El GPS Ciudadano de Datavoz muestra además que el exceso de pantallas y redes sociales encabeza los desafíos para una crianza adecuada, con 62,4% de las menciones. Le siguen la falta de disciplina o límites, con 51,3%, y la falta de tiempo de madres, padres o cuidadores, con 46,8%.

En vísperas del Día de la Niñez, que se celebra este domingo en Chile, una nueva medición de GPS Ciudadano de Datavoz pone el foco en las preocupaciones de los adultos respecto del entorno en que hoy crecen niños, niñas y adolescentes. Las pantallas, las redes sociales y las apuestas en línea aparecen entre los temas más relevantes.

El estudio revela que un 57,2% de las personas consultadas declara sentir mucha o bastante preocupación por las apuestas en línea como un problema que puede afectar a menores de 18 años. La inquietud aumenta con la edad y alcanza un 70,8% entre las personas mayores de 55 años.

El dato se produce, además, en un escenario en que la opinión pública se inclina mayoritariamente por una posición restrictiva frente a las apuestas online. Consultados respecto de si el Estado debiera mantenerlas prohibidas o autorizarlas y regularlas, 58,4% opta por mantener la prohibición, frente a 41,6% que prefiere su regulación.

Para Jorge Fábrega, socio Director de Tendencias Sociales de Datavoz, ambos resultados permiten observar que la discusión excede el debate exclusivamente regulatorio.

“Las apuestas online son una actividad de adultos, pero cuando preguntamos por la posibilidad de que afecten a menores aparece un nivel importante de preocupación. Eso muestra que, para una parte significativa de las personas, la discusión no pasa solamente por prohibir o regular una actividad, sino también por las condiciones en que niños y adolescentes se relacionan con un entorno digital donde este tipo de contenidos está presente”, señala.

Uno de los resultados más llamativos del GPS Ciudadano surge al comparar las respuestas de quienes son cuidadores principales de menores de 18 años con las del resto de los encuestados.

Contrario a lo que podría esperarse, la alta preocupación por las apuestas en línea es menor entre los cuidadores principales: 49,8%, frente a 61,7% entre quienes no ejercen ese rol.

La diferencia se hace especialmente pronunciada entre las generaciones más jóvenes. Entre los cuidadores principales de 18 a 34 años, solo 18,8% declara mucha o bastante preocupación, mientras entre las personas de esa misma edad que no son cuidadores principales la cifra alcanza 53,1%.

Entre los mayores de 55 años ocurre exactamente lo contrario: el nivel de alta preocupación llega a 81% entre quienes son cuidadores principales, frente a 68% entre quienes no lo son.

Según Fábrega, la magnitud de estas diferencias resulta especialmente interesante porque muestra que la relación entre cuidado y percepción de riesgo no es lineal. “Hay una paradoja que vale la pena observar. Hay miradas generacionales muy distintas sobre los riesgos asociados al mundo digital”, explica.

“Más que concluir que una generación subestima los riesgos y otra los sobredimensiona, estos resultados permiten observar que distintas generaciones están mirando un mismo fenómeno desde experiencias diferentes. Para los adultos jóvenes, internet, las plataformas y las aplicaciones han formado parte de una proporción mucho mayor de su vida cotidiana. Para las generaciones mayores, probablemente existe una mayor distancia respecto de ese ecosistema. Esa diferencia también puede influir en la forma en que cada grupo percibe sus riesgos”, afirma Pantallas y redes sociales encabezan los desafíos de crianza

La preocupación por las apuestas se inserta en una percepción más amplia sobre los desafíos que enfrenta actualmente la crianza.

Cuando GPS Ciudadano preguntó cuáles son los principales desafíos para una crianza adecuada en Chile, permitiendo escoger hasta tres alternativas, el exceso de pantallas y redes sociales ocupó el primer lugar, con 62,4% de las menciones.

Le siguen la falta de disciplina o límites, con 51,3%, y la falta de tiempo de madres, padres o cuidadores, con 46,8%. Más atrás aparecen los problemas de seguridad en barrios o espacios públicos, con 36%, la falta de recursos económicos, con 24,8%, las dificultades asociadas a redes familiares o comunitarias de apoyo, con 24,5%, y los problemas del sistema escolar, con 17,5%.

También aquí existen diferencias generacionales. El exceso de pantallas y redes sociales es mencionado por 49,9% de las personas de entre 18 y 34 años, porcentaje que aumenta a 61,1% entre quienes tienen entre 35 y 44 años, a 70,4% entre los 44 y 54 años y a 71,1% entre los mayores de 55.

