La Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile cuestionó la posición expresada por el Ejecutivo ante Naciones Unidas, luego de que el representante chileno ante el Consejo de Derechos Humanos señalara que el aborto no constituye un derecho internacionalmente reconocido. Desde ASOMAT advierten que esta interpretación puede abrir la puerta a retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos.

La Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile (ASOMAT) manifestó su rechazo a la postura adoptada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El pasado 7 de octubre, durante una explicación de voto ante el organismo internacional, el representante permanente adjunto de Chile en Ginebra, Fernando Cabezas, sostuvo que el Ejecutivo entiende que, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, “el aborto no constituye un derecho internacionalmente reconocido”, argumentando que su delimitación y regulación jurídica dependen de la normativa interna de cada Estado.

La declaración fue realizada durante el debate de una resolución relacionada con el derecho humano al agua potable y al saneamiento, y fue solicitada por la representación chilena para que quedara registrada oficialmente en las actas de la sesión.

Frente a esta posición, ASOMAT advirtió que una interpretación restrictiva de las obligaciones internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos puede significar un retroceso respecto de avances alcanzados durante las últimas décadas.

Katiuska Rojas, directora ejecutiva de ASOMAT, señaló que “nos preocupa profundamente que el Estado de Chile esté instalando ante organismos internacionales una interpretación restrictiva de los derechos sexuales y reproductivos. Esto no es solamente una discusión jurídica o ideológica; tiene consecuencias concretas en el acceso a la salud, la autonomía corporal y la dignidad de las personas”.

La organización sostuvo que los derechos sexuales y reproductivos cuentan con protección jurídica internacional a partir de derechos vinculados a la salud, la igualdad, la no discriminación, la privacidad y la autonomía corporal.

Rojas agregó que “los derechos sexuales y reproductivos no pueden depender de las convicciones ideológicas del gobierno de turno. Como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de defender una atención basada en evidencia científica, que respete la autonomía, la dignidad y los derechos humanos”.

ASOMAT hizo finalmente un llamado al Gobierno a respetar los compromisos internacionales de Chile y a garantizar políticas públicas de salud con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y evidencia científica.

La presidenta de la Asociación Nacional de Consejos de Usuarios de Salud Pública Ancosalud, Rosa Vergara, se refirió al anuncio del gobierno de recortar parte del financiamiento de la ley Ricarte Soto que cubre un conjunto de enfermedades de alto costo.

“No tenemos una resolutividad para superar el abandono que se genera con este presupuesto miserable“. “Lo que están haciendo es un crimen, no se puede jugar con la salud de la gente”, expresó.

La presidenta de la Asociación Nacional de Consejos de Usuarios de Salud Pública Ancosalud, Rosa Vergara, se refirió al anuncio del gobierno de recortar parte del financiamiento de la ley Ricarte Soto que cubre un conjunto de enfermedades de alto costo.

“Estamos muy preocupados por este anuncios en el presupuesto 2027 porque hemos sido las comunidades, la alianza de pacientes, organizaciones de pacientes quienes han salido a la calle hace 10 años”, señala la dirigenta:

La ley N°20.850, vigente desde 2015, protege a cerca de 85 mil pacientes que padecen 27 enfermedades de costo catastrófico y que han sido reconocidas bajo este sistema de protección, permitiendo  acceso a exámenes, tratamientos e insumos médicos, incluido los medicamentos.

 “La población está muy alerta porque vamos a morir fuera de un hospital por no tener los insumos, los medicamentos”. La observación de la dirigenta, apunta al consiguiente aumento de la lista de espera si se concretan los recortes, además del incremento de personas en las urgencias y en la salud primaria.

“No tenemos una resolutividad para superar el abandono que se genera con este presupuesto miserable“. “Lo que están haciendo es un crimen, no se puede jugar con la salud de la gente”, expresó.

Desde el gobierno se plantea un recorte mayor a los $22 mil millones para la ley Ricarte Soto. Sin embargo, al expresar la asignación de 2026 en pesos comparables de 2027, la cifra puede superar  los $28 mil millones.

“Hemos estado constatando que son $28 mil millones, entre un 12% y 14%. Por cierto, el presupuesto (2026) ya está agotado, eso significa que más problemas tiene. Se supone  que debieran haberle dado más presupuesto”. 

En esa línea, Rosa Vergara indicó que la discusión debiese centrarse en perfeccionar la ley y no en precarizar a pacientes que hoy han logrado importantes avances en sus tratamientos:

Respecto al argumento del gobierno de dar cobertura según crezca el número de pacientes y del riesgo que eso implica al no contar con los fondos suficientes, la dirigenta planteó que se pueden activar otros fondos como el de 2%, No obstante, advierte que la misma ley en su artículo 4, contempla la seguridad del paciente, punto sobre el cual apelarán:

Frente a tal urgencia, su llamado fue a organizarse y a comenzar a hablar con diputados y senadores “en cada lugar de Chile para decirles que es muy grave que ellos acepten que esto suceda”.

