DECLARACIÓN PÚBLICA

La Coordinadora de Derechos Humanos de Los Ríos, espacio que reúne a organizaciones de defensa de los derechos humanos, de rescate de la memoria, sitios de memoria, así como agrupaciones de familiares de víctimas y de sobrevivientes de nuestra región, manifiesta su profunda indignación y rechazo frente a un reciente fallo de la Corte Suprema, que afecta a miembros de nuestra comunidad.

Es sabido que en nuestra región y en especial en la ciudad de Valdivia, el Partido Socialista fue uno de los sectores más afectados por la brutal represión política desatada luego del golpe civil-militar del 11 de septiembre de 1973. No pocos dirigentes y militantes fueron asesinados y muchos detenidos, severamente torturados, encarcelados y sometidos a consejos de guerra que les aplicaron altas condenas carentes de justificación real alguna. Así, en abril de 1974, a Uldaricio Figueroa, secretario regional del P.S., y a Víctor Hormazábal se les impuso la pena de muerte; el intendente Sandor Arancibia y el alcalde Luis Díaz, entre otros, fueron condenados a presidio perpetuo. Probablemente producto de la presión internacional, un mes después las penas de muerte fueron conmutadas por prisión perpetua.

Ante el prolongado oscurantismo de la historia oficial, en 2012 Sandor Arancibia decidió presentar una querella por tortura, a la que se sumaron otros siete dirigentes y militantes: Uldaricio Figueroa (fallecido), Víctor Hormazábal, Daniel Gallardo (fallecido), Jaime Bahamondes (fallecido), Juan Yilorm, Joel Asenjo y Rogers Delgado.

La querella fue acogida a trámite con el rol 3-2012 en la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde el ministro Juan Correa inició la investigación, y posteriormente llegó a manos del ministro en visita para causas de derechos humanos Álvaro Mesa, quien el 27 de septiembre de 2023 dictó sentencia de primera instancia contra seis miembros en retiro del Ejército, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Entre los condenados a 10 años de presidio efectivo estaban el general Santiago Sinclair, el teniente del Ejército Patricio Kellet, quien lideraba al grupo que practicaba los interrogatorios y las torturas, así como el fiscal militar Bernardo Puga. Además, el ministro Mesa determinó una indemnización estatal para las víctimas querellantes.

La Corte de Apelaciones de Temuco el 17 de septiembre de 2024 rebajó las condenas a cuatro años de presidio y, además, dispuso algo muy extraño: sobreseyó por muerte al general Santiago Sinclair, quien falleció realmente el 28 de diciembre de 2025.

Ahora, el 27 de mayo recién pasado, la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Manuel Valderrama y María Cristina Gajardo, los ministros suplentes Juan Mera y María Catepillan así como el abogado Carlos Urquieta, extremó la impunidad, revocando totalmente el fallo del ministro Mesa, absolviendo a los imputados y anulando la indemnización para las víctimas.

Por la mera formalidad de que el ministro Mesa en su sentencia condenatoria sólo indica el inicio de los apremios ilegítimos (torturas) el 11 se septiembre de 1973, pero no durante cuántos meses se habían prolongado, la Segunda Sala de la Corte Suprema consideró vulnerado el derecho a defensa de los imputados y los absolvió. No se menciona el hecho de la tortura, porque, por lo visto, para la Segunda Sala no tiene ningún valor la exhaustiva investigación realizada tanto por el ministro Correa como por el ministro Mesa, quienes acreditaron la realización de los graves delitos, sino sólo el hecho de que no se indicó expresamente durante cuánto tiempo estos se prolongaron. ¿A eso se le llama justicia? También se anula, por el mismo motivo, la indemnización acordada por el ministro Mesa, a pesar de que todos los querellantes fueron reconocidos como víctimas de prisión política y tortura por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. Simplemente aberrante.

¿Qué valor tiene la dignidad de la víctima para la Segunda Sala de la Corte Suprema? Esta sentencia constituye una nueva vulneración de la dignidad humana de los afectados, ya gravemente vulnerada por la tortura y las acusaciones sin fundamento de los consejos de guerra a que fueron sometidos, por lo que tiene un efecto retraumatizante.

Expresamos nuestra más profunda solidaridad a todos los afectados por esta sentencia indignante y un decidido rechazo al actuar de la Segunda Sala de la Corte Suprema que, contraviniendo la normativa internacional de derechos humanos, una vez más deja en la impunidad graves crímenes de lesa humanidad. Apoyaremos cualquier nueva iniciativa, a nivel nacional o internacional, para lograr justicia.

Este sábado se realizará en Santiago, la marcha por los Derechos Humanos y contra la Impunidad convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales en conjunto con la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, desde Plaza Dignidad (Metro Baquedano) a las 9:30 horas.

