La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, se refirió a la incertidumbre que genera la alta desaprobación al gobierno del Presidente Kast, a menos de un año en el poder, y el desafío que representa para las colectividades políticas progresistas y de izquierda enfrentar ese panorama.

Señalando la expresión de la ciudadanía en las encuestas con una aprobación que apenas alcanza un 22%, comentó el carácter social de las 14 medidas emanadas en la Conferencia Nacional de su Partido en materia de reactivación económica, salarios y empleo.

Al respecto destacó la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT de articular organización por medio de los Comités Provinciales de Articulación Social (Compas), el cual citó como un ejemplo de coordinación que aporta desde lo social para la unidad social y política. “Necesitamos que la gente tenga recursos”, precisó:

Enfatizó la línea de los salarios y el robustecimiento del seguro de cesantía por medio de un IFE como parte de las medidas que emanan desde la Conferencia, además de señalar que ese pliego de demandas se plantea desde el llamado a la unidad, de manera que ya lo han dado a conocer a la dirigencia de la Central.

“Hay que organizarse para dar la disputa. Con la llegada de este gobierno se ha acrecentado la crisis en el empleo y del soporte económico para las familias trabajadoras de nuestro país”.

“Hay una responsabilidad directa, sí: se generó una expectativa que hoy no se puede cumplir y el responsable es este gobierno y su ministro Quiroz, más todo las otras decisiones que se han ido tomando”, dijo acerca de la rebaja de condenas a criminales sexuales por el ministro de Justicia, Fernando Rabat:

Están los temas de salud, de seguridad también, sostuvo la secretaria del PC como parte de las medidas que esperan seguir conversando con distintas entidades políticas sociales e incluso religiosas. “Queremos contribuir al desafío de poder hacer contrapeso a este escenario tan complejo nivel nacional”, indicó.

La ex ministra secretaria general de Gobierno -ministra vocera de Gobierno- Camila Vallejo, analizó el manejo político que ha tenido el gobierno de Kast respecto a la rebajas de condena otorgadas desde el ministerio de Justicia a violadores sexuales de menores.

Vallejo calificó de extraña la posición del gobierno que instruyó la salida del subsecretario Silva por postear un video no autorizado y no por “haber cambiado la trayectoria del criterio político de rechazar la rebaja de condena a violadores y abusadores sexuales de menores de edad”.

La administración de Rabat -apuntó- siguió la vía para aprobar las rebajas en un momento en que se había fortalecido el criterio en favor de las víctimas en el poder judicial:

Además, esa decisión ha generado un impacto tanto en las víctimas, como en la sociedad y en el sistema judicial, advirtió la ex vocera, lo que fortalece a los defensores de los criminales sexuales en tribunales.

Desmintiendo el argumento del ejecutivo que atribuye el resultado de los hechos a un problema de Estado, apuntó a la falta en las tareas de gobierno por parte del mandatario: “Lo correcto es que el presidente de la República haga valer las responsabilidades políticas frente al gran error cometido”.

“Es un daño a todo lo que se ha ido construyendo hasta el momento para garantizar no impunidad, para los delitos contra menores, pero también los de lesa humanidad que están intentando favorecerlos con este actuar”.

“No me sorprende que dentro del gobierno haya una intención de avanzar en lo que se ha buscado hace mucho tiempo”, dijo sobre la búsqueda de la libertad por distintas vías a los presos de Punta Peuco, condenados por crímenes de lesa humanidad  por parte de fuerzas políticas vinculadas al pinochetismo. Un ejemplo reciente fue el proyecto de ley de cumplimiento alternativo que incluía a abusadores sexuales. Sin embargo, tales grupos que respaldaron el proyecto, hoy encuentran una vía abierta desde las atribuciones del ejecutivo. “¿Cómo se explica la indolencia?”, interpeló la ex ministra:

“El efecto que tiene genera un precedente de gravedad al respeto y resguardo a los derechos de las víctimas y de los derechos humanos en general en nuestro país”, señaló.

