En la mañana de hoy el diputado Luis Cuello (PC), junto a las diputadas Gael Yeomans (FA), Irací Hassler (PC) y Daniela Serrano (PC) y los diputados Juan Santana (PS), Marcos Barraza (PC), Boris Barrera (PC), ingresaron un proyecto de reforma constitucional que busca dejar sin efecto los decretos que provocaron el incremento registrado el pasado 26 de marzo, con el objetivo de restablecer el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y aliviar el impacto en el costo de vida de las familias.

La iniciativa plantea incorporar una norma transitoria en la Constitución para derogar los decretos dictados por el Ejecutivo —incluidos los del Ministerio de Hacienda y Energía— que modificaron el cálculo del precio de los combustibles, permitiendo así volver a los valores vigentes al 25 de marzo.

Además, el proyecto establece que, en caso de ser necesario, se podrán utilizar recursos del Fondo de Estabilización Económico y Social para sostener el mecanismo y evitar nuevas alzas.

En ese sentido, el diputado Luis Cuello, explicó la iniciativa:

Volver a activar el MEPCO es deber, adujo el diputado: “Hoy queda en evidencia que el gobierno está más preocupado de beneficiar al 1% de mayores ingresos, mientras desatiende a la gran mayoría de las familias del país.”

Asimismo, el parlamentario agregó: “Esperamos que este proyecto se tramite con rapidez en la Comisión de Constitución, porque aquí hay una urgencia evidente: bajar los precios de los combustibles. Las medidas paliativas han sido parches, insuficientes, mal aplicados e improvisados, y la ciudadanía lo está viendo. Esto también explica la caída en el respaldo al gobierno del presidente Kast, que está generando una crisis económica y social que afecta directamente a las familias chilenas.”

En esa línea, el diputado Juan Santana indicó: “Hemos presentado, junto al Diputado Cuello, una reforma constitucional para agregar una disposición transitoria que deroga los decretos que traspasaron el costo directo del alza del combustible a los chilenos y chilenas, conjuntamente la misma norma extiende la vigencia de los decretos anteriores que mantenían plenamente vigente el mepco y las reglas de estabilización previo a la intromisión de este gobierno. Se trata de utilizar las herramientas que están a nuestra disposición, como una reforma constitucional para hacer frente a una decisión que claramente la ciudadanía ha rechazado y que la perjudica directamente”.

A su vez, la diputada Gael Yeomans sostuvo que los parlamentarios unidos en torno al proyecto, insistirán “en que no sean las personas las afectadas, por eso hoy respaldamos esta reforma para que queden sin efecto los decretos y se restaure el funcionamiento del MEPCO tal como estaba. Aún hay tiempo de apoyar a las familias de Chile”.

Asimismo, la diputada Irací Hassler rechazó la política del recorte fiscal en paralelo a proponer bajar bajar los impuestos a las grandes empresas de Chile:

En tanto, el diputado Marcos Barraza concluyó: “El alza de los combustibles del 26 de marzo fue la mayor en 46 años. El kilo de pan ya está sobre los $2.000 y subirá un 10% más en abril. Los economistas proyectan inflación”:

“Las familias chilenas no merecen esto y por eso ingresamos un proyecto de reforma constitucional para restablecer el MEPCO de inmediato”, puntualizó.

El Comunal Rengo del Partido Comunista de Chile y la comunidad renguina se darán cita el sábado 11 de abril, desde las 12:00 horas, en la Plaza Parque Criollo de la Población Rienzi Valencia, para celebrar la Fiesta de los Abrazos 2026.

El encuentro ofrece conversatorios en torno a la vivienda y derechos humanos, así como un espacio para la música en vivo donde se contará con la presencia de la banda tropical Celeste Soler; el hip hop rebelde de Artemisa Mc; la banda Canto Libre, y el rock con Los Renegados.

Invita Comunal Alcalde Luis Jorquera Calderón, Partido Comunista Rengo.

¡No faltes!

El diputado Luis Cuello (PC) emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por su responsabilidad política en el alza de la inflación y el impacto que ha tenido el aumento de los combustibles en el costo de vida de las familias, tras conocerse las últimas cifras del IPC. Asimismo, informó que ofició —junto al diputado Boris Barrera (PC) — al Ministerio de Hacienda para exigir medidas que permitan traspasar la baja internacional del precio del petróleo a los consumidores en Chile.

