Diputada Hassler denuncia indicación del gobierno que amplía el mercado de las AFP: les permite administrar el Ahorro Voluntario para la Vivienda

-Tras la sesión de la Comisión de Hacienda de este martes 20, la diputada Irací Hassler advirtió respecto a una indicación del Ejecutivo a la reforma al mercado de capitales, MK4, que, según indicó, amplía el giro de las AFP, “precisamente cuando están fuertemente cuestionadas por sus decisiones de inversión”.

Luego de la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde se analizó la reforma al mercado de capitales, MK4, que propone el gobierno, la diputada Irací Hassler alertó que el Ejecutivo propuso una indicación que amplía el mercado de las AFP y les permite administrar las cuentas de Ahorro Voluntario para la Vivienda.

A través de sus redes sociales, la parlamentaria señaló: “En plena discusión de la Reforma al Mercado de Capitales, el Gobierno ingresó una indicación para permitir que las AFP también puedan administrar las cuentas de Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV). Esto no es un ajuste menor: es ampliar el giro de las AFP”.

Durante la sesión de la Comisión de Hacienda la diputada planteó sus reparos con las dos indicaciones que incorporan a las AFP (en los artículos 34 y 36), las que votó en contra junto a los diputados Jorge Brito (FA), Carlos Bianchi (Independiente) y la diputada Flor Weisse (UDI).

Posteriormente, la diputada Hassler explicó en su cuenta de X: “Hoy, el artículo 23 del DL N.º 3.500 establece que las AFP son sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo es administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esa ley”.

“La justificación es “aumentar la competencia”. Pero cuesta entender qué problema de competencia se busca resolver: el propio proyecto ya contempla bancos, administradoras de fondos, compañías de seguros, cooperativas de ahorro y crédito y cajas de compensación. Ahora se quiere sumar también a las AFP”, agregó en la red social.

“Y esto ocurre precisamente cuando las AFP están fuertemente cuestionadas por sus decisiones de inversión. El Fondo E acumula una caída real superior al 10% entre enero y septiembre, en medio de pérdidas asociadas a posiciones en derivados de tasas de interés, y la Superintendencia de Pensiones acaba de iniciar procesos sancionatorios para determinar si las administradoras incumplieron sus deberes de lealtad y diligencia”, añadió la parlamentaria.

Hassler agregó en su cuenta de X: “Por eso la pregunta es sencilla: si ya existe una amplia variedad de instituciones financieras habilitadas para administrar este ahorro, ¿qué necesidad existe de abrir un nuevo mercado a las AFP?”

“Más competencia puede ser positiva, pero debe demostrarse que traerá menores comisiones, mejores rentabilidades o mejores condiciones para quienes están ahorrando para su primera vivienda. Hasta ahora, eso no es tal”, subrayó la diputada del Distrito 10.




Bárbara Figueroa acusa al Gobierno de instalar la reforma al INDH para desviar la atención del “presupuesto de abandono”

La presidenta del Partido Comunista criticó las prioridades del Ejecutivo en pleno debate presupuestario, exigió investigar a las AFP por las pérdidas en los fondos de pensiones y anunció un despliegue territorial con las resoluciones de la Conferencia Nacional.

“Mientras el país discute el presupuesto, los recortes sociales y el impacto en empleo y crecimiento, el Gobierno decidió abrir otro frente: la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos”. Así lo planteó Bárbara Figueroa, quien sostuvo que esa no es la agenda que preocupa a los chilenos y chilenas.

Según la dirigente comunista, el Ejecutivo impulsa esta modificación en medio del debate presupuestario y bajo la presión del Partido Nacional Libertario por los indultos. Para Figueroa, la iniciativa tiene más relación con resolver los desafíos internos del oficialismo que con un compromiso real por garantizar instituciones probas y correctas. “Instala esta otra agenda con el único objeto de calmar un debate interno en sus filas”, afirmó, vinculándolo a la presión por indultos a violadores de derechos humanos.

La presidenta del PC también cuestionó que el Gobierno esté desconectado de la realidad de las familias: el alza de los combustibles, el aumento del costo de la vida y una UF por sobre los 40 mil pesos. En su opinión, las preocupaciones del Ejecutivo son otras: defender a los grupos de interés, a los bancos con la reforma al mercado de capitales y a las empresas con rebajas de impuestos.

Pérdidas en los fondos de pensiones

Respecto de las pérdidas en los fondos de pensiones, Figueroa pidió una investigación profunda y que se persiga a los responsables, subrayando que especular con los recursos de los trabajadores no era un mandato ni una obligación legal para las AFP.

