A siete años del estallido social, el organismo autónomo advierte que persisten importantes brechas de acceso a la justicia e identifica desafíos en los procedimientos policiales, las detenciones de adolescentes y el resguardo de sus derechos en contextos de manifestaciones.

Un total de 525 niños, niñas y adolescentes fueron registrados como víctimas de presuntos delitos asociados a violencia institucional entre enero y septiembre de 2026, según antecedentes del Ministerio Público analizados por la Defensoría de la Niñez. La cifra representa el 97% de lo registrado durante todo 2025, aunque ambos períodos no son directamente comparables.

Los antecedentes forman parte de un nuevo informe de seguimiento sobre las garantías de no repetición de las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, dado a conocer a siete años del inicio del estallido social, el cual examina los desafíos pendientes en materia de justicia, actuación policial y protección del derecho a la manifestación pacífica.

El documento también identifica 1.885 causas judiciales vinculadas a vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes durante el estallido social, que comprenden 2.320 relaciones procesales. De estas, 2.184 se encuentran concluidas (94%), pero solo 28 terminaron mediante sentencia condenatoria, equivalentes aproximadamente al 1,3% de las relaciones concluidas.

El análisis también muestra que de las salidas no judiciales, 1.061 relaciones terminaron por archivo provisional y 434 mediante decisiones de no perseverar, antecedentes que evidencian la necesidad de profundizar en las dificultades existentes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

Junto con el análisis de las vulneraciones ocurridas durante el estallido social y en los años posteriores, el informe incorpora antecedentes de la labor de observación de procedimientos policiales y detenciones de adolescentes desarrollada por la Defensoría de la Niñez en el marco de sus funciones, particularmente en contextos de movilizaciones estudiantiles.

Entre sus hallazgos se encuentran cuestionamientos a la fundamentación de controles de identidad investigativos, denuncias de uso excesivo de la fuerza durante detenciones y dificultades relacionadas con la comprensión efectiva de los derechos por parte de adolescentes detenidos.

También identifica situaciones que requieren revisión respecto del acceso oportuno a defensa penal especializada y de las demoras en las instrucciones a las policías por parte del Ministerio Público, las cuales pueden prolongar innecesariamente la permanencia de adolescentes en recintos policiales.

El documento reconoce, asimismo, prácticas favorables de protección observadas en la 48° Comisaría de Asuntos de la Familia e Infancia, destacando la importancia de fortalecer y extender aquellos procedimientos que resguardan adecuadamente los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Garantías de no repetición y desafíos pendientes

La Defensoría de la Niñez enfatiza que las obligaciones del Estado no se limitan a investigar las vulneraciones ocurridas durante el estallido social, sino que también comprenden adoptar las medidas necesarias para prevenir nuevos hechos de violencia institucional.

En ese contexto, el informe plantea la necesidad de examinar la aplicación de la normativa sobre Reglas del Uso de la Fuerza, recientemente despachada por el Congreso, especialmente en lo relativo al uso de armamento potencialmente letal y la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes.

La institución reafirma que garantizar la seguridad pública y respetar los derechos humanos son obligaciones complementarias del Estado. Por ello, sostiene que las normas y procedimientos deben contar con mecanismos efectivos de supervisión, rendición de cuentas y evaluación de sus consecuencias sobre los derechos de la niñez y adolescencia.

“A siete años del estallido social, el Estado sigue teniendo obligaciones pendientes con los niños, niñas y adolescentes que sufrieron vulneraciones de sus derechos. Los antecedentes muestran que una parte importante de las investigaciones terminó sin alcanzar una sentencia judicial y que todavía existen situaciones que requieren atención en los procedimientos policiales actuales. Las garantías de no repetición no consisten solamente en dictar nuevas leyes o actualizar protocolos. Debemos asegurarnos de que, en la práctica, las instituciones actúen respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes. La seguridad y el respeto de los derechos humanos deben avanzar juntos”, indicó el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

El informe completo se encuentra disponible en este link: Informe-Verdad-Justicia-Reparación – Defensoría de la Niñez

En la tarde noche de este viernes, el Partido Comunista de Chile, inauguró su Conferencia Nacional que fijará la línea política y táctica que llevará adelante la colectividad durante el gobierno de José Antonio Kast.

