El parlamentario comunista que representa al distrito 9, ha realizado una serie de conversatorios en las diferentes comunas de su distrito para involucrar a la ciudadanía en el debate de la mega reforma. 

“Nosotros hemos caracterizado súper bien que es una reforma de los súper ricos, pero creo que la gente no ha asimilado tan bien, que esta reforma la paga todo el resto del país” aseguró el congresal. 

Barrera también puntualizó que los alcaldes transversalmente se han opuesto a la mega reforma por el déficit de recursos que significa para el Fondo Común Municipal. “Es la plata que se usa para pavimentar las calles, para entregar el balón de gas, para entregar la caja de mercadería, para podar los árboles, para sacar la basura”, señala el parlamentario, quien además realizó un llamado abierto a la ciudadanía. 

“El pueblo, los trabajadores, las trabajadoras, nuestros vecinos no pueden seguir expectantes viendo como todo pasa por sus narices sin decir nada”, concluyó Barrera. 

El diputado Boris Barrera, explica el alza en la desaprobación del presidente José Antonio Kast, en la actitud del gobierno, que según sus palabras, “le está dando beneficios millonarios, ultra millonarios a costa de las personas, a costa de todos nosotros, del 99% de la población”. 

Levantamiento de secreto bancario: “Quien nada hace nada teme” 

El parlamentario también comentó las razones que esgrime la oposición para el levantamiento del secreto bancario y cuál sería el impacto para el combate del crimen organizado en el país de aprobarse dicha ley. 

“Los que integran la unidad de análisis financiero no son personas que las coloca el gobierno de turno”, aseguró el parlamentario, contraviniendo el argumento de Johannes Kaiser para rechazar esta medida. 

“Lo que decimos nosotros, es que el que nada hace nada teme, como lo dicen ellos cuando quieren revisar las mochilas de los niños en los colegios, entonces ahora si ellos no tienen actividades sospechosas no debieran porque preocuparse”, sentencia el diputado. 

Con un fuerte llamado a la ciudadanía a involucrarse en el debate de la mega reforma de los súper ricos, el diputado Boris Barrera concluyó su entrevista, asegurando que “el gobierno está haciendo todo lo posible para empeorar su situación”. 

• Las personas en el país duplican o triplican su consumo, considerando que el máximo recomendado es de 5 gramos. 

El consumo de sal en Chile es crítico, promediando entre 9 y 12 gramos diarios por persona, lo que duplica y casi triplica el máximo de 5 gramos recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así lo advirtió la directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca, Ángela Sánchez Aburto, quien explicó que esto se debe “principalmente al aumento del consumo de alimentos procesados que son atractivos por su bajo costo, como, por ejemplo: embutidos, conservas, quesos curados, aperitivos salados, salsas comerciales como soya, kétchup o mostaza, y comidas precocinadas, entre otros”.

“Más del 75% del sodio en la dieta proviene de productos procesados y comida rápida, ya que la usan para preservar alimentos y mejorar el sabor. La sal de mesa solo representa una pequeña parte”, recalcó.

Esta realidad contrasta con la alimentación saludable, cuyos alimentos son cada vez menos accesibles por problemas como el alza de combustibles.

La docente agregó que, en general, las personas tienen “poco tiempo disponible para preparar los alimentos y el sabor de ellos procesados es mucho más apetecible que un plato de ensalada o de verduras”.

Sánchez detalló que cuando hay un consumo excesivo de sal, las consecuencias para la salud pueden ser varias: provoca enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, infartos y accidentes cerebrovasculares. “También causa patologías como insuficiencia y cálculos renales, así como, genera una sobrecarga funcional de los riñones por retención de agua y sodio; lo que facilita un exceso de peso por retención de líquidos”, añadió.

La nutricionista de la UTalca hizo un llamado a la ciudadanía a privilegiar el consumo de alimentos saludables con cantidades suficientes de frutas, verduras y fibra dietética.

Según la OMS, las personas mayores de 10 años deben procurar consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día, así como al menos 25 gramos de fibra dietética natural presente en los alimentos.

