• La acción constitucional contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y solicita que se declaren ilegales y arbitrarios los decretos del Ministerio de Justicia y que se adopten medidas para garantizar la seguridad y protección de las víctimas.

Santiago, 30 de octubre de 2026.– La Defensoría de la Niñez presentó esta tarde un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a raíz de las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La acción judicial solicita declarar ilegales y arbitrarias los actos administrativos, dejando sin efecto los decretos impugnados, al considerar que amenazan y perturban los derechos a la libertad personal y seguridad individual de las víctimas.

En concreto, la Defensoría pide que el tribunal ordene dejar sin efecto los decretos correspondientes a las causas individualizadas en el recurso y que el Ministerio adopte las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto. Asimismo, solicita que se informe a los respectivos Juzgados de Garantía para que determinen las medidas que correspondan para el cumplimiento efectivo de las penas impuestas, incluidas eventuales órdenes de detención, si procede.

La acción judicial cuestiona el cambio de criterio aplicado por el Ministerio de Justicia para conceder estos beneficios, pese a que la Ley N.º 19.856 (modificada por las leyes N.º 21.421 y N.º 21.522) establece exclusiones expresas para determinados delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. El recurso también advierte que el propio Ministerio había sostenido anteriormente una interpretación contraria al otorgamiento de estos beneficios en casos de similares características, criterio respaldado en distintas resoluciones de la Excma. Corte Suprema.

Uno de los principales fundamentos de la presentación es que las decisiones del Ministerio no habrían considerado ni ponderado el interés superior del niño, niñas y adolescentes víctimas ni evaluado adecuadamente los riesgos para su seguridad, especialmente en aquellos casos en que las personas condenadas ya recuperaron su libertad. Según sostiene el recurso, esta omisión afecta la integridad física y psicológica de las víctimas, así como su libertad para desarrollar sus vidas en condiciones de seguridad.

Al respecto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que “No estamos solo frente a una discusión sobre beneficios penitenciarios, sino que también estamos frente a decisiones del Estado que pueden afectar directamente la seguridad y los derechos de quienes fueron víctimas de graves delitos sexuales. Por eso hemos acudido a la justicia, porque consideramos que estas rebajas deben quedar sin efecto y que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas para proteger a las víctimas. No basta con explicar por qué se concedieron estos beneficios; también hay que responder qué se está haciendo para resguardar a quienes sufrieron estos delitos”.

La Defensoría sostiene que estas decisiones contravienen las obligaciones de protección de las víctimas establecidas en la Ley de Garantías de la Niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas normas exigen considerar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, así como resguardar su seguridad, protección y recuperación frente a la violencia sexual.

El recurso también solicita que la Corte ordene al Ministerio de Justicia coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la activación de medidas de protección para las víctimas, además de entregar los antecedentes requeridos por la Defensoría el 22 de octubre, cuya respuesta seguía pendiente al momento de presentar la acción judicial, pese a que el plazo venció el 29 de octubre.

Finalmente, la institución solicitó mantener en reserva los antecedentes que permitan identificar a las víctimas, para evitar su revictimización, en el marco de su mandato legal y autónomo de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La presentación de esta acción judicial forma parte del mandato legal y autónomo de la Defensoría de la Niñez de promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de observar la actuación de los órganos del Estado cuando sus decisiones puedan comprometer esos derechos.

El economista y director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), Fernando Carmona, alertó sobre el deterioro de la actividad económica y sostuvo que los últimos registros del Imacec dan cuenta de un escenario de recesión técnica. Asimismo, cuestionó la estrategia económica del Gobierno y advirtió que un Presupuesto restrictivo podría profundizar el estancamiento.

El economista y director del ICAL, Fernando Carmona, analizó las últimas cifras de actividad económica y advirtió que el desempeño del Imacec confirma un escenario particularmente complejo para la economía chilena.

