El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó al complejo estado del país, luego de conocerse nuevas cifras de inflación, un marcado decrecimiento en regiones y el alza de la U.F.

En esa línea, valoró el llamado de las federaciones de estudiantes y la Confech a una movilización para el 1° de octubre de paro nacional. La convocatoria ha sido adherida por la Central Unitaria de Trabajadores. “Son los primeros en tocar la campana de alarma”, expresó sobre la iniciativa estudiantil.

“Sin lugar a dudas, es un elemento cualitativo de mucha importancia”, agregó enfatizando también sobre la prometedora alianza entre trabajadores y estudiantes.

En referencia al descontento ciudadano frente al encarecimiento de la vida tuvo otro punto sobre la falta de indexación de salarios, es decir, de un reajuste acorde a las nuevas cifras de inflación. La adhesión de los trabajadores a la movilización es también una manifestación en rechazo a más medidas de recortes fiscales, como se prevé que ocurra con el Presupuesto 2027, comentó.

Escudo de Las Américas 

Por otro lado, apuntó a la inconsistencia con la que el gobierno ha defendido su adhesión al Escudo de las Américas, instancia propiciada por el presidente Trump y que buscaría combatir el crimen organizado a nivel regional. Varios son los cuestionamientos sobre el impacto que genera en la soberanía del país y las prebendas económicas que se otorgan a Estado Unidos:

Asimismo, criticó la falta de política de Estado y de país en el discurso emitido por el Presidente Kast al momento de exponer en la 81° Sesión de la Asamblea de Naciones Unidas: “Somos parte del mundo y somos parte de América Latina”, reivindicó el presidente del PC ante tales deficiencias.

Una solución no de fondo

En materia legislativa, el presidente del PC criticó la reforma al sistema político que podría ser despachada a ley esta semana. El proyecto contempla la exigencia de contar con 0,3 % de afiliados en al menos 8 regiones del país, o un tope de 50% para las candidaturas independientes bajo el respaldo de un partido en la Cámara y el Senado.

Además, la iniciativa plantea exigir que en la definición de  principios de cada partido exista la obligatoriedad de condenar los regímenes totalitarios y la violencia como acción política

“Tiene poco alcance para los temas de fondo”, expresó Carmona, indicando la redundancia de la moción que ya estaría prevista en la Constitución.

Respecto a los acuerdos  que podría propiciar esta ley, observó por qué hay tanta expresión de tantas fuerzas por la deslegitimidad de la política: “Las colectividades no dan el ancho y la gente abre adhesiones, no es culpa de la gente ni de quienes usando un legítimo derecho a postular”, dijo advirtiendo cómo a este problema se le busca una solución equívoca en la arena administrativa.

Santiago, 28 de septiembre de 2026. El diputado Luis Cuello (PC) junto a Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Irací Hassler (PC) y Jaime Bassa (FA) presentaron este lunes un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos a la que el Gobierno adhirió el pasado 22 de septiembre.

Los parlamentarios acusan que el Gobierno presentó públicamente el Escudo de las Américas como un mecanismo de coordinación para combatir el crimen organizado, pese a que la declaración suscrita por Chile contempla compromisos económicos, de seguridad, inteligencia y coordinación multilateral. A juicio de los requirentes, estos antecedentes demostrarían que se está frente a un “tratado internacional encubierto”, cuyo verdadero alcance no habría sido transparentado al país y que amenaza la soberanía nacional.

Entre los aspectos cuestionados se encuentran disposiciones destinadas a salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos —que podrían involucrar recursos estratégicos para Chile como el cobre y el litio— y la activación de mecanismos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para promover una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas. Sobre este último punto, el requerimiento sostiene que se podría generar una autorización amplia para el ingreso y operación de fuerzas armadas extranjeras en territorio nacional.

En ese sentido, el diputado Luis Cuello (PC) acusó al Gobierno de haber ocultado al país los verdaderos alcances del acuerdo. “El Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto. Desde ese punto de vista, el Gobierno ha engañado al país: quiere hacer pasar por un acuerdo de buenas intenciones un acuerdo que es político, que establece obligaciones para los Estados y que, además, significa un peligro, una amenaza para la soberanía de Chile en varias dimensiones”, afirmó.

