• Anuar Quesille expuso ante el organismo internacional la suspensión de más de 3.500 solicitudes de reunificación familiar de personas haitianas, prolongadas demoras y graves deficiencias de coordinación institucional, y solicitó seguimiento a la respuesta del Estado chileno
• La Defensoría solicitó que las Relatorías de Niñez y de Migrantes de la CIDH realicen seguimiento a la situación en Chile y llamó al Estado a implementar protocolos especializados, mejorar la coordinación institucional y garantizar procedimientos seguros y oportunos.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las barreras administrativas, la suspensión de solicitudes de reunificación familiar y la falta de coordinación entre organismos públicos están afectando el derecho de niños, niñas y adolescentes migrantes a vivir junto a sus familias. Ante esta situación, solicitó seguimiento internacional a las medidas que debe adoptar el Estado de Chile para garantizar su protección.

Durante la audiencia temática del 197° Período de Sesiones de la CIDH, solicitada por la propia Defensoría, Quesille presentó antecedentes que evidencian las dificultades que enfrentan especialmente las familias haitianas. Entre ellos, destacó que, al 2 de septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones había reconocido la suspensión de más de 3.574 solicitudes de reunificación familiar de personas haitianas, debido a dificultades para verificar documentación y a problemas de gestión consular en Haití.

La Defensoría también dio cuenta de las prolongadas demoras en estos procedimientos. Según antecedentes de su Observatorio de Derechos, entre 2022 y 2024 los trámites de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes demoraron en promedio 299 días, plazo que llegó a 330 días en el caso de la niñez haitiana.

A ello se suma una disminución en la cantidad de permisos otorgados. De acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Migraciones, en 2024 se acogieron a trámite 11.940 solicitudes de residencia por reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes desde el extranjero y se otorgaron 9.960 permisos. En 2025, las solicitudes acogidas alcanzaron las 12.004, mientras que los permisos otorgados fueron 6.117. Estas diferencias no representan necesariamente rechazos, ya que también pueden comprender solicitudes pendientes o suspendidas.

“Cuando hablamos de solicitudes de reunificación familiar suspendidas, no estamos hablando solo de trámites administrativos. Estamos hablando de niños y niñas que siguen esperando reencontrarse con sus familias. El tiempo que pasan separados de sus padres no se recupera. El Estado debe verificar los antecedentes y garantizar procesos seguros, pero no puede permitir que las dificultades administrativas terminen afectando el derecho de los niños a vivir junto a sus familias”, señaló el Defensor de la Niñez.

Durante su intervención, Quesille enfatizó que el derecho del Estado a controlar sus fronteras y regular la migración debe ejercerse respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, advirtió que las irregularidades detectadas en determinados procesos no justifican adoptar medidas generales que afecten a todas las familias, sino que hacen necesario fortalecer los mecanismos de verificación, protección y evaluación individual de cada caso.

El Defensor también expuso las deficiencias de coordinación y seguimiento que persisten entre los organismos responsables del ingreso y protección de niños, niñas y adolescentes migrantes. Recordó que la Contraloría General de la República constató la ausencia de instrumentos formales que definieran responsabilidades y mecanismos de trazabilidad desde su ingreso al país hasta su seguimiento posterior.

Asimismo, señaló que la Policía de Investigaciones informó en 2025 que no contaba con protocolos específicos para el ingreso seguro de niños, niñas y adolescentes con visas de reunificación familiar, utilizando procedimientos generales de control migratorio.

La presentación también abordó otras situaciones que evidencian las consecuencias de las decisiones administrativas sobre los derechos de la niñez, entre ellas el caso de dos niñas chilenas que, en agosto de 2026, no pudieron ingresar al país junto a su madre haitiana debido a una prohibición de ingreso que afectaba a esta última. Asimismo, alertó sobre el aumento de inscripciones bajo la categoría de “hijo de extranjero transeúnte”, que alcanzaron 97 casos entre abril y julio de este año, situación que plantea riesgos para el reconocimiento de la nacionalidad y la prevención de la apatridia.

“Hemos acudido a la Comisión Interamericana porque estas situaciones no pueden seguir resolviéndose de manera reactiva. Chile necesita una respuesta permanente, con instituciones coordinadas, responsabilidades claras y seguimiento efectivo de cada caso. Lo que estamos solicitando es que el Estado garantice el derecho de los niños y niñas migrantes a vivir en familia y que las medidas que adopte efectivamente los protejan. La protección de la niñez no puede depender de cómo se resuelva cada contingencia migratoria”, agregó Quesille.

