La diputada militante del partido Comunista de Chile por el Distrito 5, Nathalie Castillo, dio inicio a su campaña de  reelección en  la región de Coquimbo hace algunas semanas atrás.

En entrevista, destacó la labor legislativa de su bancada: “Tenemos un trabajo muy cercano y eso no ayuda a colegislar con el pueblo, más que allá de hacer diversos convenios, acuerdos o tratos en la Cámara. Creo que eso es lo principal de poder realizar leyes junto a las personas”, dijo haciendo referencia a importantes logros como el Royalty Minero y proyectos de su diputación referentes al agua y a la regularización de loteos y asentamientos irregulares en el país, en miras a la demanda habitacional.

“Legislar para el buen vivir de nuestras comunidades”, dice la diputada militante del partido Comunista de Chile por el Distrito 5, Nathalie Castillo, quien dio inicio a su campaña de  reelección en  la región de Coquimbo hace algunas semanas atrás.

La parlamentaria destacó la labor legislativa de su bancada que va a la reelección con 8 de sus diputaciones en la Cámara:

“Más allá de la labor que se centra en la creación de leyes y políticas públicas, tenemos mucho trabajo en las 15 comunas”, señaló: “Tenemos un trabajo muy cercano y eso no ayuda a colegislar con el pueblo, más que allá de hacer diversos convenios, acuerdos o tratos en la Cámara. Creo que eso es lo principal de poder realizar leyes junto a las personas”.

Respecto a la campaña presidencial de la abanderada del progresismo y la izquierda, Jeannette Jara, la diputada apuntó al estrecho trabajo que han realizado con la candidata:

“En la gira dimos a conocer la importancia de tener más que una continuidad, el reforzar en las demandas sociales y en espacios tan rezagados, tan extensos como es la Región de Coquimbo con mucha pobreza, sequía, falta de acceso y conectividad”.

Nathalie Castillo valoró el trabajo que impulsaron como bancada en la creación de la ley de Royalty minero que beneficia a 43 comunas pertenecientes a regiones con actividad minera, pero que en realidad son 300 municipios, gracias al Fondo de Equidad Territorial.

En esa línea destacó los $17 mil millones que percibieron las 15 comunas de la región en la primera etapa de recaudación de este recurso.

Asimismo, señaló que existen otros planos necesarios de avanzar en Coquimbo como es el acceso al agua donde la región enfrenta 3 décadas de sequía y para lo cual propone la democratización de sus diversos usos:

“Tenemos una riqueza única en nuestra región a propósito de la minería, de la agricultura familiar campesina y de sectores de alta connotación como la reserva de la biodiversidad del Archipiélago Humboldt en la comuna de la Higuera”, agregó.

“Sin embargo, se requiere de políticas sustentables para la minería, mejoramiento y fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y de su trabajo de soberanía alimentaria” planteó la diputada, respecto al doble esfuerzo que realizan los productores enfrentando la sequía.

“Apostamos a un desarrollo sustentable de características únicas”, dijo a propósito también del proyecto minero Dominga y al reciente fallo de la Corte Suprema que permite el avance de la industria muy cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, pero no el fin de su litigio.

En materia de vivienda, la diputada del PC ha propuesto superar la especulación inmobiliaria a partir de la regularización de loteos y asentamientos irregulares en el país: “Es un fenómeno que viven muchos sectores sobre todo los periurbanos o de las grandes conurbaciones”.

En el caso de su región explica que entre Coquimbo y la Serena se han radicado varios asentamientos con compras no regularizadas: “Hemos enviado un proyecto de ley para que se pueda hacer una prórroga amplia y hacer la regularización y los estudios que corresponden. Lo que no podemos hacer ante la falta de vivienda -Coquimbo es una de las regiones con mayor emergencia habitacional-, es ir con el garrote y sacar a las personas de los asentamientos no regularizados”.

