Este fin de semana se realizará el Festival MUDA, el 3 y 4 de octubre, en el Parque Estadio Nacional, Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Sitio de Memoria Estadio Nacional hizo un llamado a participar en una cita que quiere ser, en palabras de su presidente, “un festival muy exitoso, lleno de unidad”. Acevedo explicó que la programación se sostiene sobre tres principios: memoria, democracia y derechos humanos.

La fecha no es casual. Septiembre es el mes de la memoria, pero octubre también carga con ella: “fue un mes marcado por ejecuciones y desapariciones forzadas, muchas de ellas particularmente crueles, durante la dictadura”. En palabras de  Acevedo, el festival proyecta que el pueblo de Chile está con estos valores y “no están abandonados en el olvido, como cierto sector político quiere instalar”. Y agrega: “Los derechos humanos, la democracia y la memoria no son valores del pasado; están más vigentes que nunca”

La Carpa del Pensamiento: cultura y reflexión de fondo

El corazón reflexivo del festival es la Carpa del Pensamiento, que busca combinar dos cosas. Por un lado, la cultura y la música como motores para transmitir la memoria: “sin cultura es muy difícil transmitir memoria”. Por otro lado, un espacio de análisis “más allá de los reels y de los 30 segundos que uno ve en redes sociales”, con mesas profundas.

Entre los invitados a los conversatorios figuran Gabriel Boric, Daniel Jadue, Jeannette Jara desde el mundo político,  Gonzalo Peralta  y Marcelo Lagos, desde el mundo de las ciencias. También participarán personas vinculadas a los derechos humanos, integrantes de Madres de Plaza de Mayo desde Argentina, y habrán espacios sobre feminismo y ciencia. “Nosotros lo que hacemos es instalar la conversación”, señala Acevedo, y destaca que será interesante conocer las miradas sobre el Chile de hoy y el Chile del futuro que se quiere construir.

Financiamiento de los sitios de memoria: un retroceso

Acevedo puso cifras sobre la mesa. De los 1.132 sitios de memoria reconocidos, solo 16 reciben financiamiento, menos del 1%. Seis lo hacen por la cláusula presupuestaria (Villa Grimaldi, Londres 38, Hornos de Lonquén, Paine, Pisagua y el Estadio Nacional) y otros diez a través del programa creado en 2023, que es concursable y que este año bajó de 15 a 10 sitios.

“El financiamiento de los sitios de memoria no debería estar sujeto a concursos, sino que debería existir un presupuesto basal”, plantea, y advierte: “estamos retrocediendo respecto de lo que ya se había conquistado hace un año”.

Un fondo de solidaridad para los sitios de memoria

El festival también quiere ayudar a otros sitios. Tras una postulación abierta en marzo, 12 espacios de memoria forman parte de la iniciativa, entre ellos la ex Clínica Santa Lucía, Nido 18, Nido 20, Cerro Chena, Mulchén, Irán 3037 (conocido como La Venda Sexy) y un sitio de Talca.

MUDA no recibe financiamiento de ningún tipo: es autogestionado con la venta de entradas, y con esos mismos recursos se creará el fondo. Acevedo cuenta el caso de la ex Tenencia de Curacaví, a cargo de una organización muy pequeña que trabaja sin ayuda estatal y que recibió el sitio con una deuda de 700 mil pesos en agua y 500 mil en luz: “suena hasta ridículo, pero esa es la situación de precariedad en la que están los sitios de memoria en Chile”. Y aclara: la iniciativa va en ayuda de los sitios “sin quitar la responsabilidad que tiene el Estado de construir y preservar la memoria histórica. Esa es una obligación estatal”.

El trabajo cotidiano de los sitios de memoria

Solo 72 monumentos históricos han sido declarados con el atributo de memoria y, de ellos, únicamente 16 reciben financiamiento. Aun así, el trabajo continúa. El Estadio Nacional recibe “tres o cuatro colegios diarios” en visitas guiadas con material educativo, y los sábados realiza visitas abiertas y testimoniales guiadas por expresos y expresas políticas, lo que permite que “los propios protagonistas” cuenten lo ocurrido.

El recinto tiene 11 espacios de memoria, entre antiguos campos de concentración y memoriales creados por artistas como Mono González, Mon Laferte, Ricardo Núñez y Raúl Zurita. Además, son espacios comunitarios, vinculados con la Villa  Olímpica y otras organizaciones de Ñuñoa.

