Álvaro Hevia Castillo. Académico Facultad de Medicina, Universidad Central

La bioética actual parece ser un campo académico reservado a especialistas, quienes muchas veces han tratado los problemas éticos de la salud pública de manera neutral y aséptica. Sin embargo, en realidad la bioética es una invitación abierta a reflexionar, y a preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es el valor la vida humana cuando tomamos decisiones colectivas? Y pocas decisiones colectivas revelan tanto sobre una sociedad como las que se toman en torno a la salud pública.

En este ámbito hay una confusión que no deberíamos seguir tolerando, tratar las necesidades de salud de las personas como si fueran intereses. No son lo mismo. Los intereses pueden postergarse, negociarse, renunciarse. Las necesidades, en cambio, son otra cosa. No satisfacerlas nos acerca a la muerte, al dolor, a la pérdida de dignidad. Cuando alguien no puede acceder a un diagnóstico oportuno, a un medicamento, a una atención de salud mental, no está “perdiendo un beneficio”, está viendo vulnerada una condición básica de su existencia.

Incluso, en economía esta distinción también es importante. Las necesidades son demandas que surgen de la condición humana y que no responden a preferencias. No elegimos necesitar atención médica del mismo modo en que elegimos preferir un producto sobre otro. Los intereses económicos, en cambio, son móviles, responden a incentivos, a rentabilidad, a oportunidades de ganancia, etc. Cuando un sistema de salud se organiza principalmente en torno a intereses y no a necesidades, podemos tener claridad que –en el fondo– el criterio para decidir quién accede al cuidado sanitario, quién no y bajo qué condiciones es un criterio injusto, en este caso, una forma de injusticia estructural.

La ética del cuidado, que es una de las éticas más lúcidas de los últimos tiempos, nos señala que cuidar no es un lujo ni una virtud opcional. Cuidar es lo que hacemos para que la vida, la nuestra y la de quienes nos rodean, no solo sea posible, sino que sea lo mejor posible. Y el primer paso del cuidado es darse cuenta de que hay una necesidad. Preocuparse. Ese gesto inicial tiene consecuencias enormes cuando ocurre, o no ocurre, a nivel de política pública.

Cuando un Estado recorta el gasto en salud pública, está decidiendo que ciertas necesidades no importan o pueden esperar, no está simplemente ajustando un presupuesto de manera técnica. Esa decisión tiene un nombre en bioética, puede envolverse en el lenguaje de la eficiencia, del equilibrio fiscal, de la modernización, pero desde la bioética el envoltorio no cambia el contenido, es negligencia.

¿Estamos dispuestos a seguir permitiendo que la lógica del interés económico defina los límites del cuidado que nos debemos como sociedad? Esa pregunta bioética de fondo no permite respuestas neutrales.

En medio del debate generado por el caso de los niños haitianos y los llamados del Gobierno a resguardar su bienestar, el diputado Luis Cuello (PC) ofició al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que informe si ha evaluado el impacto que tendría en niños, niñas y adolescentes migrantes la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo que busca ampliar hasta por 180 días las detenciones vinculadas a procedimientos de expulsión administrativa.

La solicitud surge luego de que el Ejecutivo ingresara una reforma al artículo 19 N°7 de la Constitución, que permitiría ampliar el plazo de detención para efectos de expulsiones administrativas hasta por 180 días. La preocupación se intensificó tras las declaraciones del subsecretario de Justicia, Luis Silva Irarrázaval, quien reconoció que, de prosperar la iniciativa, “va a haber que habilitar espacios donde esas personas puedan estar a la espera que se resuelva su situación”, abriendo interrogantes sobre el eventual impacto de estas medidas en niños, niñas y adolescentes migrantes y el resguardo de sus derechos fundamentales.

En esa línea el diputado Cuello expresó: “En el caso de los niños haitianos, el Gobierno ha mostrado una sorprendente preocupación, incluso el ministro Alvarado ha expresado que todos tenemos la obligación de preocuparnos por su bienestar. Pues bien, mientras esto ocurre, han presentado un proyecto de reforma constitucional que permite ampliar la detención a personas migrantes hasta por 180 días, hasta por 6 meses sin una condena, sin un delito que se haya cometido.

Esto naturalmente tiene consecuencias, se trata de niños y niñas que van a ser separados de sus padres por ese tiempo y, por lo tanto, hay una evidente vulneración a sus derechos. Es por esto que hemos oficiado al ministro de Justicia para que informe si midieron el impacto que va a tener esta medida tan extrema, que puede conducir incluso a la creación de campos de concentración, en la vida de niños, niñas y adolescentes. Y al mismo tiempo si el Ministerio estudió la correspondencia de esta reforma con los estándares internacionales de derechos humanos”.

