Verónica Gómez Fernández – Jefa de Programa del Magíster en Intervención Social Con Niños y Niñas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)

Cada 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña nos invita a mirar algo más que las oportunidades que declaramos ofrecer. Nos interpela sobre los mensajes que transmitimos a diario: ¿qué aprende una niña cuando elogiamos su apariencia más que sus ideas, cuando le pedimos ayudar mientras su hermano juega o cuando llamamos “mandona” a quien toma la iniciativa?

Los estereotipos de género se construyen desde edades tempranas. Se aprenden en la observación y la participación en los espacios sociales; conversaciones, juegos, cuentos, aulas y pantallas. No siempre aparecen como prohibiciones explícitas; muchas veces operan como expectativas acerca de lo que una niña debería disfrutar, hacer o llegar a ser y su repetición se puede convertir en una duda o en una frontera social.

Desde la formación de profesionales que intervienen con niños y niñas, resulta fundamental reconocer que estas expectativas se construyen en relaciones y contextos. Las niñas tienen intereses propios y capacidad de cuestionar lo que reciben, pero necesitan entornos que escuchen sus preguntas, valoren sus opiniones y les permitan explorar sin temor a perder la aprobación de quienes las rodean.

Las familias cumplen un papel decisivo. La distribución de las tareas domésticas, quién cuida y quién decide también enseña. Compartir responsabilidades entre adultos, niñas y niños permite mostrar que cuidar, resolver problemas y ejercer autonomía son capacidades humanas. En la escuela, importa observar a quién se invita a liderar, a quién se anima a perseverar y cómo se responde al error. La confianza y colaboración también se educa.

Estas experiencias se vinculan con la elección vocacional. Cuando una adolescente imagina su futuro, lo hace desde un horizonte de posibilidades que ha ido construyendo durante años. La UNESCO advierte que los estereotipos pueden limitar las opciones educativas de las niñas. Asociar la tecnología o la ingeniería con los hombres y el cuidado con las mujeres puede estrechar ese horizonte, incluso antes de elegir una carrera.

Ampliarlo exige ofrecer experiencias diversas y referentes cercanos: científicas, técnicas, artistas, dirigentas y profesionales cuyas trayectorias permitan imaginar otros caminos. También exige valorar las profesiones vinculadas al cuidado y abrirlas a todos. La libertad vocacional supone poder elegir cualquier área sin que el género determine su prestigio, su pertinencia o el derecho a pertenecer a ella.

Como universidad comprometida con el bienestar de la persona humana, tenemos una responsabilidad que comienza antes del ingreso a la educación superior. Podemos revisar nuestras prácticas, acercar diferentes campos del conocimiento a las comunidades y promover una orientación vocacional que interrogue los sesgos. Las oportunidades de las niñas también están atravesadas por el género e interseccionalidad por edad, condiciones económicas, el territorio, origen o etnia, entre otros ejes de desigualdad.

Este 11 de octubre, preguntarnos qué les estamos enseñando requiere mirar nuestras propias acciones. Hay que decirles que pueden ser lo que quieran necesita un respaldo concreto: tiempo para explorar, espacios seguros, oportunidades accesibles y adultos dispuestos a revisar sus expectativas. Las niñas tienen derecho a construir su futuro sin cargar con un guion escrito de antemano. Nuestra tarea es acompañarlas para que su voz tenga lugar en esa construcción.

Conocer cómo un organismo gastó recursos públicos, revisar las reuniones de lobby de una autoridad, consultar su declaración de intereses o pedir una copia de un contrato hoy puede obligar a las personas a recorrer diferentes plataformas del Estado.

Para simplificar ese recorrido y fortalecer el acceso a información pública, a través del uso de las tecnologías disponibles, el Consejo para la Transparencia (CPLT) está llevando a cabo una serie de medidas e implementará otras tantas en el mediano y largo plazo.

Esta agenda supone que dentro del último trimestre del presente año el CPLT licitaría los servicios que requiere para implementar un nuevo Portal de Transparencia del Estado, sitio en que hoy las personas pueden consultar o pedir información pública o reclamar ante el CPLT cuando estiman que existen incumplimientos a la Ley de Transparencia. Se proyecta con ello la incorporación de un buscador único de información que, con apoyo de IA, haga que las personas puedan encontrar información pública de manera más precisa, veloz y completa, filtrando por tema, períodos de tiempo, organismos, etc.