Valoró la rapidez con que ha actuado la Superintendencia, aunque advirtió que esto podría no haber ocurrido, dado que, a su juicio, el Gobierno tiende a proteger a sus grupos de interés, entre los que se cuentan las AFP. Recordó además que parlamentarios del partido del Presidente participaron en el movimiento “Con mi plata no” y en la defensa de los recursos de las AFP frente a la reforma previsional.

La dirigente también criticó el silencio de las administradoras: “Son muy buenas para mandar cartitas” contra la reforma de pensiones, dijo, pero no ha visto ningún correo a los afiliados reconociendo el error, “parece que se les cortó el internet” sostuvo la dirigenta comunista.

Sanciones y cambios legales

Figueroa espera que las medidas no se limiten a la investigación y las sanciones, sino que existan resguardos legales a través de los proyectos presentados, entre ellos uno del parlamentario Daniel Núñez junto a Luis Cuello. Recordó que el tema de que los costos de las decisiones de los directivos de las AFP no recayeran en las cuentas de los trabajadores estuvo presente en el último debate de la reforma previsional, pero cayó porque se opusieron quienes hoy gobiernan.

En esa línea, informó que la Conferencia Nacional del PC, realizada el fin de semana, emitió un pronunciamiento que llama a constituir una comisión investigadora desde la Cámara de Diputados y el Senado, para esclarecer lo ocurrido ante la ciudadanía.

Recorrido por el país y propuestas

Con las resoluciones de la conferencia, el PC recorrerá el país junto a su militancia para presentarlas a las organizaciones sociales. «Queremos que la ciudadanía sepa qué resolvimos los comunistas», señaló.

Entre las propuestas, Figueroa mencionó 13 puntos que incluyen empleo para mujeres, incentivos a la contratación de jóvenes, un presupuesto para la reactivación y medidas en salud, educación y seguridad. En este último ámbito, planteó tanto la protección de los espacios por donde transitan las familias, frente a hechos como los portonazos, como una acción decidida contra el crimen organizado y el narcotráfico. También propuso que las instituciones públicas se abastezcan de alimentos a través de ferias libres, agricultura familiar campesina y cooperativas.

La dirigente sostuvo que, tras siete meses del Gobierno de Kast, al que calificó de fracaso que mantiene al país en una crisis económica, social y política, no basta con criticar: hay que ofrecer respuestas con demandas concretas y costeadas, evaluando su impacto en el presupuesto, como en el caso de un IFE de emergencia para los cesantes.

Finalmente, Figueroa calificó como el desafío más importante unir esas demandas, que se discutirán con el Gobierno y las distintas bancadas, con el trabajo junto al mundo social, para seguir fortaleciendo su rol.




El fetiche del bono más seguro del mundo

Por Eduardo Álvarez. 

Quilpué, 21 de octubre de 2026. En marzo, en una columna titulada «La doctrina del shock previsional», nos preguntamos adónde iban a parar nuestros ahorros. Hasta ese entonces, fueron más de 42 mil millones de dólares los fondos de pensiones que estaban invertidos en Estados Unidos, y advertí que el riesgo caería sobre quienes están más cerca de jubilar.

Siete meses después, el Fondo E, el más conservador del sistema, perdió un 10,39% real entre enero y septiembre. Sin embargo, no hubo crisis en Chile. Hubo una apuesta de las AFP a que las tasas de interés de Estados Unidos seguirían bajando, y una guerra que las hizo subir. 7 meses después, la pregunta ya no es solo adónde va nuestra plata. Es por qué seguimos confiando nuestra vejez a una potencia que hoy es, ella misma, una fuente de riesgo.

El mito del activo libre de riesgo

En los manuales de finanzas, el bono del Tesoro de Estados Unidos tiene un nombre casi religioso: el “activo libre de riesgo”. Es la regla con que se mide todo lo demás, y es justamente sobre esa idea que descansa buena parte de las decisiones de las administradoras de nuestros fondos de pensiones.

Pero esa seguridad tiene letra chica. Que Washington vaya a pagar sus bonos no significa que quien los compra no pueda perder. Cuando las tasas de interés suben, los bonos que ya están en manos de los inversionistas valen menos, y mientras más largo es el plazo, mayor es la caída.

