Cerca de 300 estudiantes de todo el país participaron el sábado 11 de abril en el Primer Encuentro Nacional de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), realizado en la Universidad Alberto Hurtado, instancia en la que se definieron los lineamientos que orientarán el accionar del movimiento estudiantil durante el presente período.

La jornada reunió a federaciones, dirigencias y representantes de distintas universidades y regiones, consolidándose como un espacio de articulación nacional para abordar los desafíos de la educación superior y el rol del estudiantado frente al actual escenario político.

Desde la vocería, el movimiento estudiantil reafirmó su disposición al diálogo con las autoridades y su respaldo a iniciativas orientadas al fortalecimiento de la educación pública. Sin embargo, advirtieron que mantendrán una posición crítica ante cualquier retroceso en derechos sociales, especialmente en el ámbito educativo, como eventuales recortes a la gratuidad o a la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).

“El movimiento estudiantil nunca se ha cerrado al diálogo y la CONFECH no lo hará ahora”, señalaron. En esa línea, el vocero de la CONFECH, Diego Torres, sostuvo que “la educación superior debe responder a las necesidades sociales y no al mercado”, destacando uno de los principales acuerdos del encuentro.

Asimismo, desde la CONFECH enfatizaron que la gratuidad “no es un favor hacia las clases populares, sino una conquista histórica del movimiento estudiantil”, advirtiendo que no permitirán que se transforme en un beneficio condicionado o sujeto a restricciones.

En materia de financiamiento, el movimiento estudiantil cuestionó el modelo vigente, señalando que reproduce desigualdades e incentiva la mercantilización del sistema. En ese sentido, plantearon la necesidad de avanzar hacia un modelo que conciba la educación como un derecho social, con acceso universal, gratuito, inclusivo y no sexista, donde el Estado cumpla un rol protagónico en la planificación, financiamiento y regulación de la educación superior.

Asimismo, enfatizaron la importancia de redistribuir los recursos en función de las necesidades reales del estudiantado y las instituciones, y no únicamente en base a la matrícula, junto con fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización, especialmente en instituciones privadas que reciben fondos públicos.

Durante el encuentro, también se abordaron ejes vinculados a género y diversidades, donde se reafirmó la necesidad de consolidar una agenda feminista permanente al interior del movimiento estudiantil, fortaleciendo espacios organizativos, protocolos contra la violencia de género y la implementación efectiva de normativas vigentes. En esa línea, se relevó la importancia de avanzar hacia transformaciones culturales profundas en las comunidades educativas.

Otro de los puntos abordados fue la precarización de las carreras artísticas, culturales y deportivas, donde se advirtió sobre la desvalorización estructural de estas disciplinas. Frente a ello, el movimiento estudiantil planteó la necesidad de visibilizar su aporte al desarrollo social, así como impulsar políticas públicas que fortalezcan su financiamiento, formación y proyección laboral.

Durante el encuentro, también se reafirmó que la educación superior debe estar al servicio de las transformaciones sociales del país, posicionándose como una herramienta clave para enfrentar la desigualdad y la exclusión. En ese contexto, se indicó que un 59,6% de la población penal no ha completado la educación media y un 28,2% no finalizó la educación básica.

A nivel general, la CONFECH planteó como desafío su rearticulación como una organización de masas con capacidad de incidir en el debate público, fortaleciendo su trabajo territorial, su vínculo con las bases y su articulación con otros actores sociales y el mundo del trabajo.

Finalmente, se informó que el movimiento estudiantil se encuentra trabajando en una agenda de acción y movilización a nivel nacional, junto con el fortalecimiento de su estrategia comunicacional, con el objetivo de ampliar su base social y consolidar su presencia en el escenario político y social del país.

Diputadas y diputados de oposición, encabezados por el parlamentario Luis Cuello (PC), ingresaron un oficio al Ministerio de Hacienda para solicitar que el Gobierno informe y transparente los beneficios económicos que podrían percibir el Presidente de la República y sus ministros, en el contexto de la rebaja de impuestos contemplada en el proyecto de “Reconstrucción Nacional”.

El documento, firmado también por los diputados y diputadas Gael Yeomans (FA), Juan Santana (PS), Boris Barrera (PC) y Daniela Serrano (PC), advierte que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo incluye una serie de modificaciones tributarias, entre ellas la reducción del impuesto a la renta de primera categoría del 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital.