Toda la información y la compra están en festivalmuda.cl, con enlace directo a Eventrip. Hay promociones para quienes compren las dos jornadas. Además, en la cafetería Odisea, la Cafetería Popular del barrio Yungay y el Museo de la Memoria hay tótems con un código QR que permite comprar cuatro entradas pagando solo dos.

La invitación está hecha: el 3 y 4 de octubre, música, reflexión y memoria para un festival que, con cada entrada, ayuda a sostener los sitios de memoria de todo el país.

A través de un comunicado público el pueblo originario Huasco Altino manifestó su profunda preocupación por los graves hechos ocurridos en torno al proyecto “Prospección Minera El Alto”, de Compañía Minera Nevada SpA, filial de Barrick Gold.

A continuación reproducimos el comunicado íntegramente:

Hay antecedentes técnicos y jurídicos más que suficientes para sostener que “El Alto” no es un proyecto nuevo. Es la continuidad del proyecto Pascua Lama, clausurado de forma definitiva por la autoridad ambiental en 2020 y ratificado por la Excma. Corte Suprema en 2022. Pretender explorarlo con 62 sondajes en el mismo cuerpo mineralógico, a 4.000 msnm, sobre los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, constituye un incumplimiento directo a una resolución de clausura.

Esta es una irregularidad que ya denunciamos. En 2021 el titular intentó ejecutar estos mismos sondajes y fueron declarados ilegales por la Corte Suprema. Hoy los vuelve a presentar fraccionados, tramitando en paralelo la DIA de El Alto y el EIA de cierre de Pascua Lama, para evitar una evaluación integral de sus impactos sobre la criósfera, el agua del río Huasco y nuestros sistemas de vida.

Hemos hecho llegar estos antecedentes a distintas autoridades y hasta la fecha no hemos tenido respuesta.

Nuestra mayor preocupación hoy es institucional:

1. Mientras se espera que el Primer Tribunal Ambiental resuelva nuestras reclamaciones, se ha producido una grave crisis: los tres ministros titulares se inhabilitaron tras la filtración en el sitio web del propio tribunal que publicaba un rechazo a las medidas cautelares sin que existiera resolución formal. A ello se suma la denuncia de posible conflicto de interés del relator de la causa.

2. Esta inhabilitación provocará un retraso aún mayor en el conocimiento de la causa, mientras el titular ya se prepara para iniciar obras.

3. Esta semana, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama en Copiapó debe resolver sobre la invalidación del permiso ambiental de El Alto.

Exigimos:

Al Primer Tribunal Ambiental, el máximo rigor y prudencia. No puede existir justicia ambiental con procedimientos viciados.

A la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, que lea los antecedentes técnicos presentados por las comunidades indígenas y no se quede solo con la versión de Barrick. El Valle del Huasco es el último río vivo que corre de cordillera a mar. Su protección es una obligación del Estado.

No nos oponemos a la inversión. Nos oponemos a que se burle una sentencia de clausura definitiva.

Como Comunidad Huasco Altinos exigimos que la votación de esta semana en la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama se realice con total transparencia y trazabilidad. No aceptaremos una decisión genérica bajo la figura de ‘la comisión resolvió.

Pedimos que cada SEREMI integrante – Salud, Medio Ambiente, Minería, Energía, Obras Públicas, Economía, Agricultura, Vivienda, Transportes, Desarrollo Social – fundamente y haga público su voto de forma individual, tal como lo establece el principio de probidad administrativa.

Que la Delegada Presidencial Regional, Sofía Cid Versalovic, quien preside esta comisión, informe acta en mano quién votó a favor y quién en contra de invalidar un permiso que, a nuestro juicio, es la continuidad ilegal de un proyecto clausurado. El Valle del Huasco necesita saber con nombre y apellido quiénes están del lado del agua y quiénes del lado de Barrick.”

El trovador chileno es nominado a los Latin Grammy en la categoría “Mejor Música para Medios Audiovisuales” por su colaboración en la banda sonora de “La Casa de los Espíritus” en la que interpreta “Deja la vida volar” de Víctor Jara junto a otras dos canciones de su autoría interpretadas por otros artistas. La nominación coincide con un nuevo aniversario del asesinato de Víctor Jara en 1973.

