Un 55% de los encuestados cree que la economía mejorará. En paralelo, cae 2,1 puntos porcentuales la percepción sobre la estabilidad laboral.

La compañía líder de investigación de mercados Ipsos lanza su último informe “Índice de Confianza del Consumidor” (CCI, por sus siglas en inglés), donde se recoge la percepción de más de 20 mil personas en 30 países para medir el nivel de optimismo de los consumidores en relación con la situación de las economías locales, las finanzas personales, los ahorros y las condiciones para invertir.

En esta primera edición del año, el índice de confianza del consumidor registra 49,4 puntos, con un alza de 0,2 puntos porcentuales (pp.) en comparación al mes anterior y de 6,1 pp. por sobre enero pasado. En la comparación interanual, solo el Índice de Corea del Sur muestra un mayor crecimiento entre los 30 países (+8,7 pp).

De esta forma, Chile se ubica en la mitad superior de la clasificación global, en el puesto 14 de 30 naciones y muy cerca del umbral de 50 puntos que marca el optimismo con respecto al estado de la economía. 

“Chile parece haber recuperado después de la elección de Kast el optimismo macroeconómica y político, lo que nos tiene rozando el optimismo en términos de confianza del consumidor tras años de incertidumbre. Sin embargo, la fiesta no es completa. El miedo a perder el trabajo sigue latente. Es un repunte robusto en los papeles, pero mientras el mercado laboral no afirme el paso, esta recuperación se siente con freno de mano”, analiza el Country Manager de Ipsos Chile, Nicolás Fritis.

Durante el período de levantamiento de datos, entre el 24 de diciembre y el 9 de enero, se registraron también hechos económicos y políticos relevantes en el país, como el positivo cierre del año bursátil, aumento en el índice Mensual de Actividad Económica de noviembre y la inflación acercándose al rango meta del Banco Central.

La estabilidad laboral en duda

En el desglose del índice revela señales mixtas. Mientras que los subíndices de Inversiones y Situación Actual, que son los dos con menor puntaje a nivel nacional, registran aumentos de 1,4 y 1,1 pp. respectivamente, los indicadores de Expectativas Económicas (-0,5 pp) y Trabajo (-2,1 pp) mostraron retrocesos. Este último resultó ser el componente con mayor caída del mes, lo que refleja un creciente temor sobre la estabilidad laboral.

“Aunque el ánimo general repunta, es difícil pisar el acelerador a fondo cuando el fantasma del desempleo anda rondando. Esa incertidumbre laboral funciona como un ancla. Las expectativas mejoran, sí, pero mientras la seguridad en el empleo sigue al debe, la recuperación no podrá tomar la velocidad que el país realmente necesita.” indica Fritis.

La baja en el subíndice de Trabajo se explica por un deterioro en las tres preguntas que lo componen, reflejando menor percepción de seguridad en el empleo actual, disminución de la expectativa de retención del trabajo a futuro y un aumento en la proporción de personas que declaran que alguien cercano ha perdido su fuente laboral recientemente.

A nivel global, el Índice de Confianza del Consumidor de Ipsos alcanzó los 49,9 puntos en enero, con un incremento mensual de 0,5 pp. Este resultado marca el tercer aumento consecutivo tras varios meses de estancamiento en 2025, y representa una mejora de 1,3 puntos respecto a enero del año anterior. El umbral de los 50 puntos, que separa el pesimismo del optimismo, está cada vez más cerca.

• Casi el 30 por ciento de las inspecciones terminó con la aplicación de multas.
• Comercio, servicios administrativos y transporte fueron los sectores más fiscalizados entre 2022 y 2025.

Un total de 380.380 fiscalizaciones realizó en todo el país y en todos los sectores productivos la Dirección del Trabajo (DT) en los últimos cuatro años, dando así cumplimiento a su misión fundamental que es hacer cumplir las leyes laborales, previsionales y de seguridad y salud.