En su petición a la CIDH, la Defensoría solicitó que las Relatorías de Niñez y de Migrantes realicen seguimiento a esta situación. Asimismo, planteó que el Estado debe entregar información pública sobre las solicitudes de reunificación familiar, implementar protocolos especializados para el ingreso seguro de niños, niñas y adolescentes y establecer una instancia permanente de coordinación interinstitucional que permita verificar y hacer seguimiento de sus condiciones de protección.

La institución también llamó a promover un discurso público que evite la estigmatización de niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias, destacando que la identificación de eventuales irregularidades debe traducirse en mejores mecanismos de protección y no en restricciones generalizadas al ejercicio de sus derechos.

La audiencia fue solicitada por la Defensoría de la Niñez y contó con la adhesión de diversas organizaciones de la sociedad civil y clínicas jurídicas universitarias, cuyos antecedentes contribuyeron a sustentar la presentación ante el organismo internacional. Entre éstas la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Clínica Jurídica de UAH, Migrantes y Refugiados UDP, Servicio Jesuita Migrante, Humanas, Fundación CIJyS, Colectivo Sin Fronteras, Fasic, Fosbech.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de promover y proteger los derechos humanos en el continente. Entre sus funciones se encuentra supervisar la situación de derechos humanos en los países, recibir antecedentes sobre posibles vulneraciones y formular recomendaciones a los Estados. A través de sus audiencias temáticas, puede conocer situaciones que requieren especial atención y realizar seguimiento a las medidas adoptadas por las autoridades para garantizar estos derechos

Narrado por la destacada actriz nacional Camila Hirane, el audiolibro contiene los mejores 100 cuentos de la pasada versión del concurso y está disponible de forma gratuita en www.biobioen100palabras.cl y Spotify.

Hasta el 2 de noviembre está abierta la convocatoria del concurso de cuentos breves, presentado por CMPC y Fundación Plagio. Para participar solo es necesario enviar los relatos en www.biobioen100palabras.cl y en los buzones disponibles en Concepción y Los Ángeles. 

Biobío en 100 Palabras cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Como parte de la programación de sus 15 años, el concurso de cuentos breves Biobío en 100 Palabras, presentado por CMPC y Fundación Plagio, anunció el lanzamiento de un audiolibro que reúne los 100 mejores cuentos de la versión anterior del certamen. La producción cuenta con la narración de la destacada actriz nacional Camila Hirane y busca acercar la literatura a nuevos públicos, incluyendo a personas con discapacidad visual o quienes prefieren el formato auditivo. El material está disponible de forma gratuita en www.biobioen100palabras.cl y Spotify.

El audiolibro es una de las principales novedades de esta decimoquinta edición del concurso y se suma a una variada programación gratuita del concurso que comenzó en agosto con la charla magistral gratuita de la escritora y destacada periodista argentina, Leila Guerriero.

Biobío en 100 Palabras cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

¿CÓMO Y HASTA CUÁNDO SE PUEDEN ENVIAR CUENTOS?

La convocatoria 2026 de Biobío en 100 Palabras continúa abierta hasta el lunes 2 de noviembre, invitando a personas de todas las edades y de las más diversas comunas de la región a escribir relatos breves que reflejen la vida, sus experiencias, sueños y miradas en el territorio. Cada participante puede enviar hasta 5 cuentos a través de www.biobioen100palabras.cl o en los buzones habilitados en la Biblioteca Municipal de Concepción y en la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles.

Biobío en 100 Palabras es presentado por Fundación Plagio y CMPC, con la colaboración de diversas instituciones y espacios culturales de la región, como la Ilustre Municipalidad de Concepción, la Universidad de Concepción, la Fundación CMPC, el CECREA Los Ángeles, Gendarmería, el Instituto Teletón, la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, el Servicio País, la Red de Bibliotecas Públicas y EFE, entre otros.

Toda la programación y novedades de Biobío en 100 Palabras están disponibles en el sitio web oficial y redes sociales: Instagram, TikTok y Facebook como @biobioen100palabras.

Fundación Plagio forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.