En esa línea, la también ex diputada de la Bancada Comunista, consideró que el gobierno vive un problema de gestión y coordinación interna, pero también de incumplimiento. Si bien el número de desvinculaciones en la Alta Dirección Pública supera los 170 casos, Vallejos señaló que ese punto no lo explica todo, dado que es necesaria además la conducción política de los servicios a nivel nacional y territorial.

Respecto a las encuestas donde el gobierno ha alcanzado un mínimo insólito de aprobación en los primeros 8 meses que llega al 22%, Camila Vallejo observó que este ha sido un gobierno donde se han deteriorado las condiciones de vida de las personas. Un gobierno que promete demasiado y de una manera muy agresiva, dijo, en cambio se ha entregado “un desempleo histórico, destrucción de cientos de miles de empleos y por otro lado, la promesa de seguridad se demostró que era una gran estafa”, expresó.

“Cuando la única agenda real ha sido rebajar los impuestos a los más ricos (…) te das cuentas que las prioridades no estaban en la clase trabajadora ni en las familias trabajadoras y lo que se está haciendo es que ellas paguen la cuenta”, dijo la ex vocera.

En su plenario de octubre, el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) elaboró un plan de trabajo conjunto en el contexto de la discusión presupuestaria para 2027, que disminuye el financiamiento para la educación superior en general y afecta especialmente a la educación pública.

En su plenario de octubre, el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) elaboró un plan de trabajo conjunto en el contexto de la discusión presupuestaria para 2027, que disminuye el financiamiento para la educación superior en general y afecta especialmente a la educación pública.

• El envejecimiento de la población exige fortalecer los apoyos, la fiscalización y la corresponsabilidad social, sin restringir la autonomía ni los derechos de quienes los reciben.

Según el Censo 2024 las personas de 65 años o más representan el 14% de la población chilena, mientras que un 22,2% tiene algún grado de dependencia, de acuerdo con los datos ofrecidos por la ENDIDE 2022. Estas cifras plantean el desafío de ampliar las alternativas de cuidado y garantizar que el acceso y la calidad de la atención sea cada vez más segura, digna y equivalente.

Para el académico del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O’Higgins (UOH), Investigador del Núcleo Milenio Discapacidad y Ciudadanía (DISCA) e Investigador Adjunto del Centro de Investigación y Acción en Determinación Social y Salud Mental (CIADES), Juan Pino Morán, este escenario es perfectamente viable siempre y cuando se comience a trabajar en una red de apoyos y garantías públicas capaz de distribuir las responsabilidades de cuidado, sin que estas recaigan únicamente en las familias y, en especial, en la sobrecarga de mujeres como suele verse a menudo.

“Chile necesita avanzar desde un sistema fragmentado, que descansa principalmente en las mujeres y familias, hacia una red de corresponsabilidad social en que el Estado sea garante y donde las personas mayores y sus cuidadoras sean reconocidas como sujetos de derechos. Eso implica financiamiento estable y cobertura territorial equitativa para el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, además de tiempos de respiro, formación, acompañamiento psicosocial y protección social para las personas cuidadoras y las personas cuidadas”, detalla.

Atención domiciliaria y comunitaria

Para el Dr. Pino la red también debe ofrecer alternativas acordes con las necesidades y preferencias de cada persona. Propone el “cuidado domiciliario, centros de día, viviendas tuteladas y residencias pequeñas abiertas a la comunidad, donde, ojalá, se expresen relaciones intergeneracionales”, de modo que los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) sean parte de un continuo de atención y no el único destino.