En ese contexto, el parlamentario cuestionó las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia económica, señalando: “Acá ha existido un actuar irresponsable, improvisado, pero también con un objetivo, y ese objetivo ha sido beneficiar a los más ricos, beneficiar a las grandes empresas. No por nada el principal beneficiado por el incremento de la UF va a ser el Banco de Chile, empresa del grupo Luksic, que va a ser el banco del IPSA que va a recibir los mayores beneficios por el incremento de la UF dado que su cartera está fundamentalmente en créditos con Unidad de Fomento”.

Respecto del oficio enviado, Cuello advirtió que la reciente baja en el precio internacional del crudo no se ha reflejado en el valor de los combustibles en el país, lo que atribuyó a modificaciones en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). En esa línea, alertó que el alza ya aplicada ha tenido efectos directos en la economía, impulsando la inflación y el aumento de la Unidad de Fomento (UF), encareciendo créditos, arriendos y dividendos.

A través del documento, el diputado solicitó al Ministerio de Hacienda detallar las medidas que se adoptarán para traspasar la baja internacional del petróleo a los consumidores, así como las acciones que se implementarán para contener la escalada inflacionaria. Además, advirtió que, en el escenario actual, los principales beneficiados han sido grandes grupos económicos, particularmente el grupo Luksic a través del Banco de Chile.

Finalmente, Cuello insistió en que el ministro de Hacienda debe responder políticamente por estas decisiones: “Nos parece que es importante que el ministro dé explicaciones, pero sobre todo que asuma que acá tiene una responsabilidad política que aún no se ha hecho valer”.

Los hogares planean comprar marcas más baratas, reducir gastos en entretención y restaurantes o cafeterías, usar menos el auto, postergar compras y disminuir gasto en vestuario.

Santiago, 9 de abril de 2026. Ipsos presentó su informe N°49 “Claves Ipsos”, que encuesta cada mes a 1.000 personas sobre sus opiniones y comportamientos en torno a temas de interés para el país. En esta edición, el estudio abordó el impacto de la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y sus consecuencias en los presupuestos de los hogares.

Consecuencias del alza de la bencina y medidas en hogares 

Hay preocupación ciudadana por el aumento del costo de vida tras el alza de los combustibles. El 93% de las personas consultadas cree que el alza de la bencina y el diésel golpeará directamente en el presupuesto de su familia. De ellos, un 57% anticipa un impacto importante y un 36% afirma que deberá realizar ajustes en sus cuentas. 

Se espera un alza del costo de vida, donde 8 de cada 10 personas consideran muy probable que se produzca un aumento en el precio de frutas, verduras y otros alimentos, además del transporte interurbano, el delivery y la inflación general. 

“Los hogares del país están preocupados porque observan un inminente aumento del costo de la vida, e indican que ya están movilizados buscando estrategias para ajustar sus presupuestos. Este escenario será un desafío para las empresas en la generación de alternativas que se ajusten al tamaño de la billetera de los hogares. Pero también es una oportunidad para confirmar el propósito social y acompañar a los clientes en un período económico complejo”, indica Alejandra Ojeda Mayorga, directora de Estudios Públicos en Ipsos Chile.

Frente a este escenario, 78% indica que en sus hogares ya están pensando en ajustar el presupuesto familiar frente a un posible aumento de precios. Y las tres estrategias principales planeadas para enfrentar un alza de precios son comprar marcas o productos más económicos (49%), disminuir gastos en entretención (46%) y reducir el gasto en salir a comer a restaurantes y cafeterías (46%). Un segundo grupo de medidas corresponde a usar menos el auto (43%), postergar compras o la renovación de tecnología (42%) y disminuir el gasto en ropa o calzado (41%).

En cuanto a la movilidad, 7 de cada 10 dueños de vehículos están planeando estrategias para bajar el gasto en combustible, priorizando el uso del transporte público (58%), caminar más (49%), organizar los viajes y horarios frecuentes dentro de la familia para viajar en grupo (34%), usar bicicleta (26%) y compartir el viaje con otras personas que van en la misma dirección (18%). En menor medida se está planeando la compra de un auto híbrido o de auto eléctrico (7%) o usar scooter eléctrico (4%).