En el oficio, el parlamentario solicita conocer cuántos menores de edad podrían verse afectados por esta medida, cuáles serían sus repercusiones y qué acciones ha adoptado el Ministerio para garantizar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos y protección de la niñez suscritos por Chile.

Ocho organizaciones gremiales de la Educación entregaron una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast, en la que manifiestan su profunda preocupación por la actual situación de la Educación en Chile, derivadas por medidas como los recortes en los presupuestos, la probable ‘pausa’ en el proceso de implementación de los Slep’s; la ley Escuelas Protegidas y el proyecto de incivilidades.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile AG, Mario Aguilar Arévalo,sostuvo “estas son las grandes inquietudes que tenemos como representantes de los distintos mundos de la Educación. Nos hacemos eco de la preocupación de la población reflejada en la última encuesta CEP en que la Educación aparece tercera junto a seguridad y economía. Por lo tanto, creemos que cuando se afecta la educación, se afecta a toda la población chilena y a la ciudadanía”.

El líder gremial docente explicó “esta coordinación, es un trabajo conjunto que estamos realizando los Gremios para juntar fuerzas y defender el derecho de la Educación en nuestro país, vamos a invitar a otras organizaciones, para que esta convergencia siga creciendo, porque es la manera que tenemos para convocar a la ciudadanía a defender la educación, sus recursos y hacer frente a esta amenaza que visualizamos para el 2027 que podría venir con más recortes. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para evitar que esa situación ocurra”.

Por su parte, María Beatriz Fuenzalida Cofré, Presidenta Nacional de Andime, advirtió “los recursos que se emplean en educación los aportan todos los chilenos y chilenas a través del pago de impuestos, retrasar la instalación de los SLEP, les da carta abierta a las Municipalidades a que gasten la plata en lo que quieran. Hay que recordar que los Slep’s se crearon precisamente para que los recursos de educación se gastaran en educación”.

La Dirigenta denunció “están reduciendo a los funcionarios públicos para que no fiscalicemos, nosotros defendemos a todos los ciudadanos, ciudadanas y sus familias. La educación es un derecho fundamental. Esperamos que el señor presidente esté a la altura y nos dé una respuesta fortalecida y convincente”.

Javier Obando, Dirigente Nacional de ASUME, acusó que “queremos hacer hincapié que no estamos fiscalizando los recursos del Estado. Estamos muy preocupados porque la comunidad escolar completa hoy está al arbitrio de los sostenedores. No hemos tenido absolutamente ninguna fiscalización a los establecimientos educacionales con respecto al uso de los recursos que deben presentar los sostenedores de Chile. Nos estamos dedicando solamente al tema de las denuncias”

Finalmente, Takuri Tapia, Presidente de la FENTUECH, Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile, resaltó “a través de esta carta planteamos nuestra preocupación por la situación de las Universidades del Estado que hoy tras los recortes ya se han descontinuado ciertos programas, esa situación es preocupante para las comunidades universitarias. El 3% que en algún momento se anunció podría significar el 15 o hasta el 20% del presupuesto de las universidades. Así que manifestamos nuestra preocupación por lo que está ocurriendo con estos recortes y también por lo que pueda venir el 2027”.

Dra. Sandra Lanza Sagardia, presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida

Recibir un diagnóstico de cáncer suele ser una de las experiencias más desafiantes en la vida de una persona. Junto con la incertidumbre y el impacto emocional, muchas veces aparece una sensación de pérdida de control: el foco se traslada a exámenes, tratamientos, cirugías y decisiones clínicas que parecen dominar completamente el proceso.

Sin embargo, una nueva investigación publicada en 2026 aporta un mensaje esperanzador y profundamente relevante: incluso después de un diagnóstico de cáncer, los hábitos de vida siguen importando. Y mucho.

El estudio, realizado en más de 28.500 personas con cáncer del Reino Unido, evaluó la adherencia a las recomendaciones del WorldCancer Research Fund y del American Institute for CancerResearch, que incluyen mantener un peso saludable, realizar actividad física regularmente, privilegiar una alimentación basada en alimentos de origen vegetal y limitar el consumo de alcohol y carnes procesadas. Los resultados mostraron que por cada recomendación cumplida, el riesgo de muerte por cualquier causa disminuyó en un 8%. Además, se observaron beneficios significativos en cánceres de alta prevalencia como mama, próstata, pulmón, esófago e hígado.