El académico sostiene que las regiones y zonas rurales requieren especial atención por la menor disponibilidad de servicios y las distancias que dificultan el acceso, lo cual suele debilitar los vínculos afectivos y la salud mental. Por ello, destaca la atención domiciliaria y comunitaria como primera alternativa cuando las condiciones lo permitan, y plantea que las residencias deben favorecer la continuidad de las relaciones y la conexión con el entorno.  “Las residencias de cuidado deben favorecer la continuidad de las relaciones afectivas y la conexión con el barrio para evitar rupturas y aislamientos que suelen ser factores de desarraigo que terminan deteriorando la salud física y mental de las personas mayores”, explica el especialista en psicología comunitaria.

Preservar vínculos y autonomía

El experto señala que la seguridad y la atención de las necesidades cotidianas no bastan por si solas para garantizar un cuidado digno. Subraya que deben respetarse las decisiones y los proyectos de vida de las personas mayores, incluso cuando presentan dependencia severa, considerando su voluntad al definir dónde vivir, quién les presta asistencia y cómo organizan su rutina.

“Un modelo de cuidado no debería partir preguntando qué es lo que la persona ya no puede hacer desde una perspectiva funcionalista y capacitista, sino cuál es su proyecto de vida y qué apoyos necesita para seguir llevándolo adelante. Ser ‘autovalente’ o ‘dependiente’ dice poco sobre la capacidad de decidir: una persona con ‘dependencia severa’ puede seguir decidiendo cómo, con quién y dónde vivir si cuenta con los apoyos adecuados”, añade a modo de defender el derecho de quienes requieren de cuidado.

Irrespetar esa autonomía relacional puede derivar en lo que Pino denomina “una institucionalización de la vida de las personas en cuidados, que, aunque sus necesidades físicas estén cubiertas, pierden la capacidad de decidir por sí mismas, quedando muchas veces, bajo restricciones o rutinas uniformes que reducen su vida a diagnósticos y medicamentos”.

Política, fiscalización y diseño

No obstante, para el Dr. Pino la calidad de la atención en todas sus dimensiones también depende de las condiciones de quienes cuidan. La precariedad laboral, la alta rotación y la falta de formación en derechos humanos dificultan las relaciones de confianza y el respeto por la dignidad de las personas mayores. “Apoyar a las familias y mejorar las condiciones laborales del personal son, por tanto, dimensiones complementarias de una misma política de cuidados”, subraya el doctor en Sociología.

Para el académico una red de cuidados de personas mayores más segura y sostenible, también requiere de una fiscalización periódica, intersectorial y efectiva de las residencias públicas, privadas e informales. También requiere, según indica, de “mecanismos independientes de denuncia y monitoreo del trato recibido”.

A su juicio, esta supervisión debe contemplar estándares exigibles de infraestructura, dotación y formación del personal, además de planes de emergencia rigurosos; medidas indispensables para prevenir tragedias como el incendio ocurrido en una residencia de Pitrufquén en septiembre de 2026, que cobró la vida de 16 personas mayores. “Pero, dentro de todo ello, las personas mayores tienen que estar en el diseño, evaluación y seguimiento de las políticas de cuidado, no solo como consultadas, sino con capacidad real de incidir en la articulación de una red orientada a la dignidad como derecho irrestricto”, concluye el también profesor de Terapia Ocupacional UOH.

• La acción constitucional contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y solicita que se declaren ilegales y arbitrarios los decretos del Ministerio de Justicia y que se adopten medidas para garantizar la seguridad y protección de las víctimas.

Santiago, 30 de octubre de 2026.– La Defensoría de la Niñez presentó esta tarde un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a raíz de las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La acción judicial solicita declarar ilegales y arbitrarias los actos administrativos, dejando sin efecto los decretos impugnados, al considerar que amenazan y perturban los derechos a la libertad personal y seguridad individual de las víctimas.

En concreto, la Defensoría pide que el tribunal ordene dejar sin efecto los decretos correspondientes a las causas individualizadas en el recurso y que el Ministerio adopte las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto. Asimismo, solicita que se informe a los respectivos Juzgados de Garantía para que determinen las medidas que correspondan para el cumplimiento efectivo de las penas impuestas, incluidas eventuales órdenes de detención, si procede.

