El acuerdo de la ONU establece por primera vez reglas vinculantes para conservar la biodiversidad marina fuera de las fronteras nacionales, reforzando la gobernanza oceánica global y abriendo nuevos desafíos para países como Chile.

El 17 de enero de 2026 entra en vigor el Tratado de la ONU sobre Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), un instrumento internacional que marca un hito en la protección de la alta mar, zonas oceánicas ubicadas más allá de las 200 millas náuticas y que hasta ahora carecían de un marco regulatorio integral y vinculante.

El Tratado BBNJ (por sus siglas en inglés), impulsado en el marco del sistema de Naciones Unidas, tiene como objetivo central asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en altamar, abordando uno de los mayores vacíos históricos de la gobernanza oceánica.

Desde la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), el Dr. Iván Hinojosa explica que la entrada en vigor del tratado “marca un punto de inflexión, ya que por primera vez se establecen reglas claras y comunes para proteger ecosistemas que hasta ahora estaban regulados de forma fragmentada”. Entre sus avances concretos, destaca la posibilidad de crear áreas marinas protegidas en alta mar, la exigencia de evaluaciones de impacto ambiental y el fortalecimiento de la cooperación científica internacional.

La relevancia del Tratado BBNJ también se explica desde el derecho internacional. La académica de la Facultad de Derecho UCSC, Carla Chovar, señala que este convenio “representa una novedad respecto de los instrumentos existentes, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) de 1982, ya que permite avanzar en la protección efectiva de espacios marítimos que se encuentran más allá de las jurisdicciones nacionales”.

Según explica la especialista, el tratado no solo amplía la superficie marina protegida, sino que además crea una nueva institucionalidad internacional, con órganos como la Conferencia de las Partes (COP) y distintos comités (científico, de cumplimiento e implementación, y de construcción de capacidades y transferencia tecnológica) que permitirán incorporar conocimiento, fortalecer la toma de decisiones y mejorar la gobernanza en alta mar.

“Se trata de un tratado multilateral de gran envergadura, que requirió al menos 60 ratificaciones para entrar en vigor, lo que da cuenta de su alcance y relevancia a nivel global”, subraya Chovar.

La urgencia del Tratado BBNJ responde a las crecientes amenazas que enfrenta la alta mar, como la sobreexplotación de recursos, la contaminación, el ruido submarino, el cambio climático y el desarrollo de nuevas actividades como la bioprospección genética y la minería en aguas profundas.

Desde la ciencia, el Dr. Hinojosa enfatiza que el tratado entrega herramientas preventivas para enfrentar estos desafíos. “Se busca anticipar los impactos ambientales y reducir los daños antes de que sean irreversibles, en lugar de reaccionar cuando ya es demasiado tarde”, señala.

En la misma línea, Chovar destaca que el acuerdo reafirma la protección de los océanos como un bien común de la humanidad, incorporando principios como el de quien contamina paga, la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y su cosmovisión. Además, resalta su énfasis en la cooperación internacional y en la distribución justa y equitativa de los beneficios, especialmente relevante para países en vías de desarrollo.

Para Chile, país con una de las mayores extensiones marítimas del mundo y una estrecha relación histórica, económica y cultural con el océano, la entrada en vigor del Tratado BBNJ representa tanto un desafío como una oportunidad.

“Este acuerdo puede traducirse en océanos más sanos, lo que impacta directamente en la provisión de alimentos, la regulación climática y el bienestar de las personas”, señala Hinojosa, destacando además su potencial para fortalecer la investigación científica marina y la cooperación internacional.

Desde el ámbito jurídico, Chovar recuerda que Chile ha tenido un rol activo en el liderazgo ambiental a nivel internacional, participando desde las negociaciones del tratado y postulando a Valparaíso como sede de la secretaría del organismo, además de impulsar iniciativas como la reciente Opinión Consultiva OC-23 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“En términos prácticos, el Tratado BBNJ implicará avanzar en políticas públicas, financiamiento e investigación para cumplir con sus objetivos. Chile tiene el potencial de transformarse en un referente en ciencia y tecnología marina, donde las universidades están llamadas a jugar un rol protagónico”, concluye la académica.

Con la entrada en vigor del Tratado BBNJ, la protección de la alta mar da un paso decisivo, integrando ciencia, derecho y cooperación internacional para enfrentar uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI.