La nominación llega la misma semana del cierre de su exitosa gira “Pánico” con 4 conciertos sinfónicos agotados, el estreno de su nueva canción “Bajo una nube gris” adelanto de su nuevo disco y la presentación en México de su nuevo espectáculo “Al final de este viaje”, un concierto dedicado íntegramente al repertorio de Silvio Rodríguez. Nueva gira con la que Manuel García volverá a recorrer Chile durante el próximo año.

También acaba de estrenar su nuevo videoclip “Bajo una nube gris” que es parte del undécimo álbum de su discografía como trovador, grabado y producido en los Estudios Ojalá de La Habana. 

Con el objetivo de profundizar en los cambios y el impacto de la reciente actualización de la Norma Sísmica NCh433, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, organizó un panel de expertos que abordó los desafíos de la construcción en uno de los territorios más sísmicos del mundo.

El encuentro, realizado en el edificio Justicia Espada del campus Beauchef, convocó a la comunidad académica para analizar de manera multidisciplinaria las nuevas exigencias para el diseño y construcción sismorresistente.

La actividad contó con las presentaciones de destacados especialistas: Rubén Boroschek, académico del Departamento de Ingeniería Civil, experto en ingeniería sísmica y miembro de la comisión revisora de la norma; Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional (CSN); Leonardo Massone, director de IDIEM y especialista en estructuras de hormigón armado, y Gabriel Easton, académico del Departamento de Geología y especialista en fallas.

“Como Facultad tenemos el compromiso ineludible de poner el conocimiento científico al servicio del país. Avanzar hacia nuevos estándares nos exige desafiar los límites de lo posible en la ingeniería y la ciencia, asumiendo la gran responsabilidad de salvaguardar la vida de las personas y construir un Chile cada vez más resiliente ante los embates de la naturaleza“, destacó la decana de la FCFM Susana Mondschein.

Durante la jornada, el profesor Rubén Boroschek profundizó en las modificaciones técnicas que incorpora la NCh433, destacando cómo la experiencia acumulada en terremotos recientes ha permitido afinar los estándares de diseño, señalando que “esta actualización refleja un aprendizaje continuo. Hemos incorporado nuevas variables que nos permiten exigir un desempeño estructural más seguro, adaptándonos a las nuevas realidades de la construcción en altura y a las particularidades de nuestros suelos y sismos”.

Por su parte, el director del CSN, Sergio Barrientos, entregó un panorama actualizado de la sismicidad en Chile, recordando la importancia de mantener una observación permanente de las distintas zonas de ruptura a lo largo del territorio nacional.

“Cada terremoto que ocurre en Chile tiene ciertas propiedades y características que no siempre son iguales a las anteriores. Conocemos muy bien el proceso de subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana, pero nos falta mucho conocimiento sobre los terremotos de profundidad intermedia, que son aquellos que ocurren a más de 60 kilómetros de profundidad. Estos terremotos no ocurren tan frecuentemente, por lo que es muy valioso poder incorporar estos nuevos datos a los nuevos diseños”, apuntó.

Agregó que “una de las componentes principales de la Red Sismológica Nacional es la red de acelerógrafos, que forman una base de observación de aceleraciones que es muy útil para poder diseñar de mejor manera y poder estimar el efecto de los terremotos según el tipo de suelo en que se propagan las ondas sísmicas, lo que es vital”.

El comportamiento de los materiales fue el foco de la presentación de Leonardo Massone, quien hizo hincapié en la necesidad de garantizar la calidad y certificación, especialmente en las estructuras de hormigón armado que predominan en la edificación chilena. El director de Idiem detalló que “no basta con un buen diseño en el papel; la certificación y calidad de los materiales son fundamentales. La nueva normativa pone un énfasis necesario en cómo estos componentes responden en la práctica, asegurando que el hormigón armado cumpla su rol fundamental de ductilidad y resistencia“.

Finalmente, la dimensión territorial y geológica fue abordada por el profesor Gabriel Easton, quien relevó la importancia de considerar la presencia de fallas geológicas activas en la planificación urbana y el diseño estructural.

“No podemos seguir construyendo de espaldas a la geología. Identificar y comprender el comportamiento de las fallas como la de San Ramón es crucial para establecer regulaciones específicas que protejan a las edificaciones situadas en zonas de mayor riesgo por ruptura superficial o amplificación sísmica”, culminó.

