En el marco de una nueva reunión de secretarías generales de los partidos de oposición, las colectividades analizaron los anuncios económicos efectuados por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional, definiendo una hoja de ruta común frente a sus inminentes efectos.

El encuentro reunió a representantes del Partido Liberal, PPD, Partido Socialista, Frente Amplio y Partido Comunista, y concluyó con el anuncio de nuevas instancias de trabajo, entre ellas una reunión con economistas y centros de estudios para evaluar en profundidad el impacto de las medidas.

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, explicó que esta coordinación busca “medir, de la mejor manera posible, con los antecedentes que manejamos hasta ahora, cuál es el impacto eventual que pueden tener cada una de las medidas”.

En esa línea, advirtió sobre las consecuencias de una eventual reducción del rol del Estado: “Cada peso que se reduce de apoyo al Estado (…) es menos hospitales, son menos escuelas, son menos posibilidades de garantizar mecanismos de seguridad efectivos”, señalando que los efectos no solo serían económicos, sino también sociales.

Figueroa cuestionó además el foco de los anuncios del Ejecutivo, apuntando a que “solo fueron señales al mundo empresarial”, y planteó interrogantes respecto de las medidas dirigidas a las familias trabajadoras: “¿Qué va a proponer hoy día el gobierno a las familias trabajadoras para hacerse cargo de estas medidas?”

Asimismo, criticó el carácter de la propuesta tributaria, calificándola como “la más regresiva de las últimas décadas desde el retorno a la democracia”, y advirtió que no corresponde avanzar en su tramitación sin un debate amplio: “Medidas de esta envergadura no se pueden pretender tramitar en 24 horas. Tiene que conversar con todos y todas los actores que están en el Parlamento”.

En el plano político, la dirigenta PC relevó la importancia de fortalecer la articulación opositora, señalando la disposición a construir alianzas más amplias para enfrentar el escenario: “Esperamos poder hacer fuerza común (…) para defender no solo a la clase media, sino a casi todas las familias trabajadoras”.

Finalmente, cuestionó el tono del mensaje presidencial, afirmando que el mandatario “habló como gerente de empresa más que como un presidente”, y destacó la necesidad de abrir un diálogo real con el Congreso y los distintos actores políticos.

Desde la oposición, reiteraron que este proceso recién comienza y que las próximas reuniones serán clave para definir una postura común frente a iniciativas que, advierten, podrían tener efectos significativos en la economía y en las condiciones de vida de la ciudadanía.

El analista y dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, criticó el plan de medidas que el Presidente Kast anunció en cadena nacional el día miércoles.

Señalando que no se contemplan medidas de mitigación inmediata frente al alza generalizada que ha propiciado el alza de los combustibles, contrastó: (Más bien) “se hace algo para confrontar la posibilidad de incrementar el salario mínimo y no hay nada respecto a la canasta básica que es clave o de mitigar lo que significa el alza de la bencina y de otros componentes”.

Acerca de lo dicho por el Presidente sobre la guerra en Irán en su anuncio televisado, el dirigente remarcó que en su rol de jefe de Estado no ha emitido una crítica sobre el conflicto, junto con recalcar que desde esa coyuntura el ejecutivo no ha implementado medidas reales para la ciudadanía:

En esa línea, apuntó a la posición del gobierno de crear más empleo en la medida de liberar de impuestos a los grandes empresarios, lo que se cruza con lo dicho por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, de proyectar un estrecho ajuste al sueldo mínimo:

“Ni respecto del sueldo mínimo, ni el empleo, ni el crecimiento eso ha resultado. Desde el Golpe y desde entonces, han hecho lo que han querido”, expresó.

“La estructura, arquitectura y asentamiento de este modelo práctico de acumulación, de centrar todo en el sistema financiero, del crédito, del crecimiento, del empleo precarizado, no ha funcionado”, dijo respecto a la política económica del  gobierno. “Lo que está haciendo es aplicar una media fracasada en forma y fondo, profundizando en rigor, lo que hizo Pinochet”:

“Lo que tenemos aquí al frente es un diseño a cuatro años donde se apuesta a que el gran empresario de un chorreo que nunca ha existido en Chile. No existió en los 80 ni en los 90”, puntualizó sobre el intento del gobierno de propiciar una refundación neoliberal.

