La Federación cuestiona retrasos, falta de información y la postergación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Anuncia despliegue nacional ante parlamentarios.

La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) se declaró en alerta máxima y acusó al Gobierno de incumplir los compromisos asociados a la implementación de la Ley N° 21.780, que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.

La decisión fue adoptada por unanimidad en una Asamblea Nacional Extraordinaria, donde la organización acordó intensificar su despliegue territorial y llevar sus cuestionamientos ante parlamentarios de todo el país.

La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, cuestionó duramente el manejo del proceso por parte del Ministerio de Justicia.

“Lo que estamos viendo es un incumplimiento grave de una ley que fue aprobada para fortalecer el acceso a la justicia. No aceptaremos que esta reforma se transforme en una simple fusión de instituciones precarizadas, sin presupuesto, sin dotación suficiente y sin garantías para sus trabajadores ni para los usuarios”, señaló.

La federación apunta directamente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y cuestiona el manejo del proceso de instalación del nuevo servicio.

Entre los principales reparos del gremio se encuentra la remoción de la primera directora implementadora, el retiro desde Contraloría del primer decreto destinado a iniciar el despliegue del Servicio y la falta de información a las organizaciones de trabajadores sobre materias como el traspaso de funcionarios, jornadas, remuneraciones y futura dotación.

FENADAJ también cuestionó el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo para postergar la instalación del nuevo Servicio, advirtiendo que la medida no aborda las condiciones estructurales que requiere la reforma.

El gremio exigió al Gobierno resolver la falta de presupuesto y dotación, las jornadas parciales, las deficiencias de infraestructura y la homologación de remuneraciones y condiciones laborales.

Finalmente, la Federación anunció un despliegue nacional ante el Congreso para informar a los parlamentarios sobre la situación y defender la implementación de una reforma que, aseguran, debe garantizar un servicio público digno tanto para sus trabajadores como para la ciudadanía.

Gonzalo Soto
Director del Centro de Atención Psicológica y de Estudios, U. Central

El pasado 10 de octubre se conmemoró el día de la salud mental, hito que, de alguna forma, pone en el
centro la reflexión sobre la importancia de promover y gestionar salud mental en nuestras cotidianidades y en nuestras relaciones interpersonales.

El biólogo chileno Humberto Maturana nos recuerda que las personas vivimos en y con el lenguaje, por lo que es fundamental alertar sobre los malos usos de conceptos relacionados a la psicología. Frases como, “es bipolar”; “tengo ataques de pánico”; “soy narciso”; “debe tener trastorno límite de la personalidad”; “soy TDAH”; “la mina tóxica”, entre otras, dan cuenta de pseudo diagnósticos que aparecen en el lenguaje cotidiano con soltura y sin comprensión real de lo que esto significa en la vida de quienes sí tienen estas condiciones correctamente identificadas.

El manoseo verbal y mal uso de estos y otros conceptos, no nos ayuda a gestionar salud mental, por el contrario, la estigmatiza y sitúa en un lugar de menosprecio que hace que idealicemos lo que es “estar bien” o aumentar el prejuicio de que las personas recurren a la psicología cuando están “mal”.

La salud mental no es ausencia de dificultades o de estar en un estado de eterna felicidad. Este concepto
implica sensibilizarnos sobre la importancia de tener descanso, relaciones sociales saludables, alimentación y trabajo equilibrado. Lo antes descrito, se denomina bienestar subjetivo y es fundamental comprenderlo para evitar lanzar frases que no son coherentes.

La adecuada identificación de las propias emociones, la capacidad de decir lo que uno piensa y siente de forma coherente, el pedir ayuda cuando corresponde y la propia percepción de que somos capaces de afrontar el día a día, son requisitos indispensables para poder reflexionar sobre nuestra salud mental.

Emociones como la tristeza y la ansiedad son parte del repertorio emotivo que todos vivenciamos y son parte del componente anímico de las personas, por eso es importante comprender lo que éstas significan para no confundirlas con pánico o angustia. Si usamos bien los conceptos, nos comprenderemos mejor y sabremos gestionar nuestras propias emociones de forma adecuada y funcional.

