Desde diciembre de 2025, las autoridades israelíes han adoptado una serie de medidas ilegales diseñadas deliberadamente para desposeer a la población palestina en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y para convertir la anexión del territorio en una realidad irreversible, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Estas decisiones representan una intensificación sin precedentes de la magnitud y la velocidad del proyecto israelí de ampliación de los asentamientos ilegales. Facilitan la apropiación de más tierras palestinas, autorizan un número récord de nuevos asentamientos, amplían los existentes y formalizan el registro de tierras en Cisjordania como propiedad del Estado israelí. Si bien sucesivos gobiernos israelíes han aplicado políticas orientadas a expandir los asentamientos y a consolidar la ocupación y el apartheid, las medidas más recientes ponen de relieve el drástico impulso que el actual gobierno israelí ha dado a estas iniciativas, a la sombra del genocidio en Gaza.
“Lo que estamos presenciando es un Estado, encabezado por un primer ministro buscado por la Corte Penal Internacional por cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que se jacta abiertamente de desafiar el derecho internacional. A pesar de los cientos de resoluciones de la ONU, las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y la condena mundial, Israel continúa extendiendo descaradamente los asentamientos ilegales, consolidando su cruel sistema de apartheid y destruyendo las vidas y los medios de subsistencia de la gente palestina”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
“El apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos, combinado con la falta generalizada de rendición de cuentas internacional por el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza y por décadas de crímenes de derecho internacional vinculados a su ocupación ilegal y a su sistema de apartheid, ha envalentonado aún más a Israel para intensificar sus acciones ilegales. Esto incluye formalizar el acaparamiento de tierras con la plena seguridad de que ello no le acarreará consecuencia alguna.”
“La acelerada expansión de los asentamientos ilegales y el aumento de la violencia y los delitos de colonos respaldados por el Estado en toda la Cisjordania ocupada evidencian el fracaso catastrófico de la comunidad internacional para adoptar medidas decisivas. Los terceros Estados han incumplido sus propias obligaciones jurídicas al negarse a utilizar las herramientas de las que disponen, como la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, para disuadir a Israel de seguir adelante con su proyecto ilícito.”
El 10 de diciembre de 2025, la Autoridad de Tierras de Israel publicó una licitación para 3.401 viviendas en la zona E1, al este de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada. El proyecto pretende ampliar el asentamiento ilegal de Maale Adumim y crear un corredor con la Jerusalén Oriental ocupada. Esto seccionaría Cisjordania en dos, fracturando de manera permanente la continuidad urbana palestina entre Ramala, la Jerusalén Oriental ocupada y Belén. Junto con la construcción de una carretera de circunvalación que está previsto que comience este mes, este proyecto también dará lugar al traslado forzoso de las comunidades palestinas que viven en la zona.
Si bien desde la década de 1990 sucesivos gobiernos israelíes han intentado implementar el plan E1, este permaneció en gran medida inactivo durante décadas debido a la presión internacional. Su actual avance a tal velocidad refleja un gobierno que persigue abiertamente su agenda de expansión de asentamientos en un contexto de insuficiente respuesta internacional.
Desde su ocupación del territorio palestino en 1967, Israel ha instaurado y desarrollado una arquitectura administrativa y jurídica opresiva orientada a la desposesión y el control de la población palestina. El gobierno actual ha venido acelerando implacablemente este proyecto al agilizar la expansión de asentamientos y la apropiación de tierras. El 11 de diciembre de 2025, el gabinete de seguridad de Israel aprobó planes para establecer 19 nuevos asentamientos, lo que eleva a 68 el total aprobado por la actual coalición de gobierno en tan solo tres años y sitúa el número total de asentamientos oficiales en alrededor de 210. Actualmente, alrededor de 750.000 colonos israelíes viven ilegalmente en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.
Los nuevos asentamientos incluyen la “legalización” retroactiva de puestos de avanzada construidos infringiendo incluso la propia legislación nacional de Israel. Informes de prensa fidedignos indican que al menos tres de estos emplazamientos se encuentran en tierras de las que comunidades palestinas, como Ein Samia y Ras Ein al Ouja, fueron recientemente trasladadas por la fuerza tras actos de violencia de colonos respaldada por el Estado.
