El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca llegó hasta el Festival de la memoria, las artes y los derechos humanos MUDA, para ser parte del encuentro. 

En esa instancia fue consultado por las partidas del presupuesto nacional 2027 filtradas que dan cuenta de recortes a los gobiernos regionales, a lo que contestó, “el conjunto de gobiernos regionales, para poder tener una dimensión, van a tener una merma presupuestaria de 250 mil millones de pesos”. 

Respecto al GORE Valparaíso, los recortes ascienden a más de 15 mil millones, con ese presupuesto se pueden financiar alrededor de 100 proyectos de Fondo Regional de Iniciativa Local, que incluyen plazas, reposiciones de alumbrado, mejoramiento de multicanchas, sedes sociales entre otras. O se podrían financiar dos construcciones de Cesfam, o 10 reposiciones de postas rurales, entre otros beneficios. 

Cuña 1 

Por otra parte, el gobernador reaccionó a al recorte realizado en para el programa “yo elijo mi PC” que fue descontinuado por el gobierno y que el año pasado benefició a 8.792 estudiantes de la región de Valparaíso. 

“Es tremendo. Creo que hoy día disminuir la brecha digital es vital, y la forma que tenemos es dotando a nuestras niñeces de herramientas tecnológicas que les permitan precisamente ambientarse”. 

Mundaca citó además a José Martí, comentando, “hay que ser cultos para ser libres, y hoy día cuando se le quitan los PC a los niños, se erradica aquello, lo que se busca es precisamente mantener a jóvenes desconectados de la realidad”. 

Cuña 2 

Finalmente, Mundaca emplazó directamente al gobierno, “creo que esto es un reflejo inequívoco también de quién dijo que no se iban a hipotecar los derechos sociales, hoy día se hipotecan y se hipotecan afectando fundamentalmente a las niñas, a los niños y a los adolescentes”. 

Por Branco Moreno Caro. Periodista.

La palabra ‘funa’ proviene del mapudungún y significa «podrido» o «lo que se echó a perder», y fue popularizada en Chile tanto por la canción de Joe Vasconcellos que lleva el mismo nombre, como por la Comisión Funa, que comenzó a develar e increpar directamente a torturadores, asesinos y diversos criminales de la dictadura. 

Durante el gobierno de Frei, tras seis años de “justicia en medida de lo posible”, la impunidad era casi total para los civiles y militares que habían operado en los órganos represivos de la dictadura. Eso comienza a  cambiar en 1998 tras la querella presentada por Gladys Marín a raíz de los hechos ocurridos en el caso “Calle Conferencia”. 

El 16 de octubre de 1998 ocurre la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres. Hecho que abrió un cisma en el proceso de transición. Por primera vez, quien fuera el jerarca de la tiranía, era detenido y acusado de genocidio, terrorismo, tortura y desaparición de personas, pero no por la justicia chilena si no por la justicia internacional en consecuencia con la orden de arresto dictada por el Juez Baltasar Garzón.

Y mientras el COSENA se reunía para ver maneras de liberar al dictador, y las figuras de la UDI y RN viajaban a Londres para defenderlo y traerlo de vuelta, el grupo de militantes de los derechos humanos Agrupación Verdad y Justicia comenzó a realizar mítines públicos por las calles del centro de Santiago, con fotos de agentes de la DINA y la CNI. Tras un tiempo recabando información en una colaboración con otros colectivos se idea la primera funa, de manera similar a los scraches de la agrupación H.I.J.O.S de Argentina. 

La primera funa: “El cardiólogo” 

Ocurrió el 1 de octubre de 1999 y fue dirigida hacia Alejandro Jorge Forero Álvarez, quien se desempeñó como supervisor de torturas para el Comando Conjunto y la DINA en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina.

El grupo compuesto por decenas de funeros llegó hasta Clínica Indisa, donde trabajaba Forero, y expuso sus crímenes ante sus compañeros de trabajo y los usuarios que esperaban atención, a través de una declaración leída en conjunto, panfletos, cánticos y aplausos. 

