luchando por un sistema de inmigración basado en los derechos humanos y la dignidad, no en la crueldad”.

Por
Ricardo Neira N. Decano de Ingeniería, Arquitectura y Tecnologías para la Sociedad, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Publicado en Poder y Liderazgo

Una renuncia puede ser apenas un movimiento laboral. La de Jacob Coxon no lo fue. Después de trabajar durante aproximadamente tres años en investigación de preentrenamiento en OpenAI y Anthropic, dos de las organizaciones que lideran la carrera mundial de la inteligencia artificial.

Coxon anunció su salida de Anthropic con una acusación estremecedora: las grandes compañías estarían avanzando hacia sistemas cada vez más poderosos sin garantías suficientes de que podrán mantenerlos bajo control.

La precisión importa. Coxon no renunció simultáneamente a OpenAI y Anthropic. Trabajó primero en OpenAI y posteriormente en Anthropic, empresa de la cual salió en septiembre de 2026. Lo verdaderamente relevante, sin embargo, no es su itinerario profesional, sino el lugar desde donde formula su advertencia: el corazón de los laboratorios que desarrollan los modelos de inteligencia artificial más avanzados del mundo.

En una entrevista con WIRED, el investigador sostuvo que entre algunos especialistas existiría la percepción de que los próximos años constituirán un momento decisivo para la humanidad. No presentó una certeza científica ni habló en nombre de toda la comunidad tecnológica. Expresó una evaluación personal, basada en su experiencia y en las conversaciones que mantuvo dentro de la industria. Aun así, resulta difícil ignorar una alarma activada por alguien que participó directamente en la construcción de estas tecnologías.

La discusión no debería reducirse a decidir si Coxon es un visionario o un alarmista. Esa es una falsa comodidad. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué estamos haciendo, como sociedad, frente a una tecnología que está adquiriendo capacidades a una velocidad muy superior a nuestra capacidad institucional para comprenderla y gobernarla?

El problema no pertenece al futuro

Cuando se habla de los peligros de la inteligencia artificial, el debate suele quedar atrapado entre dos extremos. De un lado, quienes anuncian una futura superinteligencia imposible de controlar. Del otro, quienes consideran esas advertencias una exageración cercana a la ciencia ficción.

Mientras ambos sectores discuten, los efectos concretos ya están aquí. Los algoritmos seleccionan candidatos a un empleo, recomiendan tratamientos, filtran información, producen imágenes, redactan documentos, orientan decisiones financieras y condicionan lo que millones de personas ven en las redes sociales.

También pueden reproducir discriminaciones, utilizar datos sin suficiente transparencia, amplificar noticias falsas, reemplazar tareas laborales y concentrar una enorme capacidad de decisión en unas pocas empresas privadas.

La inteligencia artificial puede contribuir a diagnosticar enfermedades, personalizar la educación, anticipar desastres y aumentar la productividad. Pero esa misma tecnología puede profundizar desigualdades, precarizar el empleo, debilitar la privacidad y alterar el debate democrático.

No estamos, por tanto, ante una elección entre innovación y prudencia. Necesitamos ambas. Una innovación sin control puede convertirse en irresponsabilidad; una prudencia sin conocimiento puede derivar en inmovilismo.

Incluso Anthropic reconoce la existencia de riesgos significativos y cuenta con una Política de Escalamiento Responsable, mediante la cual intenta vincular el aumento de las capacidades de sus modelos con mayores niveles de seguridad. Es un esfuerzo relevante, pero continúa siendo un sistema voluntario diseñado por la propia empresa que desarrolla la tecnología.

Cuando una innovación puede modificar las condiciones de vida de sociedades completas, la autorregulación empresarial no puede ser la única línea de defensa.

La hora de las universidades

Aquí comienza la responsabilidad histórica de la educación superior. Durante demasiado tiempo, numerosas universidades han entendido la inteligencia artificial principalmente como una herramienta de productividad: un asistente para redactar, preparar clases, responder preguntas, procesar datos o automatizar labores administrativas. Eso ya no es suficiente.

