Diego Vidal, economista e investigador del Observatorio de Políticas Económicas OPES, plantea que la ley de 40 horas no es una exclusividad. En los países de la OCDE, según un informe de 2024, las personas ocupadas trabajan 37 horas promedio, mientras que en Chile se trabajan 42,2. Por tanto, esta reforma es “un proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de tiempo, de trabajo trabajo decente”, plantea el especialista.

También señala como necesario despejar las caricaturas generales que existen en torno a los efectos que la política de empleo podría ejercer sobre el mercado laboral:

Por Carolina Millalen

Días atrás se cumplió el plazo para reducir la jornada laboral a 42 horas, concretando un nuevo paso hasta llegar al horario de 40 horas. Sin embargo, el Presidente Kast ha declarado que el país pasa por una emergencia laboral, lo que despierta inquietud acerca de cuál podría ser el rumbo de una de las leyes más sentidas por la ciudadanía en los últimos años.

Diego Vidal, economista e investigador del Observatorio de Políticas Económicas OPES, plantea que la ley de 40 horas no es una exclusividad. En los países de la OCDE, según un informe de 2024, las personas ocupadas trabajan 37 horas promedio, mientras que en Chile se trabajan 42,2. Por tanto, esta reforma es “un proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de tiempo, de trabajo trabajo decente”, plantea el especialista.

También señala como necesario despejar las caricaturas generales que existen en torno a los efectos que la política de empleo podría ejercer sobre el mercado laboral: No es correcto que las 40 horas puedan destruir el empleo como una afirmación general. Sin embargo, indica, reducir la jornada manteniendo la remuneración puede aumentar el costo laboral:

“Efectivamente, la misma ley incluye mecanismos para aminorar el efecto en el empleo “y creo que eso hay que seguir manteniéndolo”, dice apuntando al artículo N° 2 de la ley que señala programas de acompañamiento asistido por parte de la Dirección del Trabajo y el artículo N° 3 que establece normas para capacitación y empleo.

“Pueden haber efectos, costos para la empresa; puede verse afectado el empleo. Pero los estudios señalan que eso es acotado y más aún, si se acompaña de una buena política pública de capacitación, de reorganización del trabajo, etc.”.

Entonces, plantear que el desempleo se explica de cierta manera por el aumento del salario mínimo y la ley de 40 horas es sostener una correlación que no logró aislar su efecto puro, como ocurrió en el Ipom de septiembre de 2025 del Banco Central: “Incluso hay otros estudios más recientes del BID que estiman que el efecto del salario mínimo y las 40 horas fue más bien acotado en el mercado laboral”, indica el experto.

De esa manera, con el desempleo que se acerca al 9% y la informalidad al 26,5 % se demuestra que “el mercado laboral está debilitado, pero no se debe atribuir este deterioro linealmente a una sola ley porque Chile ya venía con bajo crecimiento, baja inversión, informalidad persistente. Hay problemas de productividad que se arrastran desde hace décadas”, explica.

Política de transición

En esa línea, advirtió que una reducción de los recursos fiscales, más el alza en el costo de la vida, sí pueden repercutir directamente en la implementación de las 40 horas o en el mercado laboral en general.

“La implementación requiere un acompañamiento institucional y por tanto, si se están reduciendo los recursos del Estado va haber una afectación en cómo se implementa la ley”.

Concretamente, añade el investigador de OPES, preocupa la interpretación administrativa de la ley que se hace a través de los dictámenes de la Dirección del Trabajo “porque muchas veces el alcance real de un derecho no se juega solo en lo que está escrito sino cómo se fiscaliza, implementa e interpreta”.

Otro punto es el anuncio del gobierno sobre evaluar la eliminación de las franquicia Sence “que financia las capacitaciones de las empresas en el país y creo, efectivamente, que con este conjunto de medidas en vez de fortalecer su implementación, la ley, podría verse afectada”.

“No basta con reducir, hay que mantener los ingresos y por eso es importante la discusión en torno al salario mínimo”, añade el economista sobre dos debates que se relacionan:

“Necesitamos avanzar a una política de transición de apoyo a las pymes: capacitación, productividad, formalización, fiscalización. Hay que buscar un equilibrio entre estos dos elementos: cómo avanzamos hacia un mejor salario, pero sin afectar lo que es el empleo”.