Ancosalud ha extendido esta convocatoria a las organizaciones y gremios de los trabajadores de la salud, donde además hay participación del Colegio Médico. Al respecto, su presidenta, expresó la relevancia de conocer la voz de los usuarios y pacientes:

“Como organización, tenemos opinión, tenemos documentos donde podemos lograr dar a conocer nuestras propuestas. Ya tenemos 7 congresos realizado y estamos camino al octavo que va a ser el próximo años”, comentó

“Llevamos 7 meses y el desmantelamiento del Estado es algo que nos tiene ocupados y nos tiene que ocupar en defendernos”, dijo sobre el gobierno del Presidente Kast y puntualizó: “Llamo a la reflexión a todas y todas en función de generar las condiciones para defender y recuperar nuestro país”.

La senadora Claudia Pascual Grau lanzó duras críticas al proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno, al que acusó de estar construido desde una lógica de “achicar el Estado” y recortar el gasto sin evaluar a quiénes se perjudica.

“Es un presupuesto hecho desde la desconfianza”, afirmó la parlamentaria, quien sostuvo que la meta del Ejecutivo es “recortar, recortar y recortar”, decidiendo cuánto eliminar “desde una oficina, con una planilla Excel”, sin conocer los programas a fondo. Para Pascual, la gran mayoría del gasto público y de la inversión social está bien utilizada y focalizada, y el Gobierno pone el foco en quienes piden más derechos sociales, y no en los abusos de gente con grandes recursos, como el tráfico de influencias.

“Yo elijo mi PC”: castigar en vez de fiscalizar

Como ejemplo, la senadora apuntó al programa “Yo elijo mi PC”. Reconoció que molesta que los computadores no se hayan repartido a tiempo, pero cuestionó la respuesta del Gobierno: “Veo un problema, desconfianza, lo termino”, en vez de buscar cómo fiscalizar, transparentar y mejorar. A su juicio, se castiga a las generaciones futuras de niños y niñas que necesitan el beneficio.

Salud: un aumento que sería solo aparente

Respecto de la atención primaria de salud, Pascual advirtió que el aumento es solo nominal. Según explicó, se trata de la imputación de programas como PRAPS, que antes se financiaban a nivel central y llegaban a los municipios, como la atención domiciliaria de adultos mayores postrados. Estos programas, cuyo término el oficialismo buscaba en el presupuesto 2026 y que lograron mantenerse, hoy se contabilizan dentro de la atención primaria, lo que genera una “lectura distorsionada”: parece un incremento, pero se traspasan recursos que ya existían. Además, recordó que recién el lunes 19 se presentará la partida de Salud en la subcomisión mixta de presupuesto, por lo que aún se desconoce si el traspaso viene completo o recortado.

Ley Ricarte Soto: dudas sobre el financiamiento

La senadora también planteó reparos técnicos sobre la Ley Ricarte Soto. Indicó que una cosa son los recursos que la ley obliga a destinar y otra los que el presupuesto contempla. Si bien la ministra ha intentado explicarlo “enredadamente”, dijo, la lógica sería que “se necesita gastar menos que lo que la ley obliga”.

Prodemu, al borde del cierre

El caso que calificó como “sumamente grave” es el de la Fundación Prodemu, cuyos recursos están asignados solo hasta marzo de 2027, lo que implica su cierre. La institución cuenta con 36 años de trayectoria y su convenio con Indap, con 34 años, ha atendido a más de 35.000 mujeres, principalmente rurales, en capacitación para la autonomía económica y la empleabilidad. Pascual destacó que su cobertura, de provincia hacia las comunas, es distinta a la del Servicio Nacional de la Mujer, centrado en capitales regionales y comunas aledañas.

Por eso, junto a exministras y exdirectoras del Sernam, exsubsecretarias y algunas senadoras, ofrecieron al Ministerio de la Mujer una mesa de trabajo para buscar alternativas al cierre.

Finalmente, la senadora advirtió que el presupuesto recorta 23 programas en áreas como desarrollo social, salud y políticas de mujeres, entre ellos varios que atienden a niños, niñas y adolescentes, con una reducción de varios miles de millones de pesos. “Es preocupante”, concluyó.

En el marco del Presupeusto 2027, el ex ministro de Educación, Nicolás Cataldo, consideró como una falsa contradicción la disminución de recursos en algunas áreas y programas de la cartera, con el fin de reasignar recursos a la educación preescolar. Asimismo, analizó recortes específicos en materia de subvenciones y de dotación docente, apuntando al carácter ideológico y político de la administración de Kast.

