Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Chile: “enfrentamos un mundo sin ningún tipo de brújula moral”
Discurso de Rodrigo Bustos Bottai para la presentación del Informe Anual 2025-2026 de Amnistía Internacional, “el estado de los derechos humanos en el mundo”.
Muy buenos días a todos y todas, hago propios los vocativos y agradezco a las autoridades presentes, a las y los representantes de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones de derechos humanos, de embajadas y organismos internacionales, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, las de ayer y de hoy, a las y los activistas de Amnistía Internacional Chile y a todos y todas quienes están hoy aquí acompañándonos porque saben que el mundo se encuentra en un momento clave: no estamos en un “período difícil” más.
Estamos en el momento preciso en que todo lo construido en los últimos 80 años está siendo atacado en sus cimientos.
Hoy, desde Amnistía Internacional publicamos coordinadamente y a nivel global nuestro informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo durante el año 2025. En él documentamos los diversos vejámenes e injusticias que sufren los seres humanos alrededor de todo el mundo. Pero también, ponemos foco en todas aquellas acciones de resistencia colectiva que encienden y mantienen viva la esperanza para el presente y futuro de la humanidad. Hoy no estamos aquí para repetir cifras. Estamos aquí porque esas cifras tienen rostro, tienen nombre y tienen historias.
Nuestro informe confirma que el 2025 estuvo marcado por violaciones flagrantes e infracciones al derecho internacional, cometidas tanto por gobiernos como por actores empresariales, lo que evidencia que ya no enfrentamos una erosión acotada en los márgenes del sistema, sino un deterioro profundo y estructural.
Hoy, gobiernos poderosos y movimientos antiderechos no solo avanzan, sino que lo hacen cada vez más coordinados, financiados, decididos y enfrentando cada vez menos consecuencias.
Esto se acentúa gracias a que muchos gobiernos, incluidos la mayoría de los Estados europeos, han mostrado una actitud escandalosamente pasiva ante las agresiones perpetradas por Estados Unidos, Israel y otros Estados poderosos contra el multilateralismo, el derecho internacional y las salvaguardias de derechos humanos.
Conocemos de sobra los límites del sistema de Naciones Unidas, pero, ¿cuál es la alternativa que ofrecen los gobiernos autoritarios? Hemos visto cuál es la alternativa que nos ofrecen quienes se oponen a la democracia, la diplomacia, el diálogo y la protección de los derechos.
La alternativa que nos ofrecen es continuar con el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza, a pesar del denominado “alto el fuego”; es intensificar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia en Ucrania; es dar plena libertad a Estados Unidos para llevar a cabo homicidios extrajudiciales extraterritoriales y ataques ilícitos contra Venezuela e Irán mientras amenaza con tomar Groenlandia. Es seguir con crímenes atroces en Myanmar, República Democrática del Congo y Sudán. La alternativa que nos ofrecen es que la tecnología sea utilizada para prácticas autoritarias.
La alternativa que nos ofrecen los antiderechos da la espalda a la justicia racial y de género, se burla de los derechos de las mujeres, declara a la sociedad civil como enemigo común y rechaza la solidaridad internacional. Este mundo alternativo depredador silencia la disidencia y reprime las protestas, promueve los discursos violentos y deshumanizantes y facilita los crímenes de odio.
En este contexto, destaca especialmente lo hecho por el Presidente Trump en lo que va de su segundo mandato. Amnistía Internacional ha documentado cómo la escalada de prácticas autoritarias de la administración Trump, que incluye el cierre del espacio de la sociedad civil y el menoscabo del Estado de derecho, está erosionando los derechos humanos en Estados Unidos y también en otros lugares.
El menosprecio de Trump por el multilateralismo, así como sus relatos y prácticas discriminatorias no pueden ser un referente del camino que debe seguir nuestro país, la región y el mundo. La alternativa que nos ofrecen quienes defienden ese referente es, en palabras simples, un mundo sin ningún tipo de brújula moral y de humanidad.
En nuestro país, el Informe Anual de Amnistía Internacional inicia el capítulo de Chile destacando las deudas en materia de verdad, justicia y reparaciónrespecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, las más graves desde el regreso a la democracia. De las 11.506 denuncias por violaciones a los derechos humanos, menos del 2% ha alcanzado sentencia condenatoria.
En octubre se denunció la persistencia de fallas en el acceso y la calidad de la atención brindada a las personas usuarias del Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO). Debemos decirlo fuerte y claro: el gobierno del Presidente Boric no cumplió con implementar una política de reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.Ello no solo era un compromiso de su programa de Gobierno. Era y sigue siendo una obligación ética y jurídica del Estado de Chile.
En enero de este año, acompañamos a Gustavo Gatica en la lectura del veredicto del juicio contra el ex oficial de Carabineros Claudio Crespo, quien terminó absuelto, a pesar de comprobarse que fue quien lo dejó ciego. Además de otros argumentos, el resultado de este veredicto se debió también a la aplicación de la Ley Naín Retamalque, como hemos afirmado en incontables ocasiones, más que otorgar protección al personal de las policías, sin duda un objetivo compartido por todos, es un blindaje para casos de excesos y violaciones a los derechos humanos.
