El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, compartió parte de la mirada que la colectividad vertió sobre la política nacional en el reciente XIII Pleno del Comité Central realizado el sábado 1 de agosto.

Dentro del cónclave se hizo análisis del actual gobierno de línea derechista y ultraderechista, reconociendo una clara matriz reaccionaria, apuntó Carmona, y que reivindica la política de Estado impuesta en dictadura con su particular y radical giro hacia el modelo neoliberal, a fines de la década del 70’.

La nostalgia del Estado subsidiario está en clara dirección con la formulación del presidente del Partido de Republicano de privatizar Codelco, agregó el presidente del PC, acerca de la propuesta del senador Squella de cambiar la propiedad de la cuprífera:  “Aquí va a ser un abuso en descampado”, dijo respecto al recurso mineral considerado como principal patrimonio de Chile:

“Vienen por todo y en esa carrera se descompaginan, tienen serios conflictos”, advirtió también, aludiendo a la polémica que generó esa propuesta, aunque sin dejar de reparar en la posibilidad de la entrada de los privados por otra vía: es decir, a partir del espacio que podrían estar facilitando los recortes fiscales emprendidos por el ejecutivo y que comienzan a afectar al Estado.

“Ese es el propósito de fondo: dar un marco legal”, precisó también citando el símil con el marco jurídico político de la dictadura: “Hay una relación de la instalación del modelo, el plan laboral de José Piñera y el plebiscito del 80’.

Respecto al contexto global de esta política y del modelo que persigue la derecha internacional, indicó que hay un agotamiento del paradigma neoliberal como camino de desarrollo económico. Sin capacidad de respuesta y con la exclusión que genera, no va a resolver problemas como la cesantía, precisó el timonel: “El desempleo y los bajos salarios llegaron para quedarse”. 

Asimismo, expresó su atención respecto a la CUT que ha realizado recientemente un encuentro nacional, al igual que respecto a la Confech, los usuarios de la salud o los del suministro eléctrico, etc., donde “va a empezar a conversar y proponer el mundo popular y social”, proyectó: “Eso acentúa las obligaciones que tenemos los partidos políticos que sismo oposición a este gobierno y que tenemos una propuesta alternativa que no puede ser deslavar esa crítica sino acentuarla mucho y hacerla muy nítida”, dijo el presidente del PC.

Fernando Monsalve A. – Abogado

El rechazo del recurso de nulidad por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa seguida contra el ex carabinero Claudio Crespo, acusado por los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica, no es un hecho aislado ni una mera discrepancia de técnica procesal. Constituye el hito de consolidación de una doctrina peligrosa: la ratificación judicial de una señal inequívoca de impunidad para los agentes del Estado que hacen uso abusivo y desproporcionado de la fuerza.

Si bien la técnica procesal aún reserva, con carácter exiguo y excepcionalismo, la vía del recurso de queja, la verdad de fondo que arrojan estos fallos (tanto el del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal como el del tribunal de alzada) es una sola: la judicatura ha decidido asentar una interpretación donde la protección del orden público se sitúa como un fin que justifica la mutilación y la afectación grave de la vida e integridad física de la ciudadanía.

Desde un análisis estrictamente jurídico y legislativo, este escenario no es fortuito. El estándar de impunidad que hoy presenciamos es el resultado esperable y la consecuencia directa de una agenda legislativa que el gobierno anterior, encabezado por Gabriel Boric, impulsó, respaldó y permitió bajo una complacencia temeraria.

La promulgación de cuerpos normativos como la Ley Naín-Retamal (Ley N° 21.560) o las continuadas ampliaciones de los Estados de Excepción Constitucional representaron la concesión de un marco interpretativo laxo y desequilibrado. A través del establecimiento de figuras como la legítima defensa privilegiada para las fuerzas del orden, el Poder Legislativo y el Ejecutivo no hicieron más que entregar un “cheque en blanco” normativo a las policías y a las Fuerzas Armadas.