Poco caso hicieron los directivos de la clínica a la situación. Forero gozó de impunidad por décadas, y también de un buen trabajo, siendo jefe de cardiología de una de las sucursales de Indisa, donde no atendía pacientes con Fonasa. 

Alejandro Forero recién fue apresado el 7 de mayo de 2024, 25 años después de su funa, por ser culpable del secuestro calificado de Luis Desiderio Moraga Cruz y de Ricardo Manuel Weibel Navarrete. Actualmente cumple su condena de 5 años y un día en el centro penitenciario Colina 1. 

Aun cuando la primera funa, no causó un impacto en su lugar de trabajo, ni un impacto en la vida social de Forero, la evaluación del grupo organizador fue muy positiva, y en los años consecutivos realizan más de 90 funas a violadores de derechos humanos, exponiendo sus crímenes en la sociedad. Así se constituyó la comisión Funa que funciona de manera horizontal hasta el día de hoy. Muchas veces lograban generar un rechazo generalizado de las comunidades en donde vivían los funados, que arrancaban tiempo después.

Funas y suicidio de Germán Barriga

El 17 de enero de 2005, Radio Bio-Bio informó una exclusiva que remecería al mundo militar ligado a las violaciones de derechos humanos en la dictadura. La emisora anunciaba: “Un ex militar procesado por una causa de derechos humanos se suicidó esta tarde, al lanzarse desde el piso 18 de un edificio de Las Condes”.  

Algo que “La Radio” pasó por alto, era que este hecho ocurría a unos 40 metros de la Escuela Militar y que Germán Jorge Barriga Muñoz era acusado por su implicación en el caso “Calle Conferencia”, en donde efectivos de la DINA hicieron desaparecer a una dirección clandestina del Partido Comunista el año 76′. Pero Barriga tenía más antecedentes represivos, tanto en sus funciones dentro de Villa Grimaldi, como en la represión dirigida hacia militantes del Partido Socialista  durante todo 1975.

Los archivos de la comisión Funa detallan: “Germán Barriga fue funado en dos oportunidades, la primera en agosto de 2000 cuando fue denunciado en su casa, ubicada en Avenida Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó el mismo día para no volver. La segunda fue a principios de diciembre de 2004, en el supermercado Líder ubicado en el paradero 14 de Vicuña Mackenna, para hacer presente a sus clientes y dueños que financiaban a un torturador y asesino  (….) en ambas ocasiones pacífica y llena de colorido, con tambores, cánticos y el volante de denuncia leído en forma colectiva para dar a conocer los crímenes cometidos por el funado”. 

Los generales y medios de la época comenzaron una campaña mediática de victimización en los días siguientes, Barriga dejó una carta en donde explicaba que, “no se arrepentía de nada” y además culpaba a las Funas de ser despedido en tres oportunidades. La carta fue publicada por primera vez el 23 de enero de 2005, gracias a La Tercera, con el artículo titulado; “El suicidio de Germán Barriga Muñoz sacudió al Ejército y volvió a poner en la agenda la situación de los procesados por DD. HH.”  

Hasta el funeral de Barriga llegó el jefe institucional subrogante, general Javier Urbina, junto a muchos oficiales en retiro, entregando un mensaje de apoyo y unidad a la familia, pese a que una de sus hijas había culpado al mismo Pinochet de la muerte de su padre y de las violaciones a los derechos humanos en su testimonio. Se presume, tanto por la justicia como por los integrantes de la comisión y familiares de los detenidos desaparecidos, que Barriga se llevó consigo el paradero final de muchos caídos en la dictadura. 

Edwin Armando Roger Dimter Bianchi “El príncipe” 

Egresado de la Escuela Militar en 1970 junto con Pinochet, Dimter Bianchi, participó en el Tanquetazo, y apenas estuvo “detenido” 3 meses en la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolén, misma desde donde Pinochet observaba a buena distancia el golpe de Estado el fatídico martes 11 de septiembre de 1973.