El encuentro cerró con un diálogo abierto, espacio en el que se profundizó sobre cómo estas exigencias técnicas se traducirán en la práctica en edificaciones más seguras y preparadas frente al escenario sísmico del país.

“La campaña intensificada de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) afecta a mucho más allá de los miembros de la judicatura y de la fiscalía, y de los grupos de derechos humanos a los que ha sancionado: desalienta la colaboración de la sociedad civil con la Corte y menoscaba el acceso de las víctimas a la justicia”, han declarado hoy Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y otras 36 organizaciones de la sociedad civil.

El 23 de septiembre de 2026, 38 grupos de la sociedad civil presentaron un informe de amicus curiae (amigo de la corte) conjunto ante la Corte Federal de primera instancia para el distrito sur de Nueva York en apoyo de una demanda formulada por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, el Centro de Derechos Constitucionales, Human Rights Watch y el Instituto para una Sociedad Abierta que cuestiona la legalidad de las sanciones impuestas en virtud de la orden ejecutiva 14203. Estas sanciones afectan a miembros del ministerio público y de la judicatura de la CPI, a una experta en derechos humanos de la ONU y a tres grupos palestinos de derechos humanos.

“Detrás de cada organización de la sociedad civil a la que se silencia o expulsa de la CPI están las víctimas y sobrevivientes que esperan que se haga justicia. Estas sanciones afectan a las redes de personas y organizaciones que apoyan a las víctimas que llevan sus historias y pruebas ante la Corte, y siembran el temor mucho más allá de quienes son su blanco directo”, dijo Alexis Deswaef, presidente de la FIDH.

“Para las víctimas a quienes la justicia ya ha dado la espalda en su país, cerrar estas vías puede significar perder una de sus últimas oportunidades de que se rindan cuentas”.

“Cuando la administración Trump intensifica sus ataques contra la CPI y las organizaciones de la sociedad civil esenciales para su labor, es crucial demostrar a la Corte Federal estadounidense que las sanciones perjudican a la sociedad civil global, a víctimas y sobrevivientes de crímenes de derecho internacional, y al propio concepto de justicia internacional”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que el presidente Trump destruya el Estatuto de Roma. El gran número de organizaciones de la sociedad civil que presentan este informe demuestra la resiliencia y la determinación de la sociedad civil para oponerse a las sanciones de Estados Unidos y proteger la CPI”.

El informe de las organizaciones de la sociedad civil expone dos argumentos fundamentales. En primer lugar, las sanciones están fracturando las redes de la sociedad civil que son esenciales para el funcionamiento de la CPI. Las organizaciones de la sociedad civil y quienes defienden los derechos humanos —profesionales del derecho, representantes de víctimas, y defensores y defensoras de sobrevivientes— llevan a cabo un gran abanico de actividades de las que depende la Corte: conectan a víctimas y testigos con la Corte; documentan crímenes atroces; apoyan la participación de víctimas y que se las indemnice; aportan conocimientos especializados fundamentales en materia jurídica, contextual y cultural, y promueven la cooperación de los Estados y las investigaciones y enjuiciamientos en el ámbito nacional, sobre todo en países afectados a los que la Corte tiene acceso limitado.

En segundo lugar, imponiendo y amenazando con penas draconianas de índole económica y legal a organizaciones de la sociedad civil y a actores individuales, la orden ejecutiva 14203 viola sus derechos a la libertad de expresión y de asociación, y ha dañado gravemente la colaboración y la infraestructura de las que depende el sistema internacional de justicia. La orden ejecutiva 14203 ya ha hecho que las entidades designadas pierdan financiación, personal, acceso al sistema bancario y a alianzas; ha disuadido a organizaciones de la sociedad civil de relacionarse con la Corte, y la fracturado las relaciones entre muchas de ellas. El resultado es un daño mensurable e irreparable no solo a la sociedad civil, sino a la CPI, a la administración de la justicia penal internacional y, en última instancia, a las víctimas y sobrevivientes a las que el sistema ha de servir.