Resulta contradictorio y éticamente reprochable desde una perspectiva crítica del Estado de Derecho que un gobierno gestado al calor de las demandas de derechos humanos terminara claudicando ante la presión mediática y de los sectores conservadores. Recordada es la vehemencia con la que la exministra del Interior, Carolina Tohá, emplazaba públicamente a los parlamentarios de su propia coalición que cuestionaban los vacíos y peligros de la Ley Naín-Retamal, acusándolos implícitamente de obstaculizar la seguridad pública. De igual forma, la gestión del Ministerio de Justicia demuestra una incapacidad manifiesta para proyectar reformas procesales y penales que protegieran a la ciudadanía frente a los abusos del monopolio de la fuerza, inclinando permanentemente la balanza hacia la desprotección del agredido y el resguardo del agresor.

En el caso Gatica, la judicatura ha operado con un test de proporcionalidad severamente distorsionado. Bajo la premisa de responder ante eventuales desórdenes o al lanzamiento de objetos contundentes, las decisiones judiciales han terminado por catalogar como un “actuar legítimo” la utilización desmedida de armamento antidisturbios cuya consecuencia fue la mutilación ocular permanente de un ciudadano. Este juicio no solo desconoce los estándares internacionales en materia de uso progresivo de la fuerza y los compromisos vigentes de Chile en Derechos Humanos, sino que genera un precedente sombrío: la actuación policial no tendrá castigo si se reviste con la retórica de la contención del orden público.

Hoy asistimos al corolario legislativo y judicial de una política de la resignación. Las leyes impulsadas en el gobierno pasado abrieron las compuertas para que hoy la judicatura, mediante interpretaciones amplias y permisivas, garantice la impunidad de la violencia institucional. El mensaje que la institucionalidad entrega a las y los ciudadanos es tan claro como desolador: las armas del Estado no están para resguardar la vida del pueblo, sino para proteger la impunidad de quienes aprietan el gatillo.

y si, las instituciones funcionan….

El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y presidente de Fesimetro, Eric Campos, señaló que el Plan de Reactivación Laboral promovido por el gobierno, va en la misma línea ideológica que la mega reforma con un claro referente en el Plan Laboral de la dictadura.

Así como se desmanteló el cuerpo de derechos colectivos en el área con José Piñera, hoy se apunta a los derechos individuales de las y los trabajadores, indicó:

Puntualmente se impacta la jornada laboral, el contrato por hora y la eliminación de indemnización por años de servicio, consignó el dirigente.

También, cuestionó lo dicho por el gobierno de no aumentar la jornada de 40 horas -ley que aún no termina de implementar-, dado que sí se alteraría con la distribución de las horas que se propone.

Si bien por ley se puede trabajar 2 semanas por 45 horas diarias y las otras 2 semanas con 35 horas de forma intercalada y bajo acuerdo con el sindicato, Campos señaló que el ejecutivo, por medio de buscar modificar las condiciones para los trabajadores del turismo, las 40 horas se podrán promediar durante 16 semanas, es decir, 4 meses, para todos los trabajadores.

Así, en un período donde se puede trabajar un ciclo de 8 semanas de 45 horas y las otras 8 semanas por 35 horas, no se elimina el tope de 52 horas semanales con horas extras. Junto con eso, explicó, esta distribución tampoco favorece la contratación:

Por otro lado, se refirió a la medida que busca calcular la indemización por despido, no por mes sino por semana, para el año trabajado. “Es decir, no hay ninguna medida seria para dinamizar la economía que genera más empleo”, concluyó el dirigente de la Central.

Metro de Santiago

Acerca del incendio ocurrido la semana pasado en la Estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago y que impactó a un carro de los trenes Alstom, los más antiguos de la red, el presidente de Fesimetro señaló que el siniestro aún se encuentra en investigación.

Felizmente, dijo, ocurrió en un línea 5 donde el personal concurrió a asistir a los pasajeros, lo que habría podido ser distinto en otras vías automatizadas:

En ese aspecto, enfatizó la preferencia expresa de los usuarios por este transporte público, lo que no deja de ser un desafío por lograr un sistema más integral y donde al igual que en otros países más avanzados, las empresas públicas son parte de esa plataforma. precisó. También, otro punto abordado por Campos fue la subcontratación que hoy prolifera en esta empresa pública de transporte, factor que pesa al momento de reducir los espacios de probabilidad de inseguridades.