“Con eso podemos generar barrios, enrolar caminos, llevar la electrificación y llevar el agua potable para miles de personas que viven en el sector norte y sur de la conurbación de La Serena y Coquimbo”.

“Hay un grupo de personas que no dejan de ser ciudadanos como para dejarlos fuera de coberturas esenciales como luz, agua o caminos”, precisó la diputada.

Por Guillermo Salinas Vargas

Vicepresidente de Relaciones Internacionales

Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile

El anuncio del envío de un proyecto de ley que abre paso a la negociación multinivel, incorporando la negociación ramal bipartita, ha desatado una campaña de desinformación y satanización. Voces que históricamente se han negado a debatir en el marco del diálogo social hoy levantan alertas infundadas para desacreditar una iniciativa que busca equilibrar las relaciones laborales en Chile.

Un ejemplo de ello es la columna “De las ramadas a la ramal”, publicada el 25 de septiembre por Gonzalo Guerrero Yamamoto —abogado, vicepresidente de SQM y dirigente de SOFOFA—, quien sostiene que este proyecto eliminaría la libertad de negociar directamente con el empleador, sometiendo a los trabajadores a acuerdos de cúpulas sindicales sectoriales ajenas; que desconocería la voluntad individual; que incentivaría el conflicto social y convertiría las relaciones laborales en un espacio de tensión permanente; que polarizaría aún más la sociedad; que generaría caos en el empleo y la informalidad; y que sería, finalmente, un instrumento de rigidez nostálgica e ideológica del siglo pasado.

Lo primero es que la columna de Guerrero representa la posición del gran empresariado y de los políticos de derecha, quienes no tuvieron ninguna voluntad de entregar sus puntos de vista en los diálogos sobre negociación colectiva multinivel que el Ministerio del Trabajo organizó para tal efecto. Hoy, luego de las ramadas, notifican a la ciudadanía su postura ideológica con plena ignorancia de lo que realmente se está discutiendo. Se trata, en realidad, de la actitud de quienes no creen en el diálogo social ni les interesa fortalecerlo, con el fin de mantener las desigualdades y abusos desde una posición de poder y superioridad sobre las y los trabajadores.

El proyecto busca reparar las desigualdades sociales y la asimetría entre empleadores organizados en empresas y trabajadores organizados en sindicatos, ampliando la cobertura de la negociación colectiva, que hoy no supera el 8% de los trabajadores. Su propósito es establecer pisos sectoriales en materia salarial y en ningún caso eliminar la negociación a nivel de empresa. No pretende hacerlo con actores “alejados de la empresa”, sino que, por el contrario, apunta a superar la fragmentación impuesta entre diversos sindicatos de un mismo sector.

En opinión de la CUT, el proyecto debe abordar no solo materias salariales por sectores, sino también cuestiones como los cambios tecnológicos, la productividad y el crecimiento. Estos son temas que interesan a las y los trabajadores, porque existe plena conciencia de que de la existencia de las empresas depende su fuente de ingresos. Sin embargo, ese crecimiento y productividad no pueden alcanzarse a costa de las condiciones laborales y salariales de quienes trabajan.

Conviene informarse mejor: la OIT, en su estudio “Negociación colectiva coordinada y multinivel: experiencias internacionales y opciones de políticas para Chile” (2024), indica que este modelo permite armonizar salarios y productividad, fortalecer el diálogo social y reducir desigualdades al extender beneficios sectoriales. Otro informe de la OIT sobre la implementación de la negociación colectiva sectorial sostiene que, en economías con fuerte presencia de pymes, la negociación sectorial o multinivel es “potencialmente ventajosa” para alinear el crecimiento productivo con mejoras salariales.

Este es un debate de nuestro tiempo. Quizás sean los satanizadores de esta iniciativa —cuyos contenidos finales ni siquiera conocemos— quienes quieren aferrarse a la nostalgia del siglo pasado, con los niveles de injusticia tan conocidos. Debemos abrir este debate con altura de miras, en democracia y respetando lo que un programa de gobierno incorporó y fue avalado por la mayoría de las y los chilenos.

