El pasado miércoles, se desarrolló una manifestación frente al Palacio de la Moneda, convocada por ANEF, en la que se entregó un mensaje claro en contra de la Megareforma, horas antes de su aprobación en el Congreso Nacional, que consolidó beneficios para las grandes empresas y a los sectores más ricos del país.

En la acción se hizo un llamado a las y los parlamentarios a rechazar este proyecto que limitará el debate democrático y a que los costos sean pagados por los superricos y por ningún motivo, las y los trabajadores.

El vicepresidente de ANEF, Helmuth Griott, indicó en esta actividad que “estamos aquí para manifestar nuestro absoluto rechazo como trabajadores del empleo público y trabajadores en general, a un gobierno que en el fondo desprecia a los trabajadores y la función pública. Nosotros estamos aquí para oponernos a un proyecto de ley que es el buque insignia de este gobierno. Este gobierno que en el fondo lo que quiere es reconstruir el estado en contra de los trabajadores y la función pública. Esta es una herramienta más para, desde un punto de vista de clase, continuar con ese viejo propósito de hacer que los muchos trabajen para satisfacer las necesidades de unos pocos».

En tanto, el secretario general de ANEF, Carlos Insunza, relevó la necesidad de defender al estado y sus instituciones que tienen como fin atender y beneficiar a la ciudadanía y no al revés, “este proyecto de ley condena al país a un déficit fiscal permanente, condena al país a la permanente restricción fiscal de los servicios públicos y por tanto de los derechos de las mayorías de nuestro pueblo. Quienes somos trabajadores del Estado, bien sabemos que las restricciones fiscales ya vigentes impiden una provisión adecuada y que lo que viene solo tiene el destino de ser peor. Estamos ante una reforma tributaria regresiva que va a trasladar más de 4.500 millones de dólares anuales a los bolsillos del 1% más rico de la población (…) Estamos ante una reforma tributaria que condena a Chile a un ciclo de restricción fiscal  y de recesión como lo estamos viviendo hoy día bajo la política del gobierno del presidente Kast y del ministro Quiroz” .

En la movilización la dirigencia hizo un claro llamado al Senado a rechazar los componentes regresivos de este proyecto de ley, a rechazar la reducción tributaria para los más ricos, a rechazar la reducción en materia de contribuciones que va a desfinanciar a los municipios, a rechazar los componentes que hoy ponen el riesgo el futuro de las mayorías del pueblo.

Ni un paso atrás: ningún retroceso en derechos sociales porque el crecimiento y desarrollo de Chile requieren un Estado fuerte y activo.

El pasado 25 de junio, parlamentarios y parlamentarias de derecha presentaron ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que «Modifica el Código Sanitario para establecer el deber del médico de informar a la mujer sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal, y de ofrecerle la oportunidad de escucharla, en forma previa a la interrupción del embarazo» (boletín N.º 18.419-11).

La iniciativa legal intercala un nuevo inciso en el artículo 119 del Código Sanitario y básicamente señala que: Establece el deber del médico de informar a la mujer sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal y de ofrecerle la oportunidad de escucharla, en forma previa a la interrupción del embarazo.

Para Camila Fuentevilla Maturana, presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS), el proyecto forma parte de una agenda conservadora de la ultraderecha que busca hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas en Chile.

“Estas iniciativas quieren impedir o dificultar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. A su vez, este tipo de intervención es profundamente revictimizante y, por supuesto, vulnera los derechos de quienes deben acceder a esta prestación: mujeres, niñas y disidencias, que merecen una atención respetuosa y de calidad, basada en la evidencia científica y con perspectiva de salud pública, no en cuestiones valóricas”, afirmó Fuentevilla.

Asimismo, la dirigenta sindical condenó la creación de escenarios destinados a forzar a las mujeres a continuar con un embarazo, exponiéndolas a riesgos físicos y psíquicos. “Por lo tanto, como trabajadores de la salud pública, rechazamos este proyecto de ley y seguiremos defendiendo el derecho a la salud, a la autonomía y a la libertad reproductiva”, concluyó.

El académico de la Universidad de Chile y economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán Sanhueza, analizó algunas de las medidas que busca aplicar el gobierno de ultraderecha en materia laboral, clasificándolas como un peligro para la clase trabajadora. 

El economista comenta que, el cambio de jornada laboral más la eliminación de la indemnización por años de servicio, otorgaría una facilidad a las empresas para tener trabajadores por más horas, pagando menores salarios y tampoco una indemnización por despedirlos. 