Para Fábrega, la cercanía del Día de la Niñez ofrece una oportunidad para ampliar la conversación respecto de qué se entiende hoy por protección y crianza.

“Durante mucho tiempo la preocupación de los adultos estuvo concentrada principalmente en los espacios físicos en que se desenvolvían niños y adolescentes. Hoy una parte relevante de su vida también ocurre en espacios digitales. Por eso, la pregunta ya no es solamente cuánto tiempo pasan frente a una pantalla, sino qué encuentran dentro de ella, a qué contenidos acceden y cómo los adultos acompañan esa experiencia”, plantea.

GPS Ciudadano es un estudio cuantitativo no probabilístico de Datavoz, realizado mediante encuesta online vía correo electrónico a personas de 18 años y más que cuentan con correo electrónico.

La medición consideró 1.216 entrevistas web, realizadas entre el 22 y el 27 de julio de 2026. El estudio aplicó un ajuste posterior a la encuesta considerando región, sexo, edad, nivel educacional, grupo socioeconómico, tipo de vivienda y cantidad de miembros del hogar. Los parámetros poblacionales utilizados provienen de proyecciones del INE, CASEN 2022 y Censo 2024.

Dra. Soledad Larraín Muñoz, médico miembro de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida.

Agosto es el mes del corazón, una invitación a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud cardiovascular en un contexto en el que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte en Chile y en el mundo.

La pregunta es entonces: ¿qué podemos hacer para mantener una buena salud cardiovascular a lo largo de la vida?

Durante décadas, la prevención cardiovascular se centró principalmente en las restricciones: qué alimentos evitar, qué nutrientes disminuir o qué conductas eliminar. Sin embargo, la evidencia científica ha ido cambiando nuestra forma de entender la salud. Hoy sabemos que no basta con reducir riesgos; también debemos promover activamente aquellos hábitos que protegen nuestro corazón y cuyos beneficios comienzan a construirse desde edades tempranas.

Con esta mirada, la American Heart Association (AHA) presentó en 2022 el índice Life’s Essential 8, una actualización del antiguo Life’s Simple 7. Este modelo identifica ocho componentes fundamentales para alcanzar una buena salud cardiovascular: cuatro hábitos de vida —alimentación, actividad física, sueño y no fumar— y cuatro indicadores clínicos que debemos mantener en rangos saludables: índice de masa corporal, glicemia, colesterol y presión arterial. Más que un listado de recomendaciones, este índice propone un cambio de paradigma: construir salud cardiovascular a través de acciones concretas, sostenibles y medibles, promoviendo la salud cardiovascular desde un mensaje positivo.

Esta visión coincide plenamente con los principios de la medicina del estilo de vida, disciplina que busca prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades crónicas mediante intervenciones sobre los hábitos cotidianos. Para ello considera seis pilares fundamentales: una alimentación saludable, actividad física regular, sueño reparador, manejo del estrés, evitar el consumo de tabaco y otras sustancias nocivas, y cultivar relaciones sociales positivas.

En esa misma línea, la American Heart Association actualizó este año su Guía Dietética para Mejorar la Salud Cardiovascular, reforzando un concepto que hoy cuenta con amplio respaldo científico: lo más importante no son los nutrientes aislados, sino el patrón global de alimentación. Es decir, la salud cardiovascular no depende de un alimento “milagroso” ni de eliminar por completo un nutriente específico, sino de la calidad de la alimentación que mantenemos de forma habitual a lo largo de la vida.

La guía recomienda privilegiar una alimentación rica en frutas y verduras de distintos colores, cereales integrales por sobre los refinados, legumbres, frutos secos y semillas como fuentes habituales de proteína vegetal, además de incorporar pescados y mariscos con regularidad. Asimismo, aconseja reemplazar las grasas saturadas por grasas insaturadas, preferir alimentos mínimamente procesados y limitar el consumo de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y alimentos con exceso de sodio.

Este mismo enfoque también queda reflejado en la reciente guía conjunta del American College of Cardiology y la American Heart Association para el manejo de las dislipidemias. Aunque su foco es el colesterol, su mensaje trasciende ampliamente el tratamiento farmacológico: una alimentación saludable, la práctica regular de actividad física, mantener un peso adecuado, no fumar, dormir lo suficiente y controlar oportunamente enfermedades como la hipertensión o la diabetes constituyen la base de la prevención cardiovascular para prácticamente todas las personas.