En el discurso inaugural del presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona, realizó un balance de los primeros meses de gobierno, de la participación de su tienda en el gobierno de Gabriel Boric y de la construcción unitaria de la oposición.

Desde el podio, Lautaro Carmona aprovechó la situación para referirse a la liberación del ex Carabinero Patricio Maturana, condenado a 12 años de cárcel a quien le fue otorgada hace pocas horas la libertad condicional, que comenzará a regir desde el 3 de diciembre, en ese marco Carmona declaró: “A propósito de solidaridad con profundo afecto hacia nuestra querida compañera Fabiola Campillai, manifestamos nuestro respaldo cuando hoy un tribunal ha dado la libertad condicional al ex carabinero Patricio Maturana quien disparó contra ella dejándola ciega. Sabemos del impacto que esto le ha provocado, cuenta con toda nuestra fuerza y cariño, nuestro afecto a Fabiola ante esta grave situación”.

Por otra parte, timonel del PC, aseguró que el gobierno de José Antonio Kast había prometido orden y hoy está entregando “abandono” a la ciudadanía del país y además esbozó lo que serían las “Demandas urgentes para un Chile Justo, próspero y compartido” definición que busca dar cuenta de las urgencias que mantiene el país y que las y los Comunistas acogen como propias.

Entre esas demandas se destacan el IFE de emergencia acotado a tres meses, una contrapropuesta de presupuesto para el país con énfasis en derechos sociales, pasaje gratuito para los adultos mayores, un plan nacional de empleo y el financiamiento de la inversión pública con un impuesto a los súper ricos.

Un 46% de las personas considera que las autoridades locales, como alcaldes y concejales, priorizan intereses personales por sobre los de la comunidad en sus decisiones.

Santiago, 15 de octubre de 2026 — Ipsos presentó su informe “Claves Ipsos” N°55, desarrollado junto a Chile Transparente, que encuesta cada mes a 1.000 personas sobre sus opiniones y comportamientos en torno a temas de interés para el país. En esta edición se indagó sobre la probidad y corrupción en el país, en municipios y sobre la nueva Ley de Protección de Datos Personales.

Percepción de Corrupción en Chile y probidad en las instituciones

La percepción general de la ciudadanía es de un alto nivel de corrupción, donde un 71% de las personas encuestadas percibe un alto nivel de corrupción en el país y el Estado. Sin embargo, esta percepción se atenúa a medida que el contexto es más cercano a la experiencia personal, descendiendo al 54% en la región de residencia, al 40% en la comuna y al 35% en las relaciones entre personas. Adicionalmente, un 41% considera que el nivel de corrupción en la empresa privada es alto.

Al ser evaluadas 15 instituciones del país, 12 resultan vinculadas en mayor medida con la corrupción que con la probidad. Las únicas entidades con un balance favorable en probidad son la Policía de Investigaciones con un 37%, Carabineros con un 36% y las Fuerzas Armadas con un 35%. En el ámbito de la sociedad civil, los emprendedores y dueños de pequeños negocios lideran holgadamente la percepción de conducta honrada con un 69%.

En la otra vereda, las instituciones que encabezan la percepción de corrupción son los partidos políticos con un 74%, el Congreso Nacional con un 70%, los Tribunales de Justicia con un 59%, las Municipalidades con un 55% y el Estado con un 54%.

En la serie histórica de tres años de medición, la asociación de las instituciones públicas y privadas tiende a disminuir, excepto en dos: los tribunales de justicia y medios de comunicación.

“En un contexto de crisis de confianza persistente, resulta especialmente preocupante el alto desprestigio de las instituciones asociadas a los tres poderes del Estado que se ha instalado en la ciudadanía. La fuerte asociación a corrupción de estas instituciones nos habla de una importante erosión de la confianza en el correcto funcionamiento de la democracia”, comenta la directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda Mayorga.