Intentemos no caer en el uso de frases cotidianas y sin sentido, seamos responsables de nuestro sentir y de cómo nos relacionamos con otros y con nosotros mismos, pero, sobre todo, seamos sensibles con quienes sufren psicológicamente, apoyemos, acompañemos y sobre todo orientemos con responsabilidad. En este día de la salud mental… ¿cuál es mi evaluación sobre esta en mi círculo cercano?

Los resultados preliminares fueron expuestos durante el seminario “Imagen, percepción y representaciones de las comunidades indígenas del Biobío”, organizado por el Grupo de Investigación en Comunicación e Imagen ICONOS UCSC, en el marco de la ejecución de un fondo de financiamiento interno otorgado por la Dirección de Investigación.

Según el último Censo, más de dos millones de personas en Chile son o se consideran parte de algún pueblo indígena u originario, representando el 11% de la población nacional. Pero ¿cómo se relaciona o interactúa ese 11% con el 89% restante del país?

Bajo esa interrogante, académicos del Grupo de Investigación en Comunicación e Imagen ICONOS de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) elaboraron un estudio a partir de encuestas a más de 650 personas para conocer cómo la ciudadanía, las empresas e incluso los medios de comunicación locales perciben a las comunidades indígenas de la Región del Biobío.

El estudio, titulado “Análisis de las representaciones mediáticas, percepciones de los habitantes de Concepción y políticas de relacionamiento de las empresas respecto a las comunidades indígenas de la Región del Biobío”, fue liderado por el coordinador del grupo ICONOS UCSC, Dr. Fernando Fuente-Alba, junto a los académicos de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la UCSC, Dr. Óscar Basulto, Dra. Lorena Retamal, Dra. Erna Ulloa, Javier Martínez, Rigoberto Albornoz y Horacio Salgado.

Resultados preliminares

Dentro de los resultados preliminares destaca el reconocimiento al impacto positivo de las comunidades indígenas en la cultura y las tradiciones locales, con un 70,2%, además de un 60,5% de valoración respecto de su contribución al desarrollo regional, asociada principalmente a los sectores forestal, agrícola y turístico.

El estudio también evidenció el impacto del trato directo en la reducción de prejuicios y en laapreciación del valor cultural de los pueblos originarios, pues, a pesar de la brevedad y frecuencia ocasional de la interacción previa (57,9%), la experiencia fue calificada mayoritariamente de manera favorable, alcanzando una media de 5,22 en una escala de 1 a 7.

Aun así, la discriminación persiste en el día a día. Un 63,3% de las personas encuestadas confirma la existencia de un trato injusto hacia la población indígena en la Región del Biobío, mientras que la percepción sobre la igualdad de oportunidades refleja una clara división: apenas el 44% considera que existe equidad en el acceso al desarrollo frente al resto de la ciudadanía.

Respecto de la adscripción de estereotipos específicos hacia el pueblo mapuche, el estudio reveló dinámicas complejas marcadas por la inclinación política de los encuestados izquierda/centroizquierda frente a derecha/centroderecha).

En relación con la conflictividad y la agresividad, la primera representa el estereotipo negativo más extendido, atribuido por un 57,2% a la mayoría o la totalidad del pueblo mapuche. Por el contrario, la agresividad registra menor adhesión: un 54,2% considera esa cualidad ajena al grupo o presente solo en una minoría.

Del mismo modo, los datos reflejan una paradoja ideológica: los sectores de izquierda o centroizquierda asignan menor agresividad y reconocen las desigualdades sistémicas, pero atribuyen mayor conflictividad; en contraste, la derecha o centroderecha percibe mayor agresividad, aunque destaca la valoración de los integrantes del pueblo mapuche como “trabajadores”, descartando el estereotipo del “indígena perezoso”.

Percepción en medios de comunicación

Respecto del tratamiento de los medios de comunicación regionales, los resultados del estudio señalan una disparidad en la cobertura del pueblo mapuche. La presencia temática alcanzó un 80% en portales de alta frecuencia noticiosa, frente a cifras inferiores al 50% en la prensa escrita tradicional. Dicha variabilidad editorial incide directamente en los marcos de interpretación noticiosos y en la construcción del discurso sobre las comunidades originarias.