Para eso se necesita franqueza, y evitar afirmaciones que no corresponden y solo buscan confundir a la ciudadanía.

A mediados de octubre se volverá a votar la admisibilidad del proyecto de royalty portuario que lidera el diputado Luis Cuello del Distrito 7 Región de Valparaíso.

A menos de un mes de que la iniciativa legislativa no alcanzara los votos necesarios para cursar el primer trámite en el Congreso, hoy el diputado comunista sigue otras acciones como el patrocinio del Presidente Boric a través de la secretaria general de la Presidencia y la tramitación de un proyecto de reforma constitucional portuaria junto a otros parlamentarios.

La propuesta busca “que los puertos que generan una enorme actividad económica y riqueza puedan contribuir a las ciudades puertos donde están emplazados”, explica haciendo saber las precariedades territoriales que conviven con estos polos productivos que en el país son más de 70 desde Arica a Punta Arenas.

“Acá no se nota el puerto”, acotó sobre Valparaíso y San Antonio, a la vez que resaltó los proyectos de expansión que los comprometen:

El proyecto cuenta con el respaldo de alcaldes y concejales de distinto signo político, precisó Cuello, con el apoyo de la Asociación Nacional de Municipalidades de Ciudades Puerto Concesionados y de la abanderada Jeannette Jara.

En esa línea, puntualizó que la primera votación se vio truncada no solo por los votos de los diputados de derecha -en contradicción con los representantes municipales de su sector- sino también por parlamentarios del oficialismo, como es el caso del diputado Aedo (DC) quien no se presentó en sala:

“Es transversal, pero tiene un sello progresista, es decir, aspira a corregir injusticias territoriales, aportar, cambiar y mejorar la vida de las personas que habitamos ciudades puertos”, enfatizó Cuello.

Ley que pase la micro

El parlamentario del PC además se refirió a la incorporación de empresas públicas en el sistema de transporte regional a través de la ley Que Pase la Micro, iniciativa que fue levantada por su diputación.

En regiones ha subsistido un modelo asociado a un mal servicio y agobio laboral, de modo que en la ciudad de Valparaíso, ahora con la participación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado EFE, se han podido incorporar buses eléctricos:

“Avanzamos en algo fundamental: primera vez que una empresa del Estado va a operar microbuses y eso nos abre el camino a que EFE pueda ampliar su operación para entregar un buen servicio para estudiantes, trabajadores y pensionados que hoy sufren mucho maltrato cada vez que suben a una micro”.

Recortes

En materia del presupuesto nacional el diputado apuntó a la partida de salud que no se puede negar que ha aumentado, dijo. Sin embargo, no ha sido suficiente y no se han utilizado adecuadamente los recursos por problemas de gestión, acotó.

Pese a ello, el parlamentario del PC, advirtió que la medida presupuestaria del candidato de la ultraderecha, Juan Antonio Kast, de recortar US 6 mil millones agravaría más la situación en tanto “siempre va a significar perjudicar a las personas”: 

“Significa menos bienes de consumo, significa menos herramientas para atender necesidades de salud, menos medicamentos. Creo que se está aplicando un discurso que ya conocemos su resultado: veamos lo que pasa en Argentina con un gobierno como el de Milei”, precisó criticando las amenazas de no legislar por parte de ese sector político ante el presupuesto 2026.

Bajo el lema “Toda una vida, todo un país”, se organizó un desayuno por el Día del Adulto Mayor, desde el equipo de la candidata Jeanette Jara, quien participó del evento, donde aprovechó de dar a conocer una serie de propuestas en beneficio de las personas mayores.