Y eso fue lo que efectivamente pasó. La guerra con Irán llevó el precio del petróleo sobre los 100 dólares por galón, la inflación en Estados Unidos aumentó interanualmente en un 3.7% y la Reserva Federal subió las tasas de interés por primera vez en tres años. En agosto, la tasa de los bonos a 30 años llegó a 5,34%, su nivel más alto desde 2007.

Mientras tanto, las AFP habían alargado los plazos del Fondo E y reforzado la apuesta con sus derivados. El exsuperintendente Osvaldo Macías lo dijo sin tapujos: con carteras de 15 años de duración, “hay un componente de especulación”. Gracias a esa apuesta financiera por quienes gozan del monopolio financiero de los fondos de pensionas de todas y todos los trabajadores de Chile, posiciones que hace un año ganaban 1.400 millones de dólares hoy pierden 7.700 millones.

Marx llamó fetiche a la ilusión de creer que las cosas tienen cualidades por sí mismas, pero que en realidad vienen de la conformación de las relaciones sociales. En ese sentido, el bono del Tesoro del imperio es un buen ejemplo. Su seguridad nunca estuvo en el papel, sino que estuvo en el poder económico, militar y político de quien lo emite. Y cuando ese poder entra en crisis, la seguridad se resiente con él.

Un imperio endeudado

Las cifras de Estados Unidos hablan por sí solas. En agosto, su deuda federal superó los 40 billones de dólares, es decir, 40 millones de millones de dólares. En marzo había pasado los 39, sumando un billón más en menos de cinco meses. Solo en intereses, ese país gasta cerca de 1,1 billones de dólares al año, más de lo que destina a Medicare, su sistema de salud para personas mayores. Y el déficit proyectado para 2026 ronda los 1,9 billones.

A eso se suma la guerra. Según el Pentágono, solo los primeros seis días de la ofensiva contra Irán costaron más de 11.300 millones de dólares. El presidente Trump propone, además, subir el gasto en defensa de 1 a 1,5 billones de dólares al año. Una potencia que financia sus guerras con deuda necesita que el mundo siga comprando sus bonos. Pero el mundo ya no compra con la misma fe. En mayo de 2025, Moody’s -una de las principales calificadoras de riesgo- le quitó a Estados Unidos la nota máxima que mantenía desde 1917. Hoy ninguna de las tres grandes calificadoras le da la máxima calificación. 

No se trata de anunciar el derrumbe del dólar, que sigue siendo la principal moneda de reserva del mundo, pero la tendencia es clara. Desde que Washington congeló las reservas de Rusia en 2022, muchos países entendieron que tener sus ahorros en dólares también es un riesgo político y los bancos centrales comenzaron a pensar y relacionarse con otras alternativas. Nuestras AFP, en cambio, siguen apostando en el mismo casino.

Mucho riesgo, poco retorno

Las AFP defienden su estrategia con sólo un argumento, y es que hay que mirar el largo plazo. Miremos entonces. Ya antes de esta caída, la rentabilidad real del Fondo E en los últimos cinco años era de apenas 0,59% anual. En 2025 ganó 7,5%, y en los primeros nueve meses de 2026 perdió 10,39%. Esto quiere decir que la ganancia de un año entero se borró, y más aún.

El problema no es de un mal año. Según investigadores de Clapes UC, entre 2009 y 2025 los plazos de la cartera del Fondo E se duplicaron, de unos 5 a 10 años, sin contar los derivados. Y la pérdida esperada en escenarios extremos casi se triplicó. El fondo “conservador” se volvió más riesgoso justo en los años en que Estados Unidos acumulaba deuda y guerras. Para quien está por jubilar, eso tiene un precio concreto: una pensión que se iba a financiar con 100 pesos ahora se financia con alrededor de 90. No es una rentabilidad que compense el riesgo. Es un riesgo que nadie le explicó a quien lo asumía.

Ante esto, reafirmo lo que dije en marzo, y es que no hay complot, no hay conspiración. Lo que hay es una estructura financiera hecha a la medida de los especuladores. Según Bloomberg, los propios ejecutivos de las AFP pidieron en privado que se limitaran estas operaciones, porque ninguna podía salirse sola. Eran rentables mientras duraban, y el sistema castiga a la administradora que rinde menos que las demás. Y ahora, antes del 4 de noviembre, deben cerrar parte de esas posiciones. Para hacerlo, tienen que pagarles a los bancos que estaban del otro lado, como Bank of America y Citigroup, dos bancos que casualmente uno de ellos se encuentra recientemente cuestionado por lavado de dineros desde el narcotráfico. Las comisiones, en cambio, se siguieron cobrando todos los meses.