• Las precipitaciones de las últimas semanas volvieron a evidenciar cómo los residuos abandonados terminan acumulándose en alcantarillas, cauces y riberas. Greenpeace reconoce el avance que significó la prohibición de las bolsas plásticas de comercio, pero advierte que Chile debe avanzar hacia una reducción efectiva de los plásticos desechables y una mayor responsabilidad de quienes los ponen en el mercado.

03 de agosto, 2026. Los intensos sistemas frontales que han afectado a distintas regiones del país durante las últimas semanas dejaron nuevamente una imagen conocida: residuos acumulados en alcantarillas, canales, quebradas, cauces urbanos y, finalmente, playas y borde costero. En ese contexto, cuando este 3 de agosto se cumplen ocho años de la entrada en vigencia de la Ley N°21.100, conocida como “Chao Bolsas Plásticas”, Greenpeace destaca que la normativa marcó un cambio importante en la forma en que el país enfrenta la contaminación por plásticos, aunque advierte que el problema sigue lejos de estar resuelto.

Cabe recordar que Chile fue el primer país de América Latina en prohibir la entrega de bolsas plásticas en el comercio. Antes de la entrada en vigor de la ley se estimaba que en el país se utilizaban cerca de 3.400 millones de bolsas al año y, según el Ministerio del Medio Ambiente, hacia 2020 su implementación ya había evitado la entrega de aproximadamente 4.800 millones de bolsas plásticas.

Pese a lo anterior, según la organización, el escenario actual demuestra que la contaminación por plásticos continúa siendo un problema estructural. El Plan de Invierno 2026 considera el retiro preventivo de cerca de 4.000 toneladas de basura desde la red de alcantarillado de la Región Metropolitana, mientras que durante 2025 ya se extrajeron más de 4.100 toneladas de residuos de ese sistema, incluyendo plásticos, neumáticos, textiles, aceites solidificados y otros desechos. Aunque no existe un desglose oficial que permita identificar qué proporción corresponde específicamente a residuos plásticos, la evidencia muestra que estos forman parte de los materiales que deben retirarse año tras año.

“La lluvia no crea la basura: revela y moviliza los residuos que ya estaban abandonados en nuestras ciudades. Cuando aparecen bolsas, botellas y otros plásticos en alcantarillas, canales y ríos, estamos observando el resultado de una gestión deficiente que comienza mucho antes de la tormenta”, afirma Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace.

En efecto, las precipitaciones movilizaron residuos que pueden haber permanecido durante meses o incluso años acumulados en calles, quebradas, riberas, vegetación y sedimentos. Parte de ellos terminó obstruyendo la infraestructura urbana y otra parte continúa desplazándose hacia ríos, estuarios y zonas costeras, donde agrava la contaminación de los ecosistemas acuáticos. De hecho, diversas investigaciones científicas han demostrado que los eventos de crecida aumentan el transporte de plásticos desde las cuencas hacia los cursos de agua, mientras que un estudio publicado en Science Advances concluyó que más de mil ríos concentran cerca del 80% de las emisiones fluviales de plástico que llegan al océano.

“A ocho años de la Ley Chao Bolsas Plásticas, Chile puede reconocer un cambio importante en los hábitos de consumo. Pero prohibir la bolsa del comercio fue solo el primer paso: todavía debemos reducir la producción de desechables, exigir mejores diseños y asegurar que las empresas se hagan responsables de los residuos que generan”, agrega Espinosa.

En este contexto,  la vocera de Greenpeace destaca que durante los últimos años Chile ha dado pasos importantes con leyes como Chao Bolsas Plásticas, la de Plásticos de un Solo Uso o la de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), normas que buscan avanzar hacia una mayor responsabilidad de quienes ponen productos y envases en el mercado. Sin embargo, la organización advierte que su implementación aún no ha logrado traducirse plenamente en una reducción efectiva de los residuos, por lo que, en la práctica, gran parte del esfuerzo sigue recayendo en las personas consumidoras y el Estado.

“No es razonable ni económicamente viable que el Estado, los municipios y las personas tengan que retirar cada invierno miles de toneladas de basura desde alcantarillas y cauces. La prevención debe comenzar en el diseño, la producción y la comercialización, no solamente cuando el residuo ya está obstruyendo la ciudad o llegando a los ríos”, señala la especialista.