Dra. Carolina Aparicio Molina
Académica Facultad de Educación UCSC e investigadora del Centro Interdisciplinar de Investigación en Educación y Desarrollo (CIEDE) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)

La formación de profesores enfrenta un desafío que no podemos ignorar: la disminución sostenida de las matrículas en carreras de Pedagogía. De acuerdo con la revisión de antecedentes del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, realizada en 2025, la tendencia mostró una caída a nivel nacional hasta 2022 y un leve repunte desde 2023. Sin embargo, la disminución persiste en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, una realidad que también se observa en las regiones del Biobío y Ñuble. En una década, entre 2016 y 2026, la reducción alcanza aproximadamente un 10%.

¿Qué explica este fenómeno? Entre los factores identificados se encuentran la acreditación obligatoria de las carreras de Pedagogía, que implicó el cierre de algunos programas; los efectos de la pandemia en el acceso a la educación superior, y el aumento de los requisitos de ingreso. A ello se suman las inquietudes de los propios estudiantes frente a los desafíos que supone enseñar en la actualidad.

No obstante, centrar la discusión únicamente en cuántos estudiantes ingresan sería abordar solo una parte del problema. También debemos preguntarnos cuántos permanecen en el sistema escolar. Se ha reportado que cerca de un 20% de los profesores abandona la profesión antes de cumplir cinco años de ejercicio. Esta cifra nos obliga a mirar la trayectoria docente de manera integral, desde el ingreso a la formación inicial hasta el desarrollo profesional.

Frente a este escenario, necesitamos estrategias que permitan identificar y acompañar a quienes cuentan con vocación, capacidades y disposición para asumir los desafíos de la enseñanza. Esto no significa flexibilizar los requisitos para ingresar a Pedagogía sin criterios claros, sino diversificar las vías de acceso para reconocer distintos talentos. En este sentido, los programas de talento pedagógico constituyen una oportunidad que requiere un mayor impulso desde las políticas públicas.

Asimismo, es fundamental aprovechar las evaluaciones diagnósticas nacionales obligatorias para monitorear el progreso de los estudiantes desde el primer año de formación. Complementar estos resultados con indicadores de ingreso y evidencia sobre las trayectorias formativas permitiría evaluar las estrategias implementadas y tomar decisiones más pertinentes para cada contexto.

Sin embargo, ninguna medida será suficiente si no avanzamos como sociedad en la valoración de la profesión docente. Atraer nuevos estudiantes es importante, pero también lo es generar condiciones para que quieran permanecer, desarrollarse y construir una trayectoria profesional en las aulas.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en recuperar las matrículas, sino en fortalecer una profesión esencial para el desarrollo del país. Para lograrlo, necesitamos políticas sostenidas, formación de calidad y una sociedad que reconozca, valore y cuide a sus profesores y profesoras.

Las organizaciones advierten que la falta de respuestas concretas podría derivar en movilizaciones a nivel nacional y exigen una hoja de ruta con compromisos y plazos verificables.

El Directorio de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (ANFUSBAP), el Sindicato Nacional de Guardaparques y el Consejo Nacional de Guardaparques emplazaron a las autoridades de CONAF y del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) a entregar certezas y garantías laborales ante el proceso de traspaso institucional previsto para el 1 de marzo de 2027.

En una declaración conjunta, las y los dirigentes manifestaron su preocupación por la incertidumbre que enfrentan las y los trabajadores de las áreas protegidas y demandaron garantías respecto de su situación laboral, el respeto de los derechos adquiridos y la continuidad de sus condiciones de trabajo durante la transición al nuevo servicio.

Las organizaciones llamaron a la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, y al director ejecutivo del SBAP, Tomás Saratscheff, a retomar de manera efectiva el diálogo con las organizaciones representativas y establecer una hoja de ruta que contemple compromisos concretos, responsables definidos y plazos verificables.

Asimismo, cuestionaron la distancia entre las declaraciones de las autoridades y las respuestas entregadas a las organizaciones sindicales. Advirtieron que las reuniones no constituyen avances si no se traducen en soluciones concretas frente a las principales inquietudes laborales.

Las organizaciones reiteraron su disposición al diálogo, pero señalaron que también existe una decisión de defender los derechos de las y los trabajadores. En ese contexto, advirtieron que la ausencia de respuestas y la falta de diligencia de las autoridades podrían provocar una escalada del conflicto y abrir paso a movilizaciones de carácter nacional.