En marzo terminé diciendo que esto debería incomodarnos. Hoy la incomodidad tiene cifras: un 10,39% menos en el ahorro de quienes están por jubilar, 7.700 millones de dólares en contratos perdidos y un plazo que vence el 4 de noviembre.

Las AFP nos piden fe, como si la condición de éxito de la especulación fuera un milagro inesperado. Pero la fe en que el bono de Estados Unidos es intocable pertenece a otra época: la de una potencia sin rivales, sin deudas que la ahoguen y sin guerras que aumenten el peso de su propio dinero. Esa época se está terminando.

La pregunta para Chile es si vamos a seguir atando la vejez de las y los trabajadores a la suerte de un imperio que ya no garantiza ni su propia estabilidad. Esa no es una decisión técnica, es una decisión política. Recuperar la soberanía sobre nuestros ahorros ya no es sólo una consigna. Es la forma más concreta de proteger la vejez de quienes trabajan.




El gobierno de Kast ha otorgado rebajas de pena a 56 delincuentes condenados por abuso sexual y violación

El medio de investigación periódistica Interferencia, destapo este miércoles que el gobierno de José Antonio Kast por medio del Ministerio de Justicia ha dictado 56 decretos exentos que otorgan rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. En ese período, el promedio es de un decreto cada tres días. Solo una solicitud fue rechazada, en un caso de abuso sexual de menor.

Según informo Interferencia, cada decreto se dicta “por orden del Presidente de la República”, después de que la Comisión de Reducción de Condenas califica la conducta del condenado, la Secretaría Regional Ministerial verifica los requisitos y la División de Reinserción Social revisa los antecedentes, sin embargo, aunque se cumplan los requisitos el ministerio podría ampararse en la ley 21.421, que excluye justamente de este beneficio a quienes cometieron delitos sexuales contra menores, cuestión que al ser consultada la subsecretaria no contesto.

Aún así, se desconoce cuántos de los 56 decretos corresponden a delitos cometidos antes o después de esa fecha, ni si ese fue el fundamento en cada caso para conceder las rebajas de condenas.

Por otra parte, el ritmo con que se otorgaron equivale a unos nueve decretos al mes, en promedio, ya que no se precisa si se repartieron de manera pareja. Todos corresponden a los delitos de abuso sexual o violación de menores.

Estas rebajas contrastan fuertemente con otra política del gobierno enfocada en la niñez: el pasado 31 de agosto, el Presidente José Antonio Kast y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentaron el “Plan Chile Cuida a los Niños”. La iniciativa busca prevenir vulneraciones, apoyar a las familias y proteger a los niños que requieren atención especializada. Entre sus medidas figuran un proyecto de ley contra la explotación sexual en residencias de protección y cubrir por completo la lista de espera de programas especializados en explotación sexual.

 




Lo que hay tras cada noticia 21 de Octubre 2026




65% de los estudiantes de 3° básico presenta dificultades lectoras 

Un estudio del CIAE de la Universidad de Chile identificó distintos perfiles de dificultades lectoras en estudiantes de 2° a 6° básico. En 3° básico, el 45% presentó dificultades generales y otro 30% problemas específicos de comprensión. La investigadora Elvira Jéldrez analiza este desafío desde las aulas y los hogares, y aborda qué estrategias pueden ayudar a fortalecer la comprensión lectora de niños y niñas.

Llegar a 3° básico leyendo en voz alta correctamente no significa necesariamente comprender lo que lees. Un estudiante puede reconocer palabras con precisión y fluidez y, aun así, tener dificultades para comprender el significado de un texto.

Así lo muestra una investigación desarrollada por Macarena Silva y Elvira Jéldrez, académicas del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigadoras del CIAE de la Universidad de Chile, junto a Kate Cain, académica de la Universidad de Lancaster, Reino Unido. El estudio evaluó a estudiantes de 2° a 6° básico de escuelas públicas de Santiago e identificó distintos perfiles de dificultades lectoras.

En el total de la muestra, un 65% de los estudiantes presentó algún tipo de dificultad de comprensión lectora. Algunos tenían problemas tanto para decodificar como para comprender; otros podían leer las palabras adecuadamente, pero presentaban dificultades específicas para comprender el lenguaje y los textos.