En ese contexto, el oficio plantea que, considerando que el Presidente de la República y diversos ministros han declarado participación en sociedades, empresas e instrumentos de inversión de alto valor, resulta necesario cuantificar el beneficio económico que estos cambios podrían generar, con el fin de prevenir eventuales conflictos de interés.

Asimismo, los parlamentarios señalan que esta información se encuentra contenida en las Declaraciones de Intereses y Patrimonio disponibles en la plataforma InfoProbidad, instrumento que precisamente busca garantizar la transparencia y resguardar el principio de probidad en la función pública.

Por ello, a través del oficio, solicitaron al Ministerio de Hacienda que entregue una estimación del aumento proyectado de los beneficios económicos que podrían percibir el Presidente y los ministros, en caso de aprobarse las modificaciones tributarias propuestas por el Ejecutivo.

El diputado Luis Cuello (PC) señaló que: “El Gobierno ha insistido, e incluso ha declarado como irrenunciable, rebajar el impuesto a los más ricos, reintegrar el sistema tributario y eliminar el impuesto a las ganancias de capital. Sin embargo, la publicación, el día de ayer, de las declaraciones de patrimonio e intereses de los ministros cambia por completo el panorama.

Al menos seis ministros tienen participación en empresas y sociedades de alto valor, y también el Presidente de la República. En el caso del Presidente, José Antonio Kast, participa en una empresa —Inversiones Padua— con un valor cercano a los 5.000 millones de pesos. En el caso del ministro Daniel Mas, biministro de Energía y Economía, participa, solo como ejemplo, en una empresa cuyo valor asciende a 43.000 millones de pesos.
Y así tenemos otros casos, como el del ministro Quiroz, el del ministro Arrau. Entonces, ¿qué significa esto? Que, ciertamente, la reforma tributaria encubierta va a generar un beneficio económico tanto para el Presidente de la República, José Antonio Kast, como para los ministros. Entonces nos parece que es indispensable que el Gobierno difiera y postergue el ingreso de la reforma tributaria encubierta hasta que no transparente los montos y los beneficios económicos que le van a reportar estos cambios tributarios”.

La diputada Gael Yeomans (FA) agregó que: “Estamos frente a un anuncio de un proyecto de ley que es una trampa, porque tiene como gran titular reconstrucción nacional, que todos podríamos estar de acuerdo con esa idea. Pero por debajo lleva una reducción de impuesto a las grandes empresas. Y luego que recibimos la declaración de intereses y patrimonio de los ministros y del mismo presidente, nos damos cuenta que los principales interesados parece que son ellos mismos. Entonces, por lo mismo, creo que es relevante para transparencia y conocimiento público de toda la ciudadanía que se sepa en cuánto ellos mismos se van a beneficiar por las empresas que han declarado que tienen”.

El diputado Juan Santa (PS) señaló que: “Ya conocemos los primeros beneficiados por la reforma tributaria propuesta por el Gobierno para disminuir los impuestos a las grandes empresas y los más ricos: sus propios ministros. Así fue dado a conocer en sus declaraciones de patrimonio, donde consta la millonaria participación que tienen en sociedades y empresas. Es necesario que se aclare, para el sano debate democrático, cuánto dinero dejarán de pagar en impuesto los miembros del gabinete de José Antonio Kast”.

El diputado Boris Barrera (PC) sostuvo que: “No solamente es un traje de la medida para los amigos del presidente, los amigos de los ministros, sino que después de conocer esta declaración de patrimonio e intereses parece que es para ellos mismos. Entonces lo único que venimos a pedir aquí con este oficio de fiscalización, es que transparenten, que nos digan realmente cuánto es el beneficio que van a tener sus empresas y también ellos como participantes de esto, porque lo que está mostrando aquí la declaración de patrimonio e intereses es la participación de ellos”.

Por último el diputado Patricio Pinilla Valencia (DC) añadió que: “Por un lado el Gobierno, pide la rebaja del impuesto corporativo para las grandes empresas y resulta que varios de los integrantes del mismo Gobierno eventualmente serían accionistas o tendrían propiedad o parte de la propiedad de empresas que se verían beneficiadas con una medida tan drástica y de efectos tan permanentes hacia el futuro. Si hablamos de transparencia, si hablamos de probidad, lo primero es aclarar bien las cosas y hablarle de frente al país respecto a este tipo de situaciones”.