Ese mismo día, es puesto en libertad y llega hasta el Estadio Chile, listo para ser uno de los represores más motivados en la tortura y las vejaciones. Años después el periódico La Nación lo describió así: “Al “Príncipe” no lo olvidarían jamás los cerca de cinco mil detenidos en el Estadio Chile los días posteriores al golpe militar de 1973. Era alto, rubio, de ojos azules, pelo engominado hacia atrás: un perfecto pije que se paseaba en los pasillos superiores del Estadio como pavo real, siempre balanceando un linchaco, permanentemente amenazando e insultando a los prisioneros” 

“La funa del príncipe obviamente fue una funa emblemática por decirlo de alguna forma”, comenta Rayen Pojomosky Aliste, concejala de La Serena, quien participó de la funa a Dimter Bianchi, sindicado como uno de los soldados que más se ensañó con Víctor Jara. La funa fue masiva, con cientos de participantes que se tomaron el Paseo Huérfanos en una explosión cultural y de denuncia. Cabe destacar que esta acción fue grabada íntegramente por sus organizadores, por lo mismo, un fragmento de ella fue muy viralizada.

“Se coordinó con la Fundación Victor Jara, por ende con el centro de Danza Espiral, estaba Pedro Lemebel, estaba Roberto Marquez de Illapu (…) además estaban los cantores populares, quienes cantaban en la calle, entonces fue súper emotivo” asegura Pojomosky Aliste, quien participó en funas desde los 13 años, siempre ligada al área cultural de la comisión Funa.  

El 25 de mayo de 2006, a 32 años de su paso por el Estadio Chile, el “Príncipe” ya no se veía tan altivo, mientras era funado en su oficina del Ministerio del Trabajo, donde lo habían dejado bien acomodado “sus superiores”. Dimter Bianchi trabajaba como jefe del departamento de auditoria, procesos especiales y pensiones en la división de control de instituciones de la superintendencia de pensiones, recibiendo un cuantioso sueldo del Estado. 

Un grupo de funeros se quedó en las puertas principales del ministerio, otro grupo de una decenas de personas entró a las dependencias y subieron hasta el piso 13 para llegar a la oficina de quien fuera uno de los torturadores más recordados, paralelamente otro grupo avanzaba por Ahumada para llegar al encuentro, con canciones y tambores.

Dimter de manera cobarde agrede y comienza a gritar, es agredido de vuelta, comienza a sangrar y a manchar con su sangre a quienes lo funaban, de manera deliberada. Para sorpresa de lo presentes, los funeros comienzan a leer la declaración donde se hacía un repaso por el papel jugado por “el Príncipe” en la dictadura. Los funcionarios del ministerio, notoriamente consternados, miraban  hacia el suelo cuando les decían “trabajas con el asesino de Víctor Jara”. Meses después, tras una investigación sumaria Edwin Dimter fue desvinculado.

Apenas en 2023 la Corte Suprema dictó la sentencia final de 15 años, en calidad de autor de los homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga; y a 10 años y un día de presidio, como autor de los secuestros calificados, junto a Raúl Jofré González, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón.

Un ejercicio de justicia colectiva 

La mayoría de los funeros y miembros de la comisión en sus diferentes épocas coinciden en dos cosas al menos: que la funa es un ejercicio de acción colectiva y que las funas realizadas, además de ser un ejercicio denunciante más o menos efectivo reparaba en una parte, mínima tal vez, el largo manto de impunidad que se había tejido desde la transición. De ahí el lema Si no hay justicia, hay funa. 

En la próxima edición: Comisión Funa y su largo transito a la actualidad 2006-2026 

• Académico Eder Pinto analiza el informe Education at a Glance 2026 y advierte que el problema no pasa solo por formar más profesores, sino también por atraerlos, distribuirlos y generar condiciones para su permanencia.

El informe Education at a Glance 2026, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), puso este año el foco en la escasez de docentes y el atractivo de la profesión. En el caso de Chile, uno de los datos que genera mayor atención es que el 23,4% de los docentes de educación primaria y secundaria de establecimientos públicos no estaba plenamente cualificado en 2024, más del doble del promedio de la OCDE.

Para Eder Pinto, académico del Instituto de Ciencias de la Educación y director de la Escuela de Educación de la Universidad de O’Higgins (UOH), esta cifra debe ser interpretada con cautela. A su juicio, el valor del informe no está en establecer un ranking entre países, sino en identificar tendencias y problemas estructurales que permitan orientar las políticas educativas.

