Cerca de las 7 de la tarde el Senado concluyó la votación del artículo 35 del proyecto de “Reconstrucción Nacional” más conocido como la megarreforma de los súper ricos. La norma se aprobó con 27 votos a favor y 22 en contra, el senador Fidel Espinoza se inhabilitó.

Dicho artículo integra un mecanismo de compensación a la perdida de recursos de los municipios por la exención del pago de contribuciones a viviendas, a través de impuestos generales pagados por todas y todos los chilenos.

La senadora Claudia Pascual fue la última en tomar la palabra en el hemiciclo, para anunciar una nueva reserva de constitucionalidad para el proyecto, esta vez por la recién aprobada norma de las compensaciones, que a juicio de la parlamentaria infringe los artículos 119, 119 y 122 de la constitución de la república.

Puedes revisar quienes votaron a favor y en contra de la norma a continuación:

A favor; Carlos Kuschel, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Pedro Araya, Luciano Cruz-Coke, Rojo Edwards, Sergio Gahona, María José Gatica, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic, Javier Macaya, Paulina Núñez, Gustavo Sanhueza, Enrique van Rysselberghe, Matías Walker, Ignacio Urrutia, Andrea Balladares, Miguel Ángel Becker, Miguel Ángel Calisto, Rodolfo Carter, Camila Flores, Vanessa Kaiser, Enrique Lee, Andrés Longton, Arturo Squella, Renzo Trisotti y Cristian Vial.

En contra; Alfonso de Urresti, Francisco Huenchumilla, Ximena Órdenes, Loreto Carvajal, Karim Bianchi, Fabiola Campillai, Juan Luis Castro, Iván Flores, Daniel Núñez, Claudia Pascual, Gastón Saavedra, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez, Yasna Provoste, Paulina Vodanovic, Danisa Astudillo, Karol Cariola, Ricardo Celis, Daniella Cicardini, Diego Ibáñez, Vlado Mirosevic y Beatriz Sánchez.

El senador Daniel Núñez criticó el protocolo de acuerdo suscrito entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y los senadores Matías Walker y Sergio Gahona para enfrentar la reconstrucción en las regiones de Coquimbo y Atacama, señalando que el documento reitera anuncios ya realizados por el Gobierno, pero incorpora una propuesta que calificó como “muy grave” al plantear la venta de bienes fiscales para financiar las obras.

“¿Van a vender las casas que pueden estar entregadas en comodatos a una organización social, o una fundación o una casa de beneficencia?” preguntó el Senador durante el hemiciclo. 

“El acuerdo que firmó el ministro de Hacienda Quiroz con los senadores Walker y Gahona reitera muchos puntos que el propio Gobierno ya había informado y había señalado, por ejemplo, que la reconstrucción se iba a financiar en Coquimbo y Atacama a través de la Ley de Presupuestos. Era uno de los temas que ya se había comentado; sin embargo, lo nuevo es un verdadero chantaje que yo calificaría de inmoral, donde nos señalan que para financiar la reconstrucción en la Región de Coquimbo se van a vender terrenos fiscales, propiedades y participación del Estado en empresas, lo cual nos parece que obviamente desmantela al Estado y genera una privatización que termina perjudicando las capacidades que tiene el Estado para intervenir, desarrollar y generar beneficios importantes para la población”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que la reconstrucción no puede transformarse en el argumento para impulsar una agenda de reducción del Estado.

“Desde ese punto de vista, me parece que acá hay algo que es realmente muy, muy grave, y es una privatización que se va a desarrollar usando como excusa la reconstrucción de la Región de Coquimbo y Atacama y que yo jamás voy a avalar”, enfatizó.

Núñez también manifestó su rechazo a la composición de la mesa técnica contemplada en el protocolo, advirtiendo que no aceptará que se deje fuera a las autoridades elegidas democráticamente en las regiones afectadas.

“Por último, tampoco aceptaré que se excluya a los parlamentarios de oposición y alcaldes, tanto de Coquimbo como de Atacama, de la mesa técnica que va a convocar el Ministerio de Hacienda y que va a definir los montos y obras a realizar para establecer la reconstrucción. Los fondos públicos no son propiedad de un gobierno, no son propiedad de un sector político; son de todos los chilenos y de todas las chilenas y, por tanto, todas las autoridades deben participar en la mesa técnica, sin exclusiones de ningún tipo”, concluyó el senador Daniel Núñez.