OFICIO DECLARACIÓN PATRIMONIOS

Este miércoles 15 de abril a las 20:00 horas, los destacados músicos Equipaje y José Seves celebran la obra de Patricio Manns, en el escenario del Centro Arte Alameda.

“Cantos para un hombre infinito” es el título de este concierto que reúne al grupo Equipaje y José Seves, músicos chilenos con muy destacadas trayectorias en torno a la Nueva Canción Chilena. La ocasión marca la segunda colaboración entre estos artistas interpretando la obra Patricio Manns, tras una exitosa primera fecha en Santiago pasado mes de enero.

“Estos homenajes contienen una selección de canciones de Patricio Manns, a quién consideramos lógicamente nuestro maestro y una persona importantísima en el desarrollo de la cultura chilena”, señaló José Seves en el perfil de Instagram del grupo Equipaje. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

La figura de Manns, cantautor, escritor y poeta, es sin duda una de las más destacados en el desarrollo de la Nueva Canción Chilena desde los años sesenta. La multitudinaria despedida popular tras su muerte en 2021 es una muestra de la importancia de su legado, parte del cual será interpretado este miércoles al escenario del Centro Arte Alameda.

Además del repertorio, los protagonistas de la velada serán los artistas sobre el escenario, en una colaboración que junta a destacados músicos de la escena nacional. El grupo Equipaje comienza su recorrido alrededor de 2016, y reúne a Mónica Vásquez, Rodrigo Bobadilla, Guido Huequelef, Juan González, Cristián Carvacho y Jorge Gómez; provenientes de destacados agrupaciones de folclore y música latinoamericana como Alameda, Danzamérica, Sur-gente, Napalé y Parabellum (que fuera la banda de Patricio Manns).

A ellos se une la inconfundible voz de José Seves, integrante de Inti-Illimani desde 1971, y posteriormente Inti-Illimani Histórico, además de un constante trabajo como cantautor y colaborador en múltiples proyectos y conciertos; una combinación de artistas que le entregará un toque único a las piezas interpretadas. Este homenaje es una oportunidad para revivir la obra de un artista fundamental, y promete ser una noche de reflexión y celebración que no solo busca recordar la trayectoria de Patricio Manns, sino también reconocer su constante influencia en nuevas generaciones de músicos.

Las entradas están disponibles en la plataforma Passline.

La secretaria del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, se refirió al proyecto de ley misceláneo de reconstrucción nacional el cual será anunciado este miércoles por el Presidente Kast en cadena televisada.

La iniciativa abarca un conjunto de medidas, siendo la más cuestionada -incluido el oficialismo- aquella que reforma la recaudación de impuestos para las grandes empresas:

La dirigente discutió la afirmación de que el país está en una situación de emergencia y que la reconstrucción habitacional tras megaincendios que afectaron a varias zonas del país, depende de una serie de apéndices legales. Más bien implica un retroceso tributario, expresó respecto al fondo del proyecto, mencionando las críticas formuladas por el exministro de Hacienda Mario Marcel quien estimó los recortes ejecutados hasta ahora por el gobierno, y sin reforma aún, equivalentes casi a US 3 mil millones anuales, superando 3 veces el presupuesto actual de salud:

“Si hablamos de una reforma tributaria a las grandes empresas para que inviertan y se le pide a la ciudadanía apretarse el cinturón, no tiene sentido rebajar impuestos si se afectan los beneficios sociales”.

Esta mirada de aumentar la inversión vía rebaja de impuestos, acotando además el  salario mínimo -según los anuncios del ministro del Trabajo Tomás Rau-, eso, sumó Figueroa, va a ser a costa de derechos:

“O pensamos en el país y dejamos los intereses corporativos de lado o mejor nos dedicamos a hacer negocios”, precisó.

Pleno del PC

Acerca del reciente cónclave del Comité Central del partido reunido en torno al XI Pleno, la secretaria de la colectividad indicó que el panorama nacional e internacional se caracterizó como complejo: “No vemos un escenario mundial que decante y nuestra demanda sigue siendo la paz, el multilateralismo, no someterse a las disposiciones del Presidente Trump”.