También, un 44% manifiesta no confiar en la labor de las instituciones chilenas encargadas de combatir la corrupción, frente a sólo un 22% que expresa confianza en ellas. En el caso de las municipalidades, sólo 29% cree que las municipalidades cuentan con las herramientas necesarias para prevenir la corrupción, y apenas un 19% las considera transparentes en la rendición de fondos públicos. Además, un 46% de las personas considera que las autoridades locales, como alcaldes y concejales, priorizan sus intereses personales por sobre los de la comunidad.

Para revertir este panorama y fortalecer la probidad local, las prioridades señaladas por la ciudadanía son aumentar el control de los recursos públicos (56%), investigar y sancionar faltas de probidad (51%) y transparentar criterios de entrega ayudas (50%).

 De cara a una posible Reforma al Empleo Público, la transparencia en los criterios de selección de funcionarios destaca como el requerimiento principal que realiza la ciudadanía, mencionada por seis de cada 10 encuestados (61%).

“El deterioro institucional que estamos viviendo nos pone la urgencia de tomar medidas decisivas para enfrentar y frenar los casos de corrupción, recuperar la confianza y por sobre todo dotar a las instituciones de las herramientas efectivas para recomponer su credibilidad. No hay que perder de vista que la urgencia está en donde están los problemas de las personas, en los municipios”, indica el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa.

Respecto a la nueva Ley de Protección de Datos Personales, si bien la mitad de la población afirma haber oído hablar de ella, solo uno de cada tres (33%) de ese segmento comprende realmente su alcance.

Pese al desconocimiento normativo, un 80% manifiesta una alta preocupación por el tratamiento de su información personal. El Registro Civil, con un 58%, y el Registro Social de Hogares, con un 50%, destacan como las entidades que transmiten mayor seguridad en el manejo de datos; mientras que las redes sociales, con un 72%, y las empresas de delivery, con un 59%, son identificadas como las más inseguras.

Las organizaciones advierten que la iniciativa del diputado del Partido Republicano, Diego Vergara, rebaja el estándar sanitario del país y plantean que el acceso rural se mejora con políticas de Estado, no quitando profesionales a las farmacias.

Los sindicatos de químicos farmacéuticos de las principales cadenas del país, Sinprofasa (Farmacias Ahumada), el Sindicato de Químicos Farmacéuticos de Salcobrand y el Sindicato de Químicos Farmacéuticos de Cruz Verde, manifestaron su rechazo al proyecto de ley (Boletín N° 18719-11) presentado por el diputado Diego Vergara y otros cinco parlamentarios, que modifica el Código Sanitario para que la dirección técnica de una farmacia pueda ser ejercida por cualquier persona con un título profesional o técnico de nivel superior del área de la salud, con formación en farmacología, dispensación y normativa sanitaria, y ya no exclusivamente por un químico farmacéutico.

La moción, que se tramita en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca ampliar la cobertura en zonas rurales, donde cerca de 50 comunas no cuentan con una farmacia, y reducir los costos de instalación de nuevos locales. Los gremios comparten la preocupación por el acceso a medicamentos, pero sostienen que la solución propuesta no es la adecuada.

“Para mejorar el acceso se puede recurrir a estrategias y políticas de Estado que no impliquen bajar el estándar sanitario de Chile, que lo posiciona entre los mejores de América Latina”, señaló Viviana Castañeda, presidenta de Sinprofasa. “Plantear farmacias sin farmacéuticos, argumentando barreras para los emprendedores, refleja una mirada comercial y de negocio, y evidencia una nula visión sanitaria”.

Los dirigentes subrayaron que la labor del químico farmacéutico va más allá de entregar un producto. Guillermo Orellana, presidente del Sindicato de Químicos Farmacéuticos de Salcobrand, explicó que “la farmacia comunitaria ha cumplido un rol muy importante al ser, en muchos casos, el primer punto de consulta de los pacientes. Es el profesional farmacéutico quien sugiere derivación a urgencias, una visita médica sin urgencia o aconseja el uso de algún medicamento de venta libre”.

En tanto, Arturo Escalona, presidente del Sindicato de Químicos Farmacéuticos de Cruz Verde, agregó que “es el farmacéutico quien educa a los pacientes sobre el uso y el mal uso de los medicamentos, y quien los apoya para que cumplan con el tratamiento indicado por su médico. Si el argumento es el costo de contratar profesionales en zonas rurales, ¿el siguiente paso serán centros médicos sin médicos?”.