Por otra parte, la investigación registró una baja participación de fuentes indígenas en la cobertura periodística. Pese a la presencia de pueblos indígenas en la pauta noticiosa, la inclusión de sus oceros es limitada, concentrando la construcción del relato en actores externos y restringiendo la intervención directa de las comunidades en la elaboración del discurso mediático.

En la dimensión gráfica, el análisis evidencia un uso casi universal de la fotografía informativa, con una presencia que fluctúa entre el 76% y el 100%, según el medio. Predominan los planos generales y las angulaciones neutras, encuadrando la imagen dentro de un esquema descriptivo y documental. El recurso opera prioritariamente como apoyo técnico al texto, omitiendo su uso como narrativa visual autónoma.

Presencia en reportes de sostenibilidad

Finalmente, las investigadoras Dra. Lorena Retamal y Dra. Erna Ulloa evaluaron las políticas de relacionamiento de empresas forestales, energéticas, pesqueras y sanitarias de la Región del Biobío desde la comunicación estratégica y los marcos internacionales Global Reporting Initiative (GRI) 411 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para ello, analizaron la madurez institucional frente a los pueblos originarios en cinco dimensiones: gobernanza, marcos normativos, consulta y diálogo, patrimonio y comunicación.

Los resultados ubican al sector empresarial en un nivel básico de madurez, con 2,41 puntos sobre 5, y evidencian una marcada disparidad sectorial. La gobernanza aparece como la dimensión más avanzada, a partir de la formalización de políticas internas, mientras que el sector forestal sobresale por sus protocolos específicos de relación con el pueblo mapuche. En contraste, las empresas pesqueras presentan las puntuaciones más bajas, mientras que el rubro energético muestra una marcada asimetría: lidera en consulta y diálogo, pero obtiene resultados inferiores en patrimonio y comunicación.

El análisis identifica como principal debilidad del sector privado la gestión del territorio y del patrimonio cultural e inmaterial indígena, al tratarse del ámbito más desatendido en los autoinformes empresariales. A ello se suma una presencia casi nula, en las rendiciones de cuentas, de aspectos clave como la pertinencia lingüística en mapudungun y los mecanismos efectivos de incidencia comunitaria.

El estudio concluye que uno de los principales desafíos para la comunicación estratégica corporativa es avanzar más allá de la declaración de marcos normativos y traducirlos en acciones concretas que permitan consolidar relaciones de valor compartido con las comunidades.

A siete años del estallido social, el organismo autónomo advierte que persisten importantes brechas de acceso a la justicia e identifica desafíos en los procedimientos policiales, las detenciones de adolescentes y el resguardo de sus derechos en contextos de manifestaciones.

Un total de 525 niños, niñas y adolescentes fueron registrados como víctimas de presuntos delitos asociados a violencia institucional entre enero y septiembre de 2026, según antecedentes del Ministerio Público analizados por la Defensoría de la Niñez. La cifra representa el 97% de lo registrado durante todo 2025, aunque ambos períodos no son directamente comparables.

Los antecedentes forman parte de un nuevo informe de seguimiento sobre las garantías de no repetición de las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, dado a conocer a siete años del inicio del estallido social, el cual examina los desafíos pendientes en materia de justicia, actuación policial y protección del derecho a la manifestación pacífica.

El documento también identifica 1.885 causas judiciales vinculadas a vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes durante el estallido social, que comprenden 2.320 relaciones procesales. De estas, 2.184 se encuentran concluidas (94%), pero solo 28 terminaron mediante sentencia condenatoria, equivalentes aproximadamente al 1,3% de las relaciones concluidas.

El análisis también muestra que de las salidas no judiciales, 1.061 relaciones terminaron por archivo provisional y 434 mediante decisiones de no perseverar, antecedentes que evidencian la necesidad de profundizar en las dificultades existentes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

Junto con el análisis de las vulneraciones ocurridas durante el estallido social y en los años posteriores, el informe incorpora antecedentes de la labor de observación de procedimientos policiales y detenciones de adolescentes desarrollada por la Defensoría de la Niñez en el marco de sus funciones, particularmente en contextos de movilizaciones estudiantiles.