De ese total, 112.648 fiscalizaciones terminaron con la aplicación de multas, lo que equivale al 29,6% del total realizado, entregando al erario público un total de $521.718.425.878.

Tal como lo sostuvo desde un comienzo la nueva administración de la DT, el énfasis primordial fue recuperar los niveles fiscalizadores anteriores a la pandemia por Covid-19. Ello, debido a que la disminución de la actividad productiva en el país durante la emergencia sanitaria  redujo también el número de actos inspectivos.

El actual director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, evaluó que “nos sentimos muy satisfechos de lo logrado en estos últimos cuatro años porque hicimos un gran esfuerzo por retomar la intensidad fiscalizadora que siempre ha caracterizado a la Dirección del Trabajo, abarcando a sectores económicos que tenían una baja tasa de inspección y también a emergentes formas de trabajo, como los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, los operadores de tienda del retail y supermercados que deben cumplir tareas múltiples y las jugadoras profesionales del fútbol femenino”.

Por ello, si en 2020 se hicieron 73.943 fiscalizaciones, creciendo a 78.079 en 2021, período afectado por la pandemia, ya en el primer año de la nueva gestión se observó un aumento con 82.508 fiscalizaciones, elevándose a 91.045 en 2023, a 102.749 en 2024 y a 104.078 en 2025.

Del total del periodo, 70.593 correspondieron a fiscalizaciones ejecutadas en programas aplicados en actividades económicas específicas, como el comercio, servicios, construcción, transporte, trabajo agrícola de temporada, minería, industria, salmonicultura, entre los tradicionales, y en fútbol femenino, plataformas de delivery y nuevos puestos creados en el retail, como el operador de tienda, entre los emergentes.

También fue relevante la fiscalización del trabajo infantil y de los riesgos psicosociales que afectan a trabajadores y trabajadoras.

El volumen inspectivo planificado y no meramente en respuesta a denuncias significó finalmente el 18,5 por ciento del total ejecutado.

Sectores más fiscalizados

La actividad económica que lideró la inspección aplicada por la DT fue el comercio, con 68.389 fiscalizaciones, equivalentes al 17,9 por ciento del total.

Le siguió el rubro de servicios administrativos, con 57.196 fiscalizaciones, correspondientes al 15,0 por ciento.

Los otros tres sectores más fiscalizados fueron transporte y alojamiento, con 31.639 (8,3 por ciento); industria manufacturera, con 26.837 (7,0 por ciento) y construcción, con 25.604 (6,7%).

Materias sancionadas

En el balance, las 112.648 multas aplicadas incluyeron un total de 192.914 sanciones -debiéndose considerar que una multa puede aglutinar a más de una materia sancionada-.

La materia más castigada fue  “no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización”, con 23.101 sanciones, equivalentes al 9,4%.

A continuación figura “no llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo”, con 11.434 sanciones (4,6%).

Luego aparece “no registrar un correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, donde deberán practicarse las notificaciones, citaciones y comunicaciones”, con 9.934 sanciones (4,0%).

Después está “no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo”, con 6.637 sanciones (2,7%).

Y en quinto lugar entre las materias más sancionadas aparece “no consignar por escrito las modificaciones del contrato de trabajo”, con 6.178 sanciones (2,5%).

A nivel de sanciones, las 192.914 aplicadas representan el 50,7 por ciento de las fiscalizaciones.

Fiscalización de las 40 Horas

A partir del 26 de abril de 2024 la DT empezó a fiscalizar el cumplimiento de la Ley N° 21.561, conocida como “Ley de 40 Horas”.

Desde entonces se recibieron 2.823 denuncias, siendo la principal “exceder la jornada ordinaria semanal de trabajo de 44 horas”, con 1.125 (39,8% del total).

Se realizaron 21.268 fiscalizaciones y se aplicaron 1.251 sanciones.