“Lo que están modificando es el cómo se calculan, pero si se aprueba esta norma que elimina la indemnización, entonces las empresas podrían despedir una vez que estuviste varias semanas trabajando 52 horas”, expone Durán. 

En cuanto a la indemnización laboral, el economista de la Fundación Sol, detalla que se busca reemplazar el sistema actual que compensa por años de servicio con tope de 11 años que proviene del empleador, a una indemnización que se cubre con un 1,8% de la cotización, es decir del sueldo de cada persona que trabaja, lo que se traduce en, “un ahorro sustantivo” para las empresas. 

“En el caso de una persona que gana un millón de pesos, si está dos años bajo el escenario actual se iría con 2 millones, en cambio bajo lo que dice la propuesta, con una cotización de 1,8%  acumularía cerca de un monto de 432 mil pesos”, asegura Durán. 

La conclusión que saca el investigador es que las empresas no tendrían incentivos en mantener a trabajadores por más años. 

Por otra parte, Gonzalo Durán también crítica la conformación de la mesa de “reactivación laboral”, que explica porque las medidas defienden los intereses de un solo sector. Conocida como la “comisión Bravo” por los dichos del economista David Bravo Urrutia, quien aseguró que la gente era “un cacho”. 

“El gobierno está siguiendo los intereses de la CPC en el fondo” 

Otra de las medidas incluídas en el informe redactado por la ‘comisión Bravo’, establece ampliar las causales del despido por necesidades de la empresa y crear una comisión interministerial entre Trabajo y Justicia para evitar judicializaciones por despidos. 

Gonzalo Durán comenta que aquello es, “es una aspiración que es clásica que viene desde hace muchos años por parte del empresariado”, lo que a juicio del académico, “confirma que el gobierno está siguiendo los intereses de la CPC”. 

En cuanto al debate del salario mínimo, el académico de la Universidad de Chile sostiene que, “las investigaciones internacionales”, tanto en Inglaterra como incluso en Estados Unidos, dan cuenta de que al aumentar los sueldos, aumentan también los empleos. 

“Muchas veces ese sueldo mínimo lo que genera es básicamente potenciar el espacio de la demanda agregada, es decir se consume más”, explica Durán. 

Gonzalo Durán culminó comentando las últimas cifras de ingresos de la encuesta suplementaria del INE: “Nos dice que la mitad de los trabajadores en Chile, ganan menos de 680 mil pesos líquidos como ingreso en la ocupación principal al mes, eso ya lo responde todo”, remata Durán.  

Por Francisco Caballero Ortega. Médico miembro de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (SOCHMET)

Mientras gran parte de la población duerme, miles de personas continúan trabajando. Personal de salud, conductores del transporte público y de carga, guardias de seguridad, trabajadores de faenas mineras, industrias, servicios de emergencia, aeropuertos, centros logísticos, comercio y plantas productivas deben mantener sus labores durante la noche o enfrentar jornadas extensas y turnos rotativos.

En esos espacios, la escena suele repetirse: café para mantenerse despierto, algún snack frente a una pantalla o una comida rápida cuando el ritmo laboral lo permite. A primera vista, podría parecer una suma de decisiones personales. Sin embargo, muchas veces es el propio lugar de trabajo el que determina qué se puede comer, a qué hora y en cuánto tiempo.

La crononutrición ha incorporado una pregunta relevante para la salud laboral: no solo importa qué se come, sino también cuándo se hace. El organismo posee un reloj biológico central y otros relojes periféricos presentes en órganos como el hígado, el páncreas, los músculos y el tejido adiposo. Estos sistemas regulan procesos como la secreción de insulina, el uso de energía y la respuesta a la glucosa.

Durante la noche, el cuerpo se prepara biológicamente para descansar y mantener un periodo de ayuno. Por esa razón, una misma comida puede ser procesada de manera distinta según el horario en que se consuma. La sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa son menores durante la noche. Así, un trabajador puede elegir alimentos considerados saludables y, aun así, presentar una respuesta metabólica menos favorable debido al momento en que come.

Cuando esta desorganización se mantiene durante meses o años, como ocurre en turnos nocturnos permanentes o rotativos, puede aumentar el riesgo de resistencia a la insulina, obesidad abdominal, hipertensión, alteraciones del colesterol, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. La falta de sueño y la fatiga también pueden intensificar estos efectos y elevar la somnolencia durante la jornada, con consecuencias para la concentración, la seguridad y la prevención de accidentes.