Cuando el riesgo cardiovascular o los niveles de colesterol lo ameritan, los medicamentos han demostrado ser herramientas altamente eficaces para disminuir la probabilidad de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Sin embargo, la guía es clara en señalar que estos tratamientos complementan, pero no reemplazan, un estilo de vida saludable.

Aunque estas recomendaciones puedan parecer simples, su impacto es profundo. La mayor parte de las enfermedades cardiovasculares no aparece de un día para otro; son el resultado de años de exposición a factores de riesgo modificables. Las arterias no envejecen de un día para otro; acumulan silenciosamente el efecto de nuestros hábitos y factores de riesgo durante décadas. Afortunadamente, los beneficios de un estilo de vida saludable también se acumulan con el tiempo y representan una inversión en la salud futura.

En este mes del corazón, el desafío no es buscar la dieta perfecta ni hacer cambios drásticos durante unas pocas semanas. Es comenzar a construir un estilo de vida que podamos mantener durante años. Porque la mejor estrategia para prevenir un infarto no comienza cuando aparece la enfermedad, sino mucho antes, con las decisiones que tomamos cada día.

Tema fue abordado por el abogado y consultor internacional Peter Sharp y la académica e investigadora Elena Salum, durante el seminario “Voces incidentes: infancias, adolescencias y justicia abierta”, que organizó el Observatorio Desigualdades y Políticas Públicas de la Escuela de Trabajo Social de la UV.

Un crítico y revelador análisis de lo que ha sido la participación y el acceso a la justicia de los niños, niñas y jóvenes a lo largo de la historia, así como del rol que en distintos contextos y culturas ha desempeñado el Estado para recoger sus voces y de los efectos que a su vez han generado algunas normas y los métodos que en la actualidad se utilizan para obtener y evaluar datos en este ámbito, realizaron los expositores invitados al seminario “Voces incidentes: infancias, adolescencias y justicia abierta”.

Realizado en modalidad telemática, en el encuentro organizado por el Observatorio Desigualdades y Políticas Públicas (ODPP) de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso intervinieron la académica e investigadora de ese plantel, Elena Salum, y el abogado Peter Sharp, consultor internacional y fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta.

Tras sus respectivas presentaciones, ambos intercambiaron puntos de vista y respondieron preguntas, como parte de un interesante y fluido diálogo que moderó la profesora Sara Salum, coordinadora del ODPP.

Actores invisibilizados

El abogado Peter Sharp fue el primero en hacer uso de la palabra. Durante su exposición se refirió, en primer lugar, a la situación del acceso a la justicia que enfrentan los niños, niñas y adolescentes a nivel global, si bien abordó en particular la realidad que en este ámbito exhiben el continente americano y, por cierto, Chile.

Al respecto, argumentó que este grupo etario es frecuentemente invisibilizado por los sistemas legales, fenómeno que el consultor no dudó en catalogar de injusto. En tal sentido, precisó que si bien ha habido notorios avances en las leyes, la literatura y la tecnología —como la inteligencia artificial—, esa sensación injusta persiste debido a estructuras judiciales debilitadas y procesos que los ciudadanos perciben como “borrosos” u ocultos.

“El ecosistema de justicia —no solo de Chile, sino de América Latina— en el que me ha correspondido participar activamente en la elaboración de varias políticas de justicia abierta y planes de acción, la infancia y la adolescencia son sin duda un actor en muchos casos invisibilizado y ausente. Eso se llama injusticia, no tiene otro nombre”, acotó.

Por lo anterior, Sharp planteó la urgente necesidad de implementar una justicia que se funde en la transparencia, la participación y la colaboración para proteger a quienes —en su opinión— han sido vulnerados en forma permanente a lo largo de la historia.

Asimismo, enfatizó en la importancia de emplear un lenguaje claro, que permita a niños, niñas y adolescentes comprender los procesos judiciales, para superar así las barreras técnicas del derecho. Junto con ello, abogó por la creación de una red institucional coordinada que garantice la protección real frente a amenazas como el crimen organizado.

“De eso se trata cuando hablamos de justicia abierta con perspectiva de protección de la infancia. Y así lo ha señalado el protocolo de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes del Poder Judicial de Chile. Esperamos que el camino que viene sea no un camino de justicia cerrada como el que tenemos, sino más bien un camino de justicia abierta que se construya a partir del diálogo y poniendo en el centro a los jóvenes”, dijo Sharp.

Finalmente, el consultor internacional y fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta hizo un llamado a transformar la cultura judicial, para que el Estado de Derecho sea verdaderamente inclusivo y cercano a los niños, niñas y adolescentes y el sistema de justicia deje de ser cerrado, para convertirse en un espacio que ponga en el centro las necesidades y la comprensión de ese grupo etario.