Eliminación del MEPCO

Frente a la eliminación del MEPCO, 55% cree que era una medida que se podía evitar: 35% indica que era evitable y que se debía haber estudiado cómo mejorar al mecanismo y 23% piensa era evitable y se podría haber esperado al menos un año mientras se buscaban otras medidas. Sólo 17% cree que fue correcto terminarlo de una vez. A lo que se agrega que sólo 34% cree que cumplirá el objetivo de aumentar el presupuesto fiscal y 47% considera que no será así.

Sobre la consecuente del alza de la bencina y diésel tras la eliminación del MEPCO, hay una opinión dividida donde 38% cree que la responsabilidad del alza es de la guerra en Medio Oriente y 38% opina que es responsabilidad del gobierno del presidente Kast. En menor medida, un 19% responsabiliza al gobierno del expresidente Boric. 

El alza de la bencina y diésel genera principalmente preocupación en las personas consultadas (50%). Mientras que 17% expresa enojo, 11% decepción, 10% angustia y 9% conformidad.

“La eliminación del MEPCO no es entendida ni compartida por la ciudadanía. Y tampoco se le atribuye efectividad en aumentar el presupuesto fiscal, lo que podría haberla instalado como una medida legítima, aunque impopular. Las personas saben que cuando se produce una crisis económica es el cliente final el que paga el costo. Por tanto, se instala la preocupación como el estado de ánimo nacional”, señala Alejandra Ojeda Mayorga, directora de Estudios en Públicos Ipsos Chile.

Se incrementan los precios de frutas y verduras luego del alza del combustible mundial y la decisión del gobierno de Kast de no aplicar el mecanismo de estabilización de precios Mepco.

“Si no mantenemos subsidios como otros países a la pequeña agricultura familiar y a la pesca artesanal, este sector tan importante que da más de 1 millón de empleo directo con mejores sueldos que el de las grandes empresas, vamos a quebrar”, advierte Froilán Flores, vicepresidente de la Asociación de Ferias Libres Asof.

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Por Carolina Millalen

Se incrementan los precios de frutas y verduras luego del alza del combustible mundial y la decisión del gobierno de Kast de no aplicar el mecanismo de estabilización de precios Mepco.

Un alza global que desde la guerra en Medio Oriente no ha sido contrarrestada por el ejecutivo con medidas graduales y lo suficientemente diversificadas. En el caso de la producción agrícola familiar campesina, el rubro se ve directamente afectado por el aumento en el costo del transporte y la disminución de la importación de fertilizantes.

“Nos falta mucha información y en el devenir del día se va complejizando el desarrollo de estos acontecimientos”, comenta Froilán Flores, vicepresidente de la Asociación de Ferias Libres Asof.

Las alzas se han incrementado, por ejemplo, en verduras y papas. Estas últimas aumentaron su valor hasta un 40% en la última semana de marzo, lo que se tradujo en una baja de las ventas:

Existen además, dice Flores, varios alimentos de primera necesidad que son importados como los granos -entre ellos, trigo y maíz- y las legumbres. En el caso de los garbanzos y lentejas la dependencia de la oferta externa es casi total lo que se agrava con el conflicto internacional: “Nos abastecemos en un 90% principalmente de legumbres de Canadá y de otros países. En la pandemia estuvo muy terrible la situación. Canadá simplemente no iba a vender porque requería alimentar a sus habitantes”.

También hay insumos importados y altamente demandados para la siembra como la úrea y que recientemente han subido un 40%:

El alza del combustible amenaza a su vez, el riego hortofrutícola: “Una hora de petróleo para regar al 25 de marzo costaba $15 mil. Hoy va a costar $22 mil y se requiere regar 5 a 6 horas y a veces a los campesinos les dan solamente 2 o 3 horas”.

“Chile no ha tomado absolutamente ninguna medida para ayudar a la agricultura familiar campesina”, precisa el dirigente advirtiendo sobre la inseguridad alimentaria: “Podemos hoy tener una alimentación relativamente normal, pero a futuro ¿cuántos pequeños agricultores va a quebrar o no van a poder sembrar?”.

Sal y agua

En el Plan Chile Sale Adelante que presentó el gobierno tras el alza de los combustibles, el Congreso determinó excluir a las pymes del régimen de recuperación del impuesto al diesel que se extendió a las empresas no transportistas. No obstante, el vicepresidente de Asof plantea que esa medida se reduce a nada:

“El barril de petróleo ha llegado a US 110 dólares y nos subieron casi $600 el petróleo a la pequeña y mediana y micro empresa. No nos han considerado en ninguna medida, a los taxistas les van a dar un pequeño bono que es sal y agua, lo mismo que para el transporte”, expresó.