La adjudicación de esta licitación facilitará también la creación de una plataforma única de datos abiertos, orientada a consultar datasets masivos, a través de la disponibilidad de APIs. Este sitio unificará información que hoy se encuentra repartida en distintos sitios, tales como el Portal de Transparencia del Estado, www.infoprobidad.cl, www.infolobby.cl, o www.infotransparencia.cl. En simple, las personas podrán encontrar desde un mismo lugar información sobre autoridades, patrimonio, audiencias de lobby, solicitudes de información o cumplimiento de obligaciones de transparencia, entre otras.

Al respecto, la presidenta del CPLT, Natalia González, indicó: “La tecnología puede potenciar enormemente la posibilidad de las personas de acceder a información pública, de cada servicio de ponerla a disposición de mejor forma y de nuestro Consejo de cumplir más eficazmente su labor. Por ejemplo, en este último punto, estamos estudiando potenciales usos de asistentes virtuales en nuestro quehacer, que nos permitirán gestionar los casos que se someten a nuestro conocimiento de manera más eficiente”.

Pero más allá de lo planificado para el largo plazo, el CPLT ya implementó una serie de mejoras al Portal de Transparencia del Estado. Se incorporaron en su portada visualizaciones de datos que destacan información pública de interés ciudadano, denominadas en su conjunto “CPLT en Línea”. Ellas permiten a la ciudadanía conocer, de manera visual e interactiva, datos y estadísticas sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, lobby y probidad de los organismos del Estado

Junto con lo anterior, se inició un piloto para publicar múltiples conjuntos de datos de los organismos públicos adscritos al Portal de Transparencia del Estado en formato Parquet (hasta ahora se entregaban exclusivamente en formato CSV). Este avance permite cumplir con un estándar moderno y abierto, diseñado específicamente para el análisis de grandes volúmenes de información (Big Data), lo que puede ser aprovechado, por ejemplo, por la academia, el periodismo de investigación u organizaciones de la sociedad civil.

Adicionalmente, presentará en octubre la herramienta SOP (Seguimiento Operacional de Portales), aplicación web orientada a funcionarios públicos, destinada a centralizar, integrar y visualizar datos operacionales del Portal de Transparencia del Estado y del Portal InfoLobby. Busca mejorar la gestión interna de transparencia y probidad de organismos públicos, permitiendo a los superiores jerárquicos llevar monitoreo, control y reportabilidad en el cumplimiento de obligaciones legales de transparencia y probidad. En la práctica, entre otras funcionalidades, permite supervisar el ciclo completo de una solicitud de acceso a información pública, detectando posibles retrasos y asegurando trazabilidad. También sirve para monitorear posibles desactualizaciones o brechas de la información que se sube a transparencia activa o a los registros públicos asociados a la Ley de Lobby.

Finalmente, para octubre está previsto también el lanzamiento de un manual web de uso del Portal de Transparencia del Estado, que sirva de guía a los encargados de transparencia de todos los órganos públicos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, a fin de facilitar su labor y aclarar cualquier duda que puedan tener de forma autónoma, sencilla y rápida.

• La sustancia ha despertado interés por su posible uso en el tratamiento de adicciones, pero su consumo también puede provocar efectos psicoactivos y alteraciones cardíacas potencialmente graves. El debate, que volvió a abrirse luego del fallecimiento hijo de la modelo Cindy Crawford, Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, se extiende a otras sustancias de origen vegetal como el peyote y la ayahuasca.

La reciente atención en torno a la ibogaína, una sustancia de origen vegetal que ha sido estudiada por su posible utilidad en el tratamiento de las adicciones, volvió a poner en el debate los efectos y riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas naturales. La sustancia volvió a la conversación pública luego de que se conociera que Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, había recurrido a ella meses antes de su fallecimiento, ocurrido a los 27 años. Aunque algunas de ellas son utilizadas con fines tradicionales o han despertado interés por sus potenciales propiedades terapéuticas, su origen vegetal no significa que sean necesariamente seguras.

La ibogaína es un alcaloide presente principalmente en la corteza y raíz de Tabernanthe iboga, un arbusto originario de África que ha sido utilizado tradicionalmente en ceremonias y rituales de algunas regiones del continente. De acuerdo con Arnoldo Miranda, jefe de Carrera de Química y Farmacia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), su potencial en el ámbito de las adicciones ha sido objeto de investigación, particularmente en personas con trastornos por consumo de opioides.