• El sábado 7 de febrero, casi 100 comunas estarán bajo alerta en las regiones de Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía. 

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) alerta a la población sobre un significativo aumento del riesgo de incendios forestales que alcanzará su punto más crítico durante el fin de semana, especialmente el sábado 7 de febrero, cuando cerca de 100 comunas y más de 2,2 millones de hectáreas estarán bajo condiciones de alto riesgo.

La información fue determinada gracias al Botón Rojo, herramienta creada por CONAF, que permite identificar territorios que tendrán un mayor potencial de ignición y propagación de incendios forestales. 

“Como dice nuestra campaña de prevención: todos los incendios forestales tienen nombre y apellido. En Chile, el 99,7% son causados por acción humana, lo que significa que prácticamente todos podrían evitarse. Hagamos un llamado a la responsabilidad: no encienda fuego al aire libre, no queme basura en zonas rurales, tenga precaución al usar maquinaria que genera chispas y extreme los cuidados en estos días de mayor riesgo. La prevención depende de cada uno de nosotros”, señaló el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca.

Detalle por día:

• Viernes 6 de febrero: Aumento importante del riesgo en la zona central, especialmente en O’Higgins y Región Metropolitana, con 36 comunas afectadas. Comunas como Santa Cruz, Melipilla, Paine, Lonquimay y sectores del valle interior requerirán especial atención.
• Sábado 7 de febrero (día crítico): Casi 100 comunas estarán bajo alerta en las regiones de Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía.
• Domingo 8 de febrero: Aunque disminuye respecto al sábado, el riesgo se mantiene alto en Maule y O’Higgins.
• Lunes 9 de febrero: Descenso marcado del riesgo, aunque permanecerán zonas de atención en la Región Metropolitana y O’Higgins.

Acciones preventivas:

• NO realice quemas de ningún tipo, especialmente entre este viernes y domingo.
• NO use maquinaria que genere chispas en zonas con vegetación seca.
• NO encienda fogatas ni parrillas en sectores rurales o forestales. 
• Posponga trabajos agrícolas o forestales de riesgo para después del lunes.
• Mantenga limpio el entorno de su vivienda, eliminando pastizales secos.

Si detecta un incendio forestal: Llame de inmediato al 130 de CONAF, indique la ubicación exacta del fuego, no intente combatirlo por su cuenta y evacúe siguiendo las instrucciones de las autoridades.

• Un estudio de HelpAge International revela consecuencias para la salud física y mental de las personas mayores
• La grave escasez de alimentos nutritivos, medicamentos y alojamiento contribuye a condiciones inhumanas
• “Los derechos y las necesidades de las personas mayores de Gaza no deben ser ignorados” – Erika Guevara-Rosas

Las personas mayores de Gaza sufren una crisis de salud física y mental desatendida en el contexto del bloqueo continuo de Israel a la ayuda y los medicamentos esenciales, y de su prohibición reciente de las organizaciones humanitarias, según revela un nuevo estudio de HelpAge International y Amnistía Internacional.

En el estudio sobre salud llevado a cabo por HelpAge International, varias personas mayores dijeron que la escasez de alimentos las habían obligado a saltarse comidas, entre otros motivos para garantizar que otros miembros de la familia pudieran comer, y otras comentaron que habían tenido que racionar los medicamentos para enfermedades graves debido a la falta de acceso.

Las personas mayores internamente desplazadas también describieron a Amnistía Internacional que la falta de acceso a alimentos nutritivos, alojamiento adecuado y atención sanitaria debida al bloqueo continuo impuesto por las autoridades israelíes les estaba causando un daño extremo. Las personas entrevistadas habían sufrido varios desplazamientos desde octubre de 2023.

“Durante los conflictos armados, las necesidades de las personas mayores suelen pasarse por alto. La población palestina de Gaza sufre un deterioro físico y mental sin precedentes como consecuencia directa de su sometimiento deliberado por parte de Israel a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física”, ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

“El estudio de HelpAge pone de manifiesto que las restricciones ilícitas, crueles e inhumanas impuestas por Israel a la entrada de ayuda para la supervivencia han repercutido en la capacidad de la gente mayor para acceder a atención de la salud y a medicamentos esenciales y han limitado su acceso a alimentos nutritivos y a alojamiento adecuado.”

