Acerca de la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Chile y que se realizó el 16, 17 y 18 de octubre, el Presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, indicó la relevancia del encuentro respecto a su despliegue participativo y propositivo.

La instancia que se llevó a cabo posterior al XXVII Congreso Nacional ha respondido a la necesidad de deliberar ante el nuevo rol político del PC como parte de la oposición a “un gobierno ultrarreaccionario”, indicó:

Destacó la alta participación de la base partidaria en la Conferencia que contó con varios plenos previos, además de varios encuentros nacionales a nivel de organización de base y por sectores. 

“El colectivo ratificó y tomó posiciones; el partido respecto a la política hizo síntesis”, precisó Carmona despejando dudas acerca del mandato de la instancia y que augura un paso adelante respecto a la capacidad de respuesta de la colectividad al momento actual.

Asimismo, Carmona expresó que se ratificaron principios del Partido Comunista en su calidad de colectividad política de clase, su compromiso con la democracia, su perspectiva socialista y la defensa de la soberanía de los pueblos, entre otros:

La reafirmación de cuatro referencias centrales también fue parte de la Conferencia respecto al rol del movimiento social en la construcción política, el partido de masas, la contradicción del período y la política de alianzas.

Otro aspecto esencial de la Conferencia fue la formulación de 14 puntos donde se proponen líneas para problemas sociales urgentes bajo la actual administración de José Antonio Kast. En ellos se incluye un alza de los salarios, un programa de reactivación del empleo en perspectiva para jóvenes y mujeres, la activación del seguro de cesantía, un IFE de emergencia para las personas más precarizadas, seguridad, entre otras iniciativas:

Mejoras en el transporte público, financiar la inversión pública -al menos congelando la baja de impuestos para las empresas de primera categoría-; un fortalecimiento de la salud y más apoyo a la producción agrícola familiar como parte de los abastecedores de la alimentación que brinda el Estado en escuelas y centros de salud pública, fueron parte de otros puntos acordados. 

“Vamos a volver después de exponer para ver cuál fue el feedback ,la conclusión concreta que cada célula va a obtener sobre cómo incidir más y mejor”, dijo el presidente del PC sobre esta conferencia que generó debates y acuerdos y que hoy cursa la discusión de su implementación en la realdiad de las estructuras de base.

• La iniciativa, inédita en el país, permitió que nueve jóvenes del centro de internación provisoria y régimen cerrado de Coronel rindieran un ensayo PAES 2026, gracias a la colaboración de la Universidad de Concepción.

Durante dos días nueve jóvenes que cumplen una medida cautelar o sanción, participaron en el primer ensayo PAES 2026 en el centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado en la comuna de Coronel.

Tatiana Pedreros Vera, directora regional (s) del Servicio de Reinserción Juvenil comentó que el objetivo es la preparación académica y el desarrollo de competencias en los jóvenes para el acceso a la educación superior. “Buscamos la familiarización con las evaluaciones, el formato, las instrucciones y los tiempos de aplicación de las pruebas PAES. Reconocemos en la educación una herramienta fundamental para el desarrollo personal y la generación de nuevos proyectos de vida”, destacó.

Mario César Quevedo, coordinador general PAES de la Universidad de Concepción, comentó que la universidad hace un tiempo que no realizaba este tipo de iniciativas pero que las nuevas autoridades de la institución las retomaron. “La universidad nace de la comunidad y se debe a ella. Por eso nuestra misión es trabajar con la comunidad. Queremos traer un grano de aporte a los jóvenes, les dijimos a ellos que no hay mejor proceso para mejorar que la auto construcción de sus vidas, que no se las construyan terceras personas, y a través del estudio pueden lograr ese camino”, detalló.

En relación con esta inédita colaboración de la Universidad de Concepción, Tatiana Pedreros, valoró positivamente este trabajo que respalda la misión de entregar herramientas a los jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida. La directora (s) agradeció el compromiso de la Universidad de Concepción con la reinserción juvenil, pues “sus estándares de educación sin duda entregan un gran valor a este trabajo. Además, reconocer la labor del Proyecto Amulen, compuesto por alumnas de la universidad que realizan un tremendo trabajo de voluntariado con los jóvenes y que apoyaron la generación de este ensayo”.

Las pruebas se realizaron durante dos días en las aulas de la escuela Inapewma que funciona al interior del centro y donde los nueve jóvenes ensayaron los exámenes de lenguaje, historia, matemáticas y ciencia. Margarita Geldres, directora de la escuela, destacó que el ensayo “permitirá identificar brechas de aprendizaje y orientar acciones de apoyo pedagógico que contribuyan a la reinserción social y educativa”.

La diputada y jefa de la Bancada Comunista e Independientes, Daniela Serrano, rechazó la tesis que sostiene el gobierno sobre el vacío legal o el error administrativo que justifica la rebaja de condena a violadores sexuales de menores de edad.