Tras el rechazo del recurso de nulidad, el diputado Gustavo Gatica sostuvo que la verdad jurídica acreditó que Claudio Crespo le disparó y le provocó la pérdida de la vista; anunció que evalúa nuevas acciones judiciales en Chile y ante tribunales internacionales, y cuestionó las declaraciones del Presidente José Antonio Kast.

“Ayer fue un día complejo, un día difícil, triste. A pesar de ello, cumplí con mi labor de diputado, porque es una responsabilidad que me tomo con mucha importancia”, señaló el parlamentario en un punto de prensa.

Gatica sostuvo que el proceso judicial logró establecer la verdad de los hechos, pese a las dificultades que enfrentó la investigación. “Cuando uno emprende una acción judicial, hay dos conceptos que priman: la verdad y la justicia. Parecía que este caso iba a ser complejo para encontrar la verdad, por las múltiples mentiras de Claudio Crespo, quien primero dijo que no estaba en el lugar, luego culpó a otro funcionario e incluso aseguró que su armamento estaba en mal estado. Sin embargo, finalmente se encontró la verdad: él me disparó directamente al rostro, dejándome ciego”, afirmó.

No obstante, lamentó que ese resultado no se tradujera en una condena. “Parecía que la justicia iba a ser tan solo una consecuencia de esa verdad, pero no lo fue. Ahí aparece una contradicción que es difícil de entender”, indicó el parlamentario.

El diputado Gustavo Gatica reiteró que el caso trasciende su situación personal y advirtió sobre las implicancias que tiene para el país. “Siempre lo he dicho: este caso me excede. Se trata de la democracia, del futuro y de la sociedad que queremos construir. Todas las razones que llevaron a que no hubiera justicia hoy las tenemos que analizar, y nosotros estamos en ese camino”, sostuvo.

Respecto de las acciones que impulsará, Gatica confirmó que ya está trabajando junto a especialistas para revisar posibilidades de acudir a tribunales internacionales: “Voy a insistir en algo que dije en enero, después de la finalización del juicio. Nosotros vamos a seguir buscando justicia en tribunales internacionales. Estamos conversando con abogados y abogadas expertas en esas áreas y vamos a recorrer ese camino. Ahora se ve lejano en el horizonte; a veces se ve oscuro, pero vamos a seguir avanzando”, señaló.

En el ámbito nacional, explicó que aún existe una alternativa judicial en evaluación. “En Chile queda un mecanismo que se llama recurso de queja, que se presenta ante la Corte Suprema. Estamos evaluando con los abogados cuál es la acción que corresponde seguir. Sin duda, tenemos en el horizonte la justicia internacional, que creo que es el camino en este tipo de casos. Son procesos muy largos, así que tenemos que estar preparados”, indicó.

Consultado por las declaraciones del Presidente José Antonio Kast tras conocerse la resolución, el parlamentario fue crítico con el Mandatario: “Me parece que el Presidente nuevamente demuestra no estar a la altura de su cargo. Se le olvida que gobierna para todos los chilenos, incluyéndome. Acá no hay nada que celebrar. Pareciera que nuevamente se vuelve un activista de ultraderecha, atrincherado, que busca hacer distinción entre amigos y enemigos, entre los buenos y los malos, olvidándose nuevamente de que es el Presidente que gobierna a todos en este país”, afirmó.

Finalmente, Gatica agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas tras la decisión judicial: “Quiero agradecer a todos quienes me han apoyado en esta etapa. De verdad, valoro muchísimo todos sus actos de cariño y sus gestos. Muchas gracias”.

El Índice de Confianza del Consumidor (CCI) alcanzó los 42,0 puntos, con un alza de 0,8 pp. respecto al mes anterior. Pese al aumento, el indicador general sigue lejos del umbral de optimismo de los 50 puntos.