Polémica ha causado la disminución de recursos en el presupuesto 2027 la partida de educación, pues se plantea ejecutar reasignaciones de fondos utilizando los recursos de programas como becas tics, subvenciones o bien, rebajando el presupuesto en áreas como educación superior.

Una de las razones expuestas por el gobierno ha sido la necesidad de aumentar los recursos en educación preescolar.

“Creo que es una falsa contradicción. Nadie está en contra que aumente sus recursos la educación inicial, etapa en la trayectoria educativa fundamental que hay que reforzar”, plantea el ex ministro de Educación, Nicolás Cataldo: “el tema es si eso significa que para aumentar esos recursos tenemos que sacarle plata a la educación superior o a las becas TICs”.

En esa línea, el ex jefe de cartera aclaró que el propósito del programa Elijo mi PC, nunca ha sido mejorar los aprendizajes -como ha sido la respuesta de la ministra Arzola respecto a las razones que motivan la cancelación del programa- sino que el acceso a la tecnología:

Subvenciones y FAE

Respecto a la propuesta de recortar fondos en la subvención escolar cercanos a los $53 mil millones, apuntó a destacar que es una línea de financiamiento determinada por ley y que debe ser repuesta si el gasto queda corto. “No me preocupa tanto eso como sí que bajen los recursos de FAE”, dijo sobre el fondo que el fisco transfiere a los municipios y Servicios Locales de Educación Pública SLEP para cubrir déficits, pero que también está sujeto a disminuir si el presupuesto de Educación se reduce.

De esa manera, hay un panorama complejo para la educación pública que sigue dependiendo de los municipios y que aún no traspasa a los Servicios Locales de Educación, explica Nicolás Cataldo, donde además hay casos críticos como el de las escuelas y liceos de las comunas de Til Til, Puente Alto o San José de Maipo:  

Horas docentes

En el ajuste ha despertado también preocupación el anuncio de reducir horas docentes en una cifra similar de 83 mil horas menos y donde además el ejecutivo plantea dotar de un techo a la contratación.

Para el ex ministro, parte del asunto pasa por la estructura centralizada de los Servicios Locales y que en términos presupuestarios es igual a la de muchas instituciones públicas. Asimismo planteó que esta condición de mayor inflexibilidad en el ámbito del financiamiento es un punto a resolver en el debate legislativo.

Si bien es necesario ajustar las dotaciones, efectivamente en el marco del traspaso del municipio a los SLEP es un tema a abordar “muy 1 a 1”, indicó. No obstante, señaló que el anuncio del gobierno central se da cuando aún los SLEP están formulando sus planes anuales.

“Desnaturalizamos el sentido de los instrumentos. Para qué hacemos planes anuales cuando efectivamente la ley se presentó hace más de una semana y se definió cual es el marco de las horas”, expresó sobre la política central que se apresura con respecto a los ritmos y procesos educativos.

“Siempre se buscaba desde Dipres ajustar las dotaciones para achicar el gasto. Esa era su pega, la mía era ser ministro y preocuparme de que el sistema funcione”.

“Los argumentos no eran estratégicos sino argumentos técnicos”, defendió a su vez, sobre el foco de su anterior gestión que contrasta con la posición de la actual administración y sus ministerios donde abunda un carácter más ideológico y político del control del gasto, afectando áreas como educación y varias más, entre ellas, cultura:

“Ese es el tema: cómo recuperamos el sentido de los instrumentos sin perder de vista el propósito, porque estoy de acuerdo: el peso que se gasta mal en educación es un peso que se deja de invertir en los niños y niñas”, acotó también respecto a ordenar la orientación técnica en función de las mejoras en educación pública.

Este miércoles, se informó que mediante un oficio dirigido al Superintendente de Pensiones, Joaquín Cortéz Huerta, el Comité Parlamentario del Partido Comunista e Independientes, por medio de las diputadas Daniela Serrano, Ana María Gazmuri y el diputado Marcos Barraza, solicitó formalmente un informe completo exigiendo información detallada sobre las pérdidas por valoración negativa de aproximadamente US$7.700 millones registradas por los Fondos de Pensiones.

El oficio, presentado en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y en el artículo 308 del Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, advierte que estos antecedentes resultan “especialmente preocupantes, considerando la magnitud de los montos involucrados y que se trata de inversiones realizadas con recursos de los Fondos de Pensiones, destinados al financiamiento de las pensiones de las y los trabajadores”.