De acuerdo con la académica, esta Organización Mundial propone algunas acciones que se pueden realizar como políticas públicas. “Hay intervenciones poblacionales efectivas que los gobiernos pueden aplicar para promover la reducción de la ingesta de sodio, incluyendo las políticas de reformulación para reducir este elemento, el etiquetado frontal de advertencia, las políticas de compras públicas y de servicio de alimentos, campañas de comunicación para el cambio de comportamiento y políticas para proteger a los niños del impacto dañino de la publicidad de alimentos, entre otras”.

Igualmente, hizo hincapié en la posibilidad de buscar otras alternativas como la implementación de impuestos en alimentos con excesivo contenido de sodio, así como la sustitución de la sal de mesa por compuestos bajos en sodio que contienen potasio para personas adultas en la población general.

El académico de la Universidad de La Serena, Cristian Araya-Jaime, explicó que un aumento de temperatura podría alterar ecosistemas y disponibilidad de recursos marinos, provocando posibles cambios en la distribución de especies y en la pesca artesanal.

El posible desarrollo de un fenómeno de El Niño con características similares al ocurrido entre 1997 y 1998 no solo mantiene la atención puesta en sus eventuales efectos climáticos, sino también en las consecuencias que podría generar en los ecosistemas marinos del país, ya que el aumento de la temperatura del océano podría modificar la disponibilidad de nutrientes, alterar las cadenas tróficas y provocar cambios en la distribución de distintas especies marinas, impactando tanto a la fauna oceánica como a la actividad pesquera.

Frente a este escenario, el académico de la Facultad de Ciencias de la USerena, Cristian Araya‑Jaime, aseguró que “si durante 2026 se configura un evento El Niño de alta intensidad, similar al de 1997–1998, uno de los principales efectos sería la llegada de aguas más cálidas al sistema de la Corriente de Humboldt, lo que puede debilitar la surgencia costera y reducir el aporte de nutrientes en el océano”.

Como consecuencia, añadió, “podría disminuir la productividad primaria, con menos fitoplancton, cambios en el zooplancton y menor disponibilidad de alimento para peces, aves y mamíferos marinos”.

El Doctor en Ciencias Biológicas, mención Genética, también puntualizó que “mientras algunas especies de aguas cálidas podrían ampliar temporalmente su distribución, las de afinidad fría tenderían a desplazarse hacia el sur o a mayor profundidad. Además, el aumento de temperatura podría generar una tropicalización temporal y cambios en las comunidades marinas”.

En relación a las consecuencias que podría tener el aumento de la temperatura del océano, el especialista dijo que “el calor acelera el metabolismo de los peces, por lo que necesitan más energía para mantener sus funciones básicas. Sin embargo, durante eventos intensos de El Niño suele disminuir la disponibilidad de alimento, obligando a muchos organismos a gastar más energía en un ambiente menos productivo”.

Los cambios de temperatura, explicó, pueden alterar los periodos de desove y afectar la viabilidad de huevos y larvas, mientras que el estrés térmico también puede impactar la supervivencia de distintas especies. En conjunto, estos procesos pueden modificar las cadenas tróficas y generar cambios en las pesquerías y ecosistemas marinos”.

En cuanto a los efectos que esto podría tener en la pesca, el investigador sostuvo que “podrían registrarse cambios en la distribución y disponibilidad de distintas especies, afectando zonas tradicionales de pesca. Durante el evento de 1997–1998, por ejemplo, el jurel presentó cambios importantes en su distribución, mientras que especies de aguas frías, como la merluza, podrían desplazarse hacia zonas más profundas”.

Para la pesca artesanal, uno de los principales desafíos sería la impredecibilidad, con mayores costos y menor éxito de captura. “Además, podrían registrarse floraciones algales nocivas o varazones, por lo que el monitoreo de variables como temperatura, oxígeno y distribución de peces resulta clave para anticipar impactos ecológicos y pesqueros”, remarcó.