Según Peace Now, una organización israelí que monitorea la expansión de los asentamientos, solo en 2025 se establecieron 86 puestos de avanzada, una cifra récord. Son principalmente puestos dedicados al pastoreo o la agricultura y han contribuido sustancialmente a un repunte de la violencia de colonos respaldada por el Estado y al traslado forzoso de comunidades palestinas. Protegidos por el ejército israelí y financiados por el Ministerio de Agricultura de Israel, los puestos de avanzada han convertido la vida de los agricultores y pastores palestinos, especialmente en la Zona C, en un infierno. Desde ellos, los colonos obstaculizan de manera agresiva el acceso de los pastores palestinos a sus tierras de pastoreo, privándolos de su principal medio de subsistencia, y además se apropian de tierras por la fuerza, cometen actos vandálicos, roban ganado y atacan a la población palestina y sus viviendas.
Según la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, un total de 21 comunidades palestinas fueron desarraigadas completa o parcialmente en 2025 como consecuencia de la violencia de colonos respaldada por el Estado. Una mujer madre de tres hijos de Ras Ein al Ouja, localidad cercana a Jericó, contó a Amnistía Internacional: “Por miedo a los ataques, acostábamos a nuestros hijos con los zapatos puestos, porque en cualquier momento podríamos vernos obligados a huir”. En enero de 2026, ella y su familia fueron obligadas a abandonar el lugar en medio de temperaturas gélidas, junto con otras 122 familias; en total, más de 600 personas palestinas han sido desplazadas forzosamente de esta comunidad.
Una declaración de la Administración Civil israelí fechada el 5 de enero de 2026 por la que se designaron 694 dunams de tierra pertenecientes a las localidades palestinas de Deir Istiya, Bidya y Kafr Thulth, en el norte de Cisjordania, como “tierras estatales”, junto con una serie de medidas para ampliar el control sobre Cisjordania anunciadas por el gabinete de seguridad de Israel el 8 de febrero, marcó una nueva escalada en el acaparamiento de tierras por parte de Israel.
Entre estas medidas se encuentra la derogación de la legislación jordana aún vigente para autorizar la compra de tierras palestinas por colonos israelíes sin supervisión, el incremento del control administrativo civil israelí sobre la planificación y la construcción en la ciudad de Hebrón y en la Tumba de Raquel, en Belén, así como la concesión a las autoridades israelíes de nuevas facultades ejecutivas en sitios arqueológicos y en materia de agua y medioambientales en las Zonas A y B.
El 15 de febrero, el gabinete israelí adopto una decisión que, en virtud el derecho israelí, constituye anexión. Asignó más de 244 millones de séqueles israelíes (alrededor de 78 millones de dólares estadounidenses) al establecimiento de un mecanismo gubernamental para facilitar el registro de tierras en la Zona C y transfirió las facultades de registro de tierras de la administración civil al Ministerio de Justicia israelí.
Actualmente, cerca del 58% de las tierras de la Zona C de la Cisjordania ocupada no están registradas, según Peace Now. Israel ya se ha apropiado de más de la mitad de esa zona a través de su incorporación al registro como tierras estatales. La población palestina se enfrenta a obstáculos casi insalvables para demostrar la propiedad de la tierra debido a la interpretación arcaica que Israel hace del derecho otomano de tierras, que les exige aportar una serie de documentos, mapas y otros registros a los que la mayoría no tiene acceso.
“El registro de tierras es otro eufemismo israelí para la apropiación y el despojo de tierras. Que nadie se lleve a engaño: el objetivo es la anexión total, e Israel ya ha sentado una gran parte de las bases para lograrla. Los ministros del actual gobierno israelí ya no tienen necesidad alguna de ocultar sus intenciones”, afirmó Erika Guevara-Rosas.
“Israel ha hecho caso omiso de sus obligaciones como potencia ocupante respecto de la población civil palestina y, en su lugar, ha avanzado de manera deliberada y constante en su agresivo plan de anexión, lo que conculca de manera flagrante el derecho internacional, que prohíbe categóricamente la anexión y el establecimiento de asentamientos en territorio ocupado.”
“Estas medidas contravienen descaradamente las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia de 2004 y 2024, la última de las cuales concluyó de manera inequívoca que la presencia de Israel en el TPO es ilegal. Posteriormente, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que fijó septiembre de 2025 como fecha límite para poner fin a la ocupación ilegal por Israel. Sin embargo, en vez de acatarla, Israel ha ideado nuevas formas de violar el derecho internacional, consolidando aún más su ocupación ilegal y el apartheid, mientras que la comunidad internacional continúa, en el mejor de los casos, afirmando defender los derechos de los palestinos, sin adoptar medida efectiva alguna.”