La convocatoria apunta a visibilizar el desmantelamiento institucional de los derechos humanos que ejecuta el gobierno de José Antonio Kast y que se ha visto reflejado en una serie de desvinculaciones y propuestas de descontinuación de programas históricos en la materia.

Asimismo, existe preocupación por la denuncia realizada meses atrás sobre instrucciones que habría dado el ministro de Justicia, Fernando Rabat, al Programa de DDHH de no intervenir en determinadas causas. A eso se suma, las varias solicitudes de indulto que está revisando el gobierno, donde en varias de ellas figuran solicitudes a favor de criminales de lesa humanidad.

Gremios como la CUT y la ANEF, así como diversas organizaciones sociales participarán de esta marcha. También se sumarán parlamentarios y defensores de los derechos humanos en áreas como la educación, la diversidad sexual, entre otras. 

Por su parte, la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Fabiola Campillay, adhirió a la convocatoria para rechazar la política del ejecutivo que arriesga dejar en impunidad a condenados por violaciones a los derechos humanos y por delitos en el marco del estallido social de 2019.

“La indignación y la angustia son emocionalidades que surgen de situaciones como las que está viviendo Chile y son legítimas”, sostuvo el analista, periodista e integrante de la comisión política del Partido Comunista de Chile, refiriéndose a la situación actual del país bajo la conducción del presidente de ultraderecha José Antonio Kast.   

En Lo Que Hay Tras Cada Noticia, Juan Andrés Lagos declaró: “El gran desafío que tiene el Partido Comunista en su nuevo aniversario es desde ese espesor, ser parte sustantiva de esa reconstrucción que nos debería llevar a derrotar este proyecto y de una vez por todas a estabilizar un proceso de crecimiento económico real, de estabilidad democrática participativa real, de caminar hacia la igualdad, hacia los salarios, hacia le pega segura” 

En el marco de la convocatoria nacional a movilización de la Confech, con el Colegio de Profesores y trabajadores de la educación y la salud, se vivió una fuerte represión, que quedó realzada en la situación de una joven estudiante que sufrió fracturas en su rostro en medio de una detención de Carabineros. 

Una imagen que dio vueltas al mundo y de la cual el gobierno acusó a la Confech de “victimizarse”, aun cuando los estudiantes han solicitado a diversos medios no hacer pública dicha fotografía. 

Juan A. Lagos, lamentó este terrible suceso y señaló que la situación particular devela la manera que tiene el gobierno de Kast para enfrentar a los movimientos sociales. 

Nadie de gobierno acudió a la sesión de salud del Senado que se desarrollaría en el Hospital Van Buren, instancia solicitada por la senadora de la región de Valparaíso Karol Cariola, a petición de los gremios de la salud y de representantes de los usuarios que observan con preocupación el deterioro del hospital y la crisis de insumos. 

El dirigente comunista plantea que no tiene sentido que las autoridades gubernamentales no acudan a las reuniones, “el problema de la salud, lo está viviendo la ciudadanía, la gente, no los partidos políticos en abstracto”. 

“Entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía?, ¿que le queda por hacer?, si no es levantar su voz angustiosamente y exigir que se enfrenten estos problemas, porque no tenemos otra alternativa, la salud es un asunto de pervivencia”, fustigó Lagos. 

Kast abucheado por alcaldes

Tenso momento vivió el presidente Kast en Coquimbo, en un encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas, convocado por la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes acordaron rechazar los recortes del ejecutivo y también oponerse a la mega reforma de los súper ricos.

Juan A. Lagos, asegura que los efectos de la mega reforma mantienen angustiado a los alcaldes de manera transversal y este episodio es una demostración de aquello. 

Secreto bancario 

La derecha ha torpedeado paulatinamente el levantamiento del secreto bancario, pese a que esta semana tras un golpe al crimen organizado, se demostró fehacientemente que en los bancos de Chile se lava dinero en cifras multimillonarias. 

El dirigente comunista recuerda que la derecha se ha opuesto desde hace muchos años a esta medida que es sustancial para atacar el crimen organizado. 

Con un diagnóstico pesimista del momento actual, Juan A. Lagos, señaló que el desafío de su colectividad es ser parte gravitante del descontento popular contra el alza de la vida y los retrocesos en derechos básicos, como salud y trabajo. 

Los siete integrantes de la directiva comprometieron su labor ante la comunidad universitaria. La nueva presidenta, Laura Mlynarz, afirmó que buscarán construir una agenda conjunta en materia de educación superior. En tanto, la rectora Devés señaló que “la presidenta y la directiva FECh cuentan con su Universidad para acompañarles”.