Información complementaria

Las 38 organizaciones de la sociedad civil que presentan el informe son (en orden alfabético):

1.    Action for the Reform of Justice and Promotion of Human Rights (ARJPDH)

2.    Amnesty International

3.    Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP)

4.    Arab Coalition for the International Criminal Court (ACICC)

5.    Baltasar Garzón International Foundation (FIBGAR)

6.    Center for Development of International Law (CDIL)

7.    Center for Justice and Accountability (CJA)

8.    Centre marocain pour la loi et la paix

9.    Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

10.   Chinese Initiative on International Law (CIIL)

11.   Clinique de droit international pénal et humanitaire, Faculté de droit, Université Laval (CDIPH)

12.   COMPPART Foundation for Justice and Peacebuilding-Nigeria

13.   Croatian Helsinki Committee for Human Rights

14.   Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)

15.   European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)

16.   Global Justice Center

17.   Human Rights Now

18.   HuMENA for Human Rights and Civic Engagement

19.   Indonesian Legal Aid Association for Women (APIK)

20.   International Federation for Human Rights (FIDH)

21.   International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net)

22.   Just Access

23.   Kurdish Organizations Network Coalition for the International Criminal Court (KONCICC)

24.   Lawyers’ Rights Watch Canada

25.   Libya Crimes Watch (LCW)

26.   No Peace Without Justice

27.   The Nuhanovic Foundation

28.   Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)

29.   Platform for Peace and Humanity

30.   Refugees in Libya

31.   Rights for Peace

32.   Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center

33.   StoptheDrugWar.org

34.   Students for Global Democracy Uganda

35.   Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)

36.   Women’s Initiatives for Gender Justice

37.   World Organisation Against Torture (OMCT)

38.   World Without Genocide

El informe de amicus curiae contó con la inestimable ayuda de la secretaría de la Coalición por la Corte Penal Internacional, cuyo informe sobre las sanciones estadounidenses Criminalising Accountability: The US lawfare against the international justice system sirvió de referencia clave.

Las organizaciones (amici) fueron representadas por Mascarenhas Law PLLC.

● El programa “Cero Cáncer Cervicouterino” contempla una Clínica Ginecológica Móvil, más exámenes preventivos y una vacunación gratuita contra el VPH que inicia con 115 vecinas en su primera fase.
● Como estrategia de largo plazo, alineada con las metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el municipio avanzará gradualmente en los próximos años buscando cubrir a la cohorte total de más de 2.300 mujeres de 25 y 26 años excluidas del Programa Nacional de Inmunización (PNI).

Esta mañana, la Municipalidad de La Pintana lanzó el programa “Cero Cáncer Cervicouterino”, una iniciativa que la posiciona como referente nacional y la convierte en la primera comuna del país en trazar una estrategia integral para avanzar hacia la eliminación de esta enfermedad.

El plan tiene como público objetivo a mujeres entre 25 y 64 años y está alineado con las metas mundiales 90-70-90 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública para el año 2030.

La estrategia aborda de forma directa la causa principal de esta enfermedad, que es la infección persistente por el Virus del Papiloma Humano (VPH), atacando el problema desde tres frentes: prevención, diagnóstico y trazabilidad.

Dentro de sus principales acciones, el municipio desplegará una Clínica Ginecológica Móvil, ampliará la detección aplicando 700 test de VPH adicionales, reforzará la toma del PAP en los CESFAM y garantizará un seguimiento activo con trazabilidad GES para pacientes con diagnósticos alterados o lesiones precursoras.

Además, busca reducir las brechas en aquellas mujeres que no fueron cubiertas por el Programa Nacional de Inmunización (PNI). Para ello, el municipio financiará de forma inédita la vacunación gratuita contra el VPH, comenzando con una primera etapa de 115 vecinas priorizadas. Como una estrategia de largo plazo alineada con las metas de la OMS, el programa avanzará gradualmente en los próximos años hasta alcanzar a la cohorte total de más de 2.300 pintaninas de 25 y 26 años, evitando que más mujeres sigan muriendo de un cáncer que se puede prevenir y tratar a tiempo.

“En La Pintana decidimos no esperar. Estamos poniendo recursos municipales para vacunar gratuitamente contra el VPH a mujeres que quedaron fuera del programa nacional, reforzar los exámenes preventivos con 700 test de VPH adicionales y llevar una Clínica Ginecológica Móvil a nuestros barrios para atenciones en el territorio. Somos la primera comuna de Chile en impulsar una estrategia integral de este tipo, porque cuando hablamos de un cáncer que se puede prevenir, detectar y tratar a tiempo, no podemos aceptar que una mujer muera por falta de oportunidades”, señala la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.