A juicio del especialista, el registro de 0,2% debe analizarse en conjunto con las caídas observadas durante los meses anteriores.

“Ya habíamos caído un 1% en agosto y un 1,5% en julio. Entonces, de todas maneras, este trimestre va a ser negativo. Con eso tendríamos tres trimestres negativos de crecimiento económico. Eso sigue siendo una recesión técnica”, señaló.

Carmona apuntó además a la debilidad que experimenta el mercado laboral, advirtiendo que, de mantenerse la tendencia actual, la tasa de desocupación podría alcanzar los dos dígitos hacia finales de año.

En ese contexto, sostuvo que la menor generación de empleo y el debilitamiento de los salarios terminan repercutiendo directamente sobre la capacidad de consumo de las familias, dificultando a su vez una recuperación de la actividad económica.

Críticas a la estrategia económica del Gobierno

El director del ICAL cuestionó la estrategia impulsada por el Ejecutivo, la que, a su juicio, descansa principalmente en generar mejores condiciones para la inversión privada mediante una reducción de las regulaciones y una mayor rentabilidad para las empresas.

Según explicó, la apuesta gubernamental supone que, al reducir las trabas para invertir y disminuir la carga tributaria de las empresas, estas utilizarán esos mayores recursos para impulsar nuevas inversiones y contrataciones.

Sin embargo, Carmona sostuvo que esta lógica enfrenta un problema fundamental: las empresas invierten principalmente cuando consideran que existen condiciones económicas que les permitirán obtener retornos.

“Los empresarios solo invierten cuando el escenario económico es propicio para esa inversión, es decir, cuando perciben que la inversión que van a hacer va a tener retornos porque tienen una economía que está creciendo”, afirmó.

Para el economista, una economía estancada, con mayor desempleo y menor capacidad de consumo, reduce precisamente los incentivos que podrían llevar a las empresas a materializar las inversiones proyectadas por el Ejecutivo.

“Las posibilidades de que la inversión que proyecta el Gobierno se genere son, en realidad, bastante más bajas de lo que ellos esperan”, indicó.

Carmona añadió que, mientras un Estado puede pensar inversiones y políticas con horizontes de diez años o más, las empresas suelen exigir retornos en períodos considerablemente más cortos.

Por ello, calificó como “optimista” el escenario económico planteado por el ministro de Hacienda y el Presidente de la República.

“Lo que hemos visto en este último tiempo es que los escenarios optimistas no son los que se están cumpliendo. Sobre todo con esta debilidad en el mundo laboral, tanto por el empleo como por los salarios”, manifestó.

Un Presupuesto que “en realidad está decreciendo”

El economista también abordó el debate presupuestario y cuestionó la afirmación de que el gasto público crecerá durante el próximo año.

Carmona sostuvo que, aunque oficialmente el Presupuesto de la Nación registra una expansión de alrededor de 1,5%, una parte importante de ese incremento estaría asociada al servicio de la deuda.

“El Presupuesto de la Nación está oficialmente creciendo al 1,5%, pero cuando uno va a mirar la composición de ese Presupuesto se da cuenta de que, en realidad, lo que crece es el pago de la deuda, el servicio de la deuda”, explicó.

De acuerdo con su análisis, si se descuenta ese componente y se observa específicamente la evolución del gasto y la inversión pública, el resultado sería un Presupuesto contractivo.

“Cuando uno va a ver el gasto público y la inversión pública, eliminando ese ítem de servicio de deuda, la verdad es que este es un Presupuesto que decrece; es decir, gasta menos que el Gobierno anterior”, sostuvo.

Carmona mencionó, además, reducciones presupuestarias en gobiernos regionales y en áreas como Cultura, Ciencia y distintos programas vinculados a Salud y organizaciones sociales.

Propuestas del Partido Comunista

Para el director del ICAL, reducir el gasto y limitar la inversión pública en medio de un escenario de estancamiento económico puede terminar profundizando el ciclo negativo.