“Se ha estudiado su potencial efecto beneficioso en el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias, particularmente de opioides, en donde en algunos estudios se ha observado que podría disminuir los síntomas de abstinencia y reducir la necesidad de consumo de opioides”, explica el especialista.

Sin embargo, el académico advierte que estos antecedentes no significan que la ibogaína constituya un tratamiento aprobado. “La evidencia científica disponible a la fecha no permite establecer que su utilización sea segura y efectiva”, señala.

Además de sus efectos psicoactivos, el consumo de ibogaína puede provocar alucinaciones, alteraciones en la percepción del entorno, náuseas y vómitos. Uno de los principales motivos de preocupación está relacionado con sus efectos sobre el sistema cardiovascular, ya que puede generar alteraciones del ritmo cardíaco que, en algunos casos, pueden ser potencialmente mortales.

El caso de la ibogaína también permite abrir una discusión más amplia sobre otras sustancias psicoactivas de origen vegetal, como el peyote y la ayahuasca. La idea de que una sustancia es menos riesgosa simplemente por provenir de una planta, explica el académico, puede llevar a minimizar sus posibles efectos adversos.

“Las sustancias, pese a tener un origen natural, en este caso vegetal, no deben ser entendidas como seguras”, enfatiza. Una misma planta puede contener distintos compuestos, algunos con efectos beneficiosos y otros perjudiciales. Además, las consecuencias de su consumo pueden variar dependiendo de factores como la dosis, la vía de administración y las características particulares de cada persona.

En el caso del peyote, su principal compuesto psicoactivo es la mescalina, mientras que la ayahuasca contiene DMT y otros alcaloides responsables de sus efectos sobre el sistema nervioso. Ambas pueden provocar alteraciones en la percepción, incluyendo cambios en la percepción de colores, sonidos y sensaciones, además de posibles efectos sobre la presión arterial y el funcionamiento cardíaco.

Por ello, el especialista llama a diferenciar entre una sustancia que se encuentra bajo investigación científica y aquella cuyo uso terapéutico ha sido demostrado y autorizado por las autoridades correspondientes.

“Que una sustancia se encuentre bajo investigación no implica que tenga un uso aprobado”, recalca. En este sentido, señala que antes de considerar el consumo de este tipo de productos es necesario contar con evidencia suficiente que respalde tanto su eficacia como su seguridad.

Otro aspecto relevante son las posibles interacciones con medicamentos. El consumo de sustancias que no cuentan con un uso aprobado puede interferir con otros tratamientos farmacológicos que esté siguiendo una persona y generar riesgos para su salud. Asimismo, su utilización podría agravar condiciones de salud preexistentes.

Más allá de la ibogaína, el mensaje apunta a una precaución fundamental frente a cualquier sustancia psicoactiva: el origen natural no es sinónimo de inocuidad. La dosis, los componentes presentes, las características de cada persona, las posibles interacciones y la evidencia científica disponible son factores que deben considerarse antes de atribuir propiedades terapéuticas a una sustancia.

Luego de trabajar en una postura común dentro de su Directorio -del cual la UMCE es parte- el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) expuso este miércoles en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos su postura frente a la propuesta del Ejecutivo para la educación superior pública. En la oportunidad advirtieron que los recortes de recursos propuestos por el Gobierno para este sector ponen en riesgo programas formativos, científicos y servicios sociales que brinda el sistema.

De acuerdo con el informe técnico presentado por el CUECH, los ajustes que se hicieron al Presupuesto 2026 más el recorte que se está haciendo al Presupuesto 2027 suman una reducción de $102.553 millones para la educación superior, a lo que se suma una pérdida proyectada de $50.551 millones para el próximo año, ya que el reajuste de 2,88% está por debajo de la inflación del 4,3%.

La situación es más crítica si se analiza solo el presupuesto de las 18 universidades públicas, que integran el CUECH: el Programa de Fortalecimiento de Educación Superior Pública perderá $38.900 millones (-10%), el Aporte Institucional a Universidades Estatales (AIUE) cae 12,2%, el Plan de Fortalecimiento para las Universidades Estatales baja 34,8% y la caída en el aporte por gratuidad hará que las instituciones públicas dejen de recibir $13.600 millones aproximadamente.

En este sentido, la rectora de la UMCE e integrante del directorio del CUECH, Solange Tenorio, rechaza “cualquier lógica presupuestaria que precarice aún más a las universidades públicas. El Estado no puede renunciar a la responsabilidad con sus propias instituciones ni hipotecar su futuro, obligándolas a financiar el desarrollo mediante el endeudamiento o la postergación de sus funciones esenciales como son, además de la docencia, la investigación, innovación, vinculación con el medio y extensión”.