“Los derechos y las necesidades de las personas mayores de Gaza no deben ser ignorados. Muchas de ellas siguen soportando condiciones de vida degradantes y una situación humanitaria desesperada tras la destrucción de sus hogares y repetidos desplazamientos. Las autoridades israelíes deben levantar el bloqueo de inmediato y sin condiciones y permitir la entrada sin trabas de suministros esenciales, como medicinas y materiales para la construcción de refugios.”

Durante los meses de invierno, la población palestina de Gaza —la mayor parte de la cual vive en tiendas ruinosas o alojamientos improvisados— también ha tenido que lidiar con el desbordamiento de las aguas residuales y las que provocaron las inundaciones, y ha estado expuesta a fuertes vientos. El 1 de enero Israel también suspendió el registro de 37 ONG que operaban en Gaza y Cisjordania, y ordenó el fin de sus actividades en un plazo de 60 días.

Conclusiones del estudio de HelpAge Internacional

HelpAge International encuestó a 416 personas mayores en Gaza y hoy publicó sus conclusiones en un informe titulado Pushed Beyond Their Limits: The survival of older people in Gaza (Más allá de sus límites: La supervivencia de las personas mayores en Gaza). En medio de la grave escasez de alimentos y el colapso de los servicios esenciales, las personas mayores se enfrentan a riesgos específicos que a menudo se pasan por alto. Sus necesidades siguen siendo en gran medida invisibles. A continuación figuran las principales conclusiones del estudio de HelpAge International:

• Las personas mayores viven en condiciones de extrema privación de vivienda: el 76% de las personas encuestadas viven en tiendas, a menudo en condiciones de hacinamiento; el 84% afirmaron que sus condiciones de vida actuales perjudican su salud y su intimidad.
• El desplazamiento ha sido constante y desestabilizador: el 79% han sido desplazadas más de tres veces desde octubre de 2023, lo que ha alterado el apoyo que recibían de sus familias y ha aumentado su aislamiento.
• Los problemas de salud están muy extendidos y, en gran medida, desatendidos: a pesar de la alta prevalencia de las enfermedades y el dolor crónicos, el acceso a medicamentos es extremadamente limitado, ya que el 42% de las personas encuestadas solo pueden obtenerlos “a veces” y el 18%, “rara vez”. El 68% redujeron la dosis de su tratamiento o lo interrumpieron por falta de existencias. El acceso general a la atención sanitaria sigue siendo bajo; solo el 17% de las personas encuestadas afirman disponer de una cobertura sanitaria completa, y el tratamiento de las enfermedades crónicas —sólo un 31% tienen acceso a él— es el servicio que más echan en falta.
• La inseguridad alimentaria es grave y potencialmente mortal: Aunque la mitad de las personas encuestadas afirmaron que desde el alto el fuego era más fácil acceder a la ayuda, el 11% seguían sin haber comido nada en las 24 horas anteriores. El 48% habían reducido su propia ingesta para garantizar la de otras personas.
• La tensión mental es grave y afecta directamente a la nutrición: el 77% afirmaron que la tristeza, la ansiedad, la soledad o el insomnio habían reducido su apetito y afectado a su bienestar.

“La vida se ha vuelto aún más miserable”

La investigación de Amnistía Internacional corroboró estas conclusiones. Incluía entrevistas a 12 personas mayores procedentes de todas las regiones de la Franja de Gaza ocupada que viven en tiendas en los campos para población internamente desplazada de la zona de Az Zawayda, donde las condiciones de vida son extremadamente difíciles. En la mayoría de los casos, un familiar facilitaba la comunicación con la persona mayor, que numerosas veces tenía alguna discapacidad o necesitaba ayuda para utilizar el teléfono móvil.

Las personas entrevistadas afirmaron que se habían visto obligadas a dejar de tomar o racionar los medicamentos para sus enfermedades crónicas por falta de existencias o porque su precio se había triplicado o cuadruplicado. Según la Organización Mundial de la Salud, en octubre de 2025 sólo funcionaban parcialmente menos de 14 de los 36 hospitales de Gaza y menos de un tercio de las unidades de rehabilitación, lo que limitaba gravemente el acceso a la salud de la población de edad avanzada.