Respecto a los crímenes de la dictadura,el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada avanzó y es indispensable que sea una política de Estado que no dependa del gobierno de turno.
Existen también otras deudas urgentes como, la anulación del Decreto Ley de Amnistía, el levantamiento del secreto Valech junto a la implementación de una instancia de calificación permanente, un trabajo respetuoso que ofrezca soluciones reales para las agrupaciones de ex presas y presos políticos y del Programa de Reparación y Atención en Salud, PRAIS.
En el Gobierno del Presidente Boric se avanzó en la entrega en administración de 33 sitios de memoria a lo largo de todo el país, prácticamente la mitad de los declarados desde el fin de la dictadura. Sin duda un gran avance. A pesar de ello, en 2025 persistían los problemas de financiamiento y el ejecutivo presentó un proyecto de ley con la finalidad de garantizar su funcionamiento permanente pero su tramitación ha sido muy lenta.
Lo dijimos el año pasado delante de las autoridades del gobierno anterior y lo decimos hoy ante las autoridades del actual gobierno. Debe haber una Política Nacional de Memoria y Patrimonio. Los sitios de memoria y la educación en derechos humanos cumplen un rol fundamental para mantener viva la memoria sobre las atrocidades cometidas en nuestro país. Ante los avances del negacionismo, es la única forma de evitar que se repita la historia.
Aprovecho de saludar a Gaby Rivera Sánchez, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Junto a ellas, saludamos a todo los y las representantes de las agrupaciones que luchan por las deudas mencionadas que hoy nos acompañan. Le agradecemos su ejemplo y por estar presentes hoy.
Respecto a los derechos de las niñas, las mujeres y las disidencias sexogenéricas durante el 2025 se denunciaron 444 femicidios consumados, frustrados o intentados. Además, de las 118 mil denuncias policiales por violencia intrafamiliar y las 18 mil por delitos sexuales; el 79% de las víctimas eran mujeres.
En total, 14 mil niñas fueron víctimas de delitos contra la vida o la integridad física, de los cuales el 41% corresponden a violaciones y delitos sexuales, y 3.600 fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Son cifras escalofriantes y el Estado debe hacer todo lo que esté a su alcance para erradicar el flagelo de la violencia con niñas y mujeres.
En materia de migración, el informe evidencia que nuestro país sigue sin una política migratoria con enfoque de derechos humanos. El 2025 fuimos testigos de la instrumentalización de discursos deshumanizantes contra las personas migrantes y refugiadas especialmente en el contexto de la campaña presidencial y parlamentaria. Las frases populistas abundaban para problemas que son complejos y que no se solucionan con anuncios para la galería. En el Congreso, continuó y sigue en estos días la tramitación de varios proyectos de ley que plantean la criminalización de la migración.
Por otra parte, la legítima demanda por mayor seguridad ha estado muy presente en los últimos años. En esta materia, queremos reiterar una cuestión clave: la seguridad y los derechos humanos en ningún caso se oponen. Ambos son elementos fundamentales y complementarios de un Estado de Derecho.
Verlo como elementos contrapuestos sólo empobrece la mirada y nos lleva al falso dilema de tener que elegir. Nadie podría discutir la importancia de una vida segura, ni la necesidad de combatir la delincuencia. Por lo mismo, es necesario cuidar y fortalecer a las policías.
Pero, una vez más: dicho cuidado no puede significar un blindaje frente al control, la transparencia y la rendición de cuentas. Todas y todos podemos estar de acuerdo en que un sistema policial que no responde por sus actos ilegítimos no se fortalece, solo se deslegitima.En el presente informe se vuelve a reiterar la necesidad de una reforma integral a nuestras policías que, repetimos, no es en contra de ellas sino que es en pos de que puedan cumplir con su rol de la mejor manera y con pleno respeto de los derechos fundamentales.
En materia de seguridad hay varias medidas que son objeto de nuestra preocupación. Una de ellas es que la compra y uso de armas menos letales siguen sin contar con una regulación y transparencia adecuadas. También que medidas como el estado de excepción que, por su propia naturaleza, deben ser transitorias pasen a ser permanentes.
Ningún territorio logrará resolver sus temas de seguridad a punta de suspensión de sus derechos. O que se quiera por parte de algunos que las fuerzas armadas realicen labores policiales para las cuales no están capacitadas. También hemos observado que las políticas punitivistas han llevado a aumentar la población carcelaria en los últimos años de manera exponencial pero sin, al mismo tiempo, generar verdaderas políticas de reinserción.
Pero desde Amnistía Internacional no nos quedamos en palabras. Tal como lo hemos venido haciendo, tenemos toda la disposición de colaborar para avanzar en estas materias e iremos haciendo propuestas concretas, por ejemplo, respecto a mejoras en la formación del personal de Carabineros de Chile.
La contingencia nacional da cuenta de diversos fenómenos que deben llamarnos a una reflexión y hay que atender con urgencia.
Tenemos el convencimiento que hay un conjunto de discursos y prácticas que alimentan la cultura de la violencia, entre ellos, la estigmatización de comunidades vulnerables, la tolerancia social frente a la violencia de género, la exaltación de figuras vinculadas a discursos de odio y la reproducción de estereotipos que criminalizan la pobreza, entre otros.
