La acción penal se suma a la interpuesta en marzo por el abogado de la familia, que incluye los delitos de torturas, lesiones graves, denegación de auxilio, falsificación de instrumento público, amenazas, prevaricación administrativa y omisión de denuncia penal, en contra; el Capitán de Navío Juan Pablo Castro, Director de la Escuela Naval; un cadete individualizado como Ismael Donoso y contra todos los que resulten responsables.

“Ningún joven merece que le arrebaten así su sueño de ser cadete y oficial de marina”, lamentó el padre del menor. 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este 5 de agosto, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, una querella criminal contra todos los que resulten responsables por los delitos de torturas sufridas por un ex-cadete mientras éste era alumno de la Escuela Naval Arturo Prat el año 2025. Con esta acción el INDH se hace parte en el proceso iniciado por querella criminal que, en marzo, interpuso el Abogado Rodolfo Precht Mendoza, quien patrocinando a la víctima, se querelló por los delitos de torturas, lesiones graves, denegación de auxilio, falsificación de instrumento público, amenazas, prevaricación administrativa y omisión de denuncia penal contra el Capitán de Navío Juan Pablo Castro, Director de la Escuela Naval; contra un cadete individualizado como Ismael Donoso y contra todos los que resulten responsables, libelo en la cual se expone que un joven que ingresó a estudiar a ese plantel el año 2025, cuando tenía 18 años de edad, fue reiterada y brutalmente agredido físicamente y en su dignidad personal, y sometido a torturas mientras era cadete, lo que constituye serias violaciones a los DD.HH.

Fernando Martínez Mercado, Abogado y Jefe Regional Valparaíso del INDH, solicitó al tribunal en la querella que la Fiscalía Local indague los hechos y que, una vez concluida la investigación, acuse a los responsables y éstos sean condenados a las penas contempladas por la ley. A su vez, señala en el libelo que “la aplicación de tormentos o tortura, además de constituir un delito, constituye una violación grave a los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales vigentes en Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, enfatizando que los hechos descritos en la querella “reúnen todos los elementos del delito de Tortura previstos en el artículo 150 A del Código Penal.”

Raúl Precht Mendoza, padre de la víctima, explica que su hijo cumplió el sueño de ingresar el año 2025 a la Escuela Naval para a ser formado como Oficial de Marina, pero durante su estadía de 2 meses y días en el plantel fue víctima de verdaderas torturas, resultando la víctima seriamente lesionada en su cuello y piernas, a causa de reiterados golpes, siendo además el joven objeto de graves amenazas e incluso ahorcado en 3 ocasiones hasta hacerlo perder el conocimiento. Por ello, luego de que el joven cadete reclamara siguiendo el conducto regular denunciando a sus agresores, solicitó retirarse de esa institución, ante lo cual por orden del Director de la Escuela se le recluyó en la Enfermería del plantel, donde no se le realizó ningún examen médico serio, no se le tomó ninguna radiografía y no se le dio ni siquiera un analgésico para los serios dolores físicos que le causaron las agresiones que sufrió. 

Como si lo vivido no fuera tortuoso además de ilegal, la decepción del padre de quien fuera cadete aumentó cuando se enteró que, por instrucciones del Director, se le impuso al joven cadete llenar y firmar una serie de documentos en que aparecía falseada su causa de solicitud de retiro de la Escuela: “Los documentos señalaban que el retiro era por desinterés vocacional, lo que es falso, -reclama el padre del ex-cadete- ya que mi hijo se retiraba porque fue víctima de reiteradas agresiones físicas y a su dignidad personal. Incluso uno de esos documentos lo amenazaba con penas de cárcel si le comunicaba a terceros cualquier cosa relativa a lo vivido en la Escuela. Todo redactado con el objetivo de encubrir las torturas, lesiones y amenazas que sufrió.”. 