Más de 110 estudiantes y una treintena de centros de estudiantes, junto a federaciones de Valparaíso, Talca, O’Higgins y la región metropolitana, participaron en el encuentro nacional de estudiantes secundarios.

En la instancia, se intercambiaron experiencias comunes sobre problemáticas que afectan a los establecimientos educacionales de todo el país. Además, se acordó crear la Red Nacional de Centros de Estudiantes (Renace), organización que tendrá por objetivo, “mejorar la coordinación entre centros de estudiantes y organizaciones territoriales, generando espacios más efectivos”. 

La mesa federativa quedó conformada por 6 integrantes; Carlos Traverso, coordinador nacional, León Arratia, vocero nacional, Martín Gutiérrez, secretario general, Eloy Zeggers, secretario de actas, Martín Riquelme, secretario de difusión y Gabriel Valdenegro, director de convivencia. 

El vocero nacional, León Arratia, estudiante de 16 años, presidente de alumno del Liceo Francisco Miranda de Peñalolén y militante de las Juventudes Comunistas declaró: “Esta nueva red es una gran ganada para el movimiento secundario, necesitamos y seguiremos trabajando en fortalecer la organización para defender nuestros derechos”. 

Renace se plantea como una organización que llega a llenar un vacío que dejó la extinta Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) que se sostuvo como una articuladora muy potente tanto en la Revolución Pingüina, como durante el movimiento estudiantil de 2011 y que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES nunca ha logrado capitalizar.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer un nuevo informe que muestra cómo la ciudadanía está usando cada vez más la Ley de Transparencia para pedir información a sus municipalidades. Según el estudio, las solicitudes de acceso a información pública dirigidas a municipios pasaron de 2.440 al año en 2013 a 113.502 en 2024, el registro anual más alto del período analizado.

El informe, elaborado por la Unidad de Estudios y Relacionamiento Institucional del CPLT, busca encontrar relaciones entre la capacidad de los municipios para responder a solicitudes y publicar la información exigida por la Ley de Transparencia (transparencia activa); la demanda de las personas por información vía solicitudes; y el contexto local de estas, dado por su ruralidad, nivel de pobreza, grado de digitalización y participación electoral.

Se analizaron 779.181 solicitudes ingresadas entre 2013 y 2024, que fueron dirigidas a 336 municipalidades del país adscritas al Portal de Transparencia del Estado. La investigación revela que los municipios son una de las principales puertas de entrada para que las personas ejerzan su derecho a saber, ya que concentran más de un tercio de todas las solicitudes de información pública a nivel nacional en el período estudiado.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “estos datos muestran que la ciudadanía está preguntando más que nunca a sus municipios. Las personas quieren saber cómo se gastan los recursos públicos, qué contratos existen, cómo se toman las decisiones locales y qué pasa con temas que afectan directamente su vida cotidiana, tales como permisos, beneficios o programas sociales”.

El estudio detecta una serie de paradojas. Constata, en primer lugar, que, aunque los municipios han mejorado fuertemente los niveles de publicación de información en sus sitios web —pasando de un cumplimiento en transparencia activa de 54% en 2013 a 78% en 2024—, las solicitudes siguieron aumentando. Para el CPLT, esto muestra que no basta con publicar más datos: la información debe ser clara, útil, fácil de encontrar y responder a las preguntas reales de las personas.

Al respecto, Natalia González agregó que “Estos resultados refuerzan la idea que hemos venido señalando: necesitamos una modernización de la Ley de Transparencia. Nuestra propuesta busca fortalecer la transparencia activa, avanzando hacia una publicación proactiva de información pública relevante, en formatos de datos abiertos y reutilizables. En definitiva, ganar en calidad del dato publicado y simplificar a las personas la búsqueda de información pública que hoy tiene que hacer”.