En su análisis, precisa que el aumento del salario real alcanzado en el gobierno de Boric, estuvo acompañado de subsidios específicos para las Pymes, y aunque no se mantienen para los próximos aumentos salariales, se logró aprobar un subsidio unificado al empleo, el cual dista del anunciado Crédito Tributario por Remuneración incluido en el proyecto de Reconstrucción Nacional:

“Creo que si realmente al gobierno le preocupa el empleo, debe focalizar dónde está el problema: los grupos rezagados del mercado laboral y el apoyo a las empresas pequeñas que se ven más afectadas con el alza de los costos laborales. No así las grandes empresas que tienen otros mecanismos para aminorar estas cargas”, advirtió el investigador de OPES sobre una discusión aún no saldada.

La política chilena de estos tiempos se ha enredado en una semántica confusa y ambigua. Mientras gran parte del debate público se agota en adjetivar a la ultraderecha como un sector «refundacional», un análisis riguroso de nuestra estructura material sugiere exactamente lo contrario. Así, no estamos ante un proyecto político que busque cimientos ideológicos nuevos renovando paradigmas, sino, estamos lisa y llanamente ante la consolidación de una fuerza de clase de antiguo cuño que viene a blindar la institucionalidad heredada de la dictadura, la cual, en sus bases esenciales, nunca ha dejado de operar hasta el día de hoy.

Es un error estratégico y un síntoma de miopía política creer que la Constitución de 1980 fue desmantelada y/o superada a propósito de las múltiples intervenciones que se le han hecho. Porque a la hora de la síntesis, las reformas de las últimas tres décadas que se le aplicaron fueron, en su abrumadora mayoría, ajustes cosméticos y adaptativos. De esta manera, se permitió que el Estado creciera en su capacidad de gasto, pero, bajo una condición innegociable: no alterar la lógica patrimonial del capital y sus formas de transacción.

La prueba de esto reside en el diseño de la política de financiamiento del gasto social. A pesar del discurso redistributivo de los sucesivos gobiernos progresistas, la estructura del ingreso fiscal no ha mutado ni un ápice. Las reformas tributarias han fracasado sistemáticamente en capturar rentas provenientes del capital, de las grandes empresas o del patrimonio de los grandes ricos. En su lugar, el Estado ha financiado el bienestar mediante el reordenamiento interno de las finanzas públicas y, de manera más preocupante, a través del endeudamiento fiscal internacional.

Y aquí está el núcleo del problema: estamos administrando la tesis más dura y extrema del neoliberalismo como modelo económico e ideológico. Cuando el gasto social se financia con deuda externa, esta se paga con ingresos presupuestarios donde el IVA -el impuesto socialmente más regresivo-, es el protagonista. El resultado es una paradoja particularmente cruel: se pretende redistribuir riqueza endeudando a los más pobres por medio del IVA que grava el consumo diario de las familias más pobres. Es una redistribución de liquidez en la base, mientras la acumulación en la cúspide permanece intacta.

Por ello, calificar a la extrema derecha actual que gobierna de «refundacional» es un regalo retórico que no merecen y que nos extravía. Ellos no vienen a fundar nada; vienen a sostener y a perpetuar grabando en piedra nuestras desigualdades socio económicas. La invariabilidad tributaria propuesta en su mega reforma por 25 años a futuro es la cadena que les permitirá mantener intocable el sistema hasta el año 2050, independiente de los propósitos de los 8 gobiernos que los chilenos nos demos hasta entonces, sean de la orientación política que sean. Así, la misión que hoy se dan es una y central; garantizar que el poder no se redistribuya y consolidar su posición de privilegios a propósito de su reciente y circunstancial victoria en las urnas y en la subjetividad social.

Si las vanguardias y el pueblo en su sentido más amplio aspiran a una recomposición real de fuerzas sociales en disputa, el desafío no es solo ganar gobiernos, sino romper el cerco y los candados del financiamiento público. Mientras el progresismo latinoamericano siga operando bajo la lógica del capital financiero y la dependencia del impuesto al consumo, cualquier intento de cambio será solo un nuevo barniz sobre una estructura que sigue siendo, en su ADN, profundamente conservadora y excluyente.