A eso se suman caídas importantes en otros programas, como el PACE, que es clave para la inserción de escolares vulnerables en la educación superior, y el Aporte para Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN), que simplemente desapareció.

Propuesta del CUECH

En la sesión de este miércoles, la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó el presupuesto de educación superior, lo que abre una ventana para llegar a un nuevo acuerdo en la materia. Ante esto, el CUECH propuso las siguientes medidas para avanzar en un acuerdo:

1. Reponer la base presupuestaria de 2026: Reintegrar $9.355 millones recortados vía decretos (restituyendo el programa ADAIN por $3.182 millones, $5.144 millones en bonificaciones al retiro y $1.029 millones en AIUE) y revertir la rebaja de $24.234 millones en aportes basales.

1. Restituir instrumentos de equidad y desarrollo regional: Reponer el fondo de Educación Superior Regional ($10.569 millones) y resguardar la cobertura del programa PACE al menos en su valor reajustado.
2. Liberación de fondos propios (FSCU): Elevar los porcentajes de uso de excedentes del Fondo Solidario al 100% y agilizar la tramitación de los reglamentos correspondientes.

1. Mecanismo de reajuste acorde a costos reales: Establecer un reajuste que reconozca la inflación real (IPC), el reajuste del sector público y el impacto de la reforma previsional.
2. Garantizar transferencias oportunas: Fijar una glosa con un calendario preciso de transferencias de fondos para evitar deudas flotantes y retrasos operativos en los proyectos institucionales

La rectora Solange Tenorio planteó que “las semanas que vienen en el Congreso serán decisivas. Hacemos un llamado al Gobierno y a las y los parlamentarios a corregir este rumbo, reponer los aportes basales y garantizar transferencias oportunas y previsibles. Guardamos la esperanza de que quienes están a cargo del Estado comprendan que preservar a sus Universidades es un aporte al conocimiento, la creación, las ciencias y, en definitiva, al futuro de Chile”.

El CUECH recuerda que las universidades del Estado cumplen funciones públicas estratégicas más allá de la formación docente: el 87% de sus matriculados proviene de establecimientos con subvención estatal y el 61% estudia con gratuidad. En regiones como Atacama, Magallanes y Aysén, los planteles del Estado son la única opción universitaria presencial en el territorio, representando el 92% de la oferta en Arica y Parinacota y Tarapacá. Además, generan el 40% de la producción científica nacional y han formado a más del 40% de los médicos especialistas que ejercen en el país.

• El parlamentario cuestionó la falta de respuesta del Gobierno ante las declaraciones del embajador estadounidense, Brandon Judd, quien señaló que Chile deberá trabajar con Estados Unidos si quiere contar con su apoyo para proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes.

Valparaíso, 8 de octubre de 2026. El diputado Luis Cuello (PC) advirtió que podría configurarse una causal de acusación constitucional contra el canciller si no adopta medidas frente a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien afirmó que “si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, tendrán que trabajar con nosotros”. 

El parlamentario cuestionó que el Gobierno no haya respondido a lo que considera reiteradas intervenciones del diplomático en asuntos internos del país:  “El canciller, que ha tenido ya varias oportunidades para poder actuar frente a este embajador, que nadie ha elegido, que es un delegado de un régimen que infringe el derecho internacional, como el régimen de Trump, y que interviene en nuestra política interna, si no ha actuado en todos estos meses y si no lo hace ahora, que ha comprometido una evaluación, creo que, sin duda, desde el punto de vista, al menos jurídico, se sitúa perfectamente en una causal para ser acusado constitucionalmente”, sostuvo Cuello.

Asimismo, el diputado emplazó directamente al presidente José Antonio Kast a adoptar una posición frente a las declaraciones del representante estadounidense.

“Creo que acá lo que se requiere es una respuesta. El presidente Kast, lamentablemente, como jefe de Estado —y yo lo lamento de verdad, porque más allá de que sea una persona que tiene otro pensamiento, es el jefe de Estado—, la verdad es que está quedando en una posición muy desmejorada al, en definitiva, no hacer nada frente a una figura de segunda categoría como el embajador”, concluyó.