Algunas personas mayores habían perdido mucho peso y la mayoría dependía de comedores comunitarios que no siempre proporcionaban alimentos suficientemente nutritivos. El terreno de los campamentos para población internamente desplazada, a menudo irregular y arenoso, impedía que las personas que utilizaban sillas de ruedas o andadores se movieran con libertad, lo que las hacía totalmente dependientes de sus familiares.

Mohammed Bili, de 61 años, había sufrido siete desplazamientos desde octubre de 2023. Necesita tres sesiones de diálisis a la semana. Sin embargo, el centro al que acudía ha sido destruido, y ahora solo recibe dos sesiones, y más cortas. Le cuesta mucho desplazarse en su silla de ruedas por el terreno del campamento y ha perdido casi 20 kg.

Contó lo siguiente a los investigadores de Amnistía Internacional: “Sufro de rigidez extrema en los brazos y debilidad muscular debido a que no puedo acceder a la diálisis con la frecuencia que necesito”.

Samira al Shawa, de 88 años, utilizaba un andador para desplazarse de forma independiente. Ahora vive en un campamento para población internamente desplazada cuyo terreno arenoso le impide caminar. Pasa la mayor parte del tiempo tumbada en una cama improvisada en su tienda de campaña. Su familia recibe alimentos de comedores sociales, pero son insuficientes y carecen de los nutrientes adecuados. Samira ha perdido unos 20 kg desde octubre de 2023.

Sadiqa al Barrawi, de unos 90 años, ha sufrido tres desplazamientos desde octubre de 2023. Actualmente vive en una tienda de campaña en el campamento para población internamente desplazada de Salam junto con su hijo, la esposa de este y sus cuatro hijos. Una noche de enero de 2025, mientras iba al baño, se cayó y se lesionó, y ahora no puede ponerse de pie ni caminar. La mujer dijo a Amnistía Internacional: “Desde entonces la vida se ha vuelto aún más miserable”.

Sadiqa tiene diabetes e hipertensión. Ha perdido unos 25 kg y depende de la comida que le proporcionan los comedores sociales. Añadió: “Somos campesinos. En el pueblo tenemos tierras y los mejores alimentos frescos, y aquí no tenemos nada”.

Información complementaria

Las personas de más de 60 años representan en torno al 5% de la población de Gaza. Según el Ministerio de Salud palestino, a principios de diciembre de 2025, 4.813 personas mayores habían perdido la vida violentamente en Gaza desde octubre de 2023, aunque esta cifra no incluía las muertes indirectas debidas, por ejemplo, a la destrucción de las infraestructuras sanitarias. Según un informe de la UNWRA, muchas personas mayores pierden el contacto con sus cuidadores debido a las hostilidades o a las perturbaciones que provoca el desplazamiento. Amnistía internacional ha documentado cómo en las situaciones de conflicto armado las personas mayores corren mayor riesgo, y cómo se pasan por alto sistemáticamente sus necesidades humanitarias.

En diciembre de 2024, Amnistía Internacional concluyó que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, alegando que el país había llevado a cabo actos prohibidos en la Convención sobre el Genocidio: matanza de miembros de la población palestina de Gaza, lesión grave a su integridad física o mental, y su sometimiento intencional a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física.

Pese a la reducción de la magnitud de los ataques desde el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025, no hay un cambio significativo en las condiciones a las que Israel somete a la población palestina de Gaza ni nada que indique un cambio en la intención de Israel de cometer genocidio.

La alumna Valentina Alarcón desarrolló “Didáctate”, una herramienta tecnológica que analiza audios de clases para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la docencia, iniciativa que formó parte del programa TIM 2025 de Chrysalis PUCV.

Una innovadora solución que contribuye al trabajo de los profesores en el aula desarrolló la estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Valentina Alarcón. Se trata de “Didáctate”, software que analiza audios de clases para identificar fortalezas y áreas de mejora en la docencia como gestión de la clase, didáctica, estrategias de enseñanza y otras habilidades, a través del empleo de Inteligencia Artificial (IA).