Rodolfo Precht Mendoza, abogado querellante, explica que a pesar de que el Oficial de la División que integraba el cadete afirmó que de ser cierto lo reclamado por la víctima, en 24 horas los agresores estarían expulsados de la escuela, luego de confirmarle ese Oficial al apoderado del joven agredido que era cierto que el cadete había sufrido tan graves hechos, la Dirección de la escuela realizó una investigación absolutamente parcial, irregular y sin ninguna transparencia, en la que sólo se le comunicó al reclamante de supuestas sanciones impuestas a un grupo de cadetes, procedimiento en que el Director de la Escuela no aplicó todo el rigor del Reglamento Interno de la institución, ni respetó la ley, pues debió haber expulsado a los agresores y a todos los involucrados en los hechos, y debió haberlos denunciado a la Fiscalía Local.

• Según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático 2026 (Ipsos / Centro de Acción Climática PUCV), la basura y su manejo se posicionan como la preocupación ambiental N°1 de los chilenos, superando a la escasez hídrica (25%), la contaminación del aire (24%) y el cambio climático (14%).

Mientras la discusión pública sobre la crisis climática ha perdido protagonismo frente a la inseguridad y el costo de la vida, los chilenos mantienen una prioridad clara dentro de la agenda ambiental: la basura y su manejo. Así lo confirma la Encuesta Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático 2026, que ubica a la gestión de residuos como el problema medioambiental más mencionado por la ciudadanía, casi el doble que el cambio climático.

El estudio, realizado por Ipsos para el Centro de Acción Climática de la PUCV a 1.200 personas a nivel nacional, muestra además que un 87% de los chilenos considera importante o muy importante que el Estado aborde el cuidado del medio ambiente desde las políticas públicas — evidencia de que la preocupación ambiental no ha desaparecido, sino que se ha vuelto más concreta y cotidiana.

“La basura es el problema ambiental más tangible para las personas; se vive todos los días en el barrio y en la puerta de la casa. La ciudadanía ya no se conforma con compromisos abstractos, exige certezas. En ese escenario, el cumplimiento de la Ley REP y la trazabilidad son herramientas decisivas: permiten pasar de la buena intención a los datos duros, demostrando con transparencia que los materiales se valorizan correctamente y no terminan en un vertedero ilegal”, señaló Gianni Sichel, CEO de Bendito Residuo.

El diagnóstico ciudadano coincide, además, con lo que los propios chilenos esperan del gobierno en materia ambiental: cerrar microbasurales y vertederos ilegales aparece como una de las prioridades para el actual gobierno, mencionada por un 27% de los encuestados, solo detrás de las medidas ligadas a energía. A esto se suma que un 21% respalda avanzar en la Ley de Residuos Orgánicos para reducir emisiones de metano — una señal de que la ciudadanía no solo identifica el problema, sino que también reconoce herramientas normativas concretas para abordarlo.

El estudio también revela una brecha de confianza relevante: solo un 15% de los chilenos cree que el actual gobierno tiene un plan claro para enfrentar el cambio climático, frente a un 61% que considera que no lo tiene. En ese contexto, la gestión de residuos se perfila como un terreno donde la acción a nivel local y de gobiernos municipales cobra especial relevancia, al ser un problema que los ciudadanos perciben como más tangible y resoluble que el cambio climático en su conjunto.

Otro dato que refuerza esta lectura es la evaluación negativa que los chilenos hacen del comportamiento ambiental de las empresas privadas: un 77% las califica mal o muy mal, la peor evaluación entre los tres actores consultados (personas, Estado y empresas). Esto sitúa a la trazabilidad y la transparencia en la gestión de residuos como un factor cada vez más determinante para la reputación de las organizaciones que operan en este ámbito.

“Frente a la baja confianza ciudadana hacia las corporaciones, la reputación de las empresas ya no se sostiene con discurso, sino con evidencia. El sector privado tiene hoy la gran oportunidad de liderar esta transformación trabajando de la mano con los municipios, demostrando con trazabilidad real que la gestión ambiental responsable en el territorio es posible y medible”, agregó Gianni Sichel, CEO de Bendito Residuo.

Por María Soledad Gaytán Hernández, médica miembro de la Sociedad Chilena de Medicina del
Trabajo (SOCHMET).

