Diego Silva Jiménez – Académico Facultad de Medicina, U. Central

El pasado 6 de septiembre, Chile conmemoró oficialmente el Día de la Atención Primaria de Salud (APS), una fecha que desde 2025 forma parte del calendario republicano y que nos invita a reconocer a quienes sostienen diariamente el cuidado de las personas, familias y comunidades. Pero también es una oportunidad para preguntarnos qué APS necesita Chile en 2026.

La respuesta parece clara: una APS universal, resolutiva, cercana y capaz de responder a las necesidades reales de cada territorio. Desde la Declaración de Alma-Ata de 1978 hasta la Declaración de Astaná de 2018, la comunidad internacional ha reconocido que la atención primaria constituye una estrategia fundamental para avanzar hacia la salud para todos. No se trata únicamente de acercar prestaciones sanitarias a las personas, sino de construir sistemas centrados en la promoción, la prevención, el cuidado integral y la participación de las comunidades.

Chile ha dado pasos relevantes en esta dirección. La estrategia de Atención Primaria Universal, iniciada progresivamente en 2023, alcanza en 2026 a 28 comunas y busca avanzar hacia una APS que atienda a toda la población, independiente de su sistema previsional, reduciendo barreras de acceso y fortaleciendo la calidad y oportunidad de la atención.

El desafío ahora es transformar esta política en una verdadera estrategia de Estado. Universalizar no significa solamente aumentar la cobertura: significa garantizar que una persona pueda encontrar respuesta oportuna cerca de su hogar, con equipos suficientes, infraestructura adecuada, tecnologías pertinentes y capacidad para resolver sus problemas de salud.

Los avances de 2026 muestran precisamente ese camino. La incorporación de estrategias de detección precoz de cáncer gástrico y colorrectal en las 28 comunas de APS Universal busca aumentar la resolutividad del primer nivel y acercar la prevención y el diagnóstico oportuno a los territorios.

Sin embargo, la universalidad también exige mirar aquello que determina la salud más allá de los centros asistenciales: vivienda, educación, trabajo, alimentación, medio ambiente, cuidados y condiciones sociales. Por eso, una APS fortalecida necesita trabajar con otros sectores y, especialmente, con las propias comunidades.

En este Día de la APS, el reconocimiento debe ir acompañado de un compromiso. Fortalecer el financiamiento, las condiciones laborales, la formación de los equipos, la participación ciudadana y la capacidad resolutiva no es un gasto: es una inversión en equidad y bienestar.

En 2026, el desafío ya no es preguntarnos si Chile necesita una APS fuerte. La pregunta es cuánto estamos dispuestos a hacer para que esa APS sea realmente universal. Porque hacer universal la APS es, en definitiva, avanzar hacia un Chile donde el derecho a la salud no dependa del código postal, del ingreso o del tipo de aseguramiento, sino que sea una realidad para todas y todos.

Hasta 1973 Víctor Jara se encontraba creando la música para la obra escénica “Los Siete Estados”, pieza que quedó inacabada y que actualmente aborda el libro “Víctor Jara y los siete estados: una obra inconclusa” del compositor, académico e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Félix Cárdenas Vargas.

El libro será presentado el lunes 14 de septiembre en el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional y el viernes 25 de septiembre en la Biblioteca Regional Santiago Severín de Valparaíso. 

Por Carolina Millalen

Lo que en un momento fue un cassette de 27 minutos de contenido desconocido, hoy se sabe que corresponde a un registro musical de lo que Víctor Jara preparaba para “Los Siete Estados”, obra escénica inacabada que actualmente aborda el libro “Víctor Jara y los siete estados: una obra inconclusa”.

El compositor, académico e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Félix Cárdenas Vargas, es el autor de la investigación que será presentada el lunes 14 de septiembre en el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional y el viernes 25 de septiembre en la Biblioteca Regional Santiago Severín de Valparaíso. 