De este modo, desde Greenpeace enfatizan que el principal desafío es avanzar hacia una economía donde se produzcan menos residuos desde el origen. “La Ley REP establece que quien introduce envases al mercado debe financiar su gestión. El desafío ahora es que esa obligación se traduzca finalmente en menor producción de residuos, mayor reutilización, recolección efectiva y productos que no estén diseñados para convertirse rápidamente en basura”, puntualiza Espinosa.

Rosa Vergara, presidenta de la Asociación Nacional de Consejos de Usuarios de Salud Pública, protagonizó una intervención en la cuenta pública del ministerio de la salud la semana pasada, en dónde emplazó a la ministra May Chomalí para que diera cuenta de las consecuencias que en el sistema público los recortes del orden de 413 mil millones de pesos. 

“Nosotros sabemos que los 400 mil millones que van a recortar de la salud pública nos va a afectar”, señaló la dirigenta de Ancosalud. 

La presidenta de Ancosalud, menciona que las listas de espera es una deuda que mantiene presente el Estado, aunque reconoce que se había avanzado en los tiempos, cree que tras estos recortes todo el avance quedará en cero. 

Por otra parte, Rosa Vergara relató un hecho que parece inédito en relación con la precarización de la atención en hospitales. “En el Sótero del Río por ejemplo, los trabajadores hacen una ‘vaca’ como decimos en el territorio, para comprar guantes, para comprar alimento para algunos pacientes”. 

Todos los cáncer ingresarán al GES 

Uno de los anuncios más relevantes de la cuenta pública fue la incorporación al GES de todos los tipos de cáncer, una demanda muy esperada por la ciudadanía y los pacientes oncológicos. 

Rosa Vergara comentó, “la gente que tiene cáncer, está contenta porque ve una esperanza en que por fin lo van a atender, pero nosotros hemos estado sondeando y pidiendo información vía transparencia y claro, se ha llamado por teléfono pero no a todos”. 

Asimismo, Vergara señaló que muchos pacientes están siendo derivados a clínicas, en dónde esto se convierte en un negocio para los privados. 

Desaprobación del gobierno y alza en el costo de la vida galopantes 

Según datos de la encuesta Pulso Ciudadano, el presidente José Antonio Kast alcanzó un 25,6% de aprobación mientras que un 58,9% lo desaprueba, una cifra histórica a poco menos de 6 meses de iniciada su gestión, esta situación a juicio de Rosa Vergara, está recién “comenzando”. 

“Esto tiene que ver con las medidas que está tomando este gobierno, que empobrecen más a las chilenas y chilenos, es claro entonces que la gente hoy día está reaccionando”, señaló la dirigenta de ANCOSALUD, agregando que, “es un buen augurio, que la gente hoy día se esté dando cuenta de la realidad que está y de los engaños a los que fue expuesta en la campaña del presidente Kast”. 

Datos aportados por el INE, dan cuenta que entre junio de 2021 y julio de 2026 los precios de los alimentos han aumentado un 40%. Rosa Vergara aseguró que, “hay una primera radiografía que uno puede ver en la población. Si usted se da una vuelta por la feria, los coleros son gigantescos, la gente está yendo a vender todo lo que tienen en sus casas para poder llegar a fin de mes”. 

La dirigenta enfatizó en que en algunos centros de salud, se evidencia cómo los usuarios, principalmente adultos mayores, van sin comer nada, porque no tienen para el desayuno y denunció que la alimentación de la ciudadanía está empeorando. 

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró un crecimiento de 2,4% en junio de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, según la información preliminar publicada este lunes. En tanto, la serie desestacionalizada aumentó 0,6% respecto de mayo y 1,4% en doce meses, en un mes que además contó con un día hábil más que junio de 2025.

El resultado estuvo explicado principalmente por el desempeño de la minería, los servicios y el comercio, sectores que también lideraron el crecimiento de la actividad económica en términos desestacionalizados. Por su parte, el Imacec no minero mostró un incremento anual de 1,4%, mientras que en comparación con el mes anterior creció 0,1%.

En la producción de bienes se observó un aumento anual de 3,9%, impulsado por la minería, especialmente por la extracción de cobre. En contraste, la industria manufacturera retrocedió 0,7%, debido principalmente a una menor elaboración de productos pesqueros.