“‘No plenamente cualificado’ no significa sin formación o sin título”, explica. La categoría considera, entre otras situaciones, posibles desajustes entre las credenciales de un docente y el área o función en la que se desempeña. Por eso, advierte, “tampoco podemos decir que ese 23,4% enseña mal”, ya que el indicador no mide directamente la calidad de la enseñanza ni los aprendizajes.

La pregunta relevante, plantea el académico, es si el sistema cuenta con suficientes profesores con la formación pertinente para cubrir sus necesidades. “Lo que nos muestra es que hay un desajuste entre las necesidades del sistema y la disponibilidad de los y las profesoras”, sostiene.

Desde esa perspectiva, Pinto plantea que enfrentar la escasez docente requiere una mirada que vaya más allá de aumentar la cantidad de titulados. “No basta solo con formar docentes, tenemos que atraerlos, distribuirlos y lograr que permanezcan”, afirma.

Esto último resulta especialmente relevante frente a la salida de docentes del sistema. Para el académico, las políticas públicas deben considerar todo el ciclo profesional: fortalecer la formación inicial, apoyar el desarrollo profesional y, especialmente, mejorar las condiciones que permitan a los profesores permanecer en las aulas.

En este desafío, las universidades también tienen un rol que cumplir. En la Escuela de Educación de la UOH se desarrolla un Programa de Vocación Pedagógica que acompaña a estudiantes de cuarto medio interesados en estudiar pedagogía, buscando fortalecer desde temprano su vínculo con la profesión.

“Atraer a buenos estudiantes a pedagogía, formarlos rigurosamente, acompañarlos cuando comienzan a enseñar y generar condiciones para que quienes quieran permanecer en nuestra Escuela de Educación lo hagan”, resume Pinto.

Para el académico, por tanto, los resultados de la OCDE no debieran traducirse en un cuestionamiento a quienes ejercen la docencia, sino en una pregunta más amplia sobre las condiciones que el país está generando para fortalecer la profesión. “Este es un desafío de todo el sistema”, concluye.

Conocer cómo un organismo gastó recursos públicos, revisar las reuniones de lobby de una autoridad, consultar su declaración de intereses o pedir una copia de un contrato hoy puede obligar a las personas a recorrer diferentes plataformas del Estado.

Para simplificar ese recorrido y fortalecer el acceso a información pública, a través del uso de las tecnologías disponibles, el Consejo para la Transparencia (CPLT) está llevando a cabo una serie de medidas e implementará otras tantas en el mediano y largo plazo.

Esta agenda supone que dentro del último trimestre del presente año el CPLT licitaría los servicios que requiere para implementar un nuevo Portal de Transparencia del Estado, sitio en que hoy las personas pueden consultar o pedir información pública o reclamar ante el CPLT cuando estiman que existen incumplimientos a la Ley de Transparencia. Se proyecta con ello la incorporación de un buscador único de información que, con apoyo de IA, haga que las personas puedan encontrar información pública de manera más precisa, veloz y completa, filtrando por tema, períodos de tiempo, organismos, etc.

La adjudicación de esta licitación facilitará también la creación de una plataforma única de datos abiertos, orientada a consultar datasets masivos, a través de la disponibilidad de APIs. Este sitio unificará información que hoy se encuentra repartida en distintos sitios, tales como el Portal de Transparencia del Estado, www.infoprobidad.cl, www.infolobby.cl, o www.infotransparencia.cl. En simple, las personas podrán encontrar desde un mismo lugar información sobre autoridades, patrimonio, audiencias de lobby, solicitudes de información o cumplimiento de obligaciones de transparencia, entre otras.

Al respecto, la presidenta del CPLT, Natalia González, indicó: “La tecnología puede potenciar enormemente la posibilidad de las personas de acceder a información pública, de cada servicio de ponerla a disposición de mejor forma y de nuestro Consejo de cumplir más eficazmente su labor. Por ejemplo, en este último punto, estamos estudiando potenciales usos de asistentes virtuales en nuestro quehacer, que nos permitirán gestionar los casos que se someten a nuestro conocimiento de manera más eficiente”.