Los sindicatos hicieron un llamado a los parlamentarios de la Comisión de Salud, a las autoridades sanitarias y a la ciudadanía a informarse sobre el contenido del proyecto y a buscar alternativas que amplíen la cobertura en zonas apartadas sin renunciar a la presencia del químico farmacéutico en cada farmacia.

A tres años de la guerra genocida y a un año del acuerdo del cese al fuego la cifra de muertos en Gaza y Cisjordania supera las 74.300 personas.

En cifras oficiales de la Embajada del Estado de Palestina en Chile se señala que son 74.380 personas fallecidas en los ataques perpetrados por el Ejército de Israel y 175.423 los heridos. Cerca del 30% de las personas fallecidas son niños y niñas.

De acuerdo a lo publicado por el medio Aljazeera, el número de fallecidos ascendería los 75.200.

Actualmente son más de 9.400 los encarcelados en Israel donde la mayoría ha sido recluido por detención administrativa que no contempla juicios ni cargos. Instituciones de prisioneros informaron la semana pasada que 92 encarcelados han muerto bajo custodia israelí.

En el informe de la Embajada se cita la situación de mujeres y niñas que reporta ONU mujeres, estimando “que casi 50.000 mujeres y niñas han muerto o sufrido lesiones graves desde 2023”. También, UNRWA “advierte que unas 235.000 personas se refugian en cerca de 400 sitios propensos a inundaciones y más de 44.000 viven en edificios con riesgo de derrumbe”.

Por otra parte, el Observatorio Euro-Mediterráneo de Derechos Humanos advirtió que Gaza es el lugar con mayor número de niñas y niños con amputaciones de la historia moderna. Según su informe unas 40.000 personas en Gaza sufren discapacidades permanentes o lesiones que requieren rehabilitación prolongada, entre ellas 21.000 niñas y niños.

En estos días conmemorativos, la FOI y milicias de colonos israelíes han intensificado ataques contra agricultores que llevaban a cabo la cosecha de aceitunas en campos de olivos. Se han documentado 109 incidentes incluyendo episodios disuasivos, agresiones físicas, muertes y desarraigo de árboles, generando importantes pérdidas.

Medios y organizaciones denuncian que Israel persiste en quebrantar el cese del fuego y alertan sobre la compleja situación de sobrevivencia para los palestinos.

La segunda edición del encuentro, realizada entre el 9 y el 11 de octubre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, reunió a más de 170 expositores y contó con una exitosa convocatoria en sus actividades, lanzamientos y firmas de libros. La organización ya prepara La Furia de Verano, que se realizará entre el 17 y el 20 de diciembre en el mismo lugar.

Con una convocatoria de 32 mil personas durante sus tres jornadas, La Furia Ilustrada cerró exitosamente su segunda edición en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). El encuentro registró un aumento del 130% de público respecto de la edición anterior, consolidándose como un espacio de encuentro para artistas, editoriales, proyectos independientes y amantes del libro, la ilustración y las artes gráficas.

Durante tres días, más de 170 expositores dieron vida a la feria con libros, publicaciones, obras originales y proyectos gráficos, en una programación que incluyó lanzamientos, firmas de libros, talleres, conversaciones y actividades para distintas edades. Con entrada gratuita, el evento convocó a públicos diversos y fortaleció el vínculo entre creadores y lectores.

Firmas de libros y encuentros con destacados artistas

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue la gran convocatoria de las firmas de libros y las actividades con autores nacionales e internacionales. Entre ellos sobresalió el ilustrador y artista visual ruso Anton Gudim, creador de Yes, But, cuyas actividades despertaron un gran interés del público. La sala de su conversatorio junto a la ilustradora chilena Maliki estuvo repleta y sus firmas de libros duraron varias horas.

La presencia de Gudim fue uno de los hitos de esta edición, que también contó con la participación de destacados exponentes de la ilustración y la gráfica chilena, entre ellos Fernanda Frick, Saikomic, Sol Díaz, Malaimagen, Alejandra Acosta, Saraly Gute, Fabián Rivas, Isabel Hojas, Amanda López, Claudio Romo y Alejandro “Mono” González, entre otros.