Cárdenas reseña que a fines de la década del 90 había presentado junto a la agrupación Transiente, su obra “Los 5 minutos”. El proyecto lo acercó a Joan Jara y a la Fundación Víctor Jara, cuando un día, ella le entregó una cinta de cassette diciéndole: “Hay un trabajo de Víctor que quedó incluso. Ve qué puedes hacer con esto”:

“Eran 27 minutos aproximadamente de música que daban cuenta de un proceso que se había iniciado allá por año 60 a solicitud de Patricio Bunster”, describe: “Era un ballet bien particular y ese es un punto a mencionar que el ballet que se pretendía hacer y que se estaba desarrollando era con características únicas(…), continuación de lo que era la cantata chilena y de mayor envergadura”:

El académico indica que el coreógrafo Patricio Bunster le plantea la idea a Víctor en 1960. “Pretendía que de alguna manera reflejara la historia de Latinoamérica; ese proceso, esa purgación, ese vía crucis”.

La historia de los Siete Estados tiene como protagonista a un campesino quien debe pasar por siete estados o pruebas para lograr rescatar a una doncella cuyo nombre es Libertad:

“La primera pieza que se sabe compuso para ballet, es “La princesa encantada”, una pieza para dos guitarras que se grabó en el año 72 y de hecho, fue una de las últimas cosas que alcanzó a grabar”, acota el autor resaltando los varios años que pasaron antes de que Víctor comenzara a musicalizar la obra. “La Canción del Minero también habría estado incluida en esa primera idea, pero esas músicas no fueron grabadas durante más de 10 años. Es decir, nada de eso se registró ni se hizo en ese momento”:

En noviembre de 2023 fallece Joan Jara. Félix Cárdenas sintió que algo estaba pendiente y decidió dar proyección a la reconstrucción de la obra inconclusa. Así, “Los Siete Estados”, comenzaron a salir de su segundo letargo.

Un mestizaje monumental

El año 1970 fue decisivo porque se reactiva todo, apunta el músico. Es el momento también en que entra en escena el compositor y profesor peruano radicado en Chile, Celso Garrido-Lecca quien jugó un rol fundamental en la partituración de la obra, además de ser un referente en la formación de varios músicos de esa época como Horario Salinas o Patricio Castillo.

“Él toma las ideas de Víctor, las desarrolla, las orquesta y ahí comenzó el trabajo fuerte”, indica sobre esos años de ensayo junto a integrantes del grupo Quilapayún e Inti Illimani como Patricio Castillo, Horacio Durán, Horacio Salinas y otras voces que se unieron al proyecto como la de Isabel Parra.

En esa génesis también estuvieron los músicos de la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional y el grupo cubano Manguaré que en esos años estuvo en el  país trabajando con Inti Illimani. 

“Un grupo tremendamente mestizo” fue el que participó alrededor de esta obra, concluye Cárdenas, al mismo tiempo que resalta la inclusión de pianos y música electrónica a la pieza artística por el maestro Celso Garrido-Lecca quien aportó además, en su aspecto experimental.

Félix Cárdenas indica que su libro se pensó “para distintos lectores, desde aquel lector que desea conocer la historia, que no necesita ser músico”. Hablando sobre sus contenidos resalta los testimonios de primeras fuentes y  la descripción de las músicas implicadas en el proyecto. “Incluso se descubrió más música, con 15 minutos más. Estamos ante un hecho sumamente importante”, advierte también. “Después de 53 años vamos a poder escuchar nuevamente música de Victor Jara”. 

El académico y compositor destacó el valor monumental de esta obra inacabada de Víctor que refleja su versatilidad como artista de múltiples disciplinas y anticipó que la investigación contempla un siguiente paso por el cual se lleve a escena “Los Siete Estados”. “Esto recién se está mostrando, creo que se ha abierto una puerta, una ventana  y esperamos que esto empiece a resonar de una forma abierta a todo público”.

Presentación

“Víctor Jara y los siete estados: una obra inconclusa” de Félix Cárdenas Vargas, Ediciones PUCV

Lunes 14 de septiembre, a las 12:00 horas – Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile, Santiago.

Viernes 25 de septiembre, a las 12:00 horas -Biblioteca Regional Santiago Severin, Valparaíso.

Entrada liberada.

