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La Agrupación de Pacientes Ostomizados del Hospital Padre Hurtado busca visibilizar sus demandas y sensibilizar sobre esta condición de discapacidad que requiere accesibilidad sanitaria en los hospitales, garantías para la canasta de insumo y adecuaciones en el espacio público y privado, señala su presidenta, Cristina Astroza.

Por Carolina Millalen

Octubre es también el mes de las y los pacientes ostomizados, es decir, personas de todas las edades -incluyendo recién nacidos y niños- que han sido sometidas a una cirugía llamada ostomía que crea una abertura artificial, principalmente en la zona abdominal que conecta a determinados órganos con el exterior.

Los pacientes buscan visibilizar sus demandas y sensibilizar sobre su condición, como es el caso de la Agrupación de Pacientes Ostomizados del Hospital Padre Hurtado y que preside Cristina Astroza.

La ostomía es una operación asociada -por ejemplo- “al tratamiento del cáncer colorrectal o a enfermedades inflamatorias como colitis ulcerosa o Crohn”, señala la dirigenta. Quienes viven bajo esta condición el resto de su vida manifiestan que hay falta de accesibilidad y discriminación social y laboral:

Los pacientes requieren adecuaciones sanitarias y baños aptos para atender sus necesidades básicas que realizan con ayuda de las llamadas bolsas de ostomía. Sin embargo, ni siquiera los servicios higiénicos de los centros hospitalarios o de salud están preparados para esta demanda de accesibilidad.

Si bien la Ley N° 21.559 conocida como Ley “No Puedo Esperar” promulgada en 2023, regula el acceso gratuito y expedito a servicios sanitarios y otorga atención preferente a personas con enfermedades inflamatorias intestinales. Sin embargo, los aparatos sanitarios no son funcionales para el caso de estos pacientes, señala Cristina Astroza, lo que finalmente se traduce en un trato no digno para un aspecto básico y cotidiano:

Más aún, la ley no los reconoce explícitamente ni tampoco el Servicio Nacional de Discapacidad Senadis, “porque tampoco saben cómo ayudar a un paciente ostomizado o qué herramientas entregarles para sobrellevar esta condición”.

No hay un catastro de cuántos pacientes hay actualmente en Chile y hay pocos centros de salud que brinden un tratamiento constante de los pacientes. “Son muy pocos los hospitales de Chile que tiene, por ejemplo, un Poli de Ostomía que se dedique a los controles o que se dedique a educar al paciente en relación a su ostomía”. Al respecto indica que el Hospital Barros Luco y el Hospital Padre Hurtado sí cuentan con ostobaños:

Por otro lado, la presidenta de la Agrupación advierte que hay varias ostomías para las cuales “no hay garantías para sobrellevar este tipo de patología, considerando que generalmente -por no decir siempre- son los pacientes vulnerables quienes más sufren”.

“Los insumos son demasiado caros. Entonces, si sumamos que el paciente se ve en una situación de estar sin trabajo y no poder acceder a  sus insumos, hemos recibido casos que llegan con pañales, bolsas de basura, trapos. Al ser una agrupación sin fines de lucro, funcionamos con donaciones. Nos pasa que no tenemos nada para donar porque no nos ha llegado nada a nosotros”, relata.

Al respecto, también destaca la decisión de la Municipalidad de San Ramón que está gestionando la posibilidad que los insumos ingresen a la farmacia comunal, iniciativa que esperan se replique en otros municipios cuyas comunas se atienden en el Hospital Padre Hurtado como La Pintana y La Granja.

“Estamos trabajando para hacer una modificación a la ley y que exija a todos son hospitales privados y públicos un baño para ostomizados y acceso a una canasta con los insumos que cada paciente necesita y que son varios”, señala:

Cristina Astroza precisa que buscan incluir incluso a los pacientes pediátricos y a los neonatos para quienes tampoco hay una cobertura para garantizar sus insumos. “Sin embargo, debemos partir como por lo básico, dando un pasito a la vez”, acota dijo sobre el foco en la canasta de insumos y la adaptación de los baños en hospitales, espacios públicos, pero también privados, “dado que ese sector tiene mayores recursos para adaptar baños en los mall, el retail y en todos esos lugares donde prácticamente viven también nosotros, los consumidores. Mínimo darnos un lugar dignos para hacer este tipo de menesteres”.