Comercio, con 452, servicios administrativos, con 144 y alojamiento y servicio de comida, con 96, fueron los rubros más castigados.

La principal materia denunciada fue también la más multada, en 551 ocasiones.

El monto total de las multas alcanzó $3.318.603.020.

El documento es una revisión de las entrevistas y encuentros realizados durante el 2025 a más de 100 mujeres, quienes identificaron las brechas y oportunidades de participación femenina en Startups y Empresas de Base Científico-Tecnológica.

Barreras institucionales y de implementación, trayectorias no lineales y espacios fuertemente masculinizados fueron mencionadas entre las principales conclusiones del Informe de Sistematización de la Mesa +Mujeres: Startups y Empresas de Base Científico Tecnológica.

El análisis recoge la experiencia de usuarias y referentes institucionales vinculadas al Programa Start-Up Ciencia de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, además de aprendizajes transversales sobre otros instrumentos públicos de apoyo al emprendimiento científico-tecnológico. Se recogieron evidencias cualitativas de tres sesiones temáticas de la Mesa +Mujeres y de conversaciones generadas en el Encuentro Nacional, que reunió a más de 100 mujeres vinculadas a ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en noviembre del año pasado.

“Este informe de sistematización nos demuestra cómo las mujeres se han abierto camino en entornos donde aún existen barreras de financiamiento, de redes y de visibilidad que limitan su participación. Desde el MinCiencia debemos trabajar con esta nueva generación de liderazgos que cambia la forma de hacer innovación en Chile”, dice el ministro Aldo Valle.

Los hallazgos muestran que las brechas de género no se explican por factores individuales, sino por la suma de barreras institucionales, de mercado, culturales y de redes que, además, se intensifican en las etapas críticas del ciclo de vida de  una EBCT. También destaca la alta valoración de los instrumentos públicos como soporte de crecimiento  junto a distintas oportunidades de mejora para reflejar trayectorias reales, reducir cargas administrativas y realizar acompañamientos especializados.

“La ciencia, la tecnología y la innovación deben ser motores de desarrollo para el futuro de Chile Hacer de este ecosistema uno más inclusivo y colaborativo es urgente, para dar el salto cualitativo que el país requiere”, añadió el ministro Valle.

Entre las recomendaciones para fortalecer la proyección de mujeres en startups y EBCT están medidas como: avanzar en procesos de simplificación administrativa, dar más visibilidad a casos de mujeres líderes y profundizar alianzas con instituciones financieras públicas y privadas.

El informe de sistematización busca aportar insumos concretos para la disminución de la brecha de género. Esto reafirma el compromiso del Ministerio de Ciencia por una innovación con sentido público y la construcción de un ecosistema CTCI  más diverso y equitativo.

• “Profes del fin del mundo: Unidocentes” consta de cuatro capítulos donde se presenta la historia de docentes que comparten un denominador común: el cariño y dedicación para enseñar simultáneamente a niñas y niños de distintas edades en una misma sala de clases en localidades rurales de Chile como Camiña, Monte Patria, Petorca y Aysén.
• Descubre los capítulos de la serie en el sitio web https://megustamiescuela.mineduc.gob.cl/unidocentes, y en las redes sociales oficiales de Mineduc.

En Chile hay lugares donde las salas de clases comparten con las estrellas del desierto, con los valles cordilleranos o con la bruma del mar austral. Lugares donde un solo maestro abre cada mañana, toca la campana y representa al Estado, en escuelas que muchas veces acogen a dos, tres o cinco estudiantes. Profesionales de gran compromiso, que siguiendo la inspiración de Gabriela Mistral insisten en un principio simple y profundo: “no podemos renunciar a educar”.

Con el fin de rendir homenaje a la vocación de los más de 900 unidocentes que trabajan en todo el territorio nacional, el Ministerio de Educación estrenará entre el 8 y el 22 de febrero, mediante sus plataformas sociales la serie “Profes del fin del Mundo, Unidocentes”, serie documental que recorrerá rincones de Chile donde solo una profesora o profesor sostiene el derecho a aprender.

