Los dos últimos puestos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se pondrán en juego en México el martes 31 de marzo de 2026, cuando la RD del Congo se enfrente a Jamaica en el Estadio Guadalajara (15:00 hora local) e Irak juegue contra Bolivia en el Estadio Monterrey (21:00 hora local) para completar el cuadro de participantes del torneo de 48 equipos, que arranca el jueves 11 de junio de 2026.

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En horario chileno…

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Eduardo Álvarez, Quilpué. El fantasma del quinto retiro de los fondos de pensiones ha vuelto a resurgir. Por un lado, tenemos a las AFP que gritan vociferantes “irresponsabilidad política” y, por otro lado, los gobiernos de turno que utilizan el instrumento de la responsabilidad fiscal para justificar ajustes, dejando de lado el problema central del país: la clase trabajadora siente y vive la desigualdad, y al mismo tiempo, tiene consciencia de ello. En medio de ese ruido, y omisión por otro, se pierde la pregunta de fondo. ¿Qué pasa si, en lugar de retirar para consumir o dejar que los fondos sigan mayoritariamente invertidos en el extranjero, los redirigimos hacia la economía real que necesita el país?

A febrero de 2026, el sistema de AFP acumula $224,4 billones de pesos en activos, donde la inversión, en términos generales, corresponde a $107,7 billones (48%) invertidos en Chile, y $116,7 billones (52%) en el extranjero. Dentro de la inversión nacional, la mayor parte —$81,4 billones— se concentra en renta fija: bonos de la Tesorería, del Banco Central, de bancos y empresas. Solo $23 billones están en acciones de empresas chilenas (apenas el 10,3% del total del sistema). El resto son instrumentos financieros que no generan empleo, no construyen hospitales, no levantan viviendas.

La economía chilena tiene un problema estructural de demanda interna. El consumo de las familias trabajadoras y emprendedoras está estancado, la inversión privada no despega y el Estado se endeuda para financiar gastos corrientes en lugar de proyectos productivos. Esa es una verdad que no podemos obviar. Mientras tanto, más de la mitad del ahorro previsional de los trabajadores se va a fondos mutuos en Nueva York, a bonos del Tesoro estadounidense o a acciones de empresas que no tienen ni una oficina a lo largo y angosto de nuestro país. Es una fuga legal y dañina. Podríamos llamarla la legalización de la desinversión nacional.

El tercer retiro dejó lecciones dolorosas. 8.832.351personas retiraron, con un promedio de $1.443.064 de pesos por persona. De ellas, 4.159.134 personas agotaron completamente sus ahorros previsionales. Las mujeres, los jóvenes y los migrantes fueron los más afectados. Por cierto, que el retiro no fue un acto de irresponsabilidad. Fue un salvavidas en medio de una crisis que el modelo no supo prevenir. Pero al mismo tiempo fue un parche. Ese dinero se fue mayoritariamente a consumo inmediato – alimentos, deudas, arriendos – sin generar inversión productiva.

En lugar de discutir si se retira o no, discutamos para qué sirven esos fondos cuando se encuentran en las cuentas. La rentabilidad de los fondos a febrero de 2026 muestra que el Fondo A – que es el fondo más riesgoso – obtuvo un 2,11% real, gracias a la renta variable extranjera, correspondiente a +2,46 puntos. Las acciones nacionales restaron -0,62. Es decir, Chile no es un destino favorable para la rentabilidad de los fondos chilenos manejados por las administradoras privadas que operan en Chile. ¡Qué paradoja! 

Esto no es una condición natural, sino que es el resultado de décadas de desindustrialización, de apertura financiera irrestricta e irresponsable y de un Estado que a lo largo de décadas y de herencias neoliberales, ha abandonado el sentido de planificación para el desarrollo nacional, descolgándose de su sentido originario: la fuerte crítica a las lógicas de subordinación a las potencias del momento.

La alternativa existe y no es teórica. Si los fondos de pensiones se redirigieran masivamente hacia la inversión nacional productiva, podríamos financiar, por ejemplo, planes de viviendas sociales masivos, que reactive el sector de la construcción y genere empleos técnicos y de obras formales; Un sistema de salud público modernizado, que permita reducir efectiva y eficazmente las listas de espera, ofreciendo puestos de trabajo estables, particularmente a profesionales de la salud; Un programa de eficiencia energética y energías renovables, con participación estatal y privada, que reduzca la dependencia de combustibles importados como el petróleo, o también proyectos de infraestructura logística para pequeñas y medianas empresas exportadoras, fortaleciendo el comercio intrarregional e intranacional.

Todo esto no solo dinamizaría la demanda, sino que fortalecería la multilateralidad desde el sur. ¿Cómo? Invirtiendo en cadenas productivas con otros países latinoamericanos, financiando proyectos de integración ferroviaria como el tren bioceánico y creando fondos de inversión conjuntos con Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. La multilateralidad no es solo un concepto diplomático. Es también la capacidad de construir soberanía económica compartida.

Los datos de inversión nacional de las AFP muestran que ya existe una base. $23.046 millones en acciones nacionales, principalmente en los sectores eléctrico con un 7% del total del sistema, de servicios con 7,2% y recursos naturales 1,8%. Pero esa inversión está concentrada en las mismas empresas de siempre como Cencosud, Falabella, SQM, Latam. ¿Y si una parte de esos fondos se canalizara a través de un banco de desarrollo estatal como el antiguo CORFO, pero con poder financiero, para prestar a tasas bajas a cooperativas, pequeñas industrias y proyectos de economía local? ¿Y si se crearan fondos de inversión regionales administrados por gobiernos locales, con participación de los propios afiliados en la toma de decisiones?

