Las dos selecciones de Chile Sub-17 tuvieron partidos Amistosos de preparación a sus Clasificatorios Sudamericanos, los cuales serán, ambos, en Paraguay: el Masculino, del Viernes 03 al Domingo 19 de Abril; y el Femenino, del Viernes 24 de Abril al Sábado 09 de Mayo, de este 2026.

.

Chile Masculino, dirigido por el chileno Sebastián Miranda, el Lunes 16 de Marzo (16:00 local = chilena) derrotó 2×1 a Japón, selección comenzó ganando a lso 20 PT, pero igualó el equipo sudamericano a los 28 PT, marcando la victoria a los 36 ST.

Y el Martes 17 (10:00 local = chilena), perdió 1×6 ante Argentina, goles en los 25 PT de Tiago Domínguez y 43 PT de Juan Policella, descontando Jonathan Guerrero a los 45 PT; aumentando, sucesivamente, Emiliano Barrionuevo a los 17 ST, Benjamín Tapia a los 21 ST, Simón Escobar a los 41 ST y Facundo Salinas a los 43 ST.

Estos partidos se jugaron en una de las canchas del complejo “Lionel Messi”, ex Ezeiza, de Buenos Aires, Argentina.

.

.

Y Chile Femenino, dirigido por la ecuatoriana Vanessa Aráuz, el Lunes 16 (15:00 local = 17:00 chilena) cayó 1×2 ante Ecuador por goles de Emiliana Burbano a los 18 PT y Nadia Chila a los 33 ST; después marcó Catalina Muñoz a los 36 ST para el honor.

Y el Miércoles 18 (10:00 local = 12:00 chilena) empataron 2×2, nuevamente despegándose el combinado amarillo en los 05 PT por gol de Valeria Briones y 15 PT por uno de Rihanna Quiñónez; anotando Chile en los 04 ST y en los 19 ST, Antonella Martínez.

Estos partidos se efectuaron en el complejo Dušan Drašković, cancha 1, de Daule, Ecuador.

.

.

FOTOS. Federaciones locales.

Cuando se cumple una semana del gobierno de José Antonio Kast la secretaria de Partido Comunista, Bárbara Figueroa, se refirió a las prioridades del nuevo ejecutivo que se explican en la serie de medidas anunciadas.

Parte de ellas, planteó, es la elección del gabinete con una amplia trayectoria en la empresa privada, los recortes en materia fiscal, el plan de reconstrucción y, la más reciente, el retiro de más de 40 decretos de ley:

“Si uno mira ese escenario, estamos ante un gobierno que más que emergencia es un gobierno de alerta para las familias trabajadoras”:

Indicando que los anuncios no van precisamente en la línea de la protección de la ciudadanía, Figueroa sumó los cambios que se buscan introducir al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles MEPCO, el recorte del 3% a todos los ministerios y la rebaja a los impuestos de las grandes empresas:

En esa línea, apuntó al retiro de un conjunto de decretos emitidos por el anterior gobierno en los que se incluyen 43 resoluciones para protección ambiental y 5 a la generación y transmisión del sistema eléctrico.

Por otra parte, cuestionó la desprolijidad del gobierno entrante en señalar una cifra de liquidez similar a los US 40 millones y que corresponde a diciembre de 2025, no considerando el dinamismo de los activos que en enero de 2026 superaron los US 1.4000 millones.

Contrapesos

Acerca del retiro del proyecto de ley de negociación ramal propuesto por el gobierno de Boric, Bárbara Figueroa destacó el rol de la oposición legislativa que levantó la denuncia. Uno de ellos, fue el diputado Luis Cuello quien advirtió sobre la señal política que representa la decisión en favor de los grandes empresarios.

“Se evita el debate democrátivo”, dijo la secretaria respecto al silente avance de las iniciativas junto con criticar la falta de contrapeso en la reciente maniobra que no ha considerado a los trabajadores y a sus organizaciones.

“Si en su gabinete hay una especial predilección por el mundo empresarial y los grupos económicos puede existir como opción, pero no puede pretender no tener contrapeso por el riesgo que corre el gobierno sea cooptado por los intereses económicos quitando legitimidad a la democracia”.

“Lo más saludable es promover el diálogo social, lo otro es atentar contra la democracia” dijo apuntando la participación tripartita en el mundo del trabajo que favorece y fortalece la organización de los trabajadores y la construcción de políticas públicas.