La acción judicial cuestiona el cambio de criterio aplicado por el Ministerio de Justicia para conceder estos beneficios, pese a que la Ley N.º 19.856 (modificada por las leyes N.º 21.421 y N.º 21.522) establece exclusiones expresas para determinados delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. El recurso también advierte que el propio Ministerio había sostenido anteriormente una interpretación contraria al otorgamiento de estos beneficios en casos de similares características, criterio respaldado en distintas resoluciones de la Excma. Corte Suprema.

Uno de los principales fundamentos de la presentación es que las decisiones del Ministerio no habrían considerado ni ponderado el interés superior del niño, niñas y adolescentes víctimas ni evaluado adecuadamente los riesgos para su seguridad, especialmente en aquellos casos en que las personas condenadas ya recuperaron su libertad. Según sostiene el recurso, esta omisión afecta la integridad física y psicológica de las víctimas, así como su libertad para desarrollar sus vidas en condiciones de seguridad.

Al respecto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que “No estamos solo frente a una discusión sobre beneficios penitenciarios, sino que también estamos frente a decisiones del Estado que pueden afectar directamente la seguridad y los derechos de quienes fueron víctimas de graves delitos sexuales. Por eso hemos acudido a la justicia, porque consideramos que estas rebajas deben quedar sin efecto y que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas para proteger a las víctimas. No basta con explicar por qué se concedieron estos beneficios; también hay que responder qué se está haciendo para resguardar a quienes sufrieron estos delitos”.

La Defensoría sostiene que estas decisiones contravienen las obligaciones de protección de las víctimas establecidas en la Ley de Garantías de la Niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas normas exigen considerar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, así como resguardar su seguridad, protección y recuperación frente a la violencia sexual.

El recurso también solicita que la Corte ordene al Ministerio de Justicia coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la activación de medidas de protección para las víctimas, además de entregar los antecedentes requeridos por la Defensoría el 22 de octubre, cuya respuesta seguía pendiente al momento de presentar la acción judicial, pese a que el plazo venció el 29 de octubre.

Finalmente, la institución solicitó mantener en reserva los antecedentes que permitan identificar a las víctimas, para evitar su revictimización, en el marco de su mandato legal y autónomo de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La presentación de esta acción judicial forma parte del mandato legal y autónomo de la Defensoría de la Niñez de promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de observar la actuación de los órganos del Estado cuando sus decisiones puedan comprometer esos derechos.

El economista y director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), Fernando Carmona, alertó sobre el deterioro de la actividad económica y sostuvo que los últimos registros del Imacec dan cuenta de un escenario de recesión técnica. Asimismo, cuestionó la estrategia económica del Gobierno y advirtió que un Presupuesto restrictivo podría profundizar el estancamiento.

El economista y director del ICAL, Fernando Carmona, analizó las últimas cifras de actividad económica y advirtió que el desempeño del Imacec confirma un escenario particularmente complejo para la economía chilena.

A juicio del especialista, el registro de 0,2% debe analizarse en conjunto con las caídas observadas durante los meses anteriores.

“Ya habíamos caído un 1% en agosto y un 1,5% en julio. Entonces, de todas maneras, este trimestre va a ser negativo. Con eso tendríamos tres trimestres negativos de crecimiento económico. Eso sigue siendo una recesión técnica”, señaló.

Carmona apuntó además a la debilidad que experimenta el mercado laboral, advirtiendo que, de mantenerse la tendencia actual, la tasa de desocupación podría alcanzar los dos dígitos hacia finales de año.

En ese contexto, sostuvo que la menor generación de empleo y el debilitamiento de los salarios terminan repercutiendo directamente sobre la capacidad de consumo de las familias, dificultando a su vez una recuperación de la actividad económica.