El argumento neoliberal clásico, adoptado por el gobierno actual, dice que el Estado es mal administrador. Pero la evidencia muestra que las AFP no son mejores. Sus rentabilidades han caído en los últimos cinco años, sus comisiones siguen siendo las más altas de la OCDE, y han demostrado una incapacidad absoluta para generar valor en la economía real. La rentabilidad real del Fondo E (más conservador) a 60 meses es apenas 0,59% anual. Eso no es ahorro, sino que es confiscación disfrazada de prudencia.

Por eso, el quinto retiro no puede ser solo un salvavidas individual ni tampoco una discusión banal que sólo contemple un sí o un no por parte del pueblo trabajador y emprendedor. Debe ser el punto de partida de un diálogo nacional sobre la propiedad y el destino de los fondos previsionales que trascienda al parlamento y el gobierno. No se trata de estatizar por decreto, sino de democratizar. Que los trabajadores puedan elegir no solo entre fondos A, B, C, D y E, sino entre proyectos productivos concretos en sus territorios. Que exista la opción de destinar un porcentaje de la cotización a un fondo de desarrollo regional, con rendimiento asegurado por el Estado y control ciudadano.

Mientras eso no ocurra, la demanda interna seguirá a merced del consumo financiado con deuda de las familias, y la multilateralidad seguirá siendo una frase de cancillerías, no una práctica económica. Los $224 billones que hoy están en las AFP no son un fondo de reserva para especuladores, ni menos de Wall Street. Son el fruto del trabajo de millones de chilenos que merecen vivir con dignidad en su vejez y, también, construir el presente que quieren habitar.

El neoliberalismo nos enseñó que el ahorro individual es la única garantía. Pero la historia demuestra lo contrario. El ahorro colectivo, bien invertido, es la única forma de comenzar el proceso de desarrollo cualitativo y cuantitativo. 

Por ello, el quinto retiro no es el problema. Es el síntoma de un sistema que nos ha robado la posibilidad de soñar con una vejez tranquila y un país desarrollado. La solución no es retirar o no retirar. La solución es recuperar la soberanía sobre nuestros ahorros. Y eso, ninguna AFP lo va a proponer jamás. La lástima, es que nuestros gobiernos tampoco. 

Ahí, debe entrar el pueblo trabajador y emprendedor.

Parlamentarios advierten impacto en el costo de la vida y proponen anular los decretos que provocaron el “bencinazo”.

Los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS) y Boris Barrera (PC), junto a las diputadas Gael Yeomans (FA) y Daniela Serrano (PC), entregaron una carta en el Palacio de La Moneda al Presidente José Antonio Kast, solicitando revertir, mediante decreto, el alza de los combustibles implementada el pasado 26 de marzo.

En el documento, los parlamentarios y parlamentarias plantean que, dado que el alza fue establecida mediante decretos, el Ejecutivo cuenta con las facultades para revertirla por la misma vía, proponiendo la derogación de los decretos N°91 y N°92 del Ministerio de Energía, y del N°107 del Ministerio de Hacienda.

También advierten que el incremento tiene un efecto sistémico en la economía, ya que encarece toda la cadena de bienes y servicios, elevando los costos de transporte, producción y distribución, lo que se traduce en mayores precios para las familias .

Asimismo, señalan que esta alza —la mayor en 46 años— impacta directamente en la calidad de vida de las personas, presionando la inflación, debilitando el poder adquisitivo y generando incertidumbre en los hogares .
En esa línea, los diputados y diputadas sostienen que la decisión del Gobierno no era inevitable y que las medidas de mitigación resultan insuficientes para cubrir el impacto total del alza, además de implicar un mayor costo fiscal.

Al respecto, el diputado Luis Cuello señaló: “Esta medida está provocando un daño enorme en el bolsillo de las familias y el gobierno debe asumir que el ‘bencinazo’ es un error y que solo empeora la situación. Hoy lo responsable es rectificar y evitar un daño mayor. Y es por esto que entregamos una carta al Presidente Kast para pedirle que corrija este grave error, ya que el alza fue impuesta por decreto, solo se requiere voluntad política y su firma para anular el alza”.

En la misma línea la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, declaró: “Efectivamente ese decreto es una decisión política, podría haber tomado otro camino, y el impacto lo está viviendo la gente. Acá tiene que entrar el sentido común en La Moneda, tiene que entrar en los oídos del presidente de la República, que es el mayor responsable”. Yo creo que ha sido una partida realmente catastrófica. A mí me asombra. Yo, la verdad, no esperaba estar en esta situación a dos semanas del inicio de un gobierno. Y en ese sentido, tenemos que ejercer todas nuestras atribuciones, y eso es lo que vamos a hacer”.

Por otra parte, el diputado Juan Santana, expresó: “Al igual como ocurrió en dictadura, pero ahora en democracia, el presidente Kast intenta gobernar a través de la vía de decretos, escondiéndole esta discusión que es de tremenda importancia para la población chilena al parlamento, el espacio en donde se debate en nuestro país, el espacio en donde hay representantes elegidos democráticamente por parte de la población y en donde el actual gobierno tiene mayoría. Aún así, el presidente Kast quiso determinar esta decisión vía la vía administrativa, a través de decretos y es por eso que hoy hemos venido de forma transversal, un grupo de parlamentarios, a solicitarle que a través de esa misma vía, el presidente Kast retrotraiga esta injusta decisión”.