Entre sus hallazgos se encuentran cuestionamientos a la fundamentación de controles de identidad investigativos, denuncias de uso excesivo de la fuerza durante detenciones y dificultades relacionadas con la comprensión efectiva de los derechos por parte de adolescentes detenidos.

También identifica situaciones que requieren revisión respecto del acceso oportuno a defensa penal especializada y de las demoras en las instrucciones a las policías por parte del Ministerio Público, las cuales pueden prolongar innecesariamente la permanencia de adolescentes en recintos policiales.

El documento reconoce, asimismo, prácticas favorables de protección observadas en la 48° Comisaría de Asuntos de la Familia e Infancia, destacando la importancia de fortalecer y extender aquellos procedimientos que resguardan adecuadamente los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Garantías de no repetición y desafíos pendientes

La Defensoría de la Niñez enfatiza que las obligaciones del Estado no se limitan a investigar las vulneraciones ocurridas durante el estallido social, sino que también comprenden adoptar las medidas necesarias para prevenir nuevos hechos de violencia institucional.

En ese contexto, el informe plantea la necesidad de examinar la aplicación de la normativa sobre Reglas del Uso de la Fuerza, recientemente despachada por el Congreso, especialmente en lo relativo al uso de armamento potencialmente letal y la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes.

La institución reafirma que garantizar la seguridad pública y respetar los derechos humanos son obligaciones complementarias del Estado. Por ello, sostiene que las normas y procedimientos deben contar con mecanismos efectivos de supervisión, rendición de cuentas y evaluación de sus consecuencias sobre los derechos de la niñez y adolescencia.

“A siete años del estallido social, el Estado sigue teniendo obligaciones pendientes con los niños, niñas y adolescentes que sufrieron vulneraciones de sus derechos. Los antecedentes muestran que una parte importante de las investigaciones terminó sin alcanzar una sentencia judicial y que todavía existen situaciones que requieren atención en los procedimientos policiales actuales. Las garantías de no repetición no consisten solamente en dictar nuevas leyes o actualizar protocolos. Debemos asegurarnos de que, en la práctica, las instituciones actúen respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes. La seguridad y el respeto de los derechos humanos deben avanzar juntos”, indicó el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

El informe completo se encuentra disponible en este link: Informe-Verdad-Justicia-Reparación – Defensoría de la Niñez

En la tarde noche de este viernes, el Partido Comunista de Chile, inauguró su Conferencia Nacional que fijará la línea política y táctica que llevará adelante la colectividad durante el gobierno de José Antonio Kast.

En el discurso inaugural del presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona, realizó un balance de los primeros meses de gobierno, de la participación de su tienda en el gobierno de Gabriel Boric y de la construcción unitaria de la oposición.

Desde el podio, Lautaro Carmona aprovechó la situación para referirse a la liberación del ex Carabinero Patricio Maturana, condenado a 12 años de cárcel a quien le fue otorgada hace pocas horas la libertad condicional, que comenzará a regir desde el 3 de diciembre, en ese marco Carmona declaró: “A propósito de solidaridad con profundo afecto hacia nuestra querida compañera Fabiola Campillai, manifestamos nuestro respaldo cuando hoy un tribunal ha dado la libertad condicional al ex carabinero Patricio Maturana quien disparó contra ella dejándola ciega. Sabemos del impacto que esto le ha provocado, cuenta con toda nuestra fuerza y cariño, nuestro afecto a Fabiola ante esta grave situación”.

Por otra parte, timonel del PC, aseguró que el gobierno de José Antonio Kast había prometido orden y hoy está entregando “abandono” a la ciudadanía del país y además esbozó lo que serían las “Demandas urgentes para un Chile Justo, próspero y compartido” definición que busca dar cuenta de las urgencias que mantiene el país y que las y los Comunistas acogen como propias.

Entre esas demandas se destacan el IFE de emergencia acotado a tres meses, una contrapropuesta de presupuesto para el país con énfasis en derechos sociales, pasaje gratuito para los adultos mayores, un plan nacional de empleo y el financiamiento de la inversión pública con un impuesto a los súper ricos.

Un 46% de las personas considera que las autoridades locales, como alcaldes y concejales, priorizan intereses personales por sobre los de la comunidad en sus decisiones.