“Están traspasando un fino límite de las facultades que tiene el gobierno”, añadió la dirigenta del PC, acogiendo las palabras del vocero de la Central de Trabajadores CUT, Erica Campos, quien conjugó la mala fé en la toma de decisión del gobierno de Kast para la materia.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo las condenas en contra de tres ex militares y agentes de  la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA por su responsabilidad en el secuestro calificado de Rodolfo Marcial Núñez Benavides, militante del Partido Comunista y quien se desempeñaba como vendedor de lácteos al momento de su detención el 18 de mayo de 1976. Núñez, estuvo prisionero en Villa Grimaldi y Simón Bolívar, y a la fecha permanece como desaparecido.

Los ministros Manuel Antonio Valderrama,  Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo, dejaron a firme las condenas contra los ex funcionarios del Ejército  Juvenal Piña Garrido, (sargento primero);   Pedro Espinoza Bravo (brigadier) y Juan Morales Salgado (coronel), a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del delito de secuestro calificado de la víctima.

De esta manera,  el máximo tribunal confirmó en lo penal las sentencias de primera instancia dictada en 2023 por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes y de segundo grado emitida por la Corte de Apelaciones de San Miguel en 2024.

Morales Salgado falleció el año pasado, mientras que Piña Garrido y Espinoza Bravo permanecen actualmente cumpliendo condenas por diversos delitos de lesa humanidad, en el Centro Penitenciario Colina I y en Punta Peuco, respectivamente.

“Tras 52 años desde la detención y posterior desaparición de Rodolfo Núñez Benavides, su familia ha logrado encontrar un poco de justicia. El fallo dictado por la Segunda Sala de la Excelentísima Corte Suprema constituye un hito significativo en la larga y dolorosa búsqueda de la verdad”, expresó la querellante Carolina Vega, del Estudio Caucoto Abogados.

Agregando que “Hoy existe una condena que se suma a las penas que ya cumplen los victimarios. Sin embargo, la justicia sigue incompleta: aún no sabemos dónde se encuentra Rodolfo Núñez Benavides. Mientras no se conozca su destino final, la lucha por la verdad y justicia continuará.”

Por otra parte, el máximo tribunal, acogió el recurso de casación presentado por la parte querellante y, en sentencia de reemplazo, confirmó la resolución de primer grado que condena al fisco a elevar el monto de indemnización por concepto de daño moral, a los hijos y nietos de Rodolfo Núñez Benavides.

LOS HECHOS

De acuerdo a la investigación realizada por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes se pudo comprobar los siguientes hechos:

Que, mediante el Decreto Ley N° 521, publicado en el Diario Oficial el 18 de junio de 1974, se creó la Dirección de Inteligencia Nacional, iniciándose a partir de esa fecha una fuerte etapa represiva en la que el gobierno persiguió y encarceló a miembros de los Partidos Políticos disueltos por el Decreto Ley N° 77, publicado en el Diario Oficial el 13 de octubre de 1973, entre ellos a los militantes y dirigentes del Partido Comunista.

2° Que el año 1976 la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) estaba a cargo del Coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda -actualmente fallecido-, secundado por el Director de Operaciones de dicho organismo, Teniente Coronel de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, quien tenía bajo su mando a todas las Brigadas Regionales, desde Arica a Punta Arenas, entre ellas, a la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), comandada por el Teniente Coronel de Ejército Carlos José Leonardo López Tapia -también fallecido-.

3° Que de la Brigada de Inteligencia Metropolitana dependía la Brigada Lautaro, a cargo del Mayor de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, unidad que ocupaba el cuartel “Simón Bolívar”, ubicado en la calle Simón Bolívar de la comuna de La Reina.

4° Que, asimismo, en la época de los hechos operaba un grupo de élite denominado “Delfín”, a cargo del Capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y el Teniente de Carabineros Ricardo Víctor Lawrence Mires -ambos fallecidos-, que fue creado con el propósito de perseguir y exterminar a la dirigencia del Partido Comunista, que trabajó en el centro de detención clandestino denominado “Villa Grimaldi” y, luego, en el cuartel “Simón Bolívar”.