El informe muestra además que el uso de la Ley de Transparencia no se distribuye por igual en todos los territorios. En números absolutos, las municipalidades con más solicitudes entre 2013 y 2024 son principalmente grandes comunas de la Región Metropolitana o capitales regionales, como Antofagasta, Santiago, Las Condes, Maipú y Providencia, que son las que mayor cantidad de solicitudes han recibido. Sin embargo, cuando las cifras se ajustan por población en cantidad de solicitudes por cada 10.000 habitantes, el mapa cambia: comunas con baja población, muchas de ellas rurales o aisladas, aparecen con un uso mucho más intenso del derecho a saber, con casos como Río Verde, Timaukel, Ollagüe, Laguna Blanca, Lago Verde y Tortel, que se ubican en la parte superior del ranking.

El estudio identifica asimismo una correlación clara entre ruralidad y uso de la Ley de Transparencia: a mayor ruralidad, mayor tasa de solicitudes por cada 10.000 habitantes. También muestra que en comunas con menor digitalización tiende a registrarse un uso más intenso de solicitudes formales, lo que sugiere que, en territorios con menos herramientas digitales disponibles, la ciudadanía recurre más a este mecanismo para obtener información pública.

En materia de respuesta, el informe muestra que las municipalidades mantienen un desempeño general relativamente positivo. En 2024, entregaron respuesta en el 91,9% de las solicitudes, es decir, en 9 de cada 10 requerimientos ingresados. Además, la mediana de respuesta se mantuvo entre 17 y 19 días hábiles durante el período analizado, menor al plazo legal de 20 días (ampliable en 10 días en caso de prórroga). Sin embargo, el promedio en los tiempos de respuesta superó el referido plazo legal.

Adicionalmente, el estudio comprende un análisis de tópicos de las solicitudes recibidas por las municipalidades en el 2024, a fin de entender cuáles son las materias más requeridas por las personas. La indagación arroja que “obras/DOM (Dirección de Obras Municipales)” con el 22% y “permisos de circulación” con el 17%, predominan. Los siguen “participación ciudadana” con un 15%, y “contratos/recursos humanos” con cerca del 10%.

El Consejo señaló que estos hallazgos refuerzan la necesidad de modernizar la Ley de Transparencia, mejorar la calidad de la información publicada y avanzar hacia herramientas más simples y accesibles para la ciudadanía. La meta, enfatizaron, es que cualquier persona, sin importar la comuna donde viva, pueda ejercer efectivamente su derecho a saber.

Revisa el estudio

El integrante de la comisión política del Partido Comunista, aseguró que las grandes deudas que mantiene el país no provienen de las familias trabajadoras, ni de los estudiantes con crédito con aval del Estado. “Las deudas grandes de este país, que tienen que ver con el crecimiento y la economía, provienen de los grandes consorcios que nunca han pagado un peso, al contrario han robado, robado y robado”. 

El dirigente comunista recalcó que, “en la mayoría de los casos de las personas que no han podido pagar, no es que no hayan querido, no han podido”, agregando que, “habrá algunas personas que no han querido, siempre hay personas que le buscan por el lado, la mayoría de las veces son los ricachones, o la gente vinculada al narco o la gente que no quiere que levanten el secreto bancario”. 

James Sinclair embajador de Chile en la Santa Sede

El gobierno de Chile designó a James Sinclair como embajador en El Vaticano, quien ha sido cuestionado públicamente por parlamentarios de oposición, por estar presuntamente involucrado en la quema de archivos y documentos de la Central Nacional de Informaciones, el último organismo represor de la dictadura. 

Juan A. Lagos, declaró que, “Si hay una embajada importante del punto de vista de la incidencia en todos los procesos internacionales es la del Vaticano. Yo diría que un mínimo de resguardo, un mínimo de consideración”, añadiendo que, “con una persona de estas características, las cosas no parten bien”. 

Gabriel Zaliasnik: Investigado por fiscalía, ferviente hostigador de Jadue y el PC 

El embajador de Chile en Israel Gabriel Zaliasnik está siendo investigado por la Fiscalía, debido a antecedentes que lo relacionarían con intervenciones en fallos judiciales de la Corte Suprema, pese a esta situación el gobierno lo ratificó como embajador. 