Deuda pendiente

Por su parte, la profesora Elena Salum centró su presentación en la deuda histórica que a su juicio mantiene el Estado chileno con la protección efectiva de la infancia y la adolescencia, debido a su incapacidad para escuchar y acoger efectivamente a esta población, a pesar de la enorme cantidad de datos que produce.

La académica e investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la UV e integrante del ODPP criticó lo que a su parecer ha sido una respuesta institucional débil y fragmentada en Chile en esta materia.

En el detalle, argumentó que, aunque existe una gran cantidad de información, el Estado ejerce una violencia epistémica al invisibilizar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de conocimiento y no integrar la información entre distintas entidades.

A modo de ejemplo, planteó que en nuestro país viven aproximadamente 4,4 millones de niños, niñas y adolescentes, que en conjunto equivalen al 21,8 por ciento del total de sus habitantes. De ellos, 3,3 millones tienen menos de catorce años y 1,1 millones son menores de diecisiete años. Agregó que de ese universo, 41 mil se hallan en listas de espera para acceder a programas especializados adscritos al servicio Mejor Niñez, al tiempo que hoy existen casi 181 mil medidas de protección vigentes dictaminadas por el Poder Judicial. Además, reveló que la mitad de las residencias de protección directa del Estado registran notorios niveles de sobreocupación y hacinamiento.

Sobre esta base, la docente sostuvo —a modo de denuncia— que Chile padece en este punto de “extractivismo de información”, situación derivada del hecho de que el Estado obtiene datos e historias de vida para alimentar carpetas judiciales y formularios, pero entrega poco valor real a los niños, niñas y adolescentes.

“Yo me pregunto, ¿quién habla cuando estamos hablando de información de niñeces o de infancias y adolescencias? Y es que tenemos múltiples actores: el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Defensoría de la Niñez. También están los ministerios de Desarrollo Social y Familia, de Educación y de Salud, o el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que depende del Ministerio de Justicia, y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia. Incluso hay un organismo internacional, como la Unicef. Todos ellos nos dan muchas luces sobre diagnósticos y propuestas de política pública en materia de infancia y adolescencia. Pero aun así tenemos una situación débil, una débil respuesta del Estado en términos de la situación que afecta a los niños y jóvenes, pese a que muchas instituciones están produciendo datos sobre ellos”, cuestionó la docente.

Por lo anterior, Elena Salum propuso transitar desde una visión de datos agregados hacia otra que considere la granularidad e interoperabilidad de los mismos, permitiendo así reconstruir las trayectorias individuales de vulneración para intervenir de forma oportuna.

En línea con ese argumento, la académica relevó la importancia de disponer de una gobernanza de datos democrática y el uso de un lenguaje claro que fomente una participación infantil vinculante y real. Por último, abogó por una justicia abierta en el ámbito infantojuvenil, que transforme a los consejos consultivos en sensores territoriales con capacidad de incidencia en las políticas públicas, para lo cual sugirió modificar la Ley 21.430.

Las presentaciones e intervenciones completas de los expositores invitados al seminario “Voces incidentes: infancias, adolescencias y justicia abierta” están disponibles aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=2PUnlHHJRNg

Por Joaquim Gianotti

Director del Núcleo de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor.

El reciente incidente de seguridad que afectó a la plataforma Hugging Face no fue protagonizado por un colectivo de hackers ni por ciberdelincuentes tradicionales. La intrusión fue ejecutada por agentes de inteligencia artificial de OpenAI que, tras romper el aislamiento (sandbox) en el que eran evaluados, accedieron a la red y vulneraron los
servidores externos para obtener las respuestas de un examen de ciberseguridad.

Más allá del impacto técnico, el suceso ofrece una lección crucial: el verdadero peligro de la IA autónoma no reside en una rebelión consciente contra la humanidad, sino en lo que en filosofía y teoría de decisiones denominamos el «problema del incentivo» o la «alineación imperfecta». Cuando a un sistema altamente optimizado se le asigna una meta concreta sin salvaguardas infranqueables, el agente elegirá la ruta de menor resistencia para cumplir su objetivo, sin importar si esta implica burlar límites normativos o causar daños imprevistos.