5° Que, en ese contexto, el día 18 de mayo de 1976, alrededor de las 15:00 horas, en avenida Departamental al llegar a avenida Ochagavía, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional detuvieron sin derecho a Rodolfo Marcial Núñez Benavides, militante del Partido Comunista, quien viajaba junto a su hijo Rodolfo Francisco Núñez Moya en un station wagon marca Renault.

6° Que, ese mismo día, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional} allanaron el domicilio de Núñez Benavides, ubicado en calle Sergio Ceppi N° 0814 de la comuna de La Cisterna.

7° Que, inicialmente, los captores mantuvieron encerrado a Rodolfo Marcial Núñez Benavides en el centro de detención clandestino de la Dirección de Inteligencia Nacional denominado “Villa Grimaldi”, ubicado en avenida José Arrieta N° 8.200 de la comuna de Peñalolén, recinto a cargo del Teniente Coronel de Ejército Carlos José Leonardo López Tapia.

8° Que, con posterioridad, Rodolfo Núñez Benavides fue trasladado al centro de detención clandestino “Simón Bolívar”, situado en calle Simón Bolívar de la comuna de La Reina, recinto a cargo del Mayor de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, en el que operaba la agrupación “Delfín”, a cargo de los oficiales Barriga Muñoz y Lawrence Mires, siendo la última noticia que se tiene de su parte que fue trasladado por el Cabo 1° del Ejército Juvenal Alfonso Piña Garrido, agente del grupo “Delfín”, a una dependencia del referido centro de detención que se ocupaba para torturar a los detenidos, desconociéndose desde entonces su paradero.

En el marco del proceso de instalación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, se inició programa de capacitación especializado dirigido a profesionales del Servicio, iniciativa que se desarrolla gracias a la cooperación técnica del programa europeo EL PAcCTO 2.0, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El proceso formativo se realizará entre el 16 y el 27 de marzo y busca fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas de los equipos que trabajan directamente con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Esta iniciativa se inserta en la implementación del Servicio, creado por la Ley N.º 21.527, y aporta a la consolidación de su modelo de intervención socioeducativa especializado, centrado en la reinserción social y la seguridad dinámica.

La capacitación forma parte del proyecto “Cooperación técnica para la consolidación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de Chile”, desarrollado durante el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026 con financiamiento del programa europeo EL PAcCTO 2.0.

“EL PAcCTO 2.0 acompaña al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en este proceso de fortalecimiento institucional, impulsando el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades profesionales. Una justicia juvenil sólida se construye también ofreciendo oportunidades reales de reinserción a adolescentes y jóvenes.”, destaca Ana Rosa Pires, Representante del Programa EL PAcCTO 2.0 (Perita Clave para Derechos Humanos, Sociedad Civil y Protección de Juventudes).

El programa contempla una metodología de formación de formadores, mediante la cual profesionales de distintas regiones participan en el proceso formativo para posteriormente replicar los contenidos al resto del equipo, fortaleciendo así la instalación de capacidades institucionales en el largo plazo.

Durante dos semanas, los participantes abordarán materias clave para la intervención en contextos de justicia juvenil, como desarrollo adolescente, vínculo educativo, trabajo en equipos de alto rendimiento, mediación y gestión de crisis en entornos complejos.

Este proceso es parte de una agenda de cooperación más amplia que incluyó previamente un diagnóstico técnico de necesidades formativas y una visita de estudio a Madrid, donde una delegación chilena conoció experiencias europeas en gestión de centros juveniles y programas de reinserción social.

Tal como menciona la jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia Fabiana Castro, “Esta capacitación constituye una instancia estratégica para seguir fortaleciendo al Servicio, particularmente en el desarrollo de capacidades técnicas, metodológicas y de intervención del personal de trato directo que acompaña los procesos de reinserción de jóvenes en conflicto con la ley, que permitirá incorporar aprendizajes, herramientas y buenas prácticas provenientes de experiencias internacionales que han demostrado resultados relevantes en materia de intervención socioeducativa(…)favoreciendo la interrupción de trayectorias delictivas y avanzando hacia procesos de reinserción social más efectivos y sostenibles.”

En alerta se declaró el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile AG ante los anuncios del Gobierno de recorte del presupuesto en Educación.

El Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, sostuvo que esta situación les inquieta “nos parece muy preocupante, esta semana vamos a tener la primera reunión como Gremio con la Ministra y se lo vamos a expresar muy claramente. De ninguna manera creemos que están las condiciones para disminuir los recursos en educación”.