La plataforma busca optimizar el aprendizaje y potenciar el trabajo de los docentes, sin añadir carga laboral, actuando como un mentor virtual que entrega retroalimentación automática de las clases. Esta herramienta ahorra tiempo en el proceso de evaluación docente que actualmente implica que el coordinador de ciclo o el jefe de UTP asista a la clase, tome notas y elabore un informe para dar feedback al profesor, lo cual puede demorar semanas.

“Desarrollamos una plataforma que automatiza el proceso de acompañamiento en aula para docentes con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza. A través del audio de la clase, identificamos las prácticas pedagógicas, damos retroalimentación al docente y a la Unidad Técnica Pedagógica le permitimos hacer seguimiento al profesor para revisar cómo está enseñando y cómo está promoviendo distintas habilidades en sus estudiantes”, explicó Valentina Alarcón.

“Didáctate” es uno de los 30 emprendimientos que formaron parte del programa Talentos e Ideas que Motivan (TIM) 2025 –impulsado por la incubadora de negocios Chrysalis, dependiente de la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación de la PUCV–, que se enfoca en el desarrollo y fortalecimiento del modelo de negocio de los emprendedores, proporcionando servicios de incubación de calidad y conexiones con el mercado y redes.

La estudiante de Ingeniería Civil Industrial destacó cómo la PUCV ha sido fundamental para transformar su idea en un proyecto real. Gracias al apoyo del ecosistema de innovación de la Universidad –como preincubadoras, fondos concursables y mentorías especializadas– el equipo que integra logró validar su tecnología en terreno y fortalecer su modelo de negocios.

“Primero descubrí que existía The Lift de la Facultad de Ingeniería, una preincubadora donde nos ayudaron a conceptualizar más la idea y concretar el proyecto. Luego en los concursos de la Dirección de Innovación adjudicamos un fondo que nos ayudó a probar en terreno nuestra tecnología; además ingresamos al programa TIM de Chrysalis donde recibimos mentorías personalizadas, grupales y hemos podido fortalecer nuestra propuesta comercial también”, detalló la joven.

Para la directora de Innovación de la PUCV, Macarena Rosenkranz, es fundamental integrar competencias de innovación y transferencia tecnológica en el currículo de los estudiantes de pregrado. Al articular distintos niveles de apoyo, la universidad permite que ideas y prototipos se transformen en soluciones reales para el mercado. Asimismo, subrayó la colaboración entre académicos y estudiantes, esencial para consolidar el emprendimiento como una opción viable de desarrollo laboral.

“Hemos ido trabajando a lo largo de los años en un programa articulado con las distintas instancias de apoyo, donde los alumnos que ingresan a la PUCV adquieren durante su formación profesional habilidades y competencias vinculadas a la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica. Contamos con programas formativos y apoyamos proyectos que se encuentren en distintas etapas de desarrollo, de manera que el alumno, si tiene una idea que está en etapa de prototipo o más avanzado, encuentre en la PUCV el apoyo necesario para que esa innovación se traduzca en algún producto o servicio que pueda llegar al mercado”, detalló Rosenkranz.

Respecto al impacto de “Didáctate”, se espera que esta herramienta contribuya a mejorar progresivamente las habilidades pedagógicas de los profesores, medidas en la evaluación nacional docente; se incrementen los resultados de los estudiantes en pruebas estandarizadas; se reduzcan los costos asociados al desarrollo docente; y se incremente considerablemente la cantidad de retroalimentación recibida.

En el último programa del ciclo 2025 “De Domingo a Domingo” de Radio Nuevo Mundo, el periodista e historiador español, Mario Amorós, realizó un amplio análisis del momento político que vive Chile y el mundo, junto con repasar su trabajo biográfico sobre figuras clave de la izquierda como Gladys Marín, Salvador Allende, Dolores de Ibárruri (la pasionaria) y Guillermo Teillier (en elaboración) entre más de 20 títulos ya publicados.

Amorós se refirió, en primer lugar, a su vínculo con Chile y a los proyectos editoriales que lo mantienen conectado con el país. Recordó el recorrido que realizó por diversas regiones durante el lanzamiento de la biografía de Gladys Marín y destacó el impacto que tuvo la figura de la dirigenta comunista más allá del propio Partido Comunista. “La figura de Gladys concita respeto incluso fuera de la izquierda, porque representa una vida íntegra, de consecuencia política y humana”, señaló.