A lo largo de las tres jornadas, el público pudo conocer nuevas publicaciones, encontrarse con sus autores favoritos y participar en una programación que combinó creación, conversación y experiencias en torno al libro ilustrado, el cómic, el manga y las artes gráficas.

La feria también ofreció talleres y actividades para niños, niñas y familias, además de instancias dirigidas a estudiantes y profesionales del sector, con espacios para explorar distintas técnicas y reflexionar sobre los desafíos de la ilustración como oficio.El crecimiento registrado en esta segunda edición refleja el interés por contar con espacios dedicados a la ilustración, el libro y las diversas expresiones de la creación gráfica. La participación del público y la respuesta a las actividades reafirman el valor de generar instancias de encuentro entre artistas, editoriales, profesionales del sector y comunidades lectoras.

“Esta edición de La Furia Ilustrada fue un éxito. Crecimos un 130% en público respecto de la versión anterior y vimos cómo las personas participaron activamente, llenando actividades y haciendo de las firmas de libros y los encuentros con los artistas momentos muy especiales. Nos alegra comprobar el interés que existe por la ilustración, los libros y las artes gráficas, y nos motiva a seguir creciendo y generando nuevos espacios para que más personas puedan acercarse a estas expresiones”, dice Carolina Ruiz, directora de La Furia Ilustrada.

La Furia de Verano llega en diciembre al GAM

Tras el éxito de esta edición, La Furia del Libro ya prepara un nuevo encuentro para despedir el año: La Furia del Libro – verano, que se realizará entre el 17 y el 20 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Durante cuatro días, esta nueva versión volverá a reunir a creadores, editoriales y proyectos independientes en torno al libro, con una invitación abierta a descubrir nuevas obras, apoyar el trabajo de autores y disfrutar de una programación cultural para distintos públicos. Próximamente se darán a conocer más detalles de la programación y las actividades de La Furia de Verano.

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·  Las precipitaciones convectivas, el granizo y las lluvias concentradas en cortos períodos podrían seguir afectando a Chile central en los próximos meses. Especialistas llaman a fortalecer la prevención y la preparación de las comunidades frente a eventos extremos.

Las lluvias intensas, las granizadas y los eventos meteorológicos extremos registrados durante las últimas semanas en Chile central han vuelto a poner en evidencia los riesgos asociados a un clima cada vez más variable. En un escenario marcado por la presencia del fenómeno de El Niño y proyecciones que apuntan a condiciones que podrían mantenerse hasta marzo, especialistas advierten que la preparación ante posibles emergencias será fundamental durante la primavera y el verano.

Raúl Valenzuela, académico de la Universidad de O’Higgins (UOH) e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), explica que las condiciones actuales favorecen la ocurrencia de nuevos episodios de precipitaciones. Sin embargo, advierte que su distribución representa un desafío para los pronósticos y la prevención.

“Dado que estamos en un Niño bastante fuerte, que deja harto vapor de agua y una atmósfera más cálida, es probable que sigamos teniendo estos eventos”, señala. El investigador agrega que las lluvias convectivas, a diferencia de las precipitaciones invernales más extendidas, pueden concentrarse en sectores muy específicos, incluso a pocos kilómetros de distancia entre un lugar y otro.

Esta característica exige mantener la atención en los pronósticos, aunque no se registren precipitaciones en todos los sectores de una comuna o localidad.

Riesgo en zonas cordilleranas y precordilleranas

La intensidad de las tormentas también puede favorecer procesos de remoción en masa, especialmente en áreas de pendientes pronunciadas, quebradas y terrenos con escasa cobertura vegetal.

Jorge Romero, también académico de la UOH, advierte que las tormentas intensas y las precipitaciones concentradas en poco tiempo pueden incrementar el peligro en zonas cordilleranas, precordilleranas y de piedemonte. Entre los sectores que requieren especial atención menciona aquellos afectados recientemente por incendios forestales, donde la pérdida de vegetación puede aumentar la vulnerabilidad del terreno.