Sobre el proyecto en sí, la diputada Daniela Serrano dijo que “pareciera que este gobierno tiró una bomba de humo al Congreso diciendo que a través de poder legislar para amortiguar el precio de la parafina, estaría escondiendo lo que es principalmente el efecto y la responsabilidad que ellos tienen sobre el alza de los combustibles. Queremos evidenciar que el único responsable acá del alza de los combustibles es el Presidente de la República y por eso le estamos haciendo un llamado”.

Por su parte, el Diputado Boris Barrera realizó una proyección sobre el vínculo de este proyecto con la anunciada reforma tributaria: “cuando entre la reforma tributaria con la rebaja que va a haber de 27 a 23% del impuesto corporativo, más la reintegración del sistema, significa que el Estado va a dejar de recaudar más de 2.700 millones de dólares ¿Quién va a pagar esos 2.700 millones de dólares que vamos a dejar de recibir como país? La ciudadanía, el ciudadano de a pie al que le va a subir el pan, al que le va a subir la verdura. Por lo tanto, el llamado que le hacemos al presidente está a tiempo, su mismo sector se ha dado cuenta”.

Revisa aquí la carta de los parlamentarios al Presidente Kast.

El economista Fernando Carmona y director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ICAL se refirió al impacto económico de las primeras medidas económicas del gobierno de José Antonio Kast

Producto de ellas, planteó, es esperable la disminución  de la demanda de los hogares, ya sea por aumento de inflación o por aumento del valor de los combustibles que no han estado acompañadas de medidas paliativas al consumo.

“Uno lamentablemente debiera esperar  que aumentara el desempleo”, sumó el especialista lo que afecta al crecimiento. Asimismo, indicó que la inversión puede verse paralizada por el escenario internacional o bien mientras se está a la espera de la reforma tributaria:

Si bien eso no marca de por sí una crisis económica, indicó, sí es un momento más recesivo para la economía chilena”:

En perspectiva de la competencia política que el ejecutivo ha demostrado tener con la instalación de las primeras medidas, Carmona apuntó a la pérdida de popularidad in crescendo del nuevo gobierno:

“Perder el respaldo popular es algo muy difícil de recuperar después. Estamos viendo ya la baja en el apoyo presidencial muy rápido”.

“Se está convocando el primero de mayo, existen ya movilizaciones de estudiantes, estuvieron las movilizaciones de los movimientos medioambientalistas en todo Chile”, mencionó también el director de ICAL, respecto a la respuesta de la ciudadanía organizada y a la capacidad que pueda para articular demandas transversales.

En conexión

Por otra parte, acerca de la inauguración del Departamento de Estudio del Centro de Pensamiento del líder chino Xi Jinping en dependencias del Instituto destacó su relevancia en dar a conocer el proceso político chino:

“Entendemos que esto también es un proceso de mayor entendimiento con los centros de estudio”, indicó respecto a la proyección misma de ICAL.

También comentó lo que fue su participación en la conmemoración de los 50 años del Golpe militar de Argentina, invitación realizada por la Fundación Rosa de Luxemburgo Cono Sur.

Junto con visitar el ex centro de tortura y exterminio en Buenos Aires EXMA, Fernando Carmona indicó la importancia del encuentro para la cooperación entre centros de estudios y organizaciones de la sociedad civil en la región:

Así también se refiere a la frágil situación económica que vive el país bajo la administración del Presidente Milei, pero también a la emergente presencia de una variedad de movimientos sociales y partidos políticos que buscan recuperar el gobierno en las próximas elecciones:

“Tienen mucha inquietud por las medidas de Milei porque ha demostrado un comportamiento muy errático y una forma de hacer política muy violenta. Hay preocupación sobre qué tanto va a poder avanzar y cuál va a ser la situación del pueblo argentino al finalizar su gobierno”, expresó.

El analista y dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, recordó la figura y el legado de los tres profesionales comunistas -Guerrero, Parada y Nattino- asesinados por la dictadura de Pinochet en 1986, y por quienes se rendirá un homenaje este fin de semana en el memorial ubicado en la comuna de Renca.

“Estamos frente a tres héroes del pueblo de Chile, héroes antifascistas”, enfatizó honrando el trabajo de los tres militantes y la lucha transversal que sostuvieron para terminar con la dictadura que sometió a las mayorías del país a la pobreza y a la violencia extrema.

Destacó la figura de José Manuel Parada como integrante de la Vicaría de la Solidaridad y su amplia visión por incluir a diversos sectores en la lucha democrática. Sobre Manuel Guerrero, hizo reseña de su regreso a Chile desde el exilio con el fin de participar en el trabajo de masas, la lucha abierta y “la vocería en la calle”. Así también recordó al publicista Santiago Nattino quien desde su trabajo en el área de la gráfica, se concentró en la resistencia para la protección de los perseguidos.

“Gracias a ellos el PC existe”

“Aquí hubo un plan de genocidio contra el Partido y otras fuerzas de izquierdas”, indicó Lagos sobre los miles de dirigentes asesinados durante el Golpe y la dictadura, en particular las direcciones clandestinas del Partido Comunista contra quienes hace 50 atrás, se ejecutó un plan de exterminio conocidos como los episodios de Calle Conferencia.