Asimismo, indicó que están conversando con parlamentarios de distintas bancadas y que han estado en el Congreso entregando una propuesta de reforma de ley, sobre la cual están a la espera que se analice.

“Nuestra condición es una discapacidad que no se ve. La gente está acostumbrada a ver a la gente discapacitada con bastones, sillas de ruedas, audífonos, pero la nuestra es algo que no se ve y si uno no dice, nadie lo sabría”, plantea la presidenta de la Agrupación de Pacientes Ostomizados del Hospital Padre Hurtado.

El diputado del Partido Comunista cuestionó la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por los decretos de liberación por vía administrativa de condenados por delitos sexuales y violaciones a los derechos humanos. Además, abordó la creación de una comisión investigadora por las pérdidas de ahorros previsionales y valoró las críticas de la Iglesia Católica a los efectos del neoliberalismo.

El parlamentario sostuvo que la responsabilidad por los decretos de liberación por vía administrativa recae en el Ejecutivo, apuntando directamente al presidente José Antonio Kast y al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Según señaló, entre los casos conocidos se encuentran 27 condenados por violación de niños, niñas y adolescentes y tres condenados por violaciones a los derechos humanos.

“Yo creo que el Presidente de la República estaba en conocimiento de esto”, afirmó Barraza, quien cuestionó que Kast mantenga a Rabat en su cargo, considerando la participación del Ejecutivo en la tramitación de los decretos. A su juicio, las explicaciones entregadas por el ministro agravan la situación, especialmente luego de atribuir el procedimiento a una doctrina de la Corte Suprema, institución que, según recordó el diputado, descartó tener responsabilidad en estas decisiones.

Barraza también recordó antecedentes de gobiernos anteriores para cuestionar la utilización de esta vía administrativa. Mencionó que durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, el ministro Jaime Campos se habría rehusado a firmar decretos de este tipo; que durante el Gobierno de Sebastián Piñera se avanzó en la Ley 21.421, y que la administración de Gabriel Boric también descartó recurrir a este mecanismo. En ese contexto, sostuvo que las decisiones sobre estas materias deben responder a criterios jurídicos y no políticos, particularmente cuando existen restricciones legales aplicables a condenados por delitos sexuales.

El diputado advirtió que las liberaciones representan un riesgo para la sociedad y pueden profundizar el daño a las víctimas y sus familias. Asimismo, planteó que las decisiones del Ejecutivo responderían a un diseño político orientado a instalar la liberación administrativa como precedente para facilitar futuras excarcelaciones de condenados por crímenes de lesa humanidad, incluidos reclusos de Punta Peuco y responsables de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Comisión investigadora por pérdidas de ahorros previsionales

En otro ámbito, Marcos Barraza informó sobre la presentación de una comisión especial investigadora destinada a establecer responsabilidades políticas por las pérdidas de ahorros de los cotizantes del sistema previsional.

El parlamentario señaló que se podría citar al superintendente de Pensiones, al ministro del Trabajo, al subsecretario de Previsión Social y a los directores de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El objetivo, explicó, es examinar tanto la responsabilidad de quienes administran los recursos como el papel de los organismos fiscalizadores y de las autoridades gubernamentales en la supervisión del sistema.

Barraza valora críticas de la Iglesia Católica al neoliberalismo

Finalmente, el diputado comunista valoró la posición crítica expresada por la Iglesia Católica respecto de los efectos del neoliberalismo y su impacto en la calidad de la democracia y las condiciones materiales de vida de la población.

Barraza sostuvo que la democracia no puede entenderse como un espacio neutral, sino que requiere una deliberación sustantiva en materia de justicia social y coherencia entre los compromisos asumidos por las autoridades y su cumplimiento. En esa línea, destacó las reflexiones del cardenal Fernando Chomalí sobre las promesas incumplidas y las urgencias sociales.

El legislador vinculó estas críticas con la situación de seguridad pública, las liberaciones de condenados, el deterioro económico y las dificultades que enfrenta la ciudadanía para acceder a mejores condiciones de vida. Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer los partidos políticos, pero sostuvo que ese esfuerzo debe estar acompañado de una actuación coherente con las demandas y necesidades de la sociedad.