También están los desafíos en torno a las familias trabajadoras y el impacto que surten en ellas los efectos de las medidas del gobierno, acotó sobre este debate interno que se construye en miras de la próxima Conferencia Nacional.

Acerca de las diferencias que nutren la discusión, señaló que si bien son legítimas no obnubilan a la colectividad en su cohesión partidaria: “Sostener que el PC y su máximo órgano, el Comité Central, tiene una mirada de que solo se centra en los problemas internos, sería una pequeñez tremenda. Eso significaría que tenemos crisis de proporciones, cosa que no existe. Entonces, saquemos los fantasmas”, puntualizó Bárbara Figueroa.

El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, informó que se reunió con el Subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, a quien hicieron ver que las respuestas frente a la grave situación que se vive en los recintos educacionales del país, son insuficientes, “es una respuesta que se queda muy corta frente a la gravedad de lo que está ocurriendo, que pone el acento en buscar únicamente atender a los efectos, pero que no se centra en las causas”.

El líder gremial explicó que “le hablamos del tema de la Salud Mental, que a nuestro entender es absolutamente central y debe ser priorizado. Esa palabra no la hemos escuchado en ninguna autoridad de Gobierno, ni del Presidente de la República, ni de las ministras de seguridad y de educación, ni de los representantes del oficialismo en el parlamento. La palabra “salud mental” nos parece absolutamente esencial”.

Además, Mario Aguilar sostuvo que, en el encuentro con el Subsecretario, también plantearon el tema del Currículum, que está totalmente desfasado de los intereses y necesidades de los estudiantes y del recorte del 3% para Educación, “claramente vemos ahí una medida absolutamente inadecuada para la realidad de la Educación, que ya trabaja con gran restricción presupuestaria. La mayoría de los colegios de Chile requieren más profesionales, menos estudiantes por sala. Por lo tanto, ahí hay una medida absolutamente contradictoria.”

El Presidente del Gremio Docente, informó que también se reunieron con las nuevas autoridades de la DEP, a quienes les plantearon que la “educación pública está en una encrucijada que tiene que ser abordada, al igual que el sistema municipal el que también está colapsado. Por lo que no es una solución un retorno a la municipalización.”

Respecto a las acciones que solicitan, Mario Aguilar Arévalo indicó “son medidas súper concretas las que proponemos. Hacer una revisión del currículum y a la manera en que se está educando en Chile, porque la forma en que se está educando hoy nos está llevando a desatender absolutamente el aspecto del desarrollo emocional de jóvenes, estudiantes, niños, niñas; y ese desarrollo emocional es clave para enfrentar la situación que se está viviendo”.

“Necesitamos que se aborden los temas de fondo en simultáneo, no es uno, antes y otro después. En simultáneo hay que hacer las dos cosas” sostuvo el dirigente nacional de los profesores en el marco de la inauguración de la remodelación de la sede del Regional Ñuble del Colegio de Profesoras y Profesores en Chillán.

LLAMADO A CABILDOS

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile convocó a todas las comunidades educativas del país a realizar Cabildos para que en conjunto: docentes, apoderados, alumnos, asistentes y trabajadores de la educación, busquen medidas y soluciones a la violencia que afecta a los recintos educacionales.

El Presidente del Gremio explicó que “estamos convocando a las comunidades a que se encuentren, dialoguen, conversen al interior de cada colegio y se produzca ese espacio que hoy día está muy perdido, porque no hay tiempo; porque a veces tenemos familias ausentes de los colegios; porque a veces no hay tiempo en nosotros mismos para escuchar a nuestros estudiantes frente a sus problemáticas, por la presión por rendir, rendir, rendir es tremenda”.

Los Cabildos se desarrollarán a lo largo y ancho del país, entre el lunes 13 al viernes 24 de abril. Más información y material de apoyo en la web www.colegiodeprofesores.cl

El Banco Central de Chile (BCCh) pondrá a disposición del público nuevas series de cifras de exportaciones por región, en frecuencia trimestral y anual, a partir del jueves 23 de abril.

Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo continuo del BCCh por ampliar la información estadística disponible para los usuarios y mejorar la cobertura regional de las estadísticas de las Cuentas Nacionales (CCNN).

Las nuevas series de exportaciones por región consideran la división político-administrativa vigente en el país, correspondiente a dieciséis regiones y se incorporarán a las publicaciones habituales del Producto Interno Bruto Regional (PIBR), disponibles los días 23 (o el día hábil siguiente) de los meses de abril, junio, septiembre y diciembre; en línea con el calendario de publicación del PIBR.