“La confianza se construye con hechos, no únicamente con declaraciones”, señaló el presidente de ANFUSBAP, Felipe Castro, insistiendo en que el traspaso debe realizarse de manera segura, digna y transparente, resguardando tanto la protección de las áreas silvestres protegidas como los derechos y la estabilidad de quienes cumplen esta labor.

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La Agrupación de Pacientes Ostomizados del Hospital Padre Hurtado busca visibilizar sus demandas y sensibilizar sobre esta condición de discapacidad que requiere accesibilidad sanitaria en los hospitales, garantías para la canasta de insumo y adecuaciones en el espacio público y privado, señala su presidenta, Cristina Astroza.

Por Carolina Millalen

Octubre es también el mes de las y los pacientes ostomizados, es decir, personas de todas las edades -incluyendo recién nacidos y niños- que han sido sometidas a una cirugía llamada ostomía que crea una abertura artificial, principalmente en la zona abdominal que conecta a determinados órganos con el exterior.

Los pacientes buscan visibilizar sus demandas y sensibilizar sobre su condición, como es el caso de la Agrupación de Pacientes Ostomizados del Hospital Padre Hurtado y que preside Cristina Astroza.

La ostomía es una operación asociada -por ejemplo- “al tratamiento del cáncer colorrectal o a enfermedades inflamatorias como colitis ulcerosa o Crohn”, señala la dirigenta. Quienes viven bajo esta condición el resto de su vida manifiestan que hay falta de accesibilidad y discriminación social y laboral:

Los pacientes requieren adecuaciones sanitarias y baños aptos para atender sus necesidades básicas que realizan con ayuda de las llamadas bolsas de ostomía. Sin embargo, ni siquiera los servicios higiénicos de los centros hospitalarios o de salud están preparados para esta demanda de accesibilidad.

Si bien la Ley N° 21.559 conocida como Ley “No Puedo Esperar” promulgada en 2023, regula el acceso gratuito y expedito a servicios sanitarios y otorga atención preferente a personas con enfermedades inflamatorias intestinales. Sin embargo, los aparatos sanitarios no son funcionales para el caso de estos pacientes, señala Cristina Astroza, lo que finalmente se traduce en un trato no digno para un aspecto básico y cotidiano:

Más aún, la ley no los reconoce explícitamente ni tampoco el Servicio Nacional de Discapacidad Senadis, “porque tampoco saben cómo ayudar a un paciente ostomizado o qué herramientas entregarles para sobrellevar esta condición”.

No hay un catastro de cuántos pacientes hay actualmente en Chile y hay pocos centros de salud que brinden un tratamiento constante de los pacientes. “Son muy pocos los hospitales de Chile que tiene, por ejemplo, un Poli de Ostomía que se dedique a los controles o que se dedique a educar al paciente en relación a su ostomía”. Al respecto indica que el Hospital Barros Luco y el Hospital Padre Hurtado sí cuentan con ostobaños:

Por otro lado, la presidenta de la Agrupación advierte que hay varias ostomías para las cuales “no hay garantías para sobrellevar este tipo de patología, considerando que generalmente -por no decir siempre- son los pacientes vulnerables quienes más sufren”.

“Los insumos son demasiado caros. Entonces, si sumamos que el paciente se ve en una situación de estar sin trabajo y no poder acceder a  sus insumos, hemos recibido casos que llegan con pañales, bolsas de basura, trapos. Al ser una agrupación sin fines de lucro, funcionamos con donaciones. Nos pasa que no tenemos nada para donar porque no nos ha llegado nada a nosotros”, relata.

Al respecto, también destaca la decisión de la Municipalidad de San Ramón que está gestionando la posibilidad que los insumos ingresen a la farmacia comunal, iniciativa que esperan se replique en otros municipios cuyas comunas se atienden en el Hospital Padre Hurtado como La Pintana y La Granja.

“Estamos trabajando para hacer una modificación a la ley y que exija a todos son hospitales privados y públicos un baño para ostomizados y acceso a una canasta con los insumos que cada paciente necesita y que son varios”, señala:

Cristina Astroza precisa que buscan incluir incluso a los pacientes pediátricos y a los neonatos para quienes tampoco hay una cobertura para garantizar sus insumos. “Sin embargo, debemos partir como por lo básico, dando un pasito a la vez”, acota dijo sobre el foco en la canasta de insumos y la adaptación de los baños en hospitales, espacios públicos, pero también privados, “dado que ese sector tiene mayores recursos para adaptar baños en los mall, el retail y en todos esos lugares donde prácticamente viven también nosotros, los consumidores. Mínimo darnos un lugar dignos para hacer este tipo de menesteres”.