Esta dinámica evoca el célebre experimento mental del «maximizador de sujetapapeles» propuesto por Nick Bostrom: una IA encargada de fabricar sujetapapeles que, llevada por una lógica instrumental ciega, termina reconfigurando la infraestructura global para cumplir su mandato. En Hugging Face vimos esa misma lógica en miniatura. Los agentes no actuaron por malicia; simplemente ejecutaron una solución eficiente para «ganar» su evaluación.

La lección de Hugging Face es que, a medida que los sistemas de IA transitan de generadores de texto pasivos a agentes activos que utilizan herramientas, la frontera entre las "pruebas controladas" y el impacto en el mundo real se vuelve peligrosamente permeable. La tarea que tienen ante sí investigadores, especialistas en ética y responsables políticos no consiste simplemente en alinear los pesos de los modelos con la intención humana, sino en reestructurar los incentivos económicos e institucionales de las empresas que los desarrollan. Hasta que la gobernanza institucional pueda imponer estándares de contención obligatorios sin sofocar la investigación abierta, seguiremos a merced de sistemas cuyo poder de optimización supera con creces nuestra capacidad para predecir su camino hacia una solución.

El más reciente informe de Relato Digital muestra que el miedo dejó paso al disgusto como emoción central de la conversación digital, en una semana marcada por la caída de la aprobación presidencial, la disputa por los recursos para la reconstrucción y una nueva salida de autoridades del gabinete. 

El más reciente informe de Relato Digital, alianza entre Factoría Pública, Interpreta y Factor Crítico, correspondiente al período de la primera semana de agosto, confirma que la crisis de confianza en el gobierno de José Antonio Kast se profundiza.

El estudio, que analizó más de 123.000 menciones a autoridades de gobierno y más de 1,8 millones de publicaciones en Chile en la red social X, registra el cambio emocional más profundo del período monitoreado hasta ahora: el miedo, que llegaba al 45% dos semanas atrás, cae a apenas 1,8% en el tema de la semana, y es reemplazado por el disgusto, que alcanza el 44,1% y se instala como la emoción dominante. Se trata, según el propio informe, de una desconfianza que ya no se dirige a una decisión puntual, sino a la honestidad y la credibilidad de las propias autoridades.

La reconstrucción sin plata nueva: el reparto que indigna

El tema de la semana, con más de 19.000 menciones, expone que la discusión sobre la reconstrucción tras el temporal se centra en el reparto de recursos y no en la ejecución de obras: el 56,6% de las menciones se refiere a la fórmula de compensación municipal, mientras que solo el 14,9% habla de despliegue en terreno y obras concretas. El informe documenta que, tras las reuniones en La Serena y Copiapó, se instaló que no habrá recursos extraordinarios para Coquimbo y Atacama, que el asunto se aplazó hasta el presupuesto 2027, y que a ello se suman los recortes previos a los Serviu regionales, justo mientras el gobierno pedía donaciones privadas para la reconstrucción. Entre quienes fijan una postura explícita, el 57,2% critica la conducción del gobierno en esta materia, contra un 42,8% que la defiende.

La suspensión de la fiesta de La Pampilla en Coquimbo, con la reasignación de 1.800 millones de pesos a la reconstrucción, se transformó en el símbolo de esa disputa: para un sector de la conversación es la prueba material del abandono del norte, mientras el oficialismo la atribuye a una decisión municipal.

Un gobierno que sigue perdiendo autoridades

La categoría “Institucional y Gestión de Gobierno” se mantiene en 21,1% del foco temático total por segunda semana consecutiva, luego de duplicarse en la edición anterior del informe. El monitoreo constata que la seguidilla de salidas del gabinete, que ya suma treinta y nueve autoridades en cinco meses, dejó de ser un episodio puntual y pasó a instalarse como una constante de la gestión. A esto se suman la renuncia de un exseremi de Salud con una denuncia por delito sexual y nuevos test de drogas positivos entre seremis.

Los gestos que se ganaron el rechazo ciudadano

El informe identifica que, de las cinco autoridades más mencionadas de la semana, dos ingresaron al ranking sin que exista una política pública que lo explique. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, concentró su volumen casi por completo en el reproche por una fotografía junto a su equipo en la zona de catástrofe del norte chico, viralizada bajo la acusación de “turismo” de gestión. La ministra del Deporte, Natalia Ducó, ingresó al ranking por una investigación de Contraloría sobre el uso de un vehículo fiscal en una actividad nocturna ajena a su cargo. En contraste, los ministros que efectivamente ejecutaban la respuesta a la emergencia, Vivienda y Energía, cayeron más de 70% en su volumen de menciones y salieron del top 5, tras los episodios de la semana anterior en que el titular de Vivienda negó la existencia de víctimas y desaparecidos en las zonas de catástrofe, y la ministra de Energía publicó un video suyo trepando un poste eléctrico mientras miles de hogares seguían sin suministro.