Cuando pensamos en los riesgos para la salud presentes en un lugar de trabajo, solemos imaginar factores de riesgos como ruido, sustancias químicas, movimientos repetitivos o accidentes. Rara  vez pensamos en estilos de liderazgo inadecuados, cargas difíciles de sostener, falta de reconocimiento o escaso control sobre las propias tareas. Sin embargo, la evidencia obliga a ampliar el concepto de riesgo laboral: un ambiente adverso no solo afecta cómo nos sentimos, también puede incidir en cómo funciona nuestro organismo.

Estudios en trabajadores muestran que el job strain (es decir, la combinación de altas exigencias y escaso control sobre el propio trabajo) se asocia con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. También se ha asociado con diabetes y, en menor medida, con accidente cerebrovascular isquémico. El problema, por lo tanto, no se limita a que “el estrés laboral sube la presión”.

Cuando enfrentamos una situación estresante, nuestro organismo genera mecanismos de respuesta para adaptarse a lo que percibe como una amenaza: aumenta la frecuencia cardíaca, se activa el sistema nervioso simpático y se liberan hormonas como el cortisol, con el objeto de que podamos responder a la situación de “peligro” y garantizar nuestra supervivencia. Sin embargo, cuando esta exposición a estrés no constituye una situación puntual sino un factor persistente en el tiempo, ese estado de respuesta a la amenaza también persiste.

El organismo activa sus sistemas de alarma una y otra vez sin poder recuperar su equilibrio y, con el paso de los meses o años, se produce inflamación crónica, alteraciones metabólicas y cambios en la respuesta inmunológica. A ello se suma un efecto menos visible: el estrés sostenido comienza a deteriorar hábitos cotidianos. Dormimos peor, nos movemos menos, comemos de manera menos saludable o aumentamos el consumo de tabaco. Así, el desgaste laboral termina amplificando otros factores de riesgo.

Esto plantea un importante desafío para la salud ocupacional en Chile. El cuestionario CEAL- SM/SUSESO ha permitido avanzar en la identificación de riesgos psicosociales, pero todavía existe una tendencia a observar sus consecuencias principalmente desde la salud mental. ¿Qué ocurre con quien nunca presenta una licencia médica psiquiátrica, pero permanece durante años expuesto a altas demandas, poco control sobre sus propias funciones, relaciones deterioradas o escaso apoyo? Allí es, justamente, donde más se nos escapa el problema: una crisis hipertensiva, una enfermedad metabólica o un trastorno digestivo rara vez son vinculados al clima laboral en las estadísticas de una empresa. Esto no significa atribuir automáticamente cada enfermedad física al trabajo, sino reconocer que las condiciones laborales pueden formar parte de la ecuación.

Por eso, reducir las intervenciones de prevención de riesgos psicosociales a talleres para “manejar el estrés” no es efectivo si las personas trabajadoras regresan, después, a la misma sobrecarga o a las mismas prácticas organizacionales que no cambiaron. Las estrategias más efectivas son aquellas que actúan sobre el trabajo mismo: mayor autonomía, jefaturas formadas en herramientas de liderazgo y retroalimentación, reconocimiento proporcional al esfuerzo, y mecanismos efectivos frente al acoso y la violencia laboral.

Cuidar el ambiente de trabajo es, literalmente, cuidar el corazón de quienes trabajan. Y son ellos quienes sostienen, en los hechos, el de la organización.

• FENADAJ advierte que los cargos sin proveer aumentan la sobrecarga de los equipos, mientras 681 funcionarios trabajan bajo las 40 horas y la demanda jurídica anual supera los 7,6 millones de personas.

La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) alertó por el creciente número de cargos vacantes y la demora en sus reemplazos en las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), advirtiendo que esta situación está afectando la capacidad de respuesta del servicio y trasladando la carga de trabajo a los funcionarios que permanecen en sus puestos.

La organización señala que esta problemática se suma a una subdotación histórica: Según cifras recabadas por FENADAJ, se identifican 681 funcionarios a nivel nacional con jornadas inferiores a 40 horas, mientras se requieren más de 41 mil horas semanales adicionales para completar esas jornadas.