Urgencia local y compromiso personal

El programa "Cero Cáncer Cervicouterino" responde a una compleja realidad epidemiológica: en La Pintana, la pobreza multidimensional alcanza el 27% y la cobertura del PAP llega solo al 57%. Muestra de ello es que entre 2019 y 2023 se registraron 631 casos de cáncer o lesiones asociadas y 53 fallecimientos, mientras que solo en 2025 se confirmaron 132 casos con lesiones precursoras (NIE).

La urgencia de la iniciativa cobra un significado especial para la alcaldesa Claudia Pizarro, quien en agosto de 2025 fue diagnosticada con cáncer cervicouterino y, tras someterse a diversos tratamientos, confirmó en febrero de este año que pudo superar la enfermedad.

“En agosto de 2025 recibí el diagnóstico de cáncer cervicouterino. Reconozco que sentí miedo y dudas, como cualquier persona, pero también el deseo de seguir viviendo por mí y por mi familia. Pensé, ¿por qué no fui al médico apenas aparecieron los síntomas, por qué dejé pasar el tiempo? En ese proceso aprendí que esta enfermedad se puede prevenir y curar. Hoy puedo contar mi historia porque superé la enfermedad. No quiero que lo que yo viví lo tengan que pasar otras personas. A las mujeres de la comuna les digo: no tengan miedo de examinarse ni de vacunarse. Acudan a los CESFAM, este programa fue creado para ustedes, para cuidarnos en comunidad.”

En el marco del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, especialista UCSC aborda los mitos que aún persisten y la importancia de conversar sobre la donación en familia.

Un trasplante puede significar continuar con vida, recuperar autonomía o volver a realizar actividades cotidianas. Sin embargo, en Chile la disponibilidad de órganos continúa lejos de responder a la necesidad existente: durante 2025 se realizaron 563 trasplantes, cifra que permitió cubrir apenas al 25% de las personas que se encontraban en lista de espera, según datos publicados en el sitio Yo Dono Vida del Ministerio de Salud.

La brecha adquiere especial relevancia cada 27 de septiembre, cuando se conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, fecha que busca sensibilizar sobre una decisión capaz de transformar la vida de quienes esperan un trasplante y de sus familias.

En la Región del Biobío, durante el mismo año, el Hospital Clínico Regional Dr. Grant Benavente de Concepción alcanzó cifras récord, con 82 trasplantes de diversos órganos, mientras que el Hospital Las Higueras de Talcahuano complementó la red regional con más de una veintena de trasplantes renales.

Respecto de estas cifras, el académico del Departamento de Ciencias de la Enfermería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Erik Álvarez, señaló que “existe un desafío en Chile, que es fortalecer la detección de posibles donantes, la coordinación hospitalaria y el acceso a información confiable. También debemos dar mayor visibilidad a la donación de tejidos, como córneas y piel, que puede cambiar profundamente la vida de quienes los necesitan”.

Para algunas personas, el trasplante constituye la única alternativa terapéutica viable. Entre sus beneficios se encuentran recuperar la autonomía, retomar actividades cotidianas y compartir más tiempo con la familia.

Mitos que todavía frenan la donación

Parte de la población mantiene temores respecto de la donación de órganos. Uno de ellos es la creencia de que el equipo de salud podría dejar morir a una persona para extraer sus órganos. Frente a esto, es importante aclarar que la prioridad del personal sanitario es siempre atender al paciente y proteger su vida. Además, los profesionales que certifican el fallecimiento no pueden formar parte del equipo encargado de realizar el trasplante.
Otro de los mitos frecuentes es creer que una persona puede despertar después de una muerte encefálica. Esta condición es irreversible y significa el fallecimiento de la persona, luego de ser confirmada por especialistas. A partir de esta certificación y siguiendo los protocolos establecidos, se puede evaluar la posibilidad de donar sus órganos.

También existen inquietudes relacionadas con la asignación de órganos y la posibilidad de que esta no sea justa. Sin embargo, la distribución se realiza de acuerdo con criterios clínicos y de compatibilidad, según el órgano requerido, y no en función de la capacidad económica de las personas.

El enfermero indicó que “para aclarar estos temores necesitamos permanentemente mantener campañas de difusión sobre este tema y ayudar a que sea una conversación presente dentro de las familias, incluyendo a los niños para que se sensibilicen precozmente”.

Una conversación que también debe comenzar en familia

Los profesionales de la salud cumplen un rol fundamental en las distintas etapas del proceso de donación y trasplante. Su labor considera la preparación y gestión necesaria para articular los esfuerzos técnicos, políticos y económicos que permiten la conformación de los equipos involucrados en el procuramiento de órganos, el trasplante y el seguimiento de los pacientes.