Este hallazgo es especialmente importante porque refuerza una idea central de la Medicina del Estilo de Vida: nunca es demasiado tarde para beneficiarse de hábitos saludables. Aunque tradicionalmente hemos asociado estas conductas con la prevención, hoy sabemos que también pueden influir en la calidad de vida, la funcionalidad, la tolerancia a los tratamientos y la supervivencia de quienes viven con cáncer.

No obstante, el mismo estudio evidencia una brecha preocupante. La adherencia global a estas recomendaciones fue baja, con un promedio de apenas 2,3 puntos de un máximo de 5. Particularmente preocupante fue el bajo cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con el consumo de alcohol y carnes procesadas, especialmente en hombres.

Estos resultados nos interpelan como sociedad y como sistema de salud. No basta con entregar información; debemos crear entornos, programas y equipos de salud que acompañen efectivamente a las personas en la adopción y mantención de hábitos saludables durante todo el curso de la enfermedad. La evidencia nos muestra que la alimentación, la actividad física, el manejo del estrés, el sueño y las conexiones sociales no son aspectos secundarios del cuidado oncológico: son parte integral de él.

Desde la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida creemos que ha llegado el momento de avanzar hacia un modelo de atención que incorpore sistemáticamente intervenciones sobre estilo de vida en la prevención, tratamiento, rehabilitación y supervivencia del cáncer. No se trata de reemplazar los tratamientos médicos convencionales, sino de complementarlos con herramientas respaldadas por evidencia que permitan a las personas participar activamente en su proceso de salud.

El mensaje es claro: un diagnóstico de cáncer no marca el final de la capacidad de influir sobre la propia salud. Por el contrario, puede ser una oportunidad para recuperar espacios de acción, fortalecer la autonomía y mejorar las posibilidades de vivir más y mejor. La ciencia nos recuerda que los hábitos siguen importando, incluso después del diagnóstico.

El Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJYS) envió un mail a la Ministra de Desarrollo Social y Familia manifestando su preocupación por la informalidad que se usa para convocar una reunión con representantes de la comunidad haitiana, sin agenda, objetivos ni minuta de trabajo previamente informados.

La organización considera que la actual situación exige medidas concretas y no una instancia destinada únicamente a “escuchar quejas”, luego de semanas de exposición mediática que han contribuido a la estigmatización de la comunidad haitiana a raíz del debate sobre niños y niñas migrantes.

En el mail, CIJYS solicita que cualquier encuentro institucional aborde dos puntos centrales: una discupa publica del presidente ya que la reparación del daño provocado por discursos e informaciones que han afectado a los defensores y familias haitianas en Chile, y la construcción de un protocolo permanente de colaboración entre el Estado y la comunidad haitiana para prevenir y combatir cualquier eventual vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, la organización expresó su preocupación por la participación de personas presentadas como representantes de la comunidad haitiana que son desconocidos por la comunidad además que son integrante de la UDI — partido politico que lleva esta campaña de estigmatizaciones —. Exigimos que los referentes invitados sean legitimos y trabajadores comunitarios.

“El problema no es quién tiene derecho a hablar. El problema es quién decide quién representa a la comunidad haitiana ante el Estado y bajo qué criterios”, señaló Michel-Ange Joseph, presidenta de CIJYS.

La organización reiteró su total disposición a colaborar en toda iniciativa destinada a proteger a la infancia, pero advirtió que la lucha contra cualquier eventual forma de trata o tráfico de personas no puede transformarse en un mecanismo de estigmatización colectiva contra una comunidad migrante.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, relevó los desafíos del Partido en el marco del 114 aniversario que vivió recientemente la colectividad política.

El timonel planteó dar una referencia actual a partir de una coherencia con el momento fundacional y los hitos en la historia de la lucha política y social del PC, resaltando que el gobierno de José Antonio Kast representa la refundación neoliberal en el país:

Acerca de una posición que además busca posicionarse de cara a la nación, indicó que son parte del nuevo reto político enfrentar el crimen organizado, defender el empleo y la presencia de la institución pública en los territorios, así como avanzar en la unidad política y social.

El presidente del PC, al respecto dijo: “Estamos desafiados en un momento muy sensible, quizás uno de los más serios que tiene el curso de la tarea política contingente con peligros muy fuertes tanto en el plano de la política nacional como internacional”.