“Una silla vacía en una Corporación de Asistencia Judicial no es solamente un puesto de trabajo que queda sin ocupar. Es un abogado que no está atendiendo una causa, un trabajador social que no puede realizar una intervención, un administrativo que no puede sostener la gestión de un centro y, finalmente, una persona que debe esperar más para acceder a justicia”, sostuvo Victoria Escalante, presidenta de FENADAJ.

La organización gremial advierte que esta situación ocurre mientras la demanda jurídica continúa creciendo: las personas adultas con necesidades jurídicas anuales estimadas aumentaron de 7,23 millones en 2022 a 7,64 millones en 2026, un alza de 5,7%.

“No se puede fortalecer el acceso a la justicia debilitando a quienes hoy sostienen la atención. Cada cargo que permanece vacante tiene un impacto directo en los usuarios”, enfatizó Escalante, llamando al Ministerio de Justicia a abordar la reposición de cargos y los reemplazos  no sólo en el marco del Presupuesto 2027, sino además en los meses que restan de este 2026.

Una brecha que el nuevo Servicio todavía no resuelve

Sobre la transición al nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, FENADAJ identifica una brecha de dotación base histórica que no queda resuelta con el financiamiento contemplado para la nueva institucionalidad.

La  Federación señala que los recursos adicionales considerados para el nuevo Servicio se concentran principalmente en las nuevas oficinas de víctimas y en la estructura directiva y administrativa central, pero no contemplan un aumento de profesionales y administrativos para los centros jurídicos sociales ni para las líneas especializadas que actualmente sostienen las Corporaciones.

“Estamos frente a una contradicción que debe ser corregida. Se está construyendo un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, pero se mantiene una parte importante de la estructura que sostiene actualmente la atención funcionando con déficit de personal”, plantea FENADAJ.

En la población Jaime Eyzaguirre de Macul, se vivió una jornada llena de cultura y sentido político, la coordinadora por la memoria de Manuel Gutiérrez realizó una nueva conmemoración en memoria de Manuel a escasos metros desde donde el ex Sargento Millacura le disparó con una sub ametralladora UZI.

Comparsas, pasacalles y una olla común, sellaron la jornada que estuvo enmarcada en la memoria y el compañerismo, dónde participaron agrupaciones musicales de Lo Hermida, la Legua y otros barrios, además de stand de Mujeres Mapuche y del sitio de memoria Irán 3037.

La movilización y la historia de un crimen que no se olvida 

Corría el año 2011, bajo un gobierno de Sebastián Piñera, que no entablaba diálogo con los movimientos sociales, comenzó a proliferar con fuerza el movimiento estudiantil, llegando a ser el protagonista de movilizaciones masivas que abogaban por una educación pública, gratuita y de calidad.

Las organizaciones sociales no tardaron en plegarse a las movilizaciones en solidaridad con los estudiantes, en ese contexto la CUT y el Colegio de Profesores, convocaron a una jornada de paro nacional para los días 24 y 25 de agosto.

El vocero de gobierno de la época, Andrés Chadwick, calificaba el paro como “ilegal” en la prensa, mientras que más de 84 organizaciones sociales adhirieron al llamado de protesta, federaciones y agrupaciones estudiantes, empleados públicos y trabajadores y trabajadoras sindicalizados, mayoritariamente.

El día 25 fue particularmente masivo, por ciudades de todo el país se vivieron marchas y paralizaciones, demostrando una fuerza conjunta de los movimientos sociales. En la capital, 4 marchas simultáneas, confluyeron en La Alameda, cortando el tránsito en diferentes calles céntricas. En las tardes, como es de costumbre, la movilización migró a las periferias.

Fotografía de movilizaciones de estudiantes. 25 de agosto de 2011 

Alrededor de las 23:30, por una pasarela peatonal que cruza Américo Vespucio, a la altura de la población Jaime Eyzaguirre, se desplazaba Manuel junto con su hermano mayor Gerson, quien se movilizaba en silla de ruedas y más tarde cumpliría un papel importante en la búsqueda de justicia de su hermano.