Santiago, 15 de octubre de 2026 — Ipsos presentó su informe “Claves Ipsos” N°55, desarrollado junto a Chile Transparente, que encuesta cada mes a 1.000 personas sobre sus opiniones y comportamientos en torno a temas de interés para el país. En esta edición se indagó sobre la probidad y corrupción en el país, en municipios y sobre la nueva Ley de Protección de Datos Personales.

Percepción de Corrupción en Chile y probidad en las instituciones

La percepción general de la ciudadanía es de un alto nivel de corrupción, donde un 71% de las personas encuestadas percibe un alto nivel de corrupción en el país y el Estado. Sin embargo, esta percepción se atenúa a medida que el contexto es más cercano a la experiencia personal, descendiendo al 54% en la región de residencia, al 40% en la comuna y al 35% en las relaciones entre personas. Adicionalmente, un 41% considera que el nivel de corrupción en la empresa privada es alto.

Al ser evaluadas 15 instituciones del país, 12 resultan vinculadas en mayor medida con la corrupción que con la probidad. Las únicas entidades con un balance favorable en probidad son la Policía de Investigaciones con un 37%, Carabineros con un 36% y las Fuerzas Armadas con un 35%. En el ámbito de la sociedad civil, los emprendedores y dueños de pequeños negocios lideran holgadamente la percepción de conducta honrada con un 69%.

En la otra vereda, las instituciones que encabezan la percepción de corrupción son los partidos políticos con un 74%, el Congreso Nacional con un 70%, los Tribunales de Justicia con un 59%, las Municipalidades con un 55% y el Estado con un 54%.

En la serie histórica de tres años de medición, la asociación de las instituciones públicas y privadas tiende a disminuir, excepto en dos: los tribunales de justicia y medios de comunicación.

“En un contexto de crisis de confianza persistente, resulta especialmente preocupante el alto desprestigio de las instituciones asociadas a los tres poderes del Estado que se ha instalado en la ciudadanía. La fuerte asociación a corrupción de estas instituciones nos habla de una importante erosión de la confianza en el correcto funcionamiento de la democracia”, comenta la directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda Mayorga.

También, un 44% manifiesta no confiar en la labor de las instituciones chilenas encargadas de combatir la corrupción, frente a sólo un 22% que expresa confianza en ellas. En el caso de las municipalidades, sólo 29% cree que las municipalidades cuentan con las herramientas necesarias para prevenir la corrupción, y apenas un 19% las considera transparentes en la rendición de fondos públicos. Además, un 46% de las personas considera que las autoridades locales, como alcaldes y concejales, priorizan sus intereses personales por sobre los de la comunidad.

Para revertir este panorama y fortalecer la probidad local, las prioridades señaladas por la ciudadanía son aumentar el control de los recursos públicos (56%), investigar y sancionar faltas de probidad (51%) y transparentar criterios de entrega ayudas (50%).

 De cara a una posible Reforma al Empleo Público, la transparencia en los criterios de selección de funcionarios destaca como el requerimiento principal que realiza la ciudadanía, mencionada por seis de cada 10 encuestados (61%).

“El deterioro institucional que estamos viviendo nos pone la urgencia de tomar medidas decisivas para enfrentar y frenar los casos de corrupción, recuperar la confianza y por sobre todo dotar a las instituciones de las herramientas efectivas para recomponer su credibilidad. No hay que perder de vista que la urgencia está en donde están los problemas de las personas, en los municipios”, indica el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa.

Respecto a la nueva Ley de Protección de Datos Personales, si bien la mitad de la población afirma haber oído hablar de ella, solo uno de cada tres (33%) de ese segmento comprende realmente su alcance.

Pese al desconocimiento normativo, un 80% manifiesta una alta preocupación por el tratamiento de su información personal. El Registro Civil, con un 58%, y el Registro Social de Hogares, con un 50%, destacan como las entidades que transmiten mayor seguridad en el manejo de datos; mientras que las redes sociales, con un 72%, y las empresas de delivery, con un 59%, son identificadas como las más inseguras.