Cuatro historias y un mismo país que enseña desde sus rincones

En Moquella, en la quebrada de Camiña, la maestra Beatriz Tapia enseña a sus 12 estudiantes rodeada de tradiciones aymaras, representaciones del solsticio y caminatas patrimoniales que conectan a los niños con los petroglifos del valle. Cada viernes viaja cinco horas a Iquique para ver a su familia, y cada lunes vuelve a abrir su escuela como quien abre un libro antiguo que le pertenece.

A cientos de kilómetros al sur, pero bajo el mismo espíritu, Eduardo Pérez hace clases en la escuela Carmen Prat, en Monte Patria. Ahí, entre viñedos y las aguas del Río Grande, trabaja con seis niños de diferentes edades en una sola sala, combinando objetivos comunes con actividades diferenciadas. Es maestro, director y coordinador de un microcentro rural donde docentes de la zona comparten aprendizajes. Eduardo es la continuidad de una tradición familiar de educadores públicos que enseñan donde otros no llegan.

Siguiendo la ruta hacia la cordillera de Petorca está la escuela El Crucero. El profesor Andrés Gallardo enseña a dos hermanos, Catalina y Vicente, y varios días los acompaña desde o hacia su casa para evitar que caminen en solitario los cinco kilómetros por la ruralidad profunda. Para él, la escuela es también un espacio para que los niños conozcan otras realidades, participen en ferias científicas o actividades deportivas, aun viviendo donde el mundo parece estrecho. Su convicción: que la geografía no sea un límite para las oportunidades.

Finalmente, la serie documental recalará en Isla Toto, en la Región de Aysén, donde profesora Soledad Ubilla recibe cada mañana a dos estudiantes que llegan en bote desde otra isla. Entre pasarelas de madera suspendidas sobre el mar, sin calles y con ballenas jorobadas pasando frente a la escuela, Soledad enseña con metodologías activas, caminatas por el bosque y una presencia estatal que se reduce a dos instituciones: la posta y su escuela. Allí, la educación no es solo un derecho: es un compromiso del día a día.

Los establecimientos unidocentes en cifras

Según cifras del Centro de Estudios Mineduc, las escuelas unidocentes de Chile forman un universo educativo, donde se desempeñan 928 docentes, de los cuales 66,5% son mujeres y 33,5% hombres. La gran mayoría de estos profesionales ejerce en zonas rurales, que concentran el 76,6% de estos establecimientos (711 escuelas), mientras que el 23,4% restante se ubica en áreas urbanas.

Por su parte en cuanto a dependencia, predominan las escuelas municipales (44%), seguidas por las particulares subvencionadas (28%), los establecimientos de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) (18,8%) y, en menor medida, las particulares pagadas (9,3%).

Territorialmente estos establecimientos se distribuyen con mayor presencia en las regiones de Coquimbo (17%), Los Lagos (16,9%), La Araucanía (15,2%), Biobío (9,2%) y Los Ríos (8,1%).

El acuerdo de la ONU establece por primera vez reglas vinculantes para conservar la biodiversidad marina fuera de las fronteras nacionales, reforzando la gobernanza oceánica global y abriendo nuevos desafíos para países como Chile.

El 17 de enero de 2026 entra en vigor el Tratado de la ONU sobre Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), un instrumento internacional que marca un hito en la protección de la alta mar, zonas oceánicas ubicadas más allá de las 200 millas náuticas y que hasta ahora carecían de un marco regulatorio integral y vinculante.

El Tratado BBNJ (por sus siglas en inglés), impulsado en el marco del sistema de Naciones Unidas, tiene como objetivo central asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en altamar, abordando uno de los mayores vacíos históricos de la gobernanza oceánica.