El sargento Millacura descendió del carro policial con una sub-ametralladora modelo UZI y disparó hacia arriba 3 tiros, versión que fue confirmada por la teniente (también dada de baja), Claudia Iglesias, durante la investigación liderada por la Sexta Fiscalía Militar de Santiago. Una de las balas alcanzó en el tórax a Manuel Gutiérrez, arrebatándole la vida. Otra de esas balas, hirió al trabajador Carlos Burgos.

Millacura fue dado de baja y encontrado culpable, en primera instancia es sentenciado a 3 años y un día de presidio, pena que fue rebajada por la Corte Marcial, a 400 días en diciembre de 2015. Tras esta condena en la que quedó patente la injusticia e imparcialidad de los tribunales militares, en materia de derechos humanos, la familia comenzó otra larga búsqueda de justicia, para que tribunales civiles pudieran juzgar causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.

Fotografía de protestas por el fin de la justicia militar en causas de violaciones a los DD.HH

La familia, llevo el caso a instancias internacionales, cuestión que no prosperó, sin embargo, no por eso cesaron en la búsqueda social. En conjunto con diferentes organizaciones levantaron un comité por la justicia social, finalmente el año 2016 tras 5 años de movilizaciones y presión, se logró modificar la normativa para que los casos que implicaran violaciones a los derechos humanos, como el caso de Manuel, fueran juzgadas por un tribunal civil y no uno militar.

Gersón Gutiérrez Reinoso, incansable luchador por la justicia social tras el asesinato de su hermano Manuel, falleció en febrero de 2018 debido a un cáncer.

Gerson Gutiérrez sosteniendo una foto de su hermano Manuel

A continuación revisa las fotografías de la conmemoración por Manuel Gutiérrez de este 2026:

A 65 años de su estreno, “La Pérgola de las Flores” regresa con una propuesta que conserva la esencia de este clásico del teatro chileno,  pero la revitaliza con una mirada contemporánea, mayor dinamismo escénico y un marcado sello de comedia.

Bajo la dirección del actor, comediante y músico Gustavo Becerra, junto al músico, director y licenciado en Artes Escénicas Germán Silva, esta nueva producción del Kolectivo Mutante busca reencontrar a quienes crecieron con la obra y, al mismo tiempo, acercar este clásico a nuevas generaciones de espectadores.

Con un elenco de más de 18 artistas y música interpretada completamente en vivo, el montaje ofrece una experiencia vibrante donde el humor, el ritmo y el trabajo coral son protagonistas.

Escrita originalmente por Isidora Aguirre y musicalizada por Francisco Flores del Campo, “La Pérgola de las Flores” es una de las obras más importantes de la dramaturgia nacional. Su retrato de las transformaciones urbanas, las tensiones sociales y la defensa de la identidad popular continúa dialogando con el Chile actual. Personajes entrañables como Carmela y canciones inolvidables como “Yo vengo de San Rosendo” y “Quiero flores” permanecen profundamente instalados en la memoria colectiva del país.

Para Gustavo Becerra y Germán Silva, el desafío fue reinterpretar este patrimonio escénico desde una sensibilidad actual, potenciando la comicidad, el ritmo y la cercanía con el público, sin alterar el espíritu original de la obra. El resultado es un montaje colorido, dinámico y emotivo, donde la música en vivo y la energía del elenco convierten cada escena en una celebración del teatro musical chileno.

Bajo la producción de 4 Parlantes, la función es este sábado 22 de agosto, a las 20:00 horas, en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, consolidándose como uno de los panoramas culturales imperdibles de agosto y una excelente antesala para las celebraciones de Fiestas Patrias.

Obra: La Pérgola de las Flores
Dirección: Gustavo Becerra y Germán Silva, junto al Kolectivo Mutante
Fecha: Sábado 22 de agosto de 2026
Hora: 20:00 horas
Lugar: Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, Ñuñoa

Entradas: A la venta en PuntoTicket. Platea General: $19.250. Primeras Filas: $25.300 (precios incluyen cargo por servicio). Descuento de 10% para la comunidad del Liceo Manuel de Salas y convenios de empresa.

Más información y venta de entradas: 

https://www.puntoticket.com/evento/la-pergola-de-las-flores-2026

“Frente a la adversidad, nosotros los jóvenes de Chile decimos con claridad que nuestra trinchera es la alegría”, sostuvo la presidenta de la Jota, Catalina Lufín Pacheco. 