Las organizaciones advierten que la iniciativa del diputado del Partido Republicano, Diego Vergara, rebaja el estándar sanitario del país y plantean que el acceso rural se mejora con políticas de Estado, no quitando profesionales a las farmacias.

Los sindicatos de químicos farmacéuticos de las principales cadenas del país, Sinprofasa (Farmacias Ahumada), el Sindicato de Químicos Farmacéuticos de Salcobrand y el Sindicato de Químicos Farmacéuticos de Cruz Verde, manifestaron su rechazo al proyecto de ley (Boletín N° 18719-11) presentado por el diputado Diego Vergara y otros cinco parlamentarios, que modifica el Código Sanitario para que la dirección técnica de una farmacia pueda ser ejercida por cualquier persona con un título profesional o técnico de nivel superior del área de la salud, con formación en farmacología, dispensación y normativa sanitaria, y ya no exclusivamente por un químico farmacéutico.

La moción, que se tramita en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca ampliar la cobertura en zonas rurales, donde cerca de 50 comunas no cuentan con una farmacia, y reducir los costos de instalación de nuevos locales. Los gremios comparten la preocupación por el acceso a medicamentos, pero sostienen que la solución propuesta no es la adecuada.

“Para mejorar el acceso se puede recurrir a estrategias y políticas de Estado que no impliquen bajar el estándar sanitario de Chile, que lo posiciona entre los mejores de América Latina”, señaló Viviana Castañeda, presidenta de Sinprofasa. “Plantear farmacias sin farmacéuticos, argumentando barreras para los emprendedores, refleja una mirada comercial y de negocio, y evidencia una nula visión sanitaria”.

Los dirigentes subrayaron que la labor del químico farmacéutico va más allá de entregar un producto. Guillermo Orellana, presidente del Sindicato de Químicos Farmacéuticos de Salcobrand, explicó que “la farmacia comunitaria ha cumplido un rol muy importante al ser, en muchos casos, el primer punto de consulta de los pacientes. Es el profesional farmacéutico quien sugiere derivación a urgencias, una visita médica sin urgencia o aconseja el uso de algún medicamento de venta libre”.

En tanto, Arturo Escalona, presidente del Sindicato de Químicos Farmacéuticos de Cruz Verde, agregó que “es el farmacéutico quien educa a los pacientes sobre el uso y el mal uso de los medicamentos, y quien los apoya para que cumplan con el tratamiento indicado por su médico. Si el argumento es el costo de contratar profesionales en zonas rurales, ¿el siguiente paso serán centros médicos sin médicos?”.

Los sindicatos hicieron un llamado a los parlamentarios de la Comisión de Salud, a las autoridades sanitarias y a la ciudadanía a informarse sobre el contenido del proyecto y a buscar alternativas que amplíen la cobertura en zonas apartadas sin renunciar a la presencia del químico farmacéutico en cada farmacia.

A tres años de la guerra genocida y a un año del acuerdo del cese al fuego la cifra de muertos en Gaza y Cisjordania supera las 74.300 personas.

En cifras oficiales de la Embajada del Estado de Palestina en Chile se señala que son 74.380 personas fallecidas en los ataques perpetrados por el Ejército de Israel y 175.423 los heridos. Cerca del 30% de las personas fallecidas son niños y niñas.

De acuerdo a lo publicado por el medio Aljazeera, el número de fallecidos ascendería los 75.200.

Actualmente son más de 9.400 los encarcelados en Israel donde la mayoría ha sido recluido por detención administrativa que no contempla juicios ni cargos. Instituciones de prisioneros informaron la semana pasada que 92 encarcelados han muerto bajo custodia israelí.

En el informe de la Embajada se cita la situación de mujeres y niñas que reporta ONU mujeres, estimando “que casi 50.000 mujeres y niñas han muerto o sufrido lesiones graves desde 2023”. También, UNRWA “advierte que unas 235.000 personas se refugian en cerca de 400 sitios propensos a inundaciones y más de 44.000 viven en edificios con riesgo de derrumbe”.

Por otra parte, el Observatorio Euro-Mediterráneo de Derechos Humanos advirtió que Gaza es el lugar con mayor número de niñas y niños con amputaciones de la historia moderna. Según su informe unas 40.000 personas en Gaza sufren discapacidades permanentes o lesiones que requieren rehabilitación prolongada, entre ellas 21.000 niñas y niños.