El abogado Rafael Collado, abordó la agenda ACOT, presentada por el gobierno, criticando la falta de políticas que apunten a combatir efectivamente el crimen organizado. 

“Me parece que, dentro de toda la nomenclatura de la agenda, hay algunas otras normas que no son de seguridad. Son normas de orden público, que no van a combatir el crimen organizado, que no tienen como objetivo dar mayor seguridad, sino que más bien entregan señales simbólicas de orden”, aseguró el ex subsecretario de seguridad pública, quien además recalcó, “un listado de organizaciones criminales no hace nada, no hace mella, seguir la ruta del dinero sí”. 

En ese sentido Collado creé que el gobierno asumió el error de proponer una reforma constitucional que técnicamente estaba mal hecha, y que se buscará modificar, sin embargo, apuntó a que hay mucho hecho en materia legislativa -más de 70 leyes impulsadas en el gobierno anterior- y lo que hace falta realmente es mejor gestión. 

Por otra parte, el destacado abogado, manifestó que el gobierno dejó la expectativas “demasiado altas”, en cuanto a resultados en materia de seguridad, los resultados aseguro se construyen a largo plazo. 

No obstante, el subsecretario dijo que era evidente que este gobierno, “partió con una dificultad inicial, una ministra que salió a los pocos meses y que tuvo una discusión dura con la PDI. Luego presentaron una reforma que la verdad parece que ya no va a ser”. 

Collado alertó que el gobierno no ha implementado las leyes de seguridad privada y seguridad municipal entre otras, que son esenciales para una mejor política estatal de seguridad pública. 

Respecto a la reforma constitucional, el ex subsecretario hizo hincapié en que no fue solo el sector de la oposición quienes se manifestaron en contra, si no más bien, desde el propio oficialismo. 

En ese sentido, Collado reiteró que la agenda ACOT mantiene varios proyectos de ley impulsados por el gobierno de Gabriel Boric, como el mejoramiento de la carrera para los Carabineros. 

Detención de ex Fiscal y Jefe de Seguridad Pública de Piñera, Vinko Fodich

Un fuerte remezón, causó la detención de Vinko Fodich, ex fiscal y ex funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, Fodich pasó de ser una de las personas públicas más notables en el combate al crimen organizado a formar parte de sus filas, detenido este miércoles tras una extensa investigación junto a 3 funcionarios de la PDI. 

Rafael Collado, aseguró que sin duda era una situación preocupante pero, valoró que la misma PDI haya hecho la investigación y que en Chile tengamos “policías que detengan policías”, sin embargo, agregó que el país necesita aumentar los controles y mecanismos de inteligencia para perseguir el lavado de dinero. 

“Sistemas financieros robustos como el nuestro permiten o incentivan mucho más la presencia del crimen organizado. Y eso, por lo tanto, nos lleva a tener que resguardar aún más nuestro sistema financiero, porque es un buen sistema financiero: sirve, es útil y funciona, por lo tanto, es muy fácil lavar dinero a través de él si no tenemos los controles”.

Disputarle la infancia al narco y al crimen organizado

Consultado ante los mecanismos que ayudarían a nuestro país a combatir la afiliación de niños. niñas y adolescentes al crimen organizado y el narcotráfico, Collado señaló que “evitar las trayectorias delictivas es algo costo-eficiente. Es un camino largo, pero que es, el único camino: darle oportunidades a los niños”. 

En ese sentido, el ex subsecretario relevó la importancia del programa Lazos y también de la iniciativa “Más Fútbol”, que se dedica a arreglar canchas de fútbol en diferentes barrios y a poner profesores para incentivar el deporte y dar más oportunidades de esparcimiento a la juventud. 

Otro punto relevante que abordó Collado, es evitar la deserción escolar, puesto que, de los niños que dejan de asistir a las aulas, si tienen contacto con personas que delinquen, el 90% de ellos termina teniendo experiencias delictuales. 

Finalmente Collado envió un saludo de reconocimiento a todos los familiares y víctimas de la dictadura civil-militar, a un día de conmemorarse los 53 años del golpe de Estado. 