“Acá está poniendo en peligro el cobre y el litio de Chile para ofrecerlo a Estados Unidos de una forma que daña nuestra soberanía. En segundo lugar, este acuerdo también es peligroso desde el punto de vista de eventuales operaciones militares en Chile de fuerzas extranjeras. ¿Qué significa eso? Que, en definitiva, se busca una autorización amplia para que fuerzas extranjeras, es decir, fuerzas norteamericanas, puedan operar en territorio nacional, digamos, contra la ley”, agregó.

Por su parte, la diputada y jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, expresó que “para nosotros es importante que exista un pronunciamiento por parte de la Contraloría, porque la interpretación, que no solo hacen las y los parlamentarios sino que también la opinión pública,¿Qué es la adhesión al Escudo de Las Américas si no es un tratado?. Un tratado internacional tiene que pasar por el Congreso Nacional, porque acá no solo se habla de cooperación sobre crimen organizado, que sin duda es una materia sensible, pero no pueden esconder que está detrás un tratado que es engañoso, porque acá se condiciona nuestra soberanía económica y sobre nuestros minerales críticos. 

Lo que queremos hacer es dejar de manifiesto que no solo es una interpretación de las y los parlamentarios, sino que deben tomarse todas las diligencias por parte del Estado de Chile para defender su soberanía”.

En tanto, la diputada Irací Hassler (PC), comentó: “En estos seis meses, el Gobierno se ha caracterizado por no escuchar lo que han señalado distintos actores políticos, la evidencia o la ciudadanía. Pero es momento que cambie de rumbo y, por tanto, que esta vez sí escuche, que no podemos tener un acuerdo en que se pone en juego la soberanía de Chile, nuestros minerales críticos y nuestras decisiones económicas, al alero de los intereses de Estados Unidos. Por el bien de Chile, esperamos que el gobierno dé un paso atrás y rectifique”. 

En ese sentido el diputado Juan Santana (PS) afirmó que “resulta bien paradójico que, casi 80 años después, el presidente José Antonio Kast quiera replicar la dinámica de los países satélites de la Unión Soviética en plena Guerra Fría, sometiendo y subordinando a Chile a los intereses económicos de Norteamérica”.

“Más allá de que el Gobierno presente esto como una mera coordinación policial contra la lucha contra el crimen organizado, lo cierto es que lo que se está comprometiendo en este acuerdo tiene que ver con el control de la inversión, con el control de minerales críticos, que son además normas que están regidas por rangos legales que son necesariamente objeto de discusión en el Congreso Nacional”, agregó.

Como una semana compleja calificó la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, los hechos sucedidos días atrás, luego que Héctor Aladino Cárdenas Venegas, alias el Poroto, conocido narcotraficante de la comuna, fuera asesinado a balazos.

“Para nuestra comuna este tipo de hechos revive un miedo natural que tienen las familias a la hora de llevar su vida”, comenta sobre la serie de restricciones que se imponen para los habitantes de Lo Espejo y sus servicios bajo este panorama de crimen organizado.

Frente al debate sobre cómo se hace retroceder al crimen organizado, la alcaldesa Reyes indicó que es fundamental la investigación que aportan las policías, pero también están las políticas que el Estado tiene que aplicar a nivel territorial como es el control de armas y el marcar una mayor presencia:

Actualmente, uno de los barrios de Lo Espejo está bajo la intervención del gobierno central, pero paradójicamente no corresponde al sector donde ocurrieron los hechos, como también son varios otros los barrios que la requieren. Al respecto, la edil indicó que hay otras herramientas como las que proporciona la Subdere para este abanico de medidas y que hoy no están siendo asignadas para la comuna:

El Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) funciona como una herramienta contra el crimen organizado a través de la recuperación del espacio público. En el actual gobierno son varias las comunas que no han sido contempladas para la entrega de aquel, quedando desprovistas de una estrategia clave para limitar la expansión territorial del crimen organizado.