En estos días conmemorativos, la FOI y milicias de colonos israelíes han intensificado ataques contra agricultores que llevaban a cabo la cosecha de aceitunas en campos de olivos. Se han documentado 109 incidentes incluyendo episodios disuasivos, agresiones físicas, muertes y desarraigo de árboles, generando importantes pérdidas.

Medios y organizaciones denuncian que Israel persiste en quebrantar el cese del fuego y alertan sobre la compleja situación de sobrevivencia para los palestinos.

La segunda edición del encuentro, realizada entre el 9 y el 11 de octubre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, reunió a más de 170 expositores y contó con una exitosa convocatoria en sus actividades, lanzamientos y firmas de libros. La organización ya prepara La Furia de Verano, que se realizará entre el 17 y el 20 de diciembre en el mismo lugar.

Con una convocatoria de 32 mil personas durante sus tres jornadas, La Furia Ilustrada cerró exitosamente su segunda edición en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). El encuentro registró un aumento del 130% de público respecto de la edición anterior, consolidándose como un espacio de encuentro para artistas, editoriales, proyectos independientes y amantes del libro, la ilustración y las artes gráficas.

Durante tres días, más de 170 expositores dieron vida a la feria con libros, publicaciones, obras originales y proyectos gráficos, en una programación que incluyó lanzamientos, firmas de libros, talleres, conversaciones y actividades para distintas edades. Con entrada gratuita, el evento convocó a públicos diversos y fortaleció el vínculo entre creadores y lectores.

Firmas de libros y encuentros con destacados artistas

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue la gran convocatoria de las firmas de libros y las actividades con autores nacionales e internacionales. Entre ellos sobresalió el ilustrador y artista visual ruso Anton Gudim, creador de Yes, But, cuyas actividades despertaron un gran interés del público. La sala de su conversatorio junto a la ilustradora chilena Maliki estuvo repleta y sus firmas de libros duraron varias horas.

La presencia de Gudim fue uno de los hitos de esta edición, que también contó con la participación de destacados exponentes de la ilustración y la gráfica chilena, entre ellos Fernanda Frick, Saikomic, Sol Díaz, Malaimagen, Alejandra Acosta, Saraly Gute, Fabián Rivas, Isabel Hojas, Amanda López, Claudio Romo y Alejandro “Mono” González, entre otros.

A lo largo de las tres jornadas, el público pudo conocer nuevas publicaciones, encontrarse con sus autores favoritos y participar en una programación que combinó creación, conversación y experiencias en torno al libro ilustrado, el cómic, el manga y las artes gráficas.

La feria también ofreció talleres y actividades para niños, niñas y familias, además de instancias dirigidas a estudiantes y profesionales del sector, con espacios para explorar distintas técnicas y reflexionar sobre los desafíos de la ilustración como oficio.El crecimiento registrado en esta segunda edición refleja el interés por contar con espacios dedicados a la ilustración, el libro y las diversas expresiones de la creación gráfica. La participación del público y la respuesta a las actividades reafirman el valor de generar instancias de encuentro entre artistas, editoriales, profesionales del sector y comunidades lectoras.

“Esta edición de La Furia Ilustrada fue un éxito. Crecimos un 130% en público respecto de la versión anterior y vimos cómo las personas participaron activamente, llenando actividades y haciendo de las firmas de libros y los encuentros con los artistas momentos muy especiales. Nos alegra comprobar el interés que existe por la ilustración, los libros y las artes gráficas, y nos motiva a seguir creciendo y generando nuevos espacios para que más personas puedan acercarse a estas expresiones”, dice Carolina Ruiz, directora de La Furia Ilustrada.

La Furia de Verano llega en diciembre al GAM

Tras el éxito de esta edición, La Furia del Libro ya prepara un nuevo encuentro para despedir el año: La Furia del Libro – verano, que se realizará entre el 17 y el 20 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Durante cuatro días, esta nueva versión volverá a reunir a creadores, editoriales y proyectos independientes en torno al libro, con una invitación abierta a descubrir nuevas obras, apoyar el trabajo de autores y disfrutar de una programación cultural para distintos públicos. Próximamente se darán a conocer más detalles de la programación y las actividades de La Furia de Verano.