Acciones

“Principalmente a la pequeña agricultura familiar campesina hay que darle facilidades, subsidios reales, facilidades para que puedan sembrar”, señala Flores, apuntando a todo el canal agro pesquero alimentario que surte a las ferias libres y donde genera el  70% de las ventas de las frutas y verduras y el 60% de la venta de pescados y mariscos del país.

En tanto, informa que la próxima semana asistirán a una reunión con el subsecretario de Economía para ver este tema y otros como la ley de Ferias Libres que no se alcanzó a promulgar su reglamento durante el gobierno de Gabriel Boric:

“Si no mantenemos subsidios como otros países a la pequeña agricultura familiar y a la pesca artesanal, este sector tan importante que da más de 1 millón de empleo directo con mejores sueldos que el de las grandes empresas, vamos a quebrar”, advirtió el dirigente de Asof.

La senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Fabiola Campillai, y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, encabezaron la comitiva que entregó una carta al Presidente Kast manifestando el rechazo por el despido arbitrario de tres profesionales del Programa de Derechos Humanos que ejecuta el Plan Nacional. Asimismo, impugnaron un eventual indulto por el ejecutivo a criminales de lesa humanidad o de violadores de derechos humanos condenados en el marco del estallido social de 2019.

Señor

José Antonio Kast Rist

Presidente de la República

Presente.

De nuestra consideración:

Como representantes de La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales y la Mesa de Derechos Humanos por la Vida Digna  nos dirigimos a usted para manifestar nuestro más enérgico rechazo al despido del Programa de Derechos Humanos, órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, de las abogadas Paulina Zamorano Valenzuela, jefa del Programa de Derechos Humanos; y de Magdalena Garcés Fuentes, jefa del Área de Búsqueda y Trayectorias, así como de la socióloga Tamara Lagos Castro, jefa del Área de Archivos e Investigación Documental.

El despido, de estas profesionales con quienes las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos han venido trabajando, representan un claro retroceso y pone en peligro la continuidad de los esfuerzos por alcanzar toda la verdad y justicia para los miles de casos de graves violaciones a los derechos humanos sucedidos en el periodo de la dictadura.

Asimismo, rechazamos categóricamente cualquier intento de otorgar indultos a violadores de Derechos Humanos, ya sea a quienes cometieron crímenes en el contexto del Estallido Social “2019” o a ex agentes de la dictadura civil-militar. Ambas situaciones constituyen graves formas de impunidad que vulneran directamente las obligaciones Internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos. Avanzar en esta dirección no solo debilita el Estado de Derecho, sino que instala un precedente profundamente peligroso: que la sanción de los crímenes más graves puede quedar sujeta a decisiones políticas coyunturales, relativizando así el principio de justicia y el deber de no repetición.

Hacemos un llamado directo a su investidura para que se abstenga de indultar a responsables de crímenes atroces y que, además, no respalde los proyectos de ley que buscan la conmutación de penas bajo el pretexto de “razones humanitarias”. Como bien establece el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los beneficios carcelarios desproporcionados para criminales de lesa humanidad son inadmisibles, pues vacían de contenido las sentencias y constituyen una forma de denegación de justicia.

Nos llama la atención que sectores que promueven discursos de “mano dura” contra la delincuencia pretendan hoy otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a quienes cometieron los crímenes más abominables de nuestra historia. No hay “dignidad humana” en permitir que torturadores y genocidas cumplan sus penas en la comodidad de sus hogares sin haber mostrado jamás arrepentimiento ni han entregado información valiosa para la búsqueda de las y los desaparecidos.

Nuestras organizaciones han recorrido un largo y doloroso camino de más de cinco décadas luchando contra la impunidad. Durante este tiempo, hemos insistido en que la Justicia es uno de los pilares fundamentales de la democracia. En el caso de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, los tribunales ya han actuado. Si bien lo han hecho de forma tardía, lenta y en una dimensión que aún no alcanza la total verdad sobre el paradero de nuestros familiares, las sentencias dictadas son el resultado del ejercicio de un poder del Estado independiente que el Ejecutivo no puede ni debe desestimar ni Omitir mediante facultades discrecionales.