• GPS Ciudadano de Datavoz muestra, sin embargo, que el 54% sigue considerando que el golpe de Estado de 1973 fue inevitable. Las diferencias políticas son profundas: mientras el 89% de quienes se identifican con la derecha comparte esa idea, entre quienes se ubican en la izquierda la cifra cae al 28,5%.

A 53 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la evaluación de sus consecuencias se vuelve más negativa entre las personas consultadas por el GPS Ciudadano de Datavoz. De acuerdo con la medición de septiembre de 2026, un 65,2% considera que el golpe tuvo repercusiones negativas para Chile, frente al 57,3% que sostenía esa opinión en la medición de 2025. Es un aumento de 7,9 puntos porcentuales en un año. En sentido contrario, quienes evalúan positivamente sus repercusiones disminuyen desde 39,6% a 33,8%.

El cambio se produce en un momento político particular. Este será el primer 11 de septiembre durante la administración del Presidente José Antonio Kast, quien asumió en marzo de 2026. El Mandatario resolvió que La Moneda no realizará un acto oficial para conmemorar la fecha, mientras los partidos de oposición anunciaron homenajes al expresidente Salvador Allende en el Cementerio General y en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

Sin embargo, el aumento de la evaluación negativa de las consecuencias del golpe no implica que haya cambiado en la misma dirección la interpretación sobre las circunstancias que llevaron al quiebre democrático. Ante la afirmación de que el golpe de Estado de 1973 fue un acontecimiento inevitable, el 54% de las personas encuestadas se manifiesta de acuerdo y el 45,7% en desacuerdo. El resultado prácticamente no cambia respecto de 2025, cuando el acuerdo alcanzaba 54,8%.

Para Jorge Fábrega, socio director en Tendencias Sociales de Datavoz, ambos resultados no son contradictorios, sino que muestran que los  chilenos pueden hacer dos evaluaciones diferentes sobre el mismo episodio histórico. “Son dos juicios distintos: uno sobre las causas y otro sobre lo que ocurrió después. Una persona puede pensar que, dadas las circunstancias de la época, el quiebre terminó siendo inevitable y, al mismo tiempo, evaluar negativamente sus consecuencias. Por eso, Lo interesante es que –comparado con el 2025 – la visión sobre las causas se mantiene, pero algunos han modificado su evaluación de las consecuencias”, acota.

Dos miradas políticas casi opuestas

Las diferencias aumentan fuertemente al observar la identificación política de los encuestados. Entre quienes se identifican con la derecha, el 89% considera que el golpe fue inevitable y solo el 11% discrepa. En la izquierda ocurre prácticamente lo contrario: 28,5% está de acuerdo y 71,5% en desacuerdo. Entre quienes se sitúan en el centro, el desacuerdo llega a 61,3%.

La distancia es todavía mayor cuando se pregunta por las repercusiones del golpe. Un 64,7% de quienes se identifican con la derecha las considera positivas y un 35,1% negativas. En el centro, el 74,3% las evalúa negativamente. Y entre quienes se identifican con la izquierda, la evaluación negativa alcanza el 99,3%.

Para Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, el cambio respecto del año pasado debe leerse junto con la persistencia de esas diferencias. “Hay un movimiento que merece atención: en solo un año aumenta casi ocho puntos la proporción de personas que considera negativas las consecuencias del golpe. Pero, al mismo tiempo, permanece prácticamente intacta la idea de que fue inevitable. Por eso no estamos frente a una memoria histórica que se esté volviendo homogénea. El juicio sobre sus consecuencias se hace más crítico, pero las interpretaciones
sobre 1973 siguen profundamente atravesadas por la posición política”.

Los resultados también muestran que las generaciones no observan el período de la misma manera. Entre las personas más jóvenes la evaluación negativa de las repercusiones alcanza niveles considerablemente mayores que entre los grupos de más edad, otra señal de que la memoria del golpe no depende únicamente de haber vivido directamente el período.

Un 11 de septiembre que sigue ordenando la discusión política Más de medio siglo después, el 11 de septiembre continúa siendo una de las fechas en que las diferencias políticas y las interpretaciones de la historia reciente aparecen con mayor nitidez.