Fuente: El Ciudadano

En el auditorio del Museo de la Memoria, Matucana 501, se realizó el primer conversatorio público que buscaba rescatar las voces e historias de compatriotas que hicieron posible la producción y circulación de la prensa antidictatorial, de Partidos proscritos y abiertamente de izquierda durante la dictadura civil-militar. 

Periodistas, diseñadores y diseñadoras, tipógrafos y dibujantes que dieron vida a boletines, revistas y periódicos El Siglo, Unidad Antifascista, La Rebelión, El Rebelde, La Firme y el Boletín Codepu, expusieron como se lograron a pesar de tener mucho en contra, producir y distribuir la prensa de manera clandestina por gran parte del país.

Con una nutrida asistencia de familiares, amigos y estudiantes de las escuelas de periodismo de la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile, se vivieron más de dos horas de conversación que por lo notable de sus anécdotas, dejó con gusto a poco a sus asistentes. 

La pionera de esta instancia, Rossana Dresdner periodista, otrora reportera de la revista Rebelión, órgano oficial de las Juventudes Comunistas de Chile, manifestó que “siempre había existido prensa clandestina durante gobiernos autoritarios”, la diferencia según Dresdner es que en nuestro país no se ha reivindicado significativamente. 

“Ha habido mucho rescate de la prensa opositora pero que no era clandestina, como la revista APSI, Cauce, Análisis jugaron un rol fundamental, pero de esta parte de la historia de romper el cerco informativo de la dictadura no ha habido un rescate y yo creo que por eso esto ha sido un éxito”, señalaba Dresdner. 

Entre los expositores estuvo Luis Meza, conocido como “El Vietnamita”, especialista en fotomecánica de la Escuela de Artes Gráficas, quien luego de su paso por los campos de prisioneros Estadio Nacional y Chacabuco, integró la Comisión Nacional de Propaganda del PC, imprimiendo publicaciones clandestinas desde 1974 hasta 1989. 

También estuvo presente, Jorge Muller, apodado como “El Gringo”, prensista tipográfo de larga trayectoria y Marcel Garcés, periodista de larga trayectoria que trabajó en Radio Nuevo Mundo, El Siglo y se mantuvo como director de la revista Unidad Antifascista desde fines del año 73’ hasta el retorno de la democracia. 

Garcés comentó, “la prensa era una necesidad organizativa, por supuesto levantar el ánimo de la gente y tenía una cuestión psicológica, de decirle a la gente que estábamos, decirle a la gente cuál era la verdad de la dictadura”. 

“La prensa revolucionaria tenía que ser organizadora, educadora, formadora de la militancia, cumplía esa tarea y Unidad Antifascista, tenía además el objetivo estratégico de procurar a traves de la información, de la verdad informativa, procurar la unidad de todas las fuerzas democraticas del país”. 

• La académica Gemma Rojo releva la importancia del autocuidado frente a cuadros virales más complejos como los asociados a la variante Andes del Hantavirus, a propósito del crucero donde siete personas se vieron infectadas.

Parecía un viaje de ensueño por el sur del continente americano, pero terminó en tragedia y preocupación. El crucero de la empresa Oceanwide Expeditions, que zarpó desde Ushuaia, en Argentina, y que al parecer realizó algunas paradas para hacer caminatas en el sur de ese país, culminó con siete casos de Hantavirus, dos confirmados por laboratorio y otros cinco sospechosos, de los cuales tres ya se encuentran fallecidos.

Mientras el barco está aislado en el Atlántico, a modo de cuarentena, surge nuevamente la preocupación frente a este virus que no debe entenderse solo como un problema sanitario aislado.

Una de las inquietudes que deja este caso en particular es la confirmación de la variante Andes del hantavirus, una cepa presente en Chile y Argentina que es prácticamente la única conocida con capacidad de transmisión de persona a persona en contactos estrechos.