“No es unir la pobreza con la delincuencia”, puntualizó Reyes respecto a la validación social de estas mafias que se acrecenta cuando hay carencia de políticas de intervención, contraponiendo la resiliencia de la mayoría de los habitantes de la comuna que persisten en alcanzar un mejor estándar de vida, pese a sus escasos recursos económicos:

La profundidad del problema social requiere una estrategia diversificada de intervención, plantea: “Si el Estado pretendía generar ahorros de recursos no puede hacerlo a través de los fondos con los que las comunas terminamos haciendo recuperación de espacios. Es la forma de hacer también retroceder el uso de los espacios públicos que son caldo de cultivo para el crimen organizado”.

La otra cara de Lo Espejo

A su vez, la alcaldesa resalta cómo han logrado “ir levantando y reivindicando el nombre de Lo Espejo”, una de las comunas con mayor vulnerabilidad social en la Región Metropolitana, pero que posee una histórica experiencia de tejido social y una identidad asociada al levantamiento y la creación de poblaciones en el país con una larga trayectoria de vida de barrio.

“Es un lugar con un tremendo potencial, tremenda riqueza, tremendo desarrollo de talentos”, precisa:

A esa experiencia se suman muchas de las iniciativas  de la administración de Reyes, como ha sido la creación de un preuniversitario, la formación de capacidades para el empleo, la acogida de organizaciones culturales, así como el proyecto de la Plaza para la Primera Infancia que se emplazará en un terreno recuperado de la población José María Caro y donde Héctor Cárdenas mantenía un club deportivo ilegal. El recinto fue intervenido y demolido por la alcaldesa, situación que la llevó a ser amenazada de muerte por el narcotraficante.

“Son lugares que si bien han tenido hartas complejidades, todavía existe la pujante nuestras vecinas y vecinos de ir sacando adelante espacios y poblaciones que es lo que al final del día nos parece más relevante para que la gente pueda vivir mejor”, expresó la jefa comunal.

Por otra parte, Reyes durante la jornada, expresó el pesar a nombre de la comunidad de Lo Espejo por el fallecimiento en servicio del cabo segundo, Cristopher Aguilera, en dicha comuna y por quien el gobierno decretó duelo nacional: “Las armas, el narcotráfico y la violencia no pueden seguir llevándose vidas. Necesitamos intervenciones profundas urgentes”, fueron las palabras de la alcaldesa.

Este fin de semana se realizará el Festival MUDA, el 3 y 4 de octubre, en el Parque Estadio Nacional, Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Sitio de Memoria Estadio Nacional hizo un llamado a participar en una cita que quiere ser, en palabras de su presidente, “un festival muy exitoso, lleno de unidad”. Acevedo explicó que la programación se sostiene sobre tres principios: memoria, democracia y derechos humanos.

La fecha no es casual. Septiembre es el mes de la memoria, pero octubre también carga con ella: “fue un mes marcado por ejecuciones y desapariciones forzadas, muchas de ellas particularmente crueles, durante la dictadura”. En palabras de  Acevedo, el festival proyecta que el pueblo de Chile está con estos valores y “no están abandonados en el olvido, como cierto sector político quiere instalar”. Y agrega: “Los derechos humanos, la democracia y la memoria no son valores del pasado; están más vigentes que nunca”

La Carpa del Pensamiento: cultura y reflexión de fondo

El corazón reflexivo del festival es la Carpa del Pensamiento, que busca combinar dos cosas. Por un lado, la cultura y la música como motores para transmitir la memoria: “sin cultura es muy difícil transmitir memoria”. Por otro lado, un espacio de análisis “más allá de los reels y de los 30 segundos que uno ve en redes sociales”, con mesas profundas.

Entre los invitados a los conversatorios figuran Gabriel Boric, Daniel Jadue, Jeannette Jara desde el mundo político,  Gonzalo Peralta  y Marcelo Lagos, desde el mundo de las ciencias. También participarán personas vinculadas a los derechos humanos, integrantes de Madres de Plaza de Mayo desde Argentina, y habrán espacios sobre feminismo y ciencia. “Nosotros lo que hacemos es instalar la conversación”, señala Acevedo, y destaca que será interesante conocer las miradas sobre el Chile de hoy y el Chile del futuro que se quiere construir.

Financiamiento de los sitios de memoria: un retroceso

Acevedo puso cifras sobre la mesa. De los 1.132 sitios de memoria reconocidos, solo 16 reciben financiamiento, menos del 1%. Seis lo hacen por la cláusula presupuestaria (Villa Grimaldi, Londres 38, Hornos de Lonquén, Paine, Pisagua y el Estadio Nacional) y otros diez a través del programa creado en 2023, que es concursable y que este año bajó de 15 a 10 sitios.