El historiador valoró además el acceso a documentación inédita para la investigación del libro, en especial las cartas personales y políticas de Gladys Marín, así como el trabajo en archivos nacionales, lo que permitió construir una mirada integral de su trayectoria, desde su formación como maestra hasta su papel en los años más complejos de la clandestinidad, el exilio y la reconstrucción política.

Próxima biografía de Guillermo Teillier

Durante la conversación, Amorós confirmó que su próximo proyecto será una biografía del expresidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier. Explicó que ya ha sostenido encuentros con su familia y con compañeros de militancia en el sur del país, especialmente en Valdivia y la zona de La Araucanía, donde recogió testimonios sobre su rol durante la Unidad Popular, el golpe de Estado y la resistencia a la dictadura.

“Guillermo era un hombre parco en palabras, pero de una enorme inteligencia política. Conocer su historia es también contar el devenir del Partido Comunista en los años más difíciles”, afirmó, adelantando que el libro buscará relevar tanto su dimensión humana como su papel estratégico en la izquierda chilena.

Allende y las lecciones para el presente

Amorós también abordó la vigencia de la figura del presidente Salvador Allende, recordando que su interés por Chile nació precisamente a partir de la biografía del expresidente. Destacó que Allende no puede reducirse al 11 de septiembre, sino que representa una trayectoria política de más de cuatro décadas y una experiencia de gobierno que sigue siendo referencia mundial.

“Cada vez que la izquierda llega al gobierno en algún lugar, la comparación con el Chile de Allende está presente. Sus aciertos, errores y preguntas siguen siendo fundamentales para pensar cómo transformar la sociedad hoy”, sostuvo.

Escenario político chileno e internacional

En el plano nacional, Amorós expresó preocupación por el nuevo escenario político chileno y por el avance de una ola reaccionaria a nivel global. Planteó que Chile enfrenta una etapa inédita tras los procesos electorales y constitucionales de los últimos años, donde se ha instalado un relato que reduce el estallido social a hechos de violencia, invisibilizando las demandas de justicia social que siguen vigentes.

Asimismo, analizó el contexto internacional marcado por el fortalecimiento de la extrema derecha en Europa, el rol de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas, junto con el impacto que ello tiene en América Latina. En ese marco, defendió la necesidad de una política exterior y social basada en la democracia, los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos.

En su intervención, Amorós dedicó un espacio a la situación de Cuba, denunciando el impacto del bloqueo estadounidense y llamando a una defensa democrática del derecho del pueblo cubano a decidir su futuro. Recordó el rol solidario que la revolución cubana ha tenido históricamente con Chile y otros procesos de paz en la región.

Finalmente, se refirió al fenómeno migratorio, señalando que debe abordarse desde una perspectiva humana y con políticas públicas de acogida que favorezcan el encuentro entre comunidades. “Chile también fue un país de exilio y de migración. Mirar ese proceso con humanidad es clave para la convivencia democrática”, concluyó.

• El documento destaca que más de 1.600 niños, niñas y adolescentes se beneficiaron de las acciones judiciales impulsadas por la Defensoría.

La Defensoría de la Niñez dio a conocer su Informe de Intervención Judicial 2025, documento que sistematiza las acciones penales, constitucionales y amicus curiae (informes en derecho presentado ante tribunales) desarrollados durante el año pasado. El informe consolida el rol de la institución como actor clave en la protección y promoción de los derechos de la niñez en Chile.

Entre los principales resultados, se destaca la presentación de 33 querellas en 10 regiones del país, principalmente asociadas a delitos de explotación sexual. Asimismo, la Defensoría participó en 572 audiencias y 16 juicios orales, logrando 37 condenas por graves delitos y crímenes que afectaron a niños, niñas y adolescentes.

Junto a lo anterior, el informe consigna que, desde su instalación en 2018, la Defensoría de la Niñez ha presentado un total de 266 querellas criminales y ha obtenido 91 condenas, lo que da cuenta de la continuidad y consolidación de su rol institucional en el ámbito penal. Al respecto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, subrayó que “este informe refleja el compromiso permanente de la institución con la protección reforzada de los derechos de niños, niñas y adolescentes, instalando criterios jurisprudenciales que fortalecen su acceso a la justicia”.