En 3° básico, leer no siempre significa comprender

En 3° básico, el 45% de los estudiantes presentó dificultades generales, es decir, problemas tanto en decodificación como en comprensión. Otro 30% tuvo dificultades específicas de comprensión y un 10% presentó dificultades de decodificación. Solo un 15% no mostró dificultades y no hubo estudiantes clasificados como sobresalientes en ese nivel.

“Algunos estudiantes tienen problemas específicos para decodificar palabras; otros pueden leerlas correctamente, pero no comprender el lenguaje o el texto; y un tercer grupo presenta dificultades en ambos componentes. Por eso, la evaluación debe ir más allá de observar si el estudiante logra leer en voz alta”, explica Elvira Jéldrez.

El estudiante que “lee bien”, pero no entiende

Uno de los perfiles más difíciles de detectar es el de quienes leen las palabras de manera adecuada, pero tienen problemas para comprender. En el estudio, un 19% del total de estudiantes evaluados presentó este perfil: obtuvo buenos resultados en decodificación y fluidez, pero bajos resultados en comprensión.

“Un niño puede leer las palabras de manera precisa y fluida y, aun así, tener dificultades importantes para comprender lo que lee”, advierte Jéldrez. “Algunas señales son la dificultad persistente para explicar con sus propias palabras lo leído, problemas para integrar información del texto o una brecha entre la capacidad para leer en voz alta y la capacidad para comprender”, agrega.

“Una posible razón por la que algunas dificultades permanecen ocultas es que el sistema puede detectar que un estudiante ‘lee’, pero no necesariamente evaluar con suficiente precisión qué está comprendiendo y por qué está teniendo dificultades”, plantea la investigadora.

Una dificultad que puede continuar en cursos superiores

El estudio no siguió longitudinalmente a los mismos estudiantes, por lo que no permite afirmar que una dificultad en 3° básico causará determinados resultados en los cursos posteriores, aseguran las investigadoras. Sin embargo, las dificultades lectoras también aparecen en niveles superiores: en 6° básico, por ejemplo, un 36% de los estudiantes presentó dificultades de decodificación.

“Un estudiante puede avanzar de curso sin haber adquirido una habilidad básica y enfrentarse a textos cada vez más complejos sin contar con todas las herramientas necesarias para comprenderlos”, dice Jéldrez.

La comprensión lectora es fundamental para aprender en las distintas asignaturas. Por eso, es crucial resolver las dificultades lectoras antes de avanzar de nivel educativo.

La motivación también importa

La investigación detectó una asociación entre la motivación lectora y la comprensión. La valoración de la lectura y la percepción de autoeficacia se relacionaron positivamente con la comprensión, mientras que la desvaloración de la lectura se relacionó negativamente.

Los estudiantes con dificultades generales percibían la lectura como más difícil y la valoraban menos que quienes no presentaban dificultades.

“Trabajar únicamente las habilidades lingüísticas puede ser insuficiente”, señala Jéldrez. “La intervención”, agrega, “debe ayudar al estudiante a desarrollar sus habilidades, experimentar éxito y reconocer sus avances.”

Por eso, las académicas proponen trabajar en tres ámbitos: decodificación, comprensión y motivación. Esto implica reforzar la relación entre grafemas y fonemas, realizar pausas y preguntas durante la lectura, incorporar los intereses de los estudiantes y reconocer sus progresos.

“No basta con decirle a un niño que lea más. Hay que identificar qué tipo de dificultad presenta e intervenir de manera específica”, sostiene la investigadora.

Según Jéldrez, la principal alerta del estudio es que no basta con preguntar si un niño o niña sabe leer. También es necesario identificar cómo está leyendo, qué está comprendiendo y ver qué tipo de apoyo entregarle para que sea un lector y lectora más competente.




¿Qué contempla tu comuna para enfrentar la delincuencia? CPLT detecta 73 municipios que no publican sus planes de seguridad

Conocer qué problemas de seguridad identifica una municipalidad, qué acciones contempla para enfrentarlos y cuáles son sus metas permite a los vecinos tomar decisiones para evitar ser víctimas de delitos y hacer seguimiento a los compromisos de sus autoridades comunales en la materia. Sin embargo, una fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó que, en 73 municipalidades, equivalentes al 21% del total del país, no fue posible encontrar publicados sus planes comunales de seguridad pública.