Pero más allá de lo planificado para el largo plazo, el CPLT ya implementó una serie de mejoras al Portal de Transparencia del Estado. Se incorporaron en su portada visualizaciones de datos que destacan información pública de interés ciudadano, denominadas en su conjunto “CPLT en Línea”. Ellas permiten a la ciudadanía conocer, de manera visual e interactiva, datos y estadísticas sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, lobby y probidad de los organismos del Estado

Junto con lo anterior, se inició un piloto para publicar múltiples conjuntos de datos de los organismos públicos adscritos al Portal de Transparencia del Estado en formato Parquet (hasta ahora se entregaban exclusivamente en formato CSV). Este avance permite cumplir con un estándar moderno y abierto, diseñado específicamente para el análisis de grandes volúmenes de información (Big Data), lo que puede ser aprovechado, por ejemplo, por la academia, el periodismo de investigación u organizaciones de la sociedad civil.

Adicionalmente, presentará en octubre la herramienta SOP (Seguimiento Operacional de Portales), aplicación web orientada a funcionarios públicos, destinada a centralizar, integrar y visualizar datos operacionales del Portal de Transparencia del Estado y del Portal InfoLobby. Busca mejorar la gestión interna de transparencia y probidad de organismos públicos, permitiendo a los superiores jerárquicos llevar monitoreo, control y reportabilidad en el cumplimiento de obligaciones legales de transparencia y probidad. En la práctica, entre otras funcionalidades, permite supervisar el ciclo completo de una solicitud de acceso a información pública, detectando posibles retrasos y asegurando trazabilidad. También sirve para monitorear posibles desactualizaciones o brechas de la información que se sube a transparencia activa o a los registros públicos asociados a la Ley de Lobby.

Finalmente, para octubre está previsto también el lanzamiento de un manual web de uso del Portal de Transparencia del Estado, que sirva de guía a los encargados de transparencia de todos los órganos públicos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, a fin de facilitar su labor y aclarar cualquier duda que puedan tener de forma autónoma, sencilla y rápida.

Organizaciones ultraconservadoras desplegaron una campaña para boicotear la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, enviando correos a diplomáticos, recolectando firmas e instalando frente a Naciones Unidas figuras que la representaban con un pañuelo verde y banderas LGBTIQ+, en un intento por desacreditarla. El Movilh repudió la arremetida de odio.

Al menos tres organizaciones ultraconservadoras se movilizaron sistemáticamente para boicotear la pasada candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, utilizando como descrédito el apoyo de la exmandataria a los derechos de las mujeres y los derechos LGBTIQ+, hechos que fueron repudiados por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En efecto, y de acuerdo a publicación de The Clinic del pasado 1 de octubre, organizaciones como  UN Watch, CitizenGO  y C-Fam recolectaron más de 300 mi firmas contra la candidatura que entregaron a misiones diplomáticas, a los que se añadieron correos electrónicos e, incluso, una manifestaciones en el frontis de Naciones Unidas.

Acusándola de “feminista radical”, representantes de CitizenGO desplegaron figuras de Bachelet en la entrada de la ONU, portando un pañuelo verde y la bandera LGBTIQ+, e instalaron un lienzo donde señalaba “Veto Bachelet. Detengan la toma de poder de la feminista radical”.

Luego de que la expresidenta depusiera su candidatura la integrante de CitizenGO, Rocío D’Angelo, señaló en un correo masivo que “ganamos… la mujer que quería usar el cargo internacional más influyente para avanzar en la agenda pro aborto y de género radical, no será la próxima secretaria general de la ONU”.

En relación a las 300 mil firmas recolectadas, añadió que “las llevamos a siete misiones permanentes de la ONU. Seis de ellas pertenecen al Consejo de Seguridad y la séptima era el país de la misma Bachelet, Chile”.