Durante mayo, distintos tribunales del país dictaron una serie de resoluciones vinculadas a causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar, que incluyen nuevas indemnizaciones, condenas penales y avances en investigaciones judiciales contra exagentes del Estado.

Indemnizaciones por daño moral en casos de detención y tortura

El Trigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar $40 millones a Víctor Espinoza Loyola, exefectivo del Ejército detenido en 1975 y torturado en recintos de la Armada y la disuelta DINA.

En otra causa, la Corte Suprema ordenó indemnizar con $80 millones a Ángel Negrón Larré, estudiante universitario detenido en 1974 y sometido a torturas en el Regimiento Tacna, además de su posterior exilio.

En tanto, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $25 millones la indemnización para Mónica Lagos Muñoz, detenida en 1987 con ocho meses de embarazo y torturada por agentes de la CNI.

También se registraron fallos por montos menores en otros casos, como el de Hugo Castillo Miranda, trabajador detenido en el Estadio Nacional en 1973, quien recibirá $15 millones por daño moral.

Asimismo, el Vigesimonoveno Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar $5 millones a Sandra Ferma Leiva, estudiante detenida en 1985 durante trabajos voluntarios de la FECH.

La Corte Suprema, además, ordenó el pago de $270 millones a los hijos de Luis Luarte Mora, reconociéndolos como víctimas por repercusión de las torturas sufridas por su padre tras su detención en 1973.

En otro fallo, la Corte de Santiago fijó en $40 millones la indemnización para Leonardo Lamich Betancourt, víctima de detenciones y torturas entre 1979 y 1982.

Nuevas condenas y avances penales en causas de lesa humanidad

La Corte de Temuco confirmó la condena contra un exfuncionario de Carabineros por detención ilegal y apremios ilegítimos en Lautaro, con penas de hasta cinco años de presidio y el pago de $120 millones en indemnizaciones civiles.

En Santiago, la Corte de Apelaciones confirmó la condena contra un exoficial de Carabineros por aplicación de tormentos en el cuartel Dicomcar, con una indemnización de $20 millones.

En Valparaíso, un exoficial de Carabineros fue condenado por torturas a adolescentes en 1973, con penas remitidas y una indemnización de $60 millones al afectado.

La Corte de La Serena también condenó a dos exfuncionarios policiales a 10 años y un día de presidio por el secuestro calificado del fotógrafo René Vallejos Parra, revocando su absolución en primera instancia.

Nuevas acusaciones y procesos judiciales en curso

Durante el mismo período, la ministra en visita Marianela Cifuentes dictó diversas resoluciones en causas de derechos humanos, incluyendo acusaciones por secuestro calificado en San José de Maipo y Maipú, además de procesamientos contra exagentes de la DINA y el Ejército.

Entre los casos, destaca la acusación contra dos exoficiales de Carabineros por cinco secuestros calificados ocurridos en 1985 en el Cajón del Maipo, así como el procesamiento de un exsubteniente del Ejército y un médico vinculado a la DINA por el secuestro de Raúl Iturra Muñoz.

Preocupación por financiamiento de sitios de memoria

En paralelo, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi advirtió una crisis financiera debido al retraso en la transferencia de recursos públicos correspondientes al presupuesto 2026.

Según su directorio, la situación es “inédita y profundamente preocupante”, ya que ha afectado el pago de remuneraciones y servicios básicos, poniendo en riesgo el funcionamiento del sitio de memoria.

La institución alertó además sobre un “riesgo real de cese parcial o total de actividades”, lo que impactaría directamente el trabajo de memoria y educación en derechos humanos.

Actividades de memoria y derechos humanos

Durante mayo también continuaron los conversatorios del sitio de memoria FASIC bajo el ciclo “Defendiendo los Derechos Humanos”, con la participación de exintegrantes de organismos de defensa de derechos humanos, familiares de víctimas y académicos.

Los Estados que asistan a las reuniones sobre el clima de junio, que se celebrarán la próxima semana en Bonn (Alemania), deberán aprovechar sus debates para transformar los compromisos climáticos en un programa de acciones concretas, viables y centradas en los derechos, de cara a la trigésimo primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP31) de noviembre, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Lo que ocurra en Bonn importa, ya que configurará las negociaciones, las prioridades y el nivel de ambición que los gobiernos llevarán a la COP31 de Antalya (Turquía) a finales de este año. Estas reuniones ofrecerán a los gobiernos una importante oportunidad para demostrar que están dispuestos a que los compromisos climáticos asumidos en la resolución recientemente adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en relación con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del año pasado sobre el cambio climático se traduzcan en acciones ancladas en los derechos humanos, la equidad y la justicia.