Le informamos que nos mantenemos en estado de alerta permanente. No dudaremos en denunciar cualquier intento de denegación de Justicia ante los organismos internacionales pertinentes y, de ser necesario, ejerceremos nuestro derecho a la movilización en las calles. Este debate no es solo un asunto de las familias afectadas; involucra a la sociedad en su conjunto, pues lo que está en juego es el estándar ético y jurídico que impide la repetición del horror.

Para nosotros, el “Nunca Más” no es una consigna, sino un compromiso con la Verdad, la Justicia y la Reparación que la democracia no puede relativizar.

Atentamente.

                      Fabiola Campillai Rojas                                   Alicia Lira Matus

                   Senadora de la Republica                                 Presidenta AFEP

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales

y Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna.

Dr. Cristian Neira Espejo

Académico de la carrera de Psicología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)

El reciente debate público en torno a las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la violencia en establecimientos educacionales vuelve a instalar una pregunta incómoda pero urgente: ¿estamos abordando el problema en su raíz o solo reaccionando ante sus manifestaciones más visibles?

Desde la psicología, el uso de armas por parte de estudiantes no puede reducirse a un problema de impulsividad o inmadurez. Estos actos pueden constituir respuestas defensivas frente a una percepción de desprotección profunda. Cuando un joven siente que ni la institución escolar ni el mundo adulto garantizan su seguridad, la violencia emerge como un mecanismo de autorregulación ante el miedo. No se trata, entonces, de una decisión aislada ni de una “desviación individual”, sino de la expresión de un estado de hipervigilancia donde el entorno es percibido como amenazante.

En este escenario, resulta clave problematizar el llamado “efecto contagio”. En rigor, la psicología lo comprende desde el aprendizaje social: los estudiantes no replican conductas al azar, sino que internalizan modelos que parecen eficaces para sobrevivir. Así, en contextos donde predomina la hostilidad o el abandono institucional, se configura una ética de la supervivencia, donde la fuerza reemplaza al diálogo como mecanismo de resolución de conflictos. La violencia, entonces, no se expande como un virus, sino como un lenguaje aprendido y validado en determinados entornos.

Las redes sociales y los medios de comunicación amplifican estas dinámicas, pero no las originan. Son, más bien, un espejo de una sociedad donde la agresividad se ha vuelto estructural. Cuando las respuestas institucionales se perciben como insuficientes o centradas exclusivamente en lo punitivo, el adolescente refuerza la idea de que debe defenderse por sus propios medios. En este contexto, la identidad juvenil comienza a construirse bajo la premisa de que el mundo es un espacio hostil, donde la violencia no solo es válida, sino necesaria.

Frente a ello, las medidas anunciadas (muchas de ellas orientadas al control y la seguridad) pueden ser necesarias en lo inmediato, pero insuficientes en lo estructural. Detectores de metales o revisiones de pertenencias, por ejemplo, pueden generar una sensación transitoria de resguardo, pero también corren el riesgo de profundizar la desconfianza si no van acompañadas de estrategias que fortalezcan el vínculo entre estudiantes, docentes y comunidades educativas.

El desafío, entonces, es desplazar el foco: dejar de buscar al “estudiante peligroso” y comenzar a observar el deterioro del sentido de comunidad. Un indicador crítico es cuando la escuela deja de ser percibida como un refugio y se transforma en un espacio de disputa o indiferencia. Allí, la prevención no pasa solo por más control, sino por reconstruir el tejido social escolar.

En definitiva, la violencia en las aulas no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Es el síntoma de una fractura más profunda en los sistemas de protección y convivencia. Abordarla exige ir más allá de la contingencia y apostar por políticas que no solo contengan el riesgo, sino que restituyan algo esencial: la sensación de seguridad y pertenencia en quienes hoy sienten que deben defenderse incluso dentro de la escuela.

El abogado Francisco Ugás Tapia, jefe Jurídico del Estudio Caucoto Abogados y uno de los representantes de los familiares de las víctimas en Chile, se mostró satisfecho y emocionado por la resolución del Juez Michael Lee, de la Corte Federal de Nueva Gales del Sur de Australia, que rechazó el intento de Adriana Rivas González, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), de frenar su extradición a Chile, desde donde es requerida por su participación en los crímenes de siete dirigentes del Partido Comunista (PC) en dictadura.