• Los videos rescatan los testimonios de los evaluadores del proyecto, quienes denunciaron una intervención sin precedentes desde el nivel central al momento de redactar el informe final en 2017.
• La denuncia suma un nuevo capítulo a la historia de controversias que rodean a Andes Iron, empresa vinculada a conflictos de interés, investigaciones por corrupción y al caso Muñeca Bielorrusa.

Un sumario de más de 600 páginas y una carta de los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que evaluaron el proyecto minero portuario Dominga son el testimonio de las presiones que se produjeron durante la evaluación ambiental de la iniciativa de la empresa Andes Iron.

La serie de dos capítulos “El juego de Dominga”, cuya primera parte ya está disponible en las redes sociales de Oceana en Chile, detalla algunos pasajes en donde el personal técnico encargado de evaluar Dominga manifiesta que el proyecto tenía tantas falencias que debía ser rechazado. Sin embargo, una orden desde Santiago silenció todas las críticas y se recomendó su aprobación.

“Desde un inicio el proyecto Dominga ha estado involucrado a distintos casos de conflictos de interés y cohecho, a lo que se suma esta intervención en el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo para obtener un informe favorable, pese a que el personal técnico concluyó que el proyecto debía rechazarse”, afirmó Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana. “Este informe ha sido utilizado por la empresa en su estrategia judicial, sin embargo, sabemos que se trató de un informe hecho a la medida de Andes Iron”, agregó.

En el sumario, los funcionarios del SEA de Coquimbo afirman que el proyecto Dominga tenía tantas falencias técnicas que se le debió dar término anticipado, es decir, que ni siquiera entrara a evaluación ambiental. Algunos testimonios denuncian que les “quitaron la evaluación del proyecto”, además de recibir una orden de calificar favorablemente a Dominga “sin conocer los fundamentos y la conclusión”. Lo mismo ocurrió en la redacción del informe final, donde “se dispuso que no se podía editar de ninguna forma”, “no dieron razones de por qué no podíamos hacer observación”, cuando la recomendación del personal técnico que evaluó el proyecto era de rechazo. “No hay informes de nadie que justifiquen recomendación. Si hay algún fundamento no es nuestro” señalaron los funcionarios en el sumario que fue llevado adelante por el Servicio y que hoy es recogido por este especial lanzado por Oceana en Chile

Lo que viene

Hace unos días se dio a conocer que el Comité de Ministros resolvió reanudar la tramitación de las solicitudes de invalidación presentadas por organizaciones favorables a Dominga, con el objetivo de dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental desfavorable que pesa sobre la iniciativa. El próximo 30 de octubre vence el plazo para que la ciudadanía y las partes interesadas presenten observaciones, pero a partir del 31 de octubre el Comité de Ministros podría juntarse a votar el proyecto, pese a que existen aristas judiciales aún pendientes y un fuerte rechazo ciudadano a la controvertida iniciativa.

“Todo indica que si el Comité de Ministros sesiona, será para aprobar Dominga por secretaría”, afirmó Rheinen. “Sin embargo, nadie puede obviar que darle el vamos a un proyecto con este historial de conflictos de interés, corrupción e irregularidades no le hace bien a nuestro país, no le hace bien a la pesca de Chile, a los emprendedores del turismo y de la agricultura que hoy desarrollan sus actividades en armonía con el medio ambiente en un lugar que, además, es invaluable para el mundo científico”, añadió.

Los millones de Andes Iron

La semana pasada una nueva investigación periodística reveló pagos a operadores judiciales, dirigentes políticos y lobbistas vinculados a gestiones destinadas a favorecer los intereses de Andes Iron. Los antecedentes surgen en el contexto de las investigaciones derivadas del denominado caso Hermosilla, y muestran presuntas intervenciones para influir en decisiones judiciales relacionadas con Dominga, incluyendo gestiones ante jueces y nombramientos en tribunales superiores.