Si bien Ley N° 21.421 de 2022 excluye explícitamente de beneficios de reducción de condena a quienes han cometido delitos de carácter sexual contra NNA, la interpretación sobre su retroactividad es controversial, pero no unívoca, por lo tanto, en el argumento de la diputada, el gobierno ha tenido la alternativa de no rebajar.

“Si uno mira al jurisprudencia existen dos tipos de sentencia: una que fallaban a favor donde el gobierno está obligado a cumplir con la sentencia de los tribunales, pero hay otras donde se denegó este tipo de beneficios”:

“Se expone a la sociedad, a NNA que son víctimas, a  sus familias a un proceso de revictimización”, puntualizó la parlamentaria del PC: “Por otro parte, tenemos la rebaja de condenas solapada a violadores de DD.HH, criminales de lesa humanidad”, prosiguió sobre la rebaja al ex CNI, César Acuña Luego, sentenciado por la muerte de cinco frentistas, secuestrados, torturados y hechos desaparecer en el caso Operación Albania en 1987.

Durante la mañana, el Presidente Kast indicó que no destituye a Rabat y anunció un proyecto para que abusadores de menores no tengan beneficio a rebaja de condena.

La diputada Serrano ayer domingo, afirmó que junto a otras bancadas de la oposición solicitan la renuncia o remoción del Ministro de Justicia, además de estudiar como fuerza política parlamentaria la tramitación de una acusación constitucional.

AFPs

Respecto a otro flanco complejo para el gobierno como son las pérdidas en el multifondo E de las Administradoras de Fondo de Pensiones, remarcó sobre la responsabilidad de las firmas privadas y también de la Superintendencia:

“Corresponde una modificación legal y una ley corta”, sostuvo, “se esperaría que el gobierno haya tomado esto como su primeras preocupaciones” dijo enfatizando sobre las declaraciones del ministro del Trabajo quien aconsejó posponer la jubilación a los afectados, además del respaldo que da el gobierno a las administradoras incluyéndolas en iniciativas como la reforma del mercado de capitales.

Alerta educativa

Por otro lado, se refirió al debate del Presupuesto 2027 y a la reunión mantenida con la Confech que se ha movilizado en contra de los recortes sociales del gobierno. En esa línea, se refirió a las reasignaciones de recursos en educación que buscan reducir varios otros ítems bajo el argumento de mejorar la educación inicial, medida que la diputada criticó:

Asistimo advirtió que los recortes no son ajenos a desestructurar la educación pública, situación que ha alertado no solo a los estudiantes, sino también a las comunidades educativas y de investigadores quienes también han padecido de la reducción de recursos y denostaciones por parte de la actual adminsitración de gobierno.

“Esto no se trata solamente de las personas que históricamente hemos estado apoyando o hemos sido parte de un movimiento social de la educación sino que se ponen en alerta todas las comunidades educativas y universitarias y la academia también”, expresó Serrano.

En el centro de Santiago, barrio Yungay, se llevó a cabo una actividad político cultural, convocada por diversas organizaciones, que recordó a las víctimas de la represión durante la revuelta popular de 2019, que según cifras oficiales dejó al menos 34 personas fallecidas, y más de 460 casos de mutilación ocular. De estos últimos, 8 casos han decidido quitarse la vida en años posteriores. 

Fotografías, arpilleras y diferentes shows musicales adornaron una jornada cargada por la emotividad, pero también por la alegría. “Ya nos encontramos, no tenemos que soltarnos”, comentó Luis Jara, víctima de trauma ocular, que era dirigente de la ANEF en Concepción para el momento de la revuelta. 

La actividad estuvo convocada por la Ruta de la Memoria, la Coordinadora de Trauma Ocular, las bordadoras por la memoria y células del Partido Comunista de Santiago, una decena de personas participó de la instancia, a la que también acudieron la concejala por Santiago Dafne Concha y la Consejera Regional del Gobierno de Santiago, Maria Eugenia Puelma. 

Esta última declaró a Radio Nuevo Mundo, “me siento orgullosa de estar con todas y todos los compañeros, pero al mismo tiempo muy desanimada, ya que no hemos sido capaces de lograr la justicia que se requiere. Tengo en mi memoria a los compañeros que se suicidaron, no lo puedo sacar de mi memoria, jóvenes y eso me hace sentir comprometida con nuestra lucha”. 

Por otra parte, Rodrigo Lagarini, conversó con Nuevo Mundo respectó a la participación de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, “no han habido muchas instancias donde han habido presentarnos como coordinadora, le tomamos el peso a esto. Y hoy, después de 7 años, después de mucha división y conflicto interno, nos paramos ante el público y seguimos exigiendo lo que hemos exigido desde el día uno, que es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. 