El reciente fallecimiento de dos policías aceleró la aprobación del proyecto de ley sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que llevaba en tramitación desde hace más de tres años. Ayer, 7 de octubre,  el texto fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas y posteriormente por el Senado. Al respecto, Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, ha dicho:

“Las reglas tal como han sido aprobadas no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. Es preocupante que no contemplen adecuadamente principios fundamentales como la proporcionalidad y la rendición de cuentas, y que se hayan debilitado referencias esenciales a la prohibición de la tortura y de protección de grupos de especial protección como niñas, niños y adolescentes. Estas deficiencias abren la puerta a que puedan repetirse graves violaciones de derechos humanos, otorgando un margen excesivo de actuación a las policías y las Fuerzas Armadas y dejando a la ciudadanía en una situación de mayor desprotección”.

Las Reglas del Uso de la Fuerza establecen las condiciones y límites bajo los cuales las policías y las Fuerzas Armadas pueden ejercer sus funciones. El proyecto de ley busca entregar un marco común para determinar cuándo, cómo y con qué intensidad puede utilizarse la fuerza, así como establecer deberes y responsabilidades asociados a su empleo.

El Estado tiene la facultad de utilizar legítimamente la fuerza para proteger a las personas y mantener el orden público. Sin embargo, esta facultad debe ejercerse dentro de límites estrictos y de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Chile, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está obligado a respetar y garantizar, entre otros, los derechos a la vida e integridad personal. Estos tratados se complementan con estándares específicos de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una regulación adecuada debe establecer, entre otros elementos, los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Esto significa que la fuerza debe perseguir un objetivo legítimo, utilizarse solo cuando sea necesaria y recurrir a medios e intensidad acordes con la amenaza o resistencia enfrentada.

“Durante el estallido social pudimos ver las graves consecuencias del uso desproporcionado y abusivo de la fuerza, que dejó a miles de personas heridas y con lesiones de por vida. En ese momento, recomendamos con urgencia establecer reglas y protocolos más precisos y acordes con el derecho internacional. Sin embargo, esto aún no se ha cumplido, lo que abre la puerta, especialmente en contextos de manifestación, a que estos abusos puedan volver a ocurrir”, expresa Bustos Bottai.

Contar con reglas claras también es relevante para las propias instituciones encargadas de hacer cumplir la ley: permite entregar certeza sobre sus facultades y, al mismo tiempo, establecer mecanismos para prevenir abusos y determinar responsabilidades cuando la fuerza se utiliza fuera de los límites establecidos.

“Una regulación adecuada no debe entenderse como un obstáculo para la labor policial o militar. Por el contrario, reglas claras, compatibles con los derechos humanos y acompañadas de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas permiten entregar mayor certeza a quienes ejercen funciones de seguridad y fortalecer la protección de todas las personas”, afirma Rodrigo Bustos Bottai.

Aspectos como la ausencia del principio de proporcionalidad, la falta de una prohibición expresa de apuntar armas menos letales al rostro, cabeza o torso y la eliminación del principio de rendición de cuentas; sumado a las disposiciones que amplían las circunstancias en que podría utilizarse fuerza potencialmente letal, incluida aquella destinada a impedir daños graves e inminentes a infraestructura crítica supone una gran preocupación. Estas disposiciones deben ser revisadas para asegurar que la futura ley prevenga abusos y proteja efectivamente los derechos de las personas.

Judith Guajardo Escobar – Académica Trabajo Social, U. Central

Tiempo atrás la página en blanco tenía el valor de decir que se debía empezar algo, se podía escribir y borrar hasta, finalmente, llegar a los que se quería, a lo que se pedía o esperaba. Entonces el esfuerzo estaba justamente en pensar en dónde empezar. Hoy vemos que esa página es llenada automáticamente, que las respuestas están en segundos, a nuestro servicio y al alcance de cualquiera, sin embargo, el trabajo intelectual y/o profesional podría estar en peligro de desaparecer si no es capaz de moverse a otro lugar.

El trabajo en la actualidad tiene un nombre antiguo: “el criterio”, la duda metódica. Pero el problema es que el criterio, muchas veces no se ve o pasa desapercibido y hoy se sigue midiendo aquello que la mayoría sabe hacer, mientras que la IA generativa está diseñada para producir respuestas que podrían ser verdaderas o falsas. Sin embargo, cuando no coinciden o no son verdaderas, la herramienta no avisa, por tanto, la responsabilidad de dilucidar aquello recae en la persona que la usó.