Desde la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), el Dr. Iván Hinojosa explica que la entrada en vigor del tratado “marca un punto de inflexión, ya que por primera vez se establecen reglas claras y comunes para proteger ecosistemas que hasta ahora estaban regulados de forma fragmentada”. Entre sus avances concretos, destaca la posibilidad de crear áreas marinas protegidas en alta mar, la exigencia de evaluaciones de impacto ambiental y el fortalecimiento de la cooperación científica internacional.

La relevancia del Tratado BBNJ también se explica desde el derecho internacional. La académica de la Facultad de Derecho UCSC, Carla Chovar, señala que este convenio “representa una novedad respecto de los instrumentos existentes, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) de 1982, ya que permite avanzar en la protección efectiva de espacios marítimos que se encuentran más allá de las jurisdicciones nacionales”.

Según explica la especialista, el tratado no solo amplía la superficie marina protegida, sino que además crea una nueva institucionalidad internacional, con órganos como la Conferencia de las Partes (COP) y distintos comités (científico, de cumplimiento e implementación, y de construcción de capacidades y transferencia tecnológica) que permitirán incorporar conocimiento, fortalecer la toma de decisiones y mejorar la gobernanza en alta mar.

“Se trata de un tratado multilateral de gran envergadura, que requirió al menos 60 ratificaciones para entrar en vigor, lo que da cuenta de su alcance y relevancia a nivel global”, subraya Chovar.

La urgencia del Tratado BBNJ responde a las crecientes amenazas que enfrenta la alta mar, como la sobreexplotación de recursos, la contaminación, el ruido submarino, el cambio climático y el desarrollo de nuevas actividades como la bioprospección genética y la minería en aguas profundas.

Desde la ciencia, el Dr. Hinojosa enfatiza que el tratado entrega herramientas preventivas para enfrentar estos desafíos. “Se busca anticipar los impactos ambientales y reducir los daños antes de que sean irreversibles, en lugar de reaccionar cuando ya es demasiado tarde”, señala.

En la misma línea, Chovar destaca que el acuerdo reafirma la protección de los océanos como un bien común de la humanidad, incorporando principios como el de quien contamina paga, la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y su cosmovisión. Además, resalta su énfasis en la cooperación internacional y en la distribución justa y equitativa de los beneficios, especialmente relevante para países en vías de desarrollo.

Para Chile, país con una de las mayores extensiones marítimas del mundo y una estrecha relación histórica, económica y cultural con el océano, la entrada en vigor del Tratado BBNJ representa tanto un desafío como una oportunidad.

“Este acuerdo puede traducirse en océanos más sanos, lo que impacta directamente en la provisión de alimentos, la regulación climática y el bienestar de las personas”, señala Hinojosa, destacando además su potencial para fortalecer la investigación científica marina y la cooperación internacional.

Desde el ámbito jurídico, Chovar recuerda que Chile ha tenido un rol activo en el liderazgo ambiental a nivel internacional, participando desde las negociaciones del tratado y postulando a Valparaíso como sede de la secretaría del organismo, además de impulsar iniciativas como la reciente Opinión Consultiva OC-23 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“En términos prácticos, el Tratado BBNJ implicará avanzar en políticas públicas, financiamiento e investigación para cumplir con sus objetivos. Chile tiene el potencial de transformarse en un referente en ciencia y tecnología marina, donde las universidades están llamadas a jugar un rol protagónico”, concluye la académica.

Con la entrada en vigor del Tratado BBNJ, la protección de la alta mar da un paso decisivo, integrando ciencia, derecho y cooperación internacional para enfrentar uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI.

• El sábado 7 de febrero, casi 100 comunas estarán bajo alerta en las regiones de Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía. 

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) alerta a la población sobre un significativo aumento del riesgo de incendios forestales que alcanzará su punto más crítico durante el fin de semana, especialmente el sábado 7 de febrero, cuando cerca de 100 comunas y más de 2,2 millones de hectáreas estarán bajo condiciones de alto riesgo.