Los medios de comunicación, las autoridades y la sociedad completa, es decir cada uno de los aquí presentes, tiene un rol crucial a la hora de enfrentarla.
Esta cultura de la violencia afecta a toda la sociedad y por supuesto se ve reflejada también en el ámbito educacional. La violencia escolar no nace en los establecimientos educacionales: es el reflejo de un entorno que la normaliza.
Los niños y niñas la experimentan en sus hogares, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en múltiples espacios, recibiendo el mismo mensaje: que la violencia es un mecanismo válido para alcanzar objetivos. Por eso, de nuevo, llamamos a las autoridades a no enfrentar cuestiones complejas con soluciones facilistas que no van al fondo de los problemas.
Desde el 11 de marzo asumió el Presidente Kast y desde Amnistía Internacional estaremos a disposición para colaborar con este gobierno, como lo ha hecho con todos los anteriores. Al mismo tiempo, como siempre, seguiremos vigilantes, documentando, denunciando y movilizando a la ciudadanía por la defensa irrestricta de los derechos humanos.
Tenemos que decir que al poco andar, lamentablemente, hemos observado señales alarmantes: el 12 de marzo se anunciaron indultos a agentes del Estado condenados por gravísimos delitos en contexto del estallido social.
De llevarse a cabo, estos indultos representarían una señal grave de impunidad, profundamente dañina para el país.Al Presidente Kast y al Congreso les recordamos que un cambio de autoridades no permite retrocesos arbitrarios.
Por lo mismo, no nos quedaremos de brazos cruzados ante medidas que pueden significar retrocesos en materia de derechos de las mujeres, de las personas LGTBIQA+ o en materia medio ambiental.
Ahí nuevamente se nos quiere muchas veces plantear una falsa disyuntiva. O estamos con el desarrollo o con la protección del medio ambiente. No es así. Avanzar hacia estándares ambientales más exigentes no es opcional. Es una obligación de los Estados, pues va en beneficio directo de la vida y la salud de las personas.
En ese marco, instamos también al Congreso a avanzar en la tramitación de la Ley de Protección a las personas defensoras de derechos humanos, del medio ambiente y del territorio. No lo olvidemos, América Latina es la región más peligrosa para las personas defensoras.
Pero nuestro Informe Anual 2025-2026 no solo trae malas noticias. También han habido avances y ejemplos de solidaridad.Es importante hoy destacar al menos algunos de ellos, porque en tiempos oscuros debemos agradecer los ejemplos de quienes siguen luchando por avanzar en conquistas de derechos o se colocan en la vereda de los oprimidos.
Así, nos hemos emocionado con la solidaridad de los vecinos y vecinas en Minneapolis ante las acciones brutales del ICE especialmente con personas migrantes.
Hemos valorado a la justicia internacional cuando Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, fue entregado a la Corte Penal Internacional gracias a una orden de detención dictada contra él por crímenes de lesa humanidad.
Fuimos testigos en la COP30, de que aún con muchas insuficiencias, la presión de la sociedad civil y los sindicatos contribuyó a promover la adopción de un mecanismo de transición justa para proteger a las comunidades y a los trabajadores y trabajadoras en el tránsito hacia la energía limpia y un futuro de resiliencia climática.
Las protestas de la generación Z se extendieron por una docena de países, entre ellos Bangladesh, Filipinas, Indonesia, Kenia, Madagascar, Marruecos, Nepal, Paraguay, Perú, Serbia y Togo.
También en 2025 las manifestaciones masivas contra el genocidio perpetrado por Israel se propagaron por todo el mundo, y defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de parlamentos, activistas y personas de más de 40 países organizaron flotillas para mostrar su solidaridad con la población palestina de Gaza.
Al respecto, hoy volvemos a levantar la voz. No más ocupación ilegal. No más apartheid. El genocidio debe terminar y los genocidas deben rendir cuenta ante la justicia internacional y ante la humanidad.
Sobran motivos para mantener activa la esperanza. La humanidad está resistiendo y está logrando avances. Hemos resistido. Debemos resistir. Y resistiremos. Porque, como dijimos al comienzo, no estamos en un “período difícil” más. Estamos en el momento preciso en que todo lo construido en los últimos 80 años corre el riesgo de desmoronarse.
Nosotros, los pueblos, y cada uno de nosotros y nosotras debemos estar a la altura. Debemos resistir colectivamente, alzar la voz y frenar las amenazas y retrocesos. Solo trabajando colectivamente, solo manteniendo la esperanza viva y activa, usando toda nuestra creatividad, determinación y resiliencia, podremos lograr estos cambios urgentes.
En palabras de la escritora y activista Rebeca Solnit, “la desesperanza es un lujo que no nos podemos permitir”.
Que este informe no sea solo un diagnóstico y documentación de un momento oscuro para la humanidad. Que sea un punto de inflexión. Un recordatorio de lo que está en juego y de lo que aún podemos proteger.
¡La humanidad debe vencer!
Ese es el llamado de Amnistía Internacional.