“Gracias a ellos el PC existe”, acotó el analista: “Hay que tratar de hacer un esfuerzo de rescatar al ser humano en todas sus facetas, porque muchas veces somos víctimas de estigmatizaciones. Así buscaron legitimar el Golpe y luego siguieron esa caracterización con el fin de justificar la represión”, precisó.

Capitalismo in statu quo

Acerca del impacto que está causando en la población y en el mundo político, el conjunto de medidas impulsadas por el gobierno de Kast, Juan A. Lagos desmintió categóricamente la apelación a un supuesto estatismo que debe ser reducido:

En vista del recorte presupuestario y el reciente anuncio del retiro de la ley de pesca, el dirigente apuntó a la necesidad de generar un mayor sentido de urgencia desde la oposición: “nos estamos quedando un poquito pasmados y los tiempos políticos son los que son. Así también pasó cuando no lo vimos venir”.

“Hay una una verdadera acción refundacional del capitalismo fundado con Golpe de Estado mediante no se ha logrado superar ese capitalismo salvaje”, acotó sobre el actual tiempo político.

Una ventana china en Chile

Por otro lado, Lagos destacó la reciente inauguración del primer Centro de Estudios Xi Jinping en Chile y cuya sede será el edificio del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ICAL. La iniciativa, dijo, abre “un espacio de intercambio para desplegar los esfuerzos, de tal manera que se conozca el pensamiento del líder de la revolución china actual y el proceso chino en todas su dimensiones que es enorme”.

“La primera característica del modelo socialista es enfrentar las necesidades del pueblo”, describió el analista acerca de la renovación del gigante asiático que ha logrado sacar de la pobreza a cerca de 1.400 millones de personas. “Es muy importante lo que hace ICAL, desde el punto de vista de lo que significa para la experiencia chilena”, precisó.

Para destacar su contribución al arte y la cultura en nuestro país, los actores Dianza Sanz y José Soza y el psiquiatra y dramaturgo Marco Antonio de la Parra, recibieron de manos de la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra.

La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Nacional Chileno, espacio que ha recibido a los tres artistas en distintos momentos de sus extensas carreras, hasta donde llegaron la Rectora Rosa Devés; el prorrector Claudio Pastenes; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba; el decano de la Facultad de Artes, Fernando Carrasco; el director del Teatro Nacional Chileno, Cristian Keim; el hijo de Pedro de la Barra, Leonardo de la Barra, entre otros.

“A través de Diana Sanz, José Soza y Marco Antonio de la Parra, nos conectamos con la historia de nuestro Teatro Nacional Chileno y con la tradición que lo sostiene. Sus trayectorias encarnan esa misión que distingue a las instituciones culturales de la Universidad de Chile: ser auténticamente nacionales, abiertas, representativas y diversas, fieles a una concepción del arte comprometido con lo colectivo y orientado al bien común”, destacó la Rectora Devés en la ceremonia. “El teatro es memoria, un legado que se transmite y al mismo tiempo una invitación permanente a imaginar y construir futuros distintos. Las trayectorias que hoy distinguimos son inseparables de esa doble dimensión”, agregó.

Por su parte, el director del Teatro Nacional Chileno, Cristián Keim, en representación también de la Facultad de Artes, indicó que “como sabemos, el mundo está cambiando, está cambiando rápidamente, a veces inevitable y a veces parece que el oficio del arte, y particularmente el teatro, es inútil frente a las innumerables crisis que tenemos que enfrentar cotidianamente y las crisis que enfrenta el mundo en estos momentos, yo soy un convencido que en estos momentos el teatro es más necesario que nunca, que necesitamos hacer teatro para poder interpretar e interpelar a este nuevo mundo que está apareciendo. El teatro es aprendizaje y el aprendizaje es transformación”.

La Memoria Escénica y el Fuego de la Tradición

El profesor Marco Espinoza, académico del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, fue en encargado de presentar a la primera galardonada Diana Sanz, quien, en sus palabras, “representa esa simbiosis perfecta entre la excelencia técnica, la inquietud intelectual y la lealtad institucional que define a la Universidad de Chile”.

El académico destacó que Sanz “encarnó a la primera Julieta del teatro chileno”, también cuando asumió la dirección del Grupo de Teatro “Goethe” en el Goethe-Institut en 1974 en “un contexto país desafiante” y “su vocación pública” como presentadora pionera en Canal 9 entre 1960 y 1973, junto a Patricio Bañados.

“El análisis de su trabajo nos revela una ductilidad asombrosa. Ha transitado desde las tragedias de Lorca y los clásicos de Shakespeare hasta las vanguardias de Stoppard y las recientes direcciones del maestro universal Peter Brook”, aseguró Marco Espinoza.

Diana Sanz, por su parte, decidió compartir el podcast que escribió donde retrata su primer amor: la actuación. “Les quiero contar que tengo un record del cual me siento muy orgullosa. Si no me equivoco, soy la única actriz que ha mantenido un vínculo actoral por más de 60 años con el Teatro Nacional Chileno, en diferentes periodos. Hemos compartido 30 obras de teatro, desde “Romeo y Julieta” en 1964, hasta la actualidad, en la que estoy participando en la obra “Noche de reyes”. Por eso yo llamo cariñosamente a este teatro, mi segunda casa”, recalcó la actriz, quien además añadió: “Con esta Medalla al mérito cultural Pedro de la Barra me siento profundamente honrada, eternamente agradecida y con el corazón apretado de tanta emoción. Muchas, muchas gracias”.