Acerca del rol de Estado que promueve esa apuesta, indicó: “Este totalitarismo dogmatismo economicista de la elite, muy transversal, dice “Chile funciona”. Pero ¿cuándo ha habido un período desde el Golpe en adelante en que la economía se estabilice para generar una lógica de crecimiento y bienestar ciudadano? No ha habido, han hecho lo que han querido con el Estado”.

“Mientras no haya reinversión del capital, desarrollo del capital productivo y tenga un plus valor la economía, Chile va a seguir viendo esto; y ¿cuál es la causa? es que a las 7 familias, al Santander, al Scotiabank, les importa un carajo”, manifestó el dirigente del PC.

Por Carolina Millalen

La abogada, Adriana Navarro, informó sobre la situación de la ex agente de la DINA, Adriana Rivas, cuya extradición desde Australia está vigente, pese a los recursos legales que ha utilizado la imputada y que han demorado esa orden judicial.

“Es un juicio entre Estados”, precisa la especialista, conversando en el programa Sin Fronteras de Radio Chile FM. Allí señaló que en el caso de Chile, “a través de la Corte Suprema se ha solicitado la extradición de Rivas, mientras que el Estado australiano representa al Estado de Chile en dicho país, frente a los tribunales y al ejecutivo”.

La abogada de origen chileno y que vive en Australia desde 1976 tras la expatriación de su familia, indica que la ex agente de la DINA tuvo directa participación en el centro de tortura y exterminio Simón Bolívar. En ese lugar, todos los detenidos y prisioneros fueron torturados salvajemente, asesinados y sus cuerpos hechos desaparecer por diversos métodos. “Muchos de los casos que vemos de allí, Conferencia I y II y el cuaderno anexo de Reinalda Pereira, muchos de sus restos no han sido encontrados”, señala.

Rivas se encuentra procesada por el secuestro calificado, en calidad de coautora, de los dirigentes comunistas Víctor Díaz López, Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Juan Ortiz Letelier, Héctor Véliz y Reinalda Pereira Plaza.

La abogada Navarro el año 2013 supo de la residencia de Adriana Rivas allá, luego de que la ex agente diera una entrevista por un medio radial nacional:

“Ella ya era conocida en la comunidad chilena”, indica, pero se ignoraba sobre su participación en la DINA: “En ese momento nos enteramos que Chile había estado buscando a la señora Rivas desde el año 2011 cuando se fugó de Chile a Australia”.

“A todo el mundo le causó horror, un rechazo, una repulsión sobre lo que ella hablaba y la forma en la que hablaba, causando una repulsión tremenda”, recuerda la abogada Navarro.

Acerca de la resolución de la justicia australiana comentó que el caso ha sido larguísimo, muy complejo y el primero en su especie en manos de dos Estados con dos sistemas judiciales distintos: “No tenemos precedente alguno en extradiciones y menos por cargos de secuestros por agravantes en el contexto de graves violaciones de derechos humanos”.

Respeto a las familias de las víctimas, el caso ha sido llevado por los abogados Francisco Ugás y Alberto Espinoza quienes “son los promotores en este caso de conseguir justicia y tratar de extraditar a Rivas”. En su rol como especialista, ella ha aportado en la facilitación del sistema judicial australiano, aunque criticó que las víctimas y sus familias no tengan participación directa.

Respecto a la extradición, indicó que fue declarada el 2020, sin embargo la imputada “ha usado todos los recursos disponibles en la ley australiana y las avenidas judiciales y ejecutivas”.

Acerca del juez Michael Lee de la Corte Federal de Nueva Gales del Sur de Australia, en su última indicación señaló que todas las decisiones tomadas por la ministra en el proceso fueron entregadas correctamente “y tomó todas las consideraciones necesarias para concluir que debe ser entregada a Chile”.