Este año, además, la conmemoración vuelve al centro de la discusión pública. La decisión del Ejecutivo de no organizar ceremonias oficiales fue cuestionada por sectores de oposición, que anunciaron sus propios actos de memoria. Paralelamente, dentro de la propia derecha han aparecido diferencias generacionales respecto de cómo relacionarse con la fecha y con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

El estudio sugiere que esa distancia política no pertenece únicamente a las élites: también está presente en la forma en que las personas interpretan el pasado. El GPS Ciudadano corresponde a un estudio cuantitativo no probabilístico, mediante encuesta online. Consideró 1.000 entrevistas realizadas entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, con ponderación posterior por variables sociodemográficas.

El Diputado Boris Barrera (PC) se refirió a los dichos del Embajador de EE.UU en Chile Brandon Judd expresando la gravedad de sus declaraciones. El Diputado indicó que “el Embajador no está ejerciendo diplomacia, sino que es derechamente injerencia”. Además, agregó “su país ya instaló una dictadura acá. No necesitamos intromisiones en nuestros asuntos internos.”

El Diputado refiriéndose a una nueva conmemoración de Golpe de Estado en Chile subrayó: “Lo invito (refiriéndose al Embajador Judd) a reunirnos y nosotros mostrarle, con pruebas de verdad, cómo la derecha propició el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende y cómo el gobierno de su país intervino en Chile para apoyar eso.”

Las declaraciones del diputado llegan después de la cita entre el Canciller Pérez y el embajador Brandon Judd, quien luego de dar entrevistas en diversos canales de televisión, se retractó de sus palabras, asegurando que toda la información que poseía era de fuentes abiertas, y que no tenía pruebas de la participación de grupos de izquierda en la organización de actos de violencia durante el Estallido. 

Las críticas al embajador han venido desde el mundo de la izquierda, en tanto, sectores del oficialismo han buscado blindar a Judd, antes de su comparecencia con el Canciller. Bárbara Figueroa y Lautaro Carmona, sostuvieron que lo mejor sería, “dada sus irresponsables declaraciones” que se retire de nuestro país.

·       En cáncer de vesícula biliar y colon, el equipo observa patrones distintos a los descritos en grandes estudios internacionales y analiza cuánto de esas diferencias podría relacionarse con la particular ancestría genética de la población chilena.

El cáncer no es igual en todas partes y las referencias genómicas con que se estudia e interpreta la enfermedad tampoco representan de la misma manera a todas las poblaciones. Un equipo de investigadores de la Universidad de O’Higgins (UOH), que ha secuenciado tumores de cerca de 300 pacientes chilenos, está observando diferencias frente a patrones descritos en grandes estudios internacionales, particularmente en cáncer de vesícula biliar y colon.

Una de las claves está en la particular composición genética de la población chilena, producto de una historia de mezcla principalmente entre ancestrías europea y nativa americana y, en menor proporción, africana. La ancestría genética corresponde a la huella que dejan en nuestro ADN las poblaciones de las que descendemos. Esa diversidad puede modificar la frecuencia con que aparecen determinadas variantes genéticas y también influir en cómo se configura el riesgo de algunas enfermedades. Por eso, utilizar únicamente referencias construidas mayoritariamente con otras poblaciones puede dejar fuera características relevantes para interpretar lo que ocurre en pacientes del país.

Para contar con una referencia más cercana a esa realidad, el equipo generó un genoma chileno ensamblado completamente y levantó una base de datos con las mutaciones observadas con mayor frecuencia en pacientes nacionales.

“Generamos el primer genoma chileno ensamblado completo, de telómero a telómero, distinto de la referencia actual, porque esta última se construyó con personas de Occidente. Nosotros usamos el genoma chileno para identificar mejor las variantes de riesgo en nuestros pacientes”, explica Carol Moraga, académica de la Universidad de O’Higgins y coordinadora de la iniciativa.