“Vamos a ver un incremento en estas tormentas intensas con desarrollo de fenómenos de granizo, concentradas en poco tiempo, y eso va a aumentar considerablemente el peligro de generación de remociones en masa”, sostiene.

Frente a este escenario, el académico llama a reconocer las características del territorio y evitar quebradas o zonas deprimidas donde puedan concentrarse flujos de agua. También recomienda informar a las autoridades sobre la presencia de basura o escombros en cauces y quebradas, además de seguir las alertas de los organismos oficiales.

La preparación comunitaria como herramienta de prevención

La prevención, sin embargo, no depende únicamente de los pronósticos y de la respuesta de los servicios de emergencia. Para Christine Eriksen, investigadora de ETH Zúrich, quien participó en la Universidad de O’Higgins del Primer Encuentro de Reducción de Riesgo de Desastres y Gobernanza Territorial, es fundamental fortalecer la capacidad de las comunidades para reconocer los riesgos de su entorno, organizarse y actuar oportunamente. Esto implica conocer las rutas de evacuación, identificar fuentes confiables de información y reconocer a las personas que podrían necesitar ayuda durante una emergencia.

“La comunidad ayuda a ampliar la capacidad de respuesta de estos servicios”, sostiene la especialista, quien advierte que la preparación debe considerar también las características sociales y territoriales de cada localidad. En ese sentido, alerta sobre la expansión de viviendas hacia laderas y terrenos expuestos a deslizamientos, aluviones e inundaciones, una situación que puede agravar las consecuencias de las lluvias extremas.

“Es urgente difundir este tipo de información”, enfatiza Eriksen, quien plantea que comprender el entorno local y los riesgos asociados a los lugares donde se habita es parte esencial de la prevención. Así, junto con el monitoreo meteorológico y las alertas tempranas, la organización comunitaria puede contribuir a reducir la vulnerabilidad y mejorar la respuesta ante eventos extremos.

La seguidilla de muertes en la minería, con siete trabajadores fallecidos en menos de un mes, y trece en lo que va del año, evidencia la pasividad con que el gobierno ha enfrentado la seguridad y salud en el trabajo. Ante el aumento de fatalidades, resulta preocupante que la Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería, instrumento concebido para prevenirlas en este sector, siga sin regir pese a su aprobación en julio de 2025 por el Comité Interministerial de Seguridad y Salud en el Trabajo, tras haber sido trabajada durante un año y consensuada tripartitamente. 

Cabe recordar que contar con una política de seguridad y salud para este sector es la principal brecha de nuestro país para dar cumplimiento al Convenio 176 de la OIT, ratificado por Chile en junio de 2024. Esta demora se debe a que la toma de razón de la Contraloría se encuentra pendiente desde el 30 de enero de este año. La Política establece compromisos para que el Estado, trabajadores, empleadores y organismos administradores (mutualidades) logren en conjunto la meta de la Fatalidad Cero.

Mientras esta Política espera su formalización, la capacidad de fiscalización que ella misma se propone fortalecer tampoco ha sido reforzada, aun cuando Sernageomin reconoció ante la Comisión de Minería de la Cámara que cuenta con nueve fiscalizadores en Antofagasta para cerca de 1.700 instalaciones. Por el contrario, el proyecto de Presupuesto 2027 propone reducir el gasto de la Dirección del Trabajo en 1,2% y el de la Superintendencia de Seguridad Social en 1,9%, mientras la respuesta oficial a las muertes se ha limitado a suspensiones parciales de faenas una vez ocurridos los accidentes, como las que Sernageomin y la Dirección del Trabajo dispusieron en El Teniente. 

A la ausencia de la Política y la escasa fiscalización se suma lo que el propio Sernageomin describió tras las siete muertes en la minería, al advertir que algunas grandes compañías exigen estándares de clase mundial en el papel y toleran, en la operación diaria, que sus contratistas trabajen con menor supervisión o bajo presiones de tiempo inaceptables.

Esta referencia a los contratistas apunta al rasgo estructural que comparten las industrias donde se han producido las muertes más recientes, visible en la gran minería, donde tres de cada cuatro trabajadores se desempeñan en empresas contratistas según el estudio de fuerza laboral de la Alianza CCM-Eleva.