El líder gremial docente advirtió “la educación pública ya tiene una situación muy desmedrada, hay grandes carencias, existen grandes déficits y el anuncio de recortar presupuestos impactará directamente sobre las condiciones de trabajo y los aprendizajes de los estudiantes”.

Mario Aguilar Arévalo aclaró que “cuando se habla de sobredotación docente, es bueno que la ciudadanía y las comunidades escolares lo sepan que, en realidad, lo que se está diciendo es que los cursos serán de 45 estudiantes y eso es absolutamente inadecuado hoy en día”.

El Dirigente Nacional explicó “hoy las tendencias pedagógicas modernas hablan de un trabajo personalizado, de atender a la diversidad, las políticas de inclusión incorporan en la sala de clase a un número importante de estudiantes con necesidades educativas especiales. Es absolutamente antipedagógico y un impacto directo sobre los aprendizajes si se quiere aumentar el número de estudiantes por salas. Esa es una pésima política”.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesores insistió: “es una pésima política quitar recursos que significarán menor material pedagógico, más deterioro en la infraestructura, que servicios que ya trabajan absolutamente al límite en términos presupuestarios van a quedar en una situación todavía más deficitaria. Nosotros se lo vamos a expresar directamente a la Ministra. Creemos que esa es una política absolutamente errada”.

Mario Aguilar Arévalo planteó “si hay que ahorrar recursos, de ninguna manera puede ser en la educación. Si se va a ahorrar recursos, que se ahorren en los cocktail que se hacen en La Moneda, en los viajes lujosos al extranjero de las autoridades, en los sueldos de los ejecutivos y asesores, en la dieta parlamentaria, en el gasto militar, que se ahorre en áreas prescindibles, pero de ninguna manera en educación”.

El Presidente del Gremio Docente reiteró “estamos altamente preocupados, nos declaramos en alerta frente a esta situación y se lo vamos a expresar a la Ministra. Tenemos vocación de diálogo, vamos a conversar con ella y con todas las autoridades que se necesite, vamos a defender los derechos adquiridos, los sociales y vamos a defender a la educación pública”.

• Estados Unidos violó el derecho internacional humanitario al no tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil
• Estados Unidos es responsable del ataque mortal contra una escuela llena de niños y niñas que provocó la muerte de 168 personas.
• Las autoridades estadounidenses deben garantizar que la investigación sea transparente y exhaustiva, y que sus resultados se hagan públicos.

Los responsables de planificar y ejecutar un ataque ilícito de Estados Unidos contra una escuela en Minab, provincia de Hormozgan (Irán), que provocó la muerte de 168 personas —entre ellas más de 100 niños y niñas— deben rendir cuentas, ha declarado hoy Amnistía Internacional. 

Las pruebas recabadas por la organización indican que el edificio escolar fue alcanzado directamente, junto con otras 12 estructuras de un complejo adyacente de la Guardia Revolucionaria Islámica, mediante armas guiadas. Esto apunta a que las fuerzas estadounidenses no tomaron todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil al llevar a cabo el ataque, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. El hecho de que el edificio escolar fuera atacado directamente y de que antes hubiese sido parte del complejo de la Guardia Revolucionaria Islámica suscita la preocupación de que las fuerzas estadounidenses puedan haberse basado en información de inteligencia obsoleta y haber incumplido su obligación de hacer todo lo posible para verificar que el objetivo previsto fuera un objetivo militar.

“Este desgarrador ataque contra una escuela, con aulas llenas de niños y niñas, es un ejemplo repugnante del precio catastrófico y totalmente previsible que paga la población civil durante este conflicto armado. Las escuelas deben ser lugares seguros y de aprendizaje para los niños y las niñas. En cambio, esta escuela en Minab se convirtió en un escenario de muerte masiva. Las autoridades estadounidenses podrían —y deberían— haber sabido que se trataba de un edificio escolar. Atacar un bien civil protegido, como una escuela, está estrictamente prohibido por el derecho internacional humanitario”, ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora sénior de Investigación, Trabajo de Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

Las autoridades estadounidenses deben garantizar que la investigación que han anunciado sea imparcial, independiente y transparente. Las investigaciones sobre el ataque deben considerar la recopilación de inteligencia y sus evaluaciones, las decisiones de selección de objetivos y las precauciones adoptadas, así como la forma en que puede haberse empleado la inteligencia artificial en cada uno de estos pasos, a fin de evaluar cómo se tomaron las decisiones de selección de objetivos. Los resultados de la investigación deberán hacerse públicos.