En el contexto país se refirió al debate legislativo de la mega reforma, flanco principal donde el gobierno busca canalizar su política empresarial, coyuntura a la cual antepuso las iniciativas que ha levantado la bancada cuyo trabajo también representa un sentimiento cada vez más grande de desafección al oficialismo, afirmó:

Asimismo, hizo un llamado a la militancia a desplegar las aptitudes de pertenecer a un partido de masas, y “cómo lleva a su realidad local estas ideas y con qué mecanismos hace que se multiplique con más facilidad”.

Un ejemplo de refundación neoliberal

Por otro lado, acerca Codelco y la nueva administración que se instala con el gobierno ultraderechista de Kast con planteamientos de desnacionalizar parte de la empresa cuprífera, Lautaro Carmona señaló que sigue siendo el sueldo de Chile, pese a que haya una diversificación de la producción del país en otros rubros, al representar uno de los principales ingresos fiscales.

Además advirtió que bajo el actual gobierno no está seguro, incluso, el acuerdo tomado sobre la asociación con SQM y Codelco para la explotación del litio:

En esa línea, el presidente del PC, acotó sobre la importancia de escuchar la voz de los trabajadores “Una movilización de los trabajadores del cobre defendiendo Codelco va va a contar con una simpatía muy grande”, estimó sobre un debate que debe ser de carácter cotidiano.

Michel-Angel Joseph, directora ejecutiva del Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (Cijys), se refirió a la delicada situación que ronda a la comunidad haitiana en Chile, luego de una serie de investigaciones puestas en curso para identificar el paradero de más de 60 niños migrantes haitianos.

A partir del preinforme de Contraloría se derivó a una investigación de oficio de Fiscalia por posible delito de trata de personas, falisficación de documentos y cohecho, entre otros. Sin embargo, de los 64 niños ya más de 30 niños fueron ubicados.

“En pocos días se pasó de hablar de posibles redes de tráfico de menores a reconocer que existían graves problemas administrativos y de registros”, observó Joseph, acotando sobre las conductas estigmatizantes que ha acarreado la sobreexposición de la indagatoria.

“Las misma autoridades salieron aclarar que no existe prueba ni siquiera, un índice que pueda demostrar ese tipo de práctica en la comunidad haitiana y en el proceso de migración haitiano sino más bien  es una descoordinación en la interempleabilidad del sistema chileno”, puntualizó la directora.

Asimismo, señaló que la reunificación familiar es una factor importante en las trayectorias de las personas migrantes haitianas, dada la crisis en que vive el país desde hace varios años y que incide fuertemente en la separación de las familias en búsqueda de nuevas oportunidades:

Sin embargo, la ubicación de los niños aludidos se sigue haciendo, aunque sin los debidos resguardos que garanticen los derechos de los otros niños o integrantes de la comunidad haitiana.

Michel-Angel Joseph junto con contar que ha sido víctima de amenazas, criticó el actuar de ciertos medios que llegan con las cámaras hasta las mismas casas de las personas, así como el caso de los niños que temen en sus colegios ser solicitados por la policía.

Una comunidad en resistencia

Se estima que el número de migrantes haitianos en Chile son del orden de 188 mil personas hasta 2023. Si bien es una población de origen migrante menor que otras, las dificultades para ingresar al país y permanecer aquí, son comparativamente mayores.

El país al no contar con vuelos comerciales, las personas “piden ayuda entre la misma comunidad y buscan facilitar el proceso de reunificación con sus hijos la visa que autoriza el servicio de migraciones tiene un plazo de vencimiento”, precisa Joseph.

Por otro lado, Chile suspendió en 2025 el consulado y su embajada en dicho país centroamericano, no obstante, se reanudaría, según ha emitido el gobierno.

La directora de Cónclave añade que la migración en Chile es transitoria y que se encuentra dentro del polo sur-sur y sur norte de sus trayectorias, cuyos destinos finales son mayoritariamente hacia Brasil en el primer caso y Estados Unidos en el segundo.

No obstante las rutas no están exentas de peligros como el paso por el Darién para acceder a Estados Unidos, donde sí abundan casos de personas desaparecidas.