“Los gobiernos deben adoptar ahora medidas urgentes para cumplir sus obligaciones legales de proteger a la humanidad y contribuir a que los grupos afectados se recuperen de los daños causados por el cambio climático. Una acción climática que ignora los derechos humanos no sólo es injusta, sino también menos eficaz”, ha dicho Ann Harrison, asesora de política sobre cambio climático de Amnistía Internacional.

“Si los gobiernos quieren resultados tangibles en Antalya, en Bonn deben demostrar que se toman en serio el paso de las palabras a los hechos”, ha añadido.

En sus recomendaciones, publicadas en vísperas de la reunión, Amnistía insta a los gobiernos a comprometerse con una eliminación completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles mediante una transición justa, a incrementar la financiación climática basada en subvenciones, a garantizar la plena reparación por pérdidas y daños relacionados con el cambio climático, así como a proteger el espacio de la sociedad civil y reforzar la participación de los pueblos indígenas, los defensores y defensoras de los derechos ambientales y las comunidades afectadas en la toma de decisiones sobre el clima.

Se necesita actuar con urgencia

Amnistía Internacional pide a todas las partes en los tratados sobre el clima que aprovechen los logros de la reciente conferencia de Santa Marta para avanzar hacia una transición equitativa de abandono de los combustibles fósiles que no deje a nadie atrás, en particular, poniendo fin a las subvenciones a los combustibles fósiles y protegiendo a las personas con ingresos más bajos.

Es importante que el Mecanismo de Transición Justa acordado en la COP30 sea eficaz y que su implementación cuente con financiación suficiente, de modo que se prioricen los derechos humanos, la participación significativa de la sociedad civil y los grupos afectados, y el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas.

La organización también reclama avances significativos en materia de financiación de la acción climática. Según datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), las necesidades de los países de bajos ingresos en materia de mitigación y adaptación se calculan entre cinco y seis billones de dólares estadounidenses para 2030, si bien la meta de financiación de 300.000 millones de dólares anuales para 2035 acordada en la COP29 está muy por debajo de las necesidades reales. El déficit de financiación de las medidas de adaptación es particularmente elevado.

“El hecho de que algunos países hayan insistido para que se eliminen las referencias a la financiación climática en la reciente resolución de la Asamblea General de la ONU no significa que hayan desaparecido las obligaciones de garantizarla. Sabemos que el dinero está ahí y que su adjudicación es una cuestión de índole política. Es fundamental que los que más contaminan asuman los costes de los daños que están causando”, ha afirmado Ann Harrison.

“Un incremento de la financiación climática, principalmente en forma de subvenciones, es un factor decisivo para garantizar la protección de los derechos de todas las personas en todo el mundo, tanto ahora como en el futuro. Esto permitirá una vida digna en un planeta capaz de sostener tanto a las personas como a los ecosistemas esenciales de los que formamos parte y de los que dependemos”.

Amnistía Internacional también insta a los gobiernos a adoptar un enfoque basado en la justicia reparadora y a reforzar el apoyo al Fondo de Respuesta a las Pérdidas y los Daños, en particular garantizando que funcione de manera plenamente compatible con los derechos humanos y esté respaldado por una estrategia ambiciosa de movilización de recursos.

Acceso e inclusión

En Bonn, la gran pregunta es si las conversaciones serán abiertas y accesibles a quienes más sufren las consecuencias del cambio climático. En sus recomendaciones, Amnistía incide en que las comunidades en primera línea, los pueblos indígenas, los defensores y defensoras de los derechos ambientales y los grupos marginados deben poder participar de manera significativa en las negociaciones sobre el clima. La organización también ha expresado su preocupación por la obtención de visados para algunas personas participantes en las reuniones de Bonn y ha pedido a todos los países anfitriones que faciliten un procedimiento de visados específico para la CMNUCC.

Amnistía Internacional insta también a Alemania, así como a Turquía y Australia —países que acogen de forma conjunta la COP31— a garantizar que todas las personas participantes puedan expresarse libremente y manifestarse pacíficamente sin restricciones injustificadas ni temor a represalias.

“Bonn debe contribuir a desplazar el centro del debate sobre el clima hacia la justicia. Los gobiernos deben llegar dispuestos a avanzar hacia una transición justa que deje atrás los combustibles fósiles, y esto requiere financiación climática suficiente, reparación por pérdidas y daños y protección del espacio de la sociedad civil. Cualquier concesión respecto a estos objetivos supondrá una derrota más para las personas que ya están pagando el precio de la inacción climática”, ha concluido Ann Harrison.