La respuesta no consiste en pedirles a quienes trabajan de noche que dejen de comer. Tampoco se trata de imponer horarios rígidos que desconozcan las exigencias de hospitales, industrias, faenas, servicios de emergencia o sistemas de transporte. El desafío es organizar el trabajo de una manera compatible, dentro de lo posible, con la fisiología humana.

Una investigación realizada con bomberos que cumplían turnos de 24 horas mostró que concentrar la alimentación dentro de una ventana aproximada de diez horas era una estrategia viable. En quienes presentaban mayor riesgo cardiometabólico se observaron mejoras en algunos indicadores de salud. La experiencia resulta relevante porque demuestra que estas medidas no dependen exclusivamente de la voluntad individual: requieren coordinación, disponibilidad de alimentos y condiciones reales para respetar los tiempos de comida.

En muchas organizaciones, el casino funciona únicamente durante el día, las alternativas nocturnas se reducen a máquinas expendedoras y colaciones en medio de pausas tan breves que obligan a comer rápidamente. En esas condiciones, recomendar una dieta equilibrada resulta insuficiente. La posibilidad de elegir está limitada por un entorno que favorece el consumo frecuente de productos altos en azúcar, grasas o sodio.

La prevención debería considerar comida balanceada durante todo el ciclo de turnos, preparaciones adecuadas para el horario nocturno, agua disponible, pausas protegidas y tiempo suficiente para comer con tranquilidad. También sería pertinente evaluar el riesgo cardiovascular de quienes trabajan de noche e incorporar educación sobre sueño, alimentación y ritmos circadianos.

No se trata de transformar a la empresa en fiscal de lo que cada trabajador pone en su plato. Se trata de reconocer que los horarios de alimentación, al igual que la iluminación, el ruido, la ergonomía o la extensión de la jornada, pueden actuar como factores protectores o de riesgo.

Una organización que funciona las 24 horas no debería preocuparse únicamente de que la operación nunca se detenga. También debe preguntarse en qué condiciones humanas se sostiene esa continuidad. La productividad es necesaria, pero no puede construirse a costa de trabajadores obligados permanentemente a comer, dormir y recuperarse en horarios para los cuales el organismo no está preparado.

Cuidar a quienes trabajan de noche implica dejar de diseñar los turnos pensando solo en la producción. Significa comprender que detrás de cada proceso continuo hay personas cuya salud también necesita horarios, pausas y condiciones dignas para sostenerse.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) lanzó su sexta versión de su Concurso de Videos Escolares, una apuesta poco común entre organismos públicos que en su edición anterior tuvo una gran convocatoria al recibir más de 200 postulaciones de estudiantes de enseñanza básica y media de distintas regiones del país, con equipos ganadores desde Vallenar e Iquique hasta Puente Alto, Talca, Padre Las Casas y Nacimiento.

En esta versión 2026, niñas, niños y adolescentes de todo Chile son invitados a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial y las herramientas digitales pueden ayudar a construir instituciones más abiertas y confiables.

La pregunta que deberán responder los equipos participantes —integrados por estudiantes de séptimo básico a cuarto medio, guiados por un docente de su mismo establecimiento— es tan simple como desafiante: ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial y las herramientas digitales para construir instituciones más transparentes?

La respuesta deberá contenerse en un video de solo 30 a 60 segundos, grabado incluso con un celular, que explique estos conceptos con creatividad y en lenguaje cercano.

“Este concurso ha demostrado, edición tras edición, que niñas, niños y adolescentes tienen mucho que decir sobre la transparencia y la probidad. Que esta versión los invite a pensar en que la inteligencia artificial es especialmente relevante en su caso, porque son ellos quienes están creciendo con esta tecnología como verdaderos nativos digitales. Queremos que la vean como una herramienta para aumentar los estándares de apertura y transparencia del Estado y que está al servicio de las personas”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González.

Los equipos, de entre dos y cuatro estudiantes, deben resguardar la identidad de todos los participantes que aparezcan en el video —sin rostros, nombres, ni otros datos personales— y, si usan herramientas de IA en la producción, deberán declararlo al inicio del video, asegurando que al menos la mitad del contenido sea de creación propia.