El comercio presentó un crecimiento de 5,4% en doce meses, con resultados positivos en todos sus componentes. Destacaron las ventas mayoristas de maquinaria y equipos, el aumento de las ventas minoristas en establecimientos especializados de vestuario, almacenes de comestibles y plataformas de comercio electrónico, además del dinamismo del comercio automotor, impulsado por mayores ventas de vehículos y servicios de mantención.

Los servicios, en tanto, crecieron 1,7% respecto de junio de 2025, impulsados principalmente por los servicios personales, especialmente en las áreas de salud y educación. Asimismo, contribuyeron los servicios empresariales, que también explicaron el avance registrado en la serie desestacionalizada.

De acuerdo con el calendario de difusión de las Cuentas Nacionales, los resultados preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) correspondientes al segundo trimestre de 2026, junto con las revisiones del primer trimestre, serán dados a conocer el próximo 18 de agosto.

A pocas semanas del 9 de agosto, el debate comienza a ir más allá de los juguetes. Mientras el 26,4% de los niños y adolescentes cumple con la actividad física diaria recomendada por la OMS, distintas iniciativas apuntan a que las experiencias al aire libre y los panoramas en familia pueden transformarse en un regalo con impacto mucho más duradero.

Cada Día del Niño se repite la misma escena: vitrinas llenas de juguetes, largas listas de regalos y familias buscando qué comprar. Pero este año hay una pregunta que empieza a instalarse con más fuerza: ¿y si el mejor regalo no fuera un objeto?

La inquietud no surge por casualidad. En Chile, sólo el 26,4% de los niños y adolescentes realiza la actividad física diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud, mientras que casi el 74% pasa más de dos horas al día frente a pantallas, según cifras del Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud. En otras palabras, tres de cada cuatro niños no alcanzan el nivel mínimo de movimiento recomendado para su edad.

El contraste es llamativo porque el interés de las familias sí existe. La Radiografía del Deporte 2025, elaborada por Cadem y Sparta, muestra que el 86% de los padres incentiva a sus hijos a practicar deporte, e incluso el 28% ya realiza actividad física junto a ellos.

La diferencia, entonces, parece estar menos en la intención y más en encontrar espacios donde compartir esas experiencias.

“Muchas veces pensamos que un buen regalo es el que queda guardado en una pieza, cuando en realidad los niños suelen recordar mucho más las experiencias que viven con su familia. Salir, moverse, competir sanamente o simplemente compartir una actividad distinta termina generando recuerdos que permanecen mucho más que cualquier juguete”, comenta Ricardo Páez, fundador de Rally Kart.

El especialista explica que los panoramas activos también entregan beneficios que van más allá del ejercicio físico. “Cuando un niño participa en una actividad donde debe concentrarse, coordinar movimientos, respetar reglas o trabajar en equipo, desarrolla habilidades que después utiliza en otros ámbitos de su vida. Además, son instancias donde las familias vuelven a compartir tiempo de calidad, algo que hoy muchas veces se pierde entre las pantallas y las rutinas”.

Durante los fines de semana y vacaciones de invierno, los centros de entretenimiento familiar han visto un mayor interés por actividades que involucren movimiento y participación conjunta. Especialistas coinciden en que cualquier panorama que invite a moverse puede marcar una diferencia: caminar por un parque, andar en bicicleta, practicar escalada, visitar un circuito de aventuras o participar en actividades recreativas donde niños y adultos compartan el mismo espacio.

“No se trata de eliminar los regalos tradicionales, sino de complementarlos con experiencias. Muchas veces una tarde en familia haciendo deporte o descubriendo una actividad nueva genera un impacto mucho más profundo que un objeto que, probablemente, después de algunas semanas quedará guardado”, agrega Páez.

Con el Día del Niño cada vez más cerca, el desafío parece ser otro: aprovechar la fecha para regalar tiempo, movimiento y momentos compartidos. En un país donde la mayoría de los niños aún no alcanza los niveles recomendados de actividad física, ese podría ser uno de los regalos más valiosos.

Dra. Marta Cabrera Contreras, médica del trabajo de la Sociedad Chilena de Medicina del
Trabajo (SOCHMET).