La publicación de las exportaciones por región distinguirá los desgloses entregados de acuerdo con la frecuencia de publicación de la siguiente manera:
– Trimestral (series encadenadas):
• Exportación de bienes
Anual (series encadenadas y a precios corrientes):
• Exportaciones de bienes y servicios:
Exportación de bienes:
 Agropecuario-silvícola-Pesca
 Minería
 Industria
Exportación de servicios

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia y confirmó condenas en el proceso que investiga el secuestro calificado y la aplicación de torturas en contra de Cristian Mallol Comandari y Héctor González Osorio, ambos miembros del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, ocurrido entre diciembre de 1974 y septiembre de 1975, a manos de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA.

La Sala conformada por los ministros Hérnan Alejandro Crisosto,  Mauricio Rettig (s) y la abogada integrante Paola Herrera condenó a los brigadieres del Ejército y miembros de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko y Pedro Espinoza Bravo, a 12 años de presidio mayor en su grado medio como autores del secuestro calificado de ambas víctimas. Mientras que José Aravena Ruiz, sargento segundo de Carabineros, fue condenado a siete años como autor del secuestro calificado de Cristian Mallol Comandari.

Con esta resolución el tribunal de alzada capitalino confirmó las condenas dictadas por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago Paola Plaza Plaza en septiembre de 2025.

La abogada querellante Carolina Vega del Estudio Caucoto Abogados, valoró la sentencia señalando que “Después de décadas de impunidad, por fin se ratifica la condena contra los responsables de torturas brutales. Los familiares han cargado durante años con el dolor y las secuelas de estos crímenes”, sostuvo.

Vega agregó que “El Estado y el Poder Judicial tienen una deuda con ellos que se ha ido pagando poco a poco. Este fallo no borra el sufrimiento, pero marca un punto de quiebre frente a una deuda histórica que aún sigue pendiente”.

Los condenados permanecen actualmente cumpliendo condena por otros diversos procesos de crímenes lesa humanidad en el penal de Punta Peuco. Krassnoff suma más de mil años de cárcel por otros casos de violaciones a los derechos humanos; mientras que Espinoza, quien fuera subdirector de Inteligencia de la DINA y jefe máximo de ”Villa Grimaldi”, también tiene en su contra múltiples condenas por su participación en las desapariciones y ejecuciones de opositores a la dictadura.

De acuerdo a la investigación ambas víctimas fueron detenidas en diciembre de 1974 y brutalmente torturadas mientras estuvieron prisioneras en los distintos centros clandestinos de la DINA. Según se detalla en la sentencia, ambos padecieron apremios físicos y psicológicos de extrema gravedad.  Mallol, estuvo detenido cerca de dos años y fue liberado en noviembre de 1976, mientras que González recuperó su libertad 9 meses después de su detención.

Operación “Conferencia de Prensa”

En  Chile, el 20 de febrero de 1975, cuatro dirigentes del MIR: entre ellos Mallol y González junto a Humberto Menanteau Aceituno y José Hernán Carrasco Vásquez  que estaban detenidos en Villa Grimaldi, fueron obligados por la DINA a participar en una conferencia de prensa donde debieron dar a conocer un falso listado de dirigentes y militantes del MIR que se encontraban muertos, detenidos o exiliados, con el objetivo de demostrar su derrota y justificar un llamado a “deponer las armas y rendirse”.

En la ocasión, tanto Miguel Krassnoff como Marcelo Morén Brito se encontraban sentados y confundidos entre los periodistas que participaron de la conferencia.

Con el tiempo se pudo comprobar que se trataba de un montaje, ya que los cuatro miristas se encontraban detenidos y habían sido forzados, mediante la tortura, a participar de dicha acción comunicacional.

Esta operación, ideada por Pedro Espinoza, se inscribe en un objetivo mayor que era preparar el camino de la Operación Colombo, que implicó que 119 chilenos fueron hechos aparecer como muertos en el extranjero, encontrándose secuestrados en Chile, así la DINA se desligaba de su responsabilidad.

Tanto la Conferencia de Prensa, de febrero de 1975, como la publicación de los nombres de 119 chilenos, en junio y julio del mismo año, fueron monumentales montajes u operaciones de inteligencia de la DINA.