Para la Dra. Gemma Rojo, académica del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH), la principal vía de contagio sigue siendo la exposición ambiental a secreciones de roedores infectados. “En el caso del virus Andes, que circula en Chile y Argentina, se ha descrito transmisión persona a persona, pero esta es poco frecuente y se asocia principalmente a contacto estrecho con personas enfermas. Por lo tanto, el mensaje debe ser equilibrado: no generar miedo innecesario, pero sí reforzar la consulta temprana ante síntomas compatibles, especialmente si hubo exposición reciente en zonas rurales, silvestres o en espacios cerrados con posible presencia de roedores”, explica la experta.

Un enemigo silencioso

La médica veterinaria e investigadora en enfermedades zoonóticas, fauna silvestre y enfoque One Health, cree que el hantavirus debe abordarse desde la prevención y no desde el alarmismo. “Mi participación como coinvestigadora en el proyecto Fondecyt Regular 1230457, liderado por el Dr. André Rubio de la Universidad de Chile, ha reforzado mi mirada sobre la ecología de roedores y la importancia de comprender las enfermedades zoonóticas en relación con el ambiente y las actividades humanas”, señala.

Agrega que, en Chile, el hantavirus se asocia principalmente al contacto con el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) o con ambientes contaminados por sus secreciones, como orina, fecas o saliva. “Sin embargo, es importante no reducir el problema a la idea de que ‘el ratón llega a las personas’. Muchas veces somos las personas quienes ingresamos, habitamos o intervenimos ambientes rurales, silvestres o peridomésticos donde estos animales forman parte del ecosistema. Esto puede ocurrir al entrar a cabañas, bodegas, galpones, leñeras, zonas de camping o espacios que han permanecido cerrados y sin ventilación”, detalla la académica.

Desde una mirada ecosistémica, la investigadora explica que el riesgo no depende solo de la presencia del reservorio, sino también de las condiciones ambientales y humanas que aumentan las oportunidades de contacto. Por eso pone énfasis en los cambios en el uso del suelo, la fragmentación de hábitats, el manejo inadecuado de residuos, el almacenamiento de alimentos y la ocupación de espacios rurales o silvestres, ya que todo ello puede modificar la interacción entre personas, fauna silvestre y ambiente. “Por eso, la prevención efectiva no consiste en demonizar a la fauna silvestre, sino en reducir las oportunidades de exposición”, puntualiza.

Recomendaciones

Gemma Rojo indica que las recomendaciones del Ministerio de Salud son muy concretas y siguen siendo fundamentales: “se debe ventilar por al menos 30 minutos recintos que han estado cerrados, no hay que barrer en seco, es necesario desinfectar superficies antes de limpiar, además de usar guantes y mascarilla durante el proceso de limpieza, y mantener alimentos y basura fuera del alcance de los roedores. Además, es conveniente preferir campings autorizados, transitar por senderos demarcados y evitar consumir frutos silvestres desde el suelo o sin lavar”.

La académica destaca que es relevante transmitir que la fauna silvestre cumple funciones ecológicas importantes. “Los roedores silvestres son parte de los ecosistemas y -a su vez- forman parte de redes tróficas donde participan depredadores naturales como aves rapaces, zorros y otros carnívoros. Por eso, desde el enfoque One Health, la prevención debe integrar salud humana, salud animal y ambiente, promoviendo educación comunitaria, manejo responsable del territorio y conservación de ecosistemas funcionales”.

Para la experta UOH la clave está en prevenir desde la información. “El hantavirus no debe entenderse solo como un problema sanitario aislado, sino como una enfermedad que emerge en la interfaz entre personas, fauna silvestre y ambiente. Esa mirada permite comunicar mejor el riesgo, fortalecer la vigilancia y promover conductas preventivas sin estigmatizar a la fauna ni simplificar un fenómeno que es ecológicamente complejo”, finaliza.

La circular N° 16 emitida por Hacienda el 21 de abril causó inmediatamente una alarma entre los gremios, las manipuladoras y los funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaeb. En el documento, la cartera pública recomienda realizar un ajuste al menos del 15% en 9 programas y descontinuar el de Alimentación Escolar PAE y la beca de Apoyo Vocación Profesor.

“Nuestra preocupación es altísima” acota Judith Parra presidenta de la Asociación de Funcionarios Afaeb: “Ha sido tan errático este tema que no nos podemos conformar con rectificaciones que son para salir del paso para amortiguar lo que ha generado esto”.