El documento también destaca el sostenido aumento de la intervención de la Defensoría en otros frentes judiciales, durante 2025 se presentaron 22 amicus curiae, el mayor número desde la creación de la institución, beneficiando a más de 1.590 niños, niñas y adolescentes. A ello se suman cuatro acciones de protección constitucional en favor de 99 niños, niñas y adolescentes, con avances relevantes en el derecho a ser oído y en el acceso efectivo a la justicia.

Finalmente, la Defensoría de la Niñez enfatiza que su intervención judicial es excepcional, estratégica y especializada, orientada no solo a la persecución de responsabilidades, sino también a incidir en la interpretación judicial, promover estándares internacionales y contribuir a una justicia más protectora, preventiva y respetuosa de los derechos de la niñez y adolescencia en Chile.

El informe completo puedes revisarlo aquí

El ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero constituyó un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas, lo que supone una amenaza adicional para el orden internacional basado en normas. Mientras tanto, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano siguen sin justicia y garantías de no repetición, ha advertido hoy Amnistía Internacional.

“La operación militar estadounidense en Venezuela constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. Es un acto de agresión que pone en peligro a la población civil y destruye las salvaguardias del derecho internacional. El uso de la fuerza por parte del gobierno de Trump no sólo fue ilegal, sino que podría alentar acciones ilícitas por parte de otros Estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Como ha declarado el propio presidente Trump, el control de los recursos y el poder geopolítico en la región han sido en gran medida los motivos del ataque del 3 de enero. Desde entonces, ha reivindicado abiertamente su autoridad para dirigir la política en Venezuela, incluso cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantiene una retórica desafiante mientras coopera con Estados Unidos. En medio de la incertidumbre generada por la volátil situación interna y la persistencia del aparato represivo del Estado, la población venezolana se enfrenta a la creciente interferencia de Estados Unidos, la falta de soluciones integrales y duraderas en materia de derechos humanos y amenazas de un daño adicional a sus derechos y su seguridad.

“La impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro durante más de un decenio continúa, hasta ahora, con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Aunque algunas personas detenidas están siendo liberadas, no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición. Al mismo tiempo, las amenazas al espacio de la sociedad civil persisten, y las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones siguen enfrentando el riesgo de persecución y criminalización,” afirmó Agnès Callamard.

“Seamos claros: Amnistía Internacional condena inequívocamente tanto el uso ilícito de la fuerza por parte de Estados Unidos como los múltiples crímenes cometidos por las autoridades venezolanas contra el pueblo de Venezuela. La denuncia de la acción militar ilegal de Estados Unidos no debe eclipsar en modo alguno la urgente necesidad de rendición de cuentas y reparación por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano.”

“Un error no se corrige con otro. Debe haber una rendición de cuentas y una reparación completas por el ataque ilegal del gobierno de Trump contra Venezuela y por los crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas.”

Las amenazas abiertas del presidente Trump de intensificar la acción militar unilateral en otros lugares, junto con la retórica sobre “dirigir” Venezuela y controlar su petróleo, aceleran el desmantelamiento de las normas del derecho internacional destinadas a proteger a la población civil y prevenir los conflictos, lo que amenaza los derechos humanos en todo el mundo. Desde que atacó Venezuela, el presidente Trump ha amenazado con utilizar la fuerza militar contra Colombia, Cuba, Groenlandia, Irán y México. Mientras tanto, China sigue llevando a cabo acciones amenazadoras contra Taiwán y sus vecinos, y Rusia continúa su agresión contra Ucrania y ha sobrevolado el espacio aéreo de la OTAN.

“No nos equivoquemos, se trata de esfuerzos calculados para normalizar un enfoque de ‘la fuerza hace el derecho’ en las relaciones exteriores y dejar de lado la Carta de las Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, los tratados de derechos humanos y otros pilares del orden internacional. Otros Estados deben oponerse a estos esfuerzos imprudentes por desmantelar las normas mundiales diseñadas para mantener la paz, proteger a la población civil en los conflictos y garantizar los derechos humanos de todas las personas en todo lugar.”