Si bien, Rivas pudiese apelar a una Corte en pleno si los ministros hubiesen incurrido en un error -lo que corresponde a una materia meramente técnica- el caso podría extenderse hasta fin de año, mientras que si la imputada diese su consentimiento, el proceso tardaría un mes, pudiendo concretarse su regreso a Chile en los próximos meses, sostuvo la abogada: “El fallo es muy contundente, es muy claro”.

El proyecto liderado por Ki Taíto conmemora su aniversario con un laboratorio de letras y un concierto gratuito este sábado 18 de abril en la 5ta Feria Independiente del Libro de Puente Alto.

El proyecto Corte Chilenero, creado en 2021 por el artista Ki Taíto junto a la organización cultural Flow de Raíz, conmemora su quinto aniversario consolidándose como un encuentro artístico icónico y abierto a la comunidad. La celebración de esta media década de experimentación entre el folclor y lo urbano tendrá su hito central este sábado 18 de abril en la 5ta Feria Independiente del Libro de Puente Alto (FILPA). La jornada incluirá un laboratorio interactivo de letras a las 16:30 horas y un concierto de cierre a las 17:30 horas, ambos con entrada liberada en el Parque Nuestra Señora de Gabriela.

Lo que nació en Santiago como un espacio para fusionar la danza y música urbana con las raíces folclóricas, hoy festeja su expansión territorial. Tras un exitoso 2025 recorriendo distintas regiones de Chile, el 2026 ha marcado la internacionalización de la iniciativa con laboratorios realizados en Córdoba, Argentina.

A través de estos encuentros, la compañía Flow de Raíz reafirma su misión de democratizar la cultura, utilizando el ritmo y la escritura callejera como herramientas de cohesión. En esta ocasión, el laboratorio se centrará en la poesía de la cueca, explorando su estructura métrica para vincularla con temáticas de barrio y crónicas actuales.

Para finalizar la celebración, Ki Taíto presentará su show en vivo, una propuesta donde la tradición se encuentra con la energía del trap y los ritmos urbanos, sellando así el carácter multidisciplinario que ha definido a Corte Chilenero durante estos cinco años.

Un grave ataque violento sufrieron comunidades del territorio El Roble de la Región de los Ríos y familiares de Jaime Uribe Montiel, esposo de la machi Millaray Huichalaf, quien falleció en un accidente automovilístico y cuyo funeral se realizó el 15 de abril en el cementerio Maihue Carimallin.

Los afectados denunciaron que hubo amenazas previas y que informaron a la seremía de seguridad. No obstante, no se tomaron medidas precautorias. También se constató la presencia del abogado Branislav Marelic, representante de quienes propinaron las agresiones y quien tendría vínculos con la trasnacional hidroeléctrica, señalan.

Frente a los hechos, las comunidades que sufrieron este ataque en medio del duelo de Uribe Montiel, extendieron un comunicado:

DECLARACIÓN PÚBLICA

Las comunidades, organizaciones y autoridades ancestrales Mapuche-Williche abajo firmantes, declaramos ante la opinión pública, las autoridades del Estado de Chile y los organismos de derechos humanos lo siguiente:

PRIMERO. Hoy, 15 de abril de 2026, siendo las 12:30 horas, la familia de nuestro peñi Jaime Javier Uribe Montiel —encabezada por su viuda, la machi Millaray Huichalaf Pradines—, junto a diversas comunidades y autoridades ancestrales mapuche williche, concurrieron al Cementerio Ancestral de Maihue-Carimallin, comuna de Río Bueno, para dar sepultura a sus restos. Al llegar, la comitiva fúnebre fue bloqueada por un grupo de aproximadamente 20 personas que impedían el acceso al cementerio con vehículos. Varios de estos individuos se encontraban encapuchados, en evidente estado de ebriedad, y armados con palos, fierros, motosierras y hachas. Este grupo agredió físicamente a las personas presentes y a los caballos en que se desplazaban, dejando como resultado varias personas heridas, incluyendo lesiones graves con traumatismos encefalocraneanos abiertos en tres familiares del difunto. Todas estas agresiones ocurrieron en presencia de niños, niñas y adultos mayores que formaban parte de la comitiva fúnebre, exponiéndolos a una situación de extrema violencia y peligro.