Por Carolina Millalen

La circular N° 16 emitida por Hacienda el 21 de abril causó inmediatamente una alarma entre los gremios, las manipuladoras y los funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaeb. En el documento, la cartera pública recomienda realizar un ajuste al menos del 15% en 9 programas y descontinuar el de Alimentación Escolar PAE y la beca de Apoyo Vocación Profesor.

“En los conceptos técnicos siempre se ha entendido que descontinuar es eliminar”, señala Judith Parra presidenta de la Asociación de Funcionarios Afaeb, luego que el gobierno salió a emitir una reinterpretación del término hacia la idea de reformular, dado el amplio rechazo que generó en la población la noticia.

“Nuestra preocupación es altísima” acotó la dirigenta: “Ha sido tan errático este tema que no nos podemos conformar con rectificaciones que son para salir del paso para amortiguar lo que ha generado esto”.

La Junaeb no se toca

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas creada en la década del 60, actualmente llega a cerca de 3 millones de niñas, niños y adolescentes con sus 35 programas. Es decir, cerca del 67% de la población infantojuvenil del país accede a sus políticas de alimentación, asignación de útiles escolares, programas de salud oral y mental, subsidio al transporte, residencias insulares e indígenas y diversos tipos de becas académicas, entre otros.

En el plano de la alimentación son más de 1,8 millones quienes reciben raciones diarias, tanto en el transcurso del año escolar lectivo como en vacaciones. “La Junaeb llega. Nosotros en general gestionamos gran parte del presupuesto. El 97,8% se va estrictamente a los programas”, señala Judith Parra, recordando el masivo apoyo manifestado en la marcha del 1° de mayo en Santiago: “Me impresionó ver cuánta gente nos apoyaba y decía, la Junaeb no se toca”.

Sin embargo, el programa previo a la circular, ya viene presentando una importante reducción de personal y de programas como el Habilidades para la Vida, servicios médicos o del programa de entrega de útiles escolares. “Somos 900 funcionando repartidos en todo el país para atender no solo PAE sino los otros programas”, precisa sobre el cuerpo administrativo: 

Junaeb despliega un amplia cobertura con una red de trabajo que solo en el área de la alimentación cuenta con 15 mil manipuladoras, abarcando aproximadamente el 40% de los fondos. “Cualquier intento de tocar cualquiera de estos programas donde ya tenemos déficit de lograr atender a la totalidad de nuestros usuarios potenciales, lo que hacemos es cortar una oportunidad educativa a algún estudiante, especialmente un estudiante pobre de nuestro país”.

PAE: No más denostaciones

Judith Parra también se refirió al planteamiento de mala evaluación que ha hecho el gobierno del programa PAE, aclarando que formalmente cuenta con una calificación media y no deficiente, aunque sí hay observaciones respecto a los procesos de licitación que tienen que ver con los mercados y la concentración de proveedores.

Por ootro lado, apuntó al millonario pago a la empresa Soser S.A. por $3,5 millones en el año 2022 indicando que se trató de un cobro de arrastre de años anteriores bajo la gestión de Jaime Tohá en el gobierno de Sebastián Piñera. “En ese proceso no participó ningún funcionario, de hecho paga la Tesorería General de la República”, puntualizó :

Si bien la Contraloría informó del caso en enero de 2025, la presidenta de Afaeb informó que se han realizado ya dos auditorías y en tribunales se desestimó que se hubiese incurrido en una malversación de fondos o un sobrepago.

“Nos preocupa la facilidad con que se denosta a los funcionarios y a la gente que trabaja en general”, expresó: “Me parece importante denunciar y pedirle a las autoridades que cambien los tonos porque uno esperaría que los líderes sean quienes den la pauta del buen trato, no solo a los funcionarios sino a la sociedad en general”.