El joven representante de la coordinadora hizo un llamado también a la sociedad en su conjunto, “acérquense a las agrupaciones, acérquense a nosotros”, para dejar de lado la sensación de impunidad y de injusticia. 

La actividad concluyó con la participación artística de uno de los vecinos ilustres del barrio, Mauricio Redolés quien además, hace poco fue galardonado con el premio nacional de poesía Jorge Teillier. 

El mandatario brasileño revirtió el resultado adverso de la primera vuelta y derrotó a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro quien está preso por intento de golpe de Estado. La victoria marca un nuevo hito en la trayectoria política de Lula, del que aseguran “salvó dos veces la democracia”, mientras el candidato ultraderechista anunció que buscará impugnar los resultados y se negó a reconocer su derrota.

Luiz Inácio Lula da Silva consiguió una victoria histórica en las elecciones presidenciales de Brasil del domingo 25 de octubre, al imponerse en la segunda vuelta frente al senador Flávio Bolsonaro, representante de la ultraderecha brasileña e hijo del golpista Jair Bolsonaro. Con el 51,79% de los votos válidos, equivalentes a más de 64,2 millones de sufragios, frente al 48,21% de su adversario, Lula aseguró un cuarto mandato presidencial, consolidando su regreso al Palacio de Planalto y su posición como una de las principales figuras de la izquierda latinoamericana.

El resultado constituye una remontada inédita en la historia electoral reciente del país. En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los votos, frente al 45,16% alcanzado por Lula. Sin embargo, durante las semanas posteriores, el presidente logró recuperar terreno mediante una campaña que combinó movilizaciones callejeras, actividad en redes sociales y un llamado a defender las políticas sociales impulsadas por sus gobiernos. Por primera vez en la historia moderna de Brasil, un candidato presidencial que había quedado en segundo lugar en la primera vuelta consiguió revertir el resultado y ganar el balotaje.

La victoria representa un nuevo capítulo en la extensa trayectoria política de Lula, quien ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y regresó a la Presidencia en 2023, después de derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022. Durante su campaña, el mandatario puso énfasis en la reducción de la pobreza y la desigualdad, la defensa de los derechos de los trabajadores y la continuidad de los programas sociales. Su triunfo también interrumpe la reciente tendencia de victorias electorales de fuerzas conservadoras en América Latina y mantiene a Brasil bajo la conducción de un gobierno de izquierda.

La remontada estuvo acompañada por una intensa movilización de adherentes y organizaciones sociales en distintas ciudades brasileñas. La campaña de Lula buscó reactivar el respaldo de sectores populares y de votantes que no habían concurrido a las urnas en la primera vuelta. El resultado evidenció la capacidad del mandatario para recuperar apoyos en una contienda marcada por la polarización política y la estrecha diferencia entre ambas candidaturas.

Flávio Bolsonaro se niega a reconocer la derrota

Pese a que el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó la victoria de Lula, Flávio Bolsonaro se negó a reconocer su derrota y anunció que solicitará la anulación de los comicios. El senador cuestionó la decisión de ampliar el horario de votación durante la jornada electoral, medida adoptada ante problemas denunciados en el transporte de electores. Sin embargo, la campaña del propio Bolsonaro también había solicitado una extensión del horario debido a las lluvias en regiones del sur del país. La impugnación anunciada abre un nuevo foco de tensión política, aunque la diferencia superior a cuatro millones de votos dificulta que prospere un intento de revertir el resultado.

La negativa a aceptar el resultado electoral recuerda al intento de golpe de estado desatada tras las elecciones de 2022, cuando Jair Bolsonaro junto con sus partidarios cuestionaron la victoria de Lula y protagonizaron protestas que culminaron con el asalto a las sedes de los poderes del Estado en Brasilia, el 8 de enero de 2023. El expresidente fue posteriormente condenado a 27 años de prisión por su participación en una trama golpista. En este contexto, el anuncio de Flávio Bolsonaro vuelve a poner en el centro del debate la aceptación de las reglas democráticos de la ultraderecha brasileña y la estabilidad institucional del país.

Un nuevo mandato en un escenario desafiante

Lula iniciará su cuarto mandato presidencial no consecutivo el 5 de enero de 2027, en un escenario marcado por la polarización política y un Congreso con una importante presencia de sectores conservadores. Entre los desafíos de su próxima administración estarán la continuidad de las políticas sociales, la situación económica y la construcción de acuerdos legislativos para impulsar su programa de gobierno. Su victoria constituye un respaldo electoral significativo, pero la estrecha diferencia con su adversario anticipa que las disputas políticas seguirán siendo un factor central en el futuro inmediato de Brasil.

La histórica dirigenta de los derechos humanos Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, llamó a fortalecer las organizaciones sociales y promover una amplia movilización en las calles frente a las políticas del gobierno de José Antonio Kast que, amenazan los avances en verdad, justicia y garantías de no repetición.