Durante estos hechos, los agresores profirieron amenazas de muerte directas contra integrantes de la familia, autoridades ancestrales y personas presentes, intensificando el clima de terror y vulnerabilidad. Asimismo, amenazaron con profanar la tumba de Jaime Uribe en caso de que sus restos fueran sepultados en el cementerio, poniendo en riesgo no solo la integridad de los vivos, sino también el respeto y la protección debida a sus restos y al espacio sagrado. Cabe preguntarse: ¿qué clase de personas amenazan con profanar la tumba de un difunto? ¿Qué clase de seres humanos, encapuchados, ebrios y armados, son capaces de agredir a una familia en duelo y amenazar con desenterrar a un muerto? Estos actos revelan un nivel de degradación moral que no tiene justificación alguna y que debe ser investigado y sancionado con todo el rigor de la ley.

SEGUNDO. Estos actos de violencia no son espontáneos. Ya en los días previos, el mismo grupo —vinculado a organizaciones que negocian y reciben financiamiento directo de la empresa estatal noruega Statkraft— había intentado prohibir el entierro del peñi Jaime. Frente a esta amenaza, la familia y las autoridades ancestrales del territorio realizaron todas las gestiones posibles para evitar esta situación: con fecha 14 de abril presentaron una carta de aclaración al Seremi de Seguridad Pública de la Región de Los Ríos, exponiendo los derechos consuetudinarios e históricos de la familia sobre el cementerio y la ilegitimidad de dicha prohibición. Sin embargo, no hubo respuesta alguna de parte de las autoridades. Esta omisión institucional generó las condiciones para que los agresores actuaran en la más absoluta impunidad.

TERCERO. Durante años, Statkraft y las organizaciones que reciben su financiamiento han intentado construir sistemáticamente una narrativa que presenta a la machi Millaray Huichalaf y a las comunidades que se oponen a los proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén como actores violentos. Lo que el día de hoy quedó en evidencia ante decenas de testigos es exactamente lo contrario: la violencia es ejercida por los grupos financiados por Statkraft. Fueron ellos quienes, encapuchados y armados, agredieron a una familia en duelo y a autoridades ancestrales que solo buscaban ejercer su derecho a enterrar a un ser querido en paz.

CUARTO. Las divisiones y rupturas del tejido social en este territorio no han sido solo materiales y organizativas. Han venido acompañadas de la instalación sistemática de discursos de odio y racismo dirigidos contra las formas de ejercer y vivir la cultura mapuche williche, y particularmente orientados a estigmatizar y desacreditar a la machi Millaray Huichalaf en su condición de autoridad ancestral. Estos discursos, fomentados al amparo del financiamiento de Statkraft, han creado el clima de hostilidad que hoy se traduce en agresiones físicas abiertas contra ella, su familia y las comunidades que la acompañan.

QUINTO. Resulta especialmente revelador que al lugar de los hechos se haya presentado el abogado Branislav Marelic, quien representa a este grupo de personas y cuya labor es financiada por Statkraft. Su presencia en el cementerio no fue casual: Marelic llegó claramente informado de lo que ocurriría y preparado para actuar en defensa de los agresores. Este hecho demuestra que la agresión fue planificada y que contó con respaldo jurídico y logístico coordinado de antemano.

SEXTO. Statkraft no puede desentenderse de estos hechos. La empresa ha fomentado durante años la división del tejido comunitario mapuche williche, financiando a grupos que hoy instrumentalizan un espacio sagrado para perseguir y agredir a quienes se han opuesto a sus proyectos hidroeléctricos. La violencia de hoy es consecuencia directa de esa intervención empresarial y Statkraft debe asumir su responsabilidad.