Frente a los anuncios de reformulación, la presidenta de la Asociación precisó que se encuentran receptivos a la promesa de no descontinuar el PAE, pero en una actitud activa. Como Afaeb preparan una estrategia de sensibilización y propuestas que contempla más herramientas para la fiscalización, la mejora de las bases para el proceso de licitación, en el concurso de oferentes, además de buscar definir la incompatibilidad de algunas empresas:

También señaló que están participando de mesas de trabajo con otras organizaciones con el fin de articular “una ruta común ende defensa de estas garantías”:

“No queremos que las necesidades de la gente y especialmente de niñas, niños y adolescentes se transformen en nicho de negocios para el gran empresariado. No queremos que el mercado regule estos temas sino que el Estado mantenga un rol relevante en estas políticas instaladas hace años”, expresó la dirigenta nacional.

• La alta digitalización del país lo posiciona como un blanco prioritario en la región, en un escenario donde las amenazas son cada vez más precisas y sofisticadas.

Si bien los mecanismos de defensa del país en materia de ciberseguridad han evolucionado más respecto a la región latinoamericana, la alta digitalización incrementa su vulnerabilidad, sostuvo el académico de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Sebastián Berríos.

La ciberseguridad se ha convertido en una práctica imprescindible a nivel global, dado el aumento de los riesgos digitales que afectan tanto a instituciones públicas como privadas. Chile enfrenta un escenario cada vez más desafiante en esta materia, pues según cifras del 2026, el país continúa siendo uno los principales objetivos de ciberataques en la región, registrando un promedio de 1.700 intentos semanales por organización.

Según explicó el académico de la casa de estudio, la transformación más relevante que han experimentado las amenazas digitales no solo está en el volumen, sino en sus niveles de precisión y efectividad. “Ya no vemos tantos ataques masivos al azar; ahora vemos operaciones quirúrgicas dirigidas al corazón de nuestra infraestructura crítica, como servicios de salud, banca y energía”, precisó.

Ley Marco

Uno de los hitos recientes a nivel nacional fue la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663), el año 2024, donde se estableció un nuevo sistema regulatorio para la gestión de riesgos digitales en el país. La normativa creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que tiene como misión fortalecer la ciberseguridad nacional para reducir las amenazas digitales, aumentar la protección de los servicios esenciales y resguardar los derechos de las personas en el entorno digital.

Al respecto, el académico señaló que el aporte de esta normativa es histórico, pues la seguridad pasó de ser un tema técnico a una responsabilidad legal. “Las multas ahora son significativas y la obligación de reportar incidentes está forzando una cultura de transparencia. La normativa ha impulsado la gobernanza de la ciberseguridad a nivel estratégico, obligando a las organizaciones a incorporar gestión de riesgos y reportabilidad”, agregó.

Pese a esta preparación, el especialista advirtió que vivimos en una situación ambivalente, pues si bien Chile ha avanzado más que cualquier otro país de la región en el marco institucional, nuestra alta digitalización nos hace más vulnerables: “somos el ‘alumno más aventajado’ de Latinoamérica, pero eso mismo nos pone una diana en la espalda”.

Errores más comunes e impacto de la IA

El académico de la PUCV explicó que los errores más frecuentes en materia de ciberseguridad son al menos tres: carencia de Autenticación Multi-Factor (MFA); sistemas desactualizados por no instalar parches oportunamente y descuido del factor humano, donde hace falta entrenar a los empleados para la detección de engaños por Inteligencia Artificial.

A propósito de esta última, indicó que se trata de un acelerador de doble filo: “Para los atacantes, la IA ha democratizado el cibercrimen permitiendo crear Deepfakes de voz para suplantar identidades. Para la defensa, en tanto, es nuestra mejor aliada, pues es la única herramienta capaz de procesar millones de eventos por segundo, para detectar anomalías antes de que el daño sea irreversible”, puntualizó.

PUCV y entorno digital

En el marco de estos grandes desafíos, cabe destacar que la PUCV, a través de la Escuela de Ingeniería Informática, no solo forma profesionales altamente capacitados para desempeñarse en ámbitos como la ciberseguridad y la transformación digital, sino que dentro de su Plan de Desarrollo Estratégico, también declara como uno de sus principales objetivos “fortalecer la cultura institucional para la transformación digital”, buscando así robustecer las competencias de su comunidad académica y promover la ética y la ciudadanía digital.