El plazo para postular vence el 14 de agosto. El concurso premiará a un primer y un segundo lugar por cada una de las 3 macrozona del país (norte, centro y sur), y los videos destacados serán difundidos en los canales oficiales del CPLT. Para participar, el o la docente a cargo debe subir el video a YouTube y completar un formulario con los datos del equipo y el establecimiento.

Las bases oficiales están disponibles en www.cplt.cl

La Embajada del Estado de Palestina en Chile dio a conocer el Reporte N°129 sobre los efectos de las agresiones israelíes en Palestina, documento que alerta sobre una profundización de la crisis humanitaria en Gaza, un aumento de los ataques en Cisjordania ocupada y nuevas denuncias por violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos.

Entre los principales antecedentes, el informe sostiene que Israel ha acelerado la anexión de facto de Cisjordania mediante la expansión de asentamientos, la apropiación de tierras y la consolidación del control administrativo sobre el territorio ocupado. Según el documento, entre 2023 y 2025 se establecieron 185 nuevos puestos avanzados, se avanzó en la construcción de más de 40 mil viviendas en asentamientos y se desplazó forzosamente a 118 comunidades palestinas.

El reporte también denuncia un incremento de los ataques contra periodistas palestinos. Durante junio de 2026 se registraron 89 agresiones contra trabajadores de la prensa y estudiantes de periodismo, incluyendo asesinatos, detenciones, lesiones, amenazas y restricciones al ejercicio de la labor informativa. Entre los casos mencionados figura la muerte del camarógrafo de Al Jazeera Ahmed Wishah durante un ataque israelí en el campo de refugiados de Al-Bureij.

En relación con la situación en Gaza, el informe afirma que, desde la entrada en vigor del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación Israelíes han causado la muerte de 1.108 palestinos y dejado 3.578 heridos. Asimismo, cifra en 73.231 los palestinos fallecidos y en 173.686 los heridos desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, advirtiendo que muchas víctimas permanecen bajo los escombros y que continúan los ataques contra la población civil y la infraestructura sanitaria.
Respecto de Cisjordania, el documento indica que durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 11.074 ataques atribuidos a fuerzas israelíes y colonos, incluyendo desplazamientos forzados, demoliciones de viviendas, confiscación de tierras y restricciones a la movilidad. Además, señala que más de 3.200 palestinos han sido desplazados durante este año debido a demoliciones y ataques de colonos.

El reporte incorpora además denuncias de organismos internacionales sobre detenciones arbitrarias y presuntos casos de tortura contra prisioneros palestinos, junto con llamados de expertos de Naciones Unidas para la liberación de trabajadores sanitarios detenidos sin cargos.

Finalmente, la Embajada advierte que las condiciones humanitarias en Gaza continúan deteriorándose. Más de 1,9 millones de personas permanecen desplazadas, mientras los campamentos enfrentan graves problemas de saneamiento, contaminación del agua, proliferación de enfermedades y colapso de los servicios básicos, en un contexto que organismos internacionales califican como crítico.

 A través de un oficio dirigido al Director General, AFUN CAJ Biobío solicitó antecedentes sobre materias clave para la gestión institucional y anunció que evaluará nuevas acciones si no recibe una respuesta completa dentro de los plazos legales.

La Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío (AFUN CAJ Biobío) ingresó un oficio dirigido al Director General de la institución, Mauricio Decap, solicitando información detallada sobre una serie de materias que generan creciente preocupación entre las y los funcionarios y que, hasta hoy, carecen de la transparencia que la administración está obligada a garantizar.

El requerimiento abarca antecedentes sobre actas del Consejo Directivo, cargos vacantes, concursos públicos e internos, investigaciones sumarias, aplicación de la Ley Karin, licencias médicas, enfermedades profesionales, demandas laborales e indemnizaciones pagadas por la institución, entre otros aspectos que impactan directamente en la gestión y en los recursos públicos.

“Resulta inaceptable que los trabajadores deban recurrir a oficios formales para obtener información que debiera estar disponible y ser conocida por quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la Corporación. La transparencia no puede depender de la voluntad de la autoridad de turno”, señaló el presidente de AFUN CAJ Biobío, Marcelo Inostroza.

La organización manifestó especial inquietud por conocer el estado real de las vacantes, los procesos de concursos, las investigaciones administrativas, la implementación de la Ley Karin y el aumento de causas judiciales que involucran a la institución, materias que, a juicio del gremio, requieren respuestas claras y oportunas.

Asimismo, desde AFUN CAJ Biobío afirmaron que la eventual falta de información o la demora en responder solo profundizan la incertidumbre y debilita la confianza de los trabajadores en la conducción institucional.