En específico, la Rectora Devés reconoció en ella “la elegancia del oficio, la intensidad de la palabra, la belleza como forma de verdad”. “Su presencia en escena durante todos estos años nos ha enseñado cómo se cultiva una vocación con pasión y cómo incluso después de grandes logros siempre existen nuevos horizontes por explorar y conquistar”, dijo.

“La Verdad Escénica y la Ética de lo Humano”

Maria Olivia Mena, egresada del Departamento de Teatro, fue la encargada de presentar a José Soza, quien según detalla, el también egresado de la U. de Chile, “encarna el espíritu del teatro universitario: un arte que no se conforma con el adorno, sino que se asume como un servicio público y una herramienta de disección social. Para él, como ha manifestado en sus reflexiones más profundas, “el teatro y la actuación son su vida’”.

Sobre sus roles más populares, los del cine y televisión, Francisca Suárez destacó que Pepe Soza “no hizo concesiones; llevó consigo el rigor de la Universidad. Personajes ya legendarios como el ‘Cereza’ en La Fiera o el ambicioso ‘Drago’ en Romané, no fueron solo roles de consumo masivo, sino ejercicios de construcción de identidad popular. Al dotarlos de una complejidad psicológica y una humanidad desbordante, Soza elevó el estándar de la comunicación pública, demostrando que la calidad artística es transversal”.

“Él representa la resistencia cultural en épocas difíciles y la lucidez creativa en democracia”, declaró la actriz.

El actor compartió con emoción su intención de haber memorizado un poema para agradecer “este premio tan importante y tan significativo para la cultura, para la Universidad de Chile y para nosotros, los actores”, pero se disculpó debido al duelo que atraviesa por el reciente fallecimiento de su hermana.

En el caso de Soza, la Rectora destacó que con el reconocimiento “honramos la profundidad ética del actor que encarna las fracturas de su tiempo”. “Su interpretación en ‘Hechos consumados’ nos confrontó con la injusticia y la dignidad negada, con la crudeza de lo social y la humanidad irreductible de quienes habitan los márgenes. La escena se transformó en espacio de conciencia”, apuntó.

“El Cirujano de la Psiquis y el Centinela de la Memoria”

Finalmente, cerrando la cita, fue el turno de introducir a Marco Antonio de la Parra, quién fue presentado primero con una lectura de un extracto de “La dramaturgia como sacrificio”, libro de su autoría, para luego dar paso a la presentación de la egresada del Departamento de Teatro, Javiera Muñoz, quien presenta a uno de los “intelectuales más lúcidos, cuya pluma ha operado sobre el cuerpo social de la nación con la precisión de un bisturí”.

Por Ricardo Neira Navarro,

Decano de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Tecnologías para la Sociedad, UAHC.

La guerra en torno a Irán, con Estados Unidos e Israel involucrados, ha devuelto al petróleo al centro de la escena mundial. No como un debate abstracto sobre energía, sino como una fuerza concreta capaz de encarecer la vida diaria en cuestión de días.

Los ataques a infraestructura energética en Medio Oriente y las disrupciones en el estrecho de Ormuz —paso por donde transita cerca de 20% del petróleo mundial— volvieron a tensionar precios, seguros marítimos y cadenas logísticas globales. Las disrupciones en el estrecho de Ormuz tensionan cadenas logísticas globales.

Cuando esa zona entra en crisis, no sube solo el barril. Sube el costo del transporte marítimo, de los combustibles refinados, de la aviación, de la distribución de mercancías y, finalmente, de los alimentos y del costo de vida. Sube el costo del transporte, combustibles y alimentos.

Reuters informó esta semana que los precios físicos del crudo y de combustibles como el jet fuel alcanzaron máximos extraordinarios, en medio de una interrupción severa del suministro en la región. Los precios del crudo alcanzaron máximos extraordinarios.

Ese es el punto de fondo: la guerra no solo altera la geopolítica; altera la economía cotidiana del planeta. La guerra altera la economía cotidiana del planeta. Un mundo que todavía mueve gran parte de su comercio, su carga, su transporte público y su producción con derivados del petróleo sigue siendo un mundo vulnerable a choques lejanos.

El mundo sigue siendo vulnerable por su dependencia del petróleo. Cada misil que impacta una planta, cada buque que evita una ruta, cada prima de seguro que sube en el Golfo termina repercutiendo mucho más allá de Medio Oriente.

Pero esta crisis también deja otra enseñanza. Cada shock petrolero vuelve más visible el valor estratégico de la electrificación. La electrificación adquiere valor estratégico frente a crisis energéticas. Ya no se trata solo de una discusión climática o tecnológica. Se trata de seguridad energética, de previsibilidad operacional y de menor exposición a conflictos externos.

Se trata de seguridad energética y menor exposición a conflictos externos. En ese escenario, los vehículos eléctricos aparecen menos como símbolo de modernidad y más como una respuesta práctica a la volatilidad del viejo orden fósil.

La transición, por supuesto, no es lineal. Una guerra prolongada también puede frenar inversión, encarecer financiamiento y enfriar el consumo. Pero incluso con esa cautela, la dirección global parece clara. La Agencia Internacional de Energía informó que en 2024 se vendieron más de 17 millones de autos eléctricos en el mundo, superando 20% de participación en las ventas totales.