En una ceremonia presidida por S.M. el Rey Felipe VI en la Universidad de Alcalá, la institución chilena fue reconocida como un referente global en la defensa de los valores democráticos y la construcción de memoria colectiva.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) de Chile ha sido distinguido internacionalmente con el X Premio de Derechos Humanos Rey de España, galardón otorgado por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares. La solemne ceremonia de entrega se llevó a cabo este 6 de mayo en el Paraninfo de la histórica universidad madrileña.

El acto de entrega  contó con la participación del Rey de España, el  presidente del Senado, el ministro de Hacienda, el rector de la Universidad de Alcalá y el defensor del pueblo. Lo recibió la directora ejecutiva del Museo, María Fernanda García, quien agradeció junto al presidente del directorio del museo, Patricio Zapata Larraín.

“El valor del Museo de la Memoria y de los DDHH, no reside en remover las sombras del pasado, sino en contribuir a edificar el hoy y el mañana. Y lo hace mediante historias personales, vínculos familiares, nombres y apellidos: circunstancias donde es posible reconocerse. El gran logro del museo radica en esa generación de empatía”, comentó el Rey Felipe VI en la ceremonia celebrada en la Capilla de San Idelfonso de la Universidad de Alcalá.

El jurado, compuesto por destacadas personalidades como el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, evaluó un total de 57 candidaturas provenientes de 14 países. En su fallo, valoraron especialmente la “ingente actividad memorística” desarrollada por el Museo desde su fundación en 2010, destacándola como una garantía de futuro para la democracia y los derechos humanos.

“Recibir este reconocimiento de manos del Defensor del Pueblo y del Rey de España es un honor que reafirma el valor universal de la memoria” —comentó María Fernanda García— y  agregó: “En el Museo de la Memoria y los DDHH trabajamos con la convicción de que recordar no es un acto del pasado, sino un compromiso activo hoy. Hemos conectado con experiencias de otros países que también enfrentaron violaciones a los derechos humanos, con una mirada transversal. Eso ha permitido posicionar al Museo como un espacio para pensar, conversar y cuestionar”.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha consolidado su legitimidad internacional mediante colaboraciones con gobiernos y organismos extranjeros, aportando metodologías y acompañando políticas públicas de memoria. Sus vínculos con ACNUR y los Archivos Nacionales de Francia, junto al resguardo de documentos desclasificados de la CIA, Naciones Unidas y archivos europeos y latinoamericanos, lo posicionan como depositario clave de una vasta red internacional. En diciembre de 2025, esta labor se amplió con la acogida del archivo del Exilio Español en Chile, reforzando una memoria compartida. Respaldado por la UNESCO y su rol asesor en Iberoamérica y Europa, el Museo reafirma su capacidad de incidir globalmente en la construcción de una cultura de respeto a la dignidad humana.

El impacto global del MMDH se refleja también en su intensa labor de extensión y préstamos internacionales. Durante 2026, el Museo colaborará con el Museo de Arte de São Paulo (MASP) en Brasil, mediante el préstamo de 60 piezas originales para la exposición sobre el Colectivo Acciones de Arte (CADA), y con el Museum Angewandte Kunst de Frankfurt, Alemania, enviando afiches históricos y objetos de la Unidad Popular. Esta proyección internacional se complementa con el programa “Memorias Compartidas”, desarrollado junto al Centro Cultural de España, que integrará actividades de cine, teatro y conferencias, además de la incorporación del Archivo del Exilio Español en Chile al patrimonio del Museo.

Archivo para el poder judicial, exposiciones transversales y espacio cultural

La exposición permanente del MMDH ocupa dos tercios de su edificio de 5.000 metros cuadrados. En este espacio, se exhibe una muestra que integra testimonios, documentos, archivos históricos y piezas audiovisuales destinados a preservar la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile de la dictadura de Augusto Pinochet (sept 1973- marzo 1990).

El MMDH es el archivo de memoria más grande de Chile que incorpora permanentemente nuevos relatos. Ha recibido donaciones de más de 300 instituciones nacionales e internacionales. Su relevancia se refleja en que el Poder Judicial, con causas abiertas en todo Chile, solicita información al Museo de manera constante.