“Cuando existen dudas sobre la administración de una institución pública, el silencio nunca es una buena respuesta. La ciudadanía y los funcionarios merecen conocer cómo se toman las decisiones, cómo se administran los recursos y qué medidas se adoptan frente a situaciones que comprometen la responsabilidad institucional”, agregó Inostroza.

Finalmente, el abogado y dirigente advirtió que realizará un seguimiento estricto al cumplimiento de este requerimiento y evaluará las acciones gremiales y administrativas que correspondan en caso de no obtener una respuesta completa y dentro de los plazos legales.

“No buscamos confrontación; buscamos transparencia, rendición de cuentas y respeto por las y los trabajadores. Quien administra recursos públicos tiene el deber de responder y dar explicaciones”, concluyó.

Contar con agua, alimentos, medicamentos y artículos esenciales permite enfrentar de mejor manera terremotos, inundaciones u otras emergencias, especialmente cuando el acceso a servicios básicos se ve interrumpido.

Chile es uno de los países más expuestos a amenazas naturales, como terremotos, tsunamis, incendios forestales, inundaciones y erupciones volcánicas. En este escenario, la preparación de la población resulta fundamental para reducir riesgos y enfrentar de mejor manera las primeras horas posteriores a una emergencia. Una de las principales recomendaciones de los organismos especializados es contar con un kit de emergencia que permita cubrir las necesidades básicas de cada integrante del hogar durante los primeros días.

Disponer de este equipamiento con anticipación puede marcar una diferencia importante mientras llegan los equipos de emergencia o se restablecen servicios básicos como el suministro de agua, electricidad o las comunicaciones. Además, permite actuar con mayor tranquilidad y organización frente a situaciones que suelen ocurrir de manera inesperada.

El académico del Departamento de Ciencias de la Enfermería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Jair Bustos, explicó que el concepto tradicional de botiquín ha evolucionado. "Antiguamente, el botiquín era el principal recurso para enfrentar una emergencia en el hogar. Hoy, además de insumos de primeros auxilios, es necesario contar con provisiones que permitan cubrir las necesidades básicas de la familia durante 48 a 72 horas”, indicó.

En esa línea, detalló que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) recomienda “incluir agua potable (al menos dos litros por persona al día) alimentos no perecibles, ropa de recambio, calzado, frazadas o saco de dormir, además de artículos de higiene como papel higiénico, jabón, cepillo y pasta de dientes”.

A estos elementos se suman un botiquín de primeros auxilios, medicamentos de uso habitual, linterna, radio portátil, pilas de repuesto, cargador portátil para teléfonos móviles, silbato y utensilios básicos para cocinar o potabilizar agua; como una olla, fósforos o encendedor y cloro. Asimismo, es recomendable mantener estos implementos en un lugar de fácil acceso y revisar periódicamente su estado, especialmente la fecha de vencimiento de alimentos y medicamentos. No obstante, el especialista enfatizó que no existe un kit único para todas las familias. Debe adaptarse a las necesidades de cada hogar, incorporando elementos específicos para lactantes,embarazadas, personas mayores, personas con enfermedades crónicas o con condiciones como el
Trastorno del Espectro Autista”, señaló.

En ese sentido, agregó que también “es importante considerar las necesidades de las mascotas, incorporando agua, alimento y los implementos básicos para su cuidado en caso de una evacuación o de permanecer varios días fuera del hogar”.

Finalmente, Bustos destacó que “preparar este tipo de implementos con anticipación permite actuar con mayor tranquilidad ante una emergencia y reduce las dificultades durante las primeras horas posteriores a una catástrofe, cuando el acceso a servicios básicos puede verse limitado”.

Asimismo, recalcó que el kit debe formar parte de una planificación familiar que incluya conocer las vías de evacuación, definir puntos de encuentro y mantener informados a todos los integrantes del hogar sobre cómo actuar frente a una situación de riesgo.

• Las advertencias meteorológicas reabren el debate sobre cuánto ha aprendido el país de las grandes emergencias registradas hasta la fecha.

El sistema frontal pronosticado para los próximos días por la Dirección Meteorológica de Chile y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), no solo pondrá a prueba la capacidad operativa de los organismos de emergencia frente a alertas por precipitaciones, viento y bajas temperaturas. También permitirá evaluar si las lecciones que dejaron décadas de inundaciones y otros eventos extremos se tradujeron en una mejor preparación del país frente a una amenaza ampliamente anticipada.