“El financiamiento de los sitios de memoria no debería estar sujeto a concursos, sino que debería existir un presupuesto basal”, plantea, y advierte: “estamos retrocediendo respecto de lo que ya se había conquistado hace un año”.

Un fondo de solidaridad para los sitios de memoria

El festival también quiere ayudar a otros sitios. Tras una postulación abierta en marzo, 12 espacios de memoria forman parte de la iniciativa, entre ellos la ex Clínica Santa Lucía, Nido 18, Nido 20, Cerro Chena, Mulchén, Irán 3037 (conocido como La Venda Sexy) y un sitio de Talca.

MUDA no recibe financiamiento de ningún tipo: es autogestionado con la venta de entradas, y con esos mismos recursos se creará el fondo. Acevedo cuenta el caso de la ex Tenencia de Curacaví, a cargo de una organización muy pequeña que trabaja sin ayuda estatal y que recibió el sitio con una deuda de 700 mil pesos en agua y 500 mil en luz: “suena hasta ridículo, pero esa es la situación de precariedad en la que están los sitios de memoria en Chile”. Y aclara: la iniciativa va en ayuda de los sitios “sin quitar la responsabilidad que tiene el Estado de construir y preservar la memoria histórica. Esa es una obligación estatal”.

El trabajo cotidiano de los sitios de memoria

Solo 72 monumentos históricos han sido declarados con el atributo de memoria y, de ellos, únicamente 16 reciben financiamiento. Aun así, el trabajo continúa. El Estadio Nacional recibe “tres o cuatro colegios diarios” en visitas guiadas con material educativo, y los sábados realiza visitas abiertas y testimoniales guiadas por expresos y expresas políticas, lo que permite que “los propios protagonistas” cuenten lo ocurrido.

El recinto tiene 11 espacios de memoria, entre antiguos campos de concentración y memoriales creados por artistas como Mono González, Mon Laferte, Ricardo Núñez y Raúl Zurita. Además, son espacios comunitarios, vinculados con la Villa  Olímpica y otras organizaciones de Ñuñoa.

Toda la información y la compra están en festivalmuda.cl, con enlace directo a Eventrip. Hay promociones para quienes compren las dos jornadas. Además, en la cafetería Odisea, la Cafetería Popular del barrio Yungay y el Museo de la Memoria hay tótems con un código QR que permite comprar cuatro entradas pagando solo dos.

La invitación está hecha: el 3 y 4 de octubre, música, reflexión y memoria para un festival que, con cada entrada, ayuda a sostener los sitios de memoria de todo el país.

A través de un comunicado público el pueblo originario Huasco Altino manifestó su profunda preocupación por los graves hechos ocurridos en torno al proyecto “Prospección Minera El Alto”, de Compañía Minera Nevada SpA, filial de Barrick Gold.

A continuación reproducimos el comunicado íntegramente:

Hay antecedentes técnicos y jurídicos más que suficientes para sostener que “El Alto” no es un proyecto nuevo. Es la continuidad del proyecto Pascua Lama, clausurado de forma definitiva por la autoridad ambiental en 2020 y ratificado por la Excma. Corte Suprema en 2022. Pretender explorarlo con 62 sondajes en el mismo cuerpo mineralógico, a 4.000 msnm, sobre los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, constituye un incumplimiento directo a una resolución de clausura.

Esta es una irregularidad que ya denunciamos. En 2021 el titular intentó ejecutar estos mismos sondajes y fueron declarados ilegales por la Corte Suprema. Hoy los vuelve a presentar fraccionados, tramitando en paralelo la DIA de El Alto y el EIA de cierre de Pascua Lama, para evitar una evaluación integral de sus impactos sobre la criósfera, el agua del río Huasco y nuestros sistemas de vida.

Hemos hecho llegar estos antecedentes a distintas autoridades y hasta la fecha no hemos tenido respuesta.

