En la COP31, celebrada en Turquía, los líderes mundiales deben dejar de apoyar al sector de los combustibles fósiles y poner en marcha una eliminación gradual, rápida y equitativa como exigen la ciencia, los derechos humanos y el derecho internacional; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
“Al mundo no le faltan advertencias climáticas. Lo que empieza a faltarle son excusas. Tras más de 30 años de negociaciones climáticas, los gobiernos ya no pueden ampararse en promesas de medidas futuras ni evitar enfrentarse a sus aliados del sector de los combustibles fósiles. La crisis climática no se debe a una falta de conocimiento, sino a la ausencia de valentía política. Ya es hora de acabar con el dominio absoluto del poder empresarial sobre la toma de decisiones políticas y poner punto final a la era de los combustibles fósiles antes de que ésta nos aniquile”, ha afirmado Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional.
La última evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó una seria advertencia antes de la COP31: el mundo va camino de rebasar el objetivo de 1,5 °C. Los gobiernos, en particular los que tienen mayor responsabilidad sobre la crisis climática, siguen peligrosamente lejos de tomar las medidas necesarias para limitar la magnitud y duración de ese rebasamiento y hacer que bajen las temperaturas. Ya hay comunidades destrozadas por sequías, incendios forestales, fuertes tormentas, inundaciones, deshielo de glaciares y subida del nivel del mar. Cada fracción de calentamiento agravará el daño para los derechos humanos. El propio rebasamiento es peligroso; se activarán puntos de inflexión y ocurrirán otros daños irreparables, con independencia de futuras reducciones de temperatura.
Ahora los gobiernos deben traducir sus promesas en decisiones concretas encaminadas a recortar emisiones, acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles, financiar transiciones justas y proteger a la población frente a daños climáticos cada vez peores.
No es opcional. La Corte Internacional de Justicia ha aclarado que los Estados tienen, en virtud del derecho internacional, las obligaciones de prevenir daños climáticos significativos, regular las actividades que contribuyen al cambio climático y cooperar para proteger a las generaciones presentes y futuras. La COP31 es una prueba crítica sobre si los gobiernos piensan cumplir tales obligaciones.
“La advertencia del PNUMA debería impulsar a los dirigentes mundiales a adoptar medidas valientes y decisivas respecto al cambio climático. Aunque resulte inevitable rebasar el objetivo de 1,5 °C temporalmente, eso nunca debe servir de excusa para rendirse o postergar más las medidas para solucionarlo. La COP31 debe limitar la magnitud y duración del rebasamiento, hacer que bajen las temperaturas y proteger a la gente de sufrir daños aún peores”, ha dicho Marta Schaaf.
“Cada subida de una fracción de grado y cada año de demora son importantes para la vida humana y la vida en el planeta.”
La COP31 debe poner en marcha una acción colectiva
La crisis climática traspasa fronteras, pero sus consecuencias son tremendamente desiguales. Las catastróficas inundaciones de Nepal y el Tíbet tras el derrumbe parcial de un glaciar del Himalaya mostraron cómo las comunidades con menos recursos suelen quedar expuestas a los peligros más graves. También pusieron de manifiesto la apremiante necesidad de cooperación internacional y de financiación adecuada por parte de los países con ingresos más altos para una transición justa y resiliencia climática en los países de ingresos más bajos.
“Ningún país puede hacer frente a esta crisis en solitario. Quienes menos han contribuido al calentamiento global suelen ser quienes sufren los peores daños. La COP31 debe emprender una acción colectiva que refleje esta profunda injusticia”, ha afirmado Marta Schaaf.
Para ofrecer resultados concretos que impulsen una transición justa y compatible con los derechos humanos, la COP31 debe:
- establecer un sólido Mecanismo de Belém-Antalya para la Transición Justa con el mandato de garantizar el respeto de los derechos humanos y capacidad para apoyar transiciones justas;
- implementar el Plan de Acción sobre Género, lo que incluye elaborar unas directrices sólidas para la protección de las mujeres que defienden el medioambiente;
- garantizar que el segundo Balance Mundial se basa en los derechos humanos y está configurado por las comunidades afectadas, incluso a través de asambleas populares globales;
- impulsar los daños y pérdidas como otro punto de la agenda y la reposición adecuada del Fondo de Respuesta a las Pérdidas y los Daños;
- abordar la intensificación de la financiación climática necesaria, incluso a través de negociaciones formales relativas al Programa de Trabajo sobre Financiación Climática, y centrarla en el cumplimiento del artículo 9.1 del Acuerdo de París; y
- empezar a reformar el funcionamiento de la gobernanza climática de la ONU.