Para el académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Ricardo Fuentealba, las mayores grietas podrían quedar en evidencia en la capacidad de respuesta que logren desplegar los distintos territorios. A su juicio, el principal desafío no estará únicamente en contener los efectos del fenómeno, sino en cómo reaccionará cada comunidad ante una emergencia que podría dejar al descubierto las debilidades que aún persisten en la gestión del riesgo.

“El sistema frontal que amenaza en los próximos días puede mostrar, lamentablemente, las grietas que persisten en la gestión del riesgo en nuestro país. Por supuesto, hay una serie de protocolos que ya están en marcha y que deben mantenerse para mitigar sus efectos y favorecer una respuesta oportuna. Si bien la labor de SENAPRED y de la Ley 21.364 ha sido clave para promover una cultura de preparación e involucrar a distintos actores en la respuesta ante emergencias, estos instrumentos, por sí solos, siguen siendo insuficientes. Se necesita una articulación efectiva entre las instituciones, la sociedad civil y los planes orientados a proteger a las personas”, señala el experto.

Capacidades desiguales

Por otro lado, Fuentealba sostiene que esta preparación no depende exclusivamente de la existencia de planes de emergencia, igualmente importantes. Se construye, según explica, mucho antes de que ocurra un evento extremo, mediante liderazgos locales, organizaciones comunitarias y acciones permanentes orientadas a reducir la vulnerabilidad. Aclara que esa diferencia permite que algunos territorios enfrenten estas amenazas con mejores herramientas que otros.

“Como todo en Chile, hay mucha desigualdad social y territorial respecto de cómo afrontar este tipo de amenazas. No basta con promover planes de emergencia y de reducción del riesgo de desastres. Es necesario instalar capacidades y fortalecer liderazgos que organicen a los grupos más expuestos. Hay territorios que podrían estar sumamente preparados porque cuentan con organizaciones o comités locales con arraigo territorial. Lamentablemente, el sistema frontal dejará en evidencia los efectos de un modelo de desarrollo que genera precariedad, sobre todo en territorios históricamente excluidos. Como se dice en los estudios de desastres, siempre llueve más a quienes ya están mojados”, subraya el sociólogo a manera de comparación.

Aprendizajes pendientes

En cuanto a la experiencia chilena, Fuentealba advierte que, si bien las lluvias de las décadas de 1980 y 1990, los aluviones registrados en Atacama durante 2015 y las inundaciones ocurridas en el centro-sur en 2023, constituyen una experiencia acumulada que debe seguir orientando la preparación del país, ya no bastan como antecedentes para proyectar con precisión el comportamiento de fenómenos como este sistema frontal. Asegura que el cambio climático ha modificado su dinámica, por lo que resulta cada vez más difícil anticipar su intensidad y sus efectos a partir de eventos históricos.

“Es importante recordar esas experiencias y sacar lecciones para los hogares, las instituciones públicas y las organizaciones privadas. El problema es que hoy resulta difícil trazar exactamente el comportamiento del sistema frontal que se avecina, porque está vinculado con la emergencia climática. Aunque se utilicen modelos y pronósticos basados en eventos anteriores, estamos ante una nueva normalidad en la que los efectos de estas amenazas se vuelven más impredecibles”, añade el investigador a modo de explicar la complejidad del momento actual.  

Responsabilidad compartida

Respecto a la reducción del riesgo de desastres, Fuentealba aclara que esta no recae únicamente en la institucionalidad pública. Resalta que, aunque el Estado dispone de organismos y mecanismos para enfrentar este tipo de emergencias, su efectividad también requiere una ciudadanía informada, preparada y consciente de su papel antes, durante y después de un evento extremo.

“Las instituciones hacen lo que pueden, dentro de sus capacidades y del marco presupuestario del país. Así como el objetivo último de la institucionalidad de desastres es hacer todo lo posible para disminuir la mortalidad y los impactos negativos, la sociedad civil debería evitar comportamientos que pongan vidas en riesgo. La principal consideración es la cautela, la confianza en las instituciones, contar con un plan familiar y revisar constantemente las alertas de SENAPRED; y si ocurre algo, pues, promover la solidaridad con quienes la estén pasando mal. Esa es la responsabilidad compartida que debemos fomentar en momentos de emergencia”, concluye el también docente de la Escuela de Ciencias Sociales UOH.