En su oportunidad,  el Informe Rettig señaló que “La DINA logró difundir datos falsos sobre los detenidos por boca de las propias víctimas y con esto, se les hacía partícipes forzados en el engranaje represivo “

Los 4 dirigentes del MIR utilizados en la Conferencia de Prensa fueron liberados en septiembre de 1975.  Sin embargo, dos de ellos, Humberto Menateau y Hernán Carrasco fueron asesinados en diciembre de ese año, apareciendo sus cuerpos mutilados en el sector de Chada, Paine.  Sólo sobrevivieron Mallol y González, quienes habían abandonado el país.

Los hechos

De acuerdo a la investigación de la magistrada Paola Plaza,  se ha podido establecer que “el 7 de diciembre de 1974, alrededor de las 10 a 11 hrs, Cristian Mallol Comandari, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, quien a la época de los hechos tenía 26 años de edad ya se encontraba viniendo en la clandestinidad, fue aprehendido en las inmediaciones del inmueble, ubicado en calle Manuel Salas N°347, departamento 21, comuna de Ñuñoa, que correspondía a su antiguo domicilio, el que había abandonado algún tiempo antes, por un grupo compuesto por alrededor  de cuatro agentes de la DINA.

En el operativo uno de los agentes encargado de ejecutarlo disparó en contra de Cristian Mallol, quien resultó lesionado por una esquirla en la cabeza, luego fue herido por una bala en una de sus piernas, recibiendo después otro impacto. Mallol fue trasladado en esas condiciones al Centro de Detención Terranova de la DINA,  conocido como Villa Grimaldi, donde lo recibieron con golpes de pies y puños y comenzó a ser interrogado apenas llegó al lugar, estando en situación agónica e inconsciente, fue sacado  para ser conducido a una clínica a cargo del mencionado organismo. Sin embargo, sin recibir atención médica, fue devuelto al cuartel Terranova en el que permaneció hasta el mes de abril de 1975, periodo en el que recibió descargas eléctricas en distintas partes de su cuerpo y permaneció encadenado de pies y manos durante la mayor parte del tiempo de su detención.

Luego de Villa Grimaldi fue trasladado a Cuatro Álamos, a Tres Álamos y al campamento  de detenidos de Puchuncaví, donde estuvo alrededor de diez meses, hasta que logró recuperar su libertad, saliendo del país con destino a Francia en el mes de noviembre de 1976.

El 06 de diciembre de 1974, fue detenido Héctor Hernán González Osorio, militante del MIR, por un grupo fuertemente armado de agentes de la DINA, en el centro de Santiago, quienes lo suben a un automóvil, le vendan la vista y lo trasladan a Villa Grimaldi, lugar donde al llegar fue golpeado repetidas veces, siendo interrogado mediante aplicación de corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo en la denominada “parrilla”, que era un catre metálico dispuesto para ese efecto, y sometido a otras sesiones de malos tratos consistentes en golpes constantes en los oídos, en la cara, procediendo a sumergirle la cabeza en un barril con agua sucia, golpes de pies y puños en diferentes partes del cuerpo, situación que se extendió a los días siguientes. En el recinto de Villa Grimaldi estuvo detenido alrededor de seis meses, siendo testigo de cómo sacaban del lugar a otros detenidos que no volvió a ver, luego fue trasladado al recinto de Cuatro Álamos, hasta que un día de septiembre de 1975, sin previo aviso, fue llevado a su domicilio, anunciándole que recuperaba su libertad, con la condición de abandonar el país a la brevedad, lo que finalmente realizó a fines de 1975, con destino a España.

Ad portas de nueva negociación colectiva, el Sindicato de Profesionales de Farmacias Ahumada (Sinprofasa) que agrupa a más del 95% de las y los químicos farmacéuticos de la cadena a nivel nacional, denunció una serie de incumplimientos laborales por parte de la empresa, en el contexto previo al inicio de una nueva negociación colectiva.

Entre las principales irregularidades, el gremio acusa la existencia de deudas derivadas de cambios unilaterales en los criterios de pago de horas de reemplazo, lo que —según indican— vulnera directamente lo establecido en el contrato colectivo vigente.