Información complementaria

Las reuniones sobre el clima de junio tendrán lugar en Bonn del 8 al 18 de junio de 2026. Se trata de encuentros preparatorios cruciales, previos a la COP31 que se celebrará en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre de 2026. Previamente a la conferencia, Amnistía Internacional ha publicado el documento Recomendaciones a las partes en la CMNUCC sobre una acción climática compatible con los derechos humanos en 2026. Durante estos encuentros de Bonn, habrá representantes de Amnistía disponibles para realizar entrevistas y declaraciones especializadas.

Por Ricardo Neira, Decano Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Tecnologías para la Sociedad, Universidad Academia Humanismo Cristiano

Nota en Poder y Liderazgo

La encíclica Magnífica Humanitas no condena la tecnología: advierte que el verdadero riesgo de la IA no está en las máquinas, sino en una humanidad que olvide para qué quiere usarlas.

La nueva cuestión humana

La inteligencia artificial dejó de ser un asunto de laboratorios o empresas tecnológicas. Ya habita la escuela, la universidad, el trabajo, la política, la comunicación pública, la medicina y la vida familiar. Por eso, la pregunta decisiva no es si las máquinas serán más veloces o más eficientes que nosotros, sino si seguiremos siendo humanos en una civilización cada vez más mediada por sistemas capaces de clasificar, predecir, recomendar y decidir.

La encíclica Magnifica Humanitas, del Papa León XIV, sitúa esta transformación como una nueva res novae: una mutación histórica comparable, en escala civilizatoria, a la cuestión obrera que enfrentó Rerum novarum. Su aporte no consiste en rechazar la técnica. Reconoce que la IA puede curar, conectar, educar y cuidar. Pero advierte algo esencial: la tecnología nunca es enteramente neutral, porque toma el rostro de quienes la diseñan, financian, regulan y utilizan. El problema no es la existencia de la IA, sino la orientación ética, política y educativa que recibirá.

Babel o Jerusalén

El texto propone una metáfora central: Babel o Jerusalén. Babel simboliza la fascinación por el poder técnico autosuficiente, la reducción de la persona a datos y rendimientos, la homogeneización de las diferencias y la idolatría de la eficiencia. Jerusalén, en cambio, representa la reconstrucción comunitaria: una obra compartida, plural, donde cada persona asume su tramo de responsabilidad y donde el progreso se mide por su capacidad de fortalecer la dignidad, la justicia y la fraternidad.

Esta tensión dialoga con Byung-Chul Han, quien ha descrito las patologías de la sociedad digital: rendimiento permanente, exposición continua, transparencia obligatoria y autoexplotación. En ese mundo, el sujeto cree ser libre porque produce, se comunica y se muestra sin descanso; sin embargo, puede quedar atrapado en una dominación que ya no prohíbe, sino que seduce.

Desde esta mirada, Babel no es sólo una torre tecnológica, sino una arquitectura invisible de pantallas, métricas, plataformas y algoritmos que vuelven a las personas comparables, predecibles y administrables.

Educación, interioridad y lenguaje

El riesgo de la IA no se agota en el reemplazo de tareas. Su amenaza más profunda es la pérdida del espacio interior: la dificultad de detenerse, leer con profundidad, pensar lentamente, escuchar al otro y distinguir información de sabiduría. Una sociedad saturada de respuestas automáticas puede empobrecer su capacidad de formular preguntas verdaderamente humanas.

En este punto, Gastón Soublette aporta una advertencia decisiva. Su crítica a la modernidad técnica no es nostalgia antitecnológica, sino defensa de una sabiduría capaz de mantener vivo el vínculo con la naturaleza, la tradición, el lenguaje, la belleza y el misterio.

La técnica responde con gran eficacia al cómo; pero no puede responder por sí sola al para qué. Puede ordenar información, simular conversaciones y optimizar procesos; no puede reemplazar la experiencia humana del sentido, la compasión, la memoria cultural ni la trascendencia.

Por eso, la educación aparece como el campo estratégico de la era digital. No basta enseñar a usar IA; hay que enseñar a pensar en un mundo con IA. Eso exige lectura profunda, conversación argumentada, formación ética, sensibilidad estética, conciencia histórica y criterio ciudadano. Una universidad que sólo enseñe herramientas quedará obsoleta frente a la próxima herramienta. Una universidad que forme discernimiento seguirá siendo indispensable.

Maturana: emoción, convivencia y aprendizaje

La incorporación de Humberto Maturana permite profundizar este análisis desde una clave propiamente latinoamericana. Para Maturana, lo humano se constituye en el lenguaje, la emoción y la convivencia. No somos sólo seres racionales que procesan información; somos seres relacionales que aprenden, conocen y construyen realidad en redes de conversación. La educación, desde esta perspectiva, no es transferencia mecánica de contenidos, sino transformación en la convivencia.