El informe agrega que la aprobación presidencial se desplomó según Pulso Ciudadano a 25,6%, con un 58,9% de desaprobación, dato que coincide con el peak de menciones a Kast en la semana, más de 16.000 menciones diarias, impulsado por el tramo más duro de la disputa por los recursos municipales.

“El monitoreo confirma que la ciudadanía ya no juzga solo la gestión de la emergencia, sino la conducta misma de las autoridades frente al dolor de las familias afectadas”, señalan desde el Observatorio de Relato Digital.

Organizaciones sindicales del sector denuncian que las propuestas impulsadas por el Gobierno de Kast profundizan la flexibilidad laboral, debilitan la estabilidad en el empleo y ponen en riesgo derechos conquistados por las y los trabajadores.

El Ramal del Comercio de la CUT, lanzó este viernes una campaña nacional de información y defensa de los derechos laborales, para alertar sobre las iniciativas impulsadas por el Gobierno que, a juicio de las organizaciones sindicales, significan un retroceso para las y los trabajadores del sector.

La campaña pone el foco en medidas como la posibilidad de extender la jornada hasta 52 horas semanales mediante un sistema de promedios de cuatro meses o más, reducir las indemnizaciones por despido, ampliar la causal de necesidades de la empresa y utilizar recursos del Seguro de Cesantía para financiar salas cuna. También contempla la defensa de los años de servicio, las horas extraordinarias y la prohibición de la polifuncionalidad.

La iniciativa se desplegará en centros comerciales y lugares de trabajo a nivel nacional. Las organizaciones estarán activas y conversando con las y los trabajadores para que conozcan el alcance de estas propuestas y sus posibles consecuencias.

Karen González, encargada del Ramal del Comercio de la CUT, señaló que “vamos a comenzar a informar y a manifestarnos en todos los centros comerciales, de Arica a Punta Arenas, porque las y los trabajadores del comercio, ya no vamos a aceptar leyes que vayan en contra de la clase trabajadora. Estas propuestas que está impulsando el Gobierno significan precariedad”, a lo que agregó, “no queremos volver a trabajar en Fiestas Patrias, Año Nuevo o Navidad más de 42 horas, ni trabajar 52 horas sin poder ver a nuestras familias. Tampoco queremos perder los años de servicio. Esto es un tremendo retroceso”. 

Referente a la polifuncionalidad, que hoy el Gobierno quiere declararla legal, a pesar de las resoluciones de la corte suprema, la dirigente nacional de la CUT recordó que su organización sindical “ya tiene tres fallos que establecen que la polifuncionalidad es ilegal”.

Por su parte la senadora Beatriz Sánchez respaldó la iniciativa y sostuvo que “los trabajadores y trabajadoras de Chile no están solos en la pelea por sus derechos. Chile ha hecho un trabajo largo para ir ganando derechos y no puede llegar un Gobierno, por tener una mayoría circunstancial, a tratar de retroceder. Como parlamentaria voy a estar acompañando a los trabajadores en sus acciones y también en el Congreso”.

Desde el sector, Mauricio Acevedo, presidente de la Federación de Farmacias de Chile, afirmó que “Queremos dialogar, pero dialogar de verdad, sin la arrogancia de creer que porque tienen más parlamentarios a favor, tienen el país comprado. Estaremos en el Congreso participando y atentos a las discusiones parlamentarias defendiendo nuestros derechos”.

En tanto, Sergio Fuentes, presidente del Sindicato Nacional Jumbo y secretario de CONATRACOPS, manifestó que “es una vergüenza que se presenten proyectos de leyes laborales sin ningún diálogo con el mundo del trabajo, solo han escuchado al mundo empresarial”, y graficó cuestionando al Ejecutivo que “la Jornada laboral de 40 horas, ni siquiera se aplica al 100% y este Gobierno ya quiere meterle letra chica, incluso haciendo trabajar hasta 52 horas semanales. No estamos dispuestos a retroceder”.

Por su parte, David Acuña, vicepresidente de Comunicaciones de la CUT y dirigente del Sindicato Unilever, advirtió que “lo que está planteando el Gobierno con esta reforma laboral encubierta, es quitarnos beneficios conseguidos con años de lucha. No vamos a permitir que se nos quiten nuestros años de servicio, que se flexibilice aún más el trabajo. Vamos a estar a nivel nacional, en los distintos centros comerciales, conversando de manera pacífica con la ciudadanía y con las y los trabajadores”.