Nuestra mayor preocupación hoy es institucional:

1. Mientras se espera que el Primer Tribunal Ambiental resuelva nuestras reclamaciones, se ha producido una grave crisis: los tres ministros titulares se inhabilitaron tras la filtración en el sitio web del propio tribunal que publicaba un rechazo a las medidas cautelares sin que existiera resolución formal. A ello se suma la denuncia de posible conflicto de interés del relator de la causa.

2. Esta inhabilitación provocará un retraso aún mayor en el conocimiento de la causa, mientras el titular ya se prepara para iniciar obras.

3. Esta semana, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama en Copiapó debe resolver sobre la invalidación del permiso ambiental de El Alto.

Exigimos:

Al Primer Tribunal Ambiental, el máximo rigor y prudencia. No puede existir justicia ambiental con procedimientos viciados.

A la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, que lea los antecedentes técnicos presentados por las comunidades indígenas y no se quede solo con la versión de Barrick. El Valle del Huasco es el último río vivo que corre de cordillera a mar. Su protección es una obligación del Estado.

No nos oponemos a la inversión. Nos oponemos a que se burle una sentencia de clausura definitiva.

Como Comunidad Huasco Altinos exigimos que la votación de esta semana en la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama se realice con total transparencia y trazabilidad. No aceptaremos una decisión genérica bajo la figura de ‘la comisión resolvió.

Pedimos que cada SEREMI integrante – Salud, Medio Ambiente, Minería, Energía, Obras Públicas, Economía, Agricultura, Vivienda, Transportes, Desarrollo Social – fundamente y haga público su voto de forma individual, tal como lo establece el principio de probidad administrativa.

Que la Delegada Presidencial Regional, Sofía Cid Versalovic, quien preside esta comisión, informe acta en mano quién votó a favor y quién en contra de invalidar un permiso que, a nuestro juicio, es la continuidad ilegal de un proyecto clausurado. El Valle del Huasco necesita saber con nombre y apellido quiénes están del lado del agua y quiénes del lado de Barrick.”

El trovador chileno es nominado a los Latin Grammy en la categoría “Mejor Música para Medios Audiovisuales” por su colaboración en la banda sonora de “La Casa de los Espíritus” en la que interpreta “Deja la vida volar” de Víctor Jara junto a otras dos canciones de su autoría interpretadas por otros artistas. La nominación coincide con un nuevo aniversario del asesinato de Víctor Jara en 1973.

La nominación llega la misma semana del cierre de su exitosa gira “Pánico” con 4 conciertos sinfónicos agotados, el estreno de su nueva canción “Bajo una nube gris” adelanto de su nuevo disco y la presentación en México de su nuevo espectáculo “Al final de este viaje”, un concierto dedicado íntegramente al repertorio de Silvio Rodríguez. Nueva gira con la que Manuel García volverá a recorrer Chile durante el próximo año.

También acaba de estrenar su nuevo videoclip “Bajo una nube gris” que es parte del undécimo álbum de su discografía como trovador, grabado y producido en los Estudios Ojalá de La Habana. 

Con el objetivo de profundizar en los cambios y el impacto de la reciente actualización de la Norma Sísmica NCh433, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, organizó un panel de expertos que abordó los desafíos de la construcción en uno de los territorios más sísmicos del mundo.

El encuentro, realizado en el edificio Justicia Espada del campus Beauchef, convocó a la comunidad académica para analizar de manera multidisciplinaria las nuevas exigencias para el diseño y construcción sismorresistente.

La actividad contó con las presentaciones de destacados especialistas: Rubén Boroschek, académico del Departamento de Ingeniería Civil, experto en ingeniería sísmica y miembro de la comisión revisora de la norma; Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional (CSN); Leonardo Massone, director de IDIEM y especialista en estructuras de hormigón armado, y Gabriel Easton, académico del Departamento de Geología y especialista en fallas.

“Como Facultad tenemos el compromiso ineludible de poner el conocimiento científico al servicio del país. Avanzar hacia nuevos estándares nos exige desafiar los límites de lo posible en la ingeniería y la ciencia, asumiendo la gran responsabilidad de salvaguardar la vida de las personas y construir un Chile cada vez más resiliente ante los embates de la naturaleza“, destacó la decana de la FCFM Susana Mondschein.