Todo este proceso se desarrolla bajo estrictas normativas clínicas, éticas y administrativas, que buscan garantizar ante la población un procedimiento seguro y de calidad. A ello se suma la responsabilidad de humanizar el proceso y acompañar tanto a las familias de los donantes como a quienes esperan un trasplante.

Asimismo, los profesionales de la salud tienen un papel relevante en la difusión de esta temática, sus beneficios y la sensibilización de la población. En esta línea, la UCSC ha trabajado durante varios años en acercar la donación de órganos y tejidos a distintos públicos, incluyendo a niños y niñas, a través del cuento “Dono y Vita”.

“Es imprescindible ponerse empáticamente en el papel tanto de donante como de receptor, dado que cualquier persona puede eventualmente requerir de un órgano o encontrarse en la circunstancia de aceptar que se extraigan los órganos de un ser querido. En un momento en que la tecnología y la inteligencia artificial son un gran atractivo, la sola reflexión acerca de la donación de órganos nos vuelve a esa dimensión espiritual y humana connatural a nuestra vida en sociedad”, concluyó el especialista.

A las 13 de la tarde frente a la Biblioteca Central de Santiago, la organización juvenil del Partido Comunista realizó un Pañuelazo en preparación de la jornada de movilizaciones en el marco del día de acción por el aborto seguro y gratuito, el próximo 28 de septiembre. 

“Ni hipérbole ni metáfora. Aborto libre o nada!” decía el lienzo desplegado por las y los jóvenes comunistas, con el que intervinieron el espacio público. Al respecto, consultamos a Daniela Torres, encargada nacional del área de género de las Juventudes Comunistas, que agrupa a la comisión nacional de mujeres y la comisión nacional de disidencias.

“Entendemos que la defensa de los derechos sexuales y reproductivos no puede limitarse a una discusión institucional, sino que requiere organización, debate público y presencia en las calles. Es con este fin que convocamos a nuestra militancia, a las organizaciones sociales y al conjunto de quienes defienden los derechos de las mujeres, niñas y personas gestantes a participar del pañuelazo nacional que se realizará este lunes 28 de septiembre” declaró Torres.

La encargada del área de género complementó que la instrucción a su militancia fue desplegarse también en las regiones del país, con jornadas de agitación, propaganda y difusión para preparar el camino de la movilización, que se espera sea masiva.

La jota extendió el llamado a o a estudiantes, trabajadoras, pobladoras y dirigentes sociales, organizaciones feministas, sindicatos, federaciones estudiantiles y “a todas las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la autonomía de las mujeres y personas gestantes, pues entendemos que esta no es una causa exclusiva del movimiento feminista, sino una lucha democrática que involucra al conjunto de la sociedad”. 

“Hoy, garantizar un acceso al aborto legal y seguro sigue siendo una demanda vigente. Es por eso que reafirmamos nuestro compromiso con la autonomía de las mujeres y personas gestantes sobre sus cuerpos, con el derecho a decidir, con el acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos, con la educación sexual integral y con políticas públicas que permitan ejercer estos derechos en condiciones de igualdad y dignidad” aseguró la dirigente comunista. 

Visita de la primera dama a organización que busca impedir el aborto en mujeres “vulnerables” 

Consultada por la visita de la primera dama a la organización antiaborto “Encuentro”, la encargada nacional de género de las juventudes comunistas comento, “estas acciones de la primera dama no pueden entenderse únicamente como un gesto simbólico, sino que son una señal política que refleja las prioridades del gobierno en esta materia”. 

Asimismo, dirigió sus críticas contra la conducción del ministerio de la mujer de Judith Marin, “vemos un ministerio que, en lugar de impulsar una discusión seria y con perspectiva de género, ha optado por una actitud pasiva que termina cediendo espacio a discursos conservadores en un ámbito donde el Estado debería garantizar derechos y protección” 

Finalmente Daniela Torres hizo énfasis en que, “la maternidad requiere un apoyo permanente en ámbitos como la salud, la vivienda, la educación, los cuidados y la autonomía económica. Por ello, sin una red integral de protección, cualquier discurso que incentive la continuidad de un embarazo en situaciones de vulnerabilidad corre el riesgo de transformarse en una forma de abandono institucional”.