Esta mirada resulta crucial frente a la IA. Si el aprendizaje se reduce a respuestas correctas, productividad cognitiva o eficiencia evaluativa, se debilita lo más humano del acto educativo: el encuentro, la confianza, la pregunta, el error, la cooperación y el reconocimiento del otro como legítimo otro.

Maturana recordaría que toda tecnología se inserta en una emoción social: puede nacer desde el control, la competencia y la desconfianza, o desde el cuidado, la colaboración y el respeto. Allí se juega la diferencia entre una IA que vigila y una IA que acompaña; entre una escuela administrada por datos y una comunidad educativa fortalecida por la tecnología.

Universidad, trabajo y gobernanza

En América Latina y Chile, la reflexión tiene consecuencias concretas. Las universidades no pueden limitarse a agregar cursos de programación, ciencia de datos o IA generativa. Deben formar profesionales técnicamente competentes y éticamente responsables: ingenieros capaces de anticipar impactos sociales; pedagogos preparados para entornos híbridos; comunicadores que defiendan la verdad pública; juristas que comprendan la gobernanza algorítmica; cientistas sociales capaces de interpretar los efectos humanos de la automatización.

El trabajo es otro eje central. Desde la tradición de Rerum novarum, la encíclica recuerda que el trabajo no es sólo ingreso o productividad: es dignidad, cooperación, pertenencia y proyecto de vida. La automatización no puede evaluarse únicamente por reducción de costos. Debe analizarse por sus efectos en empleabilidad, reconversión, cohesión social y justicia.

La respuesta no puede ser ingenuidad tecnocrática ni rechazo defensivo, sino formación continua, certificación de competencias, protección social y anticipación estratégica de nuevos oficios.

La encíclica también advierte sobre el nuevo poder tecnológico privado. Muchas decisiones que configuran la civilización digital se toman hoy en corporaciones transnacionales con recursos superiores a los de numerosos Estados.

Por eso, responsabilidad, transparencia, solidaridad, subsidiariedad, justicia social y bien común no son adornos morales: son criterios para evaluar plataformas educativas, sistemas predictivos, automatización laboral, vigilancia, salud digital, seguridad pública y defensa.

Una civilización digital del cuidado

El aporte de Magnifica Humanitas, leído junto a Han, Soublette y Maturana, converge en una misma tesis: la persona no puede ser reducida a datos, rendimiento, perfil predictivo o consumidor administrable.

Han advierte contra el agotamiento y la transparencia total; Soublette recuerda la necesidad de sabiduría y sentido; Maturana sitúa lo humano en la conversación, la emoción y la convivencia; la encíclica ofrece el horizonte ético de una tecnología orientada a la dignidad y al bien común.

No se trata de frenar el progreso, sino de impedir que avance sin alma. La inteligencia artificial puede ampliar capacidades, democratizar conocimientos, mejorar diagnósticos, personalizar aprendizajes y liberar tiempo humano.

Pero sólo será verdadero progreso si fortalece la libertad, la justicia, la educación, el trabajo digno y la vida común. La gran frontera de nuestro tiempo no está en los algoritmos ni en los centros de datos. Está en la decisión moral de orientar el poder tecnológico hacia la profundidad de lo humano.

Publicado en Cretaceous Research, el trabajo reinterpreta fósiles hallados en la costa de Chile central y confirma la presencia de dinosaurios terrestres y aves del Cretácico Superior en una zona conocida históricamente por sus especies marinas. La investigación destaca el valor de las colecciones científicas y advierte sobre la importancia de proteger un sitio clave para reconstruir la historia natural del país.

Ubicado en la Región de Valparaíso, Algarrobo es uno de los balnearios más reconocidos del litoral central, valorado por sus atractivos turísticos, su biodiversidad y también por sus hallazgos paleontológicos. En sus rocas costeras se conserva una historia mucho más antigua: la de un ecosistema del final del Cretácico, hace cerca de 69 millones de años, donde el registro de reptiles marinos convive ahora con nuevas evidencias de dinosaurios terrestres y aves antiguas.

Así lo plantea un estudio publicado en la revista Cretaceous Research titulado “Beyond marine reptiles: ornithopod and avian remains from the Upper Cretaceous of Algarrobo, central Chile”. El trabajo fue desarrollado por los investigadores Sergio Soto Acuña, Rodrigo A. Otero, Raúl Ugalde, Héctor Ortiz y José Luis Brito, y forma parte de las investigaciones impulsadas desde la Red Paleontológica Universidad de Chile, en el marco del Núcleo Milenio Transiciones Evolutivas Tempranas de Mamíferos (EVOTEM) proyecto el cual reúne a distintas instituciones científicas del país.