Durante la jornada, el profesor Rubén Boroschek profundizó en las modificaciones técnicas que incorpora la NCh433, destacando cómo la experiencia acumulada en terremotos recientes ha permitido afinar los estándares de diseño, señalando que “esta actualización refleja un aprendizaje continuo. Hemos incorporado nuevas variables que nos permiten exigir un desempeño estructural más seguro, adaptándonos a las nuevas realidades de la construcción en altura y a las particularidades de nuestros suelos y sismos”.

Por su parte, el director del CSN, Sergio Barrientos, entregó un panorama actualizado de la sismicidad en Chile, recordando la importancia de mantener una observación permanente de las distintas zonas de ruptura a lo largo del territorio nacional.

“Cada terremoto que ocurre en Chile tiene ciertas propiedades y características que no siempre son iguales a las anteriores. Conocemos muy bien el proceso de subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana, pero nos falta mucho conocimiento sobre los terremotos de profundidad intermedia, que son aquellos que ocurren a más de 60 kilómetros de profundidad. Estos terremotos no ocurren tan frecuentemente, por lo que es muy valioso poder incorporar estos nuevos datos a los nuevos diseños”, apuntó.

Agregó que “una de las componentes principales de la Red Sismológica Nacional es la red de acelerógrafos, que forman una base de observación de aceleraciones que es muy útil para poder diseñar de mejor manera y poder estimar el efecto de los terremotos según el tipo de suelo en que se propagan las ondas sísmicas, lo que es vital”.

El comportamiento de los materiales fue el foco de la presentación de Leonardo Massone, quien hizo hincapié en la necesidad de garantizar la calidad y certificación, especialmente en las estructuras de hormigón armado que predominan en la edificación chilena. El director de Idiem detalló que “no basta con un buen diseño en el papel; la certificación y calidad de los materiales son fundamentales. La nueva normativa pone un énfasis necesario en cómo estos componentes responden en la práctica, asegurando que el hormigón armado cumpla su rol fundamental de ductilidad y resistencia“.

Finalmente, la dimensión territorial y geológica fue abordada por el profesor Gabriel Easton, quien relevó la importancia de considerar la presencia de fallas geológicas activas en la planificación urbana y el diseño estructural.

“No podemos seguir construyendo de espaldas a la geología. Identificar y comprender el comportamiento de las fallas como la de San Ramón es crucial para establecer regulaciones específicas que protejan a las edificaciones situadas en zonas de mayor riesgo por ruptura superficial o amplificación sísmica”, culminó.

El encuentro cerró con un diálogo abierto, espacio en el que se profundizó sobre cómo estas exigencias técnicas se traducirán en la práctica en edificaciones más seguras y preparadas frente al escenario sísmico del país.

“La campaña intensificada de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) afecta a mucho más allá de los miembros de la judicatura y de la fiscalía, y de los grupos de derechos humanos a los que ha sancionado: desalienta la colaboración de la sociedad civil con la Corte y menoscaba el acceso de las víctimas a la justicia”, han declarado hoy Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y otras 36 organizaciones de la sociedad civil.

El 23 de septiembre de 2026, 38 grupos de la sociedad civil presentaron un informe de amicus curiae (amigo de la corte) conjunto ante la Corte Federal de primera instancia para el distrito sur de Nueva York en apoyo de una demanda formulada por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, el Centro de Derechos Constitucionales, Human Rights Watch y el Instituto para una Sociedad Abierta que cuestiona la legalidad de las sanciones impuestas en virtud de la orden ejecutiva 14203. Estas sanciones afectan a miembros del ministerio público y de la judicatura de la CPI, a una experta en derechos humanos de la ONU y a tres grupos palestinos de derechos humanos.

“Detrás de cada organización de la sociedad civil a la que se silencia o expulsa de la CPI están las víctimas y sobrevivientes que esperan que se haga justicia. Estas sanciones afectan a las redes de personas y organizaciones que apoyan a las víctimas que llevan sus historias y pruebas ante la Corte, y siembran el temor mucho más allá de quienes son su blanco directo”, dijo Alexis Deswaef, presidente de la FIDH.

“Para las víctimas a quienes la justicia ya ha dado la espalda en su país, cerrar estas vías puede significar perder una de sus últimas oportunidades de que se rindan cuentas”.