La información fue determinada gracias al Botón Rojo, herramienta creada por CONAF, que permite identificar territorios que tendrán un mayor potencial de ignición y propagación de incendios forestales. 

“Como dice nuestra campaña de prevención: todos los incendios forestales tienen nombre y apellido. En Chile, el 99,7% son causados por acción humana, lo que significa que prácticamente todos podrían evitarse. Hagamos un llamado a la responsabilidad: no encienda fuego al aire libre, no queme basura en zonas rurales, tenga precaución al usar maquinaria que genera chispas y extreme los cuidados en estos días de mayor riesgo. La prevención depende de cada uno de nosotros”, señaló el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca.

Detalle por día:

• Viernes 6 de febrero: Aumento importante del riesgo en la zona central, especialmente en O’Higgins y Región Metropolitana, con 36 comunas afectadas. Comunas como Santa Cruz, Melipilla, Paine, Lonquimay y sectores del valle interior requerirán especial atención.
• Sábado 7 de febrero (día crítico): Casi 100 comunas estarán bajo alerta en las regiones de Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía.
• Domingo 8 de febrero: Aunque disminuye respecto al sábado, el riesgo se mantiene alto en Maule y O’Higgins.
• Lunes 9 de febrero: Descenso marcado del riesgo, aunque permanecerán zonas de atención en la Región Metropolitana y O’Higgins.

Acciones preventivas:

• NO realice quemas de ningún tipo, especialmente entre este viernes y domingo.
• NO use maquinaria que genere chispas en zonas con vegetación seca.
• NO encienda fogatas ni parrillas en sectores rurales o forestales. 
• Posponga trabajos agrícolas o forestales de riesgo para después del lunes.
• Mantenga limpio el entorno de su vivienda, eliminando pastizales secos.

Si detecta un incendio forestal: Llame de inmediato al 130 de CONAF, indique la ubicación exacta del fuego, no intente combatirlo por su cuenta y evacúe siguiendo las instrucciones de las autoridades.

• Un estudio de HelpAge International revela consecuencias para la salud física y mental de las personas mayores
• La grave escasez de alimentos nutritivos, medicamentos y alojamiento contribuye a condiciones inhumanas
• “Los derechos y las necesidades de las personas mayores de Gaza no deben ser ignorados” – Erika Guevara-Rosas

Las personas mayores de Gaza sufren una crisis de salud física y mental desatendida en el contexto del bloqueo continuo de Israel a la ayuda y los medicamentos esenciales, y de su prohibición reciente de las organizaciones humanitarias, según revela un nuevo estudio de HelpAge International y Amnistía Internacional.

En el estudio sobre salud llevado a cabo por HelpAge International, varias personas mayores dijeron que la escasez de alimentos las habían obligado a saltarse comidas, entre otros motivos para garantizar que otros miembros de la familia pudieran comer, y otras comentaron que habían tenido que racionar los medicamentos para enfermedades graves debido a la falta de acceso.

Las personas mayores internamente desplazadas también describieron a Amnistía Internacional que la falta de acceso a alimentos nutritivos, alojamiento adecuado y atención sanitaria debida al bloqueo continuo impuesto por las autoridades israelíes les estaba causando un daño extremo. Las personas entrevistadas habían sufrido varios desplazamientos desde octubre de 2023.

“Durante los conflictos armados, las necesidades de las personas mayores suelen pasarse por alto. La población palestina de Gaza sufre un deterioro físico y mental sin precedentes como consecuencia directa de su sometimiento deliberado por parte de Israel a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física”, ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

“El estudio de HelpAge pone de manifiesto que las restricciones ilícitas, crueles e inhumanas impuestas por Israel a la entrada de ayuda para la supervivencia han repercutido en la capacidad de la gente mayor para acceder a atención de la salud y a medicamentos esenciales y han limitado su acceso a alimentos nutritivos y a alojamiento adecuado.”