A nivel nacional, Chile se ubica en la posición 26 entre las 30 economías evaluadas en el Índice de Confianza del Consumidor de Ipsos. Durante este mes, el país anotó 42 puntos y registró el primer crecimiento consecutivo del año. En comparación al puntaje de hace 12 meses, el índice aumentó 0,4 puntos porcentuales (pp.).

“Para julio, la confianza de los consumidores en Chile no muestra un cambio de tendencia. Tras el impacto de conflictos internacionales y medidas locales a inicios de año, el comportamiento del consumidor chileno ha sido dominado por la cautela. Reavivar el ánimo tomará tiempo, los consumidores están ávidos de buenas noticias que se están demorando en llegar”, analiza el CEO de Ipsos Chile, Nicolás Fritis.

En la comparativa regional, Chile (42,0) continúa en la penúltima posición, superando únicamente a Argentina (41,8). El ranking latinoamericano es liderado por México (53,7), Brasil (52,1) y Colombia (51,4), mientras que el promedio de la macrozona se sitúa en 48,5 puntos.

Durante el período de levantamiento de datos, entre el 19 de junio y el 3 de julio, transcurrieron noticias como el reporte de una tasa de desempleo de 9,4% informada por el INE y la caída de 0,9% anual en el Imacec de mayo. En el plano internacional, incidió el anuncio de los acuerdos orientados al fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán, acompañado por un descenso en el precio del petróleo de referencia para el país.

Trabajo no logra repuntar en un año

El pilar más firme en el país es “Expectativas Económicas”, con 56,5 puntos. Es la única dimensión que sobrepasa el umbral de optimismo, pese a registrar una leve contracción de 0,3 pp. frente a junio.

Por su parte, el subíndice de “Trabajo” presentó un incremento mensual de 1,1 puntos, llegando a los 43,0 puntos. Sin embargo, es el único indicador que se posiciona por debajo de su puntaje obtenido hace doce meses.

La dimensión de “Inversiones” anotó un alza de 0,9 puntos, situándose en 37,0 puntos. El puntaje refleja que persisten niveles de contención respecto de la capacidad de ahorro y la disposición para la compra de bienes importantes.

En tanto, “Situación Económica Actual” logró el repunte mensual más pronunciado con un avance de 1,4 puntos lo que posiciona al indicador en 32,8 puntos. No obstante, continúa siendo el subíndice con la evaluación más baja a nivel nacional.

Investigación liderada por científicos chilenos demuestra que la biodiversidad de aguas profundas no ha logrado recuperarse completamente, pese a más de dos décadas sin pesca de arrastre de fondo. Los resultados refuerzan la importancia de proteger estos ecosistemas antes de que sufran daños irreversibles.

Más de dos décadas después de que cesara la pesca de arrastre de fondo en los montes submarinos del archipiélago Juan Fernández, sus efectos siguen siendo visibles. Esa es la principal conclusión de una investigación publicada en la revista científica Deep-Sea Research, que documenta por primera vez en Chile las consecuencias de largo plazo de esta práctica sobre los ecosistemas de aguas profundas.

El artículo, liderado por investigadores de Oceana, del Centro para la Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI), del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y de otras instituciones nacionales e internacionales, analizó cuatro montes submarinos utilizando el vehículo de operación remota (ROV) SuBastian, del buque de investigación Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute durante la expedición Seamounts of the Southeast Pacific realizada en 2024.

Los investigadores compararon tres montes submarinos históricamente afectados por la pesca de arrastre con un cuarto monte ecológicamente similar, denominado Solito, donde nunca se ha registrado esta actividad.

Los resultados muestran un marcado contraste entre ambos escenarios. Mientras Solito, conserva abundantes corales de aguas profundas, esponjas y una elevada diversidad de invertebrados, los montes que fueron arrastrados presentan una menor cobertura de corales vivos, una biodiversidad reducida, menor complejidad del hábitat y claras evidencias de alteración del fondo marino, incluso después de más de 25 años sin pesca de arrastre.