Los gobiernos deben acelerar una eliminación progresiva de los combustibles fósiles que sea completa, rápida, justa y financiada para limitar en lo posible el rebasamiento de los 1,5 °C, según sus responsabilidades y capacidades, y hacer que bajen las temperaturas. La transición a la electrificación debe hacerse utilizando cada vez más las energías renovables y debe proteger a trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y comunidades en primera línea sin reproducir los abusos existentes ni crear más demanda de combustibles fósiles, aunque ésta proceda de centros de datos de IA.
Los países de ingresos altos con mayor responsabilidad histórica en las emisiones de gases de efecto invernadero deben aumentar de forma considerable la financiación climática basada en subvenciones, entre otras cosas subiendo los impuestos a los supermillonarios, a las empresas de combustibles fósiles y a quienes las respaldan económicamente. Esta financiación es fundamental para que los países de ingresos bajos puedan recortar emisiones, adaptarse, emprender transiciones justas y hacer frente a los daños y pérdidas, lo que incluye garantizar reparaciones climáticas.
Turquía y Australia se enfrentan a una prueba de liderazgo climático
En su calidad de organizadores de la COP31 y líderes de las negociaciones, Turquía y Australia, productores de combustibles fósiles, se enfrentan a una prueba crítica de liderazgo. Ambos países continúan siendo objeto de críticas por seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Turquía sigue teniendo una fuerte dependencia del carbón y de los planes de expandir la producción de gas natural, y Australia es uno de los principales exportadores mundiales de carbón y gas natural licuado.
“Turquía y Australia no pueden reclamar liderazgo climático mientras abocan al mundo a vivir varias décadas más dependiendo de los combustibles fósiles. El liderazgo implica acelerar el fin de los combustibles fósiles, no buscar nuevas formas de prolongar su uso”, ha dicho Marta Schaaf.
Además, los gobiernos deben hacer frente a los intereses políticos y empresariales que obstaculizan una eliminación progresiva de los combustibles fósiles que sea completa, rápida, justa y financiada. La COP31 no debe torcerse por la indebida influencia del sector de los combustibles fósiles, y eso requiere una rendición de cuentas sólida que permita excluir cualquier conflicto de intereses y garantizar que las comunidades afectadas son escuchadas.
Las voces de las comunidades en primera línea de la crisis deben marcar la transición
En todo el mundo, pueblos indígenas, personas que defienden los derechos ambientales y comunidades afectadas están oponiendo resistencia a proyectos destructivos y defendiendo sus tierras, sus medios de subsistencia y su futuro.
Amnistía Internacional ha documentado acción climática de base en Australia, Brasil, Canadá, Ecuador y Turquía. Estos movimientos son fundamentales para hacer una transición justa y efectiva; sin embargo, los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas son sistemáticamente excluidos de las decisiones, y quienes los defienden sufren criminalización, intimidación y represalias.
“Las personas que defienden los bosques, los ríos, las tierras ancestrales y las comunidades frente a proyectos destructivos están demostrando a los gobiernos lo que es realmente el liderazgo climático. Deben ser protegidas y escuchadas, y no criminalizadas, intimidadas o excluidas de las decisiones sobre su futuro”, ha afirmado Marta Schaaf.
Turquía debe proteger el espacio cívico en la COP31
Turquía debe garantizar que todas las personas que asistan a la COP31 pueden participar de forma libre y segura, sin discriminación, intimidación ni represalias. Esto urge especialmente ya que la presión sobre el espacio de la sociedad civil y la retórica antiderechos agravan el miedo y la división. Los defensores y defensoras de los derechos LGBTI, ambientales y otros que se enfrentan a discriminación interseccional deben recibir protección efectiva.
La COP31 debe continuar abierta al escrutinio público, la protesta pacífica y la disidencia, y las comunidades afectadas deben poder configurar las decisiones sobre su futuro sin miedo a represalias.
“No puede haber justicia climática si no hay libertad para exigirla. Turquía y todos los gobiernos que asisten a la COP31 deben proteger la protesta pacífica y garantizar que las comunidades afectadas tienen más peso que el sector de los combustibles fósiles en las negociaciones”, ha afirmado Marta Schaaf.