Cuando existan pruebas suficientes, las autoridades competentes deben procesar a cualquier persona sospechosa de tener responsabilidad penal.” Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad y la justicia, y deben recibir una reparación íntegra que incluya restitución, rehabilitación y compensación por los daños causados a la población civil.

“Si los atacantes no identificaron el edificio como escuela y, sin embargo, procedieron con el ataque, indicaría negligencia grave en su planificación y señalaría un vergonzoso fallo de inteligencia en las fuerzas armadas estadounidenses, así como una grave violación del derecho internacional humanitario. Por otro lado, si Estados Unidos sabía que la escuela era adyacente al complejo de la Guardia Revolucionaria Islámica y procedió a atacar sin tomar todas las precauciones posibles —como atacar por la noche cuando la escuela habría estado vacía o advertir con anticipación efectiva a la población civil que probablemente se viera afectada—, el acto equivaldría a lanzar de manera temeraria un ataque indiscriminado que causó muertes y lesiones entre la población civil, y debe investigarse como crimen de guerra”, ha declarado Erika Guevara-Rosas.

“Por su parte, las autoridades iraníes deben retirar de inmediato, en la medida de lo posible, a la población civil de las proximidades de los objetivos militares y permitir la entrada de observadores independientes en el país. También deben restablecer el acceso a Internet para garantizar que los 92 millones de personas que residen en Irán tengan acceso a información vital y puedan contactar con sus seres queridos”.

El análisis de Amnistía Internacional de las pruebas audiovisuales de los ataques con misiles contra el complejo adyacente de la Guardia Revolucionaria Islámica y de los restos de misiles publicados por medios estatales en Irán indican que para el ataque probablemente se utilizara un misil Tomahawk fabricado en Estados Unidos. En este conflicto, solamente las fuerzas estadounidenses utilizan misiles Tomahawk, que son misiles guiados con precisión.

La escuela fue atacada de forma individualizada, como parte de un ataque contra otras 12 estructuras en el complejo adyacente de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que suscitó una grave preocupación ante la posibilidad de que hubiera sido atacada tomando como base datos de inteligencia obsoletos. The New York Times informó el 11 de marzo de 2026 que una investigación preliminar de las fuerzas armadas estadounidenses había determinado que el ataque contra la escuela fue resultado de la utilización de datos obsoletos.

Cualquier uso actual o futuro de la inteligencia artificial aumenta el riesgo de este tipo de fallos. También el 11 de marzo de 2026, Brad Cooper, comandante del Mando Central estadounidense (CENTCOM), confirmó que Estados Unidos utilizaba herramientas avanzadas de inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de datos relacionados con las operaciones.

La aparente dependencia de datos de inteligencia desactualizados —que no reflejaban la prolongada designación de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh como bien civil— por parte de Estados Unidos constituiría una grave violación del principio de precaución, en particular de la obligación de hacer todo lo posible para verificar que un objetivo previsto es militar. Tras el ataque, los medios de comunicación y otras organizaciones pudieron verificar rápidamente que el edificio que albergaba la escuela llevaba separado del resto del complejo desde al menos 2016. Esto indica que las partes en el conflicto, con capacidades y tecnologías de recopilación de inteligencia mucho más avanzadas, sin duda estaban en condiciones de recopilar y verificar esta misma información, lo que debería haber llevado a la decisión de no atacar la escuela.

Tras el ataque, las autoridades iraníes se han aprovechado del sufrimiento de las familias de las víctimas y de los menores supervivientes con fines propagandísticos.

Avanza en el Congreso el proyecto de ley que permite el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, iniciativa que ha sido cuestionada por beneficiar -aún, sin reparos- a criminales de lesa humanidad y a delincuentes autores de gravísimos delitos.

La diputada reelecta del Partido Coumunista, Lorena Pizarro, señaló el peligro que representa la iniciativa que junto con contravenir tratados suscritos por el Estado en Materia de derechos humanos, “es una proyecto que puede liberar sin condiciones ni excepciones a cualquier persona mayor con problemas de salud, pudiendo liberar a un Miguel Krassnof o al psicópata de Alto Hospicio”.