Desde la organización señalan que, tras la adquisición de la compañía por parte de empresarios nacionales, se han instalado prácticas que desconocen derechos adquiridos, incluyendo la negativa al pago de horas extraordinarias y de reemplazo. Esta situación impacta directamente en el ejercicio profesional de los químicos farmacéuticos, cuya presencia es obligatoria durante todo el horario de funcionamiento de las farmacias, conforme al Código Sanitario.
Para la presidenta de Sinprofasa, Viviana Castañeda, el escenario es preocupante: “Lo que estamos viviendo no es un hecho aislado, sino una práctica que se ha vuelto reiterada. Hay un desconocimiento sistemático del contrato colectivo y una negativa constante a establecer un diálogo efectivo con el sindicato”.

La dirigenta agregó que, pese a este escenario, existe disposición al entendimiento: “A nosotros nos interesa que a la empresa le vaya bien, porque eso se traduce en más empleo y mejores oportunidades para nuestro gremio. Pero ese desarrollo no puede construirse a costa de precarizar nuestras condiciones laborales”.

Asimismo, desde Sinprofasa cuestionan la coherencia entre el discurso público de la empresa y la realidad interna: “Se promueve una imagen de cercanía con los pacientes, pero quienes sostenemos esa atención —los químicos farmacéuticos— no estamos siendo tratados con el respeto ni las condiciones que corresponden”.

El sindicato también denunció presiones hacia sus afiliados para aceptar un nuevo bono que no forma parte del contrato colectivo vigente, lo que podría constituir una práctica antisindical.

Retrasos en cuotas sindicales

Otro punto crítico expuesto por la organización es el retraso en el pago de las cuotas sindicales por parte de la empresa, pese a que estos montos son descontados mensualmente a los trabajadores.

“Estamos frente a situaciones impresentables. No solo no se están cumpliendo obligaciones contractuales, sino que además se están reteniendo recursos que pertenecen al sindicato. Esto afecta directamente nuestra capacidad de funcionamiento y defensa de los trabajadores”, sostuvo Castañeda.

Finalmente, la dirigenta emplazó a la empresa a transparentar su situación indicando que “aquí hay dos posibilidades: o estamos frente a prácticas antisindicales, o existe un problema financiero que la empresa no ha sincerado. En cualquiera de los casos, se requiere claridad y responsabilidad”.

La publicación reúne a académicos y especialistas para abordar, desde la terapia ocupacional y un enfoque de derechos, los desafíos estructurales que enfrentan las infancias y juventudes en contextos de desigualdad, criminalización y precariedad.

En un escenario donde los diagnósticos de salud mental en población infantojuvenil han aumentado sostenidamente y el debate público se centra en listas de espera y crisis en comunidades educativas, esta obra pone el foco en una pregunta de fondo: ¿cómo se está garantizando el derecho a la salud mental de niñas, niños y jóvenes?

Se trata de Acompañando el derecho a la salud mental. Perspectivas de terapia ocupacional en niñez y juventud, publicado en 2024 por Editorial Universitaria, que reúne el trabajo de las académicas y académicos Sue Jones Barahona, María José Poblete, Débora Grandón Valenzuela y Pablo Olivares Araya.

Con 224 páginas, el volumen surge en un contexto marcado por el aumento de diagnósticos como el Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH), el sufrimiento psíquico adolescente, el consumo problemático de drogas y la creciente visibilización de problemáticas asociadas a género, diversidad y exclusión social. Sin embargo, sus autores advierten que, pese a la trayectoria de la terapia ocupacional en este ámbito, existen vacíos relevantes en la producción de conocimiento y en la reflexión crítica sobre las prácticas.

El libro propone una mirada no adultocéntrica y basada en derechos, tensionando las condiciones estructurales que modulan la experiencia de salud y bienestar: desigualdad social, precariedad, patologización, falta de acceso a servicios, criminalización de juventudes y heteronormatividad. Más que centrarse exclusivamente en el diagnóstico clínico, el texto analiza cómo las trayectorias de vida y las condiciones sociales influyen en los malestares psicosociales.

La obra también problematiza la tensión entre prescripción y performatividad en las prácticas terapéuticas, invitando a repensar el rol de las ocupaciones cotidianas como espacios de construcción de identidad, autonomía y ciudadanía. Desde esta perspectiva, el acompañamiento no se limita a la intervención clínica, sino que se entiende como una práctica situada, ética y política.