La programación temporal del Museo aborda temáticas globales que trascienden las fronteras nacionales. Para 2026, la institución presenta una cartelera diversa que incluye la exposición Siberia: Prisión de naciones, creada por el Sybir Memorial Museum, la cual reconstruye las deportaciones masivas de polacos durante la ocupación soviética de 1939. Asimismo, el museo exhibirá la obra de los artistas David Lamelas e Hildegarde Duane, una muestra de arte contemporáneo que revisa la construcción del poder a través de las imágenes televisivas entre las décadas de 1970 y 1990, exponiendo la teatralidad mediática del autoritarismo tanto en dictaduras como en democracias.

Además de su labor archivística y museográfica, el MMDH mantiene durante todo el año una activa programación cultural y educativa gratuita que lo posiciona como un espacio de encuentro ciudadano. Su cartelera incluye ciclos de teatro y cine, conversatorios, lanzamientos de libros, talleres para públicos de distintas edades y actividades formativas para docentes. El edificio también abre sus espacios para conciertos y presentaciones artísticas de gran convocatoria, que amplían el acceso a la cultura.

Su colección reúne a más de 170 artistas que, a través de la fotografía, las artes visuales y el audiovisual, han contribuido a preservar y resignificar la memoria histórica. Entre ellos destacan Jorge Tacla, Paz Errázuriz, Chas Gerretsen y Claudio Di Girolamo, junto a referentes contemporáneos como Cecilia Vicuña, el Colectivo de Acciones de Arte (CADA), Vicente Ruiz y Silvio Caiozzi. Esta diversidad de miradas y lenguajes artísticos convierte a la colección en un acervo único.

Ubicado en un edificio de vanguardia diseñado por los arquitectos Mario Figueroa, Lucas Fehr y Carlos Dias, en un barrio que une parques con una intensa vida gastronómica, académica y cultural, el Museo utiliza su estructura de “manzana abierta” para generar una luminosidad natural que simboliza la transparencia. La pluralidad de la institución se sustenta en un directorio compuesto por figuras de amplia trayectoria pública, como la ex Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria, el escritor Arturo Fontaine Talavera, y el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña González. Con más de 3.500.000 de visitantes desde su apertura y una comunidad digital de casi 460.000 personas en Instagram, el Museo se consolida como el centro cultural con mayor audiencia digital en Chile y un pilar fundamental para la educación en derechos humanos a nivel iberoamericano.

Importantes figuras internacionales y nacionales lo han visitado. Destacan líderes políticos como Ban Ki-moon, Sebastián Piñera, Joachim Gauck, François Hollande, Pedro Sánchez y Olaf Scholz, princesa Mary de Dinamarca, Baltasar Garzón, así como activistas y referentes culturales de la talla de Angela Davis, Adolfo Pérez Esquivel, Silvia Federici y Esther Mujawayo. También artistas como Sting y Tom Morello han recorrido sus salas, sumando su voz al reconocimiento del Museo como símbolo de resiliencia democrática.

Desde la  creación del premio,  se han celebrado nueve ediciones. Las organizaciones galardonadas han sido la entidad brasileña Pastoral da Criança; la Fundación Myrna Mack de Guatemala; el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; la organización chilena no gubernamental `Un techo para mi País´; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos `Todos los Derechos para Todas y Todos´ de México; la institución de las Adoratrices, de España; la Patrulla Aérea Civil Colombiana; la ONG hondureña Acoes, y, en su última edición, la ONG mexicana Colectivo Familias por Nuestros Desaparecidos de Jalisco.

La Bancada de Diputadas y Diputados del Partido Comunista de Chile e independientes emitió una declaración pública manifestando su “más profundo rechazo” a la conducta del diputado Javier Olivares (PDG), luego de los insultos y provocaciones dirigidas contra la diputada Lorena Pizarro en dependencias del Congreso Nacional y a través de redes sociales.

En el texto, la bancada acusa que las expresiones utilizadas por Olivares constituyen un acto de violencia política, misoginia y negacionismo, especialmente por tratarse de ataques dirigidos a una parlamentaria ligada históricamente a la defensa de los derechos humanos. Además, cuestionaron la utilización de elementos asociados a la figura de Augusto Pinochet, calificándolo como una provocación y una ofensa a la memoria democrática del país.

DECLARACIÓN PÚBLICA07MAYO