Zaliasnik, mantenía una relación muy cercana con Luis Hermosilla, ex asesor del ministerio del Interior, y en el contexto del Estallido Social, le habría pedido a Hermosilla, efectuar seguimientos, intervenir teléfonos y hostigar a diferentes dirigentes de izquierda; Karol Cariola, Hugo Gutiérrez, Gabriel Boric, entre otros. Sin embargo, el que más interés le despertaba era Daniel Jadue. 

Juan A. Lagos señala que, “el actual embajador de Chile en Israel nombrado por este gobierno, es una persona que hace mucho rato, viene ejerciendo este tipo de poderes fácticos, arbitrarios, antidemocráticos, en contra de personas y Partidos y organizaciones”. 

“¿De dónde viene que la ciudadanía mayoritariamente en Chile dice: En Chile no hay justicia y en Chile hay justicia para ricos y para pobres, esa es la apreciación que tiene la mayoría de la ciudadanía chilena, es por este tipo de cosas”, sentencia Juan A. Lagos.

El dirigente además realizó un nexo entre la persecución sufrida por Jadue y por muchos dirigentes más del Partido Comunista, en donde destaca los nombres de Karol Cariola e Irací Hassler 

Finalmente el dirigente comunista señaló que se está llegando a un punto crítico, en cuanto a persecución judicial contra dirigentes de izquierda, tanto en Chile como en América Látina. 

En Chile aumenta la inquietud ciudadana por la continuidad de los programas sociales y baja la prioridad por el control migratorio.

Latinoamérica es la región del mundo que más preocupación tiene frente al crimen, el desempleo y la corrupción, según el informe mensual de Ipsos, “What Worries the World?” (Preocupaciones del Mundo), que recoge la percepción de alrededor de 25 mil personas en 30 países sobre los temas que generan mayor inquietud en la ciudadanía.

Los ciudadanos latinoamericanos muestran niveles de preocupación por encima del promedio mundial en los ámbitos de crímenes y violencia (51% en la región frente al 31% global), desempleo (36% vs. 29%) y corrupción financiera o política (35% vs. 27%).

Detrás de estos promedios se registran especificidades locales. Por ejemplo, Perú se mantiene como el país más preocupado del mundo por el crimen y la violencia (66%), seguido en la región por México (57%) y Chile (56%).

Por su parte, Argentina lidera la preocupación por desempleo en la región con un 57%, al registrar un aumento de 11 pp. en un año. En este mismo país, le sigue la pobreza y desigualdad social, que alcanza el 44%.

Si bien Brasil se ubica en el extremo opuesto, presentando solo un 16% de preocupación por desempleo, sus dos principales inquietudes son el crimen (48%) y la corrupción (37%). 

Este último tema, la corrupción, no se ubica como la primera inquietud en ninguno de los seis países de la región medidos. Pero presenta transversalmente un alto nivel de inquietud en todos ellos, con al menos 1 de cada 4 encuestados en América Latina que lo menciona (25% en Chile es el menor, y 52% en Perú el más alto).

Optimismo y situación económica en Chile

En Chile se observan variaciones anuales importantes, como el alza en la preocupación por la mantención de los programas sociales (+16 pp.) y la baja en lo referido al control de la inmigración (-22 pp.).

Respecto a la percepción sobre el rumbo del país, un 42% de los chilenos afirma que el país va en la dirección correcta, aunque solo un 24% de los encuestados califica la situación económica como buena.

Junto con Argentina, Chile tiene la peor percepción sobre la situación económica actual de su país, pero ambos registran el mayor porcentaje de personas creen que las cosas van en la dirección correcta entre los países de América Latina.

“Los indicadores de Chile en nuestra encuesta dan cuenta de cómo los ciudadanos se están acomodando al relato de este gobierno, el cual inició con un énfasis en controlar la inmigración irregular y en ordenar las arcas fiscales. Esto último ha tenido repercusiones económicas que los chilenos perciben, pero que pareciera no debilitar del todo la confianza de muchos de ellos todavía”, analiza el CEO de Ipsos Chile, Nicolás Fritis.