A partir del reanálisis de fósiles hallados en los “Estratos de Quebrada Municipalidad”, el equipo confirmó la presencia de un dinosaurio herbívoro de gran tamaño y reclasificó restos de un ave fósil. Ambos registros fueron situados en el Cretácico Superior, lo que permite ampliar la comprensión de Algarrobo como una localidad que no solo conserva evidencia de antiguos ecosistemas marinos, sino también de animales continentales.

Hasta ahora, la zona era reconocida principalmente por su registro marino, con hallazgos de plesiosaurios, mosasaurios, tortugas marinas y tiburones. Sin embargo, el trabajo con colecciones históricas y nuevas campañas de terreno dio paso a una lectura más amplia del sitio.

“Nos dimos cuenta de que este ecosistema era un poco más complejo. No solamente involucraba especies marinas, sino que también había alguna cercanía, alguna condición costera”, explica Sergio Soto Acuña, paleontólogo de vertebrados y autor principal del estudio.

Dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Chile central

La confirmación surgió a partir de una nueva revisión de materiales conservados en colecciones históricas, es decir, algunos restos que habían sido asociados a reptiles marinos fueron reinterpretados por el equipo como fósiles de dinosaurios. “Hay dos restos grandes de dinosaurios que encontramos en el museo y que estaban guardados desde hace ya mucho tiempo. Son colecciones históricas, que tienen ya bastantes décadas, y estaban identificados como plesiosaurios, o sea, como reptiles marinos”, señala el investigador Sergio Soto.

Uno de esos materiales permitió identificar con mayor claridad el tipo de animal al que pertenecía. “Estos corresponden, al menos uno de ellos, a la parte más proximal, o sea, más cerca del cuerpo, de un fémur, el hueso de la pata, de un dinosaurio herbívoro”, explica.

El estudio no describe una nueva especie, ya que el fósil se encuentra incompleto. Sin embargo, sus características permiten asociarlo al grupo de los ornitópodos, dinosaurios herbívoros que tuvieron una amplia diversidad de tamaños y formas. En Sudamérica, algunos de estos animales estuvieron relacionados con linajes conocidos popularmente como dinosaurios “pico de pato”, aunque los investigadores advierten que se requiere material más completo para precisar esta identificación.

El trabajo también reinterpreta restos de un ave fósil que anteriormente habían sido asignados a rocas más jóvenes, de alrededor de 40 millones de años. La nueva información sobre su procedencia permitió situarlos en niveles del Cretácico Superior, revelando que corresponde al fósil de ave más antiguo hallado hasta ahora en Chile y relevante para comprender la historia temprana. “Tenemos aves que probablemente corresponden a aves modernas, del grupo de las aves actuales, pero ya presentes en la época de los dinosaurios ahí en Chile central. Eso también es importante, porque existen muy pocos restos de aves fósiles modernas en ese lapso”, sostiene el paleontólogo.

Para el equipo, estos resultados muestran el valor de volver a mirar colecciones antiguas con nuevas preguntas científicas. Fósiles que durante décadas permanecieron guardados o clasificados bajo otra interpretación pueden entregar información inédita sobre la historia natural del país.

Algarrobo, una localidad clave para la paleontología nacional

La nueva evidencia no solo amplía lo que se sabía sobre Algarrobo, sino que también refuerza la urgencia de proteger una zona que sigue entregando información clave sobre la historia natural de la zona central del país. Para Rodrigo Otero, paleontólogo de vertebrados y miembro del equipo investigador, el hallazgo obliga a mirar nuevamente un sitio que durante años fue interpretado principalmente como un antiguo ambiente marino.

“Algarrobo se volvió una localidad con un espectro de posibilidades mucho mayor para hallazgos de fauna fósil. Es muy importante volver a revisar las colecciones bajo esta nueva mirada, porque lo que alguna vez pudo ser interpretado como huesos de vertebrados marinos dudosos, podrían ser restos de dinosaurios que pasaron desapercibidos”, destaca el investigador.

Sin embargo, esta investigación no se encuentra exenta de dificultades, los afloramientos costeros donde aparecen estos fósiles están expuestos a la erosión natural, al crecimiento urbano y a eventuales obras de infraestructura que podrían afectar sectores todavía poco estudiados.

“Sabemos que es un yacimiento super valioso, del que está saliendo información en forma periódica y van a seguir apareciendo publicaciones científicas”, advierte. Para el investigador, el desafío es pensar cómo compatibilizar el desarrollo local con la protección de un patrimonio paleontológico que pertenece no solo a Algarrobo, sino a la historia profunda del país.