En términos simples, se trata de contar con una referencia genética construida a partir de población chilena para complementar aquellas que han sido desarrolladas principalmente con otros grupos y reconocer con mayor precisión las particularidades que aparecen en pacientes del país.

Las diferencias ya comienzan a verse en cánceres especialmente relevantes para Chile. En vesícula biliar, estudios realizados en el país han mostrado que tanto el riesgo como determinadas características moleculares se relacionan con la ancestría genética, incluida la nativa americana presente en una proporción importante de la población chilena.

Al comparar tumores de pacientes chilenos con grupos de pacientes estudiados en Corea e India, el equipo observó además diferencias compatibles con un comportamiento más agresivo en los casos nacionales. Es precisamente el tipo de característica que una referencia construida mayoritariamente con pacientes de otras poblaciones no necesariamente permite representar de la misma manera.

También están apareciendo señales en cáncer de colon. Allí los investigadores observan asociaciones entre la ancestría nativa americana y diferencias en la frecuencia de determinados procesos mutacionales, aunque todavía estudian cuánto de esas variaciones puede explicarse por la composición genética de la población.

Entre las diferencias que está observando el equipo aparecen determinados perfiles moleculares con mayor frecuencia en pacientes chilenos que en grupos estudiados en otros países. En cáncer de vesícula biliar, por ejemplo, encontraron una mayor presencia de un perfil denominado proliferativo, mientras que en cáncer colorrectal aparece sobrerrepresentado un subtipo más agresivo conocido como CMS4. Ambos hallazgos refuerzan la necesidad de estudiar si los tumores de pacientes chilenos siguen patrones diferentes a los descritos en las grandes referencias internacionales.

El tema cobra especial relevancia en la Región de O’Higgins, donde trabaja el equipo y donde el cáncer de colon ha aumentado en los últimos años.

Buscan obtener más información desde una biopsia

En paralelo, los investigadores están explorando otra forma de acercar esa información a la práctica clínica. Hoy, conocer las mutaciones presentes en un tumor suele requerir secuenciar su genoma, un análisis costoso que casi nunca se realiza en la salud pública.

Por eso el equipo entrena modelos de inteligencia artificial capaces de buscar señales moleculares directamente en las imágenes de biopsias que los patólogos ya utilizan habitualmente para diagnosticar el cáncer.

Uno de los primeros modelos desarrollados busca anticipar desde la propia imagen si un tumor duplicó por completo su material genético, una señal asociada a cánceres más agresivos. El trabajo se encuentra actualmente en proceso de publicación científica.

“Desde la imagen queremos predecir cosas moleculares, como mutaciones asociadas a peor pronóstico o a un tratamiento. La biopsia con imagen ya es parte de la práctica clínica; la secuenciación del genoma completo, no. Si logramos leer eso desde la imagen, ampliamos el universo de pacientes y la tecnología se vuelve mucho más democrática”, plantea Alex Di Genova, académico de la Universidad de O’Higgins e integrante del proyecto.

La posibilidad también podría ayudar a enfrentar uno de los problemas que existen actualmente en el sistema público. Las biopsias se revisan por orden de llegada y no cuentan con una priorización automática de acuerdo con su urgencia, mientras que el número de patólogos disponibles es limitado.

“Hoy no existe una priorización de las biopsias: los pacientes se atienden por orden de llegada y no por orden de urgencia. Y los patólogos, que son quienes diagnostican el cáncer, son muy pocos, sobre todo en los hospitales públicos”, advierte Moraga.

Herramientas capaces de ordenar casos según su gravedad o de medir automáticamente determinados marcadores podrían contribuir a que estos especialistas revisen más pacientes en menos tiempo. Los investigadores recalcan, sin embargo, que estos desarrollos todavía no reemplazan al patólogo ni a la secuenciación genética y aún no forman parte de la rutina clínica.

El trabajo se sustenta en infraestructura instalada en la Universidad de O’Higgins, que incluye un clúster de supercomputación de cerca de 1.700 núcleos y el primer biobanco de imágenes digitales de biopsias de la región, con más de mil placas correspondientes a alrededor de 500 pacientes con cáncer de mama y colon.