La revisión se realizó entre enero y febrero de 2026 y abarcó las páginas web y los sitios de transparencia de las 345 municipalidades. El estudio examinó diez categorías de información que normas distintas de la Ley de Transparencia obligan a publicar a las municipalidades, entre las que también se encontraban el impacto vial de proyectos inmobiliarios, las rendiciones de cuentas de los aportes que estos deben hacer a las municipalidades para mejorar la infraestructura de movilidad y los espacios públicos, la protección de la niñez y la inclusión laboral de personas con discapacidad.

En seguridad, 272 municipios publicaban sus planes comunales de seguridad pública. Estos documentos contienen un diagnóstico de los problemas de seguridad de cada comuna, objetivos, metas y acciones para abordarlos, además de mecanismos para revisar el cumplimiento de los compromisos adoptados en el respectivo Consejo Comunal de Seguridad Pública. Su vigencia es de cuatro años y deben actualizarse anualmente.

La fiscalización también identificó diferencias entre los períodos de los planes publicados y los registrados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, institución a la cual las municipalidades deben remitir los planes aprobados. Al respecto, en 174 de los 272 municipios que publicaban estos documentos, los períodos no coincidían.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló: “La transparencia no se agota en las obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia. Hay una serie de obligaciones de publicación de información de alto interés público dispersas en la legislación y que son directamente aplicables a municipalidades. Los resultados evidencian rendimientos dispares en la publicación de materias tan relevantes como desarrollo urbano, seguridad, niñez e inclusión, las cuales deben poder conocerse por las personas de manera clara, completa y actualizada”.

Proyectos inmobiliarios

En desarrollo urbano, el Consejo encontró informes de mitigación de impacto vial publicados en solo tres de las 295 municipalidades que, según los antecedentes proporcionados por la Subsecretaría de Transportes, contaban con proyectos inmobiliarios con informes aprobados.

Estos documentos permiten conocer qué medidas se contemplan para compensar los efectos de proyectos inmobiliarios sobre el tránsito y la movilidad del sector, como instalación de semáforos, señalización o mejoras para el transporte público. Las municipalidades donde se encontró esta información fueron Los Andes, Pichilemu y Teno.

Al respecto, en julio de 2026, el CPLT requirió a las municipalidades publicar mensualmente estos informes y las resoluciones que los aprueban, modifican o rechazan.

Otro hallazgo de la fiscalización es que, de las 50 municipalidades que publicaban su plan de inversiones en movilidad y espacio público, solo tres publicaban las rendiciones de cuentas sobre el uso de los aportes que por ley deben hacerles los proyectos inmobiliarios.

Niñez e inclusión laboral: antecedentes pendientes de publicación

En protección de la niñez, de 147 municipalidades que, según la Subsecretaría de la Niñez, realizaron sesiones de sus mesas de articulación interinstitucional de niñez y adolescencia durante el primer semestre de 2025, 93 no publicaban las actas y otras 11 solo mantenían documentos de 2024. Estas instancias coordinan servicios de salud, educación, protección y programas sociales para niños, niñas y adolescentes. Sus actas deben publicarse resguardando los datos personales que corresponda proteger.

Respecto de la inclusión laboral de personas con discapacidad, solo 37 de las 332 municipalidades que debían publicar los reportes correspondientes a 2024 tenían disponible esa información. Estos antecedentes permiten conocer el cumplimiento de las obligaciones de inclusión laboral o las razones fundadas que las instituciones informan para justificar su incumplimiento.

Conclusiones del CPLT

El Consejo advirtió que la dispersión de documentos en distintas secciones, la falta de actualización y las diferencias con los registros de organismos del nivel central dificultan el acceso de las personas a esta información y la posibilidad de verificar que esté completa y actualizada. Asimismo, recordó que las obligaciones de publicación establecidas en otras leyes también son exigencias legales y deben cumplirse.

El CPLT es el organismo encargado de promover y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Las personas pueden presentar un reclamo en cplt.cl cuando un organismo no publica información exigida por esta ley. Los incumplimientos injustificados de sus obligaciones de transparencia pueden derivar en multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual de la autoridad o jefe de servicio y de los funcionarios responsables.

Resumen fiscalización




Américas: Amnistía Internacional lanza curso gratuito para defender el espacio cívico y el derecho a la protesta

Amnistía Internacional presenta hoy el curso virtual y asincrónico “Amenazas al espacio cívico y al derecho a la protesta en América Latina”, una formación gratuita de tres horas de duración, que ofrece conocimientos y herramientas prácticas para comprender las restricciones que enfrentan estos derechos en la región y fortalecer su ejercicio de manera segura.