-Ambiente bentónico no sometido a pesca de arrastre en el monte submarino Solito, compuesto por diversas especies de invertebrados de aguas profundas. (SOI/ESMOI-UCN)

-Planicie arenosa en JF1 que presenta marcas lineales de arrastre, consistentes con una intensa actividad de pesca de arrastre de fondo. (SOI/ESMOI/UCN)

-Ambiente bentónico degradado en el monte submarino JF2, dominado por Dermechinus horridus. (SOI/ESMOI-UCN)

“Este estudio demuestra que los impactos de la pesca de arrastre sobre los ecosistemas de aguas profundas pueden persistir durante décadas. Aunque la actividad terminó hace más de 25 años, la recuperación sigue siendo muy limitada debido a que muchas de las especies afectadas, como los corales de aguas profundas, crecen extremadamente lento y pueden vivir cientos o incluso miles de años”, señaló el Dr. Ignacio Petit, científico de Oceana e investigador principal del paper publicado.

Los corales de aguas profundas cumplen un rol fundamental como ingenieros del ecosistema. Sus estructuras tridimensionales proporcionan refugio, alimento y zonas de reproducción para numerosas especies de peces e invertebrados. Sin embargo, también son extremadamente vulnerables al contacto con las redes de arrastre, capaces de destruir en pocas horas estructuras que tardaron siglos en formarse.

“La presencia de corales vivos sostiene una mayor biomasa de invertebrados, entre ellos crustáceos de interés comercial como el cangrejo dorado (Chaceon chilensis) y la langosta de Juan Fernández (Projasus bahamondei), de modo que conservar los montes submarinos también contribuye a sostener las pesquerías artesanales de la zona”, afirmó el Dr. Javier Sellanes.

Datos destacados

• La investigación analizó cuatro montes submarinos frente a Chile mediante un robot submarino operado a más de 700 metros de profundidad.
• Es la primera evaluación científica en Chile sobre los efectos de largo plazo de la pesca de arrastre de fondo en montes submarinos.
• Más de 25 años después del cese de esta actividad, los ecosistemas afectados aún muestran señales claras de degradación.
• Chile prohibió la pesca de arrastre sobre 117 montes submarinos en 2012, convirtiéndose en un referente internacional en la protección de estos ecosistemas vulnerables.

Chile, un referente en la protección de montes submarinos

Los resultados adquieren especial relevancia para Chile, uno de los primeros países del mundo en prohibir la pesca de arrastre de fondo sobre montes submarinos. En 2012, la legislación nacional estableció la protección de 117 montes submarinos, reconociendo así la fragilidad de estos ecosistemas.

“La evidencia confirma que proteger estos ecosistemas antes de que sean degradados es la estrategia más efectiva. En ambientes donde los procesos de recuperación pueden tomar siglos, prevenir el daño no solo es una decisión ambiental, sino también una inversión para el futuro de la biodiversidad marina”, agregó el Dr. Petit.

El Dr. Sellanes afirmó que, bajo las directrices de la FAO para la pesca de profundidad, un impacto que persiste más allá de cinco a 20 años se considera un impacto adverso significativo. “Nuestros resultados muestran que los montes de Juan Fernández han superado ampliamente ese umbral, con más de 25 años de alteración sostenida”, puntualizó.

El arrastre de fondo es un arte de pesca que aún se utiliza en Chile para la captura de distintos tipos de merluzas y crustáceos.

• La ubicación estratégica del enclave español convierte este tipo de episodios en un desafío para la política migratoria y la seguridad europea. Especialista analiza las causas de la crisis y las posibles repercusiones diplomáticas para España, Marruecos y la Unión Europea.

La entrada irregular de cerca de 50 mil personas desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española de Ceuta ha reactivado las alertas en Europa y puesto nuevamente en el centro del debate la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. El episodio, que ha generado preocupación tanto por su dimensión humanitaria como por sus implicancias políticas y de seguridad, ocurre en un territorio que históricamente ha concentrado tensiones migratorias debido a su ubicación estratégica entre África y Europa.

El doctor en Historia y coordinador del Observatorio de Estudios de la Sociedad (OES) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Dr. Froilán Ramos, explicó que, hasta ahora, no existe una única interpretación sobre las causas del fenómeno. “Coexisten diversas narrativas en torno a los factores explicativos. Por un lado, el gobierno de Pedro Sánchez ha apuntado como posible causa la lectura interesada de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de las personas que ingresan por vía marítima a nado. Por otro, partidos de la oposición sostienen que los procesos de regularización implementados en España podrían actuar como un factor de atracción”, señaló.