El autor principal de la investigación, Sergio Soto, coincide en que el sitio requiere mayor atención científica e institucional. “Nos estamos dando cuenta de que tenemos acá, al lado, un yacimiento paleontológico importantísimo, con mucho potencial, y que está a punto de desaparecer”, señala.

En ese sentido, el caso de Algarrobo muestra que la paleontología no depende solo de nuevos descubrimientos en terreno, sino también de la conservación de los sitios y de la revisión permanente de colecciones científicas. “Algarrobo nos está informando de algo que había pasado absolutamente desapercibido en el mapa ecológico o paleoecológico”, concluye el paleontólogo Rodrigo Otero.

La Comisión de Salud del Senado sesionó en terreno en el Hospital Carlos Van Buren, a solicitud de la senadora por la región de Valparaíso. Sin embargo, la instancia debió ser reagendada por dificultades técnicas y por la ausencia de autoridades del Ministerio de Salud, que serán nuevamente citadas para el próximo martes.

La Comisión de Salud del Senado acordó presentar una nota formal de protesta ante la ausencia de autoridades del ejecutivo en la sesión especial, instancia solicitada por la senadora Karol Cariola, para abordar en terreno la crisis presupuestaria, asistencial y de infraestructura que enfrenta el principal recinto hospitalario de la región.

Ní la ministra de salud, May Chomalí; ni el subsecretario de Redes Asistenciales; ni la  subsecretaria de Salud Pública; y tampoco el delegado presidencial regional. Por otra parte, la crisis del hospital es tal, que debido a dificultades técnicas de transmisión, audio y conectividad, no se pudo realizar, por lo que los integrantes de la Comisión resolvieron reagendarla para el próximo martes 9 de junio, a las 09:30 horas, en la sala de sesiones del Senado.

La parlamentaria declaró que lo ocurrido refleja la urgencia de intervenir un hospital que, a su juicio, enfrenta una situación crítica y que además fue afectado por una rebaja presupuestaria de cerca de $1.300 millones. “Venir al Van Buren tenía como objetivo mejorar las condiciones de este hospital, que hoy está abandonado y al que además se le bajó el presupuesto en cerca de $1.300 millones. Lo hemos rechazado porque es un hospital que tiene deuda, que no cuenta con recursos suficientes y que enfrenta necesidades urgentes para responder a la población”, afirmó.

A la instancia asistieron los senadores integrantes de la Comisión de Salud del Senado, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; el director del Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio, Dr. Juan Patricio Castro; el director (s) del Hospital Carlos Van Buren, Dr. Simón Rojas; el director de SECPLA del municipio, concejales de Valparaíso,. Por parte de los gremios de la salud y representantes de las y los usuarios, participaron FENATS, FENASENF, FENPRUSS, CONFUSAM, CONFEDEPRUS, FENASALUD, ANCOSALUD, UNCO y FEDETRASA, entre otros.

Desde el Gobierno Regional, el gobernador Rodrigo Mundaca acompañó la sesión y respaldó la necesidad de que el Ministerio de Salud entregue certezas sobre el futuro del hospital base de la región, especialmente respecto de su reconstrucción, financiamiento y continuidad de los compromisos adquiridos para avanzar en el nuevo Van Buren.

En esa línea, Cariola recogió las alertas levantadas por los gremios del hospital, insistiendo en que las dificultades del recinto no son nuevas y requieren una respuesta urgente del Ejecutivo. “Los gremios lo vienen denunciando hace meses: la falta de insumos, las dificultades sanitarias, la falta de especialistas y una infraestructura que desde hace años no da abasto para atender a toda la población. No vamos a abandonar al Hospital Van Buren, a sus gremios y, sobre todo, a sus usuarios”, enfatizó.

La senadora también apuntó a la falta de claridad sobre el plan de inversión hospitalaria y advirtió que existen compromisos vinculados a terrenos para la reconstrucción del recinto que deben ser transparentados por la autoridad sanitaria. “Necesitamos un plan de reconstrucción que hasta hoy no se ha logrado transparentar por parte del Ministerio de Salud. Queremos saber si el Hospital Van Buren será reconstruido como corresponde y como espera la población de la Región de Valparaíso”. 

Consultada por las medidas concretas que esperaban abordar durante la sesión, Cariola afirmó que la prioridad inmediata es impedir la rebaja presupuestaria al recinto y retomar con urgencia el proceso de reconstrucción. “Lo primero es evitar que se reduzcan los $1.300 millones que se están bajando al presupuesto general del hospital. Esa es una medida inmediata que le pedimos al Gobierno considerar a la brevedad. Y lo segundo es retomar con urgencia y como prioridad la reconstrucción del Hospital Van Buren”, afirmó.