“Esperamos que desde el Senado provenga con un rechazo contundente de la idea inicial y que las indicaciones no apunten más que a anular y a desacreditar un proyecto de estas características”, planteó la parlamentaria.

“Estamos frente a un gobierno que le mintió a la gente. Fue capaz de decir que no iba hacer otra cosa que controlar el crimen”, agregó sobre el anuncio del Presidente Kast de estudiar el otorgamiento del indulto a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

En esa línea, rechazó la conducta hostil de la diputada electa por el Partido Republicano, Javiera Rodríguez, quien al presentarse en la jornada inaugural del hemiciclo vistió el uniforme de Carabineros con provocativos mensajes en contra del diputado Gatica, quien perdió la vista durante la revuelta social, producto del disparo con perdigones ejecutado por un policía.

Por otro lado, Lorena Pizarro, indicó que se debe exigir al nuevo mandatario que cumpla lo prometido en el área social y no en merma de las personas:

“El señor Kast, hoy Presidente, dijo que no iba a avanzar en quitar derechos sociales y curiosamente sus primeras medidas anunciadas van en esa dirección”, dijo apuntando a las regresivas medidas tributarias anunciadas y que finalmente representan “beneficios directos a quienes tienen recursos”.

“La gente eligió a Kast, pero también nos eligió a nosotros en el Parlamento para defender sus derechos”, puntualizó.

Finalmente, la diputada del PC, se refirió a la situación del ex constituyente Rodrigo Rojas Vade, aún en estado grave en el Hospital San Juan de Dios, luego de haber sido encontrado inconsciente y maniatado en una carretera de la Región Metropolitana. Dentro de las hipótesis investigativas se maneja la posibilidad de un móvil de crimen político.

“Hay que ponernos en alerta. Nosotros ya vivimos 17 años de dictadura y no vamos aceptar que por mucho que nos gobierne la extrema derecha pretenda utilizar métodos y formas que conocimos durante 17 años”, precisó la diputada.

La normalidad filosófica reúne ensayos escritos a lo largo de cuarenta años de investigación, abordando el desarrollo del pensamiento nacional e hispanoamericano, el rol de la universidad y las tensiones entre profesionalismo, crítica y política.

Editorial Universitaria presentó La normalidad filosófica, nuevo libro del historiador y filósofo Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia 2020, una obra que ofrece una mirada profunda y transversal sobre la evolución de la filosofía chilena y latinoamericana, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.

El volumen reúne ensayos elaborados durante más de cuatro décadas de trabajo académico, en los que el autor examina los vínculos entre la reflexión filosófica local y los debates intelectuales del hemisferio y del mundo. A través de este recorrido, Jaksic propone una clave interpretativa central: la tensión permanente entre “profesionalismo y crítica”, distinción que permite comprender cómo los filósofos han transitado entre distintas escuelas, disciplinas y compromisos públicos.

La obra aborda momentos decisivos de la historia intelectual del país, como el desarrollo del pensamiento universitario, la influencia del positivismo en la educación, el legado de figuras como Andrés Bello, Valentín Letelier, Enrique Molina, Jorge Millas y Juan Rivano, así como el impacto que tuvo la intervención militar en las universidades chilenas tras 1973, un quiebre que marcó profundamente el quehacer académico y cultural.

Dividido en dos grandes secciones (filosofía chilena y filosofía hispanoamericana), el libro amplía su mirada hacia problemáticas continentales como la identidad latinoamericana, el humanismo anti tecnológico y los debates contemporáneos sobre raza, etnicidad y nacionalidad. El cierre del volumen está dedicado al aporte del filósofo Jorge J. E. Gracia, figura clave en la reflexión sobre identidad latina en el ámbito internacional.

Iván Jaksic, autor también del reconocido Andrés Bello, la pasión por el orden, dirige actualmente el Centro de Estudios de la Universidad de Stanford en Chile y la Cátedra Andrés Bello en la Universidad Adolfo Ibáñez. Su trayectoria combina investigación histórica, reflexión filosófica y análisis del rol de la universidad como espacio de pensamiento crítico.

La normalidad filosófica se presenta como una obra de referencia para estudiantes, docentes, investigadores y lectores interesados en comprender cómo se ha construido el pensamiento filosófico en Chile y América Latina, y cómo éste dialoga con los grandes debates del mundo contemporáneo.