Esta externalización no eleva el riesgo por sí sola, aunque altera las condiciones en que éste se gestiona, pues fragmenta la responsabilidad entre empleadores que comparten un mismo lugar de trabajo y traslada a la contratista la presión por cumplir los plazos y los precios que fija la empresa principal. La presión termina recayendo en trabajadores con menos permanencia en la faena y menos conocimiento de sus peligros.

Dentro de los instrumentos internacionales que amparan a los trabajadores, están dos convenios OIT recientemente ratificados por Chile: el Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, que responsabiliza a la empresa principal de la seguridad de todos quienes trabajan en su faena; y el Convenio 155 sobre seguridad y salud en el trabajo, que obliga a colaborar a las empresas que trabajan simultáneamente en el mismo lugar. En el derecho interno, estas obligaciones se ven reforzadas por el artículo 183-E del Código del Trabajo, que obliga a la empresa principal a adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos quienes trabajan en su obra o faena, cualquiera sea su empleador. Sin embargo, es un desafío pendiente velar por el cumplimiento efectivo de estas normas, lo que exige fortalecer una fiscalización que hoy se encuentra debilitada. 

Otros instrumentos fundamentales para la prevención son los Comités Paritarios. Por un lado, los de Higiene y Seguridad, encargados de vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención e investigar las causas de los accidentes; a los que se incorporó en 2024 como nueva función el deber de informar al empleador cuando detecten un riesgo grave e inminente. Por otro lado, los Comités Paritarios de Faena, que deben ser constituidos por la empresa principal cuando en su faena se desempeñan más de 25 trabajadores de distintas empresas por más de 30 días. Con todo, la subcontratación erosiona la eficacia de ambos, ya que muchas contratistas no alcanzan el tamaño o la permanencia necesarios para tener un comité propio y el Código del Trabajo otorga fuero a uno solo de los representantes titulares de los trabajadores. En estas condiciones, es menester fortalecer los comités, por ejemplo, extendiendo el fuero a todos los representantes y ampliando sus facultades para actuar.

Asimismo, el Código del Trabajo en su artículo 184 bis reconoce a cada trabajador la facultad de interrumpir sus labores y abandonar el lugar de trabajo si considera, por motivos razonables, que continuar en ellas constituye un riesgo grave e inminente para su vida o salud, sin que pueda sufrir menoscabo por ello. En la práctica, sin embargo, los trabajadores igualmente enfrentan dificultades, como sucede en el caso de quien trabaja para una contratista, con un contrato por obra y sin respaldo colectivo, y debe decidir por sí solo si sus motivos serán considerados razonables y qué costo tendrá interrumpir el trabajo. Por lo mismo, la nueva función de los comités paritarios y el conocimiento que los sindicatos acumulan sobre los peligros recurrentes de cada faena pueden dar a esta decisión individual el soporte colectivo que hoy no siempre tiene.

Lo anterior demuestra que para avanzar en seguridad y salud es indispensable superar el modelo de subcontratación en la gran empresa. Como lo planteó la Secretaría de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CUT en su declaración del pasado 13 de octubre, también urge la participación efectiva de las organizaciones sindicales en la identificación y el control de los riesgos. Esta demanda puede comenzar a materializarse dentro del marco vigente, y su urgencia se explica porque la negociación colectiva se desarrolla con el empleador directo mientras las condiciones de operación las define en último término la empresa principal, de modo que, sin presencia sindical en los órganos de prevención, el conocimiento que los trabajadores tienen sobre los peligros de su faena carece de canales para llegar a quien puede corregirlos.

En suma, es acuciante que se promulgue la Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería y se apruebe a la brevedad el Programa Nacional, instrumento de gestión que ejecuta los contenidos de la Política. Además,  la discusión presupuestaria debe revertir la reducción propuesta para la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social y reforzar, en cambio, la dotación de los organismos fiscalizadores.