El colectivo de estudiantes de la Universidad de Santiago, logró reunir más de 2 toneladas de enseres de primera necesidad para ir en ayuda directa para los afectados por los fuertes temporales en la región de Coquimbo.

Mercadería, implementos de aseo y agua para consumo fueron cargados a pulso por los estudiantes a eso de las 8 de la mañana del viernes. El colectivo gestionó el transporte de los enseres en conjunto con la Vicerrectoría de la casa de estudios y la Federación de Estudiantes, esta última llevará otro cargamento de ayuda para la comuna de Canela.

La coordinadora general de Memoria Usach, Esperanza Contador, comentó que esta ayuda, “vamos a llevar todo esto a La Serena en coordinación con la Red de Jóvenes Voluntarios, esto irá también en coordinación con las diferentes juntas de vecinos en donde han sido afectadas las familias”. Asimismo, la joven estudiante aseguró que seguirán promoviendo los trabajos voluntarios en el futuro en el desafío de la reconstrucción. 

Pasadas las 23 horas el camión arribó a La Serena, siendo recibido en la oficina parlamentaria del Senador Daniel Nuñez y el diputado Bernardo Salinas, por la Consejera Regional Valeria Chacana y la presidenta de las Juventudes Comunistas Catalina Lufín,  acompañadas de una decena de voluntarios. 

Valeria Chacana, Consejera Regional, reafirmó el compromiso que mantienen en seguir contribuyendo a levantar nuevamente la región, “seguiremos trabajando para levantar la región de Coquimbo con nuestras manos, ya que el gobierno de Kast no ha demostrado estar a la altura de esta tragedia, actualmente somos miles de jóvenes agrupados en la red y esperamos que se sigan sumando más”. 

Durante los próximos días los jóvenes continuarán con sus labores, y ya planean una despliegue de trabajo en la reconstrucción y limpieza de algunos sectores afectados por las inundaciones. 

La rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Solange Tenorio, presentó ante la comunidad del plantel la Cuenta Anual de su primer año de gestión, dando cuenta de los avances alcanzados en formación, investigación, modernización, infraestructura, bienestar y vinculación con el medio, junto con los desafíos y prioridades que orientarán el desarrollo de esta institución.

Entre los resultados, la rectora destacó el aumento de 9,2% en la matrícula de primer año de pregrado, en contraste con la disminución registrada a nivel nacional en las carreras de pedagogía, así como la ampliación de la oferta académica mediante la apertura de nuevas carreras y programas.

Asimismo, relevó el crecimiento de 25% en la matrícula de postgrado, junto con la adjudicación de nueve proyectos Fondecyt, que reflejan el fortalecimiento de la formación avanzada y la investigación.

Modernización, infraestructura y bienestar

La modernización institucional registró importantes avances, entre ellos la actualización del Modelo Educativo y el impulso al Gobierno de Datos. A ello se suman 18 proyectos de infraestructura, con una inversión superior a los $2.893 millones, destinados a mejorar los espacios para la docencia, la investigación y la vida universitaria.

La rectora igualmente resaltó los avances en bienestar universitario, con 9.707 atenciones de salud estudiantil y una disminución del 32% en los accidentes laborales, además del fortalecimiento de la comunicación institucional, que permitió ampliar la presencia de la universidad y consolidar nuevos espacios de vinculación con establecimientos educacionales.

En materia de calidad, la rectora Tenorio destacó que el 84% de las carreras de pregrado están acreditadas, que se ha consolidado el Sistema Interno de Gestión de la Calidad, y que la universidad inició su Autoevaluación Institucional, como antesala del proceso de acreditación, iniciativas orientadas a fortalecer la mejora continua.

Una universidad conectada con su entorno

Durante el último período, según informó Solange Tenorio, “la UMCE adjudicó 46 proyectos de Vinculación con el Medio y Extensión, aprobó su primera Política de Internacionalización, suscribió 17 nuevos convenios con instituciones de 13 países y concretó 106 movilidades nacionales e internacionales, ampliando las oportunidades de colaboración académica y proyección institucional”.

En este ámbito, la rectora también destacó las temporadas de conciertos impulsadas por la Facultad de Artes y Educación Física, que convocaron a cerca de 18 mil personas en distintos espacios culturales de la Región Metropolitana.