Más de 17 millones de autos eléctricos vendidos en el mundo. China mantuvo el liderazgo, con más de 11 millones de autos eléctricos vendidos y casi la mitad de sus ventas de autos ya electrificadas. China lidera el mercado global de autos eléctricos.

Eso importa porque en una crisis petrolera no solo gana quien produce crudo: también gana quien puede ofrecer alternativas para depender menos de él. Las alternativas al petróleo ganan relevancia estratégica. Y hoy esa alternativa se juega en baterías, redes eléctricas, infraestructura de carga y fabricación de vehículos, donde China lleva ventaja industrial. China lleva ventaja en baterías e infraestructura eléctrica. La guerra, en ese sentido, no solo encarece el petróleo; también acelera la competencia por el transporte del futuro.

En los buses eléctricos, esa lógica es todavía más evidente. Un sistema urbano de transporte público depende de costos operacionales estables, planificación de rutas y abastecimiento seguro. Cuando el diésel se vuelve más caro e impredecible por razones geopolíticas, la electricidad adquiere un valor estratégico adicional.

La electricidad adquiere valor estratégico frente al diésel. No resuelve todo, pero reduce una parte relevante de la vulnerabilidad. Reduce la vulnerabilidad del sistema de transporte. Por eso la electrificación del transporte público ya no puede leerse solo como una política ambiental: también es una política de resiliencia. Esta es una inferencia razonada a partir de la volatilidad reciente de los combustibles y del despliegue sostenido de la electromovilidad.

Chile ofrece un caso especialmente interesante. El país sigue siendo sensible a los shocks internacionales de combustibles, pero al mismo tiempo ha avanzado de manera concreta en transporte público eléctrico. El Ministerio de Transportes reporta 4.400 buses eléctricos en la Región Metropolitana y 396 buses eléctricos operativos en regiones, además de 1.028 adjudicados para incorporarse entre 2026 y 2027. Chile avanza en transporte público eléctrico a gran escala.

Eso significa que, mientras el petróleo caro seguiría golpeando con fuerza a la carga, a los buses interurbanos y al costo de vida, una parte creciente del transporte público urbano chileno ya está menos expuesta al diésel importado. El transporte urbano reduce exposición al diésel importado. No elimina la vulnerabilidad del país, pero sí marca una diferencia estructural.

Cada bus eléctrico en Santiago o en regiones reduce, aunque sea parcialmente, la dependencia de un combustible cuyo precio puede dispararse por una crisis a miles de kilómetros. Cada bus eléctrico reduce dependencia de combustibles fósiles.

En los autos particulares, la señal todavía es más gradual, pero ya visible. ANAC informó que en 2025 Chile inscribió 8.754 vehículos electrificados enchufables, incluidos 100% eléctricos e híbridos enchufables. Chile registra crecimiento en vehículos electrificados. Sigue siendo un mercado pequeño en relación con el total, pero claramente dejó de ser anecdótico. El mercado eléctrico deja de ser marginal.

La gran paradoja es esta: las guerras del petróleo pueden estar acelerando, por la fuerza, lo que la política energética y climática no había logrado empujar con suficiente rapidez. Las crisis aceleran la transición energética. No porque el mundo haya resuelto su transición, sino porque cada nueva crisis recuerda el costo de seguir dependiendo del combustible más geopolítico de todos.

El petróleo encarece economías y aumenta vulnerabilidad global. El petróleo no solo contamina; también desordena economías, encarece sociedades y vuelve más frágil la movilidad global. Y esa puede ser, al final, la razón más tangible para avanzar hacia una electrificación más seria, más inteligente y menos ideológica.

En un país donde demasiadas veces lo popular ha sido reducido a mercancía, la historia reciente del fútbol chileno es también la historia de una resistencia. No una resistencia abstracta, sino concreta, persistente y profundamente política. Una lucha de más de diez años por devolverle el fútbol a quienes nunca debieron perderlo: sus hinchas, sus socios, su gente.

El año 2016, desde el Club Social y Deportivo Colo Colo —institución que tuve el honor de presidir— impulsamos, junto a parlamentarios de diversas sensibilidades, un proyecto de ley que buscaba algo tan básico como necesario: poner fin al modelo oscuro de las sociedades anónimas deportivas como se conocen hasta ahora. Un modelo construido no desde el interés colectivo, sino desde el lobby empresarial, que terminó por expropiar simbólica y materialmente a los verdaderos dueños del fútbol.

En ese esfuerzo, es justo reconocer la gestión constante y comprometida del hoy senador Matías Walker, quien jugó un rol relevante en sostener y empujar esta iniciativa en momentos donde muchos optaron por el silencio o la inacción.

Porque seamos claros: las sociedades anónimas no llegaron para fortalecer el deporte, sino para convertirlo en negocio. Y en ese tránsito, los clubes dejaron de ser espacios de identidad, comunidad y pertenencia, para transformarse en activos financieros opacos, muchas veces alejados de cualquier control democrático.

El camino no fue fácil. Durante años, el proyecto fue relegado, invisibilizado, dormido en los pasillos del Congreso. No por falta de mérito, sino por la acción decidida —y muchas veces silenciosa— de quienes se benefician del estado actual de las cosas: empresarios, operadores del fútbol y estructuras como la ANFP, que han sostenido un modelo funcional a sus intereses, pero ajeno a la esencia popular del deporte.