Entrevistada en la instancia, la candidata comentó: “Estamos celebrando el aumento de la PGU, de los beneficios que se han logrado hacer gracias a la Reforma Previsional, aprovechamos de hacer varios anuncios más, que tienen que ver con esta época plateada de la vida, donde yo diría que hay que ponerle un foco, que tenga más que ver con la realidad que actualmente viven.”

Las medidas anunciadas que serán parte de su programa contemplan la creación de espacios de inclusión para las personas mayores, a fin de mejorar su calidad de vida y salud mental, reparto de medicamentos para personas mayores con movilidad reducida, entre otros, en que se destacan los siguientes:

• Fin al pago de contribuciones para más de 200.000 personas mayores.
• Recuperación de barrios con 50 planes maestros que transformen la vida en comunidad y den seguridad a los adultos mayores.
• Regulación de precios de medicamentos para bajar el gasto de bolsillo.
• Estrategia contra el cáncer con 10 centros especializados en todo Chile.
• Plan integral de salud mental con más atención, redes fortalecidas y apoyo domiciliario.

Con estas medidas, Jara busca que los adultos mayores no solo reciban reconocimiento, sino también soluciones concretas que respondan a sus necesidades actuales.

Semanas atrás se conformó el Comando indígena por Jeannette Jara en Santiago haciendo un llamado a respaldar liderazgos comprometidos con los pueblos ancestrales del país, tal como es el que representa la candidata del progresismo, señalan los organizadores.

“Lo que queremos transmitir a nuestros hermanos es que el primer objetivo es mantener las conquistas sociales y los derechos de los pueblos que han costado 30 años mantener”, plantea Alihuen Antileo,  presidente de la «Plataforma Política Mapuche» (PPM) y ex consejero constitucional.

También, el dirigente mapuche advirtió que alcanzar avances requiere de acuerdos parlamentarios: “Por eso nos parece que hay que informar a los pueblos indígenas que no basta con votar por Jeannette Jara sino por las y los parlamentarios que apoyan su programa”.

Semanas atrás se conformó el Comando indígena por Jeannette Jara en Santiago haciendo un llamado a respaldar liderazgos comprometidos con los pueblos ancestrales del país, tal como es el que representa la candidata del progresismo, señalan los organizadores.

Con más de 4 mil visitas en algunos de sus reels -lo que quintuplica el número de sus seguidores-, Alihuen Antileo, presidente de la «Plataforma Política Mapuche» (PPM) y ex consejero constitucional, plantea sobre el comando que están trabajando con diversas asociaciones de pueblos originarios a nivel nacional.

Respecto a la convocatoria que puede despertar la candidata presidencial del progresismo y la izquierda, el dirigente mapuche señala: “No da lo mismo por quien votar. En este caso, la coalición que lleva adelante la candidatura de Jeannette Jara, en los últimos 5 años y en los dos procesos constitucionales ha aprobado y ha apoyado con su voto todas las medidas que hemos propuesto como pueblos originarios”:

Asimismo, se refirió a que en general el voto de los pueblos ancestrales cuyo padrón alcanza el 1.200.000 personas, en recientes elecciones ha adherido a apoyar propuestas de corte más transformador:

Un doble esfuerzo

Tal situación contrasta con las referencias que en esta campaña presidencial han manifestado candidaturas de ultraderecha como la de Johannes Kayser, quien calificó a la Ley Indígena como una amenaza para la agricultura en un reciente foro en La Araucanía. Allí, declaró derogarla si llega a la presidencia de la república, al igual expresó su rechazo por el Convenio 169 de la OIT.

“Es una tendencia de los últimos 8 años en orden de disminuir los estándares de derechos humanos en general y de los pueblos indígenas”, acotó Antileo respecto a esas fuerzas políticas: “Lo que quiere Kaiser -encontrando eco en sectores y equipos del señor Kast- es derogar estas grandes conquistas. Nos dejaría en el mismo nivel que la dictadura del 73 al 90, desde el punto de vista jurídico”.

“Lo que queremos transmitir a nuestros hermanos es que el primer objetivo es mantener las conquistas sociales y los derechos de los pueblos que han costado 30 años mantener”. 