SÉPTIMO. Condenamos con la mayor energía estos actos de violencia, cobardía y absoluta falta de humanidad. Agredir con armas a personas durante un funeral —impidiendo a una viuda y a sus hijos, entre ellos menores de edad, dar sepultura a su esposo y padre— transgrede los principios más elementales de la dignidad humana y constituye una afrenta directa a la espiritualidad y los valores del Pueblo Mapuche-Williche, y de cualquier pueblo que se considere civilizado.

OCTAVO. Exigimos: (1) la investigación y sanción de los responsables de las agresiones, incluidas las amenazas de muerte; (2) que se investigue el rol de Statkraft y de Branislav Marelic en la organización y financiamiento de estos actos; (3) el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema (Rol N° 56.135-2021) sobre la reivindicación del Complejo Ceremonial Ngen Mapu Kintuante; y (4) que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como las autoridades nacionales competentes de la supervisión del Acuerdo de Escazú, adopten medidas de protección urgentes para la machi Millaray, su familia y las comunidades que la acompañan, incluyendo garantías efectivas de resguardo del cementerio y de la sepultura, evitando cualquier intento de profanación o vulneración futura. Ningún interés empresarial puede estar por encima de la dignidad de la vida y de la muerte. MARICHIWEU

Familia de Jaime Javier Uribe Montiel Asociació n de comunidades de Rí o Bueno (Wenuleufu)

Consejo Comunal Mapuche de la Unión

Aylla Rewe Ngen Mapu Kintuantü

Comunidad Leufu Pilmaiquén

Comunidad Indígena Coyan Ke che

Comunidad indígena Rupu Lafken

Comunidad indígena Trumau

Comunidad indígena Dagllipulli

Norma Vargas Queulo, Lonko de Puyehue

Académica advierte que centrarse solo en sanciones no resuelve la violencia en escuelas y plantea la urgencia de fortalecer enfoques formativos que promuevan el diálogo, la confianza y la convivencia democrática.

La creciente preocupación por la violencia en establecimientos educacionales ha impulsado propuestas centradas en el control y el castigo. Sin embargo, la evidencia y la investigación en convivencia escolar sugieren que este enfoque, aunque necesario en casos graves, resulta insuficiente para abordar un fenómeno complejo y de múltiples causas.

Así lo plantea la antropóloga social y académica de la Universidad de O’Higgins (UOH), Manuela Mendoza, quien enfatiza la necesidad de distinguir entre conflicto y violencia, dos conceptos que suelen confundirse en el debate público.

Mientras la violencia implica daño físico o psicológico y requiere sanciones proporcionales a su gravedad, el conflicto —explica— es una condición inherente a la vida social.

“Siempre que existan dos o más personas, habrá diferencias o incluso oposición de intereses, opiniones o visiones. Eso es el conflicto, y no es negativo en sí mismo”, sostiene. El desafío, entonces, no es eliminarlo, sino gestionarlo de manera constructiva para evitar que escale hacia situaciones violentas.

En esa línea, la académica advierte que las políticas basadas exclusivamente en la lógica punitiva —como la instalación de detectores de metales o el aumento de sanciones— no han demostrado ser eficaces en la disminución de la violencia escolar. Por el contrario, pueden generar ambientes de desconfianza que afectan las relaciones entre estudiantes y docentes, debilitando el rol formativo de la escuela.

“La evidencia internacional muestra que las medidas de tolerancia cero no logran los efectos deseados. Si solo reaccionamos con castigos, no abordamos las causas profundas del problema”, señala.

Frente a este escenario, Mendoza propone avanzar hacia estrategias preventivas que prioricen la formación en convivencia democrática. Esto implica generar espacios donde el estudiantado pueda expresar sus diferencias, dialogar y participar activamente en la vida escolar.