Una universidad no puede conformarse con comprar licencias, impartir talleres sobre instrucciones para modelos o celebrar cada nueva aplicación tecnológica. Debe formar profesionales capaces de comprender la inteligencia artificial, cuestionarla, auditarla y decidir dónde resulta legítimo utilizarla.

La IA no es solamente un asunto de ingenieros. Es una cuestión de poder, derechos, trabajo, salud, educación, cultura, territorio y democracia.

Por eso las universidades poseen una ventaja que no tienen las empresas tecnológicas: pueden reunir en un mismo proyecto a ingenieros, científicos sociales, educadores, profesionales de la salud, artistas, arquitectos, filósofos y organizaciones ciudadanas.

La UNESCO ha establecido que los sistemas de IA deben respetar la dignidad humana, proteger la privacidad, evitar la discriminación, ser auditables y mantener la responsabilidad final en manos de las personas. También recomienda aplicar evaluaciones de impacto y garantizar la participación de los grupos afectados.

Estos principios no deberían permanecer en documentos internacionales. Deben traducirse en instituciones, laboratorios, programas formativos y productos concretos.

La oportunidad de la UAHC
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano tiene una posibilidad singular. Su identidad humanista y la presencia de áreas como ciencias sociales, educación, ingeniería, arquitectura, tecnologías, artes y salud le permiten construir una respuesta transdisciplinaria difícil de reproducir por instituciones concentradas exclusivamente en la dimensión técnica.

La UAHC no necesita competir con Silicon Valley en cantidad de procesadores ni en el tamaño de sus modelos. Puede ocupar un espacio más necesario para Chile: convertirse en una universidad capaz de conectar inteligencia artificial, democracia, derechos humanos, innovación y transformación social.

Gobernar antes de implementar
Una universidad que quiera liderar esta transformación debe comenzar por gobernar responsablemente la inteligencia artificial dentro de su propia institución.

Eso significa crear un consejo universitario de gobernanza de IA, aprobar protocolos transparentes, registrar los sistemas utilizados y evaluar cualquier aplicación que pueda intervenir en procesos sensibles como la admisión, la evaluación académica, la contratación o el bienestar estudiantil.

No se trata de detener el futuro
La advertencia de Jacob Coxon no obliga a aceptar que una catástrofe sea inevitable. Tampoco justifica rechazar la inteligencia artificial. Obliga a abandonar la ingenuidad.

Las grandes compañías poseen los recursos para construir sistemas cada vez más poderosos. Las universidades conservan, o deberían conservar, algo igualmente importante: la independencia intelectual para preguntar a quién beneficia esa tecnología, quién asume sus riesgos, qué derechos puede vulnerar y qué decisiones nunca deberían ser delegadas a una máquina.

Esta puede ser la gran contribución de la UAHC: demostrar que el humanismo no representa una resistencia al progreso, sino la condición necesaria para que el progreso merezca ese nombre.

La renuncia de Coxon desaparecerá tarde o temprano de los titulares. La pregunta que deja abierta, en cambio, permanecerá durante décadas: si algunos de quienes desarrollan la inteligencia artificial están pidiendo controles más fuertes, ¿pueden las universidades seguir observando desde la distancia?

La respuesta debe ser clara. Es tiempo de investigar, formar, auditar e innovar. Es tiempo de construir una inteligencia artificial al servicio de las personas y no una sociedad subordinada a las decisiones de los algoritmos.

Porque el futuro tecnológico no está escrito. Pero si las universidades renuncian a participar en su construcción, otros lo escribirán por nosotros.

—

Un interesante emprendimiento vinculado a la medicina holística y complementaria se encuentra en la comuna de Maipú, espacio que se ha pensado para contribuir al bienestar integral personal por medio de diversas disciplinas.

El proyecto de Casa del Colibrí “nace desde nuestra propia vivencia de salud”, cuenta su directora, Carolina Seguel, resaltando el gran reto que ha significado romper con los estereotipos asociados a que estas prácticas son accesibles a grupos socioeconómicos con mayor solvencia y levantar este centro en la comuna en el sector poniente de Santiago.