La publicación también identifica dentro de los asesores a al menos cinco exparlamentarios: Aldo Cornejo, Patricio Walker, Osvaldo Andrade, Gabriel Silber y Eduardo Lagos. Además, se consignan pagos a Alejandro Ruiz, exministro del Tribunal Ambiental de Santiago, quien ha dado entrevistas en los medios en calidad de experto para opinar sobre Dominga, pero sin transparentar que recibe remuneración desde Andes Iron.

A ello se suman los pagos acreditados por parte de Andes Iron a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes están imputados por cohecho, y acusados de “comprar” fallos judiciales a ministros de la Corte Suprema en el contexto del caso conocido como Muñeca Bielorrusa.

• La estación Carriel Sur acumula 1.288 milímetros de precipitaciones durante 2026, por sobre los 984 milímetros considerados normales para un año. Investigador UCSC explica por qué la crisis climática puede alternar sequías prolongadas con lluvias intensas y qué desafíos plantea para el territorio.

En el Gran Concepción ya ha llovido más de lo que normalmente precipita durante todo un año. Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile, la estación Carriel Sur registra una precipitación normal anual de 984 milímetros, mientras que durante 2026 ya se han acumulado 1.288 milímetros. La cifra también supera ampliamente los 691,9 milímetros registrados durante el mismo período del año pasado.

Sin embargo, un año lluvioso no significa necesariamente que los efectos acumulados de la sequía hayan desaparecido. La relación entre precipitaciones, disponibilidad de agua y cambio climático es más compleja y obliga a observar no solo cuánto llueve, sino también cómo, cuándo y con qué intensidad ocurren esas precipitaciones.

¿Cómo se manifiesta la crisis climática en Biobío?

En este contexto, el investigador del Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Dr. Patricio Torres, explicó que una de las principales manifestaciones de la crisis climática en la Región del Biobío es precisamente la mayor variabilidad de las precipitaciones.

“Una de las manifestaciones más evidentes ha sido la alteración de los patrones de precipitaciones, con períodos prolongados de sequía alternados con eventos de lluvias muy intensas en cortos períodos de tiempo, los que pueden provocar inundaciones y remociones en masa”, señaló.

Las precipitaciones no son el único fenómeno asociado a estos cambios. El especialista también advirtió sobre efectos que alcanzan tanto a los ecosistemas terrestres como a los costeros.

“Observamos un aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor y una mayor ocurrencia de incendios forestales. En la zona costera, el incremento en la energía de las marejadas y las modificaciones en la dinámica oceánica intensifican la erosión de playas, amenazan la estabilidad de los humedales y presionan las actividades económicas”, complementó.

Esta combinación de fenómenos también quedó en evidencia a comienzos de 2026, cuando las lluvias posteriores a los incendios forestales mostraron la vulnerabilidad de los suelos afectados por el fuego y el riesgo de remociones en masa.

Sobre la posibilidad de revertir sus efectos, Torres explicó que muchos de los cambios ya generados persistirán durante décadas. “Dado que muchos de los gases de efecto invernadero que ya hemos emitido permanecen durante décadas o incluso siglos en la atmósfera, el cambio climático no se puede revertir en el corto o mediano plazo”, afirmó.

Esta persistencia también se relaciona con procesos naturales que mantienen su dinámica incluso si las emisiones disminuyen. “El aumento del nivel del mar o el derretimiento de grandes glaciares tienen una inercia propia que se manifestará durante generaciones. Sin embargo, sí podemos desacelerar de manera importante su avance si reducimos de forma drástica las emisiones y protegemos ecosistemas clave para la captura de carbono, como los bosques, los humedales y los océanos”, señaló.

¿Qué podemos hacer frente a este escenario?

Para el investigador UCSC, enfrentar la crisis climática requiere combinar acciones de mitigación con medidas de adaptación capaces de reducir la vulnerabilidad de los territorios.

“Podemos revertir parcialmente algunos procesos mediante una transición hacia energías más limpias, una mayor eficiencia energética y la restauración de ecosistemas degradados”, explicó. Junto con estas medidas, Torres subrayó la necesidad de incorporar la adaptación climática en la planificación territorial y en la gestión pública. Entre las acciones necesarias mencionó evitar la construcción en zonas de riesgo, modernizar la gestión hídrica, diseñar ciudades más resilientes e integrar el conocimiento científico en la toma de decisiones.