El enfoque formativo, explica, se basa en principios de inclusión, equidad y participación, y busca fortalecer relaciones de respeto mutuo y buen trato. En este contexto, la escuela no debe aspirar a eliminar los conflictos, sino a transformarlos en oportunidades de aprendizaje.

No obstante, la implementación de este tipo de estrategias enfrenta importantes desafíos. Entre ellos, la falta de tiempo, recursos y capacitación para que los equipos educativos puedan planificar y sostener acciones preventivas. Esto, en la práctica, empuja a muchos establecimientos a privilegiar respuestas reactivas frente a situaciones urgentes.

Para la académica, es fundamental que las políticas públicas no solo establezcan la importancia de la convivencia escolar, sino que también aseguren las condiciones necesarias para su desarrollo. “No basta con exigir enfoques formativos si no se entregan herramientas concretas para implementarlos”, advierte.

Finalmente, Mendoza plantea una reflexión de fondo: el tipo de escuela que se quiere construir. “Debemos preguntarnos si queremos espacios educativos basados en la vigilancia y la desconfianza, o comunidades de aprendizaje donde prime el respeto y la confianza”, afirma.

A poco más de un mes del inicio de un nuevo período parlamentario, la diputada por la región de Coquimbo, Nathalie Castillo, ha retomado su trabajo legislativo con un despliegue marcado por nuevas responsabilidades.

Durante este período, la parlamentaria se integró a las comisiones de Pesca y Acuicultura, y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, espacios estratégicos para la región. A estas se suma su continuidad en la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, donde ya había impulsado iniciativas vinculadas al derecho humano al agua y al fortalecimiento de los Servicios Sanitarios Rurales (ex Agua Potable Rural).

En materia de fiscalización, la diputada ha ingresado 37 oficios solicitando información sobre diversas problemáticas de interés ciudadano. Asimismo, presentó dos solicitudes de resolución: una que propone la creación de un “Sello Mistraliano” en establecimientos del Servicio Local de Educación Elqui, y otra que busca que la Dirección General de Aguas (DGA) implemente un sistema nacional de trazabilidad del agua, especialmente en zonas afectadas por la escasez hídrica.

En el ámbito legislativo, uno de los énfasis ha estado puesto en la situación de quienes mantienen deudas por Crédito con Aval del Estado (CAE). En esa línea, la diputada ingresó un proyecto de ley que busca garantizar el derecho a defensa de los deudores, en un contexto donde muchas personas han manifestado su preocupación ante eventuales medidas de cobro y embargo.

El trabajo en comisiones también ha estado marcado por debates relevantes. En la comisión de Pesca, tras el retiro del proyecto que reemplazaba la actual Ley de Pesca por parte del Ejecutivo -con más de un 70% de avance-, se abrió un escenario de incertidumbre respecto al futuro de la regulación del sector, especialmente para la pesca artesanal, que continúa rigiéndose por una normativa ampliamente cuestionada: la conocida y corrupta “Ley Longueira”. La parlamentaria no dudó en cuestionar al subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, por calificar como “refundacional” el proyecto ingresado por la administración de Gabriel Boric.

Por su parte, en la comisión de Obras Públicas, la parlamentaria hizo llegar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones una carta que expone problemas de conectividad digital en sectores rurales de la comuna de Canela. En Sala, su trabajo se ha alineado con la defensa del medioambiente y la necesidad de mayor transparencia en decisiones del Ejecutivo, respaldando solicitudes de información respecto a medidas que han generado impacto en la ciudadanía, tanto en materia ambiental (retiro de los decretos medioambientales desde Contraloría) como económica (modificaciones al MEPCO, que generó una alza importante en el precio de las bencinas).

Finalmente, la diputada ingresó una solicitud de sesión especial para que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, exponga sobre el recorte presupuestario del 3% y sus efectos en programas sociales, en un contexto donde el ajuste fiscal comienza a generar preocupación.