Este material fue levantado junto a la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino en el marco del proyecto “Supercomputación para innovación en Salud Regional: HPC-UOH y HFRZ Juntos hacia la Medicina de Precisión”, financiado por el Gobierno Regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC).

Tras una primera etapa centrada en generar infraestructura y reunir información, el equipo comenzará ahora a integrar esos datos para avanzar hacia herramientas capaces de apoyar diagnósticos más precisos.

“Ahora que levantamos la infraestructura y las bases de datos, entramos en la etapa de predicción e integración, para llegar a un diagnóstico más preciso para cada paciente. La idea es que estos programas se sumen a la rutina del equipo de Anatomía Patológica del hospital”, adelanta Moraga.

A este trabajo se suma un fondo recientemente adjudicado para secuenciar cerca de 250 genomas de personas chilenas sanas, que permitirán contar con un grupo de comparación. El objetivo de largo plazo es que la información genómica generada desde la región pueda quedar disponible para apoyar a pacientes y hospitales de distintas zonas del país.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio, las personas dirigieron 167.185 solicitudes de acceso a información a distintos órganos de la Administración del Estado, cifra más alta desde la creación del Portal de Transparencia del Estado en 2013. Los asuntos más consultados fueron migraciones y residencia, con 15.652 solicitudes; sumarios administrativos, oficios de Contraloría y procedimientos, con 13.627; grabaciones de cámaras de seguridad por accidentes y robos, con 13.535; antecedentes sobre propiedades y terrenos, con 11.683; y pagos, multas y deudas, con 11.338.

Las solicitudes se ingresaron a través del Portal de Transparencia del Estado, sitio que permite hacer solicitudes específicas de información a órganos públicos y revisar los antecedentes que deben mantener disponibles sin necesidad de que alguien los solicite. La plataforma recibió 4.598.319 visitas durante el semestre, más de 12% por sobre igual período de 2025, y acumula más de 50 millones desde sus inicios.

Del total de solicitudes, 105.335 (63%) fueron dirigidas a organismos del gobierno central; 59.659 (35,7%), a municipalidades y otras entidades locales; y 2.191 (1,3%), a gobiernos regionales y organismos relacionados. Los servicios más requeridos fueron el Servicio Nacional de Migraciones, con 9.245 solicitudes; la Subsecretaría de Bienes Nacionales, con 4.750; y la Dirección General de Aguas, con 3.971.

Por su parte, en este primer semestre de 2026, ingresaron 8.620 casos al CPLT, 7.282 fueron amparos presentados por personas que no recibieron respuesta a sus solicitudes o la consideraron incompleta, y 1.338 fueron reclamos por estimar que faltaba información que los organismos debían mantener publicada. Con esta cifra, el Consejo acumula 119.450 casos desde su entrada en funciones en 2009.

La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que «estos datos muestran que la transparencia no es un asunto abstracto: las personas la usan para resolver problemas concretos, desde conocer el estado de un trámite hasta reunir antecedentes por un accidente. También vemos que más ciudadanos recurren al Consejo cuando un organismo no responde o mantiene información sin publicar. Nuestro deber es lograr que ese derecho funcione en la práctica y sea garantizado, y, al mismo tiempo, promover que se ejerza responsablemente, como una herramienta útil para evaluar la labor del Estado y ejercer otros derechos, pero evitando un ejercicio abusivo que distraiga indebidamente a los organismos públicos de las labores que tienen que desarrollar».

La revisión judicial de las decisiones del CPLT también aumentó. Durante el primer semestre, las Cortes de Apelaciones dictaron 110 sentencias en recursos de ilegalidad que buscaban dejar sin efecto decisiones del Consejo, frente a 62 en igual período de 2025. Del total de esas sentencias, un 93,6% mantuvo las decisiones originales del CPLT, confirmando su jurisprudencia. Solo siete recursos fueron acogidos total o parcialmente.

El balance fue dado a conocer al cumplirse 18 años de la publicación de la Ley de Transparencia. El CPLT ha planteado la necesidad de actualizarla, usando la tecnología disponible para fortalecer el acceso a los datos que los organismos deben publicar, así como ampliar su alcance, estableciendo un sistema único de transparencia para todas las instituciones del Estado.