A estas exigencias debe añadirse una fiscalización que, con participación de las organizaciones sindicales y prioridad en las faenas donde abundan los contratistas, verifique que las empresas principales adopten las medidas necesarias para que los comités paritarios de faena se constituyan y funcionen, y que garantice a los trabajadores el ejercicio, sin menoscabo, del derecho a interrumpir sus labores que les reconoce el artículo 184 bis del Código del Trabajo.

En definitiva, lo que muestra la minería vale también para el resto de las actividades productivas. En todas ellas, evitar los accidentes fatales exige actuar sobre las condiciones en que efectivamente se trabaja, más allá de los estándares que se declaran en el papel, y asegurar a los trabajadores, a través de sus organizaciones, una participación efectiva en la prevención. Esta tarea no se podrá cumplir mientras el Estado y las empresas se limiten a reaccionar después de cada muerte.

Antonia Morales, socióloga

Daniel Riquelme, abogado

Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL)

El sábado 17 de octubre se realizará la VI edición del Día de los Cerros, celebración ciudadana nacional, que invita a personas de todas las edades a disfrutar de una jornada en los cerros islas a lo largo del país. La cita gratuita busca aportar al fomento de la vida al aire libre y a la valorización de estos espacios naturales como un patrimonio único que caracteriza el paisaje de Chile.

Barbara Priffe coordinadora general del día de los Cerros y Coordinadora de proyectos de Fundación Cerros Isla, indica qué entendemos por este tipo de cerro y cuál es su valor ecológico y humano

El sábado 17 de octubre se realizará la VI edición del Día de los Cerros, celebración ciudadana nacional, que invita a personas de todas las edades a disfrutar de una jornada en los cerros islas a lo largo del país. La cita gratuita busca aportar al fomento de la vida al aire libre y a la valorización de estos espacios naturales como un patrimonio único que caracteriza el paisaje de Chile.

Barbara Priffe coordinadora general del día de los Cerros y Coordinadora de proyectos de Fundación Cerros Isla, indica qué entendemos por este tipo de cerro y cuál es su valor ecológico y humano:

“Son estos remanentes promontorios muy característicos de la geografía de nuestra ciudad,  particularmente de la Región Metropolitana. Solamente en  Santiago tenemos 26 cerros islas y que quedan entre medio de la ciudad debido al desarrollo de la urbanización y que quedan encerrados entre calles y edificios”.

En esta nueva versión del “Día de los Cerros” se contemplan 160 actividades gratuitas en 130 cerros a lo largo de 13 regiones del país, las cuales han sido organizadas por el trabajo mancomunado de municipios, organizaciones territoriales, empresas, fundaciones, más instituciones públicas y privadas.

En la quinta edición tuvimos 8 mil personas asistentes en todo Chile y desde el primer año ha ido creciendo sustancialmente tanto el número de personas que participan como el número de actividades y de cerros que albergan cientos de actividades que se realizan en todo Chile.

Un dato interesante, señala Bárbara Priffe, es la alta asistencia de mujeres y de personas que por primera vez visitan el cerro electo:

“Es una actividad es una celebración nacional, una fiesta ciudadana que tiene por objetivo que las personas podamos acceder democráticamente a nuestros cerros, disfrutarlos y a partir de ahí, cuidarlos”.

Este año, el lema que acompaña el Día de los Cerros plantea promover una cultura de los cerros. “No sabemos subir cerros” agrega comparando la cultura de mar que tienen los habitantes del país, y frente a eso plantean principios como la planificación de la visita, cuidar el entorno, la flora y la fauna.

Otros principios plantean llevarse los residuos y sostener la basura 0; la prevención de incendios y también el fomentar la buena convivencia al visitar esos espacios.

Acerca de los últimos eventos meteorológicos que han impactado el país con lluvias y en algunas partes con aluviones, la coordinadora indicó que al momento de la inscripción el anfitrión se pone en contacto para dar todos los detalles, así también  si el clima llega a impedir la realización de las actividades.

“Queremos que las personas disfruten hoy de nuestros cerros, pero también entiendan cómo cuidarlos ya que es la única manera de asegurar que las futuras generaciones sigan disfrutando”, indicó la coordinadora.

Las actividades y las inscripciones según edad, tema, nivel de movilidad se pueden consultar en la página www.diadeloscerros.cl