“La crisis climática representa uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, pero también constituye una gran oportunidad para transformar nuestra relación con el entorno. Las decisiones que tomemos hoy determinarán la calidad ambiental, social y económica de las próximas décadas”, finalizó.

Santiago, 26 de octubre de 2026. En dependencias de la Fiscalía Nacional, los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia penal contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa, tras conocerse que el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos que concedieron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

La acción judicial, fundada en el artículo 228 del Código Penal, cuestiona la legalidad de estas resoluciones, que beneficiaron a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación. Según los parlamentarios, los decretos contravienen el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, que establece restricciones expresas para conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Al respecto, el diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que “el ministro de Justicia le ha mentido al país, le ha mentido a las víctimas y también le ha mentido a sus familias. Él no estaba obligado por ninguna ley a otorgar rebajas de condenas a pederastas. Lo que sí estaba obligado a hacer, según la ley expresamente, era negarles el beneficio de rebaja de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas.

La ley es expresa, excluye de manera absoluta, dice que de modo alguno se podrá otorgar este beneficio a estos condenados por estos crímenes tan aberrantes. Y lo que hizo el ministro fue decidir, de forma arbitraria y de forma también ilegal y caprichosa, que sencillamente no iba a aplicar la ley, invocando una jurisprudencia de la Corte Suprema. Pues bien, esa jurisprudencia no obliga al ministro ni obliga a la administración. Solamente las sentencias rigen el caso concreto. Y, al mismo tiempo, él ha argumentado que esto se hace también por una razón de eficacia y eficiencia para evitar juicios.

Entonces, nos preguntamos si tiene sentido, si es realmente ético y presentable ahorrarse un abogado, ahorrarse un juicio para liberar a un pederasta, para liberar a una persona condenada por un delito tan terrible. Eesto claramente es ilegal y lo que establece el Código Penal es que, cuando se dicta una resolución que es manifiestamente injusta, es decir, es contraria a derecho, y en este caso es contraria a una norma expresa, en ese caso, bueno, se aplica este tipo penal y por eso hemos venido a denunciar a la Fiscalía.

Él tenía la obligación de denegar la rebaja de condena y, en consecuencia, creo que esto es muy grave y por eso estamos presentando esta denuncia. Y, al mismo tiempo, ratificar que lo que cabe acá, sin duda, es que el ministro renuncie a su cargo, que dé un paso al costado”.

Por su parte, el diputado Juan Santana (PS), sostuvo “hemos decidido realizar esta acción de carácter penal contra el ministro Rabat y contra el subsecretario Silva, principalmente por el principio de prevaricación administrativa, que viene a ser un acto administrativo que es contrario a la ley, que es una de las obligaciones principales que tiene la autoridad, y principalmente porque nos parece impresentable que el presidente de la república, José Antonio Kast, ratifique en su puesto a esta autoridad, toda vez que ha sido cuestionada no solamente por nuestro sector político, sino que por el propio exministro de justicia de Sebastián Piñera.

Este gobierno, quiéralo o no, va a ser recordado como la administración que dejó en libertad a 56 personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad, y esa cuestión nos parece completamente impresentable, y no solamente empujaremos si estamos revisando los méritos suficientes para llevar adelante una acusación constitucional, sino que, además, vamos a tomar la vía penal para poder empujar las responsabilidades que corresponden contra autoridades que fueron desprolijas pero que, además, ponen en riesgo, justamente, la seguridad de los chilenos y chilenas”.

Óscar Garrido Álvarez, Rector Universidad de Los Lagos

En la discusión del Presupuesto 2027 hay una pregunta que suele quedar detrás de las cifras: ¿quién asume el costo de las obligaciones públicas cuando el financiamiento no llega, llega tarde o pierde valor? La respuesta del proyecto parece ser esta: las universidades del Estado. El Estado conserva la capacidad de fijar las reglas y encargar tareas; las instituciones deben resolver cómo cumplirlas con menos recursos y mayor incertidumbre.