«El aumento sostenido de las solicitudes y casos presentados al CPLT confirma que la ley sigue siendo necesaria, pero también que debe ponerse al día. Chile requiere información pública más fácil de encontrar, en formatos abiertos y reutilizables, y herramientas tecnológicas que permitan un mejor acceso a información y una mayor eficiencia en la fiscalización. La propuesta de nueva Ley de Transparencia del Consejo busca avanzar en esas tareas pendientes y ofrece una oportunidad para que el Congreso retome este debate», agregó González.

El Consejo para la Transparencia es un organismo autónomo y el único en Chile, encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública. Cuando detecta incumplimientos, puede instruir investigaciones sumarias y aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración de la autoridad o jefe de servicio y de los funcionarios responsables, según corresponda.

Revisa nuestras cifras acá:

La presidenta de la Agrupación de Ex Presos Políticos “Salvador Allende” de Linares, Gladys Rebolledo Miranda, junto al concejal Lenin Fuentes Barros (PC), presentaron un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Linares ante la Corte de Apelaciones de Talca.

La acción judicial cuestiona la autorización y el arriendo del Teatro Municipal para la realización de un acto denominado “53 años del pronunciamiento cívico militar”, programado para este viernes 11 de septiembre, a las 19:30 horas, en uno de los principales espacios culturales administrados por la municipalidad del cuestionado alcalde Mario Meza (RN), quien enfrenta investigaciones judiciales y procesos sancionatorios en el Tribunal Electoral Regional.

Lenin Fuentes concejal de la comuna, quien se ha instalado como un férreo opositor al gobierno comunal de Mario Meza declaró, “si los pinochetistas de Linares, quieren reunirse a celebrar que lo hagan en un recinto privado, pero no en un recinto del Estado, en este caso administrado por la municipalidad”.

El arriendo: $200 mil por el uso del recinto

Como antecedente, la presentación judicial incorpora documentación municipal que daría cuenta del arriendo del Teatro Municipal a Jaime Rivera Fuentes reconocido pinochetista de la zona,  para el 11 de septiembre, entre las 18:30 y las 20:30 horas. De acuerdo con esos documentos, se pagaron $200 mil por la utilización de la sala principal, escenario, camarines, baños, dependencias técnicas y otros espacios, servicio que también contemplaría la participación de tres trabajadores del recinto. El recurso relaciona este arriendo con el acto anunciado públicamente, considerando que el mismo arrendatario habría solicitado el teatro durante 2025 para una ceremonia conmemorativa de naturaleza similar.

Los recurrentes solicitaron a la Corte conceder una orden de no innovar, con el objetivo de suspender inmediatamente la autorización, el arriendo y cualquier preparación municipal relacionada con la ceremonia, mientras se resuelve el fondo del recurso.

Los argumentos de fondo

El escrito sostiene que la utilización de un recinto público para una actividad de estas características podría generar revictimización y afectar la integridad psíquica y la honra de sobrevivientes, familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Asimismo, plantea que la Municipalidad habría omitido considerar el contexto histórico y judicial de Linares, donde existen víctimas reconocidas en sentencias vinculadas al denominado “Caso Tortura Ex Presos Políticos de Linares”.

En esa línea, la acción argumenta que la decisión municipal amenazaría derechos constitucionales relacionados con la integridad psíquica, la igualdad ante la ley y la protección de la honra.

Qué piden, además de suspender el acto

Además de suspender la ceremonia, los recurrentes solicitan que el municipio se abstenga en el futuro de autorizar en bienes municipales actividades que, según sostienen, impliquen una reivindicación de la dictadura y provoquen la revictimización de personas afectadas por graves violaciones a los derechos humanos.

Qué sigue

Será ahora la Corte de Apelaciones de Talca la que deberá determinar la admisibilidad del recurso y pronunciarse sobre la orden de no innovar solicitada. Hasta el momento, no se conoce públicamente una respuesta de la Municipalidad de Linares frente a esta acción judicial.