Asimismo, indicó que están conversando con parlamentarios de distintas bancadas y que han estado en el Congreso entregando una propuesta de reforma de ley, sobre la cual están a la espera que se analice.

“Nuestra condición es una discapacidad que no se ve. La gente está acostumbrada a ver a la gente discapacitada con bastones, sillas de ruedas, audífonos, pero la nuestra es algo que no se ve y si uno no dice, nadie lo sabría”, plantea la presidenta de la Agrupación de Pacientes Ostomizados del Hospital Padre Hurtado.

El diputado del Partido Comunista cuestionó la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por los decretos de liberación por vía administrativa de condenados por delitos sexuales y violaciones a los derechos humanos. Además, abordó la creación de una comisión investigadora por las pérdidas de ahorros previsionales y valoró las críticas de la Iglesia Católica a los efectos del neoliberalismo.

El parlamentario sostuvo que la responsabilidad por los decretos de liberación por vía administrativa recae en el Ejecutivo, apuntando directamente al presidente José Antonio Kast y al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Según señaló, entre los casos conocidos se encuentran 27 condenados por violación de niños, niñas y adolescentes y tres condenados por violaciones a los derechos humanos.

“Yo creo que el Presidente de la República estaba en conocimiento de esto”, afirmó Barraza, quien cuestionó que Kast mantenga a Rabat en su cargo, considerando la participación del Ejecutivo en la tramitación de los decretos. A su juicio, las explicaciones entregadas por el ministro agravan la situación, especialmente luego de atribuir el procedimiento a una doctrina de la Corte Suprema, institución que, según recordó el diputado, descartó tener responsabilidad en estas decisiones.

Barraza también recordó antecedentes de gobiernos anteriores para cuestionar la utilización de esta vía administrativa. Mencionó que durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, el ministro Jaime Campos se habría rehusado a firmar decretos de este tipo; que durante el Gobierno de Sebastián Piñera se avanzó en la Ley 21.421, y que la administración de Gabriel Boric también descartó recurrir a este mecanismo. En ese contexto, sostuvo que las decisiones sobre estas materias deben responder a criterios jurídicos y no políticos, particularmente cuando existen restricciones legales aplicables a condenados por delitos sexuales.

El diputado advirtió que las liberaciones representan un riesgo para la sociedad y pueden profundizar el daño a las víctimas y sus familias. Asimismo, planteó que las decisiones del Ejecutivo responderían a un diseño político orientado a instalar la liberación administrativa como precedente para facilitar futuras excarcelaciones de condenados por crímenes de lesa humanidad, incluidos reclusos de Punta Peuco y responsables de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Comisión investigadora por pérdidas de ahorros previsionales

En otro ámbito, Marcos Barraza informó sobre la presentación de una comisión especial investigadora destinada a establecer responsabilidades políticas por las pérdidas de ahorros de los cotizantes del sistema previsional.

El parlamentario señaló que se podría citar al superintendente de Pensiones, al ministro del Trabajo, al subsecretario de Previsión Social y a los directores de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El objetivo, explicó, es examinar tanto la responsabilidad de quienes administran los recursos como el papel de los organismos fiscalizadores y de las autoridades gubernamentales en la supervisión del sistema.

Barraza valora críticas de la Iglesia Católica al neoliberalismo

Finalmente, el diputado comunista valoró la posición crítica expresada por la Iglesia Católica respecto de los efectos del neoliberalismo y su impacto en la calidad de la democracia y las condiciones materiales de vida de la población.

Barraza sostuvo que la democracia no puede entenderse como un espacio neutral, sino que requiere una deliberación sustantiva en materia de justicia social y coherencia entre los compromisos asumidos por las autoridades y su cumplimiento. En esa línea, destacó las reflexiones del cardenal Fernando Chomalí sobre las promesas incumplidas y las urgencias sociales.

El legislador vinculó estas críticas con la situación de seguridad pública, las liberaciones de condenados, el deterioro económico y las dificultades que enfrenta la ciudadanía para acceder a mejores condiciones de vida. Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer los partidos políticos, pero sostuvo que ese esfuerzo debe estar acompañado de una actuación coherente con las demandas y necesidades de la sociedad.