Al respecto, y junto con solidar con la exmandataria, el fundador del Movilh, Rolando Jiménez, sostuvo que la campaña contra Bachelet “constituye una clara expresión de homofobia y misoginia, al utilizar el respaldo a los derechos de las personas LGBTIQ+ y de las mujeres como elementos para desacreditarla”

 “Resulta lamentable y repudiable que organizaciones ultraconservadoras desplieguen campañas internacionales de esta naturaleza y pretendan convertir la defensa de los derechos humanos en un motivo de descrédito. El apoyo a la igualdad de las personas LGBTIQ+ y a los derechos de las mujeres no es una característica que deba ocultarse ni una razón para descalificar a nadie, sino un compromiso democrático con la dignidad y la no discriminación”, añadió Jiménez

    Para Jiménez “las organizaciones LGBTIQ+ no podemos permanecer indiferentes cuando nuestros derechos son utilizados como insulto o como herramienta para promover campañas de hostigamiento contra quienes defienden la igualdad. La libertad de expresión permite cuestionar candidaturas y posiciones políticas, pero eso no transforma el odio, la estigmatización o la discriminación en argumentos legítimos”.

 “Rechazamos y llamamos a repudiar toda estrategia que pretenda convertir los avances en derechos humanos en una suerte de estigma y que busque presentar como radicales principios tan básicos como la igualdad, la autonomía de las mujeres y la no discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género”, finalizó Jiménez.

Ante el anuncio del posible retiro del proyecto de reforma Constitucional en materia de seguridad, enviado al Congreso el día 17 de agosto, desde Amnistía Internacional instamos al presidente José Antonio Kast a retirarlo efectivamente dado que su contenido podría poner en peligro la democracia y los derechos fundamentales de la población. La propuesta crea un nuevo estado de excepción para situaciones de seguridad pública además de entregar facultades extraordinarias a la figura del presidente, entre otros.

“El riesgo para la democracia no está en que el Estado fortalezca sus capacidades para combatir el crimen organizado, sino en que, bajo ese objetivo, se amplíen de manera significativa las facultades excepcionales del Ejecutivo y las posibilidades de restringir derechos fundamentales sin controles proporcionales y suficientes. En una democracia constitucional, la seguridad pública debe garantizarse dentro del Estado de derecho: las medidas extraordinarias deben ser realmente excepcionales, estar sujetas a controles efectivos, tener límites temporales claros y ser compatibles con las obligaciones de derechos humanos”, explica Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de la organización.

Para analizar el proyecto en detalle, Amnistía Internacional Chile desarrolló un informe donde se concluye que, más allá de la legitimidad política de fortalecer las capacidades estatales frente al crimen organizado, existe una incompatibilidad estructural entre el mecanismo constitucional propuesto y los límites que el derecho internacional impone a los estados excepcionales. El proyecto no simplemente crea nuevas potestades de seguridad ordinarias: incorpora permanentemente al régimen constitucional facultades que por su intensidad, alcance y naturaleza corresponden exclusivamente a supuestos de excepcionalidad.

Además, el análisis arroja que la reforma agrava los problemas anteriores al introducir o ampliar significativamente la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esta participación debe ser:

-Extraordinaria, no ordinaria

-Subordinada y complementaria, no sustitutiva

-Regulada por normas suficientemente claras respecto de sus competencias, límites y formas de actuación

-Fiscalizada mediante mecanismos independientes

El proyecto no satisface estas exigencias.

Para más información, descarga el informe completo aquí.

Amnistía Internacional insta a retirar el proyecto de reforma constitucional en su formulación actual, atendido que las objeciones identificadas no corresponden exclusivamente a aspectos formales o de técnica legislativa, sino a elementos estructurales de la propuesta que pueden afectar el carácter excepcional de determinadas potestades estatales y alterar el modelo constitucional de seguridad pública. La continuidad de su tramitación no resulta aconsejable mientras no exista una reformulación integral que permita determinar con precisión la finalidad, necesidad, alcance y límites de las facultades propuestas.

“Insistimos en una idea que hemos planteado reiteradamente: la seguridad y los derechos humanos no son conceptos opuestos ni excluyentes. Chile no tiene que elegir entre una sociedad más segura y el pleno respeto de los derechos humanos. Ambas son obligaciones del Estado y deben avanzar de manera conjunta”, finaliza Bustos.