Pero también hay responsabilidades internas que no pueden omitirse. Desde 2018 en adelante, quienes asumieron la conducción del club tras nuestra gestión optaron, en muchos casos, por la pasividad, cuando no por una opacidad preocupante frente a este debate. No solo se dejó de empujar con fuerza este proyecto, sino que se diluyó una posición que debía ser clara: la defensa del rol de los socios y socias como actores centrales del fútbol. Esa falta de convicción —o derechamente de transparencia— terminó favoreciendo, en la práctica, la mantención del modelo que se decía cuestionar.

Sin embargo, las luchas que nacen desde lo colectivo no desaparecen. Persisten. Se rearticulan. Y hoy, tras una década de presión, organización y convicción, este proyecto está a punto de convertirse en ley.

¿Es suficiente? No. Pero es un avance.

La futura normativa introduce elementos fundamentales: mayor transparencia sobre la propiedad real de los clubes —terminando con estructuras oscuras—, prohibición de conflictos de interés entre representantes y propietarios, fin de la multipropiedad que distorsiona la competencia, y mayores facultades de fiscalización sobre un sistema que, hasta ahora, operaba con niveles inaceptables de opacidad. Además, establece una separación institucional clave entre la federación y la asociación de clubes, rompiendo lógicas de concentración de poder.

Pero también es necesario decirlo con honestidad política: lo logrado es parcial. No se consiguió garantizar una participación estructural de los socios, ni asegurar que al menos el 50% de la propiedad de los clubes esté en manos de sus comunidades. Tampoco se avanzó lo suficiente en construir una institucionalidad donde los hinchas tengan poder real y vinculante.

Ahí está la tarea pendiente. Y no es menor.

Porque lo que está en disputa no es solo un modelo de gestión deportiva. Es una concepción de sociedad. Es la tensión entre lo común y lo privado, entre lo colectivo y el mercado, entre el pueblo y quienes buscan administrar su identidad como si fuera un activo más.

Lo más relevante de este proceso, quizás, es que vuelve a reconocer —aunque sea parcialmente— a las corporaciones sin fines de lucro, a los socios organizados, como actores legítimos para administrar sus propios clubes. Es decir, se vuelve a abrir una puerta que nunca debió cerrarse: la del control popular sobre sus espacios.

El fútbol chileno no necesita dueños. Necesita comunidad.

Y si algo demuestra esta década de lucha, es que cuando el pueblo se organiza, incluso las estructuras más cerradas comienzan a ceder. Lentamente, sí. Pero inevitablemente.

La historia no termina aquí. Apenas comienza otra etapa.

Fernando Monsalve A.

Abogado, Presidente Colo Colo 2014-2018

Investigación del Centro de Estudio del Trabajo y Factores Humanos de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso revela cómo la informalidad en el empleo afecta la salud y el bienestar psicológico de las personas ocupadas en Chile.

Las personas que trabajan sin haber suscrito un contrato laboral tienen cerca de un sesenta por ciento más de probabilidad de presentar síntomas de ansiedad y depresión que aquellas que sí cuentan con un contrato escrito firmado, al tiempo que exhiben indicadores de salud y bienestar que muestran que su calidad de vida tiende a ser comparativamente inferior.

Así lo revela una investigación realizada por especialistas del Centro de Estudio del Trabajo y Factores Humanos (CETyFH) de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso sobre los efectos de la informalidad en el empleo y cómo esta se relaciona con la salud y el bienestar psicológico de las y los adultos que en la actualidad reciben un salario en Chile.

Aunque este estudio consideró a hombres y mujeres, no se analizaron diferencias específicas en el impacto en salud según sexo, lo que constituye una línea relevante para futuras investigaciones.

Este análisis, con sus respectivas conclusiones, acaba de ser publicado por la revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health, en la forma de un artículo cuyos autores son los académicos Ignacio Castellucci, Carlos Viviani, Gonzalo Bravo y Maythe Páez.

El estudio evaluó las condiciones laborales y de vida de cinco mil 193 personas chilenas y extranjeras, mayores de 18 años, que viven en distintas ciudades de nuestro país, las cuales fueron seleccionadas de la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Sexualidad (Ensex) 2022-2023, procurando conformar una muestra territorial representativa y restringida a la población ocupada urbana. De ese total, el sesenta por ciento correspondió a hombres y el cuarenta por ciento a mujeres.

“La selección de los participantes la restringimos a los asalariados, ya que la variable de exposición requería la presencia o ausencia de un contrato laboral escrito firmado para el trabajo principal que estuvieran ejerciendo al momento de ser encuestados. Por lo tanto, los trabajadores por cuenta propia no fueron incluidos en nuestro análisis”, explicó el doctor Ignacio Castellucci, director del CETyFH y coautor de la investigación.

Fundamentos

El estudio busca aportar a la tarea de generar políticas públicas que fortalezcan la formalización laboral, como determinante social clave del bienestar de la población, y ampliar las estrategias destinadas a promover una adecuada salud ocupacional y, con ello, contribuir a reducir las desigualdades en salud. En particular, estos hallazgos subrayan la necesidad de que las políticas laborales incorporen explícitamente la salud mental como un componente central en la protección de las y los trabajadores.

Estos propósitos surgen del hecho de que el empleo informal sigue estando muy extendido en América Latina y también en Chile, donde su nivel ha aumentado en los últimos años.

Según explicó a su vez el investigador del CETyFH Gonzalo Bravo, diversas revisiones sistemáticas recientes advierten que los niveles altos de empleo precario están asociados al deterioro generalizado de la salud y el bienestar, incluida una peor salud general, mayores limitaciones funcionales, mayor estrés relacionado con el trabajo y menor bienestar emocional.