Sin embargo, el académico indicó que el contexto trasciende la coyuntura política, ya que “las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se enmarcan desde hace varios años en un escenario estructural de alta tensión fronteriza”.

Ceuta y Melilla poseen una condición geopolítica única. Aunque se encuentran en territorio africano, forman parte de España y, por ende, de la Unión Europea, lo que las convierte en las únicas fronteras terrestres entre Europa y África.

“Esta singularidad hace que la gestión del tránsito fronterizo, el derecho internacional de asilo y la diplomacia bilateral con Marruecos desempeñen un rol crítico para la estabilidad de la seguridad comunitaria”, explicó el experto.

Los desafíos para España y la Unión Europea

El ingreso masivo de personas en un corto período representa, según el especialista, un desafío que supera la capacidad operativa de las instituciones encargadas del control fronterizo. “Las migraciones son un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma. No obstante, la llegada masiva y descontrolada de personas a Ceuta supone un desafío estructural, ya que las instituciones y los cuerpos de seguridad se ven sobrepasados en recursos operativos”, indicó.

A ello se suma la necesidad de fortalecer la coordinación con Marruecos para restablecer el control en la frontera y gestionar los procesos de devolución o retorno de quienes ingresaron irregularmente. Además, al tratarse de una frontera exterior de la Unión Europea, la situación ha despertado preocupación en Bruselas y en otros países miembros, que observan el impacto que este tipo de crisis puede tener sobre la seguridad del espacio Schengen.

Repercusiones políticas

El episodio también podría tener efectos en las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, impulsando una revisión de los mecanismos de cooperación bilateral en materia migratoria. “Este episodio representará una llamada de atención para revisar las instancias de colaboración entre ambos países en la gestión de fronteras”, sostuvo Ramos, agregando que los acontecimientos también podrían reforzar las políticas de control migratorio impulsadas por la Unión Europea.

El especialista añadió que el contexto político europeo también influye en la forma en que estos hechos son abordados. “En el último tiempo ha crecido la polarización política dentro de los Estados miembros y el euroescepticismo, por lo que no debe extrañar que diversas formaciones partidarias utilicen la migración con mayor intensidad en sus retóricas electorales y discursos públicos”, concluyó.

Semanas atrás se cumplieron 15 años desde la adopción de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Este conjunto de directrices busca aportar en las prácticas empresariales y en el ejercicio de las normas con foco en los derechos.

Bajo aquellos fundamentos se levantan tres pilares: proteger, respetar y enfatizar o reparar; tres tareas que deben realizar los Estados, pero también las empresas.

“Nunca había quedado tan claro -como ahora- que también (las empresas) podían ser un sujeto posible de vulnerar los derechos humanos de personas y comunidades”, señala Roberto Morales, coordinador de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas:

Por Carolina Millalen

Semanas atrás se cumplieron 15 años desde la adopción de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Este conjunto de directrices busca aportar en las prácticas empresariales y en el ejercicio de las normas con foco en los derechos.

Bajo aquellos fundamentos se levantan tres pilares: proteger, respetar y enfatizar o reparar; tres tareas que deben realizar los Estados, pero también las empresas.

“Nunca había quedado tan claro -como ahora- que también (las empresas) podían ser un sujeto posible de vulnerar los derechos humanos de personas y comunidades”, señala Roberto Morales, coordinador de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas:

Si bien aquellas tareas se plantean para todo tipo de estas entidades, hay una especial referencia a las transnacionales. Así fue que la discusión de los principios partió mirando a esas firmas, precisa el coordinador, destacando el poder económico que alcanzan a nivel global y que han llegado a afectar a otras esferas como el poder político:

Acerca de la deslocalización propia de esta modalidad productiva, un foco está en los elementos jurídicos necesarios que se requieren para hacer respetar los derechos de quienes son parte de un tercer país, explica Morales. “La extraterritorialidad no está totalmente definida, pero ha tenido avances y lo que se hace es ir a los tribunales donde las empresas tienen sus casas matrices y eso ya nivel judicial”.