Casi un centenar de jóvenes se congregaron  la tarde del viernes en Plaza Italia para participar del “Cuecazo” organizado por las Juventudes Comunistas de Chile (JJCC), en el marco de la conmemoración de su 94° aniversario que se celebrará este 5 de septiembre. La actividad, que comenzó pasadas las 17:00 horas, reunió a militantes y simpatizantes en una jornada que combinó baile, música y consignas políticas.

Las y los jóvenes comunistas bailaron consecutivos pies de cueca, en uno de los epicentros de la capital y ante la mirada atenta de los curiosos que se alegraban ante el temprano ambiente dieciochero. Uno de los momentos centrales de la actividad, fue la arenga de la presidenta de la organización, Catalina Lufín Pacheco, quien llamó a sostener la alegría como forma de resistencia frente al actual escenario político. “Frente a la adversidad, nosotros los jóvenes de Chile decimos con claridad que nuestra trinchera es la alegría”, agregando que la confianza de crear “un país más justo” sigue intacta en la juventud comunista.

Desde el mismo lugar donde históricamente se han desarrollado las principales manifestaciones sociales del país, la dirigenta apuntó directamente al gobierno de ultraderecha que preside José Antonio Kast. “Les incomoda tanto que ocupemos las calles” declaró, agregando que,  “nunca nos vamos a ir, ni nos vamos a cansar de llenar las calles y todas las avenidas de color, de alegría, de rebeldía que caracteriza a la juventud popular de nuestro país”. 

Lufín también se refirió a la disputa por los símbolos patrios, en un contexto marcado por el auge de posturas de ultraderecha que buscan apropiarse de la bandera y el himno nacional. “Hay quienes han querido guardarse la bandera en el bolsillo, llevarse el himno pa’ la casa y decir que solamente algunos tienen el orgullo de decir que son chilenos”, afirmó, para luego reivindicar que “la patria es de quienes la trabajan y de esa juventud que día tras día todavía se atreve a soñar”.

La actividad se enmarcó con un despliegue de banderas, colores y baile popular que, según los organizadores, busca relevar el sentimiento de chilenidad y alegría de la juventud, pese al difícil momento político que atraviesa el país. Con esta actividad, las JJCC dan inicio a una serie de celebraciones con las que conmemorarán sus 94 años de historia. 

Columna de opinión de Fernando Monsalve, abogado expresidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo

La prueba irrefutable del sesgo totalitario tras el Proyecto de Reforma Constitucional N° 18.597-07

Durante meses, una intelectualidad tibia, complaciente y encaramada en los naipes del poder intentó desmantelar cualquier alarma calificando de “caricatura” o “eslogan irresponsable” la etiqueta de ultraderecha aplicada al gobierno de José Antonio Kast. Hoy, con la presentación del proyecto de reforma constitucional en seguridad pública (Boletín N° 18.597-07), las verdaderas intenciones autoritarias y fascistoides han quedado al descubierto, desmintiendo de forma categórica la defensa del centro y confirmando que nos encontramos plenamente ante un régimen de extrema derecha.

¿Qué dicen hoy Eugenio Tironi, Alfredo Joignant, Pepe Auth y otros tantos actores políticos acostumbrados a gravitar en torno al poder cuando la realidad los desmiente de manera tan tajante? Recientemente, en entrevistas y lanzamientos de libros, Tironi y Joignant descalificaron a dirigentes de oposición, particularmente de izquierda y centroizquierda, acusándolos de “deshonestidad intelectual” por catalogar al gobierno de Kast como una administración de ultraderecha. Argumentaban que esa etiqueta era una caricatura, un recurso comunicacional hueco y que este gobierno no había dado demostración alguna de salirse de los márgenes democráticos.