“Los derechos y las necesidades de las personas mayores de Gaza no deben ser ignorados. Muchas de ellas siguen soportando condiciones de vida degradantes y una situación humanitaria desesperada tras la destrucción de sus hogares y repetidos desplazamientos. Las autoridades israelíes deben levantar el bloqueo de inmediato y sin condiciones y permitir la entrada sin trabas de suministros esenciales, como medicinas y materiales para la construcción de refugios.”

Durante los meses de invierno, la población palestina de Gaza —la mayor parte de la cual vive en tiendas ruinosas o alojamientos improvisados— también ha tenido que lidiar con el desbordamiento de las aguas residuales y las que provocaron las inundaciones, y ha estado expuesta a fuertes vientos. El 1 de enero Israel también suspendió el registro de 37 ONG que operaban en Gaza y Cisjordania, y ordenó el fin de sus actividades en un plazo de 60 días.

Conclusiones del estudio de HelpAge Internacional

HelpAge International encuestó a 416 personas mayores en Gaza y hoy publicó sus conclusiones en un informe titulado Pushed Beyond Their Limits: The survival of older people in Gaza (Más allá de sus límites: La supervivencia de las personas mayores en Gaza). En medio de la grave escasez de alimentos y el colapso de los servicios esenciales, las personas mayores se enfrentan a riesgos específicos que a menudo se pasan por alto. Sus necesidades siguen siendo en gran medida invisibles. A continuación figuran las principales conclusiones del estudio de HelpAge International:

• Las personas mayores viven en condiciones de extrema privación de vivienda: el 76% de las personas encuestadas viven en tiendas, a menudo en condiciones de hacinamiento; el 84% afirmaron que sus condiciones de vida actuales perjudican su salud y su intimidad.
• El desplazamiento ha sido constante y desestabilizador: el 79% han sido desplazadas más de tres veces desde octubre de 2023, lo que ha alterado el apoyo que recibían de sus familias y ha aumentado su aislamiento.
• Los problemas de salud están muy extendidos y, en gran medida, desatendidos: a pesar de la alta prevalencia de las enfermedades y el dolor crónicos, el acceso a medicamentos es extremadamente limitado, ya que el 42% de las personas encuestadas solo pueden obtenerlos “a veces” y el 18%, “rara vez”. El 68% redujeron la dosis de su tratamiento o lo interrumpieron por falta de existencias. El acceso general a la atención sanitaria sigue siendo bajo; solo el 17% de las personas encuestadas afirman disponer de una cobertura sanitaria completa, y el tratamiento de las enfermedades crónicas —sólo un 31% tienen acceso a él— es el servicio que más echan en falta.
• La inseguridad alimentaria es grave y potencialmente mortal: Aunque la mitad de las personas encuestadas afirmaron que desde el alto el fuego era más fácil acceder a la ayuda, el 11% seguían sin haber comido nada en las 24 horas anteriores. El 48% habían reducido su propia ingesta para garantizar la de otras personas.
• La tensión mental es grave y afecta directamente a la nutrición: el 77% afirmaron que la tristeza, la ansiedad, la soledad o el insomnio habían reducido su apetito y afectado a su bienestar.

“La vida se ha vuelto aún más miserable”

La investigación de Amnistía Internacional corroboró estas conclusiones. Incluía entrevistas a 12 personas mayores procedentes de todas las regiones de la Franja de Gaza ocupada que viven en tiendas en los campos para población internamente desplazada de la zona de Az Zawayda, donde las condiciones de vida son extremadamente difíciles. En la mayoría de los casos, un familiar facilitaba la comunicación con la persona mayor, que numerosas veces tenía alguna discapacidad o necesitaba ayuda para utilizar el teléfono móvil.