En prevención de riesgos laborales, cumplir la norma no siempre significa estar preparado para responder. Una empresa puede tener botiquín, protocolos, señaléticas, comité paritario y capacitaciones formales, pero aun así enfrentar una emergencia sin que sus trabajadores sepan qué hacer durante los primeros minutos.

En Chile, la capacitación en primeros auxilios no es obligatoria para el 100% de los trabajadores en todas las empresas. Sin embargo, eso no significa que pueda ser tratada como un tema secundario. El Código del Trabajo establece el deber del empleador de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, mientras que la normativa sanitaria exige que los lugares de trabajo cuenten con elementos básicos de primeros auxilios, como botiquines adecuados. La pregunta, entonces, no es solo si una organización cumple con tener esos recursos, sino si cuenta con personas capaces de usarlos correctamente cuando ocurre una emergencia.

En la práctica, muchas organizaciones resuelven esta exigencia capacitando a integrantes del comité paritario o a brigadas de emergencia, generalmente con apoyo de las mutualidades. Es una medida importante, pero insuficiente si se transforma en la única respuesta. Los accidentes no ocurren necesariamente frente a la persona entrenada, ni esperan a que llegue el equipo designado. Pueden presentarse en una bodega, una oficina, un casino, una faena, un estacionamiento o durante un turno con menos dotación.

La diferencia es especialmente clara en minería. En este sector, la normativa es mucho más estricta y exige brigadas organizadas, instruidas y equipadas, además de supervisores y personal clave con conocimientos certificados en primeros auxilios. Dependiendo de la extensión de la faena, el número de trabajadores y la distancia respecto de centros urbanos, también se requieren policlínicos, ambulancias, paramédicos, salas de atención e incluso convenios de evacuación aeromédica. Allí, la respuesta inicial no se deja al azar, porque se entiende que forma parte de una cadena de sobrevivencia donde cada minuto cuenta.

Ese estándar debiera servir como referencia para otros rubros, aunque sus riesgos sean distintos. No todas las empresas enfrentan las condiciones de una faena remota, pero todas pueden vivir una emergencia: un paro cardiorrespiratorio, una caída, una hemorragia, una quemadura, un accidente eléctrico, una intoxicación o una situación crítica derivada de un terremoto, incendio, inundación o corte de conectividad. En esos escenarios, la llegada de ayuda especializada puede demorarse, y la primera respuesta dependerá de la preparación de quienes estén presentes.

Algo similar ocurre con los desfibriladores externos automáticos, conocidos como DEA (sirven ante un paro cardíaco súbito). La ley obliga su instalación en determinados recintos de alta afluencia, como centros comerciales, terminales, aeropuertos, estaciones, establecimientos educacionales, recintos deportivos y otros espacios abiertos al público. Sin embargo, una empresa cerrada  que no recibe público masivo no siempre está obligada por esa normativa a contar con un DEA.

Esa distinción legal no debería interpretarse como una excusa para no avanzar. Aunque no todas las empresas estén obligadas a tener un DEA, los estándares internacionales y sectoriales han impulsado su incorporación en industrias, faenas, campamentos, vehículos de emergencia y espacios donde el tiempo de respuesta puede ser crítico. En la práctica, disponer de estos equipos y de trabajadores capacitados en reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador no debería verse como un lujo ni como una exigencia adicional, sino como parte de una gestión preventiva seria.

Una cultura preventiva real exige pasar del mínimo cumplimiento a la preparación efectiva. Esto implica formar a más trabajadores en habilidades básicas, simples y aplicables: reconocer una emergencia, activar los protocolos, pedir ayuda (llamar a servicios médicos de urgencia), iniciar RCP solo con las manos, controlar un sangrado con presión directa, actuar frente a quemaduras con agua limpia y corriente, evitar mover a una persona lesionada cuando existe sospecha de daño mayor y priorizar la atención cuando hay varias personas afectadas.

No se trata de convertir a cada trabajador en personal sanitario ni de reemplazar a los equipos de emergencia. Consiste en comprender que, antes de la llegada de ayuda especializada, siempre habrá un primer respondedor: un compañero, una supervisora, un guardia, una persona de aseo, alguien de administración o un trabajador de turno. Si ese trabajador/a sabe actuar, la empresa no solo cumple mejor; protege mejor.