Sin embargo, la historia y la teoría política no engañan. Si bien es innegable el descaro de aquellos sectores que se proclamaron “transformadores” o de centroizquierda y no hicieron más que administrar con temor, salvaguardar las Isapres y sostener los cimientos del modelo heredado pavimentando el camino para que la extrema derecha llegara al poder, aquello no invalida en absoluto la corrección de su diagnóstico actual. Cuando hoy levantan banderas progresistas para denunciar el carácter reaccionario de este Ejecutivo, tienen toda la razón. Quienes deben explicaciones públicas y asumir su error son los Tironi, Joignant, Auth y los defensores de la moderación, cuyas posturas tibias sirvieron de escudo anestésico para enmascarar el avance del proyecto autoritario.

El proyecto N° 18.597-07: La derivación totalitaria y el quiebre del Estado Moderno 

El Mensaje N° 134-374 (Boletín N° 18.597-07), firmado por el Presidente José Antonio Kast junto a sus ministros Claudio Alvarado, Martín Arrau, Fernando Barros y José García Ruminot, no deja margen de duda: revela de forma prístina las inclinaciones fascistas y totalitarias del régimen. Bajo la supuesta justificación de combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad nacional y pública, la propuesta introduce atribuciones excepcionales que diluyen la división clásica de poderes.

El aspecto más alarmante de esta reforma es la incorporación del numeral 22° al artículo 32 de la Constitución, que otorga al Presidente de la República la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).

Se entrega a la Jefatura de Estado la potestad de juzgar y proscribir agrupaciones. Un Presidente que no requiere ser abogado ni poseer formación jurídica mínima, como lo demuestra la trayectoria de figuras que nunca ejercieron la litigación que ni siquiera se titularon de abogados o derechamente ejercieron otras profesiones. El presidente administrará justicia por vía administrativa. Lo hará, además, sobre la base de un informe del Ministerio Público, una institución sumamente politizada, en profunda crisis, gestora del lawfare en Chile, que filtra investigaciones para perjudicar adversarios y que persigue sin guiarse por la objetividad ni por el arbitrio de tribunales independientes.

A esta arbitrariedad se suma la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública (artículos 42 bis y 43), que faculta al Ejecutivo para suspender o restringir la libertad personal, de locomoción, de reunión y de asociación, así como para interceptar y registrar comunicaciones y documentos por periodos renovables de 120 días bajo la tutela de Mandos Militares. Estas medidas, sumadas a la inhabilitación perpetua para cargos públicos y la pérdida de prestaciones sociales y penas sustitutivas por 15 años, configuran un aparataje de persecución política que busca amordazar a la sociedad civil e hipertrofiar el poder del Ejecutivo.

Para demostrar que no estamos ante un “gobierno conservador tradicional”, sino ante una manifestación genuina de la extrema derecha con rasgos totalitarios e inspiración en el fascismo histórico, he construido el siguiente análisis comparado:

Como demuestra la evidencia histórica, Mussolini, Franco, Pinochet y Kast comparten una misma columna vertebral ideológica: el desprecio por los contrapesos democráticos, la búsqueda de atribuciones excepcionales y absolutistas en la Jefatura de Estado, y la utilización del aparato represivo penal para neutralizar a la disidencia bajo el pretexto de defender el “orden” o la “seguridad”.

Las cartas están sobre la mesa. La reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo no es un ajuste técnico; es el intento deliberado de codificar los gérmenes del fascismo y el totalitarismo en la Carta Fundamental. Concentrar la facultad de declarar organizaciones criminales en el Presidente, restringir libertades individuales por meses sin contrapesos reales y marginar a los tribunales de justicia es la firma inconfundible de la extrema derecha.

Ante esta realidad, la intelectualidad y actores políticos siempre acomodados quedan desnudados en su complacencia. Nos encontramos, fehacientemente y sin espacio para matices edulcorados, ante un gobierno de ultraderecha. Corresponde a la izquierda crítica y a las fuerzas sociales democráticas denunciar este zarpazo liberticida y articular la resistencia política frente a la amenaza totalitaria en marcha.

• El indicador de disminución en las ventas sube 5 puntos respecto de julio y acumula cuatro meses consecutivos al alza.

• En paralelo, tres de cada cuatro empresas (74%) ya financia su operación con recursos personales, seis puntos más que el mes anterior, el mayor salto entre todos los indicadores del mes.