A un mes del inicio del período, el trabajo de la diputada Castillo comienza a delinear un eje claro: fiscalización activa, presencia en comisiones estratégicas y una agenda vinculada directamente a las necesidades del territorio y sus comunidades.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, realizó una crítica al contenido del mensaje en cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, asegurando que este responde a una orientación ideológica centrada en la defensa de los intereses del gran empresariado y en una mayor concentración del capital.

En su mensaje, el jefe de Estado anunció una serie de medidas económicas y sociales, entre las que se incluyen la reducción de impuestos a las grandes empresas, incentivos tributarios para la inversión privada, la exención del IVA en la construcción de viviendas, modificaciones al sistema de contribuciones, iniciativas en materia de salud, un plan de reactivación económica centrado en el crecimiento y propuestas orientadas al empleo con énfasis en el mediano plazo.

Carmona planteó que el mensaje presidencial debe leerse en su conjunto, destacando que su “hilo conductor” apunta a reforzar principios asociados a sectores más conservadores de la derecha política. En esa línea, sostuvo que las medidas anunciadas priorizan incentivos al mundo empresarial por sobre respuestas concretas a las necesidades de la ciudadanía.

Si bien reconoció la inclusión de algunas iniciativas de carácter social, Carmona advirtió que estas carecen de claridad respecto a su financiamiento y a los mecanismos concretos para su implementación. A su juicio, esto podría generar expectativas que no necesariamente se traduzcan en soluciones efectivas, particularmente en áreas sensibles como salud.

En ese contexto, hizo referencia a la situación de pacientes que integran listas de espera, especialmente en materia oncológica, señalando que cualquier anuncio en esta área debe ir acompañado de definiciones claras en cuanto a recursos, institucionalidad y plazos. “Con la necesidad no se puede jugar”, enfatizó, destacando la importancia de evitar anuncios que deriven en dilaciones o respuestas parciales.

El timonel también puso en cuestión el eje económico del mensaje, particularmente la propuesta de reducción de impuestos a las grandes empresas. Según indicó, esta medida implicaría una merma en los ingresos fiscales sin garantías de que los recursos se traduzcan en inversión dentro del país, advirtiendo que podrían destinarse a proyectos en el extranjero sin impacto directo en la economía nacional.

Asimismo, criticó medidas como la exención del IVA en la construcción de viviendas, argumentando que no existe certeza de que estos beneficios se traspasen efectivamente a los sectores que enfrentan mayores dificultades de acceso a la vivienda. En esa línea, advirtió que no se asegura una disminución en el valor de entrada o “pie”, lo que seguiría dejando fuera a amplios sectores de la población.

El presidente del PC también cuestionó propuestas vinculadas a contribuciones, señalando que muchas de las viviendas de primera categoría ya se encuentran exentas y que las medidas anunciadas podrían beneficiar principalmente a sectores de mayores ingresos. En ese sentido, rechazó el argumento de que no es posible diferenciar entre realidades económicas en función de la edad, enfatizando que las condiciones materiales de vida son profundamente desiguales.

Otro de los puntos abordados fue la ausencia de medidas orientadas a fortalecer el salario mínimo y su poder adquisitivo. Lautaro Carmona advirtió que el mensaje presidencial de José Antonio Kast no incorpora iniciativas que permitan enfrentar el alza del costo de la vida ni garantizar que las familias trabajadoras mantengan su acceso a la canasta básica.

Del mismo modo, criticó la falta de urgencia en la generación de empleos formales y estables, señalando que los plazos planteados por el Ejecutivo resultan insuficientes frente a necesidades inmediatas. A esto sumó su preocupación por el impacto del alza en el precio de los combustibles, cuestionando la ausencia de medidas de estabilización como el MEPCO.

Finalmente, Carmona llamó a evaluar con rigurosidad el contenido del mensaje presidencial, señalando la necesidad de que las políticas públicas respondan de manera efectiva a las urgencias sociales del país. En esa línea, insistió en que cualquier iniciativa debe contar con financiamiento claro, mecanismos concretos de implementación y un enfoque centrado en mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras, advirtiendo que, de lo contrario, se corre el riesgo de profundizar las desigualdades existentes.