“Tenemos que recordar que los haitianos somos un pueblo que resiste y como diáspora que sostiene la economía del país, tratamos de perfilar bien en ella y no porque seamos tolerantes al atropello y menos aceptar malos tratos”, aclaró Joseph, junto con confirmar lo constatado por algunos alcaldes sobre la frágil situación socioeconímica en que viven niños y familias haitianas en Chile:

“Una de las cosas que tenemos que tener claro es que se trata de menores de edad y hay que tomar el tema con seriedad“, precisó sobre la localización de los niños que continúa: “Si en algún momento se llegara confirmar la desaparición por estos motivos que mencionó la denuncia y dar con el paradero de los responsabilidades individuales, no podrían ser colectivas o que caigan sobre una comunidad”

Este lunes, tras la reunión de presidentes de los Partidos Políticos de la oposición, los presidentes de las colectividades firmaron una declaración pública instando al ejecutivo a modificar el proyecto y separar la reconstrucción del proyecto de mega reforma tributaria.

El Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, el Frente Amplio, el Partido Por la Democracia, Acción Humanista y el Partido Comunista acordarón respaldar esta delcaración conjunta.

El presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona, valoró que todos los partidos constituyeran una sola opinión y aseguro que, “significa clara y directamente, negarse a la idea de legislar en las condiciones que el proyecto está hoy, y tenemos la sana expectativa que de aquí al miércoles hayan modificaciones”.

Asimismo, el timonel de la colectividad de la hoz y el martillo, develó que los partidos de oposición coinciden en un diagnostico de preocupación ante el menguado crecimiento economico del país y la falta de empleo.

Puedes leer la declaración completa acá:

Artículo tomado de Periodismo Informativo 

Tras meses de intensa movilización, la clase trabajadora portuguesa y sus organizaciones sindicales han logrado una importante victoria. El gobierno liberal ha tenido que retirar la controvertida reforma laboral que pretendía imponer, un paquete de medidas que amenazaban con precarizar aún más las condiciones de los trabajadores, facilitar despidos, extender contratos temporales, desregular horarios y recortar derechos conquistados durante décadas.

La lucha no fue fácil ni espontánea. Comenzó con asambleas en fábricas, oficinas y centros de trabajo, donde los trabajadores debatieron los impactos del llamado “paquete laboral” (o “Trabalho XXI”). Estas reuniones de base permitieron construir conciencia colectiva y unidad. Pronto se tradujeron en manifestaciones masivas en las calles de Lisboa, Oporto y otras ciudades, con miles de trabajadores exigiendo la retirada completa del proyecto.

El punto culminante llegó con dos huelgas generales, la primera en diciembre de 2025 y la segunda en junio de 2026. Estas jornadas nacionales, convocadas principalmente por la CGTP-IN (Confederación General de los Trabajadores de Portugal) con apoyo de sectores de la UGT y otros sindicatos independientes, detuvieron el país: trenes parados, vuelos cancelados, escuelas y hospitales con servicios mínimos, y una fuerte afectación en la industria y los servicios públicos. Millones de trabajadores respondieron al llamamiento, demostrando una participación histórica.

Estas acciones no solo generaron un impacto económico visible, sino que ejercieron una presión política insostenible sobre el ejecutivo minoritario. El gobierno, que defendía la reforma como necesaria para “flexibilizar” el mercado laboral y atraer inversión, se vio obligado a retroceder ante la fuerza organizada de la clase trabajadora. Las movilizaciones dejaron claro que los trabajadores no aceptarían pasivamente un retroceso en derechos como la readmisión por despido improcedente, la limitación de horas extras, la ampliación de la subcontratación o recortes en protecciones parentales y al derecho de huelga.

Una lección de organización y unidad sindical

Esta victoria resalta el poder de la acción colectiva. Las asambleas permitieron que los trabajadores tomaran la iniciativa más allá de las direcciones sindicales. Las manifestaciones visibilizaron el rechazo social amplio, y las huelgas generales demostraron la capacidad de paralizar la economía para defender intereses comunes de clase. CGTP e UGT, pese a diferencias históricas, coincidieron en la necesidad de frenar este ataque, reforzando la unidad en la acción.

Para la clase trabajadora portuguesa, el resultado es claro: la movilización combativa funciona. No se trata solo de parar una reforma específica, sino de sentar un precedente contra futuras políticas liberales que buscan aumentar el grado de explotación sobre quienes producen la riqueza. El gobierno pretendía precarizar y los trabajadores respondieron con solidaridad y determinación.

Esta experiencia sirve de inspiración más allá de las fronteras. En un contexto europeo donde los ataques a los derechos laborales son recurrentes, Portugal demuestra que la organización de base, la calle y la huelga general son herramientas efectivas. La retirada de la reforma no es un regalo del poder: es el fruto de la lucha consciente y organizada de la clase trabajadora y el movimiento sindical.