Según explicó, este tipo de medidas corresponden a lo que en economía se denomina políticas procíclicas: aquellas que, en vez de contrarrestar una desaceleración, terminan reforzándola.

“Si yo le agrego a esto un Presupuesto que además es restrictivo, lo que debiera suceder es que esto acelerara el ciclo de estancamiento económico”, señaló.

Frente a este escenario, Carmona sostuvo que la alternativa planteada desde el Partido Comunista apunta en la dirección contraria: aplicar políticas anticíclicas y utilizar el gasto y la inversión pública como herramientas para sostener la actividad.

“Cuando la economía se cae, lo que tiene que hacer el Gobierno, o el Presupuesto en este caso, es sostener la economía, aumentar su espacio de gasto público e inversión pública y, de esa manera, jugar un papel reactivador”, concluyó.

La Vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género de la Central calificó de insuficientes las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo y llamó a discutir la propuesta de un Fondo Nacional de Cuidados Integrales. “El Seguro de Cesantía no se puede tocar. Es la red de protección de millones de familias frente al desempleo”, recalcan desde la multisindical._

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a través de su Vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género, calificó como insuficiente el nuevo paquete de indicaciones que el Gobierno ingresó al proyecto de Sala Cuna Universal, que rebaja de 0,35% a 0,3% la cotización destinada a financiar el beneficio, pero mantiene al Seguro de Cesantía como su principal fuente de recursos.

La propuesta del Ejecutivo conserva en 0,15% la reasignación del aporte patronal que hoy va al Fondo de Cesantía Solidario y reduce, sin eliminar, el uso de la cotización de las cuentas individuales de las y los trabajadores.

“El Gobierno movió una coma, pero no cambió el fondo del problema. Bajar la cotización de 0,35% a 0,3% no resuelve lo esencial: se sigue echando mano a los ahorros que protegen a las y los trabajadores cuando pierden su empleo”, afirmó Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT.

La dirigenta sostuvo que el diseño insiste en trasladar a la clase trabajadora el costo de un derecho social. “No pueden ser las y los trabajadores quienes paguen una suerte de impuesto por el cuidado de sus hijos e hijas. La sala cuna es un derecho de la niñez y una condición para la autonomía económica de las mujeres, no un gasto que deba salir del bolsillo de quienes trabajan”, señaló.

Palma recalcó que la Central ha sido clara desde el inicio de la tramitación. “El Seguro de Cesantía no se puede tocar. Es la red de protección de millones de familias frente al desempleo, y debilitarlo en un escenario de incertidumbre laboral es una irresponsabilidad”, advirtió.

Agregó que esta postura no es exclusiva del mundo sindical. “Hoy existe un consenso transversal: parlamentarios de distintas bancadas han advertido que el Seguro de Cesantía no puede ser afectado. Incluso el propio Gobierno reconoce que la reducción al Fondo Solidario no puede ir más allá de un límite. Eso confirma que se está tensionando un instrumento que no fue diseñado para esto”, indicó.

Frente a este escenario, la CUT reiteró su propuesta de crear un Fondo Nacional de Cuidados Integrales, con financiamiento solidario y responsabilidad del Estado, que permita garantizar una sala cuna realmente universal sin recurrir al Seguro de Cesantía ni encarecer la contratación de mujeres.

“Tenemos una propuesta seria y viable sobre la mesa. Le pedimos al Gobierno que deje la tozudez y abra un diálogo real sobre el Fondo Nacional de Cuidados Integrales. Si de verdad quiere aprobar esta ley antes de febrero, el camino es escuchar a las trabajadoras y no seguir parchando un mal diseño”, emplazó Palma.

La vicepresidenta de la CUT concluyó que la Central seguirá articulando a organizaciones sociales y sectores políticos. “Queremos sala cuna, y la queremos ya, pero con derechos, con financiamiento justo y sin poner en riesgo la protección de quienes pierden su trabajo”, finalizó.