Hace unas semanas, estuvimos a punto de vivir un episodio de riesgo global cuando el ejército de Estados Unidos casi estuvo a punto de iniciar un conflicto armado con China debido a un reporte fallido generado por chatbot, en donde -por suerte- hubo un control humano que lo evitó y que fue capaz de verificar, de aplicar “el criterio”, que por suerte fue utilizado, ya que, como cualquier capacidad, se debilita cuando no se usa. ¿Qué pasaría si nos acostumbramos a no utilizar nuestro criterio?

Al revisar datos estadísticos, según la encuesta de ESET Latinoamérica publicada en 2025 y que incluyó a Chile, se indica acerca de los hábitos de la IA que el 80% la usa, pero más de la mitad no verifica la información que obtiene de ella. Así también, según el Barómetro Digital de Chile de 2026, se reveló que el 76% de los chilenos usa la IA y el 59% reconoce no identificar errores o sesgos.

Por eso, me parece insuficiente la pregunta si se debería o no usar la IA, ya que hoy esta herramienta llegó para quedarse. Por lo tanto, la pregunta debería ser otra: ¿sabemos dudar de ella? Alguien podría decir que siempre fue así, que antes también había que verificar un libro, una cita, sin embargo, la IA no tiene firma ni autoría, el error está en creer y no revisar, en que la comodidad de una respuesta reemplace el hábito del cuestionamiento.

Formar estudiantes y futuros profesionales, bajo la duda recurrente, es parte del deber ante las futuras decisiones que se puedan tomar. La IA seguirá respondiendo, pero del otro lado deben seguir existiendo personas dispuestas a dudar, a utilizar el criterio y a no callar nuestras propias respuestas.

Donald Trump confirmó durante la tarde del viernes que llegó a un acuerdo histórico para que la Federación Rusa exporte petróleo a Estados Unidos, en medio de una crisis petrolera causada por la guerra que el mismo Trump provocó en medio oriente.

El mandatario estadounidense agradeció a Vladimir Putin públicamente, por el lado ruso, el Viceministro Alexander Novak declaró al medio TASS que, “nuestro país está listo para exportar petróleo este mismo mes, 500.000 toneladas al mercado mundial en noviembre, 1 millón de toneladas en diciembre, que potencialmente podría elevarse hasta 3 toneladas para el 2027”.

Este acuerdo llega en medio de una fuerte alza del precio de petróleo al nivel mundial, que ha afectado especialmente a Chile tras la eliminación del Mepco, ad portas de las elecciones de medio término de Estados Unidos y con avances concretos en la guerra Ruso-Ucraniana, donde el Donbass y Luhants ya están casi completamente en manos de Rusia.

La reacción de Zelensky

Según Cristopher Miller corresponsal en jefe del Financial Times en Ucrania, este acuerdo causó “frustración y rabia” en las altas esferas del gobierno ucraniano y motivo el inicio de bombardeos a refinerías petroleras.

En la noche de este viernes fue alcanzada por múltiples drones cargados con explosivos la refinería NZNP en la ciudad rusa de Rostov, por lo que se esperan reacciones de todas las partes durante la jornada de este sábado.

El medio Axios, citando a funcionarios de Estados Unidos, afirmó que el cierre del acuerdo llega luego de que Zelensky ignorara 6 peticiones de Trump para dejar de atacar las refinerías.

Durante la segunda jornada del 2 Foro Digital Global de Moscú, evento que ha agrupado a cientos de periodistas, blogueros, desarrolladores de inteligencia artificial y tecnología de la información de Asia, África y Latinoamérica en la capital de Rusia. 

María Zakharova, directora del departamento de información y prensa del ministerio de asuntos exteriores de la Federación Rusa respondió preguntas de periodistas libremente luego de dictar una charla sobre la cultura de la cancelación y el radicalismo liberal y sus implicancias en el concierto internacional. 

En ella se refirió a la manera en que se desarrolla la prensa de Rusia en el extranjero con fuertes sanciones en todo el mundo, desacreditando a sus medios de comunicación, cerrando las empresas y señales, poniendo prohibiciones de emitir e incluso encarcelando a periodistas. 

Al ser consultada respecto a la gran cantidad de noticias que circulan debido a la muerte de la investigadora Darya Shipilova en un centro especializado de patógenos peligrosos Zakharova puntualizó, “a mí me llegan reportes de prensa todas las semanas sobre muertes con enfermedades o bacterias en diferentes países, pero sobre todo, en Estados Unidos mueren miles de personas por culpa de las drogas y adicciones y no veo tanto interés de la prensa internacional por cubrirlo, evidentemente lo utilizan para apuntarnos”.