Esa transferencia de riesgo es el rasgo político que debiera ocupar el centro del debate. El programa de Fortalecimiento de la Educación Superior Pública concentra la rebaja propuesta para educación superior. Frente a la Ley inicial de 2026, los instrumentos destinados a las universidades estatales acumulan unos $39 mil millones menos. Al mismo tiempo, se reducen recursos de gratuidad y del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), afectando directamente a los estudiantes, mientras sube el financiamiento del Crédito con Aval del Estado (CAE) que mayormente reciben instituciones privadas. La eliminación del Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN) y de la línea de Educación Superior Regional, junto con el término del Plan de Fortalecimiento sin continuidad asegurada, tiene un sentido político concreto: retirar soportes que permiten sostener funciones públicas y capacidades instaladas. No se trata de programas accesorios. Su ausencia puede interrumpir iniciativas de investigación, cultura, innovación y trabajo territorial que tardan años en construirse. Si el Estado espera que sus universidades respondan a desafíos nacionales y regionales, debe hacerse cargo de las condiciones para que puedan hacerlo. A ello se suma que el inflactor presupuestario es 2,88% por debajo de la inflación proyectada, ello implica que los costos se actualizan y los recursos públicos no lo hacen en la misma medida.

La discusión no termina al aprobar o rebajar una partida. Para una universidad estatal, el presupuesto se vuelve una obligación de funcionamiento: pagar remuneraciones, sostener docencia, atender estudiantes, mantener laboratorios y cumplir compromisos con el territorio. El problema se agrava cuando los montos aprobados no están disponibles a tiempo. Para una universidad, la oportunidad del financiamiento no es un detalle contable, define si puede planificar, contratar, ejecutar una investigación o sostener un servicio cuando se necesita.

A la vez, el proyecto reduce el margen para utilizar excedentes del Fondo Solidario. Son recursos de las propias universidades, recuperados de créditos, no es un nuevo gasto fiscal. El Estado restringe transferencias, limita el acceso a recursos propios y mantiene intactas las responsabilidades institucionales. Así se obliga a las universidades a cubrir con su caja y sus decisiones internas costos que corresponden a compromisos públicos. Cuando estas capacidades se debilitan, las regiones pierden herramientas para definir su futuro y aumenta la distancia entre los lugares donde se producen las decisiones y aquellos que viven sus consecuencias.

Esta fórmula también altera la relación entre autonomía y responsabilidad. Se exige a cada institución responder por sus resultados, sostener equipos y asegurar continuidad, pero una parte decisiva de su capacidad depende de asignaciones cuyo monto, calendario y disponibilidad se definen fuera de ella. Una institución puede administrar con eficiencia; no puede planificar con certidumbre si desconoce cuándo recibirá los recursos aprobados o qué proporción de sus fondos propios podrá usar. En las universidades regionales, hay menos alternativas para compensar el déficit y más responsabilidades que no pueden abandonarse sin afectar servicios en el territorio.

No planteo que las universidades deban quedar al margen de la responsabilidad fiscal que nos atañe. Planteo que esa responsabilidad no puede consistir en mantener el mandato público y desplazar sus costos hacia instituciones que el propio Estado obliga a operar con recursos  insuficientes, menos oportunos y más restringidos. Si una política pública requiere presencia territorial, investigación y formación, su presupuesto debe reconocer el costo real de sostenerlas, si bien, esta es una discusión de larga data, el presupuesto actual acentúa esas contradicciones.

Como rector de una universidad estatal regional, no puedo leer este presupuesto como una suma neutral de partidas. Expresa qué capacidades el Estado está dispuesto a sostener y cuáles deja expuestas al ajuste. La responsabilidad fiscal importa, pero también importa la distribución del esfuerzo y el costo de desarmar instituciones que cumplen tareas que ningún otro actor garantiza en todos los territorios.

El Congreso tiene la oportunidad de profundizar la discusión y corregir, restituir recursos basales, asegurar transferencias con plazos verificables, ajustar los aportes a los costos efectivos y permitir que las universidades usen sus recursos propios para cumplir obligaciones vigentes. La pregunta decisiva no es solo cuánto se reduce el presupuesto. Es si el Estado está dispuesto a responder financieramente por las tareas que encarga. Un Estado que mantiene la misión, pero externaliza su costo y su incertidumbre, debilita desde dentro la institución pública que dice necesitar.