La medición del Termómetro Pyme correspondiente a agosto de 2026 se aplicó a 20.118 empresas de la comunidad empresarial PROPYME, obteniendo 2.838 respuestas válidamente emitidas. El levantamiento de información que se concretó entre el 3 y el 7 de agosto y cuyos datos fueron analizados por DefensaDeudores.cl, evidencia una creciente dependencia del financiamiento propio para sostener la operación del negocio, en un contexto de ventas a la baja y mayor presión de costos.

En el plano comercial, el 67% de las empresas reporta una caída en sus ventas respecto del mes anterior, 5 puntos más que en julio, el nivel más alto registrado desde que se levanta esta medición (mayo – agosto 2026). Sobre los plazos de pago, el 56% señala que sus clientes le pagan a 30 días (+3 puntos) y un 18% a 45 días (+2 puntos); en la mirada anual, un 35% dice que los tiempos de pago han aumentado durante el último año (+2 puntos).

El otro dato marcado del mes es la inyección de recursos personales para financiar la operación, que sube de 68% a 74%, el mayor salto entre todos los indicadores. En paralelo, la postergación del pago de IVA aumenta a 33% (+2 puntos) y las deudas vigentes con la Tesorería General de la República (TGR) llegan al 41% (+2 puntos). La solicitud de crédito bancario, en cambio, baja a 28% (-2 puntos) y el uso de factoring se mantiene en 16%. El no pago de cotizaciones previsionales se mantiene sin variación respecto de julio (29%).

“Que tres de cada cuatro empresas estén inyectando recursos de su propio bolsillo para poder operar es la señal más clara de que el colchón financiero de la Pyme se está agotando. No es una estrategia de crecimiento, es sobrevivencia: se está financiando el día a día con ahorros personales, y eso no es sostenible en el tiempo”, señala Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.

Ante los datos de agosto el director ejecutivo de PROPYME, Rodrigo Bon expresó que “la demanda continúa siendo la restricción dominante; el bolsillo de los dueños y dueñas de las empresas sigue siendo relevante como fuente de capital de trabajo; el Estado continúa siendo un creciente acreedor de nuestros negocios y la agenda legislativa impulsada por el ejecutivo no tiene eco en las Pymes. Hemos observado una batería de medidas enfocadas en grandes empresas en la reactivación de la economía; pero ante el escenario expuesto es necesario activar programas e instrumentos con foco en Micro y Pequeñas Empresas. Son estas empresas las que hoy necesitan oxígeno para sus negocios”.

En materia laboral, el 40% de las empresas afirma que la reducción de la jornada a 42 horas semanales (Ley 21.561) le significa un problema, 2 puntos menos que en julio. Frente al alza del salario mínimo —que rige desde el 1 de mayo con un aumento de $14.500 y que tendrá un nuevo reajuste en enero según IPC, totalizando cerca de 4%—, un 28% de las Mipymes declara que absorberá el alza con menor margen de ganancias (+5 puntos), un 25% la traspasará a precios (+4 puntos) y un 13% congelará nuevas contrataciones (-3 puntos). Un 9% evalúa despedir trabajadores producto de este ajuste (-2 puntos) y ninguna empresa declara que contratará más personal.

“Cuando ese colchón se acaba, el costo empieza a traspasarse. Hoy uno de cada cuatro empresas ya está subiendo precios para enfrentar el alza del salario mínimo, lo que termina llegando al consumidor final. La presión de costos deja de ser solo un problema de rentabilidad de la pyme y se convierte en un tema inflacionario”, explica Ibáñez.

Finalmente, la medición volvió a consultar por dos proyectos de ley en tramitación. Respecto de la Ley de Reconstrucción Nacional, sube a 19% quienes creen que los perjudicará (+3 puntos) y a 21% quienes aún no tienen claro su impacto (+2 puntos). Sobre la Ley de Sala Cuna Universal, un 36% estima que no tendrá impacto en su negocio (+1 punto) y baja a 9% quienes anticipan un perjuicio (-3 puntos), aunque crece a 31% quienes declaran no conocer la iniciativa (+3 puntos).