Por qué se trató de un uso ilícito de la fuerza y un acto de agresión

 El derecho internacional no puede ser más claro: El artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El artículo 2, párrafo 3, exige el arreglo pacífico de las controversias. La Declaración sobre Relaciones de Amistad (Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU) establece la prohibición de la intervención armada. Por otra parte, la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU define la agresión, señalando que el primer uso de la fuerza armada por parte de un Estado en violación de la Carta constituye prueba prima facie de un acto de agresión, incluidos el bombardeo o los ataques contra las fuerzas armadas de otro Estado. La operación del 3 de enero implicó precisamente esas modalidades.

El gobierno de Estados Unidos inició su escalada militar con ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales y llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, sólo para revelar sin ambigüedades su verdadera motivación: el control de los recursos naturales de Venezuela. Más allá de la justificación oficial, siempre cambiante, los hechos son inequívocos y constituyen graves violaciones del derecho internacional. Incluso si se aceptaran las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que se trata de combatir el narcotráfico, seguiría siendo ilícito ejercer la jurisdicción coercitiva en el territorio de otro Estado sin su consentimiento, lo que constituye una violación de la soberanía largamente reconocida en el derecho internacional. Las acusaciones de narcotráfico no constituyen un “ataque armado” que pueda desencadenar la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta.

El Comité Jurídico Interamericano ha afirmado igualmente que, para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las únicas excepciones a la prohibición del uso de la fuerza son la legítima defensa y la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, límites cuyo objetivo es precisamente salvaguardar la paz y los derechos humanos en la región.

El ataque de Estados Unidos cumple claramente tres de los siete actos prohibidos que la Resolución 3314 define como actos de agresión: “La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado”; “el bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado”; y “el ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea”.

El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento. La Observación general núm. 36 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deja claro que los actos de agresión que provocan la privación de la vida violan el artículo 6 del PIDCP ipso facto, y que no resolver las controversias por medios pacíficos puede suponer un incumplimiento del deber de proteger la vida.

“Ninguna etiqueta puede convertir un bombardeo en ‘hacer cumplir la ley’. Son los hechos, y no la retórica política, los que determinan el derecho aplicable. Sin la autorización del Consejo de Seguridad ni un caso genuino de legítima defensa, el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela fue ilícito y constituyó un acto de agresión. El derecho a la vida no se suspende cuando un gobierno decide ignorar la Carta de las Naciones Unidas”, ha afirmado Agnès Callamard.

Dentro de Venezuela: una maquinaria de represión que no se detuvo el 3 de enero

Durante años, Amnistía Internacional y múltiples investigaciones internacionales han documentado la política sistemática de represión, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, dirigidos especialmente contra personas defensoras de derechos humanos, personas opositoras políticas, personas manifestantes, periodistas y críticas —reales o percibidas— del gobierno.

En 2019, Amnistía Internacional estableció la existencia de un ataque generalizado y sistemático por parte de las autoridades venezolanas bajo el mandato de Nicolás Maduro contra la población civil, y concluyó que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2014. Desde entonces, la organización ha publicado nuevas pruebas de persecución y desapariciones forzadas, así como otros crímenes de lesa humanidad, al tiempo que ha pedido y respaldado las investigaciones de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), así como las investigaciones penales en curso en virtud del principio de jurisdicción universal en Argentina.

“Los crímenes de lesa humanidad no terminan con la remoción de Maduro. Las víctimas venezolanas, las personas sobrevivientes y sus familias conservan las cicatrices físicas y psicológicas. El destino y paradero de muchas personas sujetas de desaparición forzada siguen sin resolverse. La maquinaria estatal responsable de esos crímenes sigue firmemente en su lugar, ahora apoyada por el involucramiento de las autoridades estadounidenses”, ha afirmado Agnès Callamard.

Durante los primeros días del gobierno encargado de Delcy Rodríguez, las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia (el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, de carácter civil, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, de carácter militar) y los grupos armados progubernamentales han seguido deteniendo personas, vigilando comunidades e intimidando a los sospechosos de apoyar el ataque del 3 de enero, entre otras cosas mediante el establecimiento de puestos de control y obligando a las personas a desbloquear su teléfono para revisiones arbitrarias. Algunos reportes confirman nuevas detenciones arbitrarias –entre ellas, la de 14 periodistas que cubrían una rueda de prensa oficial y que ya han sido puestos en libertad–, amenazas y represalias, lo que se hace eco de los patrones bien documentados de la última década.