Las personas entrevistadas afirmaron que se habían visto obligadas a dejar de tomar o racionar los medicamentos para sus enfermedades crónicas por falta de existencias o porque su precio se había triplicado o cuadruplicado. Según la Organización Mundial de la Salud, en octubre de 2025 sólo funcionaban parcialmente menos de 14 de los 36 hospitales de Gaza y menos de un tercio de las unidades de rehabilitación, lo que limitaba gravemente el acceso a la salud de la población de edad avanzada.

Algunas personas mayores habían perdido mucho peso y la mayoría dependía de comedores comunitarios que no siempre proporcionaban alimentos suficientemente nutritivos. El terreno de los campamentos para población internamente desplazada, a menudo irregular y arenoso, impedía que las personas que utilizaban sillas de ruedas o andadores se movieran con libertad, lo que las hacía totalmente dependientes de sus familiares.

Mohammed Bili, de 61 años, había sufrido siete desplazamientos desde octubre de 2023. Necesita tres sesiones de diálisis a la semana. Sin embargo, el centro al que acudía ha sido destruido, y ahora solo recibe dos sesiones, y más cortas. Le cuesta mucho desplazarse en su silla de ruedas por el terreno del campamento y ha perdido casi 20 kg.

Contó lo siguiente a los investigadores de Amnistía Internacional: “Sufro de rigidez extrema en los brazos y debilidad muscular debido a que no puedo acceder a la diálisis con la frecuencia que necesito”.

Samira al Shawa, de 88 años, utilizaba un andador para desplazarse de forma independiente. Ahora vive en un campamento para población internamente desplazada cuyo terreno arenoso le impide caminar. Pasa la mayor parte del tiempo tumbada en una cama improvisada en su tienda de campaña. Su familia recibe alimentos de comedores sociales, pero son insuficientes y carecen de los nutrientes adecuados. Samira ha perdido unos 20 kg desde octubre de 2023.

Sadiqa al Barrawi, de unos 90 años, ha sufrido tres desplazamientos desde octubre de 2023. Actualmente vive en una tienda de campaña en el campamento para población internamente desplazada de Salam junto con su hijo, la esposa de este y sus cuatro hijos. Una noche de enero de 2025, mientras iba al baño, se cayó y se lesionó, y ahora no puede ponerse de pie ni caminar. La mujer dijo a Amnistía Internacional: “Desde entonces la vida se ha vuelto aún más miserable”.

Sadiqa tiene diabetes e hipertensión. Ha perdido unos 25 kg y depende de la comida que le proporcionan los comedores sociales. Añadió: “Somos campesinos. En el pueblo tenemos tierras y los mejores alimentos frescos, y aquí no tenemos nada”.

Información complementaria

Las personas de más de 60 años representan en torno al 5% de la población de Gaza. Según el Ministerio de Salud palestino, a principios de diciembre de 2025, 4.813 personas mayores habían perdido la vida violentamente en Gaza desde octubre de 2023, aunque esta cifra no incluía las muertes indirectas debidas, por ejemplo, a la destrucción de las infraestructuras sanitarias. Según un informe de la UNWRA, muchas personas mayores pierden el contacto con sus cuidadores debido a las hostilidades o a las perturbaciones que provoca el desplazamiento. Amnistía internacional ha documentado cómo en las situaciones de conflicto armado las personas mayores corren mayor riesgo, y cómo se pasan por alto sistemáticamente sus necesidades humanitarias.

En diciembre de 2024, Amnistía Internacional concluyó que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, alegando que el país había llevado a cabo actos prohibidos en la Convención sobre el Genocidio: matanza de miembros de la población palestina de Gaza, lesión grave a su integridad física o mental, y su sometimiento intencional a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física.

Pese a la reducción de la magnitud de los ataques desde el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025, no hay un cambio significativo en las condiciones a las que Israel somete a la población palestina de Gaza ni nada que indique un cambio en la intención de Israel de cometer genocidio.