De esta manera, la justicia australiana desestimó el recurso con el que la defensa de Rivas buscaba impugnar la decisión del Gobierno australiano que había autorizado su entrega en agosto de 2024, dando luz verde para su extradición y su juzgamiento en Chile.

“La resolución del Juez Michael Lee, de la Corte Federal de Nueva Gales del Sur, constituye un paso decisivo en este proceso de extradición de Adriana Rivas González, que ya enfrenta su etapa final”, señaló Ugás.

En este sentido, el abogado que representa a 6 de las 7 familia de las víctimas expresó que, “nos satisface, la decisión contundente del magistrado, para desestimar cada uno de los argumentos y las pretensiones de la defensa de Rivas. Nos emociona, por cierto, avizorar un horizonte que pondrá término definitivo a este asunto, que se ha extendido por más de 15 años, contados desde el 2011, cuando ese año advertimos en Chile la fuga de ella a Australia.  Y nos conmueve, también, toda la fortaleza, la solidaridad y la perseverancia con que las familias de las víctimas y el grupo de trabajo que desde Australia nos han apoyado, han vivido de manera incombustible todo este proceso, que ha sido largo, complejo y doloroso”.

El abogado explica que tras la decisión del juez australiano el caso podría presentar tres posibles escenarios: el primero es “que la defensa de Rivas no recurra y ella consienta en la extradición, cuestión que allana de manera definitiva el proceso y nos permitiría contar con ella en Chile a la brevedad. Esta entrega debería materializarse en un plazo no mayor a 2 meses, que es lo previsto por el tratado de extradición suscrito entre ambos países”.

Otro panorama, según explica Ugás “es que dado que esta decisión del Juez Lee es recurrible, si la defensa de Rivas apela, el caso deberá ser discutido ante la Corte Federal. Difícilmente podría prosperar una apelación de dicha defensa, dada la contundencia de lo argumentado por el Juez Lee, en su sentencia”.

Y por último, podría ocurrir  “que la eventual decisión de la Corte Federal intente ser recurrida ante la Alta Corte de Australia, por motivos jurídicos estrictos y de interés nacional para Australia, cuestión que debe contar con una venia previa para recurrir dicha decisión, lo cual es altamente complejo que prospere, dada la naturaleza del caso”.

Francisco Ugás sostiene finalmente que “evidentemente, deseamos que a la brevedad ella esté a disposición de la justicia de Chile, por lo que lo ideal, para nosotros, es que ella consienta en dar curso a la extradición. Que ella y su defensa no dilaten más la ocurrencia de un destino ineludible, cual es, que una criminal de lesa humanidad enfrente la justicia nacional”.

Adriana Rivas, alias “La Chani” fue ex secretaria del director de la DINA Manuel “Mamo” Contreras, convirtiéndose en su mano derecha el tiempo de duró dicho organismo represor. Su labor no sólo consistía en labores administrativas, sino que también participaba de acciones represoras.

En esta oportunidad ha sido requerida por el Estado de Chile como coautora de los secuestros calificados de Víctor Díaz, ex secretario general del Partido Comunista (PC), y de los dirigentes y militantes de la misma colectividad Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada de cinco meses al momento de su detención.

Las víctimas fueron detenidas por agentes de la Brigada Lautaro, un grupo de exterminio de la DINA, que operó entre 1974 y 1977, y a la cual pertenecía Rivas.

Cabe recordar que Adriana Rivas estaba procesada por los delitos que se le imputan y que motivan su extradición, con libertad provisional bajo fianza, firma mensual y con la prohibición de salir del país, cuando se dio a la fuga en el año 2011. Primero pasó por Argentina y, luego, llegó a Australia, país en donde se encuentra actualmente.

El Ministro Miguel Vázquez Plaza, el año 2013, solicitó su extradición, y a comienzos del año 2014, la Corte Suprema declaró procedente la extradición de Rivas, la cual fue luego formalizada por el Estado de Chile al australiano.

En 2019 fue detenida en Sídney, Australia, tras haber vivido más de tres décadas en ese país. Después de años y varios intentos por dilatar la justicia para evitar su extradición, con este fallo, dicho proceso entra a su etapa final y decisiva, para que Rivas enfrente la justicia chilena.