Cada año Chile genera cerca de 220 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, más de 10 kilos por habitante, la cifra más alta de Latinoamérica. Según el Ministerio del Medio Ambiente, solo el 4,1% se recicla.

El último trimestre concentra buena parte de la renovación tecnológica. El CyberMonday de octubre reunió a más de 500 marcas, entre ellas fabricantes de computadores y celulares, y en noviembre llega el Black Friday. Muchas empresas aprovechan además el presupuesto que les queda antes del cierre del año para cambiar equipos. Lo que casi nunca se planifica es qué pasa con los que salen de uso.

En mayo se publicó el decreto de la Ley REP para pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Fija metas de recolección y valorización que parten en 3% y llegan a 45% al décimo año, y empiezan a exigirse en 2028. Mientras tanto, la mayor parte de estos residuos sigue sin un destino trazable.

En las oficinas el problema se repite: notebooks que nadie volvió a usar, monitores, impresoras, cables y teléfonos que se van acumulando año tras año. “Fin de año es cuando las empresas ordenan, se cambian de oficina o cierran sucursales, y ahí aparece todo lo que guardaron por si acaso. Es un Diógenes corporativo: nadie quiere botarlo porque no sabe dónde, y termina ocupando espacio por años”, explica Juan Ianchina, gerente comercial de la gestora Bendito Residuo, que en 2025 gestionó 1.428 toneladas de residuos, un 44% más que en 2023.

A esto se suma un riesgo menos visible: los discos duros y celulares corporativos guardan correos, contratos y datos de trabajadores y clientes. Si un equipo se bota o se vende sin borrar la información, esos datos quedan expuestos.

La gestora opera con retiros SPOT, servicios puntuales que no requieren contrato permanente. Incluyen el retiro de equipos electrónicos, mobiliario y material corporativo, la destrucción confidencial de documentos y el vaciado de oficinas, bodegas o sucursales, con certificado de destrucción y trazabilidad del destino final.

“La mayoría de las empresas cree que deshacerse bien de sus equipos es caro o complicado. En la práctica, basta una cotización y un retiro para cerrar el año con la bodega vacía, los datos borrados y la certeza de que el material se recicló”, agrega Ianchina.

Para el cierre de año, desde la gestora recomiendan hacer un inventario de los equipos en desuso, borrar o destruir de forma certificada los dispositivos de almacenamiento y exigir trazabilidad del destino final, sin esperar a 2028 para empezar.

Aunque las familias encuestadas respaldan ampliamente la educación sexual integral como herramienta para prevenir la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, persisten brechas en formación docente y estrategias preventivas en los establecimientos estudiados. Así lo revela un informe del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y Fundación Chile Necesita ESI, que advierte que muchas veces se actúa cuando los casos ya ocurrieron.

• A veinte años del caso Claude Reyes: expertos analizan los desafíos del acceso a la información en la era digital

A veinte años de la sentencia Claude Reyes vs. Chile, que marcó un precedente histórico al reconocer el acceso a la información pública como un derecho humano en Chile y Latinoamérica, la Oficina Regional de Unesco Santiago, la Escuela de Gobierno UC y el Consejo para la Transparencia reunió a representantes de organismos internacionales, instituciones públicas, academia y sociedad civil para reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrenta la transparencia en América Latina.

“Claude Reyes nos recordó que la información en poder del Estado no pertenece al Estado, sino a las personas. Ese cambio, que parece simple, transformó la relación entre ciudadanía y poder público: pasamos de la discrecionalidad a la obligación de justificar” fueron las palabras inaugurales del director de la Escuela de Gobierno UC, Eduardo Valenzuela. Agregó que el aporte de la academia es “generar conocimiento, promover el encuentro entre perspectivas diversas y formar profesionales capaces de abordar los problemas públicos con rigor, apertura y sentido democrático. Porque no existe buen gobierno sin transparencia, pero tampoco sin evidencia, deliberación y diversidad de miradas”.

La directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, Esther Kuisch Laroche, destacó que los 20 años de la sentencia Claude Reyes vs. Chile constituyen una oportunidad para reconocer los avances que ha experimentado América Latina en materia de transparencia y acceso a la información, así como para reflexionar sobre los desafíos que persisten. Una de ellas, el desarrollo de nuevas plataformas digitales y la Inteligencia Artificial, “estas transformaciones ofrecen nuevas oportunidades, pero también plantean interrogantes sobre la transparencia, la confiabilidad de la información, las desigualdades digitales y la capacidad de las personas para desenvolverse de manera crítica en estos entornos”, concluyó.

Durante el evento, se reconoció a quienes presentaron el recurso el año 2006: Marcel Claude, Sebastián Cox, y Arturo Longton; y a los abogados que defendieron la causa: Juan Pablo Olmedo, Ciro Colombara, y Moises Sánchez.

Acceso a la información y democracia

El primer panel estuvo compuesto por Guilherme Canela, director de la División de Inclusión y Políticas Digitales y Transformación Digital, UNESCO (París); Manuel Sánchez de Diego, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y experto en estos temas; María Jaraquemada, presidenta del Consejo para la Transparencia (Chile); y Paulette Desormaux, vicepresidenta América Transparente y profesora de la Facultad de Comunicaciones UC.

“A dos décadas del fallo Claude Reyes vs. Chile, el acceso a la información pública no puede limitarse únicamente a responder solicitudes ciudadanas: el gran desafío hoy es fortalecer la transparencia proactiva. Reflexionamos sobre la necesidad de que el Estado ponga a disposición de las personas información oportuna, comprensible y de calidad, un compromiso que cobra aún más relevancia frente a la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la exigencia de explicabilidad en el sector público”, indicó María Jaraquemada presidenta del Consejo para la Transparencia.

Los panelistas coincidieron en avanzar hacia modelos de transparencia activa, donde la información de interés público esté disponible de manera simple y accesible, reduciendo las barreras para que las personas puedan encontrarla, comprenderla y utilizarla.

Asimismo, se abordaron las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para facilitar el acceso a la información y agilizar procesos, junto con la necesidad de resguardar principios fundamentales como la máxima divulgación y la transparencia como criterio rector de la actuación pública. La conversación también puso énfasis en que el acceso a la información debe ir más allá de la mera entrega de documentos, contribuyendo a una comprensión efectiva de los asuntos públicos y al fortalecimiento de la libertad de expresión, el pluralismo y la rendición de cuentas.

Del caso Claude Reyes a la consolidación del derecho en América Latina

El segundo panel analizó el impacto regional que tuvo la sentencia Claude Reyes vs. Chile en la consolidación del acceso a la información como un derecho humano reconocido por el sistema interamericano. Participaron Mónica Reinoso Curay, Coordinadora General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Defensoría Pública del Pueblo (Ecuador); Eduardo Luna, exdirector general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú; Jorge Jaraquemada, director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán; y Gloria de la Fuente, profesora Escuela Gobierno UC.

Los expositores destacaron el cambio conceptual que implicó situar a las personas en el centro de este derecho, estableciendo que corresponde al Estado justificar de manera excepcional las razones para restringir información y no a la ciudadanía demostrar por qué la requiere. También se relevó el carácter instrumental del acceso a la información, en tanto permite ejercer otros derechos y fortalece la participación ciudadana y el control democrático.

Junto con reconocer los importantes avances registrados durante las últimas dos décadas, los panelistas coincidieron en que uno de los desafíos pendientes es avanzar desde una lógica predominantemente reactiva hacia modelos más proactivos de transparencia. Esto implica ampliar la difusión de información pública, reducir los espacios de opacidad institucional y garantizar que los datos y antecedentes de interés público sean accesibles para las personas antes de que deban solicitarlos.