Críticas a la estrategia económica del Gobierno

El director del ICAL cuestionó la estrategia impulsada por el Ejecutivo, la que, a su juicio, descansa principalmente en generar mejores condiciones para la inversión privada mediante una reducción de las regulaciones y una mayor rentabilidad para las empresas.

Según explicó, la apuesta gubernamental supone que, al reducir las trabas para invertir y disminuir la carga tributaria de las empresas, estas utilizarán esos mayores recursos para impulsar nuevas inversiones y contrataciones.

Sin embargo, Carmona sostuvo que esta lógica enfrenta un problema fundamental: las empresas invierten principalmente cuando consideran que existen condiciones económicas que les permitirán obtener retornos.

“Los empresarios solo invierten cuando el escenario económico es propicio para esa inversión, es decir, cuando perciben que la inversión que van a hacer va a tener retornos porque tienen una economía que está creciendo”, afirmó.

Para el economista, una economía estancada, con mayor desempleo y menor capacidad de consumo, reduce precisamente los incentivos que podrían llevar a las empresas a materializar las inversiones proyectadas por el Ejecutivo.

“Las posibilidades de que la inversión que proyecta el Gobierno se genere son, en realidad, bastante más bajas de lo que ellos esperan”, indicó.

Carmona añadió que, mientras un Estado puede pensar inversiones y políticas con horizontes de diez años o más, las empresas suelen exigir retornos en períodos considerablemente más cortos.

Por ello, calificó como “optimista” el escenario económico planteado por el ministro de Hacienda y el Presidente de la República.

“Lo que hemos visto en este último tiempo es que los escenarios optimistas no son los que se están cumpliendo. Sobre todo con esta debilidad en el mundo laboral, tanto por el empleo como por los salarios”, manifestó.

Un Presupuesto que “en realidad está decreciendo”

El economista también abordó el debate presupuestario y cuestionó la afirmación de que el gasto público crecerá durante el próximo año.

Carmona sostuvo que, aunque oficialmente el Presupuesto de la Nación registra una expansión de alrededor de 1,5%, una parte importante de ese incremento estaría asociada al servicio de la deuda.

“El Presupuesto de la Nación está oficialmente creciendo al 1,5%, pero cuando uno va a mirar la composición de ese Presupuesto se da cuenta de que, en realidad, lo que crece es el pago de la deuda, el servicio de la deuda”, explicó.

De acuerdo con su análisis, si se descuenta ese componente y se observa específicamente la evolución del gasto y la inversión pública, el resultado sería un Presupuesto contractivo.

“Cuando uno va a ver el gasto público y la inversión pública, eliminando ese ítem de servicio de deuda, la verdad es que este es un Presupuesto que decrece; es decir, gasta menos que el Gobierno anterior”, sostuvo.

Carmona mencionó, además, reducciones presupuestarias en gobiernos regionales y en áreas como Cultura, Ciencia y distintos programas vinculados a Salud y organizaciones sociales.

Propuestas del Partido Comunista

Para el director del ICAL, reducir el gasto y limitar la inversión pública en medio de un escenario de estancamiento económico puede terminar profundizando el ciclo negativo.

Según explicó, este tipo de medidas corresponden a lo que en economía se denomina políticas procíclicas: aquellas que, en vez de contrarrestar una desaceleración, terminan reforzándola.

“Si yo le agrego a esto un Presupuesto que además es restrictivo, lo que debiera suceder es que esto acelerara el ciclo de estancamiento económico”, señaló.

Frente a este escenario, Carmona sostuvo que la alternativa planteada desde el Partido Comunista apunta en la dirección contraria: aplicar políticas anticíclicas y utilizar el gasto y la inversión pública como herramientas para sostener la actividad.

“Cuando la economía se cae, lo que tiene que hacer el Gobierno, o el Presupuesto en este caso, es sostener la economía, aumentar su espacio de gasto público e inversión pública y, de esa manera, jugar un papel reactivador”, concluyó.