En el oficio, el Comité PC solicita a la Superintendencia de Pensiones informar, en primer lugar, la efectividad y alcance de la cifra aproximada de US$7.700 millones, precisando la trayectoria de los valores de los fondos; el impacto que estas operaciones han tenido en los Fondos de Pensiones y en los ahorros previsionales de las personas afiliadas, indicando su incidencia en la rentabilidad y en el valor de las cuotas, mostrando además información desagregada por AFP y tipo de fondo.

En segundo lugar, se solicita informar las actuaciones de fiscalización realizadas por la Superintendencia respecto de estas operaciones, señalando desde cuándo tomó conocimiento de esta situación y las instrucciones, medidas correctivas o procedimientos sancionatorios adoptados; las medidas de mitigación adoptadas o que se adoptarán para resguardar los recursos previsionales de las personas afiliadas y evitar que situaciones de esta naturaleza puedan afectar sus ahorros.

A estos se le suman el trabajador forestal fallecido el 17 de agosto en Cobquecura y el contratista de la empresa de transmisión eléctrica CGE el 18 de julio. 

Seis mineros han muerto en menos de un mes, el último un operador de bulldozer de la mina El Aguilucho de la comuna de Taltal, superando los conteos del año 2023 y 2024 y acercándose al total de 2025. 

El día de ayer, Miguel Veliz secretario del sindicato Chuquicamata aseguró que se mantienen en total disposición, “para avanzar en las conversaciones necesarias con las federaciones, centrales, que agrupen a mineros, mineras,  trabajadores de todos los sectores para ojala terminar en un gran paro nacional coordinado en la minería, para reclamar por la vida de todos los mineros que han perdido la vida”. 

En el sector salmonero han fallecido al menos 12 trabajadores, el 27 de enero en el estuario de Reloncaví, dejó seis muertos y dos sobrevivientes. Los trabajadores eran de la empresa Agua Santa y el mandante era Salmón Austral. La Fiscalía informó que ninguno llevaba chaleco salvavidas y que todos los cuerpos fueron hallados dentro de la nave.  

Por otra parte, Héctor Fuentes, encargado de salud, laboral y seguridad de la CUT, manifestó que, “el problema acá ya viene siendo estructural. En estas dos áreas, fundamentalmente, si bien es cierto que, en términos generales, la minería tiene menos muertos que otros sectores, eso no significa que no exista una responsabilidad fundamental de las empresas”. 

Asimismo, planteó, “como siempre lo han hecho los ejecutivos, no toman en cuenta la opinión de las y los trabajadores. Los sindicatos hemos sido claros en manifestar nuestra opinión cuando, efectivamente, las condiciones de trabajo ponen en riesgo la vida y la salud de los trabajadores. La verdad de las cosas es que hoy día vemos un diálogo de sordos, donde los administradores, las jefaturas y las gerencias, no solo de Codelco, sino también de las empresas privadas, no escuchan. Entonces, yo creo que aquí hay un problema serio”. 

Finalmente el dirigente CUT, manifestó que, “tiene que haber una mayor fiscalización, tienen que existir penas punitivas y los culpables deben ser castigados con cárcel”, y aseguró que, “tampoco quiero caer en este discurso de la derecha que, efectivamente, utiliza cualquier justificación para privatizar Codelco. Eso no es posible. Aquí hay una administración que, en realidad, le está haciendo muy mal a la empresa. Y eso es lo que tenemos que, de alguna u otra manera, cambiar hoy día”. 

Tras el intenso temporal registrado este martes 13 de octubre en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, atribuido al fenómeno climático “El Niño”, diversos hospitales públicos de la capital y el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar sufrieron severas inundaciones debido a fallas en sus infraestructuras.

“Las filtraciones, goteras e inundaciones en algunos establecimientos reflejan la crisis de la salud pública. Estamos ante un sistema de salud que no resiste más recortes. Hemos sido reiterativos al advertir a las autoridades competentes que se requieren recursos y un presupuesto a la altura para solucionar de raíz los problemas de infraestructura y la falta de inversión, los cuales afectan tanto al personal como a los usuarios que reciben atención en condiciones precarias”, señaló la presidenta de la Confederación Democrática de
Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus), Camila Fuentevilla.

Ante esta situación, la organización sindical hace un llamado a las autoridades y parlamentarios a revisar con conocimiento de causa el proyecto de Presupuesto de la Nación 2027, con el fin de fortalecer el Estado y la red de hospitales públicos para evitar emergencias y daños como los ocurridos ayer, los cuales se han vuelto recurrentes en el país.

“Se debe transparentar la metodología de cálculo para la partida de Salud, ya que se anuncia un aumento del 4,7 %, cuando en realidad es del 2,8 %, si se consideran factores como el IPC acumulado y el presupuesto aprobado para 2026 sin recortes”, concluyó Fuentevilla.