“Cuando la administración Trump intensifica sus ataques contra la CPI y las organizaciones de la sociedad civil esenciales para su labor, es crucial demostrar a la Corte Federal estadounidense que las sanciones perjudican a la sociedad civil global, a víctimas y sobrevivientes de crímenes de derecho internacional, y al propio concepto de justicia internacional”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que el presidente Trump destruya el Estatuto de Roma. El gran número de organizaciones de la sociedad civil que presentan este informe demuestra la resiliencia y la determinación de la sociedad civil para oponerse a las sanciones de Estados Unidos y proteger la CPI”.

El informe de las organizaciones de la sociedad civil expone dos argumentos fundamentales. En primer lugar, las sanciones están fracturando las redes de la sociedad civil que son esenciales para el funcionamiento de la CPI. Las organizaciones de la sociedad civil y quienes defienden los derechos humanos —profesionales del derecho, representantes de víctimas, y defensores y defensoras de sobrevivientes— llevan a cabo un gran abanico de actividades de las que depende la Corte: conectan a víctimas y testigos con la Corte; documentan crímenes atroces; apoyan la participación de víctimas y que se las indemnice; aportan conocimientos especializados fundamentales en materia jurídica, contextual y cultural, y promueven la cooperación de los Estados y las investigaciones y enjuiciamientos en el ámbito nacional, sobre todo en países afectados a los que la Corte tiene acceso limitado.

En segundo lugar, imponiendo y amenazando con penas draconianas de índole económica y legal a organizaciones de la sociedad civil y a actores individuales, la orden ejecutiva 14203 viola sus derechos a la libertad de expresión y de asociación, y ha dañado gravemente la colaboración y la infraestructura de las que depende el sistema internacional de justicia. La orden ejecutiva 14203 ya ha hecho que las entidades designadas pierdan financiación, personal, acceso al sistema bancario y a alianzas; ha disuadido a organizaciones de la sociedad civil de relacionarse con la Corte, y la fracturado las relaciones entre muchas de ellas. El resultado es un daño mensurable e irreparable no solo a la sociedad civil, sino a la CPI, a la administración de la justicia penal internacional y, en última instancia, a las víctimas y sobrevivientes a las que el sistema ha de servir.

Información complementaria

Las 38 organizaciones de la sociedad civil que presentan el informe son (en orden alfabético):

1.    Action for the Reform of Justice and Promotion of Human Rights (ARJPDH)

2.    Amnesty International

3.    Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP)

4.    Arab Coalition for the International Criminal Court (ACICC)

5.    Baltasar Garzón International Foundation (FIBGAR)

6.    Center for Development of International Law (CDIL)

7.    Center for Justice and Accountability (CJA)

8.    Centre marocain pour la loi et la paix

9.    Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

10.   Chinese Initiative on International Law (CIIL)

11.   Clinique de droit international pénal et humanitaire, Faculté de droit, Université Laval (CDIPH)

12.   COMPPART Foundation for Justice and Peacebuilding-Nigeria

13.   Croatian Helsinki Committee for Human Rights

14.   Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)

15.   European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)

16.   Global Justice Center

17.   Human Rights Now

18.   HuMENA for Human Rights and Civic Engagement

19.   Indonesian Legal Aid Association for Women (APIK)

20.   International Federation for Human Rights (FIDH)

21.   International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net)

22.   Just Access

23.   Kurdish Organizations Network Coalition for the International Criminal Court (KONCICC)

24.   Lawyers’ Rights Watch Canada

25.   Libya Crimes Watch (LCW)

26.   No Peace Without Justice

27.   The Nuhanovic Foundation

28.   Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)

29.   Platform for Peace and Humanity

30.   Refugees in Libya

31.   Rights for Peace

32.   Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center

33.   StoptheDrugWar.org

34.   Students for Global Democracy Uganda

35.   Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)

36.   Women’s Initiatives for Gender Justice

37.   World Organisation Against Torture (OMCT)

38.   World Without Genocide

El informe de amicus curiae contó con la inestimable ayuda de la secretaría de la Coalición por la Corte Penal Internacional, cuyo informe sobre las sanciones estadounidenses Criminalising Accountability: The US lawfare against the international justice system sirvió de referencia clave.

Las organizaciones (amici) fueron representadas por Mascarenhas Law PLLC.