En las últimas décadas, la protesta social ha adquirido una renovada centralidad en América Latina como respuesta a la desigualdad, la exclusión, la violencia estructural y el debilitamiento de las garantías para ejercer los derechos humanos. Ante la falta de respuestas efectivas de las autoridades, personas, colectivos y movimientos sociales han recurrido a la protesta como un medio legítimo para expresar sus demandas, denunciar abusos y promover transformaciones sociales.

“Manifestarse pacíficamente es un derecho humano y el Estado tiene la obligación de protegerlo. Todas las personas deben poder expresar su descontento, cuestionar a las autoridades y exigir cambios sociales sin temor a sufrir violencia o represalias. Sin embargo, tras hechos como los de octubre de 2019, nadie asegura que no se vuelvan a repetir violaciones a los derechos humanos en contra de quienes se manifiestan”, señaló Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Al mismo tiempo, gobiernos de distintos países de la región han respondido mediante el uso excesivo de la fuerza, la criminalización, la estigmatización, la vigilancia y otras restricciones indebidas contra quienes se organizan, se manifiestan o defienden los derechos humanos.

“Los recientes avances de leyes como las reglas del uso de la fuerza o la ley Naín Retamal, dejan cada vez más vulnerables a quienes desean ejercer su derecho a la protesta. Por eso, este curso es indispensable, para que las personas conozcan sus derechos y cuenten con herramientas para ejercerlos de manera segura y colectiva”, asegura Bustos Bottai.

“¿Cómo sería tu vida si mañana al despertar tuvieras prohibido expresar tus opiniones y no pudieras reunirte en espacios públicos con otras personas?”. Con esta pregunta comienza el curso, que invita a reflexionar sobre el significado del espacio cívico y su importancia para que las personas puedan expresarse, asociarse, reunirse y participar en la vida pública sin temor a represalias.

La formación aborda los principales conceptos relacionados con el espacio cívico y el derecho a la protesta desde los sistemas internacional e interamericano de derechos humanos. También examina los procesos históricos y actuales de cierre del espacio cívico en América Latina, así como las amenazas que enfrentan quienes participan en protestas o defienden derechos.

El curso recupera además experiencias de resistencia de distintos lugares de la región y ofrece herramientas prácticas para ejercer el derecho a la protesta, incorporando criterios de seguridad, análisis de riesgos y cuidado colectivo adaptables a diferentes contextos.

Al finalizar la formación, las personas participantes podrán comprender cómo el derecho a la protesta contribuye a construir y defender el espacio cívico; analizar desde una perspectiva de derechos humanos las restricciones y amenazas existentes en la región; e incorporar herramientas de protección y cuidado colectivo en la planificación y participación en manifestaciones.

“Participar en defender el espacio cívico significa la posibilidad de organizarnos, alzar la voz y actuar colectivamente frente a las injusticias. Con este curso queremos acercar la educación en derechos humanos a todas las personas y colectivos que buscan transformar su realidad y contribuir a sociedades más libres, justas e igualitarias”, agregó Alonso Serradell, coordinador de educación en derechos humanos de Amnistía Internacional Chile.

El curso está disponible gratuitamente para cualquier persona interesada. Quienes completen la formación podrán obtener un certificado de la Academia de Amnistía Internacional.

Esta iniciativa forma parte de la Academia de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, una plataforma de educación que ofrece cursos en distintos idiomas y busca formar a una nueva generación de personas defensoras de derechos humanos, fortalecer sus capacidades e invitarlas a actuar en favor de la justicia y la igualdad.

Inscríbete gratuitamente en el curso: https://academy.amnesty.org/learn/courses/454/amenazas-al-espacio-civico-y-el-derecho-a-la-protesta-en-america-latina




Afep rechaza petición de la derecha de indultar a violadores de lesa humanidad

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) manifestaron su total rechazo a las peticiones de indultos para violadores de Derechos Humanos, las cuales han sido presionadas por la derecha que ha buscado como fecha simbólica para su otrogamiento el 18 de octubre, día en que comenzó el estallido social de 2019.

El único propósito de esta solicitud es garantizar la impunidad de los criminales de la dictadura civil-militar, señala la AFEP en su declaración: “El indulto es un mecanismo de extinción de la responsabilidad penal. No cabe duda de que se trata de un medio destinado a eludir el cumplimiento de la pena impuesta mediante una sentencia judicial firme. Dicha condena es el resultado de un procedimiento formalmente concluido, cuyos efectos de cosa juzgada imponen la obligación ineludible de ejecutar la pena”.