En lo esencial, estas revisiones revelan que las personas expuestas a un empleo precario durante doce meses o más tienen una probabilidad 53 por ciento mayor de informar mala salud general y ven aumentados en un 44 por ciento los síntomas de mala salud mental.

A pesar de la solidez de la evidencia global, Bravo acotó que las investigaciones cuantitativas sobre la precariedad laboral y el empleo informal en Chile siguen siendo limitadas. “De ahí la importancia de realizar estudios como este”, dijo.

Condiciones laborales y de salud

De las cinco mil 193 personas que participaron en el estudio del CETyFH de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso, el 87,2 por ciento refirió tener un contrato de trabajo escrito firmado, mientras que el 12,8 por ciento admitió no disponer de uno al momento de ser consultado. Asimismo, una mayor proporción dijo contar con educación secundaria (37,9 por ciento), seguida por la de aquellos que completaron una licenciatura o postgrado (33,9 por ciento) y una carrera de nivel técnico o educación vocacional (21,1 por ciento).

En cuanto a la autopercepción de su estado de salud, en general los encuestados la valoraron de manera positiva. En concreto, el 74,6 por ciento calificó su condición física como buena o muy buena, si bien en lo relativo al padecimiento de enfermedades crónicas el 12 por ciento reportó padecer de hipertensión y el 7,1 por ciento de diabetes. Además, el 25,3 por ciento confesó haber sido diagnosticado con sobrepeso u obesidad y un 13,8 por ciento con algún trastorno musculoesquelético (dolor persistente en la espalda, el cuello o las extremidades). Y respecto de su salud mental, el 15,9 por ciento indicó haber recibido un diagnóstico profesional de depresión en algún momento de su vida. Aun así, el 80,3 por ciento definió como positiva su calidad de vida actual.

Hallazgos tras asociar variables

Según explicó Ignacio Castellucci, este estudio proporciona evidencia actualizada y representativa a nivel nacional de la relación entre la ausencia de un contrato laboral escrito y la salud y el bienestar de las y los empleados adultos en el Chile urbano.

Sus hallazgos muestran que la informalidad contractual se asocia consistentemente con una peor calidad de vida y con niveles más elevados de ansiedad reciente y síntomas depresivos, incluso después de tener en cuenta las características sociodemográficas clave, si bien no observa asociaciones independientes con la depresión diagnosticada por un médico o con la mayoría de los indicadores de salud física.

“En conjunto, estos resultados sugieren que la ausencia de un contrato laboral está más fuertemente relacionada con el bienestar subjetivo y la angustia psicológica reciente que con trastornos mentales o condiciones de salud física diagnosticadas con anterioridad. Este patrón apoya la interpretación de la informalidad contractual como un marcador parcial de una vulnerabilidad estructural amplia, más que como un determinante directo de la enfermedad. Desde una perspectiva de salud pública, los hallazgos resaltan la importancia de incorporar indicadores de calidad del empleo, bienestar psicológico y calidad de vida en la vigilancia de las investigaciones y en los debates políticos sobre las condiciones laborales”, detalló.

Por su parte, el académico y coinvestigador Carlos Viviani sostuvo que los resultados de este estudio dan cuenta de una segunda derivada: la necesidad de abordar las implicaciones para la salud del empleo informal, lo que a su juicio implica aplicar enfoques que vayan más allá de los resultados biomédicos y consideren los contextos sociales e institucionales más amplios que configuran el bienestar de las y los trabajadores.

“Aunque este estudio se centra en el Chile urbano, estos hallazgos probablemente sean relevantes para otros contextos donde el empleo informal o atípico persiste a pesar de las instituciones laborales relativamente fuertes. Por ello, las investigaciones futuras deberían emplear diseños longitudinales para aclarar la dirección temporal de estas asociaciones y explorar dimensiones adicionales de la precariedad laboral más allá del estatus contractual, incluida la inestabilidad de los ingresos, la inseguridad laboral y las condiciones laborales”, argumentó Viviani.

 Efectos de la informalidad

De acuerdo con cifras de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en la actualidad el 26 por ciento de la población ocupada en Chile trabaja en condiciones informales, cifra que equivale a más de 2,4 millones de personas.

La informalidad afecta de manera desigual a los grupos poblacionales: alcanza el 28 por ciento entre las mujeres y el 25 por ciento entre hombres, y presenta sus niveles más altos entre los trabajadores de 65 y más años (57 por ciento) y los jóvenes entre 15 y 24 años (37 por ciento). Asimismo, las tasas más altas se concentran entre los trabajadores por cuenta propia (64,6 por ciento) y en ocupaciones tradicionalmente asociadas a sectores como la agricultura, la pesca, la artesanía, y a oficios y trabajos domésticos vulnerables. En este contexto, destaca que la informalidad laboral afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres, lo que refleja desigualdades estructurales del mercado laboral.

En opinión de los investigadores del CETyFH de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso, estos antecedentes indican que la informalidad no solo es extensa sino también profundamente segmentada por sexo, edad, sector económico y categoría ocupacional, dando forma un panorama laboral marcado por una protección social limitada y una vulnerabilidad desproporcionada, con posibles implicaciones para la salud y el bienestar. En este contexto, los resultados del estudio refuerzan que las condiciones de empleo no solo determinan ingresos, sino también constituyen un factor clave en la salud y el bienestar de las personas.