En materia extrajudicial, se ha avanzado en levantar otras instancias como la que ofrece la OCDE con los llamados puntos de contacto, espacios que puedan ser de mediación o de resolución de conflictos no judiciales:

“Un punto crítico es si estos derechos son exigibles y por tanto, existen normativas internacionales o locales, o si son voluntarios dependiendo de las empresas y los Estados”, No obstante, es importante que la construcción de estos pilares se haga desde todas estas alternativas, indica Morales.

Herramientas locales

Respecto a la normativas propias de cada Estado y en miras a estos principios, el integrante de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, destacó que existe el concepto de la debida diligencia y que busca anticiparse a las posibles violaciones a los derechos humanos de las personas y comunidades:

En el caso de Chile, no hay una ley de debida diligencia, precisa, pero sí fue parte del plan de gobierno del ex presidente Boric aunque no logró concretarse. De igual manera, la ex senadora Allende y la ex diputada Lorena Fries, presentaron dos proyectos diferentes que fueron ingresados al Congreso, pero que hoy no presentan avances en su tramitación.

En el caso de la Plataforma, está impulsando el proyecto REDAR en conjunto con otras ONGs para la capacitación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección del medio ambiente, uno de los casos más recurrentes en cuanto a vulneración por parte de las empresas.

Mega reforma

En esa línea, Roberto Morales también se refirió al proyecto de mega reforma que impulsa el gobierno proponiendo una rebaja de impuestos, invariabilidad tributaria y rebaja gradual de la tasa corporativa.

Acerca de esta propuesta que resta un cuantioso número de recursos o bienes comunes con los cuales se garantiza el acceso a derechos sociales, señaló: “a través de la recaudación se generan los soportes necesarios para que esos derechos puedan ser satisfechos y las personas y comunidades puedan cubrir esos derechos”.

“No es que haya una vulneración directa porque pagas más o menos impuestos. Lo que hay es que con la recaudación el Estado tiene que cumplir estas obligaciones en este marco”, puntualizó respecto al proyecto en cuanto debilita este mecanismo y donde el Estado finalmente es el responsable.

Durante julio de 2026, los tribunales de justicia del país dictaron una serie de resoluciones que fortalecen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. El período estuvo marcado por condenas a ex agentes del Estado, aumentos en indemnizaciones a sobrevivientes y familiares, así como por el reconocimiento al trabajo de quienes han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos.

Entre los principales hitos destacan diversas sentencias de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago que elevaron o confirmaron indemnizaciones a personas que fueron detenidas, torturadas, ejecutadas o forzadas al exilio, rechazando además excepciones como la prescripción o la cosa juzgada en varios casos. Las resoluciones beneficiaron a estudiantes, trabajadores, dirigentes sindicales, conscriptos, periodistas y familiares de víctimas de la represión estatal.

En el ámbito penal, la ministra Paola Plaza condenó a ex agentes de la DINA por el secuestro calificado del fotógrafo Manuel Bobadilla y del profesor Héctor Maturana, además de ordenar el ingreso a prisión del último condenado en la causa por los homicidios de Littré Quiroga y Víctor Jara. Asimismo, la ministra Marianela Cifuentes sometió a proceso y prisión preventiva a un ex suboficial de la FACH por el secuestro calificado del soldado Andrés Sigala Alfaro.

Julio también estuvo marcado por el reconocimiento a la labor de las organizaciones de derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026 a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), destacando su aporte a la búsqueda de verdad, justicia y reparación durante más de cinco décadas. Además, ex consejeros del INDH manifestaron públicamente su rechazo a los cuestionamientos y propuestas de reforma dirigidas contra la institución.

De igual forma, el INDH desarrolló jornadas de capacitación en derechos humanos dirigidas a funcionarios de Carabineros de las prefecturas de Curicó y Talca, con el objetivo de fortalecer el respeto por los estándares nacionales e internacionales en el ejercicio de la función policial.

El balance del mes refleja que las acciones judiciales continúan reconociendo la responsabilidad del Estado en graves violaciones a los derechos humanos y consolidando avances en materia de reparación, al tiempo que se reafirma la importancia de preservar la memoria, fortalecer las instituciones de derechos humanos y garantizar la no repetición de estos crímenes.