Transparencia, inteligencia artificial e información de interés público

El tercer panel abordó los desafíos que plantea el rápido desarrollo de la inteligencia artificial para el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Los expositores coincidieron en que, lejos de asumir una mirada fatalista frente a estas tecnologías, es necesario avanzar en marcos regulatorios y capacidades institucionales que permitan aprovechar sus oportunidades y mitigar sus riesgos.

Alberto Coddou, profesor de College y la Escuela de Gobierno UC, enfatizó en la oportunidad de que Chile asuma un liderazgo en esto, gracias a los datos que ya tiene a diferencia de otros países pertenecientes a la OEA, entidad que él asesora.

En el mismo panel se encontraba Patricia Diaz Rubio, directora ejecutiva Wikimedia, quien señaló que el elefante de la habitación es que los entusiastas de la IA no están participando de estas conversaciones más críticas. Con el uso de la IA, “Ese ideario de optimización no sé si es lo mejor. La democracia tiene mucho de deliberación y de humano. Tenemos que ir en la línea de lo colectivo”, agregó. Idea con la que coincidió Marco Mendiburu, consultor regional de la UNESCO de Argentina., también parte del panel. “El diálogo entre personas es fundamental, y la colaboración. Los órganos garantes tienen que profundizar sus conocimientos de la IA”, sostuvo.

Samuel Meza Vásquez – Director Departamento Ciencias Clínicas y Preclínicas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)

La leche humana es un alimento completo, seguro y siempre disponible. En una región como la nuestra, que ha vivido terremotos, tsunamis e incendios, proteger la lactancia es proteger la seguridad alimentaria. Para el 27/F, la zona afectada tenía más de 30.000 embarazadas y cerca de 300.000 niños menores de 6 años atendidos en el sistema público de salud. Cada uno de ellos y sus familias necesitaban alimentarse. 

La leche humana no necesita agua, ni cocina, ni electricidad, ni camiones que transporten y conviene mirarla como una pieza central de la seguridad alimentaria. La leche madura tiene cerca de 88% de agua, así que niños y niñas amamantados reciben el líquido que necesitan. Los hidratos de carbono rondan los 7 gr. por 100 ml. La grasa llega a unos 3,8 gramos por 100 ml. La leche materna entrega cerca de 69 kcal por 100 ml. 

Análisis identifican 1.606 proteínas distintas, entre ellas lactoferrina e inmunoglobulinas, relacionadas con la defensa inmunológica y con el desarrollo del intestino y del sistema nervioso, así mismo, este alimento contiene enzimas que ayudan a digerir, algo muy valioso en las primeras semanas postparto. La leche materna es un fluido vivo y cambiante que se moldea a los requerimientos de niños y niñas. Dicho de otro modo, cada toma es alimento, hidratación y protección en un solo gesto.

La seguridad alimentaria entendida como acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. De esta manera, en situaciones de catástrofes, es relevante estar preparados, integrando la alimentación de niños y niñas menores en la preparación ante desastres. Entre las acciones basadas en la evidencia, encontramos: Incluir la alimentación de los lactantes en los planes de emergencia comunales y de los servicios de salud, capacitar a equipos de salud en consejería de lactancia materna y en relactación, que es volver a producir leche tras haber dejado de amamantar. 

Mantener juntos a la madre y su hijo o hija, tanto en hospitales o albergues, y crear espacios para amamantar. Alimentar e hidratar adecuadamente a la mujer que amamanta. Instruir a las familias, que seguir amamantando suele ser la forma más segura de alimentar a niños y niñas pequeños, cuando faltan agua y energía, y que pedir ayuda no es un fracaso.

La próxima emergencia no avisará. Lo que sí podemos hacer es llegar preparados, con equipos de salud capacitados, que sepan apoyar a las madres y familias a comprender que su leche, también en el peor día, sigue siendo un alimento seguro.