También, el dirigente mapuche advirtió que alcanzar avances requiere de acuerdos parlamentarios: “Por eso nos parece que hay que informar a los pueblos indígenas que no basta con votar por Jeannette Jara sino por las y los parlamentarios que apoyan su programa”:

Por otra parte, respecto a la estrategia a seguir en este despliegue de campaña, el presidente de la Plataforma Política Mapuche apuntó al padrón que reúne a todos quienes integran los 11 pueblos originarios de Chile, recordando que en otros procesos electorales se expresó una base con identidad de 380 mil personas: “A ese público particular queremos dirigir un mensaje para las próximas elecciones del 16 de noviembre”, acotó.

“Estamos haciendo un trabajo con las asociaciones para dar a conocer esto y esperamos que el programa sea sancionado. Hicimos propuestas programáticas y esto debería estar saldado esta semana”, indicó respecto a que están a la espera del anexo de medidas que impulsará la abandera y su equipo, luego de haber recogido propuestas ciudadanas en durante su gira nacional.

“Con este programa pretendemos ir a las asociaciones y al mayor número de comunidades de todos los pueblos porque nos estamos articulando. En todas las regiones hay indígenas de Arica a Punta Arenas”, señaló Antileo.

Tras la venta de Farmacias Ahumada por parte de Walgreens Boots Alliance, el sindicato que reúne a más del 95% de los químicos farmacéuticos acusa que la gestión de los nuevos dueños chilenos, encabezados por inversionista liderados LarraínVial, ha traído consigo un aumento de errores en pagos, conflictos laborales y denuncias ante la Dirección del Trabajo.

El Sindicato de Profesionales de Farmacias Ahumada (Sinprofasa), que agrupa a más del 95% de las y los químicos farmacéuticos de la cadena, denunció los profundos cambios que ha experimentado la empresa tras pasar a manos de inversionistas chilenos, luego de la venta realizada por la multinacional Walgreens Boots Alliance.

Según la organización, encabezada por su presidenta Viviana Castañeda, la administración liderada por LarraínVial, en la que destacan los empresarios Guillermo Harding y Gabriel Ruiz-Tagle, ha generado un deterioro en las relaciones laborales y serios problemas en el pago de remuneraciones.

“Con la llegada de los nuevos dueños se nos indicó que la administración anterior había cometido errores en temas de recursos humanos. Sin embargo, en estos dos años hemos visto un aumento considerable de fallas y reclamos por parte de los profesionales”, señaló Castañeda.

Entre los principales problemas, el sindicato denuncia errores graves en el sistema de pagos: “Se han cancelado sueldos menores a los que corresponden, obligando a los trabajadores a reclamar y prácticamente rogar para que se les pague lo adeudado. En otros casos se han efectuado pagos superiores, generando convenios de devolución. Situaciones que antes eran excepcionales hoy se han vuelto recurrentes”, agregó la dirigenta.

A ello se suma errores en pagos de cotizaciones previsionales, la omisión de reajustes por IPC y múltiples errores que afectan directamente a los químicos farmacéuticos y a los trabajadores de Farmacias Ahumada.

Castañeda subrayó que, si bien bajo la gestión de Walgreens existían diferencias, nunca se habían registrado tantos conflictos. “Hoy enfrentamos denuncias en la Dirección del Trabajo por incumplimientos del contrato colectivo, modificación unilateral de bonos, vulneraciones a la Ley Karín y uso indebido de cámaras de seguridad en contra de los profesionales, en vez de utilizarlas para resguardar la integridad y seguridad de las farmacias”, afirmó.

El sindicato agrupa más del 95% del total de químicos farmacéuticos de Farmacias Ahumada y abarcan a más del 90% de los locales del país. El Código Sanitario establece que los locales deben funcionar con uno de estos profesionales presentes durante todo el horario de atención.