Compromiso de la comunidad

Por otra parte, destacó el Plan de Modernización y Crecimiento de la UMCE, orientado a fortalecer la articulación académica y administrativa, diversificar la oferta formativa y avanzar en los ajustes curriculares asociados al Modelo Educativo. Señaló que estos desafíos “exigen impulsar cambios con responsabilidad y visión de largo plazo, resguardando el patrimonio institucional y proyectando el desarrollo de la Universidad en un contexto cada vez más exigente para la educación superior”.

Finalmente, la rectora reafirmó que el futuro de la institución se sustenta en el compromiso de su comunidad: “Todas y todos quienes la conformamos compartimos un compromiso ético insustituible con la misión pública para la cual esta universidad fue creada”, afirmó, agregando que ese compromiso permitirá enfrentar los desafíos de los próximos años y seguir fortaleciendo a la UMCE como “orgullosa y digna heredera del histórico Instituto Pedagógico de Chile”.

La acción constitucional se funda en hechos ocurridos el 24 de marzo de 2023, cuando funcionarios de la PDI habrían fotografiado a la abogada, el vehículo en que se trasladaba y el equipo que la acompañaba mientras desarrollaban labores propias de la defensa jurídica, en una causa distinta a la de Julia Chuñil. Por otra parte, la Fiscalía confirmó que la defensora de DD.HH no se encuentra en calidad de imputada por declaraciones que habría emitido en un punto de prensa por el caso de Julia Chuñil. 

La defensa de Karina Riquelme, reconocida abogada defensora de derechos humanos, anunció la presentación de un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. La acción constitucional se funda en hechos ocurridos el 24 de marzo de 2023, cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones realizaron labores de vigilancia y seguimiento en las inmediaciones del Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno.

Según el escrito, durante esas diligencias fueron fotografiados Karina Riquelme, el vehículo en que se trasladaba y el equipo que la acompañaba mientras desarrollaban labores propias de la defensa jurídica. El recurso sostiene que estas actuaciones constituyen una afectación al libre ejercicio de la profesión y a la seguridad individual de quienes ejercen la defensa de derechos humanos.

Asimismo, recuerda que la Corte Suprema ya había impartido instrucciones para que las policías evitaran realizar actuaciones que perturbaran el normal desempeño de abogados en el ejercicio de sus funciones. La acción presentada por el abogado Rodrigo Pizarro Rosales solicita que se declare “la ilegalidad de las labores de vigilancia denunciadas y que se adopten medidas para impedir que este tipo de actuaciones vuelva a repetirse respecto de abogados y abogadas en el ejercicio de su labor profesional”.

La defensa se encuentra esperando que la Corte de Apelaciones de Valdivia acoga este recurso de amparo. Abogada de hijos de Julia Chuñil no está siendo investigada por revelación de secreto En una acción distinta e independiente, este viernes se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Valdivia una audiencia solicitada por la defensa de la abogada de derechos humanos, Karina Riquelme Viveros.

La diligencia buscaba recibir información oficial sobre la investigación por la infracción al secreto de causa reservada vinculada a su representación jurídica de la familia de Julia Chuñil Catricura, mujer mapuche desaparecida en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.

En la instancia, la fiscalía de Los Ríos confirmó que la defensora de Derechos Humanos no está siendo investigada en esta arista. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene el proceso para determinar la trazabilidad del acceso, divulgación y difusión pública del documento judicial filtrado de la causa bajo reserva legal. Previo a la audiencia, la defensa había señalado que existían dificultades para acceder a los antecedentes que sustentan la investigación, situación que, a su juicio, afectaba el ejercicio del derecho a defensa.

El abogado Rodrigo Pizarro Rosales, señaló que la fiscalía regional dispuso medidas de seguridad para el fiscal adjunto que compareció en la audiencia. Es decir, el representante del Ministerio Público mantuvo la reserva de su identidad y compareció a través de modalidad telemática. “Este punto nos causa especial curiosidad, por qué razón la fiscalía decide mantener oculto al fiscal interviniente en la causa si la abogada defensora de derechos humanos, Karina Riquelme no está siendo investigada, como ellos mismos lo confirmaron. Además, la fiscalía solicitó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y observadores internacionales de derechos humanos no presenciaran la audiencia, sin embargo el juez a cargo rechazó esta petición”, enfatizó Pizarro.

La apertura de esta investigación y la posible imputación de la abogada había generado preocupación entre académicos y organizaciones internacionales dedicadas a la protección de personas defensoras de derechos humanos, quienes han advertido que este tipo de actuaciones puede afectar el libre ejercicio de la profesión y producir un efecto inhibitorio en abogados que intervienen en causas de alto interés público.