Señalando que la impunidad constituye un severo agravio a las víctimas de los crímenes cometidos por agentes del Estado, indican que atenta de forma directa contra el derecho a la Justicia de las y los familiares de ejecutadas y ejecutados políticos, detenidas y detenidos desaparecidos y víctimas de tortura.

“La garantía de no repetición es un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se sustenta en la debida sanción de los crímenes de lesa humanidad. El indulto lesiona este principio al permitir que los condenados por esta clase de delitos burlen el cumplimiento de sus penas. Es obligación imperativa de los Estados juzgar a los responsables y, luego de establecer judicialmente su culpabilidad, sancionarlos con penas proporcionales a la gravedad de los hechos”.

“Hay 1400 familias, 1440 persona que aún buscan a sus detenidos, detenitadas y ejecutados sin entrega de restos”, resaltó La ex presidenta de la AFEP y Premio Nacional de Derechos Humanos, Alicia Lira: “Estamos hablando de 1092 hombres y mujeres que estos criminales no han entregado información, por lo menos, decir dónde se encuentran para que puedan descansar y las víctimas tengan una sepultura digna como corresponde”.

En esa línea, la declaración puntualiza que el derecho de las víctimas a la Justicia, “en toda su extensión, no puede ser ignorado ni vulnerado mediante el indulto ni a través de ninguna otra forma de impunidad”.

Las víctimas deben ser tratadas con dignidad y con el debido respeto a sus derechos esenciales. En este sentido, la concesión de un indulto representa un nuevo trauma y una revictimización, con la consecuente carga psicológica y emocional asociada a un doloroso y prolongado estrés postraumático”. se afirma.

Precisando que el ejercicio del indulto como facultad  del presidente de la República tiene como límite infranqueable el respeto a los derechos esenciales, señalan, los cuales emanan de la naturaleza humana,  acorde al deber deber  fundamental de “promover y garantizar dichos derechos, consagrados tanto en la Constitución Política de la República como en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes en el país”.

 




Con entrada liberada: “Sirât”, “Tardes de Soledad” y “Decorado” se exhibirán en la Muestra de Cine Español Premios Goya 2026

En colaboración con la Academia de Cine de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Centro Arte Alameda invita a todo el mundo a disfrutar de la recta final de la Muestra de Cine Español Premios Goya 2026, que reúne lo más destacado y galardonado de la 40ª edición de los premios del cine español. El ciclo, con entrada liberada -previa inscripción en PASSLINE-, proyectará tres importantes películas: “Sirât” (2025), “Tardes de Soledad” (2024) y “Decorado” (2025).

La primera película, antecedida por los largometrajes “Maspalomas” y “Los Domingos”, se exhibirá este jueves 22 de octubre a las 20:30 horas: Sirât (2025), el aclamado film dirigido por Oliver Laxe y galardonado en diversas categorías de los Premios Goya 2026 (Mejor música original, Mejor montaje, Mejor sonido, Mejor dirección de producción, Mejor dirección de fotografía y Mejor dirección de arte).

La cinta sumerge al espectador en un viaje sensorial: Luis (Sergi López) y su hijo pequeño Esteban viajan a las áridas montañas del sur de Marruecos. No van por turismo, sino para buscar desesperadamente a Mar, su hija y hermana, quien desapareció hace cinco meses en el caótico mundo de las fiestas electrónicas clandestinas.

El ciclo continuará el sábado 24 de octubre a las 18:45 horas con el documental Tardes de soledad (2026), obra del cineasta Albert Serra. A lo largo de sus 125 minutos, este trabajo (reconocido como la Mejor Película Documental en los Goya) explora con un estilo radical la intimidad, el contraste y la tensión plástica de la tauromaquia. La trama sigue al célebre torero Andrés Roca Rey, desde los momentos previos en la soledad de su hotel hasta la tensión y la crudeza del ruedo en diversas plazas.

El cierre definitivo de la muestra se llevará a cabo el lunes 26 de octubre a las 18:45 horas con la proyección de Decorado (2026), largometraje animado de 95 minutos dirigido por Alberto Vázquez. Ganadora del Goya a Mejor Película de Animación.

Arnold es un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Su matrimonio se desmorona, su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa. Cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas, Arnold se convence de que algo no encaja.

Todas las funciones son con entrada totalmente liberada, previo registro en PASSLINE. ¿Dónde? En Centro Arte Alameda, ubicado en Arturo Prat 33 (metro U. de Chile).