La muestra, parte del proyecto Memorias Interactivas de Colonia Dignidad (iECID) y desarrollada junto a la Universidad Libre de Berlín, reúne testimonios documentos de archivo y objetos personales para abordar la historia del enclave alemán, sus crímenes y las luchas por la verdad, la justicia y la reparación. Estará abierta al público desde el 30 de octubre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos inaugurará el próximo jueves 29 de octubre, a las 18:30 horas, una exposición histórica dedicada a Colonia Dignidad, desarrollada en colaboración con la Universidad Libre de Berlín, Alemania, en el marco del proyecto internacional Memorias interactivas de Colonia Dignidad (iECD).

La iniciativa busca dar visibilidad a las memorias en torno a Colonia Dignidad mediante la investigación, la difusión de testimonios y el acceso público a fuentes documentales. El proyecto contempla dos resultados principales: una exposición temporal en el Museo y el desarrollo de una estación interactiva digital que, posteriormente, se incorporará a su exposición permanente.

La muestra propone un recorrido por la historia del enclave, las violaciones a los derechos humanos cometidas en su interior y su vinculación con la dictadura civil militar chilena, a través de testimonios, documentos de archivo y objetos personales de las personas afectadas. Su objetivo es contribuir al conocimiento público de estos hechos, abordar la complejidad humana, histórica y política, así como el presente de Colonia Dignidad, promoviendo la reflexión sobre las responsabilidades y las deudas pendientes en materia de memoria, verdad, justicia y reparación.

Fundada en 1961 por el alemán Paul Schäfer, quien llegó a Chile tras abandonar su país debido a acusaciones de abuso sexual, Colonia Dignidad se estableció en la precordillera de Parral. En este asentamiento sus habitantes fueron sometidos a trabajo forzado y donde se cometieron abusos sexuales sistemáticos contra niños y niñas. Durante la dictadura civil militar, el lugar también operó en coordinación con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como centro de detención, tortura y desaparición de personas.

La exposición se organiza en cinco ejes temáticos: el territorio, los Estados, la vida al interior de la sociedad benefactora, el rol de Colonia Dignidad durante la dictadura, y la resistencia y las luchas por la dignidad. A través de estos ámbitos, la muestra busca ampliar la comprensión de las distintas dimensiones del caso y de las experiencias de quienes fueron afectados por sus crímenes.

Uno de los elementos centrales será una estación interactiva digital inédita, que permitirá acceder a testimonios y materiales del Archivo de Historia Oral de Colonia Dignidad (CDOH), iniciativa desarrollada entre 2019 y 2022 que reúne entrevistas a testigos de la época y que se encuentra disponible públicamente en www.cdoh.net. La estación ampliará las posibilidades de acercamiento a estas memorias y, una vez finalizada la exposición temporal, se incorporará a la muestra permanente del Museo.

“Es muy importante para el Museo ser parte de la reparación simbólica respecto a este lugar tan complejo, que atraviesa distintas dimensiones y tiempos y que dejó víctimas antes, después y durante la dictadura de Pinochet. Es fundamental que nos vinculemos con esta herida que aún sigue abierta”, señala María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Un proyecto internacional para ampliar el acceso a las memorias

El proyecto busca fortalecer el acceso público a las fuentes y los testimonios que permiten conocer esta historia, promover nuevas investigaciones y profundizar los vínculos académicos, profesionales y con la sociedad civil entre Chile y Alemania. En este sentido, la exposición se suma al trabajo que el Museo desarrolla en torno a la preservación y difusión de archivos relacionados con Colonia Dignidad, entre ellos el archivo de fichas incorporado a sus colecciones en 2024.

La iniciativa es impulsada en conjunto con la Universidad Libre de Berlín, a través de su Instituto de Estudios Latinoamericanos y el equipo de Colecciones de Entrevistas Digitales, responsable del archivo CDOH, y cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.

Con esta exposición, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos reafirma su compromiso con la preservación de las memorias, la promoción de los derechos humanos y la construcción de espacios públicos que permitan conocer, comprender y reflexionar críticamente sobre las violaciones a los derechos humanos y sus consecuencias en el presente.

Exposición: Colonia Dignidad: a plena luz, todavía. Disponible desde el 30 de octubre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027, ubicada en el tercer piso del Museo.

Lugar: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 501, Santiago. (Metro Quinta Normal)