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·  Las precipitaciones convectivas, el granizo y las lluvias concentradas en cortos períodos podrían seguir afectando a Chile central en los próximos meses. Especialistas llaman a fortalecer la prevención y la preparación de las comunidades frente a eventos extremos.

Las lluvias intensas, las granizadas y los eventos meteorológicos extremos registrados durante las últimas semanas en Chile central han vuelto a poner en evidencia los riesgos asociados a un clima cada vez más variable. En un escenario marcado por la presencia del fenómeno de El Niño y proyecciones que apuntan a condiciones que podrían mantenerse hasta marzo, especialistas advierten que la preparación ante posibles emergencias será fundamental durante la primavera y el verano.

Raúl Valenzuela, académico de la Universidad de O’Higgins (UOH) e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), explica que las condiciones actuales favorecen la ocurrencia de nuevos episodios de precipitaciones. Sin embargo, advierte que su distribución representa un desafío para los pronósticos y la prevención.

“Dado que estamos en un Niño bastante fuerte, que deja harto vapor de agua y una atmósfera más cálida, es probable que sigamos teniendo estos eventos”, señala. El investigador agrega que las lluvias convectivas, a diferencia de las precipitaciones invernales más extendidas, pueden concentrarse en sectores muy específicos, incluso a pocos kilómetros de distancia entre un lugar y otro.

Esta característica exige mantener la atención en los pronósticos, aunque no se registren precipitaciones en todos los sectores de una comuna o localidad.

Riesgo en zonas cordilleranas y precordilleranas

La intensidad de las tormentas también puede favorecer procesos de remoción en masa, especialmente en áreas de pendientes pronunciadas, quebradas y terrenos con escasa cobertura vegetal.

Jorge Romero, también académico de la UOH, advierte que las tormentas intensas y las precipitaciones concentradas en poco tiempo pueden incrementar el peligro en zonas cordilleranas, precordilleranas y de piedemonte. Entre los sectores que requieren especial atención menciona aquellos afectados recientemente por incendios forestales, donde la pérdida de vegetación puede aumentar la vulnerabilidad del terreno.

“Vamos a ver un incremento en estas tormentas intensas con desarrollo de fenómenos de granizo, concentradas en poco tiempo, y eso va a aumentar considerablemente el peligro de generación de remociones en masa”, sostiene.

Frente a este escenario, el académico llama a reconocer las características del territorio y evitar quebradas o zonas deprimidas donde puedan concentrarse flujos de agua. También recomienda informar a las autoridades sobre la presencia de basura o escombros en cauces y quebradas, además de seguir las alertas de los organismos oficiales.

La preparación comunitaria como herramienta de prevención

La prevención, sin embargo, no depende únicamente de los pronósticos y de la respuesta de los servicios de emergencia. Para Christine Eriksen, investigadora de ETH Zúrich, quien participó en la Universidad de O’Higgins del Primer Encuentro de Reducción de Riesgo de Desastres y Gobernanza Territorial, es fundamental fortalecer la capacidad de las comunidades para reconocer los riesgos de su entorno, organizarse y actuar oportunamente. Esto implica conocer las rutas de evacuación, identificar fuentes confiables de información y reconocer a las personas que podrían necesitar ayuda durante una emergencia.

“La comunidad ayuda a ampliar la capacidad de respuesta de estos servicios”, sostiene la especialista, quien advierte que la preparación debe considerar también las características sociales y territoriales de cada localidad. En ese sentido, alerta sobre la expansión de viviendas hacia laderas y terrenos expuestos a deslizamientos, aluviones e inundaciones, una situación que puede agravar las consecuencias de las lluvias extremas.

“Es urgente difundir este tipo de información”, enfatiza Eriksen, quien plantea que comprender el entorno local y los riesgos asociados a los lugares donde se habita es parte esencial de la prevención. Así, junto con el monitoreo meteorológico y las alertas tempranas, la organización comunitaria puede contribuir a reducir la vulnerabilidad y mejorar la respuesta ante eventos extremos.