La dirigenta sostuvo que la movilización ciudadana es fundamental ante la falta de respuestas de las autoridades a las demandas de las organizaciones. “Yo diría que, más que nunca, si no hacemos una gran movilización en la calle, está demostrado que en este gobierno todo va a haber que hacerlo en la calle, porque ellos no reciben, no responden correos, no responden cartas”, afirmó Lira, cuestionando la disposición del Ejecutivo a dialogar con las organizaciones sociales.

Como ejemplo, relató su experiencia como integrante del Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, junto a otras representantes de regiones. Según explicó, solicitaron por escrito a la Secretaría Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos información sobre condenados por violaciones a los derechos humanos que solicitan beneficios carcelarios, pero recibieron como respuesta que la entrega de esos antecedentes no era de su competencia.

Ante esta situación, la presidenta de la AFEP pidió al Partido Comunista, al Partido Socialista y al Frente Amplio realizar conferencias de prensa conjuntas con las agrupaciones de derechos humanos para denunciar lo que calificó como un avance de la impunidad. En ese sentido, advirtió que las rebajas de penas y eventuales indultos ponen en riesgo el largo proceso de búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura.

Lira también cuestionó las rebajas de condenas otorgadas a condenados por crímenes de lesa humanidad y mencionó los casos de Miguel Arias Navarrete, Manuel Cabezas Pérez y César Acuña Luengo. La dirigenta sostuvo que estos beneficios resultan especialmente graves ante la falta de información sobre el destino de las víctimas y la ausencia de antecedentes que, según señaló, permitan esclarecer los crímenes cometidos.

“Este movimiento no solamente afecta a los familiares y a las víctimas, sino también a la sociedad en su conjunto”, enfatizó, subrayando que las consecuencias de la impunidad trascienden a quienes sufrieron directamente la represión y comprometen al conjunto del país.

La dirigenta extendió su preocupación a las víctimas de violencia sexual y a sus familias, señalando que la defensa de los derechos humanos debe comprender distintas formas de violencia y vulneración. Asimismo, insistió en que las organizaciones sociales deben fortalecerse y ampliar su presencia territorial para exigir respuestas y defender sus derechos.

“Las organizaciones tienen que reforzarse, donde no hay organizaciones hay que crearlas. Las organizaciones tenemos que reclamar nuestros derechos en las calles, cuando no nos escuchan, cuando no nos ven, cuando no nos toman en cuenta”, planteó.

Finalmente, Lira cuestionó las prioridades económicas del Ejecutivo y apuntó contra la política impulsada por el Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, con la megarreforma tributaria como ejemplo.

A juicio de Alicia Lira, las decisiones del Gobierno favorecen a los sectores de mayores recursos y desatienden las necesidades de las mayorías trabajadoras, en un escenario que, advirtió, requiere mayor organización social y movilización ciudadana.

La máxima autoridad de la U. de Chile profundizó en las razones para defender el financiamiento de la Universidad de Chile y de la educación pública ante las subcomisiones mixtas de Presupuestos que revisaron las partidas de Educación, Salud, Culturas y Ciencia, en el contexto de la discusión presupuestaria 2027. “Está en riesgo que las universidades podamos seguir aportando al país”, señaló la Rectora.

Las juventudes de la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista emitieron una declaración pública conjunta en la que rechazan “tajantemente” las rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a personas condenadas por abuso sexual y violación de niños, niñas y adolescentes. El documento, fechado el 22 de octubre, exige la renuncia del ministro Fernando Rabat.

Los firmantes enfatizan en que la responsabilidad no recae en el Poder Judicial, ya que la propia presidenta de la Corte Suprema Gloria Chevesich afirmó que las medidas se adoptaron mediante decretos dictados por el ministro.

“El ministro mintió”, afirman, exigiendo al gobierno de José Antonio Kast revertir de inmediato el criterio, asumir su responsabilidad y defender a las víctimas en los tribunales. También plantean dudas sobre una eventual intervención de terceros, presiones o negociaciones de las defensas de los condenados ante el ministro.

En un punto de prensa frente al ministerio, la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufin, cuestionó al gobierno, “llegaron al poder diciendo que iban a poner a los niños primero en la fila. Acá, los que están primero en la fila son los abusadores de menores”.

Además, ironizó con la falta de criterio político que mantiene el gobierno, sosteniendo que en el fondo se trataba de una decisión política, “acá ha habido una consistencia en mentirle al país, diciendo que esto se trataba de una jurisprudencia y asignándole la responsabilidad a la Corte Suprema. Pero la verdad es que acá hay una definición política de otorgar un indulto y rebajar la pena a violadores y abusadores de menores. Nosotros, las juventudes políticas del progresismo, vamos a denunciar aquello”.