El policy brief del Programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile, elaborado a partir del análisis de 345 registros institucionales, detectó que, entre las comunas con mayores factores subyacentes de riesgo, un 48,5% no cuenta con un Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres. La investigación también advierte dificultades de trazabilidad, actualización e integración de la información cartográfica en las decisiones locales.

Documentos adjuntos

• Policy Brief: “Del mapa a la acción local. Mapas de amenaza en los instrumentos comunales: la conexión pendiente” (PDF, 2504 KB)

“Mi primer libro de redes sociales” es la ópera prima del periodista Juan Ángel Torres Escalera, la cual ofrece una lectura fundamental para las y los emprendedores en Chile. 

El libro busca entregar de manera sencilla estrategias para la comprensión del cambiante lenguaje en internet, el manejo en distintas formas de publicar en redes sociales, así como la gestión de interesantes recursos para aparecer en medios de comunicación.

“Mi primer libro de redes sociales” es la ópera prima del periodista Juan Ángel Torres Escalera, la cual ofrece una lectura fundamental para las y los emprendedores en Chile. 

El libro busca entregar de manera sencilla estrategias para la comprensión del cambiante lenguaje en internet, el manejo en distintas formas de publicar en redes sociales, así como la gestión de interesantes recursos para aparecer en medios de comunicación.

El periodista oriundo de Calama posee un amplio conocimiento del territorio nacional, trabajando en distintas ciudades de todo el país: “Me di cuenta en que estas zonas que he visitado -en la zona norte, centro y sur de Chile- se manejan idiomas distintos, formas de conversar distintas, de comportarse, costumbres, palabras que pueden malinterpretarse y quise llevar esa realidad a un libro, pero en lo digital, para que la gente sepa como manejarse en internet”, describe.

En esa extensa experiencia cultural también pudo conocer una diversidad de emprendedores en cuanto a la edad, territorio e intereses, pero donde muchos compartían la necesidad de superar brechas digitales. Una situación común que constató fue lo complicado que puede resultar para la gente hacer una red social viral. “Sin embargo yo les decía: “Tú con tu celular actualmente puedes ser un propio periodista””, reseña:

“En el libro entrego tips para la gestión de crisis para principiantes, gestión del ghosting, las fake news, cómo actuar frente a los spammers y ese lenguaje que se está utilizando, yo también lo enseño y podemos ser una comunidad grande y aprovechar nuestros propios talentos”, acota Torres.

En la publicación se plantea también un uso actualizado de las principales plataformas de redes sociales. “En el libro enseño cómo generar una identidad virtual, lo que no depende de tener cuentas en todas las redes sociales o utilizar todas porque tenemos que entender cuál es nuestro producto”.

“En Facebook no se utiliza tanto para difundir información, sirve más para generar un poco de credibilidad porque apunta a un sector de adultos mayores o jóvenes adultos que quieren confiar en algo y utilizan Facebook”, dice comparando los usos de esa red social con los de instagram: 

En el caso de youtube, acota, se está utilizando como una biblioteca de contenidos, a su vez que describe otras plataformas como Linkedin o Tik tok, así como otras aplicaciones de diseño como Canva o Capcut:

Acerca del fortalecimiento de la marca y la creación de contenidos atractivos, el libro entrega un acompañamiento centrado en distinguir tres partes esenciales para consolidar el emprendimiento. Estos son: la difusión, la credibilidad y la explosión del emprendimiento, “llámese ventas”, precisa el autor.

La propuesta es que los emprendedores apliquen estos pasos y los cumplan organizadamente, con disciplina. Asimismo indica que las y los emprendedores pueden ser influencers de sus productos en sus propias cuentas en redes sociales e incluso proyectarse en otras esferas de interacción, dado que el libro también entrega herramientas para aparecer en los medios de comunicación:

El libro del periodista Juan Ángel Torres se presentará pronto en algunas escuelas públicas y privadas en la Región de La Araucanía y en Santiago en los meses de verano, fueron los anuncios que anticipó el propio comunicador.

Mi Primer Libro De Redes Sociales

Año de publicación: 2026

Género: Negocios.

Número de páginas: 46.

Contacto: @miprimer.libro